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14 de enero de 2009

Macri: vetó la ley de reforma de la emergencia habitacional




Miércoles, 14 de Enero de 2009
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EL PAIS › MACRI VETO LA LEY QUE FRENABA LOS DESALOJOS EN EDIFICIOS DEL ESTADO OCUPADOS POR FAMILIAS

Un veto que agrava la emergencia habitacional
La medida deja abierta la puerta para desalojar a las familias que ocupan viviendas en la traza de la ex AU 3, entre Belgrano y Villa Urquiza. El gobierno porteño tiene un plan para vender esas tierras para emprendimientos inmobiliarios.


Por Eduardo Videla

“Despacito, en silencio, se van haciendo desalojos”, dijo, en declaraciones radiales, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La frase –toda una definición en materia de política de vivienda del macrismo– acompañó el anuncio del veto a una ley aprobada días atrás por la Legislatura, que suspendía los desalojos en todos los edificios pertenecientes al Estado porteño ocupados por personas en situación de emergencia habitacional. Al firmar el veto, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, deja abierta la puerta para el desalojo de unas setecientas familias que ocupan la traza de la ex AU3, un conjunto de viviendas que fueron expropiadas para la construcción de una autopista que nunca se hizo y están ocupadas por familias desde hace más de veinte años. Sin embargo, en forma paralela, se conoció el fallo de una jueza porteña, Elena de Liberatori, quien ordenó la suspensión de los desalojos en toda la extensión de esa traza. Para catorce manzanas de ese tramo que van desde Villa Urquiza a Belgrano, el macrismo tiene prevista la venta de las tierras para la edificación de viviendas por parte de empresas constructoras e inmobiliarias.

“Hoy vetamos una ley que prohibía desalojar inmuebles que son propiedad del gobierno”, confirmó Rodríguez Larreta, en declaraciones a Radio Mitre. El presunto fallido daría cuenta de la confusión que existe en el Ejecutivo porteño, que asume como propio el patrimonio que es público. “Se evalúa caso por caso, no hay una solución única. Despacito, en silencio, se van haciendo desalojos”, argumentó.

La Legislatura había aprobado el 4 de diciembre último la Ley 2973 por la cual se suspendían los desalojos de inmuebles propiedad del Estado porteño mientas rija la emergencia habitacional, que por otra ley (la 1408) fue fijada hasta octubre de 2010. La norma también obligaba al Poder Ejecutivo a presentar dentro de los 90 días, un plan para solucionar progresivamente el déficit habitacional y creaba una comisión de seguimiento integrada por legisladores, varias ONG y la Defensoría del Pueblo, para garantizar el cumplimiento de ese plan.

La ley había sido aprobada por todo el arco opositor: 29 votos, incluidos ex macristas, contra 26 del bloque del PRO, que se opuso en forma unánime. Ahora, la Legislatura podría insistir con un rechazo al veto, pero para eso haría falta una mayoría especial de dos tercios del cuerpo, 40 votos que la oposición no podrá reunir.

El Estado porteño tiene un número no determinado de inmuebles que no utiliza y que están intrusados, pero el verdadero centro de interés está en la traza de la ex AU3, la autopista que iba a unir Núñez con Pompeya pero que no llegó a ser. El intendente de la dictadura, Osvaldo Cacciatore, expropió las viviendas, que quedaron abandonadas y fueron ocupadas por personas en situación de emergencia habitacional (ver recuadro). Un sector de esas viviendas fue desalojado, las viviendas se demolieron y se construyó allí un parque lineal, desde avenida Congreso hasta la General Paz, junto a la Avenida Roberto Goyeneche. La mira se dirigió entonces al tramo desde Congreso hasta Avenida de los Incas, catorce manzanas ubicadas entre las calles Donado y Holmberg. Para ese tramo, en la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, hay un proyecto de zonificación que permita construir allí viviendas de hasta cuatro pisos.

La ofensiva de los desalojos empezó en septiembre del año pasado. “El Ejecutivo dictó el decreto 1165 que establecía una serie de prestaciones en dinero, desde 6000 a 15.000 pesos, para las familias que abandonaran el lugar”, dijo a Página/12 la abogada Natalia Belmont, del grupo Enlace Cual Derecho, que asiste a las familias afectadas. “Desde entonces comenzaron las intimaciones a desalojos administrativos, es decir, no por la vía judicial”, agregó la abogada. Por esa razón, la organización presentó en diciembre un recurso de amparo en favor de las familias intimadas, al que la jueza Elena de Liberatori hizo lugar, ordenando la suspensión de los desalojos hasta que se den soluciones habitacionales para esas familias.

En forma paralela, la Legislatura aprobó la ley 2973. Y cuando ya era un secreto a voces que Macri vetaría esa norma, el diputado Facundo Di Filippo (Coalición Cívica) presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, presentó otro recurso, esta vez en favor de todos los vecinos que viven en la traza. El viernes último, en plena feria judicial, el pedido recibió el aval de la jueza Liberatori.

“Estamos ante la amenaza cierta a un derecho constitucional doblemente afectado por el gobierno de la ciudad –dijo la jueza, en su fallo–. Por un lado, porque no se han tomado recaudos acerca de dónde habrían de ser trasladadas las personas a desalojar, y sin contemplar qué sucede con los niños. Por el otro, tampoco le es respetado a esas personas su derecho a vivir al menos donde están, en la situación de precariedad absoluta en la que se hallan.”

Hace una semana, más de 30 organizaciones sociales le pidieron a Macri que no vetase la ley. La nota que firmaron el CELS, la APDH, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre otras, le reprocharon además su política en materia habitacional, en especial el proyecto de ley que le quita competencias que tenía el Instituto de Vivienda de la ciudad para otorgárselas a la Corporación Buenos Aires Sur (a la que se encomienda la urbanización de las villas del sur de la ciudad) y la creación de una Unidad de Intervención Social para atender problemas de infraestructura.



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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-118213-2009-01-14.html

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Miércoles, 14 de Enero de 2009
EL PAIS

Los vecinos a los que Macri quiere desalojar


Casi 700 familias viven entre las avenidas Congreso y De los Incas, uno de los tramos de la ex AU 3, que el gobierno porteño desde hace años anhela desalojar. Para Alberto Lacuesta, uno de los delegados del barrio, la situación de desidia habitacional se prolongó por décadas. “Vivo acá desde 1982, cuando la resolución 1050 de (José Alfredo) Martínez de Hoz me dejó sin casa, en la calle. Estaba desesperado y me enteré que las casas que se habían expropiado para hacer la autopista no estaban habitadas. Entonces, con mi mujer y los chicos nos mudamos ahí.”

Desde diferentes lugares, y por distintos motivos, fueron llegando los nuevos habitantes a esas casas. “En el ’83 perdí mi trabajo y ya no pude pagar el alquiler, entonces por la Unidad Básica de la zona me enteré que había casas vacías –contó a Página/12 Nicanor, uno de los primeros en establecerse en el barrio–. Casi al mismo tiempo, empecé con los arreglos de la casa, porque el lugar estaba destrozado.”

Según Lacuesta, del edificio en que vive “sólo quedaba la estructura, todo el resto de la construcción había sido tirado abajo”. Entonces, el delegado y un grupo de ocupantes empezaron a reconstruir la mayoría de las viviendas.

Sin embargo, todos los habitantes de la ex AU 3 viven desde entonces con el “miedo constante al desalojo”. Así lo relata Lacuesta: “Un año después que empezamos con la reconstrucción, una ordenanza –la Nº 3992– impidió que nos desalojen y permitió regularizar nuestra situación a partir del pago de un canon que, se suponía, posibilitaría que nos adjuducaran una vivienda”. Eso nunca pasó “Después con (Carlos) Grosso, en el ’90, se inició un proyecto para recuperar el sector, pero primero debían otorgarnos las viviendas. Tampoco esa propuesta se llevó a cabo”, contó Nicanor.

Los vecinos tuvieron que esperar casi 20 años para que, a partir de la ley 324, se creara una comisión que llevara una solución definitiva para el barrio. “Nos dijeron que teníamos cuatro opciones: la compra del inmueble con un crédito del Instituto de la Vivienda, un crédito para comprar una casa fuera de la traza, la construcción de viviendas por parte del Instituto o de cooperativas fuera de la zona o la autoconstrucción, sobre todo, para las personas de muy bajos recursos”, relató Lacuesta. Nada de eso se llevó a cabo y ahora, “con (Mauricio) Macri y sus desalojos la situación empeoró ciento por ciento”, lamentó Nicanor.

Informe: M. S.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/118215-37664-2009-01-14.html
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Miércoles, 14 de Enero de 2009
EL PAIS › LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EL INCENDIO DE LA BOCA PIDEN UNA SOLUCION

Reclamo después del fuego

Son nueve familias que perdieron el techo después de la tragedia del sábado, en la que murieron seis niños. Al final, el Ministerio de Desarrollo Social pagará el hotel donde fueron alojados y les dará un subsidio de 600 pesos hasta marzo.

Hombres, mujeres y, sobre todo, niños pequeños, todos habitantes del ex banco que se incendió el sábado pasado en La Boca, esperaron ayer durante más de tres horas en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social porteño una respuesta de las autoridades a su situación habitacional. “¿Cuándo vamos a poder vivir en una casa que sea nuestra? Antes del incendio, hicimos muchos reclamos para conseguir un plan. Parece que el gobierno quiere que volvamos a tomar otro edificio y ocurra una nueva tragedia”, lamentó Javier, un vecino de la vivienda familiar. Las familias viven en condiciones de total desamparo: por el momento están alojados en hoteles, pero perdieron todas sus pertenencias, no tienen dinero para comprar comida y muchos de sus hijos están enfermos. Para obtener una respuesta, las familias cortaron la avenida Entre Ríos durante media hora: luego, la administración PRO les aseguró a los damnificados que el gobierno les pagará hospedaje “por tiempo indeterminado”, según les dijeron, y les dará un subsidio de 600 pesos por dos meses a cada familia.

Cerca de las 12, una camioneta del BAP –un grupo de trabajadores sociales y psicólogos del gobierno porteño que asisten a personas en situación de calle– llegó a Entre Ríos y Pavón con ocho de las nueve familias que habitaban la ex sucursal que se incendió. “Desde el domingo, estamos en dos hoteles –uno en la calle Vieytes y el otro en Virrey Ceballos–. Pero es peor el remedio que la enfermedad: vivimos todos apretados en habitaciones de dos por dos. Por lo menos antes teníamos nuestras cosas y los chicos podían jugar en un lugar más grande”, aseguró Marcela, con uno de sus hijos en brazos y otro en camino, poco antes de iniciarse la odisea de reclamos para que los vecinos pudieran cobrar el subsidio.

Según Javier, el problema fundamental “es que el hotel donde nos alojaron está pago hasta hoy (por ayer), si no pagamos nos desalojan”. Militantes del comedor Los Pibes y del colectivo cultural Cruz del Sur acompañaron el reclamo de la familias en todo momento: habilitaron un lugar –Martín Rodríguez 1190– para recibir donaciones para las familias.

A las 12.30 empezaron las negociaciones entre los vecinos y los funcionarios porteños. “Nos ofrecieron 700 pesos por 10 meses a cada familia, cuando la habitación donde estamos cuesta 900”, se quejó Edgardo, uno de los que más trabajó en el rescate de sobrevivientes, la madrugada del sábado, con su brazo derecho vendado por las quemaduras.

Para poder cobrar el subsidio, los vecinos debían presentar fotocopia de todos los documentos de identidad de los integrantes de su familia, certificados de vacunas y de escolaridad y una acreditación de dos años de residencia en la ciudad de Buenos Aires. “Se ve que los funcionarios no se enteraron que en el incendio se quemó toda nuestra documentación”, dijo Marcela a Página/12. Ante la falta de soluciones concretas, las familias (cada una por separado) empezaron a reclamar que, además del subsidio, el gobierno porteño debía incluirlas en un plan de viviendas.

Entonces, una sorpresiva amenaza de bomba en el edificio derivó en un imprevisto desalojo, pero los únicos en salir fueron los vecinos de La Boca y otras personas que estaban tramitando otros reclamos. El personal administrativo continuó trabajando dentro del edificio, inmune a la amenaza. Fue entonces cuando las familias cortaron tres carriles de la avenida Entre Ríos. “Vivimos de mentira en mentira”, se escuchó gritar a Javier mientras hacía señas para que sus antiguos compañeros de vivienda se unieran al reclamo. Para Javier y su mujer, la situación a esa altura era clara: “El gobierno sabe que nosotros no queremos tomar otra casa porque tenemos miedo y, además, porque queremos pagar una vivienda que sea completamente nuestra –aseguró–. Por eso nos desalojan hasta del lugar donde deberían defendernos.”

Cerca de las 14, el corte ya era un hecho: miembros de la agrupación política Barrios de Pie se acercaron a la secretaría para reclamar con los vecinos de La Boca. Para Marcela, “la solución del gobierno debe ser total. Mi hija tiene asma en un grado muy avanzado y después del incendio nos quedamos sin el nebulizador y los remedios”.

Minutos después, una veintena de agentes del BAP aparecieron y retomaron las negociaciones con los vecinos. “El hotel lo pagamos nosotros, olvidate”, aseguró un funcionario. Sin embargo, los vecinos no se conformaron y las autoridades hicieron entrar nuevamente a las familias. “Nos aseguraron que pagarían el hotel por tiempo indeterminado y nos darían 600 pesos hasta marzo”, confirmó Edgardo con media sonrisa. Los padres de los seis chicos fallecidos estaban aparte. Ambos, con la única hija que sobrevivió a la tragedia, están viviendo en casa de familiares. Se sabe que recibirán un tratamiento diferente, que hasta el momento se desconoce.

Informe: Mariana Seghezzo.


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