Lo que circula por los medios

27 de noviembre de 2008

MASSA: EXPLICA LAS MEDIDAS...


Mié 26
ene 08
12:45




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26 de noviembre de 2008 - actualizado
Plan anticrisis

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Jueves, 27 de Noviembre de 2008

Si llega la crisis, que te agarre en blanco

El proyecto amplía el premio por registración de trabajadores y la creación de empleos. Moratoria tributaria con facilidades de hasta 120 cuotas. El blanqueo de capitales pagará del 1 al 8 por ciento, en vez del 35 del impuesto a las Ganancias.



Conforme a lo que había anticipado, el Gobierno presentó ayer el megaproyecto de ley en materia de regularización tributaria, promoción y protección del trabajo registrado, y el blanqueo de capitales no declarados, promoviendo su exteriorización y repatriación (en el caso de que se encuentren fuera del país). El Título I del proyecto detalla, en diez artículos, las condiciones y alcances de la moratoria impositiva y previsional para obligaciones vencidas o infracciones cometidas al 31 de diciembre de 2007, estableciendo exenciones de intereses, multas y sanciones. El período de acogimiento estará habilitado durante un lapso de seis meses. El Título II es el punto en el que puso mayor énfasis la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, este martes en su discurso en el cierre de la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina, cuando realizó el anuncio: un régimen especial de regularización del empleo no registrado (trabajo en negro) y “promoción y protección del empleo registrado con prioridad en pymes”. Sus alcances terminaron siendo más amplios que los mencionados por la jefa de Estado. Finalmente, el Título III describe los términos del blanqueo de capitales o exteriorización de activos físicos y monetarios, en el país y en el exterior, estableciendo una escala de tributación sensiblemente inferior al 35 por ciento que sus propietarios deberían pagar como impuesto a las Ganancias, en caso de ser declarados hoy sin la vigencia del blanqueo. El capítulo que despertó mayor atención y debate fue el referido a la moratoria impositiva, de la cual la Presidenta había hecho simple mención en su discurso ante la UIA del martes último. La distribución de las copias del proyecto de ley y las explicaciones complementarias estuvieron a cargo de Sergio Massa, jefe de Gabinete, único vocero ante la prensa en una conferencia en Casa de Gobierno de la cual participaron también los ministros Carlos Tomada y Carlos Fernández, y los secretarios Claudio Moroni y Carlos Zannini.

El conjunto de medidas de regularización no prevé una mejora directa de la rentabilidad empresaria mediante transferencias directas de ingresos, sino dar una señal oficial de que se alentará la inversión productiva y el empleo antes que nada. Tras cinco años y medio de crecimiento ininterrumpido a tasas del 8 al 10 por ciento anual, la economía argentina aún exhibe niveles de informalidad tributaria y laboral cercanas al 40 por ciento. Frente a una crisis latente, la intención es parar la tendencia a acentuar el desvío.

Los beneficios del régimen de regularización tributaria alcanzan a todos los contribuyentes y responsables de los impuestos y recursos de la seguridad social cuya fiscalización se encuentre a cargo de la AFIP. Podrán incluirse las deudas con acciones penales en curso, cualquiera sea la etapa en la que se encuentren y siempre que no tuvieren sentencia firme (ver más detalles en página 5).

En caso de que el contribuyente cancele el total de la deuda con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley enviada como proyecto al Congreso, se le considerará como cumplida accediendo a las condonaciones de multas e intereses que establece la propia ley. En las mismas condiciones quedarán quienes cancelen, mediante pago al contado, la deuda de capital (más multas firmes e intereses no condonados) hasta la fecha de acogimiento al plan de regularización. Pero también se podrá acceder a un plan de facilidades de pago efectuando un pago a cuenta del 6 por ciento de la deuda, financiando el saldo en 120 cuotas mensuales, con un interés mensual del 0,75 por ciento.

En el transcurso de la conferencia de prensa que ofrecieron ayer en Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, respondió a la demanda de medidas más específicas y con beneficios directos para las utilidades de las empresas reclamada por el sector empresario, señalando que “este tipo de medidas ayudan a la competitividad” y que la mejora en el tipo de cambio “también se logra con medidas tributarias (ver más detalles en página 4).

El título dedicado a regularización del empleo se divide en un capítulo referido a la regularización del empleo en negro y otro apuntado a la promoción y protección del empleo. La registración de los empleados no declarados producirá la liberación de las infracciones, multas y sanciones por incumplimientos a la Ley de Contrato de Trabajo. Para los casos de regularización de hasta diez trabajadores, se prevé la extinción del total de la deuda del empleador por falta de pago de aportes y contribuciones destinados a los diferentes subsistemas de la seguridad social: PAMI, Seguro de Salud, Fondo Nacional del Empleo, ART, Obras Sociales, Casfpi, etc. (ver detalles en página 5).

Los empleadores que inicien una nueva relación o regularicen una preexistente gozarán de una reducción de sus contribuciones a la seguridad social del 50 por ciento en los primeros doce meses, y del 25 por ciento (pagarán el 75) en los doce meses subsiguientes.

Finalmente, el título referido al blanqueo de capitales establece una serie de ventajas para quienes exterioricen la tenencia de activos no declarados en el país o en el exterior, ya sea en pesos, divisas o bienes. Para hacer efectiva la exteriorización, el propietario deberá depositarlo en una entidad financiera del exterior en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la reglamentación respectiva que dicte la AFIP, o mediante su transferencia al país a través de entidades reconocidas para dichas operaciones. Los demás bienes se blanquearán mediante declaración jurada.

El importe de los capitales así blanqueados deberán pagar un impuesto especial del 8 por ciento en el caso de que se trate de bienes y tenencias monetarias radicadas en el exterior que no se transfieran al país. Pero abonarán una tasa reducida en los siguientes casos:

- Bienes radicados en el país y tenencia de moneda local o extranjera en el país: seis por ciento;

- Tenencia de moneda extranjera o divisas en el exterior, y moneda local o extranjera en el país, que se destine a la suscripción de títulos públicos del Estado Nacional, tres por ciento (si se transfieren antes de los 24 meses, se deberá abonar un 5 por ciento adicional);

- Los mismos activos, en manos de personas físicas, que se destinen a la compra en el país de vivienda nueva, construida o que obtenga certificado final de obra a partir de la vigencia de la ley, uno por ciento (la reglamentación podría fijar un plazo mínimo antes de su transferencia);

- Los mismos activos, que se destinen a la construcción de nuevos inmuebles, finalización de obras en curso, financiamiento de obras de infraestructura, inversiones inmobiliarias, agroganaderas o industriales, en el país, abonarán el uno por ciento.

Según aclararon las autoridades, el acogimiento a cualquiera de los regímenes de normalización no será excluyente para poder ser beneficiario de otros.



Permalink:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-115711.html


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27-11-08 |
El plan de facilidades de pago y rebaja de costos laborales

El gobierno nacional explicó ayer los contenidos del proyecto de ley que elevó al Congreso referido a la aplicación de una moratoria para la regularización de empresas con deudas de aportes patronales, que tiene como contrapartida alentar el blanqueo de trabajadores.

Los aspectos principales de la iniciativa gubernamental fueron detallados por el jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien indicó que tiene por objetivo "mantener el círculo virtuoso de crecimiento de la economía, con generación de empleo nuevo". Contempla un régimen especial de regularización del empleo no registrado, con prioridad en pymes.

Blanqueo de relaciones laborales preexistentes:

La registración de la relación laboral produce la liberación de infracciones, multas y sanciones.
El trabajador puede computar hasta 60 meses (5 años) de servicio para la obtención de la PBU (prestación básica universal).
La adhesión debe realizarse dentro de los 90 días de entrada en vigencia de la norma.
Incluye deuda en instancia administrativa y judicial.
Por los primeros 10 trabajadores registrados se extingue la deuda (capital mas intereses) con el sistema de seguridad social.
A partir del trabajador decimoprimero y siguientes se establecen condiciones especiales para cancelar la deuda de capital e intereses.
Los empleadores mantendrán los beneficios mientras no disminuyan la plantilla total de trabajadores al momento de la entrada en vigencia del régimen.
El proyecto considera además la promoción y protección del empleo registrado, con prioridad en pymes.
Reducción de contribuciones patronales por nuevos empleos y regularización de preexistentes:

Incluye contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, Pami, Fondo Nacional de Empleo, asignaciones familiares, Renatre.
Se excluye contribuciones al sistema nacional de salud y ART.
El beneficio rige 12 meses, pudiendo ser prorrogado.
Por cada nuevo trabajador las pymes pagarán en el primer año el 50 por ciento en las contribuciones patronales, y el 75 por ciento en el segundo año.
El régimen no incluye empleados ya declarados, reincorporados, empleadores a los que se les hubiera constatado empleo no registrado con anterioridad.
Además se propone un sistema de regularización de tributos y recursos de la seguridad social.
Moratoria y plan de facilidades de pago:

Alcanza a todas las obligaciones tributaria y de la seguridad social vencidas o infracciones cometidas al 31 de diciembre de 2007.
El plazo de acogimiento es de seis meses desde la publicación en el Boletín Oficial.
La deuda consolidada se cancela mediante un pago para entrar del 6 por ciento del total, y el saldo en hasta 120 cuotas mensuales, con un interés de 0,75 por ciento mensual.

http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2008/11/edicion_38/contenidos/noticia_5511.html




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Jueves, 27 de Noviembre de 2008

EL PAIS › EL EMPLEO SIGUE SIENDO PRIORIDAD
Un objetivo bien claro


Por Daniel Miguez

“El objetivo central de toda esta movida es el empleo.” La definición es del jefe de Gabinete, Sergio Massa, y también del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Obviamente va en línea con lo que repite la presidente Cristina Fernández de Kirchner: “Tenemos que afrontar la crisis manteniendo los niveles de productividad y los puestos de trabajo”.

En la Casa Rosada sostienen que muchas de las medidas que se tomaron fueron la consecuencia de escuchar los pedidos que les llegaban de distintos sectores empresarios para tener de dónde agarrarse y de algún modo canjear esos beneficios por el mantenimiento de los puestos de trabajo y el blanqueo de los empleados en negro.

El Gobierno tomó como suyas las ideas que le parecían razonables y, además, viables. “Ahora esperamos que ellos cumplan”, sintetizó un alto funcionario.
La idea de apurar la batería de acciones, inédita en el kirchnerismo que nunca fue afecto a los “paquetes de medidas”, sino más bien a las modificaciones graduales, se debe también a que algunos índices encendieron las luces amarillas antes de tiempo. “No vamos a dejar que la crisis nos estalle en las manos, por eso tomamos decisiones que tienen que ver con el presente, pero sobre todo en prevención del futuro”, le dijo a Página/12 uno de los funcionarios más cercanos a la Presidenta.

“Lo mismo hicimos con el sistema previsional. Adelantarnos para que después no tengamos que salir a apagar incendios a último momento y sin haber previsto los recursos”, ejemplificó.
Respecto de las medidas en sí, en el Ministerio de Trabajo recuerdan que el sistema de reducción de aportes les dio muy buenos resultados cuando buscaban incentivar que los beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar pasaran al empleo privado en blanco.

“Nosotros ya veníamos desplegando acciones para evitar despedidos, incluso dando subsidios por cada trabajador a empresas en crisis. Pero ahora que profundizamos la ayuda a los empresarios, también queremos como contrapartida aprovechar la ocasión para aumentar el empleo registrado”, explican en el Gobierno.

En ese concepto se estructuran muchas de las medidas, ya que para acceder al blanqueo de trabajadores en negro o al incorporar nuevos trabajadores, los empresarios se eximen del 50 por ciento de aportes en el primer año y del 25 por ciento en el segundo año.

El recurso de darle beneficios excepcionales a los empresarios para los diez primeros trabajadores que blanqueen se debe a que nada menos que el 86 por ciento de las empresas en la Argentina (es decir 470.000 empresas) cuentan con una dotación de menos de diez empleados, y entre ellos siempre hay varios en negro. Incluso hay empresas que trabajan absolutamente en negro. Si blanquean a sus empleados acceden a créditos blandos, pero en contrapartida entran al sistema formal, con todo lo positivo que esto implica.

Al parecer, los anuncios no terminaron el martes. En los corrillos de la Casa Rosada se dice que podría haber algunas nuevas medidas complementarias, aunque no de tan alto impacto. “Algo más puede haber, pero no todos los días vamos a crear un nuevo ministerio o abrir la repatriación de capitales”, dijo con humor un funcionario tratando de bajar las expectativas.




Permalink:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/115711-36865-2008-11-27.html

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Jueves, 27 de Noviembre de 2008
EL PAIS › EL GOBIERNO LANZO UNA AMPLIA MORATORIA PARA DEUDAS IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES CON PLANES DE HASTA 120 CUOTAS

Diez años para ponerse al día con el fisco
La medida es para todas las obligaciones tributarias y de la seguridad social vencidas o en infracción al 31 de diciembre de 2007. Es un intento por elevar la recaudación y liberar a las empresas de la “mochila fiscal”, según explicó el Gobierno.



El Gobierno presentó ayer los detalles del proyecto de ley del Régimen de Normalización Tributaria. La iniciativa busca, a través de una moratoria que alcanza hasta diez años, la regularización de todas las deudas contraídas o vencidas hasta el 31 de diciembre del año pasado. “El plan es tanto para pymes como para las grandes empresas, y pueden acceder aun cuando estén en una instancia de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial o en un plan de facilidades”, dijo el jefe de Gabinete, Sergio Massa, durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Al igual que el resto de las propuestas que integran el paquete, la salvaguarda para acceder a los beneficios será que el empleador “mantenga la plantilla total de trabajadores al momento de entrada en vigencia” de la ley.

Se trata de la primera moratoria desde 2002 y el jefe de Gabinete la calificó como una de las más importantes por su amplio alcance. Desde el Gobierno se explicó que es un intento de liberar a las empresas de la “mochila fiscal” para que puedan seguir invirtiendo, mientras que desde sectores de la oposición cuestionaron que se abra una puerta a los evasores para ponerse al día, con lo cual se discrimina a quienes pagaron sus obligaciones regularmente.

El acogimiento a la moratoria será por única vez, para lo cual habrá seis meses a partir de la publicación en el Boletín Oficial. La iniciativa alcanzará a todos los contribuyentes que registren deuda por “obligaciones vencidas o infracciones cometidas al 31 de diciembre de 2007”, según los considerandos del proyecto de ley. El programa excluye las obligaciones e infracciones vinculadas con regímenes promocionales que ya concedían beneficios tributarios.

También quedan excluidos quienes se encuentren en estado de quiebra, denunciados o querellados por la ex Dirección General Impositiva o por la AFIP o denunciados formalmente por delitos comunes y “quienes ejerzan o hayan ejercido la función pública”.

El proyecto establece además un plan de facilidades de pago diseñado por la AFIP. “La modalidad será el pago de un anticipo y el resto en 120 cuotas, lo que permitiría que en diez años regularicen su situación con el fisco argentino”, adelantó Massa, secundado por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada; de Economía, Carlos Fernández; el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini; y el titular de la AFIP, Claudio Moroni, durante la presentación en la Rosada.

El plan implica un pago a cuenta equivalente al 6 por ciento de la deuda y el saldo hasta en 120 cuotas mensuales. El interés sobre la financiación será de 0,75 por ciento mensual. La AFIP reglamentará el régimen de regularización de deudas tributarias previsto en el proyecto, dentro de los treinta días corridos a partir de la entrada en vigencia de esta ley y las normas complementarias.

Tal como anticipó anteayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, las medidas contarán con las salvaguardas necesarias para evitar maniobras suspicaces dentro de las propias plantas. Es por ello que el artículo 44, con los considerandos generales para todo el paquete, establece que “los beneficiarios alcanzados por la presente ley, que fueran empleadores, mantendrán los beneficios alcanzados por las disposiciones de la misma, mientras que no disminuyan la plantilla total de trabajadores al momento de entrada en vigencia de la medida”.

La adhesión al régimen “producirá la suspensión de las acciones penales en curso y de la prescripción penal, cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviera sentencia firme”, detalla el artículo 3 del proyecto. Asimismo, la cancelación total de la deuda en las condiciones previstas, ya sea de contado o mediante un plan de facilidades de pago, implicará la “extinción de la acción penal”, en la medida en que no existiera sentencia firme. Por el contrario, el incumplimiento total o parcial del plan de facilidades reanudará la acción penal o la promoción por parte de la AFIP de la denuncia que corresponda, en aquellos casos en que el acogimiento hubiese sido antes de su interposición.

La deuda consolidada que se reconoce contempla capital más 30 por ciento de intereses para quien se adhiera en los primeros dos meses; 40 por ciento entre el tercero y cuarto; y 50 por ciento para el quinto y último de vigencia. El resto se condona, salvo “los intereses correspondientes a los aportes previsionales retenidos y no ingresados; e intereses y multas derivados de los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales y de las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo”.



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