Lo que circula por los medios

30 de noviembre de 2008

DEBATE SOBRE EL ESTADO - EL NEW DEAL DE ROOSVELT


Domingo, 30 de Noviembre de 2008


Debate sobre el Estado



Por Alfredo Zaiat

En crisis económicas de proporciones como la que se está viviendo a escala planetaria, no está en discusión la necesaria intervención del Estado para amortiguar los efectos negativos de una recesión global. Sólo fundamentalistas del mercado siguen con su discurso, que a esta altura se encuentra fuera de época, como patrullas perdidas en el de-sierto de un Wall Street devastado.

Pero, a la vez, el revalorizado rol del Estado no significa que el poder financiero y sus voceros hayan perdido influencia y mucho menos que no vayan a sostener su actual hegemonía. Sólo con mirar el noticiero de CNN en su abordaje de la debacle del mercado bancario de Estados Unidos y en su reaccionaria calificación de las categorías “racionales” e “irracionales” a gobiernos latinoamericanos se revela que ese bloque de poder aún goza de buena salud. En realidad, no habría motivos para suponer lo contrario puesto que hasta ahora los millonarios paquetes de rescate han sido destinados a salvar bancos y banqueros.

A mediados de la semana pasada se conoció que el máximo responsable de Fortis, conglomerado financiero que los Países Bajos y Francia tuvieron que nacionalizar y auxiliar con miles de millones de fondos públicos para eludir su quiebra, se retiró con una indemnización de 800 mil euros. Este caso sirve como referencia para un debate central referido no ya a la mayor o menor participación del Estado en la economía, sino en cómo está interviniendo y, en especial, quiénes son los beneficiarios de los recursos públicos imprescindibles para evitar la profundización de la debacle. Esto significa que, en el péndulo de las corrientes que se imponen en el discurso público, no todo lo que haga el Estado de ahora en más estará bien como en un juego de espejo, cuando antes era el mercado el amo y señor de la economía. Por eso, en las previsibles tensiones que se registrarán en los tiempos que se vienen, la mirada atenta deberá estar dirigida a cuál será el destino de los fondos públicos, que serán abundantes y con varios sectores pujando por ellos.

En el ámbito doméstico, mejorar el tipo de cambio real, planes de asistencia productiva, subsidios vías tasas de interés o reducción de cargas impositivas forman parte del menú que el sector privado presiona para orientar esa intervención del sector público. Cada una de esas medidas constituye transferencias de ingresos a ese núcleo de poder, lo que se refleja en muchas ocasiones en expresiones políticas contundentes que buscan, en realidad, beneficiarse en la distribución de recursos del fisco. En la última semana hubo iniciativas oficiales en ese sentido y en las próximas habrá otras más. Una de ellas fue el proyecto de reducción de cargas patronales para los nuevos empleos generados por el sector privado y condonación impositiva a las pymes que pongan a su personal en blanco. Se sabe, con la experiencia cercana de la década pasada, que la reducción de los costos laborales no tiene impacto positivo en la creación de empleo.

Otra iniciativa anunciada hace dos semanas fue el programa de Petróleo Plus y Refinación Plus para inversiones de 8750 millones de dólares que implican involucrar abundantes fondos públicos, al incluir certificados de créditos fiscales, disminución de retenciones, devolución anticipada del IVA y amortización acelerada de Ganancias. El petrolero sigue siendo uno de los sectores con tasas de utilidad más elevadas de la economía y no se ha precisado si esas inversiones igual se hubieran realizado con o sin intervención estatal.
Durante esta semana es probable que se presente el plan para la cadena de valor automotriz que consistirá en créditos a cinco años a tasa cero hasta 30 mil pesos para uno o dos modelos por terminal. El Estado será el responsable de poner el dinero para que sea nulo el costo financiero de esos préstamos. El sector automotor también ha sido uno de los que ha contabilizado los márgenes de ganancia más importante en los últimos años. A diferencia del petrolero, el automotriz tiene un encadenamiento más relevante en cantidad de trabajadores.

En uno y en otro caso, que seguramente se extenderá a otros sectores productivos, el Estado actúa como subsidiario del mercado, y por el momento de áreas de elevada concentración, incentivando al sector privado con recursos fiscales. Esas iniciativas quedan así a merced de la respuesta empresaria, con resultado incierto. Las experiencias recientes en Estados Unidos y en Europa no son muy alentadoras respecto a la reacción del sector privado a millonarios apoyos fiscales. El comportamiento de los banqueros, por ejemplo, ha sido el de utilizar esos fondos para financiar la fuga ante el derrumbe del sistema. Lo mismo que sucedió durante la crisis 2000-2001 en Argentina, cuando los paquetes de rescate internacionales y los mecanismos de auxilio local (redescuentos del Banco Central) fueron el canal de escape de los grupos más poderosos que giraron al exterior miles de millones de dólares.

El antecedente del New Deal de Roosevelt ofrece, en cambio, el camino más contundente utilizado en la década del 30 para salir de la crisis. El Estado sustituyó al mercado como el motor de la economía, con obras públicas, ampliación de la cobertura social, orientación del crédito, regulación del mercado laboral protegiendo a los trabajadores, fijación de precios máximos y control de la producción. En definitiva, el Estado asumió el manejo pleno de la economía sin depositar en el humor, confianza o especulación del mercado la salida de la crisis. El gasto público fue conducido en forma directa a la demanda, o sea a los bolsillos de la población vulnerable que destina todo el dinero al consumo y, por lo tanto, reactiva el circuito virtuoso de la producción y el crecimiento. El amplio proyecto de inversión pública que el Gobierno terminará de precisar dentro de dos semanas, que incluirá además muchas pequeñas obras en todos los rincones del país, tiene esa impronta. También una eventual suba de las jubilación o un monto extra en el medio aguinaldo.

Resulta evidente que las realidades son diferentes, las situaciones son más complejas y no todo se puede imitar como si no existiesen otros sujetos sociales ni hubiese transcurrido el tiempo desde el New Deal. Esas prevenciones son más nítidas cuando las medidas que protegen a los más débiles, como la eliminación de las AFJP, provocan la reacción histérica del poder con latiguillos mediáticos sobre “la caja”, mientras que las que benefician a grupos concentrados como a los petroleros se trata de “firmes decisiones” del Gobierno. Resulta confuso para especialistas en análisis binario este proceso, porque dentro de la administración kirchnerista conviven ambas tendencias. Esas reacciones del poder económico como esa disputa interna en el Gobierno revelan que una u otra vía de intervención estatal, subsidiaria del mercado o asumiendo su centralidad en la economía, en última instancia, son la exteriorización de la tensión sobre el tipo de modelo de acumulación y quién lo liderará en estos nuevos tiempos que se avecinan en un mundo que ha coordinado la recesión en las tradicionales potencias planetarias.

azaiat@pagina12.com.ar



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Domingo, 26 de Octubre de 2008

ENFOQUE

El New Deal


Por Mario Rapoport *

El intervencionismo estatal del presidente George W. Bush tiene poco o nada que ver con la experiencia del New Deal (“Nuevo Trato”) que Franklin D. Roosevelt llevó a cabo para enfrentar la Gran Depresión de los años ‘30. Bush intenta salvar empresas en quiebra; Roosevelt buscaba reconstruir el conjunto de la economía de su país y, en primer lugar, elevar el nivel de vida de los propios ciudadanos. No viene mal entonces una breve síntesis de aquella experiencia, que el reciente Premio Nobel, Paul Krugman, recomienda tomar como pauta para el nuevo gobierno de su país. Siempre teniendo en cuenta, por supuesto, las diferencias de época y de problemáticas involucradas, aunque la dinámica de la acumulación sigue siendo en muchos aspectos similar.

El New Deal tomó forma en los primeros meses del gobierno de Roosevelt, que asumió el 4 de marzo de 1933 en medio de una profunda crisis bancaria. Problema que resolvió rápidamente mediante una reforma del sistema financiero, dejando en pie a un 75 por ciento de los bancos de todo el país luego de un feriado de tres días en sus actividades. El 19 de abril declaró el fin del Patrón Oro, por lo cual se prohibieron las salidas del metálico al extranjero y se devaluó el dólar. La resolución del problema bancario le brindó el apoyo de la gente común, lo que le permitió hacer aprobar las medidas legislativas que conformaron el nuevo programa económico.

Es así que dio inicio al período que se conoce como de “los cien días”, haciendo referencia al tiempo en que el Congreso de Estados Unidos trató una serie de proyectos de política económica presentados por Roosevelt. Estrictamente, no podemos dar a las políticas tomadas durante los primeros tiempos de su presidencia el calificativo de keynesianas, aunque el líder demócrata estaba influido por economistas heterodoxos y en el ambiente académico ya se discutían las formas de resolver el problema de la insuficiencia de la demanda efectiva. La influencia de Keynes comenzó a sentirse recién a partir de 1936, cuando se publicó su Teoría General. Pero Roosevelt debió adaptar y reconocer el fin del modelo de acumulación vigente, liderado por el pensamiento liberal, de no intervención en los mercados.

Existían grandes excedentes productivos que no podían venderse y vastos sectores de la población que no tenían los medios de adquirirlos, sea por sus bajos ingresos, sea por el desempleo. Cuando Roosevelt asume había en los Estados Unidos más de 10 millones de ciudadanos sin empleo y sin ningún amparo estatal ni protección social. En forma dramática, la revista Fortune, representativa del establishment norteamericano, decía en un editorial a los mismos desocupados: “Usted que antes fue un carpintero, no tiene ahora más trabajo ni dinero. Le han cortado el gas y también la electricidad, vuestra mujer languidece, vuestros hijos tiemblan”. Y daba una serie de consejos para que esas personas pudieran comer y vestirse recurriendo a cantinas municipales o al Ejército de Salvación. El artículo terminaba además advirtiendo “y si usted es un intelectual que tiene mujer y niños, ¿qué hace...? Debe hacer como el carpintero”.

Las políticas que constituyeron el programa económico de los cien primeros días de Roosevelt tuvieron tres ejes centrales: medidas para incrementar el consumo, una nueva política agraria y la búsqueda de una solución al problema del desempleo. En primer lugar, se inició un control directo de los precios por el gobierno a través de la Ley de Recuperación Industrial Nacional (NIRA), el 16 de junio de 1933, que establecía regulaciones sobre horas máximas y salarios mínimos en ciertas industrias, y otorgaba el derecho a los trabajadores a sindicalizarse. Mediante el artículo 7.a. se creó la Administración de Recuperación Nacional (NRA), a través de la cual se controlaban la producción de las industrias y los precios de sus productos, fijados estos últimos, por lo general, en forma oligopólica.

En procura de dar una respuesta al problema del campo se dictó la Ley de Ajuste Agrario (AAA) que, junto con la NRA, fueron pilares del New Deal. La caída de los precios de los productos agrícolas no se inició con la Gran Depresión, pero se agudizó con ella. Esta situación provocó un aumento de la producción para paliar la merma de los ingresos, lo que produjo un efecto contrario al deseado. Paralelamente, se aprobó la Administración de Crédito Agrario para fortalecer las cooperativas agrícolas y estabilizar los precios. Se inició en esos años una política de subsidios agrícolas que aún continúa.

El tercer pilar del New Deal fue constituido por medidas destinadas a crear empleos mediante inversiones o ayuda pública. El 18 de mayo de 1933 se aprobó el proyecto de la Autoridad del Valle del Tennessee con el fin de generar y distribuir energía hidroeléctrica en una gran región del sur del país, lo que requería la realización de grandes obras de infraestructura, mejoraba la situación de los granjeros pobres y creaba puestos de trabajo. Y pocos días después se puso en marcha la Administración Federal de Asistencia para la Emergencia, que procuraba lograr empleos a través de la ayuda directa a los estados.

Podemos marcar 1935 como el año de inicio de la segunda etapa del New Deal, más radical y favorable a los trabajadores que la primera. El presidente estaba decepcionado por la declaración de inconstitucionalidad de medidas centrales de su gobierno, como la NIRA, no obstante que la producción industrial había aumentado gracias a ella un 22 por ciento entre 1933 y 1935. Además, habían aparecido grupos que expresaban el descontento de parte de la población, que demandaba nuevas medidas para alcanzar la anhelada recuperación. Se iniciaron entonces intensas sesiones legislativas para tratar las iniciativas más audaces de la administración. Así, se creó durante ese período uno de los mayores organismos de la presidencia de Roosevelt: la Administración de Obras Públicas (WPA). En ocho años, el proyecto empleó a 8.500.000 de personas. Se construyeron autopistas, caminos, parques, ciudades verdes, edificios públicos, puentes, con un gasto de 11 mil millones de dólares.

Otras de las medidas clave de esta segunda etapa fueron la Ley Wagner y la Ley de Seguridad Social. La primera (de relaciones laborales) otorgaba derechos de sindicalización a los trabajadores y procedimientos de negociación colectiva; la segunda, establecía pensiones de vejez y viudedad, subsidios de desempleo y seguros por incapacidad. Un proyecto polémico presentado por el presidente fue la reforma impositiva gracias a la cual se elevó al 79 por ciento la tasa a las ganancias de los ingresos superiores, que en los años ‘20 era de solo el 35 por ciento. “No nos preguntemos –dice Krugman–, por qué Roosevelt fue considerado un traidor a su clase.” Ese no será, en todo caso, el juicio que tendrán de George W. Bush pese a su responsabilidad en la crisis actual.

* Economista e historiador.
Investigador Superior del Conicet.




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