Lo que circula por los medios

30 de septiembre de 2009

VICTOR HUGO MORALES CON LONGOBARDI - LEY DE MEDIOS


Victor Hugo con Longobarbi
1


http://www.youtube.com/watch?v=eyD3_qucqy4

2



http://www.youtube.com/watch?v=hHtfoqilMMA


3



http://www.youtube.com/watch?v=lVoFoteWqRE

4


http://www.youtube.com/watch?v=EionvOvjUqg


RELACIONADAS.

ley medios ARTICULOS 32 y 75 CONSTITUCION NACIONAL 20090928


http://www.youtube.com
/watch?v=0uml1tsRYGg


vision 7 ley de medios autoridad de aplicacion analisis mariana moyano 20090923



http://www.youtube.com/watch?v=pqVsRq-KaKw

VER.

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CLARIN PUBLICO UN COMUNICADO INEXISTENTE DE APBA, CRITICANDO EL PROYECTO DE LEY OFICIAL DE RADIODIFUSION


ASOCIADA:

Por Roberto Caballero
Se va a acabar...
03-09-2009 / Vivimos un momento crucial. Hay operaciones que infunden terror hablando de “chavización”. Diputados que se bajan de lo que siempre sostuvieron. Una a una, las refutaciones a todas sus falacias. Veintitrés razones por las que apoyamos la nueva Ley de Medios, aunque la impulse el kirchnerismo.

Debate sobre la nueva ley de medios: 23 razones para apoyarla.
Por Roberto Caballero*

1) Según Ricardo Roa, Editor General de Clarín, el proyecto de ley es “franquista”, “fascista” y “chavista”: el exceso de adjetivación no asusta tanto como la intención de identificar a un gobierno democrático (malo o bueno, según quién lo mire) con dos dictaduras sangrientas, como la de Franco (que produjo medio millón de muertos) y la de Mussolini (que se alió con el nazismo en la Segunda Guerra, provocando 56 millones de víctimas). Es una demasía. Nadie se imagina a Néstor o Cristina Kirchner bombardeando Guernica o gaseando minorías en aras de la pureza racial. Y sobre la acusación de “chavista”, Roa no puede ignorar que el proyecto oficial evitó puntillosamente parecerse en algo a la Ley de Radiodifusión que impulsó Chávez, tomando, en cambio, aspectos fundamentales de las leyes estadounidense, canadiense, francesa y española.

2) Este Parlamento es ilegítimo para tratarla, hay que esperar a los diputados que asumen el 10 de diciembre: este argumento, agitado por la oposición por derecha al Gobierno, es uno de los más peligrosos. Es casi golpista, porque deslegitima a los actuales diputados, que son los que hay. Cerrar el Parlamento hasta diciembre, que es lo que en verdad proponen, es atentar contra uno de los tres poderes del Estado: el Legislativo. La Argentina tiene un régimen presidencialista, no es como España o Italia, donde con cada variación legislativa se elige un premier. Aquí existe continuidad institucional. Un escenario donde con cada cambio de composición de las cámaras (que reflejan mayorías siempre circunstanciales) se revisen todas y cada una de las leyes en vigencia, consagraría la “inseguridad jurídica”, esa que tanto preocupa a la Embajada, al Pro y a los falsos liberales que supimos conseguir. Es tan sabia la Constitución que cuando hay elecciones de un nuevo presidente, igualmente debe cumplirse con el requisito, también constitucional, de enviar el Presupuesto del año siguiente antes del mes de octubre a cámaras que gozan de la misma “ilegitimidad” que se les adjudica a las actuales.

3) Es una ley K para controlar a los medios: muchos gobernantes, también los Kirchner, tienen una tendencia a confundir gobierno con Estado. Aceptemos que es una manía habitual de los políticos que tenemos. Lo raro de esta afirmación es que aquellos que dicen representar lo opuesto participen de la misma confusión: una norma siempre viene a regular algo y necesita de una autoridad de aplicación para hacerla cumplir. Si la nueva Ley de Medios sale, después de 26 años, se habrá sancionado una norma enviada por el Poder Ejecutivo, analizada y discutida por el Poder Legislativo, que enterrará al Comfer creado por Videla y Martínez de Hoz, que permite la discrecionalidad total, creando una Agencia Federal, de carácter democrático, que puede ser (como pide el oficialismo) dependiente del Ejecutivo con vigilancia parlamentaria, o autárquica (como pide Pino Solanas o Margarita Stolbizer), que controle el cumplimiento efectivo de lo que la sociedad, a través de sus representantes, decidió darse como ley. No se puede ser “legalista” o “anarquista” según convenga. El Estado es el Estado, las leyes son las leyes y los gobiernos, administradores momentáneos de la cosa pública.

4) Es una ley para regalarle el fabuloso negocio del “triple play” a las telefónicas, salimos del monopolio de Clarín y vamos hacia el monopolio telefónico: llama la atención que Silvana Giudici (UCR), tenaz opositora al proyecto oficial y una de las que alerta sobre esta posibilidad, tenga un proyecto propio –que pocos conocen– donde el ingreso de las telefónicas está prácticamente desregulado. Quien quiera leerlo puede acudir a Diputados y solicitar el expediente 16-D-2008, que reproduce el 4369-D-2006, de Giudici, donde sólo les exige a las telefónicas que exista otro servicio en la misma área, que los consumidores tengan opinión y que tengan un porcentaje superior al 20 por ciento de programación independiente de cada medio propio. Buenas intenciones, pero nada más. El proyecto oficial, en cambio, es bastante más riguroso: las empresas de servicios públicos están autorizadas a prestar conjuntamente telefonía, Internet y televisión (triple play) siempre y cuando cumplan con requisitos técnicos como la apertura de sus redes a otros prestadores, la portabilidad numérica (que el número telefónico sea de los abonados y puedan llevarlo de empresa a empresa), la apertura de sus redes troncales y la obligación de darle al resto de los operadores toda la información técnica que se requiera. Además, las obliga a crear unidades de negocio por separado, prohíbe los subsidios cruzados entre estas unidades y se sancionan fuertemente las conductas monopólicas. Y algo más: deberán tener un 70 por ciento de capital accionario argentino. Habrá mayor competencia y, quién les dice, hasta quizá bajen los precios del servicio, lo que siempre es muy bueno.

5) Ataca la libertad de prensa: lo que reduce el margen de opinión, en realidad, es la concentración económica. En el 2002, la UTPBA (el sindicato de periodistas de Buenos Aires) planteó que “no hay democracia informativa sin democracia económica”. El derecho a expresarse e informarse verazmente es un derecho de tercera generación, contemplado en pactos internacionales a los que la Argentina suscribe. Si en el pasado era el monarca el que decidía quién hablaba y quién no, si luego fue el empresario capaz de comprar la imprenta el que velaba por esto, las legislaciones más avanzadas de fines del siglo XX consideran que la sociedad hoy es la que tiene la custodia de este derecho propio y exige a los Estados que garanticen mediante normas desmonopolizadoras su plena vigencia. Si algo ataca a la libertad de expresión y a la prensa libre, es la discrecionalidad política y empresaria no reglamentada. El decreto ley 22.285, el de la dictadura aún vigente, luego modificado por varios decretos de Carlos Menem, permitió una concentración económica que es un verdadero atentado contra la pluralidad informativa. Si la nueva ley enviada al Parlamento ataca a la prensa, ¿qué se puede decir de este engendro que habilita a que una sola persona sea titular de 24 licencias de radio y TV y donde la autoridad de aplicación está integrada por servicios de Inteligencia de las tres armas y empresarios? ¿Un interventor del Comfer, elegido a dedo por el Presidente, como sucede hasta ahora, puede garantizar la libertad de expresión? La verdad, no. Salvo que, como Gabriel Mariotto, envíe un proyecto al Parlamento donde su cargo y el organismo que regentea desaparezcan. Lo que entra en crisis, en realidad, es la libertad de empresa entendida como multiplicación de la renta por vía de la ilegalidad, a costa de un derecho social. Donde no hay ley, ganan los más fuertes. Eso pasó durante todos estos años.

6) Es para destruir a Clarín: esto lo dicen Clarín y los ultrakirchneristas desvariados, y no deja de ser una falta de respeto a la militancia de todos estos años de hombres y mujeres integrantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, autora de los ya famosos 21 puntos básicos por el Derecho a la Comunicación. Convendría, en todo caso, que los gerentes del grupo en cuestión lean lo que publicaron en su diario el miércoles 2, en la sección Tribuna, página 29. Es la opinión de Marcos Novaro, profesor de Teoría Política Contemporánea (UBA): “Conviene no sobrevalorar el sistema de medios que eventualmente resultaría afectado, y que dudosamente pueda ser descrito como el reino de la libertad de expresión. No sólo en el caso de Clarín, cuyo debilitamiento como grupo económico incluso puede que lo estimule a mejorar como empresa periodística, terreno en que su independencia de criterio declinó a medida que progresaba la suerte de sus inversiones”. Toda crisis es una oportunidad.

7) Cada dos años se van a revisar las licencias: falso. Se trata de una revisión de carácter técnico, para no estar reformando la ley cada vez que salga al mercado una nueva tecnología que altere las reglas de compatibilidad o multiplicidad de licencias. Es más, en el proyecto de ley queda expresamente aclarado, luego de las críticas que recibió el anteproyecto, que se preservan los derechos de los titulares de licencias o autorizaciones al momento de la revisión. Y si se sacara el artículo, ¿la oposición votaría la ley?

8) Le quieren dar el 33 por ciento a las ONGs para ampliar el sistema público por vía de cooptación con publicidad oficial: esta idea de que el kirchnerismo compra a los medios con dinero público está muy instalada y nunca suficientemente discutida. ¿Cuánto dinero público reciben, por caso, Clarín y La Nación en Papel Prensa y cuánto de publicidad oficial por año? ¿Cuántas industrias se pueden dar el lujo de tener, como ellos tienen, subsidiado su insumo básico por todos los contribuyentes? ¿Cuántas licitaciones del Estado nacional ganó Tinta Fresca para vender libros a los ministerios de Educación? ¿Cuánta pauta reciben Clarín y La Nación de los organismos descentralizados como la ANSeS y la AFIP? Y, sin embargo, ninguno de los dos diarios es oficialista. Con respecto al porcentual de ONGs que van a poder acceder a las licencias, es una buena noticia, porque regulariza situaciones de hecho y porque crea un nuevo sujeto público con derecho a opinar, generando una prensa no atada sólo al lucro. En la vida también hay otras cosas interesantes. Universidades, iglesias, sindicatos, asociaciones educativas, etnias diversas, entre otros, podrán ampliar la oferta de consumo cultural. Todo eso enriquece a la sociedad. La diputada Giudici, por caso, en su proyecto del que ya hablamos, proponía un porcentaje aún mayor que los K: el 40 por ciento.

9) La impulsa un señor como Mariotto, que cometió ilícitos con una radio trucha: esto es un chiste. La trayectoria de Mariotto es la de un académico militante, que en el pasado burló la ley de radiodifusión de la dictadura para hacernos escuchar un discurso alternativo al hegemónico, como se podía. El día que vaya preso por eso, somos muchos los que lo podemos acompañar, porque hicimos las mismas cosas. Y las volveríamos a hacer. El obispo de Mercedes, monseñor Agustín Radrizzani, que salió a criticar la ley, tiene la frecuencia del obispado en la que debieran difundirse las enseñanzas de la Iglesia concesionadas a un empresario privado que en la Capital Federal emite Radio Concepto. ¿Acaso eso no es trucho? Y De Narváez, opinando como juez y parte. Vamos.

10) Los Kirchner no son creíbles porque en Santa Cruz armaron una prensa adicta: los que les niegan a los Kirchner espesor moral para impulsar una nueva Ley de Medios confunden lo accesorio con lo importante. Un secretario privado del ministro de Guerra de Agustín P. Justo, que alguna vez viajó a Italia y quedó sorprendido por Il Duce, cierto día llegó a presidente y mandó sancionar por un Parlamento democrático las “leyes sociales” por las que peleaba un socialista como Alfredo Palacios. Estas siguen vigentes hasta hoy. Los antecedentes no ayudaban a Perón, es cierto, pero el prejuicio tampoco a comprenderlo.

11) Los Kirchner extendieron las licencias y favorecieron la concentración, no hay que creerles ahora que quieren hacer lo contrario: esta supuesta ambivalencia empuja a muchos a refugiarse en la desconfianza, que es un buen lugar para nunca equivocarse y para nunca acertar. Criticar a los Kirchner por lo que hicieron en el pasado y volverlos a criticar cuando hacen lo opuesto es un argumento esquizoide. Si estaba mal lo de antes, lo de ahora debería ser lo bueno. ¿O no?

12) Van a lloverle juicios al Estado: quizá. Lo mismo se dijo cuando se devaluó, se renegoció la deuda y se modificaron los contratos con las privatizadas. Pasaron siete años y todavía el Estado nacional no erogó un solo centavo en concepto de indemnización.

13) Es una ley extorsiva: el 31 de agosto, un decreto oficial canjeó todas las deudas impositivas y previsionales a los dueños de los medios por publicidad oficial. Un gobierno que quisiera extorsionarlos habría utilizado estas deudas para ponerlos contra la espada y la pared: quiero buenos titulares, a cambio de no ejecutarte. Esto tampoco pasó.

14) No es un buen momento para debatir la ley, hay otras urgencias: en los últimos 26 años nunca hubo un “buen momento”. ¿En serio alguien cree que si no se distribuye la palabra los otros problemas más urgentes se pueden solucionar? Este argumento lo único que busca es perpetuar el statu quo. ¿A cuánto cotiza esta semana la preocupación por la pobreza de los gerentes noticiosos del sistema tradicional de medios?

15) Le quieren dar una radio a Moyano, que la va a usar para hacer propaganda: esto lo dijo María Eugenia Estenssoro, la diputada de la Coalición Cívica. Está tan naturalizada la idea de que si un medio es de un empresario está bien y si, en cambio, lo maneja un sindicato es algo corrupto, que lo dijo y nadie le dijo nada. Pero es un comentario discriminador. Y conste que los que hacemos esta revista estamos más cerca de Tosco que de Rucci.

16) La autoridad de aplicación va a responder al Ejecutivo: lo que responde al Ejecutivo hoy es el interventor del organismo creado por una dictadura. Esto es lo grave. El organismo democrático que vendrá a reemplazarlo, sea autárquico como quieren unos, o sea dependiente del Ejecutivo con control parlamentario y presencia de las minorías, como quieren otros, es mucho mejor que lo que tenemos.

17) Es un traje a la medida del kirchnerismo: hablando en serio, esta ley beneficia más a los que vengan a gobernar después de los K que a los K. Ni ellos mismos estaban convencidos de mandarla. Un largo proceso los convenció de hacerlo. El año pasado, después del lockout agropecuario, cuando con alguna tibieza se comenzó a hablar de una ley que reemplazara a la de la dictadura, esta revista hizo una tapa. Dijimos entonces que la votaban en 60 días. Fue un papelón.

18) No hubo discusión pública: lo más vergonzoso de este planteo es que proviene de los mismos que durante todos estos meses fueron incapaces de dar publicidad al debate en sus propios multimedios, invisibilizándolo. Jugando a que el Gobierno se arrepintiera. Escamoteándoles a sus audiencias la trascendencia del debate. ¿Dónde se divulgaron los foros provinciales? ¿Y los “Café Cultura” donde se discutió el anteproyecto? Hablemos en serio: desde el 1 de marzo del 2009, fecha de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando Cristina anunció el envío del proyecto de ley, durante cuatro meses, el diario Clarín publicó 77 notas sobre el tema, de las cuales sólo 3 fueron informativas. De las 74 restantes, 10 estuvieron en su sección editorial y columnistas propios y 64 se les ofrecieron a los lectores del diario incorporando el punto de vista sesgado de su gerencia como si fuera información desopinada en secciones como El País, Medios y Sociedad. En todos los casos, se omitió prolija y calculadamente informar sobre algún aspecto positivo de la nueva ley. Dice el filósofo Zizek: “La lógica misma de la legitimación de la relación de dominación debe permanecer oculta para ser efectiva”. Vaya si ocultaron su propósito. Si eso no es poder, qué es. El poder de manipular.

19) No beneficia en nada a la gente: si pensamos que detrás de un sindicato hay gente y lo mismo sucede detrás de una radio comunitaria, de un diario independiente; si creemos que detrás de un diario, una TV o una frecuencia radial hay audiencias que escuchan y quieren hacerse oír; si leemos el proyecto y descubrimos que el cable, por ejemplo, va a ser considerado un servicio público, lo que obliga a las prestadoras a dar una tarifa social; si en serio pensamos que habrá nuevos jugadores, es decir, mayor competencia y eso puede llegar bajar los precios de esos mismos servicios, evidentemente la gente se beneficiaría. Hagamos un ejercicio: tomemos todos los servicios que llegan a nuestro domicilio. Veamos cuánto pagamos por cada uno de ellos, en forma mensual o bimensual. Ahora bien, tomemos la boleta mensual de Cablevisión y Fibertel. ¿Lo descubrieron? Sí, es el servicio más caro y abusivo de todos los que pagamos.

20) No va cambiar nada: ¿Y si pensamos que puede cambiar mucho? Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad.

21) Es para apretar a los periodistas: sin duda la relación con los periodistas podría ser mejor. Pero quizás, algún día, los periodistas podamos hablar claro sobre todos los aprietes que sufrimos y que no provienen, precisamente, de los funcionarios de turno. Hay algo que es cierto: a mayor discrecionalidad, mayor riesgo. A menor discrecionalidad, el riesgo baja. La ley es clara: no permite censuras, ni persecuciones. Sólo hay que hacerla cumplir.

22) Es una pelea entre patronales, que no beneficia a nadie: este es el argumento de la izquierda maximalista, reciclada en módica inspectora de revoluciones que se acostumbraron a ver por televisión. Ahora van a tener más canales.

23) Esta ley no recoge el consenso de los argentinos: falso. Esta ley retoma los principales aspectos de las conclusiones del Consejo para la Consolidación de la Democracia, del gobierno de Raúl Alfonsín; es casi idéntico al proyecto presentado por la diputada del GEN Margarita Stolbizer, y resume los principales aspectos del proyecto de ley presentado por la radical Giudici. Sin embargo, el partido de Gerardo Morales insiste en oponerse al proyecto. Hay radicales que no cambian más: hablan como Alem para después votar como Alvear. En fin.

* Director de revista Veintitrés
116

http://www.elargentino.com/nota-56550-Se-va-a-acabar.html

29 de septiembre de 2009

Una planta arrancada con sangre





informe especial
Una planta arrancada con sangre


28-09-2009 / Fue el principio. 19 de Mayo de 1977. La "célebre" portada en la que Clarín se dirigió a sus lectores intentando explicar que la operación que le permitió quedarse con buena parte de Papel Prensa “se celebró a la luz pública y con el consentimiento previo y posterior del Estado a través de la más alta expresión de su voluntad, que consta en acta de la Junta Militar”.
por eduardo blaustein
eblaustein@miradasalsur.com

Hacían falta periódicos y revistas dóciles que se sumaran al concierto de la obsecuencia mientras detrás del escenario se consumaba la carnicería social, política y económica.”
La frase escrita por el periodista Juan Gasparini en su libro El crimen de Graiver refiere a lo que sería el operativo de asociación final de los tres grandes diarios argentinos –La Nación, Clarín y La Razón– con el Estado terrorista en la empresa Papel Prensa, el 18 de enero de 1977. Pero aparece en su investigación en un contexto particular: el de las recomendaciones hechas por la multinacional publicitaria Burson Marsteller a la dictadura para mejorar su imagen interna y externa. En este punto, el de la apelación a las modernas destrezas de la prensa y las artes publicitarias puestas al servicio del Estado terrorista, sería interesante revisar si fue tan medieval ese imaginario que solemos asociar con la idea de la última dictadura. O establecer ciertos nexos que van del liberalismo declamado de La Nación a su asociación con el Estado para hacer buenos negocios, o del actual multimedios Clarín al comisario Miguel Etchecolaz, que fue el encargado de torturar salvajemente a Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, ya muerto en un misterioso accidente de aviación, última representante legal de la empresa Papel Prensa. En esas mismas sesiones de torturas murió Jorge Rubinstein, que había sido una de las manos derechas de Graiver.
El trabajo de Gasparini recuerda de qué modo Lidia Papaleo fue obligada, meses antes de su secuestro y torturas, a desprenderse de las acciones de Papel Prensa en una reunión celebrada el 3 de noviembre de 1976 en las viejas oficinas de La Nación de la calle Florida. En el despacho de Bartolomé Mitre estaban Patricio Peralta Ramos por La Razón y Héctor Magnetto por Clarín. Un maestro de ceremonias muy particular fue el abogado Pedro Jorge Martínez Saravia. Durante algunos años había sido hombre de confianza de David Duddi Graiver. Para esta ocasión supo correr al otro lado, al lugar del ganador. No por nada Martínez Saravia era primo de José Alfredo Martínez de Hoz y socio en su estudio.

Delicias de archivo. En los primeros meses de 1977 los integrantes presuntos de eso que la dictadura y su prensa llamarían “el clan Graiver” irían a parar a las mazmorras bonaerenses de Ramón Camps y con ellos otros como Edgardo Sajón o Jacobo Timerman. El director de La Opinión, que también había apoyado al golpe, sería repudiado en una carta pública –nuevas delicias del archivo que no consultan los adalides de la República– firmada por los directores de los grandes diarios argentinos cuando obtuvo el premio Moors Cabot por sus denuncias a la violación de los derechos humanos.
La historia de Papel Prensa, que arranca a fines de la década del ’60 en un típico contexto de apuesta al desarrollo y la sustitución de importaciones, incluye triangulaciones oscuras en tiempos de Lanusse, José Gelbard y David Graiver. Las maniobras siguientes serían aún peores. Cuando el 11 de marzo de 1972 se adjudicó a Papel Prensa la construcción de una fábrica que produjera poco más de cien mil toneladas de papel se hablaba de un costo de 62 millones de dólares. En la memoria y balance del ejercicio cerrado a fines de 1975 se declaró que la inversión total había sido de 42.400.000 dólares. Según las investigaciones que se hicieron en torno del traspaso forzado que se hizo sin venia judicial, los grandes diarios pagaron apenas entre un 23% y un 43% del verdadero valor accionario que Papel Prensa tenía en tiempos de David Graiver. Ya para el 27 de septiembre de 1978, pasada la inauguración de la planta, con foto incluida del brindis entre Videla y Ernestina Herrera de Noble, la sociedad Clarín-La Nación-La Razón decía que la inversión total había sido de 180 millones de dólares. Transparencia total.

Vueltas de la vida. La investigación por el negociado sangriento que el Estado y los grandes diarios argentinos hicieron con Papel Prensa agonizó como tantas de la era democrática, más o menos a la altura en que el Fiscal General de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, anunciaba que sería posible castigar las responsabilidades del Estado, pero no la de los empresarios privados. ¿La razón? Estos se escudarían en el argumento de que no se los podría culpar por la ausencia de controles públicos en la operación. Las vueltas de la historia: hoy, cuando la oposición conservadora y los propios medios afectados agitan el fantasma de los “derechos adquiridos”, no se cuestiona cómo se adquieren esos derechos –aproveche la oferta– ya sea en dictadura o en menemismo.
Hace algunas semanas este diario citó aquella curiosísima portada del diario Clarín del 19 de mayo de 1977. Casi todo el ancho de la portada, de arriba abajo, dedicado a la reproducción de un comunicado de la propia empresa intitulado “A LA OPINIÓN PÚBLICA”. Aquel parte de guerra terminaba diciendo: “Como surge de todo lo expuesto, la transacción se celebró a la luz pública y con el consentimiento previo y posterior del Estado a través de la más alta expresión de su voluntad, que consta en acta de la Junta Militar”.
El 29 de febrero de 1988 en el dictamen del fiscal Molinas se condensarían las diversas acusaciones contra el ex presidente Lanusse (abuso de autoridad y malversación de caudales públicos), contra el Grupo Graiver (uso de testaferros, violaciones al pliego de condiciones), contra la Junta Militar (encubrimiento e irregularidades en la operación de transferencia de acciones), contra los representantes del Estado en la empresa (incumplimiento de deberes de funcionario público).
Debilidades de la democracia; presiones de los grupos de poder. A los pocos años la causa penal prescribió. Fue en tiempos de la dictadura de Juan Carlos Onganía que se creó un fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel que se nutrió de una tasa de contribución del 10% a la importación de papel que se aplicó para la puesta en marcha de Papel Prensa. Esa fábrica que hoy alimenta sólo a Clarín se levantó gracias a los aportes de todos los diarios argentinos acumulados en diez años. Papel Prensa, con su densa historia de corrupción y sangre, sigue elaborando la materia que abona la libertad de imprenta de unos pocos, en perjuicio de otras voces, extorsionando como siempre y –por el mismo precio– contaminando.
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http://www.elargentino.com/nota-59635-Una-planta-arrancada-con-sangre.html


VER 1_

Algo huele a podrido en el río Baradero

Jorge Rendo: el fabricante de mentiras

“Clarín compró Papel Prensa con la familia Graiver secuestrada”

Una planta arrancada con sangre
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VER2_

Una planta arrancada con sangre

“Clarín compró Papel Prensa con la familia Graiver secuestrada”

Osvaldo Papaleo; habla de Papel Prensa - Sep 19

OSVALDO PAPALEO: esta ley es perfectible pero los dueños de la mordaza nacional tiraron sobre la mesa que esta ley es mordaza - Sep 11

VER3

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DE NARVAEZ DUEÑO DE MEDIO Y LA LEY DE RADIODIFUSION - DE NARVAEZ HACE LO QUE NO SE PUEDE HACER

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AMERICA O DIPUTADO... DE NARVAEZ LO HIZO!!

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Crítica y una solicitada que no salió


Crítica y una solicitada que no salió
El diario Crítica iba a publicar el sábado pasado una solicitada en la que 90 de sus trabajadores se manifestarían en favor del proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual, que por estos días se está debatiendo en el Senado. Por decisión de las autoridades de la empresa, finalmente, el texto no fue publicado. Así se lo confirmaron a DsD fuentes del matutino de Antonio Mata, que señalaron que “la solicitada no se metía en pormenores de la ley, sino que expresaba un apoyo en términos generales”. Las mismas fuentes agregaron que, “de todas formas, la empresa tuvo buena voluntad y postergaron la publicación ‘hasta nuevo aviso’ por lo que es posible que pueda salir”. Agregaron

http://www.diariosobrediarios.com.ar/eldsd/diario/ademas.htm

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28 de septiembre de 2009

Hospital trucho de Lugano


DE LA PAGINA
http://hospital-publico.com/?p=1297


Hospital trucho de Lugano
Tuesday, August 25, 2009 21:08

Por Donato Spaccavento :

Esta historia comienza en el año 1986 cuando un grupo de vecinos reclamó de manera urgente un Hospital en la poblada zona de Lugano.

Luego de muchos trámites, promesas y reclamos lograron que en el año 1994 se dictara la ordenanza 41795 que habla de la construcción de un Hospital de Agudos con capacidad para 250 camas de internación y cientos de profesionales trabajando.

Ya en el 2005, la Legislatura Porteña dicta la Ley 1769 que obliga al Poder Ejecutivo a la construcción de un Hospital en Lugano cuya primer parte de la obra debe estar finalizada en un plazo de 120 días de firmado el convenio.

Recién el día 10 de junio de 2009, el Ingeniero Macri y la Sra. Michetti estuvieron presentes en la inauguración del Centro de Salud Integral ???!!!“Dra. Cecilia Grierson” (ese mismo día el Sr. Macri habló de “Centro de Alta Resolución”???!!!!, vemos la dificultad para denominar la no concreción del Hospital)

Desde ese momento usaron al Centro de Salud para promocionarse con fines electorales mintiéndoles en la cara a todos los porteños.

HABIÉNDOSE CUMPLIDOS DOS MESES Y MEDIO DE LA PROMOCIONADA INAUGURACIÓN:

¿SABE USTED QUE LOS SILLONES ODONTOLOGICOS DONDE MACRI Y MICHETTI JUGARON AL “DENTISTA” TODAVIA NO ATENDIERON NI UN SOLO PACIENTE EN 75 DIAS, POR FALTA DE INSTRUMENTAL?

¿SABE USTED QUE EL “CENTRO DE SALUD DE ALTA RESOLUCIÓN” (SEGÚN MACRI) NO CUENTA CON UNA SOLA LÍNEA TELEFÓNICA?

¿SABE USTED QUE EN EL DÍA DE LA INAUGURACIÓN HABÍA 2 AMBULANCIAS NUEVAS Y SE FUERON PARA NUNCA MAS VOLVER INMEDIATAMENTE LUEGO DEL ACTO, CUANDO SIEMPRE SE HABLÓ DE TENER ALLÍ UNA BASE PERMANENTE DEL SAME?

¿SABE USTED QUE EL COSTOSO APARATO DE RAYOS NO VA A FUNCIONAR HASTA QUE EMPLOMEN LAS PAREDES E INSTALEN UN SISTEMA ELÉCTRICO ADECUADO?

¿SABE USTED QUE EL PERSONAL PROFESIONAL Y NO PROFESIONAL QUE ALLÍ TRABAJA NO TIENE, EN SU MAYORIA, DESIGNACIÓN EFECTIVA Y POR LO TANTO TODAVIA NO COBRÓ UN PESO?

¿SABE USTED QUE NO CUENTA NI CON EXTRACTORIO NI CON FARMACIA NI CON VACUNATORIO NI CON LOS MÁS INDISPENSABLES REMEDIOS QUE SI SE ENCUENTRAN EN CUALQUIER CENTRO DE SALUD PERIFÉRICO?

¿SABE USTED QUE LO ENGAÑARON?

ESTO DEMUESTRA EL CINISMO DE LA POLITICA DEL” HACEMOS COMO SI” Y ES EN REALIDAD UN DESINTERES TOTAL POR LA SALUD DE LOS HABITANTES DE LUGANO Y DE SOLDATI

LO INVITO A QUE SE ACERQUE Y COMPRUEBE POR USTED MISMO, PUNTO POR PUNTO, LO QUE AQUÍ DENUNCIAMOS

VIDEOS DE LA MISMA PAGINA

Hospital de Villa Lugano - Inauguración
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, presentó el nuevo Centro de Atención Primaria de Alta Resolución Cecilia Grierson, en el barrio de Villa Lugano y afirmó que esta obra se inscribe en el marco del compromiso que asumimos para convertir a Buenos Aires en una ciudad inclusiva".



http://www.youtube.com/watch?v=1q849IS2SKM



http://www.youtube.com/watch?v=F7f0uM-WA0k

http://hospital-publico.com/?p=1297


SACANDO TURNOS



http://www.youtube.com/watch?v=q2j2lQaj2Mw


VA A ESTAR BUENO BUENOS AIRES


http://www.youtube.com/watch?v=m5Ml9QK3sEs

27 de septiembre de 2009

Verbitsky Horacio: MEDIOS Y SOJA EN LA CONSTRUCCION DE LA REALIDAD - Señales de humo


omingo, 27 de septiembre de 2009



EL PAIS › MEDIOS Y SOJA EN LA CONSTRUCCION DE LA REALIDAD
Señales de humo


El complejo agromediático extrema sus posiciones ante el avance en el Congreso de la ley de servicios de comunicación audiovisual. La doctrina Grondona-Rodríguez Saá caducó con la reforma de 1994. Proyectos de la oposición contradictorios con decisiones del sistema interamericano de derechos humanos. Una de las mayores cosechas de soja y la manipulación informativa. El triángulo AFIP, SIDE y justicia.


Por Horacio Verbitsky

Mariano Grondona sostuvo que el Congreso no está autorizado a sancionar ninguna ley de medios porque el artículo 32 de la Constitución le prohíbe dictar “leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. El columnista del diario La Nación agregó que la libertad de imprenta del siglo XXI se ha convertido hoy, por obvias razones técnicas, en “la libertad de imprenta y audiovisual”. Con el mismo argumento el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, anunció que recurriría a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para oponerse, propósito que fundamentaron en el Senado su hermano Adolfo y en la Cámara de Diputados el ex jefe del gabinete de ministros de la Nación, el sociólogo Luis Lusquiños. Es por lo menos llamativo que cuatro personas de tanta calificación intelectual y política incurran en argumentos tan endebles, con desconocimiento del texto constitucional y de la jurisprudencia del órgano al que le corresponde su interpretación, la Corte Suprema de Justicia.

La regulación audiovisual

Reformada en 1994, la Constitución Nacional incluyó entre las atribuciones del Congreso “dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales” (artículo 75, inciso 19). Queda claro así que a diferencia de la imprenta, la Constitución sí puso a los audiovisuales bajo la jurisdicción federal. Por otra parte, ni un artículo de la ley incluye restricción alguna a la libertad de expresión, ya que no se refiere a los contenidos de la comunicación audiovisual más que para asegurar la plena vigencia de los tratados y convenciones sobre derechos humanos que la protegen. Además, antes de Rodríguez Saá otras provincias discutieron ante la justicia las facultades de organismos como el Comité Federal de Radiodifusión. En cada caso la Corte Suprema falló en contra de la doctrina Grondona-Rodríguez Saá. En 2004, con una mayoría aún constituida por Enrique Santiago Petracchi, Augusto César Belluscio, Antonio Boggiano, Adolfo Vázquez y Juan Carlos Maqueda declaró inconstitucional una ley de la provincia de Buenos Aires que desconocía la competencia del COMFER para otorgar licencias y ejercer el poder de policía sobre el servicio de radiodifusión. La Corte invocó otro inciso del mismo artículo 75 de la Constitución, el 13 (que en el texto histórico de 1853/60 correspondía al artículo 64, inciso 12), según el cual corresponde al Congreso “reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí”. La Corte agregó que esa facultad regulatoria “incluye a la actividad radiofónica” (C. 1082. XXXV. “COMFER c/ Buenos Aires s/ inconstitucionalidad”). El mismo año, en un amparo de la provincia de Río Negro contra el Estado Nacional, la Corte sostuvo que “es competencia federal la regulación de las telecomunicaciones” (“Río Negro c/ Estado Nacional s/ acción de amparo”, Fallos 327: 6011, año 2004). En 2006 y ya con su conformación actual, la Corte concedió por unanimidad una medida cautelar solicitada por el COMFER e intimó a la provincia de Misiones a no realizar ningún “acto relacionado con la radiodifusión que requiera la conformidad de la autoridad nacional y no cuente con ella” (C. 1553. XLI. “COMFER c/ Misiones s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”). Es decir que de acuerdo con la ley suprema y con su interpretación auténtica, el Congreso tiene facultades para dictar leyes en materia audiovisual y reglamentar los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

Subsidiaridad

Esta lectura constitucional desbarata el resto de la argumentación sobre la “cultura estatista” que alarma a Grondona y que también habría afectado “el derecho de propiedad de los productores agropecuarios sobre los granos, la leche o la carne, la santidad de los contratos en el tema del fútbol o los derechos inviolables de los jubilados sobre sus ahorros que violó la estatización de las AFJP”. Hasta ahora al menos ningún fallo judicial consideró que el cobro de retenciones al comercio exterior o la administración estatal de los fondos previsionales se apartaran de la Constitución o violaran derechos adquiridos. En cuanto al fútbol, la intervención estatal fue posterior a la ruptura de un contrato entre la asociación deportiva disconforme con los pagos de la empresa comercial. Frente al intervencionismo estatal Grondona opone “el famoso principio de subsidiaridad en función del cual el Estado debe intervenir solamente en aquellos casos en que la iniciativa privada prueba ser insuficiente”. La fama de este principio es discutible. En cualquier caso, forma parte de la doctrina social de la Iglesia Católica pero no de la constitucionalidad argentina. Ni el texto de 1853/60, ni la reforma justicialista de 1949, ni las enmiendas de las dictaduras militares de 1957 y 1972, ni la redacción vigente desde hace quince años contemplan esa proposición formulada en 1931 por el papa Pío XI en su encíclica Quadragesimo Anno, que sentó las bases de un ordenamiento neocorporativo, cuyas manifestaciones más próximas se dieron en la España de Franco y el Portugal de Salazar.

La referencia a las retenciones en medio del debate sobre la comunicación audiovisual no es ociosa. La política concesiva del ex presidente Néstor Kirchner, que prorrogó por diez años todas las licencias, mutó en la decisión de su sucesora CFK de promover una pluralidad de voces en la comunicación audiovisual, debido al conflicto con la Mesa de Enlace. A lo largo del año y medio que lleva de duración, uno de los rasgos más nítidos fue la articulación de las cámaras patronales con los medios del Grupo Clarín, asociado con el diario La Nación en Expoagro, la feria agroindustrial en la que se realizan cada año negocios por 300 millones de dólares. El título “Paro histórico”, con el que Clarín definió en su portada el primero de los varios lockouts patronales con desabastecimiento de alimentos fue el punto de partida de la reflexión autocrítica del gobierno sobre su relación con el Grupo. En el primer mes de la pugna la mandataria reemplazó en el COMFER a un traficante de prebendas y acomodos por un académico de prestigio, y las alianzas con los manzanos y los hadades por el acercamiento con la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Esto también se tradujo en el envío al Congreso del proyecto de despenalización de calumnias e injurias en casos de interés público.
Hipnopedia

En el último número de la revista Coyuntura Económica, que edita la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), se compara el reclamo de las cámaras patronales con el cambio de política económica y social producido a partir del golpe de 1955, que distribuyó los ingresos desde el conjunto de la sociedad hacia el sector exportador primario, amparado en el triple poder de las armas, la proscripción de las mayorías y el creciente proceso de “hipnopedia” (en los términos de Aldous Huxley) asociado a la repetición sistemática de consignas a través de los medios privados de comunicación. Los sectores exportadores agrícolas e industriales coinciden en la propuesta de un plan similar al redactado por Raúl Prebisch en 1955. “Bajo las consignas del libre mercado requieren una intervención estatal que las privilegie imponiendo políticas tales como la devaluación, desregulación del comercio exterior, reducción de impuestos y progresiva eliminación del sistema de tipos de cambios múltiples (que se ha establecido en base a la combinación de un tipo de cambio competitivo, con la vigencia de derechos de exportación y compensaciones)”. Las coincidencias se extienden a los mecanismos de manipulación informativa. El método para que “los intereses de las minorías influyentes sean compartidos, incluso en desmedro de sus propios intereses, por buena parte de la clase media, radica en evadir la discusión en torno a datos objetivos (que no permitirían justificar las demandas planteadas) e intercambiarlos por argumentos basados en símbolos, imágenes y creencias; es decir, desviando la discusión desde su sustrato racional hacia uno emocional, con la colaboración de buena parte de los medios de comunicación”. Para FIDE, el margen bruto de explotación de la soja duplica al promedio de 2003-2006, que fue un período de elevada rentabilidad, y supera en 234 por ciento al de comienzos de 2005. Sólo es inferior al excepcional de marzo de 2008. Esto se debe a la recuperación del precio internacional de la soja, la caída de los costos de agroquímicos y fertilizantes y el aumento de los rindes y del tipo de cambio nominal. Con información que provee el propio sector, FIDE sostiene que la campaña 2009/2010 de soja será una de las mejores de la historia. La investigación sostiene que un pequeño productor, que posee 150 hectáreas en la zona núcleo (valuadas entre 4,5 y 5,7 millones de pesos) obtendrá en la campaña 2009-2010 un margen bruto de 300 mil pesos por una inversión productiva de no más de 123 mil, inmovilizada por unos pocos meses. Esto implica que una vez pagados los derechos de exportación, su tasa de rentabilidad bruta será superior al 250 por ciento. Por eso, la opinión dominante no surge de la hermenéutica de los datos sino más bien de su ocultamiento, de modo que buena parte de la población adhiere a una posición perjudicial para sus intereses, como bajar los derechos de exportación a la soja, concluye FIDE.
Recuerdos de VCC

También en la historia de la televisión argentina hay ejemplos interesantes de personas que adhieren a posiciones que pasan por alto hasta su propia experiencia. Según explica el presidente de la Asociación de Televisión por Cable, Julio Tapia, en el país existían 1800 cables, que se fueron reduciendo por sucesivas adquisiciones y fusiones, cada una de las cuales implicó levantamiento de programas y cesantía de trabajadores hasta llegar a la situación actual de altísima concentración. El 1 de julio de 1998, el matutino La Nación publicó una melancólica nota titulada “VCC ya es una señal de humo”. Contaba que “sin mucha información ni opciones para elegir, sus 670.000 abonados pasarán a los otros dos operadores de cable”, Cablevisión o Multicanal, que se los repartieron por un acuerdo entre privados con la atenta subsidiaridad del Estado. Junto con Videocable desaparecieron sus siete señales propias (Cablín, El canal de la mujer, Bravo, El Chef, Cablesport, Supercine y SofTV). Por entonces Cablevisión pertenecía al multimedios América y Multicanal al Grupo Clarín, que ahora es el propietario de ambos. Entre las víctimas de esa absorción que se quedaron sin pantalla de un día para otro estuvieron los periodistas Germinal Nogués y Moira Soto, los conductores de programas culturales Salvador Sammaritano (“Cineclub”), Julio Palacio (“Opera y concierto”), Inés Molina (“Todas las músicas, la música”) y Héctor Yánover (“La librería en su casa”. El conductor de Cablín, la única señal infantil que se realizaba por completo en la Argentina, era el músico Claudio Morgado, actual diputado nacional, que defiende el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Dos programas en el Canal de la Mujer producía la actual senadora nacional de la Coalición Cívica Libertadora María Eugenia Estenssoro, quien se opone a la reforma. Ambos lo hacen en nombre de la libertad de expresión. La ley es, por supuesto, perfectible y bastante se avanzó en esa dirección hasta ahora. Pero llama la atención que algunos legisladores que se oponen en forma absoluta combinen un discurso libertario con propuestas restrictivas de derechos básicos consagrados por el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, como las diputadas Silvana Giudici y Norma Morandini. El proyecto Giudici de radiodifusión obliga a los medios a difundir información “responsable, veraz”, igual que la Constitución bolivariana de Venezuela y en contra de la declaración de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión, cuyo artículo 7 veda en forma explícita esa exigencia. Esta misma semana una cláusula similar fue rechazada por la Asamblea Nacional dominicana como restrictiva de la libertad de expresión. Morandini fue periodista antes de su elección como diputada. Su proyecto, sin duda bienintencionado, incluye una serie de principios deontológicos de los periodistas profesionales: no confundir entre los hechos y las opiniones ni basarse en conjeturas y rumores; difundir “únicamente informaciones fundamentadas”, sin “afirmaciones o datos imprecisos” que puedan “provocar daño o descrédito injustificado a instituciones públicas y privadas, así como la utilización de expresiones o calificativos injuriosos”; incluir como contexto opiniones que representen “todos los puntos de vista posibles”; identificar las fuentes en “cuestiones polémicas o controvertidas”. Su inclusión en una ley hace tabla rasa del principio 6 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión, según el cual las “conductas éticas en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”. Basta imaginar cómo podrían aplicarse las propuestas de Giudici y Morandini a la cobertura sobre el debate de la ley que están haciendo las señales noticiosas de América y Clarín.


Permalink:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-132503-2009-09-27.html

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ASOCIADA:

LANATA OPINA SOBRE EL MENSAJE: TN PUEDE DESAPARECER


http://www.youtube.com/watch?v=jE5mRRSUL4g

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