Lo que circula por los medios

26 de octubre de 2008

DE LA SALVACION INDIVIDUAL ... AL SINDROME DE ESTOCOLMO




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Sábado, 25 de Octubre de 2008 Hoy

Salvación individual



Por Alfredo Zaiat

Si el Estado no se ocupa de niños desnutridos o que mueren por falta de atención médica estaría incumpliendo una de sus funciones esenciales.

Si se despreocupa por la calidad educativa y acceso al estudio de la población también estaría faltando a una de sus obligaciones básicas.

Si no tiene compromiso por garantizar la seguridad personal y de defensa de las fronteras nacionales estaría eludiendo responsabilidades propias afectando la tranquilidad de la población.

Si descuida el horizonte de ingresos de los trabajadores en la etapa de retiro del mercado laboral estaría vulnerando uno de los principales pilares de su indelegable objetivo de cohesión social.

Como esas misiones no han sido satisfechas para las mayorías a lo largo de las últimas décadas, los sucesivos gobiernos que transitan por el poder y, por lo tanto, ejercen el control del sector público, incluyendo a la administración kirchnerista, son criticados. El legítimo reclamo de gran parte de la población se encuentra en que el Estado debe asumir con solvencia esos deberes indispensables para fortalecer la sociedad. Pero, a veces, esto implica enfrentar al poder, que no es otro que el económico.

Poner fin a las AFJP es una medida trascendente para que el Estado pueda cumplir con más autoridad una de esas tareas fundamentales. Para ello se debe tocar al poder financiero. Como se sabe, nunca es buen momento para afectar esos intereses, ya sea porque la economía está creciendo y no hay que perturbar las expectativas o ya sea porque existe una crisis y se corre el riesgo de agudizarla. De esa forma, desde hace varias décadas esa lógica extorsiva ha vuelto intocable al poder financiero.

Limitar el debate a la gestión del Gobierno y a los motivos que lo llevó a impulsar esa iniciativa resulta un abordaje político de vuelo bajo y, en realidad, encierra la defensa de los intereses mezquinos del poder financiero.

Para algunos es legítimo pensar que durante estos cinco años no se ha hecho nada en recuperar el Estado en esas funciones básicas de articulación y cohesión de una sociedad moderna. Es motivo de acaloradas polémicas lo realizado por la administración kirchnerista, y será interesante el saldo de esas discusiones en perspectiva histórica. Habrá conclusiones para todos los gustos. Sin embargo, esa controversia no podrá ignorar que si existe una medida que busca avanzar sobre el poder financiero, la reconstrucción del sistema previsional, la previsibilidad de las jubilaciones y la justicia distributiva es la de terminar con las AFJP. Lo que está en discusión no es un determinado gobierno, sino el rescate del sistema de seguridad social que excede a una administración. Esta, la próxima, que puede ser de otro color político, y las sucesivas podrán manejar un régimen jubilatorio que ya no será un botín de la asociación de financistas & afines. Se ponen en juego la concepción de sociedad y las funciones y derechos sociales que el Estado debe atender. Cuando esas obligaciones son transferidas al sector privado, además de convertirse en un negocio de intereses particulares, provocan una fragmentación social y ruptura de lazos de solidaridad. Existen sociedades más individualistas, donde los grupos de presión representan múltiples intereses atomizados y la organización social privilegia la lógica del mérito individual. Son países donde la segmentación social es reproducida en las instituciones, por ejemplo en las de protección social. También existen sociedades más comunitarias, donde el Estado de Bienestar en facetas liberal, corporativo o socialdemócrata ejerce la potestad sobre el sistema de políticas sociales como eje articulador de la legitimidad de la organización social. Esta vía de intervención del sector público se observa en Europa con distintas características dependiendo los países.

El concepto de cuentas personales con el aporte previsional del trabajador, descontada una elevada comisión cobrada por las AFJP, se convierte en una de las batallas culturales más fuerte. La idea de la salvación individual acumulando fondos en una cuenta de una empresa financiera ha sido la gran obra maestra del neoliberalismo. Las privatizaciones de los servicios públicos no tardaron en mostrar su rostro oscuro de malas prestaciones, pocas inversiones en infraestructura, segmentación de clientes favoreciendo a los de mayores ingresos, desestructuración productiva de proveedores locales y ganancias fabulosas para los grupos de control. Las bondades que el marketing presentaba por el manejo privado de servicios esenciales para la población se revelaron vacías. En cambio, con las AFJP en algunos sectores aún permanece esa fantasía de futuro venturoso que tan bien supieron construir a fuerza de millonarias campañas de publicidad. Esa falsa idea de la salvación individual está incorporada por muchos de los afiliados a esas administradoras pese al desprestigio de los bancos luego de la estafa del corralito, de la impunidad del sistema financiero y del fracaso estrepitoso del fundamentalismo de mercado de Wall Street. El argumento irritado que sostienen esos aportantes es que ellos son dueños de decidir si quieren ser estafados o no por las AFJP, actuando como si fueran logrados prototipos de un ensayo social para demostrar la existencia del síndrome de Estocolmo.

Estos mismos trabajadores padecen de la ilusión monetaria de pensar que tienen un fondo de 50 mil, 100 mil y hasta 200 mil pesos, y que son personas afortunadas con ese dinero propio porque podrán tener una muy buena jubilación privada.
Esos montos brindan esa sensación de redención individual frente al resto del mundo miserable. Pero no es así. No poseen un derecho patrimonial sobre esos fondos como si fueran cajas de ahorro, sino que es un derecho previsional. Cálculos actuariales, crecimiento de la expectativa de vida y la lógica financiera de las compañías privadas que pagarían esa jubilación (aseguradoras de retiro) muestran con datos “objetivos”, como gustan hablar los abanderados de la restauración conservadora, que las AFJP son una estafa conceptual en términos de previsión social. Todavía más claro se refleja en el espejo del modelo chileno de jubilación privada de AFP, que en 2011 cumplirá treinta años de vigencia, lo que implica un modelo que ya alcanzó su estado de maduración. Alrededor de 100 mil chilenos alcanzan por año la edad de jubilar. De ese total, unos 50 mil todavía siguen siendo atendidos por el sistema público por el período de transición entre el régimen estatal y el privado. De los restantes 50 mil, más de la mitad descubre que los fondos acumulados en las AFP no les alcanzan para lograr la pensión mínima, y tampoco tienen los aportes requeridos para conseguir la garantía estatal (20 años de contribuciones). Aquellos que están en edad de jubilarse, la mayoría se encuentra con que sus pensiones de AFP son menos de la mitad de las que obtienen sus colegas de similar edad y remuneración que lograron permanecer en el sistema antiguo (por ejemplo, los militares que Pinochet protegió de las AFP). Más de la mitad de los afiliados son mayores de 36 años y aportan menos de 4,2 meses por año. A ese ritmo, van a acumular menos de 184 aportes al cumplir la edad de jubilar y, por lo tanto, no van a tener derecho a la pensión mínima estatal (se requieren 240 aportes). En esa instancia intervino la reforma de Michelle Bachelet para asegurar ese ingreso básico, además de extender la asistencia estatal a las jubilaciones. En esas condiciones, más de la mitad de la fuerza de trabajo chilena –3,5 millones de personas– no tiene cobertura digna de parte del sistema de AFP, como no sea retirar los magros ahorros acumulados. Esta conclusión surge de estudios recientes de la Superintendencia de AFP e incluso de la propia Asociación de AFP.

El fin de las AFJP se adelanta a ese descampado previsional, que ya se vislumbra con los actuales jubilados privados. Del total de 445 mil que existen en la actualidad, casi el 80 por ciento requiere de algún tipo de asistencia del sector público para alcanzar un haber mínimo, con 33 mil jubilados que ya tienen su cuenta individual consumida. Se expone así con contundencia la falsa idea de la salvación individual: el Estado, por el deber indelegable de garantizar derechos sociales esenciales, como bien exige la sociedad y la opinión mediática, conjura para los trabajadores el desierto previsional que le esperaría con las AFJP.

azaiat@pagina12.com.ar




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Sábado, 25 de Octubre de 2008 Hoy

EL PAIS › PANORAMA POLITICO

Evidencias



Por J. M. Pasquini Durán
La evidencia estridente del carácter ideológico-político de la hostilidad antigubernamental, pese a los distintos disfraces que utiliza, la proporcionó el sitio “on-line” del matutino La Nación, tribuna dogmática del antiperonismo, cuyos redactores deben referirse al golpe de Estado de 1955 sin comillas y con las primeras letras en mayúscula cuando escriban “revolución libertadora”, y cuyo lenguaje editorial por años mencionó a Juan Perón como el “tirano prófugo”. Pese a esos antecedentes, esta semana reprodujo en texto y video fragmentos de un discurso de 1973 del fundador del justicialismo que condenaba el saqueo de las cajas de jubilaciones por el gobierno de los “libertadores”, usando la cita como argumento suplementario al rechazo actual, treinta y cinco años después, de la decisión de la presidenta Cristina de unificar al régimen previsional en el sistema solidario de reparto del Estado. De donde el diario centenario de los Mitre resultaría el severo guardián de la pureza doctrinaria del peronismo, sugiriendo que el actual gobierno la estaría traicionando. En algo no le falta razón al matutino porteño: los privatizadores de los años ’90 eran peronistas del menemato y realizaron el saqueo en nombre de la presunta modernización del legado partidario.

Como sucedió con otras privatizaciones, la del sistema previsional fue un excelente negocio para algunos grupos económicos que se apropiaron del bocado leonino y pésimo para la salud fiscal de la nación. Un estudio sobre “La cuestión tributaria en la Argentina” de julio de 2005, advertía sobre las consecuencias: “Si se suman los efectos de las desgravaciones de cargas patronales nacionales (el más importante de los recursos cedido por las políticas de ‘devaluación fiscal’) y la cesión de recursos públicos a favor del nuevo sistema de capitalización instituido desde mediados de 1994, el total de los ingresos que el Estado nacional dejó de percibir sumó unos 63.000 millones de pesos constantes durante el período 1994-2001, equivalente a un promedio anual de unos 2,8 puntos del PBI. En otras palabras, el drenaje de estos recursos explicó la mayor parte (casi las tres cuartas partes) del desbalance fiscal de ese período” (Cefid-AR, J. Gaggero y F. Grasso, 2005). El cálculo abarcaba la mitad del período de funcionamiento de las AFJP, por lo que no es exagerado redondear, como hizo Amado Boudou, titular del Anses, para estimar en 100.000 millones el costo para el Estado de catorce años de jubilación privada. A esta altura, además, el Tesoro público tenía que aportar 4000 millones anuales para completar el mínimo jubilatorio del régimen de capitalización. En las actuales circunstancias críticas mundiales, cuando hace falta blindar las finanzas nacionales, ¿sería sensato seguir soportando semejante hemorragia? Nadie puede negar que hay razones valederas para desconfiar de la administración estatal después de décadas de malversación y fraude de los fondos previsionales. Antes de Kirchner, hacía doce años que los jubilados no recibían ningún reajuste en sus haberes. En los últimos cinco años fueron actualizados trece veces y acaba de sancionarse una ley que establece la movilidad automática dos veces por año para que no dependan de la discrecionalidad de ningún gobernante. En la próxima ley del sistema integrado de previsión, los congresistas tendrán que incluir los recaudos necesarios para evitar que el día de mañana no reaparezca la tentación de meter mano en esa caja para cubrir gastos generales. Sería mejor, sin duda, que las previsiones legislativas pudieran abarcar la dimensión completa del problema, cuyas repercusiones llegan hasta la coparticipación federal, y que el futuro sistema fuera instalado en un Estado reformado y de verdad modernizado a la altura de los tiempos. Debería ser así, a lo mejor, pero no siempre lo bueno va de la mano con la excelencia. Es lo que hay, por ahora, y vale la pena recuperar al sistema para los principios de origen basados en el concepto de la solidaridad social.

Ya que se trata de una reforma estructural, según la presentación presidencial, algunos críticos sostienen que debería tomarse el tiempo necesario para abrir un vasto debate y una prolongada reflexión. En tiempos normales el razonamiento tiene validez plena, pero con ese criterio el Congreso norteamericano debió esperar al nuevo presidente para decidir sobre las medidas extraordinarias y multimillonarias dedicadas al rescate de gigantescas corporaciones que estaban derrumbándose con más ímpetu que el Muro de Berlín. Hay momentos en que esperar por la cirugía puede costar la vida del padeciente. Otros invocan la seguridad jurídica, pero vale en este caso recurrir otra vez a los datos de la historia. Un estudio sobre “El proceso de privatización en la Argentina”, avalado por la Universidad Nacional de Quilmes, deja constancia del asunto: “La tan declamada ‘seguridad jurídica’, particularmente en el ámbito de las privatizaciones, parecería quedar en un segundo plano cuando se trata de preservar las rentas de privilegio de las que gozan las empresas de servicios públicos, en detrimento, cabe resaltar, de la ‘seguridad jurídica’ de los usuarios” (D. Aspiazu y otros, edit. PáginaI12, 2002). ¿Acaso el régimen de capitalización no podía ser considerado un servicio público? Por lo demás, tal como se puede ver en estos días, cuando se desploma el libre mercado, lo único que queda en pie siempre es el Estado con la obligación de reiniciar el ciclo.

Los que en estos días opinan que la iniciativa previsional del Gobierno debilita el mercado de capitales, deberían escuchar un poco a Roberto Mangabeira Unger, ministro de Asuntos Estratégicos de Brasil desde hace un año y medio, filósofo, jurista y profesor de Harvard, con 61 años de edad y acento norteamericano en sus palabras: “Debemos intentar salvar la producción y no los bancos”. Tiene una visión optimista del porvenir: “Después de la crisis, los países de la región tendrán la posibilidad de acoplarse a un nuevo orden mundial para un auténtico desarrollo”. El ministro de Lula se declara de izquierda, pero la posibilidad del nuevo orden también la formula el conservador francés Nicolas Sarkozy y el mismísimo George W. Bush convocó a una reunión internacional, a la que está invitada la presidenta Cristina, para intercambiar opiniones sobre lo que será del mundo después del terremoto. Mangabeira mira el futuro con advertencias: “Hay que mantener el nivel de crédito, sin prejuicios ideológicos, como está haciendo Estados Unidos, que demuestra otra vez que ellos son libres de los prejuicios ideológicos que les recomiendan a otros”. Entre las opiniones del ministro que circularon esta semana por el ciberespacio, incluyó un juicio crítico sobre el Mercosur y Unasur: “Les falta corazón y cerebro. Queda claro cuando los comparamos con la Unión Europea (UE). La esencia de la UE no es el comercio ni el dinero; es un ideario, en tanto nosotros dedicamos menos del uno por ciento del tiempo a discutir ideas”.

La crítica se ajusta a la realidad de la política criolla, aunque no haya sido dirigida en particular. El Gobierno toma iniciativas tan importantes y atendibles como la reforma previsional, pero luego, cuando se desata el temporal de críticas fabricadas por los recursos y las influencias mediáticas de los grupos económicos que pierden la rentabilidad privilegiada que les regalaron en los años ’90, el Gobierno pierde fuerza porque su aparato político no se mueve. La presidenta Cristina, como antes lo hacía Néstor, tiene que salir cada día a repetir argumentos a favor de sus propias iniciativas. Así, las batallas por el corazón y la conciencia de los ciudadanos –como ocurrió durante el conflicto con “el campo”– quedan a merced del bombardeo en los medios, compensado sólo con cinco o diez minutos diarios de la voz presidencial. El Gobierno carece de una adecuada política de información y de formación de opinión pública. La oposición poco contribuye al debate de ideas, porque en general reacciona con piloto automático. Es previsible que el PRO y la Coalición Cívica, que disputan la representación del centroderecha, se opongan a cualquier iniciativa gubernamental de carácter progresista, pero que la Unión Cívica Radical se oponga a un proyecto que atiende a su posición tradicional contra el régimen de capitalización, sólo para estar en contra, no tiene justificación ni lógica políticas, sobre todo cuando ese partido pretende celebrar el próximo 30 la refundación democrática, un compromiso de todos, que comenzó en el año 1983, como si fuera un mérito individual.

El PRO no sólo se opone a los proyectos del oficialismo para ganarse el liderazgo de la derecha: sus políticas en la ciudad, en particular hacia la educación pública, corresponden más con los años ’90 que con la actualidad. Mientras Mauricio Macri dice en la tele que quiere recuperar la excelencia de la escuela pública, elimina becas, suspende la distribución de implementos escolares y rechaza las demandas salariales de los maestros. Por suerte, la Legislatura decidió que la oposición no está sólo para criticar sino para formular alternativas y toda la oposición reunida logró destrabar, al menos en parte, la negociación con los sindicatos docentes. Lo que suceda en la ciudad no sólo importa porque es la capital del país, sino porque allí hay un ejercicio de prueba sobre lo que puede esperar el ciudadano de la nueva derecha nacional.




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