Lo que circula por los medios

18 de noviembre de 2009

ERNESTO TENEMBAUM NOS MUESTRA LA VERDAD SOBRE LA SIP - ¡QUE DERRAPE!!


NOTA BUSCA TAMBIEN EN ESTE POST LAS NOTAS DE REPORTEROS SIN FRONTERAS SOBRE A LEY DE MEDIOS Y LA LIBERTAD DE PRENSA EN ARGENTINA


TEXTO DE ERNESTO TENEMBUAM EXTRAIDO DE PERIODISTAS LA ERA DEL BLOG
12/11/09
SIP

Por Ernesto.


En este blog se ha escrito varias veces que la SIP no dijo nada sobre las restricciones a la prensa en Honduras. Es falso. Lean aquí solo una de de las denuncias. Fíjense cómo señalan las restricciones a los periodistas de TELESUR.

Luego se ha dicho que no dijo nada durante la dictadura militar argentina. Tampoco es cierto. Lean esta nota de Verbitsky, donde el columnista de Página, fastidiado por el ataque que a principios de marzo del 2005 lanzó Kirchner contra la SIP, cuenta toda la historia de lo que hizo ese organismo durante la dictadura. Empieza en el cuarto párrafo. Es de una contundencia abruadora. Es increíble qué, luego de esa nota de Verbitsky, personajes como Anibal Fernández –un hombre de larga trayectoria en la lucha por los derechos humanos, como se sabe—insistan con esa mentira. La SIP no solo denunció la censura sino también la complicidad de los editores de los grandes diarios. El Gobierno –y sus simpatizantes-- tienen todo el derecho de cuestionar los puntos de vista de la SIP respecto de la situación de la prensa en la Argentina. Si lo hacen con mentiras, y sobre todo mentiras tan groseras, quedan demasiado expuestos.

http://periodistas.blog.arnet.com.ar/archive/2009/11/12/sip.html

veamos el primer link que da Ernesto_
6 julio 2009

La SIP reitera a Honduras respetar la libertad de prensa

Continúan denuncias de restricciones a la labor informativa

(SIP/IFEX) - Miami (2 de julio de 2009).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reiteró a las nuevas autoridades de Honduras su pedido de respeto pleno a la libertad de prensa, tras un monitoreo constante de la situación en el país centroamericano y de recibir denuncias de medios de comunicación y periodistas que todavía siguen siendo limitados, intimidados y agredidos en su labor profesional.

El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, expresó que "a fin de garantizar a la población su derecho a recibir plena información, el gobierno no sólo debe cesar cualquier limitación a la labor de la prensa, sino que además debe proteger y garantizar que todos los medios, sin importar sus criterios editoriales, puedan hacerlo en forma libre y segura".

"La libertad de prensa y de expresión es un bien ganancial de la sociedad - añadió Santos Calderón, del diario colombiano El Tiempo - y nadie puede atribuirse la potestad de decidir lo que la gente y la sociedad pueden o tienen que recibir como información", recordando el artículo primero de la Declaración de Chapultepec que establece que "el ejercicio de ésta (libertad de prensa) no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, del diario estadounidense San Antonio Express-News observó "que no nos podemos dejar engañar por la polarización y permitir que se discrimine a los medios, a periodistas y columnistas que pueden profesionalmente estar a favor o en contra de las posiciones políticas que se advierten en esta crisis". Agregó que la base de "la libertad de prensa es la pluralidad y la diversidad" y que "en este conflicto estamos viendo que todos los periodistas y editores de los medios están siendo afectados de una u otra manera por grupos antagónicos".

La SIP ve con preocupación numerosos hechos y denuncias que se registraron después del golpe de Estado del domingo pasado, especialmente incidentes, limitaciones y censuras que debieron soportar los medios radioeléctricos. Pese a que algunas de las televisoras reactivaron sus señales suspendidas el domingo, como el estatal Canal 8 y los privados Canal 6 y Canal 11, existen quejas sobre el control de la información que se difunde; mientras que la señal de la televisora internacional, Telesur, sigue fuera del aire.

También se denunció que corresponsales de la agencia Associated Press (Esteban Félix, Nicolás García y dos asistentes del equipo periodístico) y de Telesur (Adriana Sívori, María José Díaz y Larry Sánchez) fueron detenidos el lunes cuando transmitían imágenes y fotografías desde una habitación de un hotel capitalino, a donde irrumpieron militares armados que los trasladaron a la oficina de Migración. Luego de verificar su situación migratoria, los periodistas fueron liberados.

Periodistas, fotógrafos y camarógrafos de diferentes medios de comunicación presentaron denuncias por agresión ante la Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público. Entre éstos, tres periodistas del programa "Entrevistado" de Canal 42 que fueron atacados el domingo con palos y piedras e insultados por manifestantes que los derribaron y rompieron sus cámaras. Una situación similar denunció Radio Globo, en Tegucigalpa, donde incluso los periodistas fueron trasladados de manera temporal a la Fiscalía de la zona; mientras Radio Progreso, en El Progreso, Yoro, fue "invadida por un contingente de unos 25 militares", según un comunicado de la emisora.

Otro medio impedido de transmitir fue Canal 66 Maya TV. En declaraciones al diario Tiempo, de San Pedro Sula, Eduardo Maldonado, ex precandidato presidencial y director del programa televisivo y radial Hable como Habla, contó que el domingo "nos cerraron y no nos dejaron ingresar, sólo se nos dijo que era una orden"; y añadió que aunque el lunes restablecieron las comunicaciones "no pasamos información completa, sólo la oficial".

La prensa escrita, si bien fue la menos afectada en su labor informativa tanto a nivel impreso como a través de los sitios de internet, tampoco estuvo exenta de limitaciones y hostilidad de parte de los grupos en pugna. Algunos editores, tras recibir amenazas constantes en sus salas de Redacción y a través de teléfonos celulares en su contra y de periodistas, han decidido proteger a sus familias, movilizándolas fuera de las ciudades y del país.

Entre otros hechos, el diario La Prensa de San Pedro Sula, denunció que una turba lanzó el lunes palos y piedras contra la fachada de su edificio, donde también fueron pintadas consignas a favor del presidente depuesto Manuel Zelaya. Un reportero gráfico Juan Ramón Sosa, del diario La Tribuna, fue golpeado, insultado y decomisado de su cámara por miembros de la policía nacional en Tegucigalpa cuando cubría una manifestación. Asimismo, varios periódicos vieron cómo sus canales de distribución fueron dañados, desde quioscos de venta hasta camiones de distribución de ejemplares.

Carlos Mauricio Flores, director del diario El Heraldo de Tegucigalpa, confirmó a la SIP que periodistas de esa publicación han recibido amenazas telefónicas y reveló además que el sábado 27 de junio "un autodenominado Comando del Pueblo envió a diferentes correos un mensaje con las fotos y texto denigrante de al menos ocho periodistas de medios de comunicación independientes, pidiendo al pueblo que los castigue".

Por último, las autoridades de la SIP, argumentaron que muchas de las agresiones a la prensa hondureña ya venían siendo denunciadas por la institución desde hace años, promovidas especialmente por el gobierno. Entre ellas, se citó la discriminación de la pauta publicitaria y la utilización de los recursos del Estado para premiar y castigar a la prensa, así como el pago de periodistas; la descalificación permanente en contra de reporteros y medios de parte de las más altas autoridades; la utilización de los medios públicos como órganos de propaganda y la limitación y manipulación de la información oficial.

Durante los últimos años, varios periodistas hondureños debieron salir del país y todavía se registra un alto índice de impunidad en casos no resueltos de dos comunicadores y de dos asesores de medios de comunicación asesinados.

http://www.ifex.org/honduras/2009/07/06/respect_press_freedom/es/


RETOMAMOS ENTONCES... el artículo que cita Ernesto (¿en defensa de la verdad y de la SIP?) en efecto menciona las restricciones a la libertad de prensa, pero no condena el golpe y todavia se queja del gobierno de... de Zelaya...

Ernesto... que derrape!! Increible lo tuyo... si no lo leo no lo creo... increible pero real!!
En cuanto a la nota de Verbitsky podemos tambien leer este punto que Ernesto no cita:

El informe añade que "otro aspecto de la situación que perturbó a la misión es el crédito a largo plazo que el gobierno concedió a los diarios para una planta de papel". Seaton y Lozano expresaron "graves reservas sobre el proyecto emprendido por tres grandes diarios de Buenos Aires. La Nación, La Razón y Clarín compraron acciones en la nueva planta" mediante un "generoso crédito ofrecido por el gobierno militar. Semejante situación encierra muchos peligros. No es el menor de ellos que esto casi imponga no antagonizar con el gobierno".-

¿y quienes forman la SiP, hoy?


y ANTES en el mismo texto se lee:
"Sobre todo, asombra el desconocimiento sobre personas y acontecimientos, que nadie se tomó el trabajo de explicarle a Kirchner, probablemente porque nadie estaba al tanto. Esa ignorancia es ostensible en las declaraciones del secretario de Medios Enrique Albistur, quien reprochó a la SIP no haber alzado la voz por los desaparecidos, cuando en realidad ocurrió exactamente lo contrario. Sólo un desconocimiento profundo de los hechos pudo llevar a emparentar la actitud que entonces tuvo la SIP con la del eterno hombre fuerte de la asociación argentina de dueños de diarios, Claudio Escribano, y a colocarlo en la misma bolsa con dos miembros de la misión de la SIP, que están en sus antípodas. Robert Cox y Edward Seaton son dos personas honestas y valientes que se animaron a decir la verdad de lo que ocurría entonces en la Argentina, por lo cual corrieron todos los riesgos y, en el primer caso, al precio de la cárcel, la amenaza de muerte y el exilio.
Seaton, propietario y editor del diario Mercury de Kansas, ya había integrado una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa en 1978, junto con Ignacio Lozano, quien entonces era propietario del diario La Opinión, de Los Angeles."-

Podriamos decir, entonces que "La SIP no es un organismo monolítico donde todos los socios tengan que tener los mismos criterios políticos", como afirma Enrique Santos, presidente de la SIP. ( nota adjunta más abajo)

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PERO LA COSA NO QUEDA AHí PASAMOS A VER ESTA NOTA... QUE BAJO LA CACHE AUN PODEMOS LEER
http://www.tiempo.hn/secciones/crisis-politica/7116-la-sip-denuncia-agresiones-a-la-prensa-pero-no-condena-el-golpe

La SIP denuncia agresiones a la prensa, pero no condena el golpe

BUENOS AIRES, AFP.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció ayer domingo ataques a periodistas y a medios en Honduras por parte de los dos bandos en que se dividió la sociedad tras el golpe de Estado,
aunque eludió condenar esa asonada en su 65 asamblea general en Buenos Aires.

La condena al derrocamiento de Manuel Zelaya y su reemplazo por el gobierno de facto de Roberto Micheletti fue una moción del editor José Molina, de la comisión de Libertad de Prensa, tras la exposición de
Jorge Canahuati, del diario La Prensa -de San Pedro Sula, la segunda ciudad de Honduras- sobre una larga lista de agresiones sufridas por el periodismo independiente.

Tras un breve debate se consideró suficiente que el informe mencionara que hubo un golpe de Estado y nombrara a los partidarios de Micheletti como "golpistas".
Canahuati dijo que su país vive "un lamentable deterioro de la libertad de expresión, sobre todo después del 28 de junio", la fecha del golpe, y que los medios de prensa sufren "amenazas e intimidación" de los dos bandos en conflicto, pero particularmente de los seguidores de Zelaya.

Los episodios más graves fueron sin embargo los asesinatos de los periodistas Bernardo Rivera, Rafael Munguía y Gabriel Fino Noriega, los dos primeros antes del golpe de Estado.

OTRO LINK AQUI: http://noticias.latam.msn.com/ar/argentina/articulo_afp.aspx?cp-documentid=22542203


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y la nota sobre los criterios de la SIP y sus miembros
SIP justifica golpe en Honduras y censura informativa
"Posiblemente haya diarios que han sido partidarios del cambio del gobierno y eso por ningún motivo significa que la SIP los vaya a censurar, a decirles qué deben opinar", dijo Enrique Santos, presidente de la SIP.

El periodista Enrique Santos, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), manifestó que el organismo no le va a solicitar el cumplimiento de uno de sus principios "el respeto a la libertad de expresión", a los diarios hondureños La prensa, La Tribuna y El Heraldo, socios de la institución que han justificado el golpe de Estado porque
"la SIP no es un organismo monolítico".
"La SIP no es un organismo monolítico donde todos los socios tengan que tener los mismos criterios políticos", sentenció.

Manifestó que "hay diarios en Honduras que eran críticos y opositores del Gobierno de Zelaya, así como habían medios a favor de Zelaya. Tengo entendido que La prensa, La Tribuna y El Heraldo posiblemente han sido partidarios del cambio del gobierno y eso por ningún motivo significa que la SIP los vaya a censurar, a decirles qué deben opinar".

La Prensa, La Tribuna y El Heraldo no sólo han apoyado de manera abierta el gobierno de facto en Honduras sino que, además, no le han hecho cobertura a las movilizaciones populares en favor del regreso del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, para cumplir con una de las máximas del periodismo, la equidad en la información.

Reconoce "inactuación" de la SIP pero justifica su conducta:

Aunque el presidente de la SIP anunció la inactuación respecto al comportamiento de los diarios hondureños citados, recordó que el organismo escribió un primer comunicado el pasado domingo, (día del golpe de Estado en Honduras) en el que expresaba "su preocupación por las limitaciones a la libertad de prensa que produjo el golpe y reclamando la liberación de los periodistas presos y el restablecimiento inmediato de plenas garantías para todos los periodistas y los medios de comunicación en Honduras".

En Honduras, las televisoras que están al aire, según han denunciado ciudadanos, tienen presencia militar en sus instalaciones. Al respecto, Santos expresó: "Si eso es correcto, es censurable, nosotros condenamos ese hecho. Sabemos que por ejemplo el canal estatal (Canal 8) que salió del aire un tiempo, ha regresado, pero no informa sobre el golpe de Estado, está controlada su información. Se que TeleSUR y CNN solamente pueden accederse a través de Internet".

Indicó que todo ello "les parece preocupante", por lo que la SIP decidió pronunciarse en segunda ocasión, para exigir "un pleno restablecimiento de la libertad de prensa y de derecho de opinión para todos los sectores".

Enfatizó que "al margen de la posición política o de la opinión que se tenga en relación con los hechos de Honduras, el derecho a la información plena es un derecho ciudadano inalienable".

Añadió que ese derecho "no lo otorga ninguna autoridad, ningún Gobierno sino que es un derecho de la ciudadanía y del pueblo".

"Ha habido intervención, censura y control de los medios que eran partidarios del Gobierno de Zelaya o que eran del Estado, y eso obviamente es una restricción de la libertad de expresión que nosotros esperamos que sea eliminada muy prontamente", sentenció.

"Nos preocupa que haya mordaza, haya limitaciones a los medios de información, a la prensa, sea cual fuere su posición política", agregó.

Informó que "ha llegado el momento en que la SIP se traslade al terreno y analice la situación, aunque tengo entendido que no ha habido actos de violencia, no ha habido deportación de periodistas, no creo que ha habido desaparición, ni tortura, ni muerte, es decir, hasta ahora los niveles de violencia, por fortuna, han sido mínimos y esperamos que sea así".

Sin embargo, el pasado lunes, el equipo de TeleSUR y una de sus corresponsales en Honduras, Adriana Sívori, fueron secuestrados de forma violenta por las fuerzas militares hondureñas golpistas.

Además el reconocido caricaturista hondureño Allan Mc Donald, que recientemente recibió el Premio Nacional de Caricatura de su nación, se encuentra desaparecido, luego de haber sido secuestrado por militares golpistas que allanaron su casa y lo capturaron junto a su pequeña hija Natalie Abril, de 17 meses de nacida.

El también colaborador de Rebelión, estuvo arrestado varias horas junto a su hija, luego que las fuerzas militares le destruyeron su computadora e irrumpieron abruptamente en su hogar.

Telesur/Antv/cc

Sábado, 04 de Julio de 2009

http://www.antv.gob.ve/m8/noticiam8.asp?id=25457

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Para la SIP, el golpista "Pepsi" Canahuati representa la libertad de prensa

[La SIP hace la vista gorda en Honduras]

La SIP hace la vista gorda en Honduras

Por Jean-Guy Allard / Aporrea

Para hablar de la situación de la prensa en Honduras ante su asamblea anual de Buenos Aires, los directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han invitado al editor multimillonario de dos diarios hondureños,
Jorge “Pepsi” Canahuati Larach, uno de los actores más exaltados del golpe fascista del 28 de junio, al lado de Roberto Micheletti y de los jefes militares.

Según la agencia española EFE (cuyos servicios compra) Canahuati dijo que su país vive “un lamentable deterioro de la libertad de expresión, sobre todo después del 28 de junio”, fecha del golpe de estado. Según el mismo cable, el empresario también comentó que los medios sufren ataques de los
“dos bandos en conflicto, particularmente, de los seguidores de Zelaya”.

Canahuati es dueño para Honduras de la marca Pepsi y de las franquicias de Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Seven Up, Teem, Enjoy, Adrenaline, Gatorade, Quanty, Be-Light, Link, SoBe Energy, y (el té) Lipton.

También es una eminencia del Partido Nacional cuyo candidato es “favorito” para las elecciones golpistas del 29 de noviembre, organizadas por el régimen.

Al margen de tanta actividad Canahuati es propietario de El Heraldo y La Prensa, dos de los principales del país centroamericano, portavoces virulentos de la dictadura de Micheletti y detractores frenéticos de la restitución del Presidente Manuel Rosales.

Sus titulares celebran como actos patrióticos a los crímenes de la policía y de los militares cuando disparan contra manifestaciones y retoman denuncias de las fuerzas progresistas publicadas por grupos neonazis sudamericanos tales como UnoAmérica..

En un gesto aberrante de parte de quienes se quedaron tan amarillos desde los trágicos acontecimientos de Tegucigalpa como lo fueron en el 2002 con el golpe de Caracas, el “análisis” de Canahuati fue seguido de una moción del editor José Molina, de la llamada “Comisión de Libertad de Prensa” de esta organización en la cual se expresó discretamente un repudio a un régimen ya condenado con unanimidad en el mundo.

Tal farsa se había ya producida hace poco: al presentar sus premios anuales este 1ro de julio último, la SIP presentó como patrocinador de su “Premio Derechos Humanos”, la Organización Publicitaria, S.A., de San Pedro Sula, Honduras, editora golpista también propiedad de Canahuati.
La SIP como sistema imperial de propaganda

Para la SIP, el presidente boliviano Evo Morales ha “mantenido inalterables” sus ataques a los medios de comunicación de su país; en Venezuela el gobierno Chávez “amenaza la prensa”; sin embargo “Ortega no ha podido silenciar la prensa independiente” aunque, en Ecuador, “La situación de la prensa es cada vez más preocupante” y que en Argentina, “el triángulo Chávez-Correa-Kirchner hostiliza a la prensa”.

La llamada Sociedad Interamericana de Prensa, criatura CIA cuyo sede central se sitúa en Miami, habrá demostrado de manera aún más evidente en su último performance que no constituye otra cosa que uno de los elementos estratégicos del sistema imperial de propaganda.

En esta 65 Asamblea celebrada en Buenos Aires, la SIP ha multiplicado los ataques en contra de los países progresistas de América Latina, beneficiándose – como siempre - de la cobertura exponencial garantizada por las mismísimas agencias de prensa que perciben los cheques de sus miembros.

Explotando al máximo, otra y otra vez, esta extraña relación comprador-proveedor, la asociación continental de magnates de la información comercializada que diariamente envenena el continente, ha repetido sus criterios ultraderechistas sobre temas cuya manipulación se ha atribuido el privilegio.
Lo que mejor describe la verdadera naturaleza de la SIP, es sin duda la composición de su junta directiva.
La organización que no se cansa de repetir que defiende la libertad de prensa, está encabezada exclusivamente de representantes de monopolios de la comunicación, a nivel regional e internacional.

Tiene como presidente y único latinoamericano en su directiva a Enrique Santos Calderón, firmemente vinculado al actual gobierno colombiano cuya identificación a Estados Unidos no deja de ampliarse.

Sin embargo, no es el caso más elocuente.

Espécimen característico entre muchos otros: el vicepresidente segundo es William E. Casey, quién representa a la editorial Down Jones & Co. de Nueva York, dueña del Wall Street Journal.

Esta corporación ha sido comprada en 2007 por Rupert Murdoch, el gigante “australiano” de la prensa cuya fortuna se acerca a los 70 mil millones de dólares.

Este pulpo de la comunicación global impone a sus 142 periódicos en cada rincón del mundo, además de sus medios electrónicos de todos tipos, una línea editorial salvaje contra Venezuela cuyo líder ha atacado con declaraciones incendiarias.

¡Que casualidad!: sus detractores afirman que fue agente de la CIA.

Vale la pena señalar que la SIP, consciente del impacto de estas representaciones mediáticas, ofrece un show similar al de Buenos Aires, cada seis meses, siempre con la ayuda entusiasta de las oligarquías locales. (Fuente: Rebelion.org / aporrea.org) jean.guy.allard@gmail.com

http://www.infoalternativa.com.ar/main/index.php/opinion/1830-para-la-sip-el-golpista-qpepsiq-canahuati-representa-la-libertad-de-prensa


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Mira las relacionadas pero no te pierdas los videos y las notas que siguen...

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http://www.youtube.com/watch?v=q0IkO-5jQlw

parte 2



http://www.youtube.com/watch?v=PvVvhEEBDqs

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LIBERTAD DE PRENSA: ¿ QUE DICE LA SIP Y REPORTEROS SIN FRONTERAS?

PARA LA SIP PAISES CON MAYORES RIESGOS: ARGENTINA Y VENEZUELA
La SIP delibera en Buenos Aires / La 65a. Asamblea General analiza los desafíos de la prensa "Hoy existe una censura más sutil"

Julio Muñoz, director ejecutivo de la SIP, ubicó a la Argentina y a Venezuela entre los países con mayores riesgos

Viernes 6 de noviembre de 2009 | Publicado en edición impresa

Muñoz anticipó los temas que analizará la SIP, que reúne a 1380 medios del continente americano

Jorge Rouillon
LA NACION


"Todas estas diatribas contra la prensa son, básicamente, esquemas que inventan los gobiernos para controlar a los medios, no otra cosa", dijo, en una entrevista con LA NACION, Julio Muñoz, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que hoy comenzará en Buenos Aires su 65a. Asamblea General, con 500 editores de todo el continente.

Se refería Muñoz a leyes de medios como la que impulsa el presidente Correa en Ecuador "para proteger a los ciudadanos", o la que se aprobó en la Argentina. Al respecto, deslizó: "Todas esas leyes no tienen otro propósito que controlar a los medios de comunicación, crear un monopolio estatal de medios y eliminar la prensa independiente".

Más allá de Cuba -donde "no hay prensa; sólo la que depende del gobierno, y eso es propaganda"-, Muñoz situó como "países difíciles" para la libertad de prensa a Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, la Argentina y Honduras.

La SIP ha enviado misiones a esos países. En Bolivia, tuvo una reunión de dos horas con el presidente Evo Morales y sus ministros. En Nicaragua, Daniel Ortega no la recibió, pero se vio con la Corte Suprema, legisladores, fuerzas vivas y periodistas.

La presidenta Cristina Kirchner fue invitada hace seis meses a la asamblea que comenzará hoy, pero no respondió a la invitación. El presidente Hugo Chávez hizo lo mismo cuando la SIP deliberó en Venezuela.

"Matar al mensajero"

Muñoz recordó que el régimen de Castro apareció tras la lucha de la SIP contra "gobiernos dictatoriales" en los 50: Perón (Argentina), Trujillo (República Dominicana), Pérez Jiménez (Venezuela), Somoza (Nicaragua), Rojas Pinilla (Colombia).

Señaló luego la censura directa de las dictaduras militares, a la que ha seguido una censura más sutil, a través de la distribución del papel o de la publicidad oficial y otras presiones. "La más horrible: la violencia para matar al mensajero." Como el asesinato de José Luis Cabezas o la voladura del diario El Espectador, de Colombia, por narcotraficantes.

La asamblea de la SIP analizará y discutirá informes sobre la libertad de expresión en cada país, y luego dará a conocer sus conclusiones.

Fundada en 1942, en un congreso panamericano reunido en México, hoy integran la SIP 1380 diarios con una circulación diaria de 50 millones de ejemplares, desde Canadá hasta el Cono Sur.

Esta es la cuarta asamblea general que la SIP realiza en la Argentina: las anteriores se realizaron en Buenos Aires en 1958 y 1968, y en Bariloche, en 1993. La presidencia rota cada año; hasta esta reunión preside la entidad Enrique Santos Calderón, de El Tiempo , de Bogotá. La han presidido varios argentinos: Juan Santos Valmaggia (LA NACION), Alberto Gainza Paz y Máximo Gainza ( La Prensa) y Jorge Fascetto y Raúl Kraiselburd (El Día, de La Plata, y Diario Popular ).

Muñoz dijo que la asamblea rendirá homenaje a tres argentinos recientemente fallecidos: Luis Etchevehere ("muy querido directivo de la SIP"), Diana Julio de Massot y José Ignacio García Hamilton.

Indicó que el encuentro promoverá la Declaración de Chapultepec, que "está dirigida a luchar contra legislaciones que tratan de impedir el libre flujo de noticias -con leyes de desacato, de réplica, de colegiatura obligatoria, y las leyes directas de censura, o de revanchismos o de control, como es la ley de este país, o la que quiere imponer Correa en Ecuador o la que ha usado Chávez en Venezuela con el fin absoluto de controlar a la prensa".

La Declaración de Chapultepec , de 1994, fue firmada por 53 presidentes de América. "Solamente no la firmaron dos países, cuyos gobiernos son claros oponentes de la libertad de prensa, que son Venezuela y Cuba", apuntó Muñoz. Advirtió sobre gobiernos autoritarios o populistas que empiezan a colocar dinero en periódicos -para transformar el periodismo en propaganda- o que pretenden direccionar las licencias de radio y TV, "como ha ocurrido en Venezuela, donde el principal canal de televisión está cerrado, y el gobierno amenaza a la prensa".

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1195388

Y REPORTEROS SIN FRONTERAS QUE DICE SOBRE LA LIBERTAD DE PRENSA EN ARGENTINA: Reporteros Sin Fronteras equiparó la libertad de prensa en la Argentina a la de países europeos
R

19 de noviembre de 2009 - Rosario - Argentina
"muy buena clasificación"
Reporteros Sin Fronteras equiparó la libertad de prensa en la Argentina a la de países europeos

Un informe elaborado por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), difundido en París, equiparó la situación argentina y uruguaya al nivel de libertades de prensa de países europeos.

La organización destaca la "muy buena clasificación" de la Argentina, en el puesto 47 y Uruguay (29), debido al pluralismo y a la "democratización del paisaje mediático y, a veces, al descenso de algunos abusos de autoridad y otros intentos de censura".

El informe señala que la libertad de prensa sufrió un considerable descalabro en Irán, Honduras y Venezuela, y "se hunde" en América Central.

Esas son las conclusiones del informe que toma en cuenta las violaciones de la libertad de prensa cometidas entre el 1º de septiembre 2008 y el 31 agosto de 2009 en todo el mundo.

El informe muestra a Dinamarca como el país con mayor libertad de prensa en el mundo, seguido de Finlandia.

Y señala que en Honduras, que ocupa el puesto 128, mermó considerablemente la libertad de los medios, ya que el gobierno golpista que asumió el 28 de junio pasado impuso una "política de mordaza" a los medios que no están a su favor.

Otros dos países que preocupan a la organización son México y Cuba, históricamente al final del ranking.

Por un lado, México se encuentra inmerso en una guerra contra el narcotráfico y continúa siendo la nación más peligrosa para los reporteros del continente, con nueve periodistas asesinados desde enero de 2009 y 55 desde el año 2000.

http://www.rosarionet.com.ar/rnet/internacionales/notas.vsp?nid=47094

Y EN SU PAGINA:

La pequeña revolución mediática de Cristina Kirchner

Publicado el 14 de octubre de 2009

Reporteros sin Fronteras, en el marco de su colaboración con Americagora.com, sitio informativo dedicado a América Latina, presenta su análisis y reacción tras la aprobación de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), que viene a substituir a la Ley de Radiodifusión del 15 de septiembre de 1980, conocida como la "22.285", aprobada en plena dictadura militar.

Leer la crónica en Americagora : http://www.americagora.com/la-peque...

Calificando el texto de “pequeña revolución mediática” de Cristina Kirchner, Reporteros sin Fronteras traza un cuadro del paisaje mediático argentino y analiza los puntos principales de la nueva ley, los indiscutibles avances que introduce y las preguntas que suscita.

“Esta ley era necesaria y es valiente, teniendo en cuenta los medios de presión de algunos grupos de prensa bastante egoistas”, declara la organización. Y es que, de hecho, el objetivo que se persigue es la democratización de los medios y su desconcentración; es decir el fin del casi monopolio actual del grupo Clarín, que por sí solo posee 264 licencias de difusión. Otra medida clave reside en el hecho de que el 33% del espacio audiovisual se pone a disposición de medios o soportes sin ánimo de lucro, lo que abre la vía a los medios comunitarios hasta ahora ausentes en las frecuencias argentinas.

Cuando la cuestión del equilibrio mediático ocupa el centro de la actualidad del continente, la nueva ley argentina podría servir de feliz inspiración a otros países de la región.

Foto: AFP
http://www.rsf.org/La-pequena-revolucion-mediatica-de.html

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La pequeña revolución mediática de Cristina Kirchner
Par Emilie Barraza le 14 octobre 2009


Reporteros sin fronteras analiza las consecuencias y los retos de la nueva ley de medios audiovisuales recién promulgada. Una verdadera revolución en el paisaje mediático argentino que bien podría inspirar a los paises vecinos.

Americagora – Reporteros sin Fronteras

Cristina Kirchner no tiene muchos amigos en la prensa, en particular en la « grande ». Un día que se celebraban las conmemoraciones del 9 de julio, cuando todavía era senadora y Primera Dama, la futura Presidenta argentina calificó a los periodistas de « burros » e « ignorantes ». Era la época en que ya el grupo Clarín y La Nación, exasperaban a la Casa Rosada hasta el punto de que Néstor Kirchner se había negado a celebrar la más mínima conferencia de prensa durante su mandato. Por eso, Cristina Kirchner no partía como favorita con un proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) que esgrimió como la reforma embemática de su presidencia.

dd

Licencias y fútbol. En realidad, lo que la Presidenta ha iniciado es una pequeña revolución al conseguir que el Congreso apruebe el texto, a pesar de la lógica hostilidad de la oposición y de los consorcios mediáticos, con Clarín a la cabeza, que ahora amenazan continuar el debate ante la justicia por « inconstitucionalidad ». Políticamente se trata de una victoria. Inapelable el 17 de septiembre en la Cámara de los Diputados (146 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones) y después validada el 10 de octubre en el Senado, en idénticos términos (44 votos a favor, 24 en contra). Se argumentará que hay que pagar el precio de 200 modificaciones del proyecto inicial. Sin duda. El texto salido del hemiciclo, que la sociedad civil quería y había debatido, encaja a pesar de todo con las intenciones de sus promotores; porque el reto era doble.

Por una parte, la nueva ley SCA tenía que saldar la desafortunada herencia de la Ley de Radiodifusión del 15 de septiembre de 1980, la « 22.285 », aprobada en plena dictadura militar y que se mantuvo en vigor tras el regreso del país a la democracia en 1983. La nueva ley substituye – como ente de regulación – al COMFER (Comité Federal de Radiodifusión), que en principio agrupaba a dirigentes de empresas, funcionarios de Inteligencia y militares, por una Autoridad de Aplicación integrada por representantes de la clase política. Esa Autoridad, sometida al control del Congreso (otra novedad), tendrá que contar también con la opinión de un Consejo Multisectorial y Participativo, en el que participarán profesores universitarios, personalidades del mundo asociativo y de la sociedad civil y, naturalmente, representantes de la profesión. Un Consejo multisectorial que recuerda mucho al Consejo Honorario Consultivo instituido en Uruguay en 2007 a través de una ley inédita de medios comunitarios, capacitado para intervenir en la concesión y renovación de las frecuencias.

Indeseables y prácticamente inexistentes bajo los regímenes militares, estos nuevos medios de comunicación suponen ahora un gran reto político en el continente (leer también la crónica Reporteros sin Fronteras-Americagora del 16 de septiembre de 2009). Un poco a imagen y semejanza de la ley uruguaya de 2007 que les reserva un tercio del espacio audiovisual, la nueva legislación argentina concede un 33% a los medios sin ánimo de lucro. La antigua ley de 1980 no contemplaba esa figura pero había sido enmendada con condiciones, en dicho sentido, en 2005. Los medios más específicamente identificados como comunitarios tenían que conseguir su regularización aprovechando un cambio en las reglas de concesión de frecuencias, válidas para una duración de diez años frente a los quince anteriores.

Se trataba de dar barnices jurídicos a la dictadura. Los « imperativos de seguridad nacional», con cuya invocación el régimen militar pretendía pesar sobre los contenidos difundidos, desaparecían totalmente con una nueva legislación que garantizaba la libertad de expresión, en conformidad con el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La ley SCA establece solo la obligación, como existe en otros países, de una cuota de producción audiovisual nacional en torno al 60%. Igualmente democratiza la retransmisión de los partidos de fútbol, « una cuestión de vida o muerte, e incluso mucho más importante » según la broma, que hasta ahora estaba esencialmente limitada a los canales por cable.

Revolución audiovisual. Democratización, pues, que no parecen reconocer los detractores de la ley Kirchner, algunos de los cuales no dudan en equipararla a la ley de 1980, a la que sin embargo viene a reemplazar. Deshonesto e indecente, ese tipo de ataque juega sobre el otro reto que la SCA intentaba aceptar, y que no es el menor: reparar los perversos efectos de las enmiendas efectuadas a la ley de 1980 durante los anteriores gobiernos democráticos.

Puesto que, en la época en que se aprobó, la legislación del proceso suponía un cierto freno a la concentración de medios de comunicación prohibiendo, por ejemplo, que un grupo de prensa escrita poseyera al mismo tiempo una emisora de radio o un canal de televisión, o que más de veinte personas trabajaran dentro de la misma empresa radiofónica. Esas disposiciones, abolidas durante las presidencias de Alfonsín y Menem, tuvieron la desastrosa consecuencia de favorecer una superconcentración de medios encarnada en el grupo Clarín, poseedor por sí solo de 264 licencias. Estableciendo la prohibición de oligopolios y monopolios mediáticos, la ley SCA limita a 10 el número de frecuencias de radio abiertas (hertzianas) que pueden concederse a un mismo grupo, frente a las 24 anteriores. La misma disposición se aplica a la televisión, hertziana y por cable; un mismo grupo ya no puede ser a la vez, en la misma localidad, concesionario de un canal abierto y propietario de una empresa de producción y distribución televisual por cable. Además, un concesionario ya no podrá disponer de más de una licencia de servicio de comunicación audiovisual en soporte satélite, y un operador ya no tendrá derecho legal a ofrecer sus servicios a más del 35% de la población, o de la totalidad del público abonado.

Al final, con las nuevas cláusulas y los vencimientos de frecuencias, Clarín tendría que ceder algunos canales como Multicanal o Cablevisión si quiere conservar otros como Canal 13 (hertziano) y Todo Noticias (por cable). En total, el grupo podría perder 234 de sus licencias de emisión… siempre y cuando fracase en la ofensiva jurídica que se dispone a emprender – junto con otros – contra la ley Kirchner.

Digámoslo. Esta ley era necesaria y es valiente, teniendo en cuenta los medios de presión de algunos grupos de prensa bastante egoístas. La pequeña revolución audiovisual de Cristina Kirchner bien podría encontrar eco en otros países de la región, como Ecuador, Bolivia y Paraguay, donde la búsqueda de un equilibrio mediático se ha traducido más en la promoción de una nueva prensa pública o comunitaria. Por el contrario, un desesperante statu quo impera en Chile donde algunos proyectos de legislación, comparables a los aprobados en Uruguay y Argentina, llevan dos años durmiendo en los cajones del Congreso.

Es cierto que, sin duda, el gobierno argentino habría podido evitar añadir la afrenta a la audacia enviando, el 10 de septiembre, un centenar de funcionarios a la sede del grupo Clarín, para efectuar una dura «auditoría». Hay quien en ese episodio ha creído ver una muestra del enérgico carácter de la Presidenta. Cristina Kirchner no es la única, entre sus homólogos latinoamericanos, que exaspera a la maquinaria mediática. Sin embargo su ley, cuando no ella misma, evita la trampa en la que algunos están a veces a punto de caer: confundir la reforma del paisaje mediático con la de la práctica del periodismo.

Benoît Hervieu y Bérengère Ruet, Oficina Américas de Reporteros sin Fronteras

(Con Emiliano Gullo en Buenos Aires)

Foto: © Denise Mayumi

http://www.americagora.com/la-pequena-revolucion-mediatica-de-cristina-kirchner/1263

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ACTUALIZADA 
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la nota de Horacio Verbitsky


Domingo, 6 de marzo de 2005 | Hoy



EL PAIS › DEL EXITO EN LA CIDH A LA PELEA CON LA SIP
Quién es quién

A falta de sólida oposición política, el gobierno actúa como su propio enemigo. Sin dar tiempo a la repercusión internacional por el canje de bonos en mora y por el acuerdo con las víctimas del atentado a la AMIA, Kirchner inventó un problema donde no lo había. El gobierno desconoce hechos elementales, como la absoluta falta de afinidad entre los maltratados emisarios de la SIP y el hombre fuerte de Adepa, a quien ellos mismos criticaron con más dureza que el propio Kirchner ahora.

Por Horacio Verbitsky
Desde Washington y Nueva York

Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que asistieron a la audiencia del viernes en el viejo edificio de la Unión Panamericana, tan parecido al palacio de un dictador centroamericano de siglos pasados, rindieron un inflamado homenaje al gobierno argentino. Esto es tan atípico en la CIDH como lo fue que el gobierno pidiera perdón a las víctimas del atentado contra la mutual judía de Buenos Aires y se comprometiera a adoptar una serie de medidas reparatorias de lo sucedido y previsoras de su repetición. Diana Malamud y Adriana Reinsfeld, que perdieron a su esposo y a su hermana en el atentado, lloraban, consoladas por sus abogados, Pablo Jacoby y Alberto Zuppi. Quien presidió la audiencia, la comisionada peruana Susana Villarán, dijo con los ojos húmedos que ella también se había emocionado. Todos los presentes estuvieron de acuerdo. El comisionado brasileño Paulo Sergio Pinheiro dijo que otros países deberían seguir el ejemplo argentino y abrir sus archivos secretos para que se conozca toda la verdad. El comisionado salvadoreño y relator sobre Argentina, Florentín Meléndez, destacó al país como modelo a seguir en América Latina.
En la audiencia siguiente los encomios se reiteraron cuando el representante de la Cancillería, Horacio Méndez Carreras, asumió el compromiso de impulsar el proyecto de despenalización de los delitos de calumnias e injurias contra funcionarios, redactado por la extinta asociación Periodistas y ahora seguido por el Centro de Estudios Legales y Sociales. Consiste en la incorporación al Código Penal argentino de la norma de la real malicia. Según esa doctrina, que aquí rige desde hace cuatro décadas por decisión de la Corte Suprema de Justicia en un caso que afectaba al diario New York Times, si un funcionario o una figura pública se consideran ofendidos por una nota periodística, se invierte la carga de la prueba. Ellos deben probar que la información era falsa y que el periodista la publicó de mala fe, a sabiendas de su falsedad. El episodio me concierne, ya que en ambas audiencias el CELS representó a las víctimas del atentado contra la AMIA y de varios fallos judiciales adversos a la libertad de expresión: Tomás Sanz (condenado por un artículo sobre el Hermano Eduardo); Eduardo Kimel, quien investigó la masacre impune de los sacerdotes y seminaristas de la Iglesia de San Patricio y resultó el único castigado del caso, y la actriz Gabriela Acher, condenada por un programa humorístico sobre la discriminación contra la mujer en el sistema judicial argentino. El cuarto caso de libertad de expresión lleva mi nombre y se inició porque la Corte Suprema de Justicia mantuvo abierto durante más de diez años un juicio del ex ministro Carlos Corach, con la esperanza de que se murieran los testigos que me permitieran demostrar la verdad de mis afirmaciones sobre su acción sobre la justicia.

Loas e incienso

En el vuelo de regreso a Nueva York, leí un notable trabajo del economista Nouriel Roubini, encomiando la salida del default lograda por el gobierno argentino y denunciando a los economistas y los medios de prensa (como Adam Lerrick y The Financial Times) cuyos vaticinios pesimistas sobre el canje de títulos encubrían un conflicto de intereses. También tuve tiempo de comenzar la lectura de un improbable best-seller financiero, Y el dinero siguió entrando (y saliendo), escrito por el periodista del diario The Washington Post Paul Blustein. El título, tomado, cuando no, de la ópera Evita, lleva como subtítulo explicativo: “Wall Street, el FMI y la quiebra de la Argentina”. Dice Blustein: “Los errores de la Argentina fueron consentidos por las elites políticas de Washington y financieras de Wall Street. El FMI puede ser acusado con justicia de lo que podría llamarse el síndrome del niño modelo, dado el entusiasmo que manifestó por la adopción por el país de las reformas que el propio Fondo había propiciado. La invitación a Menem para que hablara en la reunión conjunta del FMI y el Banco Mundial de 1998 es apenas una ilustración de ese síndrome”. Es decir, la misma visión que difunde el actual gobierno argentino, que recibe por ello loas e incienso.
Ya en Nueva York, mientras se endurecen los restos de la última nevada del invierno, leo también los ecos de la incomprensible confrontación entre el gobierno argentino y la Sociedad Interamericana de Prensa. A esta distancia, cuesta entender cómo se las ingenió el gobierno (y dentro de él muy especialmente el presidente Néstor Kirchner y su jefe de gabinete Alberto Fernández) para crear un problema allí donde no lo había. Sobre todo, asombra el desconocimiento sobre personas y acontecimientos, que nadie se tomó el trabajo de explicarle a Kirchner, probablemente porque nadie estaba al tanto. Esa ignorancia es ostensible en las declaraciones del secretario de Medios Enrique Albistur, quien reprochó a la SIP no haber alzado la voz por los desaparecidos, cuando en realidad ocurrió exactamente lo contrario. Sólo un desconocimiento profundo de los hechos pudo llevar a emparentar la actitud que entonces tuvo la SIP con la del eterno hombre fuerte de la asociación argentina de dueños de diarios, Claudio Escribano, y a colocarlo en la misma bolsa con dos miembros de la misión de la SIP, que están en sus antípodas. Robert Cox y Edward Seaton son dos personas honestas y valientes que se animaron a decir la verdad de lo que ocurría entonces en la Argentina, por lo cual corrieron todos los riesgos y, en el primer caso, al precio de la cárcel, la amenaza de muerte y el exilio. Al asociarlos caprichosamente con uno de los grandes apologistas de la dictadura, Kirchner se dispara en el pie e instala con alta prioridad en la agenda nacional e internacional un tema que sus adversarios venían pugnando por imponerle con escaso éxito hasta la semana pasada.
Seaton, propietario y editor del diario Mercury de Kansas, ya había integrado una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa en 1978, junto con Ignacio Lozano, quien entonces era propietario del diario La Opinión, de Los Angeles. El escandalizado informe que publicaron constató que los principales editores argentinos, con Escribano a la cabeza:
- Priorizaban la seguridad nacional sobre la libertad de expresión;
- Justificaban la censura porque se declaraban de acuerdo con la dictadura militar (dentro de la cual distinguían entre duros y moderados y con la cual decían que deseaban cooperar);
- Se negaban a informar sobre la desaparición de personas y
- Se beneficiaban de tal comportamiento al asociarse con el Estado para la producción de papel.

Las reglas de la censura

La prensa argentina ocultó ese documento y varios de sus representantes expresaron su desacuerdo con él rechazando un premio que la SIP confirió a los periodistas argentinos con la intención de ayudarlos en una lucha por la libertad de expresión, que los editores no estaban interesados en librar. Seaton y Lozano se sorprendieron de que los editores de periódicos aceptaran “las reglas de la censura”. Entre el 18 y el 25 de agosto de 1978 la misión entrevistó a más de cinco docenas de personas. La mayoría dijo que sin la intervención militar el país hubiera sucumbido a la guerrilla. El ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, les dijo que “unos 1500 desaparecidos estaban detenidos sin proceso por las autoridades militares” como “prisioneros de guerra”. La misión citó un informe de Amnesty International acerca de 39 periodistas desaparecidos hasta enero de 1978, 40 detenidos y otros 22 asesinados, la clausura o suspensión temporaria de más de 60 publicaciones y la clausura permanente de otras tres docenas.
Cuatro diarios fueron intervenidos, La Opinión de Buenos Aires, La Opinión de Trenque Lauquen, El Independiente de La Rioja y El Norte de Resistencia. “Esas cuatro publicaciones dirigidas ahora por autoridades militares y las publicaciones privadas que sobreviven enfrentan una situación de ‘posguerra’ dominada por el miedo y la autocensura.”
Según la SIP, “no rigen las garantías constitucionales y el gobierno tiene amplias facultades para confiscar tiradas completas, cerrar publicaciones y disponer arrestos”. Sin embargo, más que la censura los enviados señalaron “la extendida autocensura que practica la prensa del país”, en la atmósfera “de una sociedad totalitaria”. La misión se refirió al secuestro de Rodolfo Walsh, “uno de los más conocidos periodistas investigativos del país y un abierto y activo partidario del peronismo de izquierda” quien, el día anterior a su secuestro, “difundió una Carta Abierta a la Junta Militar denunciando, en el primer aniversario del golpe, las violaciones a los derechos humanos y deplorando el impacto de su gobierno sobre la Argentina. La carta fue la más poderosa y detallada denuncia del gobierno aparecida desde el golpe”. Añadió que “la mayoría de los diarios ignoran la mayoría de los secuestros. Por ejemplo, pocos quisieron cubrir la desaparición de diez dirigentes de las llamadas Madres Locas que se reúnen los jueves frente a la sede presidencial”. Otros editores y directores “dijeron que no le dan espacio a la violencia porque están de acuerdo con la campaña del gobierno en contra del terrorismo y que ‘van a cooperar’. La extensión de esta actitud quedó demostrada en mayo [de 1978] cuando La Prensa publicó la lista de 2500 personas que habían "desaparecido". De acuerdo con un vocero del organismo de derechos humanos que pagó la solicitada, la lista había sido rechazada antes por lo menos en otros tres diarios de Buenos Aires. Y pocos diarios de BuenosAires informaron de que se hubiera publicado semejante lista”. Durante el campeonato mundial de fútbol “fue colocada una bomba en la planta fabril de un gran diario de Buenos Aires, que no publicó la noticia. Cuando explotó otra en el edificio del Buenos Aires Herald, el único diario que lo cubrió fue el propio Herald”. Según Seaton y Lozano “es difícil que los observadores externos puedan sentirse bien en un país cuyos principales editores de diarios dicen que la seguridad nacional tiene prioridad sobre la libertad de expresión”.

Socios

El informe añade que “otro aspecto de la situación que perturbó a la misión es el crédito a largo plazo que el gobierno concedió a los diarios para una planta de papel”. Seaton y Lozano expresaron “graves reservas sobre el proyecto emprendido por tres grandes diarios de Buenos Aires. La Nación, La Razón y Clarín compraron acciones en la nueva planta” mediante un “generoso crédito ofrecido por el gobierno militar. Semejante situación encierra muchos peligros. No es el menor de ellos que esto casi imponga no antagonizar con el gobierno”. El informe dedica dos de sus 18 hojas al caso de Jacobo Timerman, “un propietario y director de diario arrancado de su casa en medio de la noche, torturado, privado de su propiedad, juzgado y absuelto por la justicia militar, que sigue prisionero pese a que la Corte Suprema ordenó su libertad” mientras su diario La Opinión es dirigido por un militar. “Muchos otros periodistas están presos sin proceso, porque se considera que tienen conexiones con los terroristas, como se pensaba que Timerman las tenía. La diferencia es que Timerman fue juzgado y absuelto por un tribunal militar por delitos subversivos, y sin embargo sigue bajo arresto.” Aunque las acusaciones de conexión con los subversivos han sido refutadas “su diario no le fue devuelto”. Timerman “está desilusionado por lo que siente como falta de apoyo de los demás editores argentinos”.
El informe fue presentado a la 34ª Asamblea de la SIP, que sesionó en Miami entre el 9 y el 13 de octubre de 1978. Ese último día, La Nación tituló su crónica “Firme posición de la Argentina ante la asamblea de la SIP”, en la que informó que Adepa había rechazado el premio SIP Mergenthaler, ofrecido en forma colectiva “a los periodistas argentinos que por defender la libertad de prensa han muerto, desaparecido o sufrido encarcelamiento y persecución”. La delegación argentina propuso que se cambiara aquel texto por éste: “A los periodistas argentinos en la figura de Alberto Gainza Paz, quien nunca claudicó en la lucha por los principios que sostiene la SIP”. La SIP no aceptó y nadie retiró la plaqueta, que quedó colocada en la sede central de la organización, en Miami. Para La Nación “parecería que en vez de ir a la Argentina a cerciorarse de si existe libertad de prensa, la SIP se ocupó esencialmente del caso de Jacobo Timerman, quien se encuentra a disposición de la Justicia (sic) por hallarse supuestamente mezclado en el ‘affaire Graiver’”. El diario dedicó más espacio a su diatriba que al documento, que recién se conoció en la Argentina veinte años después, cuando Escribano se atrevió a decir que no había sido bastante recio “en la crítica contra los hombres que se excedieron en el ejercicio del poder. Debemos lamentar no haber alzado más la voz, porque hubiéramos contribuido a la salud de la República”, convirtiendo su abierta complicidad en un pecado de omisión.

La excepción a la regla

El informe señaló que la única “notable excepción” a la ausencia de cobertura de los crímenes del gobierno militar “es el Buenos Aires Herald, el valiente David que recibió el premio Mergenthaler en nuestra última reunión, que se publica en inglés y cuyo director, Robert Cox, fue arrestado y detenido durante 24 horas bajo acusación de violar una ley de seguridad por informar en la tapa acerca de una conferencia de prensa de extremistas argentinos en Roma. Luego del retiro de la misión, Cox marchó al exilio”. Mucho más que eso: en 1993, en respuesta a una entrevista de Uki Goñi, Cox recordó que “La Nación (el principal periódico en la Argentina) no informó sobre los secuestros”. En el Herald, en cambio, “rápidamente descubrimos, y no puedo creer que los otros periódicos no lo hayan hecho, que se estaba secuestrando, torturando y asesinando a un gran número de personas”. Cox cree que “si sólo hubiésemos tenido una prensa decente, no podría haber pasado lo que pasó”. También recordó varias reuniones del dictador Jorge Videla con periodistas. El sólo fue invitado a la primera. “Nos encontramos con Videla en una antecámara pequeña antes de la imponente oficina presidencial. Videla estaba nervioso y bastante tímido. Traté de sacar a luz en esa reunión lo qué yo ya sabía que estaba pasando. Su reacción me hizo dar cuenta de que él estaba muy al tanto de todo. Mi impresión era que pensaba que esto era una triste realidad que duraría un corto tiempo, pero que se controlaría rápidamente. Pero no me contestaba directamente. Trató de indicar que no pasaba nada. Pero lo que realmente me inquietó fue que los otros periodistas no se interesaron en seguir con este tema. Cuando el gobierno lo llama a uno, entonces uno ya está en un problema. Lo llaman a uno para una reunión pequeña, donde todos se comportan simpáticamente y el periodista hace preguntas inofensivas y le dan las respuestas más inocentes y todos terminan bellamente felices. Y es esto lo que los otros periodistas hacían. No insistieron, y era de tremenda urgencia expresar una preocupación enorme.”
Los periodistas, sigue Cox, no iban a esas reuniones a buscar información sino a “ser seducidos, para sentir que estaban entre los elegidos, y esto presuponía que debíamos apoyar al gobierno”. El ex director del Herald sostuvo que estaba “muy orgulloso de lo que el Herald pudo hacer. Trataba de salvar la vida de personas, y creo que logramos salvar algunas vidas. Y me acuerdo cómo todo el tiempo se acercaban toda clase de personas a ofrecer información, porque el Herald había llegado a ser la fuente más importante para los derechos humanos. Las cosas que hacíamos eran sólo lo básico, normal, cosas naturales, honradas, que cualquier prensa decente habría hecho. Las primeras notas que escribí acerca de lo que estaba verdaderamente ocurriendo se publicaron en el extranjero. Si las hubiera escrito para el Herald el clima era tal que se habría cerrado el Herald, o explotado, o se habría matado a alguien.”
En cambio, “La Nación verdaderamente me enfurece, porque podrían haber hecho algo. Podrían decir del Herald que éramos extranjeros, que estábamos metidos en algo. Y lo dijeron, que éramos comunistas. Pero no podían decir eso de La Nación. Una de las grandes vergüenzas de La Nación era que alentaba a sus reporteros a trabajar para el gobierno, porque de esa manera no tenía que pagarles tanto dinero y conseguían información”.

Vil, pero falso

Dos años después, en 1981, Escribano protagonizó un escándalo durante la asamblea de la SIP, al pronunciarse en favor de la dictadura militar y en contra de uno de los emblemas de la persecución que padecían los periodistas argentinos, Jacobo Timerman. Escribano fue uno de los editores que devolvieron el premio Marìa Moors Cabot cuando la SIP y la Universidad de Columbia se lo confirieron a Timerman. Escribano pronunció además un discurso descalificatorio del colega perseguido y despojado por la dictadura militar. “No te pedían tanto, Claudio”, lo increpó Timerman. En la columna política de mitad de esa semana, Escribano afirmó el 9 de julio de 1981 que el general Ramón Camps estaba preparando un libro para contrarrestar la conmoción internacional que había causado el libro de Timerman Prisionero sin nombre, celda sin número que acaba de editarse en Nueva York. Añadía que colaboraban con Camps los directores de La Prensa, Máximo Gainza, y de El Día de La Plata, Raúl Kraiselburd. La participación de Kraiselburd, decía, “es un golpe de doble efecto para el Sr. Timerman: lo alcanza en su propio terreno, el del periodismo, y termina rematándolo en la lona de su propia raza”. Ocurre que Kraiselburd es judío. La información era vil, pero falsa: Gainza colaboró con Camps, que se lo agradece en el prólogo, pero Kraiselburd (cuyo padre fue secuestrado y asesinado por un grupo de montoneros) no. Héctor Timerman, el hijo de Jacobo, está haciendo un excelente trabajo como cónsul en Nueva York. Pero tal vez le sería más útil a Kirchner en el área de la relación con los medios, donde el torpe episodio con la SIP hizo sentir la desesperante necesidad de una persona que entienda de qué se trata y cuáles son las fortalezas, vulnerabilidades y conveniencias del gobierno. Para empezar, alguien que conozca el más elemental quién es quién del métier.


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3 comentarios:

Juan Manuel Fonrouge dijo...

es como un equipo de fútbol, a ernestito le toca jugar por la izquierda, igual ultimamente se esta haciendo cargo de sus ideas, fijate bien en su blog que hace unas semanas dijo que el mejor gobierno de la democracia fue el de duhalde

http://jmfonrouge.blogspot.com/2008/11/los-nobles-escuderos-de-la-libertad-de.html

GAL dijo...

Juan Manuel, parece que mas que por la izquierda juega por la derecha...

guille dijo...

Gal ,este muchacho se fue de la cancha ,jajaja.

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