Lo que circula por los medios

30 de noviembre de 2008

MACRI : DEL BACHE A LA VENTA DE LOTES PUBLICOS - BUSCANDO EXCEPCIONES-


VARIOS TEMAS :

1-"MACRI VENDE CON EXCEPCIONES" El gobierno porteño acaba de enviar a la Legislatura dos proyectos de ley en el que pide, en el primer caso, desafectar tres valiosos terrenos de propiedad pública en la manzana de las torres de Catalinas Norte para poder venderlos y, en el otro, pide crear una excepción al código para construir supertorres.

2- SIN AUTORIZACIONES - LOS TRABAJOS FUERA DE NORMA O SIN AUTORIZACION QUE TIENE EN MARCHA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD
Obras que no conocen de códigos ni leyes
El gobierno porteño tiene en curso una serie de obras que violan leyes o no están debidamente autorizadas. Ya nacieron asambleas en varios barrios para frenarlas. Cuatro amparos judiciales detuvieron algunas de ellas.


LAS NOTAS:

"Macri Vende" CON EXCEPCIONES

Domingo, 30 de Noviembre de 2008

Una torre de críticas

Luego de que Página/12 informara que Mauricio Macri pretende vender las tierras que están en Catalinas Norte y permitir que allí se construyan supertorres por 500 millones de dólares, distintos sectores de la oposición señalaron que no votarán la iniciativa sin cambios. “Se está discutiendo para que no sea un regalo para los privados”, indicaron en el socialismo, donde advirtieron que el macrismo calcula que los venderá por 300 millones de pesos, cuando valen el doble. Los K consideraron errado que se incluya en el Presupuesto 2009 ese dinero, ya que para vender esos terrenos habrá una ley de doble lectura. “La plata recién la tendrán, con suerte, a fines del año próximo”, estimó un legislador, que planteó que es un chantaje que los fondos se destinen a educación. Por ese tema discutió el ministro de Educación, Mariano Narodowski, con el legislador de la CTA, Martín Hourest. “Para usted será un negocio inmobiliario, para nosotros es la búsqueda de recursos genuinos”, dijo Narodowski. “No, no, sean serios. Necesitan una ley de la Legislatura y todavía no fue votada”, le respondió Hourest. “Los fondos van a estar”, se confió el ministro.



Permalink:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/115872-36907-2008-11-30.html



VER:

El gobierno porteño deberá explicar la cesión de un predio público a Caputo
La torre de Caputo, la excepción de Caballito



Mauricio Macri 6 Meses de Gestión

Mauricio Macri 6 Meses de Gestión - LOS ESPACIOS PUBLICOS - parte 2
MACRI: COMO LOS ADOLESCENTES
-

MACRI: HAZ LO QUE YO DIGO... - 24 Oct

LOS SUPERPODERES DE CLETO Y DEL PRO
"Macri me decepcionó"

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Domingo 30 de Noviembre de 2008



Macri vendería lotes públicos para recaudar u$s500 M

Así lo establece un proyecto de ley enviado por el gobierno porteño a la Legislatura, que también establece autorización para crear nuevas supertorres en la Ciudad

El gobierno porteño acaba de enviar a la Legislatura dos proyectos de ley en el que pide, en el primer caso, desafectar tres valiosos terrenos de propiedad pública en la manzana de las torres de Catalinas Norte para poder venderlos y, en el otro, pide crear una excepción al código para construir supertorres.

Según publica hoy un matutino, si se aprueba la ley, alguien hará el hermoso negocio de alzar un edificio de 150 metros de altura en la esquina de Alem y Córdoba, caso único en el microcentro porteño.


El mayor terreno, que es de casi seis mil metros cuadrados, es el de la estación de servicio que toma toda la cuadra de Córdoba entre Alem y Madero. Los otros dos son los estacionamientos entre las torres de oficinas de Catalinas, ambos con entrada sobre Madero al 1100, de casi cinco mil y casi cuatro mil metros cuadrados, respectivamente.

El código actual define estos terrenos como LM-1, LM-10 y LM-13, y dice que “sólo podrán destinarse a la guarda de automóviles y las instalaciones complementarias de ese uso principal, tales como estación de servicio, etc.”.

Esto explica que el primer proyecto de ley, el 2454, sea de apenas un par de carillas pidiendo que se desafecten del dominio público los tres terrenos, que se permita su venta por subasta pública y se destine lo ganado “al Ministerio de Educación, con destino a las obras nuevas que se inicien a partir del ejercicio fiscal 2009”. El realmente complicado es el segundo proyecto, el 2874, que cambia completamente el uso y la reglamentación de los terrenos.

Este proyecto de ley es muy técnico y sus primeros tres artículos eliminan o desconectan anexos e incisos de la actual legislación.

En el artículo cuarto, elimina un párrafo de la actual codificación que dice que “las demás superficies sólo podrán destinarse a áreas de parque o espacio público”.

En el quinto artículo, el texto arranca explicando que los nuevos edificios no pueden estar a menos de 24 metros de los ya existentes, ni a menos de seis de las líneas de vereda o de terreno. En los que dan a Madero, se alejan otros tres metros para ensanchar en el futuro la vereda. Para que sean verdaderas torres, los edificios pueden ocupar sólo el 60 por ciento de los terrenos.

Hasta ahí, el texto no difiere en particular de las reglamentaciones que suelen afectar a las torres. Pero el sexto párrafo dice: “La altura mínima de los edificios a construir será de 73 metros”. Sucede que esta cifra, 73 metros, es justamente la altura promedio de las torres de esa manzana, con lo que ponerla de altura mínima es una renta extra. La altura máxima que se permitirá a estas torres es de 150 metros para el terreno más grande, y de 110 metros para los otros dos.

El proyecto de ley aclara cuántos metros se podrán construir en las supertorres: 61.000, 44.500 y 41.500, respectivamente, un total de 147.000 metros cuadrados incluyendo tres niveles de subsuelos en cada edificio.

Además, el proyecto aclara que las supertorres pueden tener recovas de hasta seis metros de profundidad y seis de altura, pero que esos metros no se contarán en el total de la construcción. También se aclara que si el futuro dueño y constructor quiere donarle a la ciudad sus jardines como espacio público, la donación no se descuenta de la fórmula. Y, por supuesto, esto significará que la ciudad tiene que mantener lo que físicamente seguirá siendo el jardín de una torre.

Los usos de estos edificios son bastante específicos y el proyecto aclara que no podrá haber ningún tipo de iglesia o templo, mercado, feria, club, local de pompas fúnebres, corralón, comercio mayorista o escuela, excepto los jardines maternales que suelen aparecer en megaoficinas. El destino de estas moles es específicamente limitado a poner oficinas y los espacios comerciales de la planta baja se concentrarán en darles servicios y alimentar a los oficinistas.

El arquitecto Alfredo Matteoli, gerente de inmuebles comerciales de la firma Izratzoff, explicó al diario Página/12 que la manzana de Catalinas Norte es el corazón mismo de la zona prime de oficinas de la ciudad. Es un ámbito que arranca en la Recova cercana a Plaza San Martín, cruza a Puerto Madero y toma partes de la zona del Bajo, tocando la city. Los valores en la zona son realmente muy altos.

El terreno más caro de los tres a vender sea el que recorre 99,99 metros de frente sobre la avenida Córdoba. El metro de terreno en esa zona, con licencia para construir 150 metros de altura (unos 50 pisos), es de 1600 dólares, con lo que el lote bien vendido significa 97.600.000 dólares. Los otros dos terrenos, sobre Madero 1130 y 1180, resultan algo menos caros: el arquitecto Matteoli admitiría ser feliz por venderlos a 1300 dólares el metro. Esto significa 57.850.000 y 53.950.000 de dólares respectivamente. El total de la operación podría superar los 200 millones de dólares.

Lo que no se tuvo en cuenta es el impacto que tendrá una megatorre de 150 metros de altura en pleno centro. Si esto se cumple, los porteños tendrán el edificio más alto de la city y uno de los más altos de la ciudad en pleno Alem y Córdoba. Como la zona ya está saturada de tránsito y personas, no hace falta gran imaginación para entender qué efectos tendrá este agregado.

Los proyectos guardan silencio sobre este aspecto y ni siquiera mencionan la posibilidad de un estudio de impacto ambiental. Lo único que se dice es que vender para construir torres es “una mejora urbanística” que “dote al área de servicios adecuados y de amenidad urbana, y se procure la integración del conjunto y su conectividad con el Area Central, Dársena Norte y Puerto Madero”.


Fuente: Télam

http://www.infobae.com/contenidos/417914-100799-0-Macri-vendería-lotes-públicos-para-recaudar-u$s500-M

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EL PAIS › MACRI BUSCA VENDER LOTES PUBLICOS EN CATALINAS CON EXCEPCIONES AL CODIGO EN LAS ALTURAS
Millones de razones para hacer supertorres


Son tres terrenos concesionados como estacionamientos y estación de servicio. El PRO busca poder venderlos con una excepción para construir torres de 110 y 150 metros por un valor de más de 500 millones de dólares.

Por Sergio Kiernan

El gobierno porteño acaba de enviar a la Legislatura dos proyectos de ley para activar la Inmobiliaria Macri. El primer proyecto es breve y pide desafectar tres valiosos terrenos de propiedad pública en la manzana de las torres de Catalinas Norte para poder venderlos. El segundo es más largo y oscuro, porque se pide crear una rara excepción al código para construir supertorres. Si se aprueba la ley, alguien hará el hermoso negocio de alzar un edificio de 150 metros de altura en la esquina de Alem y Córdoba, caso único en el microcentro porteño.
Los tres terrenos son conocidos para cualquiera que visite el centro. El mayor, de casi seis mil metros cuadrados, es el de la estación de servicio que toma toda la cuadra de Córdoba entre Alem y Madero. Los otros dos son los estacionamientos entre las torres de oficinas de Catalinas, ambos con entrada sobre Madero al 1100, de casi cinco mil y casi cuatro mil metros cuadrados, respectivamente. El código actual define estos terrenos como LM-1, LM-10 y LM-13, y dice que “sólo podrán destinarse a la guarda de automóviles y las instalaciones complementarias de ese uso principal, tales como estación de servicio, etc.”.

Esto explica que el primer proyecto de ley, el 2454, sea de apenas un par de carillas pidiendo que se desafecten del dominio público los tres terrenos, que se permita su venta por subasta pública y se destine lo ganado “al Ministerio de Educación, con destino a las obras nuevas que se inicien a partir del ejercicio fiscal 2009”. El realmente complicado es el segundo proyecto, el 2874, que cambia completamente el uso y la reglamentación de los terrenos.
Este proyecto de ley es muy técnico y sus primeros tres artículos eliminan o desconectan anexos e incisos de la actual legislación, en un burocratés de primera agua. La cosa comienza a aclararse a partir del artículo cuarto, que elimina un párrafo de la actual codificación que dice que “las demás superficies sólo podrán destinarse a áreas de parque o espacio público”. Es el quinto artículo el que empieza a mostrar qué se va a agregar, con lo que el negocio empieza tomar forma.

Metros y yapas
El texto arranca explicando que los nuevos edificios no pueden estar a menos de 24 metros de los ya existentes, ni a menos de seis de las líneas de vereda o de terreno. En los que dan a Madero, se alejan otros tres metros para ensanchar en el futuro la vereda. Para que sean verdaderas torres, los edificios pueden ocupar sólo el 60 por ciento de los terrenos.
Hasta ahí, el texto no difiere en particular de las reglamentaciones que suelen afectar a las torres. Pero el sexto párrafo es el suculento: “La altura mínima de los edificios a construir será de 73 metros”. Sucede que esta cifra, 73 metros, es justamente la altura promedio de las torres de esa manzana, con lo que ponerla de altura mínima es una renta extra. La altura máxima que se permitirá a estas torres es de 150 metros para el terreno más grande, y de 110 metros para los otros dos. El doble y un cincuenta por ciento de regalo.
El proyecto de ley es tan prolijito que hasta aclara cuántos metros se podrán construir en las supertorres: 61.000, 44.500 y 41.500, respectivamente, un total de 147.000 metros cuadrados incluyendo tres niveles de subsuelos en cada edificio.
Como para que no se pierdan algunos metritos tan útiles, el proyecto aclara que las supertorres pueden tener recovas de hasta seis metros de profundidad y seis de altura, pero que esos metros no se contarán en el total de la construcción: una yapa para los desarrolladores. También se aclara que si el futuro dueño y constructor quiere donarle a la ciudad sus jardines como espacio público, la donación no se descuenta de la fórmula, no sea cosa que tanta generosidad no sea recompensada. Y, por supuesto, esto significará que la ciudad tiene que mantener lo que físicamente seguirá siendo el jardín de una torre.
Los usos de estos edificios son bastante específicos y el proyecto aclara que no podrá haber ningún tipo de iglesia o templo, mercado, feria, club, local de pompas fúnebres, corralón, comercio mayorista o escuela, excepto los jardines maternales que suelen aparecer en megaoficinas. El destino de estas moles es específicamente limitado a poner oficinas y los espacios comerciales de la planta baja se concentrarán en darles servicios y alimentar a los oficinistas.

Las cuentas
El negocio final es impresionante. El arquitecto Alfredo Matteoli, gerente de inmuebles comerciales de la firma Izratzoff, explicó a Página/12 que la manzana de Catalinas Norte es el corazón mismo de la zona prime de oficinas de la ciudad. Es un ámbito que arranca en la Recova cercana a Plaza San Martín, cruza a Puerto Madero y toma partes de la zona del Bajo, tocando la city. Los valores en la zona son realmente muy altos.
No sorprende que el terreno más caro de los tres a vender sea el que recorre 99,99 metros de frente sobre la avenida Córdoba. El metro de terreno en esa zona, con licencia para construir 150 metros de altura (unos 50 pisos), es de 1600 dólares, con lo que el lote bien vendido significa 97.600.000 dólares. Los otros dos terrenos, sobre Madero 1130 y 1180, resultan algo menos caros: el arquitecto Matteoli admitiría ser feliz por venderlos a 1300 dólares el metro. Esto significa 57.850.000 y 53.950.000 de dólares respectivamente. El total de la operación podría superar los 200 millones de dólares.

Quien lograra estos terrenos de oro no tendría que temer más a que una invasión extraterrestre, o una nueva Edad del Hielo. El metro construido de oficina nueva o a estrenar en la zona no baja de los 3500 dólares. Los tres edificios pueden valer la fantástica cifra de 514.500.000 de dólares. La renta potencial es calculable pensando que una oficina en Catalinas se alquila al uno por ciento del valor del metro cuadrado, por mes. El negocio más simple, el de construir para alquilar, rendiría entonces cinco millones de dólares por mes.

El apuro
Con semejante calibre de dólares, no extraña que el PRO haya pisado el acelerador para aprobar rápidamente la venta y las excepciones. Este martes tendrá lugar en la Legislatura un evento bastante raro, una sesión conjunta de asesores de las comisiones de Planeamiento y de Presupuesto. Cada proyecto de ley recorre en el Legislativo local un camino específico de comisiones, que varían de acuerdo con el tema a tratar. Los asesores de los diputados son los primeros en debatirlas y dar su parecer, algo formalizado en el procedimiento parlamentario.
Lo que es raro es que se junte más de una comisión al mismo tiempo para tratar algo. Esta es una señal segura de interés del oficialismo.


El plan es que los asesores den su despacho rápidamente, para que el 9 de diciembre los diputados de ambas comisiones, nuevamente sesionando en conjunto, lo aprueben. Así se podría llegar a votar la venta y sus excepciones antes de fin de año, sin necesidad de pasar el tema a extraordinarias o de prorrogar el período de sesiones.

Un detalle que llamó la atención a quienes vieron el proyecto de ley es su precisión, nada común en un gobierno que hace cosas como poner postes de alumbrado en el Casco Histórico para desayunarse con que están prohibidos por ley. Más que por arquitectos, el texto parece escrito por un profesional inmobiliario que tiene conciencia plena de que el valor de un terreno es directamente proporcional a la carga de construcciones que se le puede encajar encima. De ahí que las dos leyes marchen juntas: sin hacer la “excepción”, no hay negocio.

Lo que no se tuvo en cuenta es el impacto que tendrá una megatorre de 150 metros de altura en pleno centro. Si esto se cumple, los porteños tendrán el edificio más alto de la city y uno de los más altos de la ciudad en pleno Alem y Córdoba. Como la zona ya está saturada de tránsito y personas, no hace falta gran imaginación para entender qué efectos tendrá este agregado. Los proyectos guardan silencio sobre este aspecto y ni siquiera mencionan la posibilidad de un estudio de impacto ambiental. Lo único que se dice es que vender para construir torres es “una mejora urbanística” que “dote al área de servicios adecuados y de amenidad urbana, y se procure la integración del conjunto y su conectividad con el Area Central, Dársena Norte y Puerto Madero”.
Por alguna razón, el Ejecutivo porteño considera que las torres hacen la felicidad de alguien más que los intermediarios que tendrá este fabuloso negocio.




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Sábado, 29 de Noviembre de 2008 Hoy


EL PAIS › MEGATORRES Y LA DEMOLICION ILEGAL DEL CINE EL PLATA
Martes de reunión y negociación



Por Sergio Kiernan

Este martes se reúnen las comisiones de Presupuesto y de Planeamiento de la Legislatura en una rara sesión conjunta. Estas cosas pasan sólo cuando alguien, generalmente el oficialismo y en particular el Ejecutivo, quiere que un proyecto salga rápido. Pero el tratamiento del negocio de las súper-torres puede ser perturbado por la bronca vecinal hacia las tantas obras ilegales que está haciendo el gobierno porteño por la ciudad.

El otro tema que se tiene que tratar es el intento del diputado PRO Cristian Ritondo por sacarle las papas del fuego a la Corporación Sur, que con increíble caradurez demolió a medias el cine El Plata, en Mataderos. El cine fue comprado en 2005 por la ciudad para hacer un centro cultural. Fue por pedido de los vecinos del barrio, que juntaron miles de firmas y presionaron mucho y bien a legisladores y ejecutivos. Que el cine El Plata tenía que ser un centro cultural hasta figura en la escritura de compra. Pero este año, el misionero Humberto Schiavoni, presidente de la Corporación Sur, decidió que lo mejor era que el cine fuera cortado en dos, para un CGP. La explícita voluntad de los vecinos no le importó a esta pata peronista del PRO, ex jefe de Gabinete del brevísimo gobierno de Ramón Puerta y ex director del Monumento a la Corrupción, Yacyretá, en el de Eduardo Duhalde.

Lo que tampoco le importó en lo más mínimo a Schiavoni es que la demolición está prohibida porque El Plata fue catalogado con el máximo grado posible. El misionero sigue las obras, pese a la medida cautelar de la Justicia porteña.

Lo que sí hizo Schiavoni fue buscar un cómplice, el diputado Ritondo, que prontamente presentó un proyecto para bajar la protección y blanquear la obra. Como los vecinos de Mataderos están indignados, el diputado PRO movilizó a sus punteros. Por eso, el miércoles pasado protagonizó un papelón memorable en la Legislatura. Resulta que ese día, a las cuatro de la tarde, trataba el proyecto Ritondo la comisión de Patrimonio. Estaban todos los miembros PRO, estaba Aníbal Ibarra –que no es miembro pero fue invitado porque fue él quien compró el cine–, estaba la presidenta Teresa de Anchorena, estaban los vecinos de Mataderos y estaba un cierto número de público, todos en el Salón Perón. Los vecinos tomaron la palabra y mostraron tanto su bronca como su desilusión, porque habían hasta con cosas como ser una sede del Bafici o del Mundial de Tango.

Mientras hablaban los vecinos, Ritondo hacía señas de creciente movilidad. Como un director de orquesta, arreglaba quién hablaría y quién no después de los vecinos. Al fin, se pudo escuchar sólo a una empleada del Registro Civil, porque prontamente la cosa se fue de cauce. El griterío tuvo como protagonista a Ritondo, que parado y desaforado parecía listo a irse a las manos. La paz volvió con la presencia de dos suboficiales de la Federal de arma al cinto y rostro ceñudo. Este martes, los vecinos de Mataderos vuelven a la Legislatura. Un asesor le recomendó públicamente a Ritondo que mejor “traé a tu gente, que la cosa está difícil.”



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TRABAJOS SIN AUTORIZACION!!


Lunes, 24 de Noviembre de 2008
EL PAIS › LOS TRABAJOS FUERA DE NORMA O SIN AUTORIZACION QUE TIENE EN MARCHA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD

Obras que no conocen de códigos ni leyes

El gobierno porteño tiene en curso una serie de obras que violan leyes o no están debidamente autorizadas. Ya nacieron asambleas en varios barrios para frenarlas. Cuatro amparos judiciales detuvieron algunas de ellas.



Por Sergio Kiernan
El gobierno porteño está empecinado en realizar una serie de obras que no sólo despiertan una fuerte resistencia de los vecinos, sino que son claramente ilegales. Los ministerios de Desarrollo Urbano y de Ambiente y Espacio Público parecen ignorar que hay leyes que prohíben que el Ejecutivo peatonalice calles o levante adoquines, cambie las farolas y altere las calzadas en el Casco Histórico. La oposición de los vecinos sorprendió completamente a los funcionarios, que ven surgir asambleas en los barrios más tranquilos y ya tienen una colección de cuatro amparos judiciales para frenar las obras. Este carnaval de ilícitos con el espacio público protegido se completa con la demolición por la misma ciudad de un edificio catalogado al máximo grado posible (ver página 2).

Una vez electo, Mauricio Macri enfrentó con cierta comodidad una larga transición de casi seis meses. De todas las crisis y problemas que se esperaban al comenzar su gestión, terminó resultando que el tema por el que el macrismo se está enfrentando directamente con los vecinos es, inesperadamente, el del patrimonio edificado. Esta es una crisis literalmente inventada por el gobierno en sus once meses de mandato y su primera expresión fue el plan Prioridad Peatón, del ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chain.

Prioridad Peatón es una iniciativa copiada de capitales europeas con una buena intención, la de limitar el tránsito buscando “darle la razón” al que camina sobre el que maneja. Pero donde en otras geografías se hicieron estudios, en Buenos Aires se decretó un enorme polígono –de Plaza San Martín a Parque Lezama, del Bajo a la Nueve de Julio– con posibilidades de llevarlo a cualquier otro punto de la ciudad. La obra-símbolo del plan era la peatonalización de la calle Defensa desde Plaza de Mayo hasta Brasil, de modo de crear un “living urbano”.

El primer tropezón fue enterarse a mediados de año, con la preadjudicación de las obras ya realizada, de que el gobierno porteño no puede peatonalizar calles por decisión propia: hace falta una ley votada por la Legislatura. Mientras se cuentan votos para ver si eso es posible, el Ejecutivo decidió cambiar la carátula del plan y las obras pasaron a ser de “semipeatonalización”, ya que se permitiría la circulación de automóviles, con límites. Los vecinos de San Telmo se opusieron tan abiertamente al plan que Chain tuvo que convocar el 30 de octubre a una audiencia pública en el centro comunal de Defensa. Ahí se encontró con que setenta vecinos se habían anotado para hablar y que los setenta le pidieron que se olvidara del asunto.

La cosa se complicó porque, al mismo tiempo, se estaban levantando adoquinados por toda la ciudad y los vecinos de San Telmo vieron estas obras llegando a sus calles. Los vecinos de San Telmo Preserva obtuvieron una medida cautelar de la Justicia porteña que paraliza la obra de la calle Defensa. Y el 5 de noviembre obtuvieron otra, junto a la diputada porteña Teresa de Anchorena –que preside la Comisión de Patrimonio en la Legislatura– que manda al freezer toda obra pública que implique levantar siquiera un adoquín en el Casco Histórico, el APH de San Telmo y sus “zonas de influencia”.

Como si tuvieran que aprovechar la capacidad ociosa, el gobierno mandó entonces a levantar los adoquines de la calle Ituzaingó, en Barracas. Pero los vecinos de Proteger Barracas también fueron a la Justicia, que en cuestión de horas –tal vez se trate de un record– bajó una medida cautelar que las prohíbe.


Por los barrios

Estas medidas cautelares fueron claras porque existe una ley específica, la 65, que simplemente prohíbe levantar los adoquinados en las Areas de Protección Histórica y en el Casco Histórico. Barracas tiene un APH en trámite, con lo que se le extiende el principio de aplicar la ley para que la Legislatura pueda decidir sin que la piqueta decida por ella. Este principio, paradójicamente, fue sancionado el año pasado por la Cámara porteña para frenar a desarrolladores privados, y ahora es un freno para el mismo gobierno porteño. “Lo que pasa es que el gobierno de la ciudad es el nuevo enemigo del patrimonio –explica Facundo de Almeida, jefe de asesores de la diputada Anchorena–. Están quebrando las propias leyes de protección y manejo que tienen que aplicarles a los privados. Los vecinos terminan siendo lo único que puede frenar este avance contra la ley.”

Este avance se detecta en otros barrios también. En Caballito, Floresta, Villa del Parque y Belgrano los vecinos están sacando fotos y alertando a sus ONG sobre pavimentaciones que nadie quiere. “Son obras innecesarias, que tienen oposición explícita de los vecinos y a las que nadie les encuentra la menor utilidad”, dice la diputada Anchorena, que explica que el consenso en Buenos Aires parece ser que las relativamente pocas calles adoquinadas que quedan cumplen una función de contención en los barrios.

Como definió a PáginaI12 una vecina de Villa del Parque, que vive sobre el empedrado de Terrada y todavía recuerda cuando la calle era de tierra: “Con los adoquines los autos van despacio, mejor que con un semáforo o un lomo de burro. Hay menos accidentes que acá a la vuelta, donde hay asfalto. Y se inunda menos. A mí me tiene preocupada que se les ocurra sacarlos”.

Otros que se preocupan viven muy cerca, en la zona de Floresta que llaman el Barrio Segurola. Con muchos pasajes, el Segurola es básicamente una urbanización de los años treinta de manzanas pequeñas, muy arbolada y tranquila. En la última semana de octubre, los vecinos recibieron unos volantes que anunciaban que habían sido incluidos en el Prioridad Peatón y que sus pasaje iban a ser “semipeatonalizados” con calzadas niveladas con las veredas, bolardos, farolitos nuevos y hasta bancos. El 2 de noviembre, los vecinos convocaron a una reunión en la plaza El Banderín para discutir qué hacer. Se presentaron trescientos y decidieron enviarle un ultimátum al ministro Chain para que se presentara y diera explicaciones.

Mientras esperaban respuesta, los vecinos del Segurola fueron a la Legislatura a pedir ayuda en preservar su barrio, y se enteraron de que la obra también era ilegal: los pasajes tienen un articulado en el Código Urbano que prohíbe justamente nivelar veredas y calzadas. Lo que terminaron deduciendo es que como no se iban a poder hacer las obras en Defensa, se las estaban mandando para Floresta. El 12 de noviembre, un grupo de funcionarios se presentó en la escuela Rosales, de la calle Mercedes, en nombre de Chain y presentó un power point vendiendo los beneficios de la obra. Los vecinos escucharon educadamente y cuando les tocó hablar se opusieron tan rotundamente al plan, que la funcionaria a cargo del encuentro terminó exigiendo que levantaran la mano, “a ver si era unánime”. Cuando todas las manos se alzaron, la funcionaria Fátima Micheo no supo qué decir.


Espacio Público

En San Telmo empezaban a calmarse con los amparos, pensando que iban a poder frenar lo que llaman la “palermización” del barrio, cuando entró en acción el ministerio que tiene alzada sobre las calles. Súbitamente, Ambiente y Espacio Público pareció recordar el barrio y comenzó a realizar obras abiertamente ilegales.

El ministro del área fue una elección curiosa del macrismo. Juan Pablo Piccardo es ingeniero industrial y su carrera se destaca por haber sido gerente de área en la consultora Arthur Andersen y CEO de la cervecera Isenbeck. Un perfecto recién llegado al ambiente y al espacio público, Piccardo permitió que sus subordinados comenzaran a colocar en la segunda semana de noviembre unas flamantes columnas de iluminación en las calles de San Telmo. Como esas calles son colonialmente estrechas, las columnas terminan recostadas contra los muros de las casas. Y como San Telmo todavía tiene una notable cantidad de casas de una planta, los vecinos terminan con sus terrazas arrasadas por luces de gas de alta potencia. Más allá de la estética, la legislación prohíbe colocar luminarias en el Casco Histórico y el APH que rompan la estética patrimonial del lugar. Por eso abundan las farolas de hierro de fundición amuradas a las casas, y por eso se retiraron tantas columnas de alumbrado público de las calles.

En Estados Unidos al 700 tuvo otra idea también innecesaria e ilegal. Esa cuadra de la vieja calle, trazada originalmente más por los caballos que por los ingenieros del virreinato, es ligeramente más ancha que las demás. Esto parece molestar el sentido de simetría del ministro Piccardo, y ya está en marcha el ensanche de la vereda del lado sur para que la calzada quede igual de estrecha que el resto. Pero los anchos también están protegidos por la legislación del Casco Histórico, que el gobierno debería hacer cumplir.

“Nunca vi a los vecinos tan enojados –señaló a PáginaI12 Patricia Barral, vecina y activista de San Telmo Preserva–. En Desarrollo Urbano habían prometido no hacer más de estas obras inconsultas y resulta que Espacio Público las hace. ¿No se hablan entre ministerios? Esta semana vamos a presentar otro pedido de amparo para que frenen esto y vamos a pedir una extensión de la protección de los adoquinados a toda la ciudad.” “Esto no puede seguir así.”




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