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15 de enero de 2009

LOS AGRO - TOXICOS... capítulo pesticidas












Jueves, 15 de Enero de 2009
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EL PAIS › CRISTINA KIRCHNER ORDENO UNA INVESTIGACION SOBRE EL IMPACTO DEL USO DE INSECTICIDAS EN LA FUMIGACION DE CAMPOS

Para que no se extienda la mancha venenosa
El lunes, Página/12 publicó en su tapa una investigación sobre las denuncias por contaminación con agrotóxicos en el país. Ayer, en su reaparición pública, la Presidenta informó que la ministra de Salud se ocupará del tema.


Por Martín Piqué y
Darío Aranda

La reaparición de la Presidenta en la sala de Convenciones de Olivos tenía un tema de fondo: el anuncio de medidas para el sector rural afectado por la crisis económica y la sequía. Pero el discurso de la mandataria incluyó una sorpresa para un auditorio que no se caracterizaba por el espíritu crítico hacia el modelo de la soja transgénica. Ante los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba), Hermes Binner (Santa Fe), Daniel Scioli (Buenos Aires) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), la Presidenta informó que había instruido a la ministra de Salud, Graciela Ocaña, para que realice una investigación oficial sobre el impacto para la salud de los agroquímicos utilizados en la fumigación de campos. Se trata, particularmente, del glifosato producido por la empresa Monsanto y del endosulfán, que en el país es comercializado por la multinacional Dupont. “Son hechos muy importantes, hacen a la salud de todos los argentinos y ahí uno no puede entrar en cuestión de competencias y jurisdicciones”, aseguró CFK.

El párrafo que la Presidenta les dedicó a los agrotóxicos pareció contener un mensaje sutil a los gobernadores de provincias sojeras. “Si bien esto es competencia exclusiva de municipios y provincias, le he pedido a la ministra de Salud de la Nación que realice una investigación”, afirmó. Según pudo averiguar Página/12, la Presidenta avisó a Ocaña que iba a hacer una mención a la contaminación con agroquímicos el martes a la tarde. También le anticipó que iba a ordenarle públicamente que iniciara una investigación sobre las consecuencias para la salud del uso del glifosato. Tras escuchar a CFK, Ocaña solicitó a funcionarios de su cartera que se contactaran con especialistas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Universidad de Córdoba. “Estamos trabajando desde el martes con este tema. Recién estamos empezando. Vamos a convocar a las universidades nacionales”, informaron a este diario desde el entorno de Ocaña.

Este lunes, Página/12 publicó en su tapa una investigación sobre todos los casos de contaminación con agrotóxicos que fueron denunciados en la Argentina. Según las denuncias de médicos, ONG y movimientos de campesinos, el glifosato comercializado por Monsanto (se lo vende con el nombre de Roundup) está produciendo malformaciones en los embarazos, problemas de fertilidad, enfermedades respiratorias, cáncer, problemas en la piel, vista y oído en localidades de Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba, Chaco, Santa Fe y Formosa. En esas denuncias coincidieron el jefe de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de Resistencia, Horacio Lucero, que depende de la Universidad del Nordeste, y un grupo de epidemiólogos y endocrinólogos del Hospital Italiano de Rosario.

Los efectos de los agrotóxicos también fueron denunciados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esa organización confirmó las denuncias de vecinos a partir de un caso particular: el del barrio Ituzaingó Anexo, ubicado a treinta minutos del centro de la capital de Córdoba, donde viven unas cinco mil personas. El barrio está literalmente rodeado por campos de soja. Los sembradíos se extienden hacia el sur, norte y este del ejido urbano. Apenas una calle los separa de las edificaciones. En Ituzaingó Anexo ya hay comprobados doscientos enfermos de cáncer. Es común observar por sus calles mujeres con pañuelos en la cabeza, por la quimioterapia, y niños con barbijo, afectados por leucemia. Enterado del caso, el fiscal de instrucción del Distrito III de Córdoba, Carlos Matheu, ordenó una medida cautelar que impide que se fumigue a menos de 500 metros de las zonas urbanas. También estableció una distancia mínima de 1500 metros para las fumigaciones aéreas.

El fiscal también ordenó estudios bioquímicos en los patios de las casas del barrio. Los resultados mostraron presencia de endosulfán y glifosato. El funcionario del ministerio público siguió con allanamientos a galpones de chacareros y procesamientos a varios productores sojeros, al propietario del avión fumigador y al piloto que lo solía volar sobre las viviendas de Ituzaingó Anexo. Los acusó de haber violado la Ley Provincial de Agroquímicos y de incurrir en la figura penal de “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud”. El fallo sienta un precedente en todo el país, más allá de que la contaminación en muchos casos está reglamentada por leyes provinciales.

El tema tampoco es nuevo para el Ministerio de Salud. En 2002, esa cartera publicó un estudio realizado en la localidad santafesina de Bigand con el objetivo de “determinar factores de vulnerabilidad en poblaciones expuestas a los plaguicidas”. La investigación se hizo en conjunto con la cátedra de Toxicología y Química de la UBA. Las conclusiones fueron contundentes: “Más de la mitad de los encuestados y el ciento por ciento de los fumigadores refieren que ellos o conocidos estuvieron intoxicados alguna vez. En su inmensa mayoría, no tienen contrato de trabajo, ni cobertura médica, y cobran a destajo”. El trabajo confirma efectos agudos como alergias, dolor de cabeza, mareos e irritación respiratoria. “Son mencionados más de 40 pesticidas, predominando el uso de glifosato”, detallaba. A pesar de que la investigación se publicó hace seis años, el Ministerio de Salud no siguió con esos estudios ni volvió a ocuparse del asunto en los años siguientes.

Hasta que la Presidenta, sorpresivamente, lo mencionó en su discurso.



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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-118279-2009-01-15.html

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recomiendo: AGROTÓXICOS O COMO DAÑAR EN NOMBRE DE LA RENTA AGRARIA


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Jueves, 15 de Enero de 2009

EL PAIS

Advertencia de los afectados


El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que reúne a quince mil familias de siete provincias, tomó con una mezcla de sorpresa y descreimiento los dichos del Ejecutivo sobre el glifosato. “Los agronegocios fueron política de Estado en los últimos quince años. Todos los gobiernos apoyaron el monocultivo de soja y sus consecuencias: desalojos, desmontes, judicialización de familias rurales, contaminación y el desastre sanitario que provocan los agrotóxicos”, denunció el MNCI, víctima de la cara menos publicitada del modelo de agronegocios. Diego Montón, del Movimiento Campesino Indígena, afirmó: “Los organismos del Estado, como la Secretaría de Agricultura y el INTA, fomentan el uso de estos agrotóxicos, destinan partidas presupuestarias enormes para que los campos estén inundados de glifosato”. El canadiense Grupo ETC (referente mundial en la problemática) explicó la mirada internacional: “El campo, a nivel mundial, atraviesa una etapa marcada por un impacto social y ambiental silenciado. El modelo rural es manejado por las transnacionales agroquímicas y cuenta con luz verde de los gobiernos de cada país”.



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Lunes, 12 de Enero de 2009

EL PAIS › LA JUSTICIA CORDOBESA PROHIBIO FUMIGAR CON AGROTOXICOS SOJEROS CERCA DE LAS AREAS URBANAS


El veneno que asoló el barrio de Ituzaingó



Tras diez años de denuncias de los habitantes del barrio Ituzaingó, de Córdoba, rodeado de campos de soja, la Justicia prohibió fumigar con agrotóxicos cerca de zonas urbanas. De cinco mil habitantes, 200 tienen cáncer. Todas las familias tienen un enfermo.

Por Darío Aranda

El barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de Córdoba, es de casas bajas, asfalto gris y chicos que juegan en la calle. Era como muchos otros barrios, pero hace ocho años ganó notoriedad por la gran cantidad de enfermos de cáncer y niños con malformaciones. Sus habitantes miraron alrededor y comenzaron a encontrar causas de tanto mal: al este, norte y sur había campos de soja, sólo separados por la calle, y las fumigaciones con agrotóxicos llegaban hasta las puertas de las viviendas. La organización Madres de Ituzaingó, nacida a medida que las enfermedades se multiplicaban, relevó los casos y denunció a empresarios sojeros y a la dirigencia política, por complicidad. Las llamaban “las locas”, pero se convirtieron en pioneras en denunciar la contaminación del modelo agrario. A casi una década de las primeras denuncias, la Justicia cordobesa –por primera vez– acaba de prohibir a productores de soja que fumiguen en cercanías del barrio, lo establece como un delito penal y apunta contra el glifosato, el agrotóxico pilar de la industria sojera.

“Fumigar en áreas urbanas viola disposiciones de la Ley Provincial de Agroquímicos y constituye un delito penal de contaminación ambiental, que se pena con hasta diez años de prisión”, explicó el fiscal de Instrucción del Distrito III, Carlos Matheu, que determinó la figura penal de “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud”. La medida, que podría sentar precedente para decenas de denuncias de todo el país, impide utilizar agrotóxicos a menos de 500 metros de zonas urbanas y, si las fumigaciones son aéreas, la distancia mínima deberá ser de 1500 metros. El fallo focaliza en dos agroquímicos: endosulfán y glifosato.

El endosulfán es un fuerte insecticida utilizado para el control de plagas en algodón, tabaco, sorgo y soja, entre otros. Entre sus principales comercializadoras se encuentra la empresa Agrosoluciones, unidad dedicada al agro de la multinacional química Dupont. Las compañías agroquímicas no mencionan sus efectos sobre la salud, a pesar de que la Red de Acción sobre Plaguicidas (PAN) –integrada por 600 organizaciones de 90 países– afirma que “los efectos del endosulfán incluyen deformidades congénitas, desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia, cáncer y problemas de la piel, vista, oído y vías respiratorias”.

El glifosato es el agrotóxico más conocido de la Argentina. Se comercializa bajo del nombre de Roundup, de la multinacional Monsanto, líder internacional en agrotóxicos y blanco de las denuncias por contaminación ambiental y perjuicio sobre la salud. Las grandes empresas sojeras reconocen la utilización, como mínimo, de diez litros de Roundup por hectárea. En la campaña 2007-2008, el monocultivo de soja abarcó en la Argentina 17 millones de hectáreas y los campos argentinos fueron rociados, en un solo año, con 170 millones de litros del cuestionado herbicida. Se aplica en forma líquida sobre las malezas, que absorben el veneno y mueren en pocos días. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, modificada en laboratorios. La publicidad de Monsanto clasifica al Roundup como inofensivo para al hombre.

En el barrio Ituzaingó Anexo viven cinco mil personas, 200 de ellas padecen cáncer. “Hay casos de jóvenes de 18 a 25 años con tumores en la cabeza. Chicos de 22 y 23 años que ya han muerto. Hay más de trece casos de leucemia en niños y jóvenes”, describen las Madres de Ituzaingó. “En todas las cuadras hay mujeres con pañuelos en la cabeza, por la quimioterapia, y niños con barbijo, por la leucemia”, lamenta Sofía Gatica, con veinte años en el lugar y referente de la organización, que padeció la muerte de un bebé recién nacido (con una extraña malformación de riñón) y, en la actualidad, su hija de 14 años está en pleno tratamiento de desintoxicación (estudios municipales confirmaron que convive con dos plaguicidas en la sangre).

El subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Medardo Avila Vázquez, fue el impulsor de la medida cautelar en febrero de 2008. “Cuando vimos los aviones fumigando arriba de las casas, hicimos la denuncia por envenenamiento”, explicó. El fiscal Matheu ordenó estudios en los patios de las viviendas y confirmó la presencia de endosulfán y glifosato. También allanó galpones de chacareros, encontró tambores con los agrotóxicos y (además de poner un límite a las fumigaciones) procesó a los productores sojeros, al dueño del avión fumigador y al aviador. “Es un hecho inédito en Córdoba. Hace diez años que ONG y vecinos denuncian intoxicaciones por la soja, y es la primera vez que la Justicia les da la razón, que se privilegia el derecho a la salud y la vida por sobre el derecho a realizar negocios”, celebró el funcionario.

Un relevamiento de la organización Grupo de Reflexión Rural (GRR), que impulsa una campaña para detener las fumigaciones con agrotóxicos, censó diez pueblos con denuncias sobre contaminación. Uno de los casos testigo fue el barrio Ituzaingó Anexo, donde confirmó alergias respiratorias y de piel, enfermedades neurológicas, casos de malformaciones, espina bífida, malformaciones de riñón en fetos y embarazadas y problemas de osteogénesis.

En marzo de 2006, la Dirección de Ambiente municipal analizó la sangre de 30 chicos del barrio: en 23 había presencia de pesticidas. “En todas las familias hay algún enfermo de cáncer, de todo tipo, pero sobre todo de mamas, estómago o garganta. Cada vez que rocían se seca la garganta, arde la nariz y muchos chicos quedan con los ojos blancos, viven a Decadrón”, relató Sofía Gatica y se largó con una lista de consecuencias: bebés sin dedos, con órganos cambiados, sin maxilares y cambios hormonales. “En mi cuadra hay una sola familia sin enfermos. Y están buscando mudarse porque saben que puede caer alguno”, lamentó.

La Organización Panamericana de la Salud (PS) también llegó hasta el barrio Ituzaingó, convocada por la Municipalidad y preocupada por la gravedad del caso. En agosto de 2007 comenzó a analizar los relevamientos existentes, realizó entrevistas y confirmó las denuncias. “Se concluye que el barrio Ituzaingó Anexo puede considerarse como un sitio contaminado. Los contaminantes de mayor importancia son los plaguicidas y el arsénico, fundamentalmente en suelo. La presencia de plaguicidas en tanques de agua posiblemente refleje la intervención de la vía suelo-aire.” Entre las imprescindibles acciones recomienda “incrementar el control sobre fumigaciones clandestinas a distancias menores a las permitidas por ley”.

Las Madres de Ituzaingó reconocen que el fallo judicial (realizado el 30 de diciembre último, pero difundido recién esta semana) llegó “cuando ya todo el barrio está envenenado”, pero se entusiasman al pensar que puede sentar precedente: “Son cientos los pueblos que padecen los efectos tóxicos de los agroquímicos sojeros. Es hora de que la Justicia comience a actuar”.

Permalink:http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-118075-2009-01-12.html

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Lunes, 12 de Enero de 2009 Hoy

EL PAIS › HAY DENUNCIAS EN TODO EL PAIS POR EL USO DEL GLIFOSATO

Un tema prohibido
El modelo sojero funciona sobre la base del glifosato. Las denuncias que se han hecho en todo el país han sido ignoradas por los importantes intereses en juego.



Por Darío Aranda

Entre Ríos: El médico rural Gabriel Gianfellice vive hace 28 años en Cerrito, a 50 kilómetros de Paraná. Aturdido por las muertes prenatales, los embarazos que no llegaban a término, los casos de cáncer y los arroyos sembrados de peces muertos, escribió el libro La soja, la salud y la gente, en el que afirma que en el pueblo hubo un antes y un después de la soja transgénica. A partir del 2000 comenzó a percibir los efectos adversos con la reproducción, la gestación y la correcta formación de los órganos durante el embarazo y problemas de fertilidad. “Ni hablar de enfermedades respiratorias, que crecieron más de un ciento por ciento. Vivimos fumigados, los avioncitos pasan sobre nuestras cabezas constantemente y los pacientes muestran efectos nocivos. Nos habían dicho que el glifosato era agüita del cerro, hoy día se sabe que nos mintieron”, asegura. También en Entre Ríos, el paraje rural Rosario del Tala, departamento de Gualeguaychú, es conocido por el caso de “los primitos Portillo”. Entre mayo de 2000 y enero de 2007 fallecieron Alexis (de un año y medio), Rocío y Cristian (ambos de 8). Norma Portillo, mamá de Cristian, no tiene dudas: “Cuando fumigaban, nos encerrábamos en la pieza. Por días nos dolía la cabeza, picaba la garganta y ojos. Y si llovía, el arroyo bajaba con peces muertos, nada deja el veneno”.

Santiago del Estero: Maira Castillo vive en Quimilí, pleno monte santiagueño, y tuvo su primera intoxicación aguda a los 4 años. En el hospital local le diagnosticaron envenenamiento con agrotóxicos y la derivaron de urgencia al Garrahan, en Buenos Aires. La vivienda familiar está rodeada de campos con soja, rociados periódicamente con glifosato. El químico le afectó la vista, la piel y el sistema respiratorio. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), donde militan los Castillo, denuncia desde hace diez años los efectos sociales, ambientales y sanitarios del modelo sojero. Contabiliza un centenar de denuncias por envenenamiento con agroquímicos, pero ninguna tuvo fallo favorable.

Córdoba: “Ni un metro menos. La tierra es nuestra”, es una de las consignas del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), que resiste el avance de empresarios sojeros que pretenden quedarse con sus tierras. A las continuas amenazas y atropellos, se sumaron las fumigaciones sobre los ranchos rurales. “Nos arruinan los sembradíos para autoconsumo, matan los animales y ya hubo intoxicaciones. Lo que no pudieron hacer con las topadoras lo quieren lograr con el veneno para la soja”, afirmaron desde el MCC, que denunció fumigaciones indiscriminadas en Sebastián Elcano, Jesús María y San Francisco.

Chaco: La ONG Centro de Estudios Nelson Mandela acaba de publicar el informe “Una tragedia colectiva: Malformaciones por el uso de agroquímicos”. Denuncia que el Chaco es zona liberada para los agrotóxicos y causante de malformaciones de bebés. “La intoxicación crónica por el uso de agroquímicos provoca modificaciones o mutaciones del genoma humano. Pero los gobiernos miran para otro lado”, denuncia el trabajo, que también responsabiliza a los productores agropecuarios por “provocar daño sanitario, social y ambiental” en pos de obtener mayor rentabilidad. En diciembre último, en una entrevista al diario Chaco Día por Día, el jefe de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional (IMR), Horacio Lucero, advirtió el incremento de casos de cáncer y malformaciones a causa del uso de agrotóxicos sojeros en el sudoeste chaqueño. “No es un designio de Dios tener un chico malformado. Es un designio de la gente que está cohabitando su propia tierra”, aseguró.

Santa Fe: En Bigand, una localidad de cinco mil habitantes al sur de Santa Fe, el Ministerio de Salud de Nación realizó un estudio con el objetivo de “determinar factores de vulnerabilidad en poblaciones expuestas a los plaguicidas”. En el marco del Plan Nacional de Gestión Ambiental, las conclusiones detallaron: “Más de la mitad de los encuestados y el 100 por ciento de los fumigadores refieren que ellos o conocidos estuvieron intoxicados alguna vez. El 90 por ciento señala que no existen personas resistentes a las intoxicaciones”. El trabajo, realizado en 2002, confirma efectos agudos como alergias, dolor de cabeza, mareos, irritación respiratoria, dérmica y de ojos. Son mencionados más de 40 pesticidas, predominando el uso de glifosato, denuncia la investigación.

Formosa: Sólo una vez la Justicia falló contra el modelo sojero. Campesinos formoseños del poblado Colonia Loma Senés denunciaron en 2003 las fumigaciones con glifosato en la zona. Exhibieron sus plantaciones arruinadas, mostraron certificados médicos que confirmaban síntomas de envenenamiento y fotografías de sus animales muertos. La jueza Silvia Amanda Sevilla ordenó el cese inmediato de las fumigaciones con Roundup (nombre comercial del glifosato), fue la primera vez que se dictó una medida de ese tipo. Desde entonces, la magistrada fue declarada enemiga de las empresas de monocultivos y comenzó un proceso de hostigamiento por parte de pares, superiores y el poder político. En diciembre de 2007 fue echada de su cargo. Ningún otro juez prohibió las fumigaciones.



Permalink:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/118075-37629-2009-01-12.html

ver: Influencias de una industria poderosa - “Una ceguera colectiva” Miércoles, 14 de Mayo de 2008 “Nunca me perdonaron que frenara las fumigaciones. Había ministros del gobierno involucrados, me presionaron jueces para que diera marcha atrás. Y el juicio de mi destitución fue un circo romano. La vida se me está haciendo cada vez más complicada. Me cuesta muchísimo trabajar en la profesión, los juzgados me hacen la vida imposible y debo presentar más recursos que otros abogados por los disparates que resuelven en mis causas”, afirmó Silvia Sevilla. La abogada de los campesinos denunciantes, Roxana Silva, fue categórica: “La echaron por cumplir con su deber. Todos sus fallos se ajustaron a derechos y aquí eso es un pecado. Nadie se puede meter contra el poder político y los empresarios sojeros”.En Formosa continúan utilizando glifosato. Ningún otro juez prohibió las fumigaciones.
link diario fuente.> http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/104144-32762-2008-05-14.html


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* nota de registromundo: gracias Poly por el recuedo del artículo y la cita: 13 de enero de 2009 21:16

Hambre de Soja este documental le permitirá descubrir la otra cara del cultivo de la soja transgénica en la Argentina. La soja permite aumentar la producción, pero produce la desertificación del suelo, una masiva contaminación ambiental, pérdidas irreparables en la biodiversidad de ambientes naturales, la desaparición de alimentos básicos y un aumento de la desocupación, el hambre y la indigencia. Direccion: Marcelo Viñas - imperdible!!!!

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