Lo que circula por los medios

8 de julio de 2009

El dictamen judicial "demuestra que el gobierno de Macri no sólo es ineficiente, sino también corrupto"




08-07-09 | Argentina

La Justicia ordenó suspender las obras contra las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires


Se trata de la construcción de los canales aliviadores del entubamiento del arroyo Maldonado, obra que para ciertos legisladores de la oposición presenta irregularidades administrativas y provocará daño ambiental


El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1 de la Ciudad, Vicente Cataldo, aceptó un recurso de amparo presentado por los diputados de la Coalición Cívica (CC) Sergio Abrevaya, Facundo Di Filippo y Milcíades Peña (mandato cumplido).

El magistrado frenó las obras porque se modificaron las condiciones originales del proyecto aprobado por la Legislatura en 2005 en cuanto a su financiamiento y también a su infraestructura.

El dictamen judicial "demuestra que el gobierno de Macri no sólo es ineficiente, sino también corrupto", expresó Abrevaya, presidente de bloque de la CC, en conferencia de prensa.

En los informes presentados al juez Cataldo, los legisladores consideraron que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, incrementó "de manera inconsulta" en 70 millones de pesos el precio de las obras, que habían sido otorgadas en una licitación a la empresa Ghella Italiana por 495 millones de pesos.

Los documentos aceptados por la Justicia, además, aseguran que el emprendimiento ocasionará un "serio daño ambiental" sobre el acuífero Puelche, que abarca la Ciudad y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Las perforaciones, estipuladas originalmente en 31 metros en un pozo trifolio, fueron llevadas a 48 metros, en un único pozo, por el Ejecutivo, que a criterio de Abrevaya "no puede arrojarse facultades propias del Legislativo" sino "atenerse a la Ley 1.660", que estableció en 2005 las condiciones de la obra.

"Sin duda, la modificación es de importancia, no sólo en cuanto a su mayor costo, sino en cuanto a la distinta obra física que requiere; en especial, es de notar que mientras la profundidad del pozo trifolio original (31 metros) no alcanzaba la cota del Acuífero Puelche, la del pozo único (48 metros) la superaba", explicó el juez en su resolución, a la que accedió DyN.

El magistrado señaló que "no se ha podido ubicar ningún acto administrativo que autorice esa modificación".

"Estamos ante un grave hecho de corrupción económica y ambiental", aseveró Peña, uno de los autores del amparo.

Según los legisladores, la empresa Ghella Italiana "se asoció" para encarar las obras con la compañía IECSA, que hasta hace poco tiempo tuvo en la presidencia a Franco Macri, padre del jefe de gobierno porteño, y que en la actualidad encabeza Angelo Cataterra, "uno de sus parientes".

El arroyo Maldonado atraviesa la Ciudad debajo de la Avenida Juan B. Justo y desemboca en el Río de la Plata, a la altura de Costanera Norte, donde se iniciarían los trabajos de los canales aliviadores.

El juez consideró que el caso reviste un "interés público" de "importancia vital" ya que trata de una obra que busca "dar solución a las inundaciones", porque "el compromiso del erario público es elevado, lo que obliga a extremar las precauciones para asegurar su disposición clara y transparente" y por el impacto ambiental.

La decisión judicial es hasta tanto el juez resuelva de manera definitiva el pedido de los legisladores.

http://www.infobae.com/contenidos/459180-100884-0-La-Justicia-orden

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Las obras del Maldonado están próximas aconvertirse en el Yacyretá porteño, dijo Ibarra
El legislador porteño apoyó la medida cautelar del juez Vicente Cataldo de suspender las obras ...
La resolución firmada por el titular del Juzgado N° 1 de la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, ordena al Gobierno de la Ciudad a suspender las obras del Maldonado debido a las modificaciones aplicadas por el Gobierno de Macri.

Tras conocer la medida, el ex Jefe de Gobierno manifestó que “las modificaciones al proyecto original hechas por Macri están llenas de irregularidades”.

“La obra del Maldonado la hace una empresa (Ghella) que es socia de una empresa del grupo familiar de Macri (Iecsa). No sólo está en duda el impacto ambiental que pueda generar el gigante pozo que hicieron, sino que las modificaciones al proyecto original significan pagar un sobreprecio escandaloso. Si a eso se suma que el control de las obras está viciado de irregularidades podemos concluir que las obras del Maldonado están próximas a convertirse en el Yacyretá porteño” finalizó Ibarra.

Anteriormente, Aníbal Ibarra había hecho un informe acerca de las irregularidades en las obras del Arroyo Maldonado. Publicado en su sitio web: hacer clic aquí




Arroyo Maldonado: Haciendo (negocios con) Buenos Aires.

Por Aníbal Ibarra y Fernando Renzi.



Arroyo Maldonado: Haciendo (negocios con) Buenos Aires.
La Ciudad de Buenos Aires tiene dos frentes de inversión en obras de envergadura estructural: subtes e inundaciones. De las obras para mitigar el efecto de las lluvias, la más importante es hoy la del arroyo Maldonado.
La gestión de Mauricio Macri se ha caracterizado en este último año y medio por la transferencia de recursos públicos al sector privado a través del pago de sobreprecios, adelantos financieros y redeterminaciones de precios. La obra del arroyo Maldonado no sólo es parte de este esquema, sino que muestra directamente cómo el Jefe de Gobierno hace negocios con el dinero de todos los ciudadanos.
El Acuerdo Macri-Telerman
El 1° de marzo de 2004, Aníbal Ibarra anunciaba a la Legislatura que se estaba “cerrando un préstamo directo con el Banco Mundial, por u$s 150 millones, para las obras de mitigación de inundaciones en el Arroyo Maldonado, debajo de la Avenida Juan B. Justo.” Poco después, el 2 de diciembre, envía el proyecto de ley para aprobar el convenio con el BIRF, finalmente por u$s 130 millones, por el que además se declaraba de utilidad pública una serie de terrenos destinados a la puesta en marcha de las obras. Dicho proyecto fue convertido en ley el 17 de marzo de 2005, y promulgado por el Ejecutivo a través del decreto 477/05, publicado en el Boletín Oficial del día 19 de abril de ese año.
Ese mismo año, la Ciudad concluía la que hasta ese momento había sido la obra hidráulica de mayor importancia, el canal aliviador del arroyo Vega, que históricamente había generado inundaciones en el barrio de Belgrano.
Aníbal Ibarra fue suspendido de sus funciones en noviembre de 2005, por un acuerdo entre distintos sectores políticos que aprovecharon la tragedia de Cromañon para repartirse el Gobierno, en especial los sectores encabezados por Telerman y Macri.
Lamentablemente, no sólo se trató de repartirse el Gobierno, sino de posicionar a las empresas de la familia Macri en las obras públicas de la Ciudad, y de comenzar a generar las condiciones para hacer negocios a costa de los ciudadanos, proceso que fue acentuado una vez que Macri llegó a ocupar la sede de Bolívar I.
El grupo Macri ha tenido a lo largo de los años distintos emprendimientos, llevados a cabo a través de distintas empresas. Durante la última Dictadura Militar, por ejemplo, el grupo se quedó con una parte del contrato de la Basura a través de la conocida empresa Manliba, negocio que renegoció durante la gestión de un ex gerente de Socma como Carlos Grosso y al que intentó volver a participar a través de a empresa Iecsa, sin éxito, en el año 2004 (la licitación la ganaron otras empresas).
Decíamos arriba que el acuerdo Macri-Telerman no sólo implicó el “loteo” del Gobierno de la Ciudad (el macrismo colocó al Ministro de Economía y al de Obras Públicas, así como al Director General de Educación Privada, por ejemplo), sino que posicionó mejor a la empresa de la familia Macri, Iecsa, que logró no sólo algunos contratos para obras públicas, sino algunos privilegios dignos de destacar.
Con fecha 22 de mayo de 2007, Telerman firma dos decretos: el 737/07 y el 738/07, por el que adjudica a la empresa Iecsa la obras de los cruces bajo nivel la calle Punta Arenas y de la Avenida Mosconi, respectivamente, con las vías del Ferrocarril Urquiza. Los montos de las obras fueron de $ 22.113.000 para la primera de ellas y de $ 26.146.000 para la segunda.
Hasta aquí nada que pueda parecer extraño. Cabe agregar que, para evitar justificadas impugnaciones a la candidatura de Mauricio (la Constitución de la Ciudad establece claramente la incompatibilidad entre el cargo de Jefe de Gobierno y la participación en empresas contratistas) su padre anunció al inicio de la campaña electoral la venta de Iecsa en la Comisión Nacional de Valores.
Ahora bien, ¿se desprendió Macri de Iecsa? Hay que tener en cuenta un par de cosas: la “venta” de la empresa fue concretada al primo hermano de Mauricio, Angelo Calcaterra, en algo así como 61 millones de dólares, e incluía el 51% de las acciones de otra empresa del grupo, Creaurban, que entre otros negocios construye torres en Puerto Madero. Además, la venta se pactó en cuotas que se pagarán hasta el año 2014, por lo que Mauricio podría recuperar la empresa familiar si es que su primo decide dejar de pagar en algún momento, algo en lo que la familia ha hecho escuela, en el Correo para mencionar un caso.
Lo importante es apreciar que pocos meses antes de concretarse esa operación, la empresa Iecsa había comprado la mitad del paquete accionario de Calcaterra S.A. Es decir, la familia acostumbra hacer estos pases de manos de las empresas a su cargo y todo parece indicar que los Macri siguen manejando Iecsa.
Haciendo negocios con Buenos Aires
El acuerdo entre Macri y Telerman dio sus frutos rápidamente. La Ciudad, que hasta entonces había sido gobernada sin déficit y que había generado un fondo anticíclico para no repetir la experiencia de 2002, expandió en forma audaz sus gastos corrientes a fin de soportar una estructura de cargos mucho mayor, producto de los acuerdos legislativos del nuevo Gobierno. El superávit pronto desapareció, y lo que también desapareció fueron los fondos ahorrados para épocas de crisis, a pesar de que la economía (y los recursos de la Ciudad) crecían a tasas altísimas.
Esto produjo un cierto ahogo de las cuentas públicas hacia el final del Gobierno de Telerman, que una vez que perdió las elecciones tuvo que decidir la suspensión de muchas obras públicas y enviar un proyecto de ley a la Legislatura para hacer efectivos esos cambios (la ley se aprobó con el número 2407). Extrañamente, las modificaciones presupuestarias, que por supuesto también aprobó el macrismo, incluían un aumento de recursos destinados a obras de pasos bajo a nivel por $ 5.105.194.
Las obras adjudicadas a Iecsa no comenzaron en 2007, pero gracias a un párrafo introducido en el pliego de licitación se otorgó a la empresa la posibilidad de cobrar $ 7 millones en concepto de adelanto financiero. Esa práctica fue generalizada por el Gobierno de Macri a través de la Resolución 276-MDU-08, que establece la facultad de pagar hasta un 25% de los contratos de obra pública por adelantado (15% en concepto de acopio de materiales y 10% en concepto de adelanto financiero).,
Además, el Ministro de Desarrollo Urbano otorgó a la empresa Iecsa una ampliación del plazo de la obra en Punta Arenas de 273 días (el contrato establece un plazo de 360), el día 6 de agosto de 2008.
Es decir, mientras no había plata para otras cosas, había para adelantar dinero para obras (que no habían sido iniciadas) a una empresa de la familia de quien para ese entonces ya había sido electo Jefe de Gobierno.
La relación de negocios entre Macri y Telerman, y la vinculación con las empresas de la familia no termina ahí. El Ministro de Economía de Telerman (uno de los principales responsables del pago a las empresas mencionadas de los adelantos financieros) pasó a ocupar un cargo en el directorio del Banco Ciudad, en el que hasta finales de 2007 se desempeñó quien ahora es Ministro de Economía de la Ciudad, Néstor Grindetti, que fue además Director de Iecsa y vicepresidente de Creaurban, cargos para los que es necesario además ser accionista. Por su parte, el Ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, trabajó en las firmas Socma (otra empresa del Grupo Macri) y Sideco, en la que fue gerente, y el Secretario Legal y Técnico de la Ciudad, Pablo Clousellas, fue síndico de la empresa Creaurban.
La generalización de los adelantos financieros, que posibilitó por ejemplo el pago de $ 75 millones a dos empresas contratistas en el subte por obras que un mes después se decidieron posponer, es uno de los pilares de la política económica del Gobierno de Mauricio Macri. El otro es un esquema de redeterminaciones de precios que permite el pago a cuenta de las mismas en forma provisoria. El pago de adelantos y redeterminaciones, además por supuesto de las adjudicaciones de las obras y cualquier modificación que sufran los contratos, depende de los funcionarios mencionados más arriba.
Dicho de otra manera, cualquier adelanto financiero, redeterminación de precios o modificación del contrato que lo haga más barato u oneroso depende de funcionarios que provienen de las empresas familiares del Jefe de Gobierno, quien no podemos afirmar que aún se haya desprendido de ellas.
Cabe mencionar que la empresa Iecsa resultó adjudicataria de la obra de canales aliviadores de la Cuenca Erézcano, en el sur de la Ciudad, a través de un decreto que firmó Telerman a menos de un mes de dejar el Gobierno, por un monto de $ 89.634.107,30. A un año de adjudicada la obra el Ministro Chaín ya aprobó mediante la Resolución 873/08 del Ministerio a su cargo una solicitud de redeterminación provisoria del contrato.
Este es el marco en el que se desarrollan las obras públicas de la Ciudad. Un marco en el que se puede detener todas las obras en el subte pero pagar adelantos financieros. En el que se puede hacer retroceder la participación de salud y educación en el presupuesto a la vez que se utilizan los recursos votados para esas áreas por la Legislatura para reparar veredas, mientras se encuentran los recursos para sostener financieramente a las empresas contratistas de obras públicas. En el que la principal obra de infraestructura que queda en pie está en manos de una empresa vinculada al Jefe de Gobierno.
La obra del Maldonado, Yaciretá porteño: el pozo de los cien millones de pesos
El 14 de febrero de 2008 el Jefe de Gobierno firma el decreto 121/08 que adjudica a la firma Ghella el contrato para las obras de los túneles aliviadores del arroyo Maldonado, por un monto total de $ 279.353.720,73 más u$s 56.874.225, que al cambio del momento en que se hizo la oferta rondaba los u$s 150 millones. La empresa, de origen italiano, había competido con los consorcios de empresas Odebrecht-Supercemento y SELI-Dycasa, que habían ofertado montos muy superiores, de u$s 280 millones y u$s 202 millones, respectivamente.
Para ese entonces no sólo había una enorme disparidad entre las ofertas: la empresa Ghella ya no actuaba sola. Se había fusionado con Iecsa, según anunció Calcaterra en noviembre de 2007, y había formado ODS. A pesar de que tanto Ghella como Iecsa informaron al diario Clarín (nota del 8 de marzo de 2008) que Iecsa no tenía nada que ver con la obra del Maldonado, el gerenciamiento de ODS quedó en manos de Calcaterra.
Es decir, no sólo se asoció una empresa familiar de los Macri con la empresa italiana a cargo de la obra del Maldonado. Al frente del consorcio que tiene a su cargo la obra de infraestructura más importante que está llevando a cabo la Ciudad en este momento (en parte debido a la paralización de las obras del Subte), está el primo del Jefe de Gobierno.
Por otra parte, el Decreto 542/08, del 13 de mayo de ese año, aprueba la Licitación de servicios de consultoría para la inspección y control de las obras, al consorcio integrado por las firmas Geodata y CADIA. Geodata, empresa con sede en Torino, ha supervisado obras de su compatriota Ghella en Italia y otras partes del mundo, integran el directorio de la Sociedad Italiana de Tunelería y se han asociado para participar en licitaciones en forma conjunta.
Difícil que se controlen demasiado, pero para esto el Gobierno de la Ciudad designó a través de la Disposición N° 4 - DGOING/08 como Director de Obra en representación del Gobierno de la Ciudad al Ingeniero Eduardo Cohen. La Disposición fue firmada por el Director General de Obras de Ingeniería Roberto Walter Klix.
El contrato con la UTE Geodata-Cadia se paga por horas trabajadas, así sea en Buenos Aires o en Torino, algo también difícil de controlar.
Paralelamente, y al poco tiempo de firmarse un contrato que incluía más de 600 especificaciones técnicas (entre las especificaciones técnicas se encontraban las que daban los detalles de los 3 pozos de ataque, las que fueron plenamente aceptadas por Ghella. Además, todo el proyecto de obra –incluyendo estos 3 pozos- fue realizado por un consorcio internacional líder en estas obras de ingeniería y su óptimo funcionamiento fue chequeado a través de un modelo físico a escala que construyó y operó el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Nacional de La Plata), desde el Gobierno de la Ciudad se solicitó a la contratista que “se evaluaran alternativas para acelerar los pasos de ejecución.”
Tan solo un mes después, la empresa presenta un proyecto de modificación por el que en lugar de los tres pozos circulares de 14,40 metros de diámetro y 3 metros de profundidad (unidos en triángulo por paredes comunes), propuso la construcción de un único pozo circular de aproximadamente 40 metros de diámetro y 35 de profundidad.
Entre las condiciones para el otorgamiento del crédito se encuentra la contratación de Expertos Internacionales en la materia, que se manifestaron en contra de las modificaciones realizadas al contrato por tratarse de una mala solución desde el punto de vista técnico y, además, más cara.
La modificación haría ganar supuestamente a la obra 5 meses de tiempo.
Nos permitimos poner en duda la “autoría” del pedido de modificación. Lo cierto es que las modificaciones, sugeridas por quien sea, implican un costo adicional de las obras de entre $ 50 millones y $ 100 millones, que por supuesto no tienen nada que ver con la licitación de la que participaron otras empresas.
Adelantos financieros, modificaciones de los contratos, funcionarios de un Jefe de Gobierno que han sido empleados de las empresas que tienen a su cargo la obra y que el día de mañana pueden volver a ser de su dueño original (algunos dicen que los Calcaterra son “calcaterros” de Macri), modificaciones presupuestarias para generar con la tierra una península que pueda originar, como Puerto Madero, negocios para Creaurban y Caputo, consultoras encargadas de controlar a una empresa del mismo país de origen, redeterminaciones de precios de por medio. Probablemente la obra del Arroyo Maldonado supere en términos de costos y de negociados lo que nuestra imaginación puede alcanzar. Como si Yaciretá, monumento nacional a la corrupción, estuviera siendo construida en la puerta de nuestras casas.
Aníbal Ibarra – Fernando Renzi*
* Jefe de Asesores de Aníbal Ibarra.
(02/07/2009).





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Juez le paralizó a Macri la obra más grande: el Maldonado
Apela amparo que pidieron diputados opositores con argumentos de más gasto.

La Justicia porteña hizo lugar a una acción de amparo presentada por Milcíades Peña, Sergio Abrevaya y Facundo Di Fillippo (estos dos últimos, legisladores de la Ciudad por la Coalición Cívica) y dictó una medida cautelar para que el Gobierno de Mauricio Macri interrumpa las obras de entubamiento del arroyo Maldonado. El proyecto de infraestructura más ambicioso y costoso del Gobierno de la Ciudad, quedó así interrumpido, si bien ya se anunció que la Procuración porteña apelará hoy la medida.

La acusación de los legisladores se basó sobre los cambios aplicados sobre el proyecto original (según estaba estipulado en el Anexo I de la Ley 1.660), ya que éstas podrían afectar el Acuífero Puelche (la más importante reserva de agua ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, parte del territorio bonaerense, así como las provincias de Córdoba y Santa Fe). Los legisladores denunciaron además que las modificaciones introducidas al proyecto implicaron un fuerte incremento del costo, que no fue consultado a la ciudadanía. Por eso, ayer solicitaron al Gobierno porteño que realizara una audiencia pública para discutir el tema.

Desde el Gobierno porteño, sin embargo, negaron que el nuevo plan tuviera algún tipo de impacto negativo sobre el medio ambiente y enfatizaron que se habían realizado varias audiencias públicas respecto de las obras del Maldonado, adjudicadas por el Decreto N°121/2008 a la empresa Ghella. Señalaron también que, al contrario de lo denunciado, el nuevo proyecto del Maldonado protegía el medio ambiente, porque en lugar de cavar tres pozos (como en el proyecto original), se realizó sólo uno, y que esto también abarató los costos.

En este sentido, destacaron que las obras se están haciendo con un préstamo del Banco Mundial, un organismo que audita todos los proyectos en los que participa, en especial, lo referido a medio ambiente. A pesar de que hoy mismo van a apelar la medida dispuesta por Cataldo, las empresas tampoco están demasiado preocupadas: la medida cautelar impide que excaven, etapa del proceso que ya está prácticamente terminada (el pozo ya es de 35 metros). Además, sigue funcionando la fábrica de dobelas (las tejas con las que se recubre el túnel), que está al lado de la excavación.

Según lo denunciado por los legisladores de la CC, los cambios introducidos incrementaron los costos en más de $ 40 millones. La obra original fue licitada por $ 495.475.720 millones, y el gasto actualmente ascendería a $ 536 millones. El Gobierno porteño sostuvo en su descargo que «la modificación de la obra se encuentra prevista por los Arts. 38, 53 y cc. de la Ley 13.064, que autorizan una variación no mayor del 20% respecto del proyecto original; que el en caso de autos de modificación es inferior a ese porcentaje», así como remarcó que «las obras se llevarán a cabo exclusivamente dentro de la jurisdicción de la Ciudad, y no existe ninguna prueba alguna de que produzcan significativo impacto sobre las demás jurisdicciones, las que, por lo demás, no han efectuado cuestionamiento alguno pese a la difusión pública que ha tenido el proyecto».

En su dictamen, el juez Cataldo consideró, sin embargo, que los argumentos presentados por la Ciudad para demostrar que los cambios no afectan el Acuífero no eran suficientes, señalando que «el punto es central en la controversia y no aparece claramente despejado, y esta claridad se torna imperativa teniendo en cuenta las eventuales consecuencias negativas que podrían producirse si efectivamente hubiera afectación. Al respecto, también genera dudas el trámite que recibió el nuevo estudio de impacto ambiental». El magistrado también resalta que «algunas consideraciones parten más de la ausencia de documentos que de su existencia. Así, no se ha podido ubicar ningún acto administrativo que autorice esa modificación».

Por otro lado, legisladores de la oposición, como Aníbal Ibarra cuestionaron el millonario proyecto y denunciaron supuestas irregularidades en la adjudicación de las obras, al relacionar a la empresa que ganó la licitación (Ghella) al grupo familiar de Macri (Iecsa), acusaciones que no fueron señaladas en la denuncia de los legisladores de la CC.

08/07/09
AMBITO FINANCIERO
http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=469755

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Otro mal trago para Macri
escrito por Alejandra Lazo
martes, 07 de julio de 2009
Diputados de la Coalición Cívica dieron a conocer los alcances del fallo dictado por el juez Vicente Cataldo, por el cual se ordenó al Gobierno de la Ciudad que suspenda la obra del arroyo Maldonado. Aseguraron que hay “serias irregularidades administrativas, sobreprecios y contaminación”.


El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1 de la ciudad de Buenos Aires, Vicente Cataldo, ordenó la suspensión de las obras para la construcción de túneles aliviadores del entubamiento del arroyo Maldonado.

De esta manera, hizo lugar a un amparo presentado el día 6 de mayo por el ex diputado peronista Milcíades Peña y los diputados de la Ciudad, Facundo Di Filippo y Sergio Abrevaya, todos pertenecientes a la Coalición Cívica.

El magistrado consideró que los informes técnicos presentados sobre la contaminación del Puelche, como también las modificaciones de la obra y el incremento del precio original eran razones suficientes para tomar esta medida.

Precisamente, en la zona de su desembocadura, en la Costanera Norte, se hizo un gran pozo donde comenzaría a trabajar la enorme tuneladora traída desde Italia para construir los canales aliviadores.

Según informó Peña en diálogo con adnciudad.com “el tema más elemental tiene que ver con lo procedimental, ya que Macri autorizó la modificación de la obra, siendo que esta había sido aprobada, aún en su parte técnica, por una Ley de la Legislatura, razón por la cual sólo ésta podría cambiarla”.

A lo que añadió: “Más allá de esto, lo de mayor gravedad tiene dos aspectos: Uno el impacto ambiental que trae aparejada la obra en ejecución y su dudosa efectividad. Otro es el referido a situaciones cuanto menos sospechosas en todo el proceso de licitación y adjudicación de las obras”.

Peña explicó: “La empresa adjudicataria cotizó casi el 50% del precio ofertado por la más cara. Quien ganó fue Ghella, de capitales italianos, que se asoció con I.E.C.S.A. de Argentina, propiedad de Ángelo Calcaterra (primo hermano de Macri). La empresa encargada de confeccionar el estudio de impacto ambiental fue Geodata, también de capitales italianos y, curiosamente, asociada a Ghella en varias obras”.

Y agregó: “Ante un expediente plagado de irregularidades y diferencias de oferta licitatorias verdaderamente sorprendentes, llama la atención que ninguna de las otras dos empresas haya realizado reclamo alguno. O quizás no, ya que una, la brasilera Oderech, es la adjudicataria del soterramiento del FF.CC. Sarmiento, y la otra, la argentina Supercemento, tiene fuertes vinculaciones con Santa Cruz”.

A consecuencia de esta presentación, según trascendió, el Banco Mundial habría removido al funcionario encargado de la relación con el Gobierno de la Ciudad por el crédito y, aparentemente, habrían ordenado una auditoría.

Otra perlita es que el funcionario designado como director de obra, es el ingeniero electricista Eduardo Cohen, quien no sería otro que quien firmó los planos de la instalación electromecánica de Cromañón, citado oportunamente por la Comisión Investigadora sin lograr que asistiera.

Por su parte, Di Filippo advirtió que las modificaciones técnicas pueden causar “un daño ambiental irreversible en una de nuestras mayores reservas de agua, ya que las perforaciones proyectadas originalmente a 31 metros fueron llevadas a 48 metros y, de esa manera, se contaminará el Puelche”, acuífero que comparten la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y que abastece a millones de sus habitantes.

“Esto demuestra que el Gobierno de Macri no sólo es ineficiente, sino también corrupto”, sostuvo Abrevaya, tras lo cual dijo que el Jefe del Gobierno porteño “debe atenerse a la ley (por la 1.660) y si es necesario modificarla, no puede arrogarse facultades propias del legislativo”.

http://adnciudad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8268&Itemid=34

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LEY 25.188

LEY DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA

BUENOS AIRES, 29 de Septiembre de 1999

BOLETIN OFICIAL, 01 de Noviembre de 1999

Vigentes


Decreto Reglamentario

Decreto Nacional 164/99 (B.O. 7-1-00)


TEMA


FUNCIONARIOS PUBLICOS-EMPLEO PUBLICO-ETICA DE LA FUNCION PUBLICA-DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO-INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DEL FUNCIONARIO PUBLICO


El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:



GENERALIDADES


CANTIDAD DE ARTICULOS QUE COMPONEN LA NORMA 48

NRO. DE ART. QUE ESTABLECE LA ENTRADA EN VIGENCIA: 43

OBSERVACION: EN EL ARTICULO 43 DE LA PRESENTE LEY SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES VIGENCIAS: Los Capítulos I, II, V, VI, VIII, IX y X de la presente ley entrarán en vigencia a los ocho días de su publicación. Las normas contenidas en los Capítulos III y IV de la presente ley entrarán en vigencia a los treinta días de su publicación. Las normas contenidas en el Capítulo VII regirán a los noventa días de la publicación de la ley, o desde la fecha en que entre en vigencia la reglamentación mencionada en el artículo 22 si fuere anterior a la del cumplimiento de aquel plazo. OBSERVACION: Por Res. 17/00 del 7-1-00 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Oficina Anticorrupción será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley. (B.O. 10-01-00).



CAPITULO I Objeto y Sujetos


ARTICULO 1 - La presente ley de ética en el ejercicio de la función pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado. Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.


CAPITULO II Deberes y pautas de comportamiento ético


ARTICULO 2 - Los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético: a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno; b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana; c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular; d) No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello; e) Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan; f) Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados. Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados; g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa; h) Observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad; i) Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en la ley procesal civil.


ARTICULO 3 - Todos los sujetos comprendidos en el artículo 1 deberán observar como requisito de permanencia en el cargo, una conducta acorde con la ética pública en el ejercicio de sus funciones. Si así no lo hicieren serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función.




ARTICULO 4 - Las personas referidas en el artículo 5 de la presente ley, deberán presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de sus cargos. Asimismo, deberán actualizar la información contenida en esa declaración jurada anualmente y presentar una última declaración, dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo.


ARTICULO 5 - Quedan comprendidos en la obligación de presentar la declaración jurada: a) El presidente y vicepresidente de la Nación; b) Los senadores y diputados de la Nación; c) Los magistrados del Poder Judicial de la Nación; d) Los magistrados del Ministerio Público de la Nación; e) El defensor del pueblo de la Nación y los adjuntos del defensor del pueblo; f) El jefe de gabinete de ministros, los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo; g) Los interventores federales; h) El síndico general de la Nación y los síndicos generales adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos; i) Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento; j) Los embajadores, cónsules y funcionarios destacados en misión oficial permanente en el exterior; k) El personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina y del Servicio Penitenciario Federal, con jerarquía no menor de coronel o equivalente; l) Los rectores, decanos y secretarios de las universidades nacionales; m) Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director o equivalente, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público; n) Los funcionarios colaboradores de interventores federales, con categoría o función no inferior a la de director o equivalente; o) El personal de los organismos indicados en el inciso h) del presente artículo, con categoría no inferior a la director o equivalente; p) Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía; q) Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director; r) El personal que se desempeña en el Poder Legislativo, con categoría no inferior a la de director; s) El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a secretario o equivalente; t) Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras; u) Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza; v) Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la ley 24.156, en los casos en que la Comisión Nacional de Etica Pública se las requiera.


ARTICULO 6 - La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero. En especial se detallarán los que se indican a continuación: a) Bienes inmuebles, y las mejoras que se hayan realizado sobre dichos inmuebles; b) Bienes muebles registrables; c) Otros bienes muebles, determinando su valor en conjunto. En caso que uno de ellos supere la suma de cinco mil pesos ($ 5.000) deberá ser individualizado; d) Capital invertido en títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa, o en explotaciones personales o societarias; e) Monto de los depósitos en bancos u otras entidades financieras, de ahorro y provisionales, nacionales o extranjeras, tenencias de dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera. En sobre cerrado y lacrado deberá indicarse el nombre del banco o entidad financiera de que se trate y los números de las cuentas corrientes, de cajas de ahorro, cajas de seguridad y tarjetas de crédito y las extensiones que posea. Dicho sobre será reservado y sólo deberá ser entregado a requerimiento de la autoridad señalada en el artículo 19 o de autoridad judicial; f) Créditos y deudas hipotecarias, prendarias o comunes; g) Ingresos y egresos anuales derivados del trabajo en relación de dependencia o del ejercicio de actividades independientes y/o profesionales; h) Ingresos y egresos anuales derivados de rentas o de sistemas previsionales. Si el obligado a presentar la declaración jurada estuviese inscripta en el régimen de impuesto a las ganancias o sobre bienes personales no incorporados al proceso económico, deberá acompañar también la última presentación que hubiese realizado ante la Dirección General Impositiva; i) En el caso de los incisos a), b), c) y d), del presente artículo, deberá consignarse además el valor y la fecha de adquisición, y el origen de los fondos aplicados a cada adquisición.


ARTICULO 7 - Las declaraciones juradas quedarán depositadas en los respectivos organismos que deberán remitir, dentro de los treinta días, copia autenticada a la Comisión Nacional de Etica Pública. La falta de remisión dentro del plazo establecido, sin causa justificada, será considerada falta grave del funcionario responsable del área.


ARTICULO 8 - Las personas que no hayan presentado sus declaraciones juradas en el plazo correspondiente, serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad responsable de la recepción, para que lo hagan en el plazo de quince días. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave y dará lugar a la sanción disciplinaria respectiva, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponder.


ARTICULO 9 - Las personas que no hayan presentado su declaración jurada al egresar de la función pública en el plazo correspondiente, serán intimadas en forma fehaciente para que lo hagan en el plazo de quince días. Si el intimado no cumpliere con la presentación de la declaración, no podrá ejercer nuevamente la función pública, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieren corresponder.


ARTICULO 10. - El listado de las declaraciones juradas de las personas señaladas en el artículo 5 deberá ser publicado en el plazo de noventa días en el Boletín Oficial. En cualquier tiempo toda persona podrá consultar y obtener copia de las declaraciones juradas presentadas con la debida intervención del organismo que las haya registrado y depositado, previa presentación de una solicitud escrita en la que se indique: a) Nombre y apellido, documento, ocupación y domicilio del solicitante; b) Nombre y domicilio de cualquier otra persona u organización en nombre de la cual se solicita la declaración; c) El objeto que motiva la petición y el destino que se dará al informe; y d) La declaración de que el solicitante tiene conocimiento del contenido del artículo 11 de esta ley referente al uso indebido de la declaración jurada y la sanción prevista para quien la solicite y le dé un uso ilegal. Las solicitudes presentadas también quedarán a disposición del público en el período durante el cual las declaraciones juradas deban ser conservadas.


ARTICULO 11. - La persona que acceda a una declaración jurada mediante el procedimiento previsto en esta ley, no podrá utilizarla para: a) Cualquier propósito ilegal; b) Cualquier propósito comercial, exceptuando a los medios de comunicación y noticias para la difusión al público en general; c) Determinar o establecer la clasificación crediticia de cualquier individuo; o d) Efectuar en forma directa o indirecta, una solicitud de dinero con fines políticos, benéficos o de otra índole. Todo uso ilegal de una declaración jurada será pasible de la sanción de multa de quinientos pesos ($ 500) hasta diez mil pesos ($ 10.000). El órgano facultado para aplicar esta sanción será exclusivamente la Comisión Nacional de Etica Pública creada por esta ley. Las sanciones que se impongan por violaciones a lo dispuesto en este artículo serán recurribles judicialmente ante los juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal. La reglamentación establecerá un procedimiento sancionatorio que garantice el derecho de defensa de las personas investigadas por la comisión de la infracción prevista en este artículo.




ARTICULO 12. - Aquellos funcionarios cuyo acceso a la función pública no sea un resultado directo del sufragio universal, incluirán en la declaración jurada sus antecedentes laborales al solo efecto de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses que puedan plantearse.




ARTICULO 13. - Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.


ARTICULO 14. - Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.


ARTICULO 15. - Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante el año inmediatamente anterior o posterior, respectivamente.


ARTICULO 16. - Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función.


ARTICULO 17. - Cuando los actos emitidos por los sujetos del artículo 1 estén alcanzados por los supuestos de los artículos 13, 14 y 15, serán nulos de nulidad absoluta, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Si se tratare del dictado de un acto administrativo, éste se encontrará viciado de nulidad absoluta en los términos del artículo 14 de la ley 19.549. Las firmas contratantes o concesionarias serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado.


CAPlTULO VI Régimen de obsequios a funcionarios públicos


ARTICULO 18. - Los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática la autoridad de aplicación reglamentará su registración y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado, para ser destinados a fines de salud, acción social y educación o al patrimonio histórico-cultural si correspondiere.


CAPITULO VII Prevención sumaria


ARTICULO 19. - A fin de investigar supuestos de enriquecimiento injustificado en la función pública y de violaciones a los deberes y al régimen de declaraciones juradas e incompatibilidades establecidos en la presente ley, la Comisión Nacional de Etica Pública deberá realizar una prevención sumaria.


ARTICULO 20. - La investigación podrá promoverse por iniciativa de la Comisión, a requerimiento de autoridades superiores del investigado o por denuncia. La reglamentación determinará el procedimiento con el debido resguardo del derecho de defensa. El investigado deberá ser informado del objeto de la investigación y tendrá derecho a ofrecer la prueba que estime pertinente para el ejercicio de su defensa.


ARTICULO 21. - Cuando en el curso de la tramitación de la prevención sumaria surgiere la presunción de la comisión de un delito, la comisión deberá poner de inmediato el caso en conocimiento del juez o fiscal competente, remitiéndole los antecedentes reunidos. La instrucción de la prevención sumaria no es un requisito prejudicial para la sustanciación del proceso penal.


ARTICULO 22. - Dentro del plazo de noventa días contados a partir de la publicación de la presente ley, deberá dictarse la reglamentación atinente a la prevención sumaria contemplada en este capítulo.



CAPITULO VIII Comisión Nacional de Etica Pública


ARTICULO 23. - Créase en el ámbito del Congreso de la Nación, la Comisión Nacional de Etica Pública que funcionará como órgano independiente y actuará con autonomía funcional, en garantía del cumplimiento de lo normado en la presente ley.


ARTICULO 24. - La Comisión estará integrada por once miembros, ciudadanos de reconocidos antecedentes y prestigio público, que no podrán pertenecer al órgano que los designe y que durarán cuatro años en su función pudiendo ser reelegidos por un período. Serán designados de la siguiente manera: a) Uno por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; b) Uno por el Poder Ejecutivo de la Nación; c) Uno por el Procurador General de la Nación; d) Ocho ciudadanos que serán designados por resolución conjunta de ambas Cámaras del Congreso adoptada por dos tercios de sus miembros presentes, dos de los cuales deberán ser: uno a propuesta del Defensor del Pueblo de la Nación, y el otro a propuesta de la Auditoría General de la Nación.


ARTICULO 25. - La Comisión tendrá las siguientes funciones: a) Recibir las denuncias de personas o de entidades intermedias registradas legalmente respecto de conductas de funcionarios o agentes de la administración contrarias a la ética pública. Las denuncias deberán ser acompañadas de la documentación y todo otro elemento probatorio que las fundamente. La Comisión remitirá los antecedentes al organismo competente según la naturaleza del caso, pudiendo recomendar, conforme su gravedad, la suspensión preventiva en la función o en el cargo, y su tratamiento en plazo perentorio; b) Recibir las quejas por falta de actuación de los organismos de aplicación, frente a las denuncias ante ellos incoadas, promoviendo en su caso la actuación de los procedimientos de responsabilidad correspondientes; c) Redactar el Reglamento de Ética Pública del Congreso de la Nación, según los criterios y principios generales del artículo 2, los antecedentes nacionales sobre la materia v el aporte de organismos especializados. Dicho cuerpo normativo deberá elevarse al Honorable Congreso de la Nación a efectos de su aprobación mediante resolución conjunta de ambas Cámaras; d) Recibir y en su caso exigir de los organismos de aplicación copias de las declaraciones juradas de los funcionarios mencionados en el ar-tículo 5 y conservarlas hasta diez años después del cese en la función; e) Garantizar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 10 y 11 de la presente ley y aplicar la sanción prevista en este último; f) Registrar con carácter público las sanciones administrativas y judiciales aplicadas por violaciones a la presente ley, las que deberán ser comunicadas por autoridad competente; g) Asesorar y evacuar consultas, sin efecto vinculante, en la interpretación de situaciones comprendidas en la presente ley; h) Proponer al Congreso de la Nación dentro de los 120 días de entrada en vigencia de la presente ley, modificaciones a la legislación vigente, destinadas a garantizar la transparencia en el Régimen de Contrataciones del Estado y a perfeccionar el Régimen de Financiamiento de los Partidos Políticos y las Campañas Electorales; i) Diseñar y promover programas de capacitación y divulgación del contenido de la presente ley para el personal comprendido en ella; j) Requerir colaboración de las distintas dependencias del Estado nacional, dentro de su ámbito de competencia, a fin de obtener los informes necesarios para el desempeño de sus funciones; k) Dictar su propio reglamento y elegir sus autoridades; l) Elaborar un informe anual, de carácter público dando cuenta de su labor, debiendo asegurar su difusión; m) Requerir, cuando lo considere pertinente, la presentación de las correspondientes declaraciones juradas a los sujetos comprendidos en el artículo 5 inciso v) de la presente ley;


CAPITULO IX Reformas al Código Penal


ARTICULO 26. - NOTA DE REDACCION:(MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL)

ARTICULO 27. - NOTA DE REDACCION:(MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL)

ARTICULO 28. - NOTA DE REDACCION:(MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL)

ARTICULO 29. - NOTA DE REDACCION:(MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL)

ARTICULO 30. - Sustitúyese la rúbrica del capítulo VI del título XI del libro II del Código Penal, por el siguiente: "Capítulo VI - Cohecho y tráfico de influencias".


ARTICULO 31. NOTA DE REDACCION (MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL)

ARTICULO 32. NOTA DE REDACCION (MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL)

ARTICULO 33. NOTA DE REDACCION (MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL)

ARTICULO 34. NOTA DE REDACCION (MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL)

ARTICULO 35. NOTA DE REDACCION (MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL)

ARTICULO 36. NOTA DE REDACCION (MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL)

ARTICULO 37. NOTA DE REDACCION (MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL)

ARTICULO 38. NOTA DE REDACCION (MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL)

ARTICULO 39. NOTA DE REDACCION (MODIFICATORIO DEL CODIGO PENAL)




CAPITULO X Publicidad y divulgación


ARTICULO 40. - La Comisión Nacional de Etica Pública y las autoridades de aplicación en su caso, podrán dar a publicidad por los medios que consideren necesarios, de acuerdo a las características de cada caso y a las normas que rigen el mismo, las conclusiones arribadas sobre la producción de un acto que se considere violatorio de la ética pública.


ARTICULO 41. - Las autoridades de aplicación promoverán programas permanentes de capacitación y de divulgación del contenido de la presente ley y sus normas reglamentarias, para que las personas involucradas sean debidamente informadas. La enseñanza de la ética pública se instrumentará como un contenido específico de todos los niveles educativos.


ARTICULO 42. - La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos.




ARTICULO 43. - Las normas contenidas en los Capítulos I, II, V, VI, VIII, IX y X de la presente ley entrarán en vigencia a los ocho días de su publicación. Las normas contenidas en los Capítulos III y IV de la presente ley entrarán en vigencia a los treinta días de su publicación. Las normas contenidas en el Capítulo VII regirán a los noventa días de la publicación de la ley, o desde la fecha en que entre en vigencia la reglamentación mencionada en el artículo 22 si fuere anterior a la del cumplimiento de aquel plazo.


ARTICULO 44. - Los magistrados, funcionarios y empleados públicos alcanzados por el régimen de declaraciones juradas establecido en la presente ley, que se encontraren en funciones a la fecha en que el régimen se ponga en vigencia, deberán cumplir con las presentaciones dentro de los treinta días siguientes a dicha fecha.


ARTICULO 45. - Los funcionarios y empleados públicos que se encuentren comprendidos en el régimen de incompatibilidades establecido por la presente ley a la fecha de entrada en vigencia de dicho régimen, deberán optar entre el desempeño de su cargo y la actividad incompatible, dentro de los treinta días siguientes a dicha fecha.


ARTICULO 46. - La Comisión Nacional de Etica Pública tomará a su cargo la documentación que existiera en virtud de lo dispuesto por los decretos 7843/53, 1639/89 y 494/95. Derógase el decreto 494/95.


ARTICULO 47. - Se invita a las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires para que dicten normas sobre regímenes de declaraciones juradas, obsequios e incompatibilidades vinculadas con la ética de la función pública.


ARTICULO 48. Comuníquese al Poder Ejecutivo.


FIRMANTES


PIERRI-RUCKAUF-Pereyra Arandía de Pérez Pardo-Estrada.

http://www.ddjjonline.gov.ar/ley25188.doc.

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