Lo que circula por los medios

27 de julio de 2009

Plan de los sectores dominantes


Domingo, 26 de julio de 2009
ENFOQUE

Plan de los sectores dominantes

Por Juan Santiago Fraschina *
Luego de las elecciones y de la derrota oficialista en la provincia de Buenos Aires, los sectores dominantes comenzaron a profundizar el diseño de su “nuevo” plan económico. En efecto, tanto la Mesa de Enlace como la Unión Industrial Argentina redoblaron sus presiones al Gobierno para la imposición de su modelo económico, coincidiendo en sus rasgos esenciales.

Uno de los pilares fundamentales del programa económico de los sectores dominantes es la devaluación de la moneda nacional. En este sentido, es imprescindible discutir algunos puntos. En primer lugar, la devaluación no es mala ni buena en sí misma.

Es más, la fuerte recuperación económica que permitió la generación de puestos de trabajo a partir de la salida de la convertibilidad fue en gran parte gracias al tipo de cambio competitivo.

Mientras que en la década del noventa el atraso cambiario generó un “boom” importador y desalentó las ventas externas que llevaron a un proceso de desindustrialización y a un consiguiente incremento de la desocupación y de la exclusión social, el crecimiento post convertibilidad a partir del tipo de cambio alto permitió una reindustrialización de la economía asociada a una fuerte generación de puestos de trabajo y una reducción de la pobreza y la indigencia.

En otras palabras, el nuevo modelo de desarrollo caracterizado por la valorización productiva y la inclusión social se debió en gran medida al tipo de cambio competitivo como resultado de la devaluación de la moneda nacional.

Sin embargo, los efectos de la devaluación dependen de las políticas económicas que la acompañan. En tal sentido, la “recomendación” de los sectores dominantes es que, junto con la devaluación de la moneda nacional, se apliquen las siguientes medidas económicas:

- Reducción o eliminación de las retenciones.

- Fin de los acuerdos de precios.

- Eliminación de las paritarias.

Las consecuencias de estas políticas económicas son claras. En primer lugar, la devaluación junto con una disminución o desaparición de las retenciones provocarán el aumento de las exportaciones de los productos agrarios ganaderos. Esto, combinado con la desregulación de los precios, conducirá a un proceso inflacionario de los productos de primera necesidad.

Este aumento de los precios, sumado al congelamiento del salario nominal como resultado de la eliminación de las paritarias, conduciría a una pulverización del salario real de los trabajadores. Esto es, se reduciría el poder de compra de los asalariados.

Los integrantes de la Mesa de Enlace experimentarán un aumento mayor de su renta extraordinaria al incrementar las ventas externas, mientras que los miembros de la Unión Industrial Argentina, que representa a los grandes industriales del país, verificarán una disminución de sus costos salariales como consecuencia de la reducción de la remuneración real de los obreros.

Pero el programa económico de los sectores dominantes continúa. A esto debemos sumarle una reducción del gasto público. Efectivamente, tanto los dueños de la tierra como de las grandes empresas coinciden en que el aumento del gasto público en los últimos años fue exorbitante.

Por lo tanto, según los sectores dominantes, el aumento del gasto del Estado obligó al incremento permanente de la presión tributaria. De esta forma, si reducimos las erogaciones del sector público podemos bajar los impuestos, como por ejemplo las retenciones a las exportaciones.

Pero, además, si la baja del gasto público no permite compensar la reducción de la recaudación tributaria como consecuencia de la disminución de los impuestos a los sectores dominantes, lo cual generaría un déficit fiscal, podemos recurrir al Fondo Monetario Internacional.

Es decir, cubrir el desequilibrio fiscal con un nuevo proceso de endeudamiento externo del sector público. Volver a endeudarnos para sostener un incremento aún mayor en la rentabilidad de los dueños de los campos y del capital concentrado interno.

En resumen, la devaluación de la moneda nacional, el congelamiento del salario nominal, la desregulación de los mercados, la disminución de los impuestos a los sectores altos, la reducción del gasto público y el retorno al Fondo Monetario Internacional forman parte esencial del modelo económico de los sectores dominantes.

Los resultados de este modelo son bien conocidos. Reducción del mercado doméstico como consecuencia de la caída del poder de compra de los trabajadores y de la reducción del gasto público generando el quiebre y desaparición de una buena parte de las pequeñas empresas, provocando el aumento de la desocupación, la pobreza y la indigencia. Esto es, el modelo de concentración con exclusión social que predominó durante la década del noventa y el modelo de convertibilidad.

Los perjudicados de este programa son también conocidos. Por un lado, los sectores populares que verán reducido su ingreso real. Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas que dependen en gran medida del mercado interno

* Economista del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP).



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ASOCIADAS: AUMENTOS O SUBSIDIOS - Jul 24

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Domingo, 5 de Abril de 2009

enfoque
Dos modelos en disputa

Por Juan Santiago Fraschina *

Ante la nueva ofensiva de las entidades patronales del campo surgen algunas preguntas interesantes. En primer lugar, ¿el nuevo lockout patronal se debió a la desaparición de la rentabilidad debido a la caída de los precios internacionales de los productos agrarios como consecuencia de la crisis mundial? La respuesta es no.

Es cierto que se produjo una caída en el precio de los productos primarios, fundamentalmente de la soja. Sin embargo, los precios internacionales siguen siendo en términos históricos elevados. El precio internacional de los bienes agropecuarios se encontraba sumamente elevado por dos causas centrales. Por un lado, el aumento de la demanda como resultado del crecimiento de Asia, fundamentalmente de China y de India. Por otro lado, debido a causas especulativas. Pero con la crisis económica desatada en Estados Unidos y que pone en duda la misma globalización financiera desapareció esta última causa que generó el aumento internacional del precio de los productos agropecuarios. Pero todavía perdura la otra causa debido a que el crecimiento de China y la India todavía no se detuvo y esto implica que la demanda de bienes agrarios a nivel mundial siga siendo sumamente alta. Si bien los precios de la soja, maíz y trigo se redujeron, todavía siguen siendo elevados en comparación a otros períodos históricos, y principalmente en comparación a la década del noventa. Por lo tanto, la rentabilidad del “campo” sigue siendo alta.

Surge entonces la segunda pregunta: ¿por qué las entidades agrarias retoman la ofensiva contra el Gobierno? La respuesta es que van por el modelo económico. El conflicto agrario denota la disputa de dos modelos económicos que en algunos aspectos son contradictorios.

Ahora, la tercera pregunta: ¿cuáles son esos dos modelo en disputa?

Para explicarlos es necesarios introducir un concepto central en este debate: el saldo exportable. Esto es, de la producción interna el monto destinado a las exportaciones. Ese saldo depende del nivel de producción y del consumo interno. Ahora bien, en el corto plazo el aumento del saldo exportable depende casi con exclusividad del consumo interno. En otras palabras, cuanto mayor es el consumo interno menor es el saldo exportable, y viceversa. ¿Qué le conviene a las entidades agrarias? Que el saldo exportable sea lo más grande posible, así de esta manera poder exportar la mayor cantidad de bienes y obtener la mayor rentabilidad posible. De esta forma, para las entidades agrarias el consumo interno se transforma en un problema. Por tales causas, históricamente los terratenientes en la Argentina se opusieron a todo intento de industrialización de la economía. Esto se debe a que la industria genera puestos de trabajo, los puestos de trabajo generan que la gente tenga dinero y esto produce que el consumo interno aumente y al incrementarse el consumo interno se reduce el saldo exportable.

¿Qué significa ese proceso? Que todo intento de industrialización es contraproducente para los dueños y productores del campo al atentar contra su renta extraordinaria al tener que destinar una producción creciente al mercado interno. Por lo tanto, para las entidades agrarias el desempleo, la pobreza, la indigencia y la concentración del ingreso son funcionales a sus propios intereses debido a que restringen el consumo popular y esto aumenta el saldo exportable e incrementa de esta forma su rentabilidad.

Otra pregunta: ¿qué modelo económico prefieren entonces las entidades agrarias? La historia argentina es demostrativa de los intereses de los terratenientes. El modelo agroexportador que se desarrolló entre 1880-1930 se estructuró alrededor de las exportaciones de productos primarios a los países del centro y la importación de productos industriales. Durante ese modelo los dueños de las tierras se oponían a la industrialización de la economía. Hoy las entidades agrarias añoran ese modelo. ¿Cuál sería el país ideal para los dueños de la tierra? Simple: un país sin industria, que genera desempleo y pobreza, lo cual implicaría un incremento abrupto del saldo exportable al reducirse el consumo de los sectores populares.

Por lo tanto, en la actualidad los dos modelos económicos en disputa son:

1. Las entidades agrarias que proponen, implícita o explícitamente, el retorno del modelo agroexportador. Es decir, estructurar la economía como exportadora de productos primarios, lo cual implica la inserción periférica en el comercio internacional y el liberalismo económico como filosofía para restringir la intervención estatal.

2. Del otro lado se plantea la necesidad de profundizar el proceso de industrialización a partir de una fuerte intervención del Estado y una integración latinoamericana como vehículo del desarrollo industrial.

Ese proceso debe cumplir una doble función. En primer lugar, reducir el desequilibrio externo con los países centrales. En segundo lugar, el desarrollo del sector manufacturero permite reducir los desequilibrios internos al posibilitar mejorar la distribución del ingreso al disminuir la desocupación y con esto la pobreza y la indigencia. Este objetivo se debe lograr básicamente a través de dos fenómenos: una fuerte intervención estatal y la integración regional.

Para la industrialización de la Argentina es fundamental la intervención del Estado en la economía. El libre juego del mercado condujo a la economía hacia el modelo agroexportador que se tradujo en un desequilibrio internacional al alejarnos del nivel de desarrollo de los países centrales y a un desequilibrio interno al consolidarse una economía fuertemente heterogénea. Por lo tanto, para poder generar una transformación estructural de las economía nacional a partir del proceso de industrialización es fundamental la intervención del Estado.

En este sentido, el Estado debe realizar un conjunto de medidas para direccionar el proceso de industrialización, es decir, promover al desarrollo manufacturero a través de un programa planificado. De esta forma, las principales funciones del Estado deben ser la de acelerar la acumulación del capital intensificando la sustitución de importaciones a través de diferentes medidas como el proteccionismo; construir la infraestructura necesaria para el proceso de industrialización; orientar los recursos financieros hacia la inversión productiva; estimular la inversión privada y promover el desarrollo tecnológico.

De la correlación de fuerzas depende la imposición de alguno de los dos modelos. Y de la imposición de algunos de los dos modelos depende el futuro del país.

* Economista del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP).


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Sábado, 13 de Junio de 2009
ECONOMIA › PANORAMA ECONOMICO
Amantes del ajuste

Por Alfredo Zaiat

El concepto de ajuste es uno de los más arraigados en el discurso del pensamiento económico convencional. Parte de la idea de que el mercado define un equilibrio perfecto entre las principales variables. Afirma que la alteración de ese sendero virtuoso requiere entonces de correcciones permanentes para acercarse a ese estadio óptimo de funcionamiento de la economía. Ya se ha probado a lo largo de la historia de la humanidad que la felicidad absoluta no existe. Del mismo modo, también ha quedado demostrado que esa armonía suprema de la economía es una quimera. Sin embargo, la ortodoxia y no pocos heterodoxos, que incluso critican esa visión neoclásica, convalidan esa noción al convertir el ajuste como rector de la política económica. Si el ajuste pasa a ocupar la centralidad de una estrategia es porque se piensa que la economía puede alcanzar equilibrios permanentes. Sin embargo, la realidad es un poco más compleja que los modelos y las identidades básicas que ofrece la ciencia económica. Estas resultan un interesante aporte para ordenar el entendimiento de fenómenos complejos, pero transformarlas en dogmas es una característica distintiva de los amantes del ajuste. Como la economía tiene una tendencia al desequilibrio puesto que es un rasgo distintivo de su propia dinámica, el ajuste es la recomendación insistente de esa corriente de economistas. No están en condiciones de proponer otra vía que no sea la del ajuste porque están en búsqueda de una conciliación general de las variables, aunque se sabe que no existe. Por eso reiteran una y otra vez acerca de la necesidad del ajuste. Su insistencia tiene el respaldo teórico que construye una concepción ideal de la economía, que ha provocado una profunda distorsión en la comprensión y posterior manejo de los problemas que enfrenta esa ciencia. El pensamiento dominante se abraza al fundamentalismo del modelo equilibrio-ajuste, pero en el área de la economía se expresan intereses enfrentados de sectores sociales y que tienen su manifestación en pujas políticas. Si se excluyen esos factores, el esquema lineal del ajuste queda convalidado y para ello no debe haber conflictos sociales ni reclamos sectoriales ni el universo de la política.

En estos días de pasión electoral se presenta una vocación impúdica por el ajuste por parte de los economistas del establish-ment, adelantando lo que ellos consideran el inevitable desenlace del día después. También es cierto que acompañan esa idea algunos heterodoxos y grupos técnicos que habitan despachos oficiales. Los primeros, además de la militancia por las recetas del fracaso en beneficio de unos pocos, pueden utilizar esa herramienta discursiva como estrategia para captar votos. Pero los segundos han quedado atrapados en esa lógica autodestructiva. En algunos círculos del progresismo existe una apropiación selectiva de la agenda de cambio, donde el fácil discurso acerca de mejorar la distribución del ingreso viene acompañado por las advertencias sobre la necesidad de prudencia fiscal.

La ortodoxia defiende y pretende aplicar las tradicionales políticas contractivas encaminadas a reducir el gasto público, restringir el crédito y la liquidez, y presionar para que se concrete una reducción generalizada de los salarios. Axel Kicillof señala en Fundamentos de la Teoría General. Las consecuencias teóricas de Lord Keynes que “tanto en un contexto de inflación como de alta desocupación, la contracción es la panacea de la ortodoxia, porque supone que cuando el mercado actúa por sí mismo es infalible; de modo que la respuesta consiste en evitar toda intromisión en sus mecanismos”. En referencia a otro momento histórico, pero que se hace presente en el actual debate sobre el sendero futuro de la economía local, Kicillof destaca que “Keynes, en cambio, consideraba que todos estos intentos ortodoxos estaban, en el fondo, dirigidos a restaurar las condiciones económicas del pasado, haciendo caso omiso a las transformaciones recientes”. Y agrega, como si estuviera participando de las polémicas de estos días, que “para Keynes, por el contrario, la renovada capacidad del Estado para intervenir en la economía no debe tomarse como una malformación ni como una desgracia, sino que es uno de los productos genuinos e irreversibles del proceso de transformación económica”.

La corriente heterodoxa tiene el desafío de eludir el vicio ortodoxo del ajuste y reconvertirlo en una lógica de la expansión para no afectar los ingresos de los sectores vulnerables de la sociedad. La idea sencilla que ha pasado a ser un activo del sentido común es que ante las crisis se requiere apretar los cinturones. Fajas que son elegidas por los conservadores entre los grupos sociales más frágiles. En esa corriente se encienden entonces luces de alerta ante la merma del superávit fiscal, como si ese menor excedente fuera un síntoma de debilidad. Ese tipo de evaluación está contaminado por la concepción neoliberal de la economía. Ante la extraordinaria crisis internacional que ha impactado a nivel doméstico, aunque con menor intensidad que en otros países, se requiere de una estrategia de expansión descartando la del ajuste. La disminución del superávit fiscal es una medida prudente y compensadora para amortiguar los efectos negativos de la desaceleración de la actividad. Se trata de una política anticíclica, como reclaman economistas de vertientes diversas. Sin embargo, la reducción de ese superávit ha sido presentada por la ortodoxia como un factor preocupante y perturbador de la estabilidad. Incluso representantes de la administración kirchnerista han realizado esfuerzos mayúsculos para mostrar que las cuentas públicas siguen manteniendo superávit robustos.

Dentro de los estrechos márgenes de autonomía que ofrece una economía periférica, con traumáticos antecedentes de crisis recurrentes y aun con compromisos de deuda abultados, en un escenario con escaso acceso al crédito internacional, el superávit es una herramienta de política económica que busca ampliar esos estrictos límites. De todos modos, en períodos de transición para enfrentar coletazos de la crisis global y con considerables reservas en el Banco Central, la obsesión por preservar el superávit fiscal resulta tributaria a la concepción del ajuste. Por el contrario, la noción de expansión apunta a constituir un círculo virtuoso de crecimiento y en consecuencia de mayores ingresos que permiten justamente consolidar la solvencia fiscal. De ese modo se abre la posibilidad de ampliar los espacios de autonomía de la política económica.

El temor que algunos economistas heterodoxos les tienen a las críticas del pensamiento convencional no les permite romper con la hegemonía de la economía ortodoxa. Es cierto que el poder junto a sus voceros de la city, acompañados con entusiasmo por la cadena nacional de medios privados, resulta asfixiante. Pero, en realidad, quienes deberían estar con escasa capacidad respiratoria son los amantes del ajuste. Su pócima ya fue probada con desastrosos efectos sobre la mayoría, y a la vez se ha derrumbado su paradigma neoliberal con la caída del Muro de Wall Street. Dejar que la crisis y las vías para enfrentarla sean explicadas por los mismos que provocaron semejante desastre económico global sería un pecado de elevado costo para el pensamiento progresista. Para ello, además de pasar a ocupar el centro del escenario con convicciones firmes, se requiere apostar por la política de la expansión enterrando la idea del ajuste.



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Domingo, 28 de Junio de 2009

ENFOQUE

Distribución y acumulación

Por Gerardo De Santis y Manuel Rodriguez *
A través de la utilización de las categorías macroeconómicas habituales (ahorro, consumo, inversión) quedan escondidas otras que resultan más relevantes para explicar el desarrollo de una sociedad. En tal sentido, uno de los principales referentes del análisis económico a partir de conceptos no convencionales fue Celso Furtado, quien, en su obra Prefacio a una Nueva Economía Política (1976), planteaba que la cuestión del subdesarrollo para las economías latinoamericanas versaba en torno de la relación entre el excedente, la distribución del ingreso y el tipo de acumulación (productiva o improductiva). Desde este enfoque, un país se de-sarrolla sólo si el crecimiento económico redunda en beneficios para los diversos sectores productivos, las distintas regiones y todos los estratos sociales. Esta definición plantea una clara distinción entre crecimiento y desarrollo, siendo el primero una condición necesaria pero no suficiente para el segundo. Por otro lado, la magnitud susceptible de ser acumulada para promover el desarrollo del país está determinada por el “excedente económico” que, según Celso Furtado, está determinado por la diferencia entre la producción social (PBI) y el costo de reproducción social (CRS) de la población. O, dicho de otra manera, el excedente es la masa de recursos susceptible de ser acumulada después de cubrir las necesidades de la población.

La acumulación de esos recursos se puede dividir en dos categorías: productiva e improductiva. La primera es aquella que permite la ampliación de la capacidad productiva de la economía: recursos destinados a la ampliación del stock de capital (IBIF), mejorar las capacidades de la población (educación) y generar avances tecnológicos (I y D). Por otro lado, se considera como acumulación improductiva cuando el excedente es destinado a fines que no amplían la capacidad productiva, esto es, básicamente, consumo suntuario y flujo de recursos fuera del sistema. La cuestión pasa, entonces, por analizar qué destino una sociedad le da al excedente: si es asignado dentro del sistema productivo, para que permita la expansión de las capacidades productivas, o termina “financiando” desigualdades en los niveles de consumo de la población o tenencia de riqueza fuera del sistema.

La determinación del excedente de la economía argentina se realizó a través de la diferencia entre el Producto Bruto Interno (PBI) a valores corrientes y el Costo de Reproducción Social (CRS) definido en un sentido amplio a los fines de garantizar las condiciones fundamentales de la vida, es decir, alimentación, vestimenta, vivienda, educación, cultura, salud y ocio (ver estudio completo en www.ciepyc.unlp.edu.ar). De forma simplificada, aquí diremos que, valorando estas necesidades para una familia tipo (dos adultos y dos menores en edad escolar) en 4000 pesos, a precios actuales, el CRS de la población ronda el 45 por ciento del PBI, por lo tanto la economía argentina genera un excedente de aproximadamente 55 por ciento del PBI.

En el período 1993-2001 se registra un importante nivel de ahorro externo que se suma al ahorro nacional público y privado. Este nivel de ahorro externo que promedió el 3 por ciento del PBI es la contracara del endeudamiento externo de la Argentina para ese lapso. El mejor año de ese lapso (1998) arroja un nivel de acumulación productiva del orden de 24,3 por ciento del PBI compuesto de la siguiente manera: IBIF (19,9 por ciento), educación (4,16) e investigación y desarrollo (0,23). Ese 24,3 por ciento fue financiado con endeudamiento externo por un 4,6 por ciento del PBI: 14.465 millones de dólares.

En 2003 se instauró un nuevo modelo macroeconómico compuesto por un conjunto de políticas económicas. Se destacan: sostenimiento de un tipo de cambio real competitivo para proteger el mercado interno y la industria; tipo de cambio diferenciado (vía retenciones) ante la existencia de ventajas relativas en favor del sector agropecuario; respaldo a las convenciones colectivas de trabajo; priorización de la integración regional; recuperación de la situación fiscal a través de una mayor presión tributaria que, entre 1998 y 2007, aumentó 8 puntos porcentuales del PBI; una nueva Ley de Educación, la Ley de Financiamiento Educativo que garantiza destinar 6 por ciento del PBI para el financiamiento de la educación, la ciencia y la tecnología a alcanzar en 2010 y la Ley de Educación Técnica que recupera este perfil derogado en 1993; la rejerarquización del Conicet, el programa Raíces para facilitar el retorno de los científicos argentinos y la creación en 2007 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

En el subperíodo 2003-2007 la acumulación productiva registra un continuo aumento hasta alcanzar un máximo en 2007. Esta mejora respecto de 1998 responde a un conjunto de factores. Por un lado se verificó una caída en la participación en el ingreso del estrato “A” (alto) de por lo menos 2,7 por ciento del PBI (Trim. I 2007 vs. Trim. I 2004). Asimismo, el ahorro público ganó cinco puntos del PBI a partir de una mayor presión tributaria que no afectó al 40 por ciento de menores ingresos (estrato “B” –bajo–), con lo cual la distribución del ingreso “secundaria” (esto es, después de la intervención del sector público) mejoró aún más.

Se puede sostener entonces que la mejora en el nivel de acumulación productiva de 5,4 por ciento del PBI entre 2007 y 1998 se realizó a costa de una reducción del consumo suntuario o acumulación improductiva. Durante la década de 1990, cuando la asignación del excedente quedó librada al mercado, Argentina ahorró poco y se endeudó mucho, privilegiando la acumulación improductiva en detrimento de la productiva. Por el contrario, el modelo macroeconómico actual ha generado una mejora en la distribución del ingreso y un importante aumento de la acumulación productiva en detrimento del gasto suntuario

* Licenciados en Economía integrantes del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación. Universidad Nacional de La Plata.



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AGREGADO: EL 3 DE MARZO DE 2010
Domingo 10 de Enero de 2010


Economía


¿Qué significa el Fondo del Bicentenario?

En este contexto, de mucho ruido y pocas nueces entre Redrado, Cristina, los legisladores, el Vice, etc., la creación del Fondo del Bicentenario es una demostración más de las fortalezas de la economía argentina a partir de 2003 y de la independencia en lo económico.


El Fondo del Bicentenario permite, por un lado, avanzar con el proceso de desendeudamiento sin tener que recurrir en desventaja al sistema financiero internacional al mismo tiempo que seguir sosteniendo el incremento del gasto público para fortalecer el mercado interno.

Por otro lado, se traduce en una profundización del proceso de reindustrialización y la generación de puestos de trabajo, pues el Fondo al reducir la incertidumbre y generar certezas macroeconómicas implicará un aumento de la inversión como consecuencia de la reducción de la tasa de interés.

Pero además, como son reservas de libre disponibilidad, es decir, reservas superiores a las necesarias para cubrir la base monetaria al tipo de cambio actual, el Banco Central puede seguir manejando el tipo de cambio sin que exista un peligro de corrida cambiaria. En la actualidad el crecimiento de las reservas fue tan significativo que tenemos reservas afectadas a respaldar hasta el 100% de la base monetaria y reservas de libre disponibilidad. En este sentido, son las reservas de libre disponibilidad las que se utilizan, así como cuando se le pagó al FMI, para la constitución del Fondo del Bicentenario.

Las mismas críticas se le realizaron al gobierno de Kirchner cuando decidió pagarle al Fondo Monetario Internacional con reservas del Banco Central: que la utilización de reservas generaría un incremento de la incertidumbre y un corrida cambiaria insostenible para el Banco Central.

Sin embargo, cuando se analiza restrospectivamente la medida se puede observar el error de dicho pronóstico. No sólo que no se produjo una "corrida bancaria" sino que además el Banco Central pudo recuperar rápidamente el monto de las reservas utilizadas. En efecto, antes del pago al Fondo las reservas del Banco Central eran de 28.078 millones de dólares. Luego del pago al Fondo (03/01/06) las reservas del Banco Central pasaron a 18.580 millones de dólares. Rápidamente, el Banco Central recuperó el nivel de reservas, siendo el 02/10/06 de 28.084 millones de dólares, lo cual significa que solamente se requirieron 10 meses para recomponer el nivel de reservas anterior al pago al Fondo Monetario Internacional.

En la actualidad las reservas son de 47.946 millones de dólares, lo cual significa que desde el pago al FMI las reservas volvieron a crecer un 158%. Es cierto que el contexto macroeconómico actual no es el mismo que en el 2006, sin embargo, en el 2010, con pronóstico de crecimiento económico, aumento de las exportaciones, superávit comercial y de cuenta corriente, expansión de la inversión, reducción de la fuga de capitales, el Banco Central estará en condiciones de recuperar gran parte de la reservas utilizadas para el Fondo del Bicentenario.

Por último, surgieron diversas críticas marcando que existen mejores destinos para las reservas del Banco Central, como por ejemplo para eliminar la deuda social. Sin embargo, los problemas sociales en la Argentina no se eliminan con la inyección de una masa dineraria en un solo momento. Los problemas sociales dependen del modelo económico existente, pues no son problemas estáticos sino más bien dinámicos.
Por lo tanto, la constitución del Fondo del Bicentenario con reservas del Banco Central permite sostener la independencia económica para mantener la soberanía política para profundizar el modelo de reindustrialización con inclusión social que nos conduzca a la justicia social.

ALTERNATIVAS ACTUALES

El Gobierno nacional tenía básicamente dos formas para financiar los distintos vencimientos de deuda externa de 2010. Por un lado, redireccionar los recursos públicos al pago de la deuda externa. Es decir, utilizar parte de recursos fiscales que se hubieran utilizados para financiar por ejemplo obras de infraestructura para hacer frente a los vencimientos de la deuda externa. En otras palabras, reducir el gasto público para aumentar el superávit primario, y con ese mayor ahorro comprar los dólares necesarios para pagar la deuda externa. Esta alternativa hubiera implicado una disminución de la demanda agregada con la consiguiente caída del mercado interno, quiebre de pequeñas y medianas empresas, aumento del desempleo y pobreza.

Por otro lado, recurrir a la deuda externa aceptando de esta forma tasas de interés extremadamente elevadas, lo cual generaría nuevamente un círculo vicioso de endeudamiento externo. Este camino nos hubiera conducido nuevamente a la dependencia del sistema financiero internacional y del Fondo Monetario perdiendo nuestra soberanía macroeconómica.

Ambos caminos fueron los elegidos en la década del ochenta por Alfonsín y en la década del noventa, durante la convertibilidad. Ambas décadas terminaron con las dos peores crisis de la historia económica y social de la Argentina. En efecto, los años ochenta finalizaron con la crisis hiperinflacionaria y los noventa con la crisis del régimen convertible en el 2001.

Sin embargo, y a contraposición de lo sucedido en las décadas anteriores, el Gobierno nacional anunció la creación del Fondo del Bicentenario compuesto por 6.569 millones de dólares con reservas del Banco Central de la República Argentina para pagar la deuda externa de 2010. En este sentido, la creación del Fondo es una demostración más desde el 2003 de sostener políticas expansivas que fortalezcan la reindustrialización con inclusión social a partir de la independencia económica.

EL AUMENTO DE LAS RESERVAS

Para esto, uno de los pilares centrales del modelo que se desarrolló a partir de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia fue el fuerte aumento de las reservas del Banco Central, que crecieron de 11.048 a 47.946 millones de dólares entre mayo de 2003 y diciembre de 2009.
Dicho de otra forma, las reservas se expandieron un 334% durante el nuevo modelo de acumulación.
Este incremento fue fundamental en un doble sentido. Por un lado, para darle mayor sustentabilidad al crecimiento económico al permitir al Banco Central manejar el tipo de cambio. Dicho de otra forma, a partir del crecimiento de las reservas se aleja la posibilidad de producirse una corrida cambiaria.
-¿Qué hubiera pasado si en medio de la crisis internacional desatada este año el Banco Central de la República Argentina no hubiera tenido una gran cantidad de reservas?
-Ante cualquier incertidumbre en la Argentina se produce una "corrida" hacia el dólar. Si el Banco Central no tiene los dólares suficientes, la compra de dólares se traduce en una devaluación permanente de la moneda nacional seguida de un proceso inflacionario que deteriora el salario real de los trabajadores, genera aumento de desempleo e indigencia.
De esta forma, sin la expansión de las reservas del Banco Central, hoy estaríamos hablando de una fenomenal crisis económica y social como consecuencia del incremento de la incertidumbre a partir de la crisis financiera internacional. Por lo tanto, el crecimiento de las reservas es una de las herramientas centrales del nuevo modelo de desarrollo que genera que el tipo de cambio sea manejado por el Banco Central y no por el mercado, lo cual se traduce en un aumento de la sostenibilidad de la expansión del producto. Esto es fundamental teniendo en cuenta que las crisis repercuten en mayor medida en los sectores populares por vía del aumento del desempleo, la pobreza, la indigencia y la caída de las remuneraciones.
Por otro lado, la expansión de reservas permite incrementar la independencia económica. Los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner se están haciendo cargo de una de las peores herencias del modelo rentístico-financiero-neoliberal impuesto a mediados de la década del setenta y profundizados por los sucesivos gobiernos democráticos hasta el 2003: la deuda externa.
Con el nuevo modelo de desarrollo basado en la reindustrialización del país se encaró un proceso de desendeudamiento externo que implicó la reestructuración de la deuda externa, que se tradujo en una fuerte quita de capital y reducción de intereses, y el pago al Fondo Monetario Internacional.
Parte de la reducción de la deuda externa se produjo con el ahorro fiscal generado a partir del superávit del sector público. Pero otra parte, como por ejemplo el desembolso al organismo internacional, se produjo con reservas del Banco Central.
De nuevo, ¿qué hubiera pasado si el Banco Central no hubiera contado con estas reservas? La respuesta de nuevo es sencilla: no se hubiera profundizado el proceso de desendeudamiento que caracteriza al nuevo modelo de desarrollo.

Pero además el FMI hubiera seguido imponiendo las famosas condicionalidades que se hubieran traducido como en la década del ochenta y del noventa en políticas ortodoxas de ajuste fiscal, caída de la demanda, desindustrialización de la economía, reducción del salario, aumento de la pobreza, indigencia y concentración del ingreso.

De esta manera, si el Banco Central no hubiera experimentado el fuerte crecimiento de las reservas, el avance del nuevo modelo de acumulación hubiera estado fuertemente condicionado por la especulación y el sistema financiero internacional.

Aporte de Juan Santiago Fraschina
Economista del Grupo de Estudio de Economía Nacional

http://www.laopinion-rafaela.com.ar/opinion/2010/01/10/r011001.php

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ACTUALIZADA: 03082010


LOS DOS MODELOS ECONÓMICOS EN DISPUTA

El estructuralismo latinoamericano:

El estructuralismo latinoamericano, que se consolidó en la década del cincuenta y sesenta a partir de las discusiones mantenidas con la ortodoxia económica representada por el Fondo Monetario Internacional, estuvo fuertemente asociado a la creación de la Comisión Económica para América Latina y el caribe (CEPAL) en 1948 por las Naciones Unidas.

En efecto, uno de los estructuralistas latinoamericanos más reconocidos fue el primer director de la CEPAL: Raúl Prebisch. Por lo tanto, las tesis estructuralistas estuvieron esencialmente asociadas a los escritos de la CEPAL.

El paradigma estructuralista surgió durante la consolidación de un nuevo modelo económico y social en América Latina que se denominó Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). La industrialización sustitutiva se inició en el continente Latinoamericano a partir de la Gran Depresión de 1929. Esta crisis que comenzó en Estados Unidos, pero que luego se extendió al resto de los países, se tradujo en medidas proteccionistas por parte de los países desarrollados.

Esta política económica de los países desarrollados generaron la crisis del modelo agroexportador que se venía desarrollando en América Latina desde el siglo XIX. Este modelo consistía básicamente en la exportación de bienes primarios a los países desarrollados y la importación de productos manufacturados desde los países centrales.

Sin embargo, el proteccionismo impuesto por los países desarrollados durante la crisis de 1929 desarticuló la lógica del modelo agroexportador. La imposibilidad de exportar los productos primarios también generaba la incapacidad para importar bienes industriales al no disponer de las divisas necesarias. De esta forma, el modelo agroexportador latinoamericano entró en una crisis que anunciaba la necesidad de construir un nuevo modelo económico y social.

En este contexto, surgió en la región, en algunos países con más fuerza que en otros, la industrialización sustitutiva. Este nuevo modelo económico y social consistió fundamentalmente en la producción de bienes industriales en la región, es decir, sustituir lo que antes se importaba desde los países desarrollados por producción nacional.

Es importante destacar que la primer etapa de la industrialización sustitutiva latinoamericana consistió en reemplazar bienes importados por nacionales al final de la cadena productiva. En otras palabras, inicialmente se sustituyeron manufacturas livianas, como por ejemplo los productos textiles. Esto se denominó la etapa “fácil” de sustitución de importaciones, dejando de lado la producción de bienes de capital e insumos industriales.

De esta forma, durante la Industrialización por Sustitución de Importaciones al mismo tiempo que se reducía el coeficiente de importación en relación con los niveles del modelo agroexportador se producía un cambio en su composición. Efectivamente, se importaba cada vez menos bienes industriales finales pero cada vez más bienes de capital e insumos industriales como aluminio y productos siderúrgicos en general.

Durante la consolidación de este nuevo modelo económico y social en América Latina surgió el paradigma estructuralista. Su aporte fundamental fue la de desarrollar un cuerpo teórico de sustento al nuevo modelo económico al mismo tiempo que planteaba la necesidad de profundizar la industrialización sustitutiva a partir de reformas estructurales para superar algunos problemas que planteaba el nuevo modelo económico.

La idea central del estructuralismo latinoamericano era que el subdesarrollo de la región se debían a factores estructurales. Por lo tanto, los escritos de los estructuralistas le dieron una mayor importancia a los aspectos estructurales en la descripción de las economías de América Latina.

En este sentido, el análisis estructuralistas comenzó con la descripción del papel del comercio internacional como uno de los factores estructurales centrales para entender el subdesarrollo latinoamericano.



El papel del comercio exterior:

La visión estructuralista comienza criticando a la corriente convencional sobre el papel del comercio internacional. Según la teoría neoclásica, basada en la idea de ventajas comparativas de David Ricardo, el libre comercio conduciría a reducir la desigualdad entre los países desarrollados y los subdesarrollados.

Sin embargo, para la corriente estructuralista la libertad de comercio condujo, en contraposición a lo pensado por la visión ortodoxa, a la consolidación de la división internacional del trabajo, fundada sobre la explotación de ventajas comparativas estáticas, condenando a la región Latinoamericana a una especialización empobreciente basada en la exportación de bienes primarios a los países desarrollados.

En este sentido, para el paradigma estructuralista, la tradicional división internacional del trabajo que caracterizaba al modelo agroexportador era una de las causas centrales para explicar la condición de subdesarrollo de la región latinoamericana.

Dicho de otra forma, el libre comercio que condujo a la región a la especialización en la producción y exportación de bienes primarios era uno de los obstáculos estructurales más importante para el desarrollo de América Latina. Por lo tanto, según los estructuralistas, el libre comercio en lugar de reducir las desigualdades entre las naciones generó que los países desarrollados sean cada vez más desarrollados y las regiones subdesarrolladas sean cada vez más subdesarrolladas, reforzando de esta manera las desigualdades entre los países.

Para demostrar esta tesis el análisis estructuralista desarrolló la teoría centro – periferia. Según el paradigma estructuralista la economía mundial esta compuesta por dos polos: el centro y la periferia.

Por un lado, los países centrales que presentan economías homogéneas y diversificada y donde el sector económico más importante es el industrial. Por otro lado, los países periféricos caracterizados por economía heterogéneas y escasamente diversificadas. Con heterogéneas se refieren a la existencia de una estructura productiva divergente, en la cual se presenta un sector primario – exportador con una elevada productividad junto al resto de la economía sumergida en producciones de subsistencia. Con escasamente diversificada se refieren a la especialización por parte de las economías periféricas en la producción y exportación de productos primarios con pocos efectos de encadenamientos con el resto de los sectores productivos.

De esta forma, según el estructuralismo, la división internacional del trabajo que caracterizaba al modelo agroexportador condujo a una doble heterogeneidad estructural que perjudicaba a los países periféricos. Por un lado, a una heterogeneidad a nivel nacional en la estructura económica de los países periféricos. Por otro lado, a una heterogeneidad internacional en la cual los países periféricos se especializaron en la producción de bienes primarios mientras que los países centrales se volcaron hacia el desarrollo de las actividades industriales.

En esta línea se encuentra la teoría estructuralista del deterioro de los términos de intercambio. Según esta teoría en el largo plazo la tradicional división internacional del trabajo que generó un sistema internacional asimétrico se traduce en un mayor distanciamiento de la periferia con respecto a los países centrales, produciendo de esta forma que el libre comercio sea más ventajoso para los países desarrollados.

Para la visión estructuralista este fenómeno se debe fundamentalmente al progreso técnico. En efecto, los avances tecnológicos se producen generalmente en el sector manufacturero. Por lo tanto, si los países desarrollados se especializan en la producción de bienes industriales logran monopolizar los frutos del progreso técnico, generando un deterioro secular de los términos de intercambio en detrimento de los países periféricos especializados en la producción de bienes primarios caracterizada por escasos cambios tecnológicos.

Por lo tanto, la pregunta que surgió para los estructuralistas fue: ¿cómo destruir este sistema internacional que condujo a una especialización empobreciente a los países latinoamericanos?. Para esto la visión estructuralista proponía la industrialización de la región para superar el subdesarrollo latinoamericano.



La función de la industrialización:



Para estos economistas el proceso de industrialización de América Latina debía cumplir una doble función. En primer lugar, reducir el desequilibrio externo con los países centrales. En efecto, la industrialización permitiría reducir la brecha tecnológica con respecto a los países desarrollados que era la base de la diferencia estructural entre el centro y la periferia.

En segundo lugar, el desarrollo del sector manufacturero permitiría reducir los desequilibrios internos al posibilitar mejorar la distribución del ingreso al disminuir la desocupación y con esto la pobreza y la indigencia.

En otras palabras, el proceso de industrialización reduciría la heterogeneidad internacional y nacional que había generado la tradicional división internacional del trabajo. El desarrollo industrial conduciría a consolidar economías con estructuras más diversificadas y homogéneas que permitiría al mismo tiempo reducir la desigualdad existente con los países desarrollados.

Por lo tanto, para la visión estructuralista la única manera para superar el subdesarrollo de los países latinoamericanos era transformar estructuralmente sus economías. Esto es, transformar las economías agroexportadoras en economías industriales.

Pero entonces la otra pregunta que surge es: ¿cómo pueden las economías latinoamericanas experimentar un proceso de industrialización?. Para los estructuralistas este objetivo se lograba básicamente a través de dos fenómenos: una fuerte intervención estatal y la integración regional.



El papel del Estado:



En este punto el estructuralismo latinoamericano se diferenció nuevamente de la visión ortodoxa sustentada en el liberalismo económico. Los estructuralistas poseían una visión positiva del Estado.

En otras palabras, para estos economistas era fundamental la intervención del Estado en la economía. En efecto, el libre juego del mercado condujo a las economías de América Latina hacia el modelo agroexportador que se tradujo en un desequilibrio internacional al alejarnos del nivel de desarrollo de los países centrales y a un desequilibrio interno al consolidarse una economía fuertemente heterogénea.

Por lo tanto, para poder generar una transformación estructural de las economías de la región a partir del proceso de industrialización era fundamental la intervención del Estado. En este sentido, uno de los objetivos centrales del Estado según el paradigma estructuralista era fomentar el proceso de industrialización.

Para estos economistas entonces el Estado debía realizar un conjunto de medidas para direccionar el proceso de industrialización, es decir, promover al desarrollo manufacturero a través de un programa planificado.

De esta forma, las principales funciones del Estado debían ser la de acelerar la acumulación del capital intensificando la sustitución de importaciones a través de diferentes medidas como el proteccionismo; construir la infraestructura necesaria para el proceso de industrialización; orientar los recursos financieros hacia la inversión productiva; estimular la inversión privada y promover el desarrollo tecnológico.

Incluso, para la visión estructuralista la intervención estatal en los países latinoamericanos debía ser más sustancial que en los países desarrollados. Efectivamente, en los países periféricos la fuerte intervención del Estado era fundamental para lograr una transformación estructural de las economía periféricas, objetivo que en los países centrales no era necesario.

Sin embargo, es importante destacar que si bien los estructuralistas latinoamericanos no confiaban en el libre juego del mercado para el desarrollo industrial, consideraban al mismo tiempo importante a los mercados y a la iniciativa privada. Es decir, la visión estructuralista advertía sobre la intervención excesiva del Estado. Por lo tanto, estos economistas aspiraban a una complementariedad entre el sector público y el mercado para orientar el proceso de industrialización de las economías de América Latina.



La integración latinoamericana:



Junto a la intervención del Estado era imprescindible para el desarrollo industrial de la región, según los estructuralistas, la integración latinoamericana. Pues a la incipiente industria de América Latina le resultaría al principio casi imposible competir con el sector manufacturero de los países desarrollados. Por lo tanto, la integración latinoamericana permitiría la ampliación de los mercados para la industria de América Latina.

De esta forma, la integración económica de la región haría viable la utilización de tecnologías que exigen una gran escala de producción por razones de rentabilidad. En otras palabras, la integración de América Latina daría las condiciones necesarias para que el sector manufacturero se transforme definitivamente en el motor del desarrollo de la región.

Por otro lado, para los estructuralistas la conformación de un bloque latinoamericano era fundamental no sólo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista estratégico al permitir ofrecer una mayor oposición a los intereses de los países desarrollados.

Ahora bien, hasta aquí hemos desarrollado la posición de los estructuralistas en defensa de proceso de industrialización de América Latina para salir de la trampa del subdesarrollo. Sin embargo, para estos economistas era necesario profundizar los cambios estructurales con el objetivo de superar algunos problemas que se habían presentado durante el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones. Esta postura los estructuralistas la desarrollaron en su análisis sobre la inflación.



La teoría estructuralista de la inflación:



Todo proceso de crecimiento y desarrollo como la industrialización sustitutiva presenta presiones inflacionarias. El Fondo Monetario Internacional, en representación de la economía ortodoxo, recomendaba reducir la demanda con el objetivo de disminuir el aumento de los precios. Es decir, según el organismo internacional la inflación se debía a un exceso de demanda. Por lo tanto, la única salida para disminuir el aumento generalizado de precios era a través de políticas contractivas que generaran una reducción del crecimiento.

Sin embargo, los estructuralistas latinoamericanos se opusieron a esta teoría monetaristas de la inflación y argumentaron que el aumento generalizado de precios en la región se debía a rigideces estructurales del lado de la oferta.

Según la teoría estructuralista la inflación era el resultado de la interacción de dos componentes:

- Las presiones fundamentales que generaban aumentos de precios y que se debían a rigideces estructurales.

- Los mecanismos de propagación que se encargaban de transmitir el aumento inicial de la inflación al resto de la economías.

Para el paradigma estructuralista era imprescindible atacar a las presiones fundamentales para terminar definitivamente con el problema de la inflación. Es decir, la raíz del problema inflacionario se encontraba en las presiones fundamentales y no en los mecanismos de propagación.

En este sentido, para estos economistas existían dos presiones fundamentales que originaban el aumento en el nivel general de precios: la débil productividad de la agricultura y los desequilibrios en el sector externo.

Con respecto a la débil productividad del sector agrícola se traducía en una reducida oferta de alimentos. Entonces, como la industrialización sustitutiva provocaba una creciente demanda interna de alimentos, la oferta no respondía satisfactoriamente a este aumento. Esto implicaba un incremento de los precios de los bienes agrícolas.

A partir de este momento comenzaba a funcionar los mecanismos de propagación, transfiriendo esta presión inflacionaria al resto de la economía. En efecto, al aumentar los precios de los alimentos se reducía el salario real de los trabajadores, lo cual implicaba una recomposición del salario nominal.

Sin embargo, este incremento de las remuneraciones inducía a un aumento de los costos de producción del sector manufacturero. Por lo tanto, los empresarios, para mantener sus márgenes de ganancia, aumentaban los precios de los bienes industriales.

Ahora bien, para atacar la inflación la solución no era, según los estructuralistas, reducir la demanda, sino más bien eliminar la rigidez estructural que generaba la débil productividad del sector agrícola.

En este sentido, para estos economistas, la principal causa de la rigidez de la oferta agrícola se debía esencialmente a la fuerte concentración en la propiedad de la tierra que generaba la existencia de una clase rentística con escasa propensión a la inversión.

Por lo tanto, para los estructuralistas era necesario para solucionar el problema inflacionario una reforma estructural en el régimen de propiedad de la tierra. Por tal motivo, estos economistas defendían el programa de reforma agraria dividiendo la tierra en pequeños y medianos productores.

Esta medida generaría una producción agrícola intensiva que se traduciría en un mayor nivel de inversión y por lo tanto en un incremento en la producción de alimentos eliminando de esta forma una de las causas estructurales de la inflación.

Con respecto a la segunda presión fundamental que generaba inflación, durante la industrialización sustitutiva existía una tendencia a los estrangulamientos del sector externo.

En efecto, en este modelo económico en las fases expansivas las economías tendían hacia un déficit del sector externo debido a la necesidad creciente de insumos intermedios y de bienes de capital. Pues al sustituirse inicialmente los bienes finales se debía importar los insumos que requería el sector manufacturero y las maquinarias necesarias para producir los productos industriales.

Por lo tanto, en los períodos de crecimiento económico aumentaban fuertemente las importaciones del sector industrial provocando un déficit en la balanza comercial y la necesidad de ajustar dicho estrangulamiento externo. Para corregir este desequilibrio generalmente se recurría a una devaluación de la moneda que generaba inflación. Esta presión inicial luego se transmitían al resto de la economía a través de los mecanismos de propagación.

Pero de nuevo, según los estructuralistas, la solución para la inflación no era reducir la demanda agregada sino más bien introducir cambios estructurales a las economías de la región. Para estos economistas la forma de eliminar esta causa inflacionaria era por medio de la profundización de la Industrialización por Sustitución de Importaciones a través de la industrialización hacia la manufactura pesada. En otras palabras, producir internamente los insumos industriales y los bienes de capital para de esta manera eliminar los estrangulamientos externos.

En resumen, para extinguir el flagelo de la inflación, en contraposición a lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional, el paradigma estructuralista recomendaba dos transformaciones estructurales: la reforma agraria y el proceso de industrialización hacia la manufactura pesada.

En efecto, debido a que el origen de la inflación era estructural, la única manera de eliminarla era superando los cuellos de botella. De esta manera, la forma de eliminar el aumento generalizado de precios era por medio de la profundización del desarrollo económico para superar las rigideces estructurales.

Para estos economistas la reducción de la demanda puede reducir la inflación. Sin embargo, esto lo logra a costa del crecimiento económico y además sin atacar la raíz del problema. Es decir, la reducción de la demanda sólo ataca los factores de propagación pero no las presiones fundamentales que generaba el aumento de los precios. De nuevo, para los estructuralistas la estabilidad de los precios únicamente se puede lograr a partir de un desarrollo económico por medio de cambios estructurales.



La disputa de los dos modelos en la Argentina:



A partir de la resolución 125 que establecía, entre otras cosas, las retenciones móviles a la soja, volvió a la Argentina la disputa entre los dos modelos económicos.

Por un lado, las entidades agrarias que proponían, implícita o explícitamente, el retorno del modelo agroexportador. Es decir, estructurar a la economía argentina como exportadora de productos primarios, lo cual implica la inserción periférica de nuestra economía en el comercio internacional y el liberalismo económico como filosofía para restringir la intervención estatal.

Del otro lado se planteó la necesidad de profundizar el proceso de industrialización a partir de una fuerte intervención del Estado y una integración latinoamericana como vehículo del desarrollo industrial.

Al mismo tiempo, la disputa también se observa en relación al tema de la inflación. En efecto, el incipiente crecimiento del sector manufacturero que se produjo a partir de la fase expansiva post convertibilidad se tradujo en un cierto aumento de los precios.

Nuevamente, la disputa en torno a este problema es si realizamos políticas contractivas para detener el crecimiento de la demanda y de esta forma reducir la inflación o profundizamos el desarrollo económico para eliminar los cuellos de botella que generan el aumento de los precios.

La primer receta es funcional al retorno del modelo agroexportador, pues, al aplicar políticas contractivas y reducir la demanda, disminuye el consumo; lo cual genera un aumento del saldo exportable de productos agrarios – ganaderos al achicarse el mercado interno.

La segunda opción es funcional al proyecto industrialista debido a que para eliminar los cuellos de botella se necesita profundizar el desarrollo industrial al mismo tiempo que destinar cada vez más productos agrarios – ganaderos para abastecer el mercado interno y reducir de esta forma las presiones inflacionarias.

De la correlación de fuerzas depende la imposición de alguno de los dos modelos. Y de la imposición de algunos de los dos modelos depende el futuro del país. O retomamos al modelo agroexportador que nos conducirá nuevamente a una heterogeneidad internacional y nacional o profundizamos el proceso de industrialización para lograr un mayor desarrollo económico y social.



http://www.geenap.com.ar/informes7.html
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Plan de los sectores dominantes- Jul 27
Alfredo Zaiat: Monopolio - SER O NO SER - Y la distribución progresiva del ingreso.

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