Lo que circula por los medios

15 de mayo de 2009

MACRI: UN ESTADO CON FUNCIONES MINIMAS... HAY QUE PRIVATIZAR


Viernes, 15 de Mayo de 2009
ECONOMIA › MACRI PIDIO QUE SE PRIVATICE AEROLINEAS

El peor ejemplo

Por Fernando Krakowiak

OPINION

Pasaron casi veinte años desde que se sancionó la Ley de Reforma del Estado, que habilitó la privatización de las empresas públicas. El listado incluyó a ENTel, Segba, Obras Sanitarias, Aerolíneas Argentinas, YPF, ferrocarriles, subtes, puertos, rutas, canales de televisión, radios y el correo. Los activos se remataron a precio de liquidación. Fue una oportunidad única para capitales nacionales y extranjeros que vieron a las licitaciones como un coto de caza. Los años demostraron que en muchos casos la gestión privada no sólo no mejoró el servicio, sino que lo empeoró, obligando al Estado a retomar el control. Mauricio Macri tuvo un papel protagónico en esa etapa de desguace, ya que junto a su padre Franco obtuvo la concesión de distribuidoras de gas, corredores viales y el correo. En todos los casos incumplió los planes de inversión. Sin embargo, ayer pareció olvidar lo ocurrido en veinte años y se manifestó a favor de una vuelta de las privatizaciones. Eligió el peor ejemplo para justificar su pedido. Lo hizo argumentando en contra de la gestión pública que comanda desde hace pocos meses Aerolíneas Argentinas, una compañía que fue vaciada por el capital privado antes de su estatización.

“No nos hagamos cargo de lo que no podemos hacer con la plata de los contribuyentes. El Estado sólo debe dar educación, salud, seguridad y justicia”, aseguró Macri. El jefe de Gobierno de la Ciudad formuló esa declaración al comentar un artículo del diario La Nación donde ayer se informó que el Estado pierde 4 millones de pesos por día por mantener operativa la línea aérea. “La pérdida de Aerolíneas Argentinas seguirá y cuando se sepa la magnitud de la deuda será un escándalo”, sostuvo.

Luego se pronunció a favor de volver a privatizar la empresa: “El Gobierno debería haber hecho cualquier cosa menos administrarla. Si no puede manejar el índice de precios, no puede manejar nada. Hay que buscar otra gestión. Yo nunca la hubiese estatizado. Es un disparate”. Fue en ese contexto cuando remarcó que un Estado “inteligente” es aquel que se limita a dar educación, salud, seguridad y Justicia, emulando el discurso neoclásico hegemónico en la década del 90. Por entonces, se adhería a la idea de que Estado debía restringirse a sus funciones mínimas y transferirles a los privados todo aquello que pudieran explotar rentablemente, bajo el supuesto de que aportarían capitales y gerenciamiento eficiente.

El encargado de responderle a Macri fue el gerente general de la aerolínea de bandera, Julio Alak. “El Estado tuvo que hacerse cargo de Aerolíneas porque los privados que la administraron la vaciaron y cometieron delitos que la Justicia está investigando”, afirmó el directivo. Luego agregó que “Macri pretende desconocer que la privatización de Aerolíneas llevó a la empresa a la ruina económica, que contempló una convocatoria de acreedores en el 2000 y luego la virtual quiebra en 2008, con la suspensión de los servicios”. En lo que respecta al déficit operativo de la firma, Alak indicó que “en junio de 2008 la pérdida mensual era de 230 millones de pesos, mientras que en el primer trimestre de 2009 el déficit se redujo, en promedio, a 55 millones mensuales”.

Efectivamente, Macri no eligió un buen ejemplo para reclamar nuevas privatizaciones. Aerolíneas Argentinas es un caso paradigmático de vaciamiento empresario. A fines de 1990, el gobierno de Carlos Menem le vendió la empresa a la estatal española Iberia. La compañía se transfirió sin ningún pasivo, ya que antes el Estado absorbió su deuda. Los españoles pagaron 1610 millones de dólares en títulos públicos y apenas 260 millones en efectivo, con la particularidad de que para conseguir el dinero se endeudaron y transfirieron el pasivo a la cuenta de Aerolíneas.

El objetivo de los españoles era expandirse en la región para poder competir con las gigantes europeas y estadounidenses que dominaban el mercado global. Sin embargo, el plan no funcionó y en 1994 negociaron con Menem para que el gobierno argentino renunciara a la “acción de oro”, que le permitía fiscalizar las decisiones estratégicas y la venta de activos.

A partir de entonces, los españoles comenzaron a liquidar prácticamente todo. Vendieron oficinas comerciales en el país y el exterior, los simuladores de vuelo y las 28 aeronaves que conformaban la flota. También desmantelaron los talleres y levantaron decenas de rutas y escalas. La situación no mejoró y en el año 2000 se declararon en convocatoria de acreedores. La lucha de los trabajadores y el apoyo de gran parte de la población fue fundamental para evitar la quiebra.

Finalmente, en octubre de 2001 el gobierno español le vendió la empresa a un consorcio liderado por la compañía turística Marsans por apenas un euro y antes tuvo que aportar casi 700 millones de dólares. Pese a ello los problemas siguieron porque los nuevos dueños nunca invirtieron el dinero que habían prometido, hasta que a fines del año pasado el Estado se tuvo que hacer cargo de la compañía para evitar su cierre.

La Auditoría General de la Nación estableció entonces que Aerolíneas Argentinas había quedado, luego de dieciocho años de gestión privada, con un patrimonio negativo de 2500 millones de pesos y un pasivo estimado en 890 millones de dólares. Ahora, Mauricio Macri reclama nuevamente la privatización y acusa de ineficiente al Estado, que hace apenas unos meses retomó el control de la empresa.

fkrakowiak@pagina12.com.ar



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Domingo, 19 de Noviembre de 2006 Hoy


ECONOMIA › SE CUMPLEN TRES AÑOS DE LA REESTATIZACION DEL CORREO OFICIAL

¿Alguien extraña el correo de Macri?
El 19 de noviembre de 2003 el Gobierno dictó el decreto que anuló la privatización del Correo. Se convirtió en un caso testigo de fracaso de gestión privada y resurgimiento estatal.


Por David Cufré

En el ranking de privatizaciones escandalosas, la del Correo puede aspirar a un lugar en el podio. El Grupo Macri se hizo cargo del servicio en septiembre de 1997 para operarlo por treinta años. El concesionario prometió extender la cobertura, acortar los plazos de entregas, superar ineficiencias del Estado y abonar un canon de 103 millones de pesos al año. Apenas 4 años y un mes más tarde, la empresa se presentó en convocatoria de acreedores con una deuda de 740 millones de dólares, de los cuales más del 60 por ciento eran con el Estado. En ese lapso, la compañía había aumentado tarifas, cerrado más de un centenar de sucursales e iniciado un declive que la llevó a un piso de participación de mercado del 33,4 por ciento. Hoy se cumplen tres años del final de esa historia, con el decreto que marcó la reestatización del Correo.

Si es por escándalos e incumplimientos de contrato, el Gobierno tenía margen para avanzar bastante más con esa política, pero decidió acotarla a otras tres anulaciones de concesión –Aguas Argentinas, Metropolitano y Thales Spectrum– y al ingreso del Estado como socio minoritario en otras dos compañías –Aeropuertos 2000 y Aerolíneas Argentinas–. La destrucción de las empresas públicas a partir de la dictadura y el desprestigio que acumularon en los ’80, con la colaboración de quienes aspiraban a quedarse con ellas, tuvo su contracara de “desilusión” –para sus promotores– con los operadores privados.

El Correo es un caso paradigmático de una privatización que fracasó y con ella el discurso que generó consenso en la opinión pública para identificar linealmente lo público como ineficiente y lo privado como virtuoso. El contraste es aún mayor por los buenos resultados que logró la administración estatal en poco tiempo. Tal vez por eso el Gobierno desistió de volver a concesionarla.

El decreto 1075 de 2003 que hoy cumple tres años establecía que la empresa sería reprivatizada al término de 180 días. Pero a ese plazo se agregó una prórroga de otros seis meses y después se encadenaron dos más, hasta el 31 de julio de 2007. En medio de la campaña electoral, nadie supone que el Ejecutivo vaya a desdibujar ese capital político con una licitación, por lo que cabe esperar una nueva postergación.

Los números del Correo Oficial de la República Argentina S.A. (Corasa), como pasó a llamarse, son elocuentes:

u En 2004 obtuvo ganancias por 54 millones de pesos, en 2005 por 41 millones y para 2006 se proyectan 18,3 millones.

u La facturación saltó de 513,4 millones en 2003 a 530,8 millones en 2004. Creció a 654,9 millones en 2005 y se estiman 730 millones en 2006.

u La participación de mercado dibujó una U desde 2000 a la fecha. En ese primer año, la empresa administrada por el Grupo Macri dominaba con 38,1 por ciento de participación. En 2002 bajó a 36,8 y en 2003 tocó un piso con 33,5. En 2004, con la nueva gestión, trepó a 35,0 por ciento y el año pasado volvió a 38,4.

El titular del Correo Oficial, Eduardo Di Cola, destacó que desde 2003 no hubo aumentos de tarifas minoristas, y la empresa no recibió aportes del Tesoro Nacional. Para marcar diferencias con los años ’80, el funcionario señaló que en estos tres años la incorporación de personal fue de apenas el 4 por ciento, hasta un total de 12.800 trabajadores. “La productividad por empleado creció muchísimo”, valoró, y se apoyó en un informe de la cámara de correos privados, Aeca, que dice textualmente: “Que Corasa, con el 38 por ciento del mercado, ocupe el 40,7 por ciento del personal es un resultado aceptable en cuanto a eficiencia laboral”. Las 23 empresas privadas más grandes, por su parte, detentan el 31 por ciento del mercado y ocupan al 30,1 de los trabajadores de la actividad.

–¿Cuál es el cambio más notable que pueden advertir los usuarios entre la etapa de Macri y la actual? –preguntó Página/12 a Di Cola.

–Ganamos en confiabilidad, porque somos más eficientes. Por eso revertimos la tendencia de pérdida de participación de mercado. Además, crecimos en otros servicios, como call centers, cobranzas, clearing bancario y logística. En este rubro, multiplicamos por siete nuestra facturación desde 2003. Pero, sobre todo, cumplimos el rol de empresa testigo. Nuestra carta simple vale tres veces menos que la de la competencia.

Di Cola explicó la caída en las ganancias como consecuencia del congelamiento de las tarifas y la suba de los costos laborales, que representan el 60 por ciento del total de la compañía. “Somos un servicio público, no nos guiamos por el lucro, aunque tampoco queremos perder plata”, evaluó. También reconoció como “un poco injusto” que el mercado siga desregulado y los privados operen sólo en las zonas rentables y el Correo Oficial en todo el país, pero dijo que “el sector se desarrolló así”. Por esa misma razón, sostuvo que “hay que ir despacio” con la apertura de nuevas sucursales, que fueron muy pocas desde la reestatización.



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http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-76432-2006-11-19.html


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El Correo de Macri, en quiebraLa ex concesionaria postal fue declarada en liquidación. Es porque el juez dice que no tiene activos para enfrentar deudas por $ 900 millones. Le prohíben salir del país a Franco Macri y a otros ejecutivos.

Pablo Abiad


La Justicia dictó ayer la quiebra de Correo Argentino Sociedad Anónima, la firma del Grupo Macri que hasta el mes pasado tenía la concesión del servicio postal oficial. En su resolución, el juez Eduardo Favier Dubois prohibió al empresario Francisco Macri salir del país.

Correo Argentino estaba en concurso preventivo desde setiembre de 2001, con una deuda de más de 900 millones de pesos repartida entre 850 acreedores diferentes. La quiebra se basa en que el plazo que se le concedió para arribar a un acuerdo con esos acreedores está vencido.La fecha fijada había sido la del 9 de octubre último. Antes de que se cumpliera, Correo Argentino había pedido una prórroga, que Favier le negó; entonces la empresa apeló y consiguió que la Cámara analizara una postergación. Pero hace diez días —como adelantó Clarín— la Sala B decidió rechazar cualquier postergación y dejó al juez con dos posibilidades: decretar la quiebra o abrir el proceso de cramdown.Este consiste en una especie de salvataje, incorporado a la Ley de Quiebras, por el cual un acreedor o un tercero puede hacer ofertas para quedarse con la empresa concursada. En otra resolución dictada ayer, el juez descartó la utilidad de usar esta figura teniendo en cuenta que la única actividad de Correo Argentino era la concesión del servicio postal, que perdió por decreto, y que hoy no tiene activos de importancia.La decisión oficial de quitarle a Macri el Correo se tomó el 18 de noviembre. Uno de los argumentos fue el atraso en el pago de los cánones, una deuda por más de 300 millones. Hoy el correo oficial es administrado por el diputado Eduardo Di Cola; en poco menos de seis meses se volvería a privatizar. Al estar el servicio hoy controlado por el Estado, la decisión de ayer no lo afecta.En uno de sus últimos escritos en la causa por su concurso, los Macri habían insinuado que querían reconvertir a esta empresa en una consultora internacional. Pero el juez les respondió ayer que esta voluntad nunca se plasmó en el expediente judicial."Como consecuencia del desapoderamiento administrativo derivado de la rescisión de la concesión, (Correo Argentino) carece de los bienes materiales e inmateriales organizados para la explotación", sostuvo el juez Favier Dubois. Y agregó que, "sobre tal base", el salvataje "no tiene razón de ser" y no queda otro camino que dictar la quiebra.Además de Macri, no pueden salir del país el presidente de Correo Argentino, Roberto Maffioli, el vice, Jorge Aguado, ni el director titular, Manuel Sobrado.El próximo debate en el expediente será cómo pagar a los acreedores. Para eso deberán liquidarse los activos del Correo, que —sin la concesión— por lejos no van a alcanzar los 900 millones. A menos que la quiebra se extienda a otras empresas del Grupo Macri, no todos los acreedores van a poder cobrar.

http://www.clarin.com/diario/2003/12/17/p-02401.htm

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Miércoles, 8 de Octubre de 2003 Hoy

Macri, el hombre de los mil millones

Se sabe del incumplimiento del canon y también de la mora por créditos del Banco Nación. Ahora se conoce también, según documentación a la que tuvo acceso exclusivo Página/12, que la AFIP le reclama a Correo Argentino una deuda de 528 millones de pesos. Esa intimación se basa en el aprovechamiento indebido de la rebaja de aportes patronales de Cavallo. En total Macri le debe 1000 millones al Estado, todo un record.

Por Maximiliano Montenegro

Fue un hombre record: en negocios mágicos, mujeres hermosas o vínculos con los inquilinos de la Casa Rosada (militares o políticos, daba lo mismo) siempre estuvo al tope de la lista de empresarios vernáculos. Hoy, Franco Macri ostenta otro record: es la persona que más dinero le debe al Estado argentino. En números redondos, a través de Correo Argentino, adeuda al fisco 1000 millones de pesos. Sí, mil millones, el doble de lo que se conocía hasta ahora oficialmente. Ayer trascendió que el juez en lo comercial Eduardo Favier Dubois rechazó el pedido formulado por Macri para extender el plazo de renegociación del pasivo de Correo Argentino con sus acreedores, con lo cual la empresa quedaría a un paso de la quiebra. La gran incógnita es si ésta no era en definitiva la estrategia de Macri, que dejaría así otra millonaria factura en cabeza de todos los argentinos (ver aparte).
La historia puede ser dividida en partes.
Uno. Es conocido que por la concesión de Correo Argentino Macri adeuda al Estado 408 millones de pesos por incumplimientos del canon desde septiembre de 1999.
Dos. A esa cuenta hay que sumarle una factura algo menos conocida: 60 millones (sin contar intereses) en préstamos del Banco Nación, cuyo pago cesó hace más de 1000 días.
Tres. Lo que hasta ahora casi nadie conoce es la multimillonaria intimación que recibió el 8 de septiembre último el Correo de Macri de parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Según la AFIP, la deuda del empresario “en concepto de contribuciones patronales” asciende a un monto total de 528 millones de pesos.
Sumando uno, dos y tres, se superan los 1000 millones de pesos, lo que convierte al Estado en virtual “socio mayoritario” del empresario más famoso de la Argentina.
En este punto, hay que volver a la intimación de la AFIP, tan reciente que todavía no fue incluida entre los acreencias de la convocatoria judicial de Correo Argentino.
De acuerdo a las actas labradas por el organismo recaudador, el 8 de septiembre pasado, dos funcionarios de la División de Fiscalización Externa de Grandes Contribuyentes se hicieron presentes en la Av. Paseo Colón 746, PB, domicilio fiscal de Correo Argentino SA. Allí fueron recibidos por el “Sr. Eduardo Borda, apoderado administrativo especial” de la empresa, a quien le entregaron dos facturitas.
Con el primer documento, los funcionarios intervinientes notificaron al apoderado del “Acta de inspección Nº 046941”, mediante la cual se determinó una deuda en concepto de “Decaimiento del Beneficio de Reducción de Contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social” por la suma de $ 164.576.117,14 (Pesos ciento sesenta y cuatro millones, quinientos setenta y seis mil, ciento diecisiete, con 14 centavos).
La segunda nota era el “Acta de Infracción Nº 046942”, que establece una multa, de acuerdo al régimen sancionatorio vigente –al cual se allanan todos los mortales– por la suma de $ 363.871.648,68 (Pesos trescientos sesenta y tres millones, ochocientos setenta y un mil, seiscientos cuarenta y ocho, con 68 centavos).
En total, entre deuda y multa, 528.447.765,82.
Eduardo Borda, como apoderado de Macri, firmó la recepción de ambas actas sin que le temblara el pulso.
El 9 de septiembre, las principales áreas de la AFIP (Recaudación y el Departamento Técnico Legal de Grandes Contribuyentes) fueron informados por la División de Fiscalización Externa de la actuación realizada el día anterior.
La intimación de la AFIP a Macri es similar a la efectuada hace dos meses, como reveló Página/12, a los principales concesionarios viales -entre los que se encuentra también Macri– por una deuda de 140 millones de pesos. El organismo recaudador sostiene que el empresario se aprovechódel régimen de rebaja de aportes patronales dispuesto por Domingo Cavallo a partir de 1993. De acuerdo al decreto 292/95, las empresas privatizadas o concesionarias de servicios públicos sólo podían acceder al beneficio si presentaban un plan de reducción de las tarifas basado en la baja de los costos laborales, el cual debía ser aprobado por el ente regulador. De esa manera se buscaba que la disminución impositiva en el caso de los servicios no redundara en más utilidades para los empresarios, sino que fueran transferidas a los usuarios y consumidores.
Sin embargo, según la AFIP, Macri no cumplimentó el requisito y rechazó los argumentos esgrimidos por el empresario en un nota previa a la intimación, del día 4 de setiembre.
De otro modo: el empresario se aplicó unilateralmente la baja impositiva, dio las gracias a Cavallo y mejoró en cientos de millones sus ingresos. A nadie puede sorprenderle que, para completar la maniobra, durante el gobierno de Menem y de De la Rúa, la AFIP silbara bajito, y mirara para otro lado.


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