Lo que circula por los medios

3 de enero de 2010

EL DESBORDE DEL EGOISMO parte 2 DORANDO LA PILDORA


PARTE1
EL DESBORDE DEL EGOISMO - Todos los canales conducen al campo - Dec 28

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Domingo, 3 de enero de 2010



EL PAIS › LA ESTANCIA DE HUGO BIOLCATI FUE DENUNCIADA EN 2001 POR TENER UN CANAL CLANDESTINO QUE AFECTABA A SUS VECINOS
La Dorita también ve bajar las aguas turbias

El actual presidente de la Sociedad Rural Argentina tiene una causa abierta por sus propios vecinos, por volcarles aguas a sus campos. Lo taparon y Biolcati volvió a abrirlo.



Por Alfredo Zaiat

La estancia La Dorita fue denunciada en 2001 ante la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires por la existencia de un canal clandestino que permitía escurrir sus campos afectando a sus vecinos. El dueño de esos campos es Hugo Biolcati, actual presidente de la Sociedad Rural Argentina. En esos años de padecimiento de los productores, por los efectos económicos de la convertibilidad y por la gran inundación en la Pampa Húmeda, la construcción de canales aliviadores ilegales multiplicaron los riesgos sobre el casco urbano de decenas de localidades y sobre los campos de pequeños y medianos productores. Esas obras provocaron varios enfrentamientos entre productores y también entre intendentes. Uno de los canales clandestinos que hizo estragos fue el construido en la estancia La Dorita, que servía para salvar los campos de Biolcati. Una serie de artículos publicados en esos años en el diario La Nación, medio que no puede ser señalado como enemigo del campo al expresar como ningún otro el interés de los integrantes del sector agropecuario privilegiado, refleja el caso de La Dorita de Biolcati, entre otros. El titular de la Sociedad Rural se refirió la semana pasada a la denuncia de canales clandestinos que inundaron gran parte del pueblo de San Antonio de Areco. Opinó que esa acusación era “mezquina” y que no tenía nada que ver con la “gravísima inundación”. Biolcati sabe de lo que habla.

En 2001 vecinos de Biolcati, entre los más destacados se encontraban los de la estancia Santa Elena de Inchauspe, iniciaron un expediente ante la Dirección de Hidráulica denunciando que en la estancia La Dorita se había construido un canal clandestino. Se inició una causa. Hubo un allanamiento pedido por el fiscal de la provincia el 30 de octubre de 2001. Luego de ese procedimiento que constató la existencia de ese canal se procedió a su taponamiento. Pero fue reabierto nuevamente. Los tribunales de Trenque Lauquen son los únicos en los 13 partidos del noroeste bonaerense. Los jueces de ese municipio son los que intervienen en las causas de todos los habitantes de esa región. Por ese motivo, frente a la reapertura de ese canal ilegal, el juez en lo civil y comercial Toribio Sosa de Trenque Lauquen y el delegado fiscal de la fiscalía de Estado, con sede en Trenque Lauquen, Miguel H. Paso, en marzo de 2002, libraron un mandamiento para allanar el lugar si no se permitía el ingreso y para taponar el canal clandestino. Este afectaba a las localidades de Cambaceres y French, del municipio de 9 de Julio. El juez Sosa intimó a La Dorita a abstenerse de reabrir el canal.

Expertos del sector y productores agropecuarios que batallan contra el “sálvese quien pueda” de sus pares, comportamiento que se verifica en especial entre los de mayor poder económico, destacan que el manejo del agua de la provincia ha sido históricamente desastroso. Y evalúan como muy ineficaces los mecanismos del Estado para controlar los canales clandestinos. Pero también saben que en los pueblos bonaerenses muchos de los canales clandestinos se hacen con la anuencia de los intendentes, que no se quieren enemistar con el poder económico local.

Por ejemplo, en el caso de La Dorita, el protagonista fue el radical José Andreoli, de Carlos Casares, que se suicidó con una escopeta calibre 12.70 luego de haber sido suspendido por el Concejo Deliberante acusado de cometer irregularidades en la contratación de seguros de vida para empleados comunales. También había sido denunciado por haber hecho canalizar su campo para evitar el anegamiento, como se menciona en un artículo de La Nación, publicado el jueves 25 de octubre de 2001.

El desastre de San Antonio de Areco sorprendió por su dimensión, pero no por una de las principales causas que lo precipitó: la existencia de numerosos canales clandestinos. En otra nota de La Nación, del sábado 13 de marzo de 2004, se hace mención a un documento de la Autoridad del Agua (ADA), el organismo encargado de ordenar el manejo del agua en la provincia. Ante la denuncia sobre la existencia de 1041 canales u obras hidráulicas irregulares en las zonas inundadas del centro y noroeste bonaerense en el período 2003-marzo 2004, esa dependencia oficial dio curso a un total de 994 expedientes –el resto de las presentaciones fue desestimado– y, previo análisis de cada caso, dispuso la intimación de 711 infractores, el 72 por ciento del total de los acusados. El autor de ese artículo, el periodista Pablo Morosi, precisa que la Autoridad del Agua “resolvió declarar clandestinos a 329 de esos emprendimientos (el 33 por ciento). Y logró la desactivación voluntaria, mediante un mecanismo de audiencias, de 287 obras (el 29 por ciento); además de haber conseguido sacar de operación otras siete por vía judicial”.

El entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, cuando todavía no era un abanderado de las rebelión sojera BB (Biolcati-Buzzi), firmó el 22 de octubre de 2002 la resolución 229 referida a las obras no autorizadas en los campos. Estableció un nuevo procedimiento para frenar la construcción de canales clandestinos “que alteren el normal escurrimiento de las aguas en las zonas afectadas por las inundaciones”. La resolución indica que, ante la existencia de obras sin permiso, se debe denunciar por escrito ante el distrito de Hidráulica más cercano, el cual debe comprobar la existencia de la obra y remitir la información en 72 horas al director provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas. Esta repartición, en 48 horas, debe corroborar si los trabajos están autorizados. En caso contrario, tiene que girar las actuaciones a la Autoridad del Agua, que intima al propietario de la obra. Según esa norma, si éste no presenta documentación que acredite que podía realizarlos, se declara su clandestinidad, y se lo intima a restituir la situación a su estado anterior. De no hacerlo, debe realizarlo ADA, a costa del propietario y con el auxilio de la policía.

Existe otra causa vinculada a canales clandestinos que llegó a la Corte Suprema de Justicia que involucra a La Dorita de Biolcati. Se relacionaba al riesgo de desborde de la laguna Maganini, en Casares. Este conflicto surge porque existía un canal que evacuaba las aguas pluviales hacia otra laguna que está dentro de la estancia La Dorita y que hacía imposible desagotarlo en su terreno. En 1996 la provincia de Buenos Aires, por medio de la Dirección de Hidráulica, desvió artificialmente aguas a la laguna ubicada en el campo La Dorita, que al recibir más líquido del que podía contener, desbordó y penetró en el establecimiento El Pequén, de Serenar SA, está situado en el cuartel IV del partido de 9 de Julio y comprende una fracción de 495 hectáreas.

El comunicado difundido por la Sociedad Rural se parece más a una defensa preventiva de su titular que una referencia al desastre en el centro urbano de San Antonio de Areco provocado por los canales clandestinos. La entidad manejada por Biolcati calificó como una “imprudencia” que se lancen acusaciones “sin fundamentos evidentes sobre un sector social como el de los productores agropecuarios”. “Lo genuino moralmente será demostrar un interés concreto por resolver estos problemas en lo inmediato”, destacó. Sus compañeros de la rebelión sojera de la Mesa de Enlace no desconocen la gravedad de la existencia de canales clandestinos y de la responsabilidad de las autoridades municipales y provinciales, pero también la de los productores. En una carta al lector publicada en La Nación, el sábado 27 de marzo de 2004, con el título “Tiempo de actuar”, Mario Llambías, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), aconsejó que “en el nivel municipal, al igual que los particulares, se deberán adecuar los alteos de caminos y se deberán promover por cuencas y microcuencas la constitución de consorcios canaleros vecinales para actuar sobre sus propias obras de regulación ante excesos o faltantes hídricos”. Para reclamar que “los productores, a su vez, deberían desafectar obras que no sean aprobadas y constituir rápidamente los consorcios, así como regular su funcionamiento ante las distintas circunstancias climáticas”. Llambías tendrá la oportunidad de recordar y reiterar ese pedido a su compañero de lucha Biolcati en la próxima reunión de la Mesa de Enlace.


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Domingo, 3 de enero de 2010


EL PAIS › OPINION
Mezquinos y resentidos



Por Horacio Verbitsky

En la última semana del año pasado la intendente radical de San Antonio de Areco Estela Lennon, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, atribuyeron la envergadura y la velocidad de la inundación que anegó el casco urbano a la excavación ilegal de miles de canales en campos de la zona, que pudieron observar cuando la sobrevolaron. Esos canales desagotan los campos y conducen las aguas de lluvia hacia el río. Según los expertos esto explica que un caudal extraordinario de líquido se haya volcado en pocas horas sobre la ciudad, donde 90 hectáreas quedaron sumergidas y fue preciso evacuar a 3.000 ciudadanos. Las entidades patronales agropecuarias lo negaron y explicaron que las precipitaciones habían duplicado lo habitual. La Sociedad Rural Argentina presidida por el tambero Hugo Biolcati sostuvo que la acusación era mezquina y prejuiciosa y se originaba en el “resentimiento político”. El chinchorro de Biolcati, Eduardo Buzzi, dijo que el gobierno intentaba confundir a la opinión pública ya que el control hidráulico corresponde al Estado y no a los particulares. Es conocida la respuesta de Biolcati y Buzzi cuando el Estado se hace cargo de esas funciones. Biolcati es un experto en canalizaciones clandestinas. Una investigación de la periodista Ana Clara Pérez Cotten publicada el año pasado en el semanario Noticias reveló que tiene abiertos varios juicios por haber realizado ese tipo de obra clandestina en su tambo La Dorita, en Carlos Casares, que recibió el 16 por ciento de todos los subsidios estatales para lechería. Según Pérez Cotten el escurrimiento de las aguas se rige por la ley del sálvese quien pueda. “El más poderoso, aquel con capacidad económica para canalizar, inundaba al vecino y modificaba el curso de las aguas en contra del cauce natural. La Dorita, mediante numerosas canalizaciones, desvió aguas y amenazó a la localidad de French del partido de 9 de Julio”. Agrega que a pedido de los productores afectados el municipio de 9 de Julio recurrió al Juzgado Civil y Comercial Nº 2 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, que ordenó allanar el campo de Biolcati. En el allanamiento se encontraron retroexcavadoras “en pleno proceso de canalización”. La municipalidad normalizó el curso de las aguas e intimó a Biolcati a interrumpir las obras. Biolcati replicó con una demanda contra la Provincia de Buenos Aires y los municipios de 9 de Julio y de Carlos Casares, a los que demandó una indemnización millonaria por el anegamiento de un millar de hectáreas de su propiedad, que atribuyó a negligencia oficial en el manejo de aguas pluviales. El año pasado la Corte Suprema de Justicia remitió la causa a la justicia bonaerense, donde se tramita. La industria del juicio a la provincia a raíz de las inundaciones no es un invento reciente. Con esos litigios hizo su fortuna antes de acceder a la Corte Suprema el luego destituido juez Eduardo Moliné O’Connor. En los últimos quince años, Biolcati ganó tres de esos juicios, por 130.000 dólares y 90.000 pesos. Está claro que él no tiene motivos para el resentimiento ni la mezquindad.


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Domingo, 3 de enero de 2010

EL PAIS › OPINION
La inundación


Por Alfredo Zaiat

La inédita inundación del centro urbano de San Antonio de Areco brinda un oportuno, aunque dramático para sus habitantes, ejemplo de lo que hace el mercado librado al manejo de las fuerzas del poder económico. También es una contundente enseñanza de que no es suficiente el discurso sobre la necesidad de la presencia del Estado en la economía. Se requiere decisión política y legitimidad social para intervenir con eficacia para evitar que, pese a normativas y mecanismos de control oficiales, los grupos que ostentan considerable riqueza patrimonial tengan capacidad de subordinar a las autoridades para la defensa de sus intereses materiales.

La construcción de canales clandestinos es habitual en la actividad agropecuaria. Algunos son de riego y otros para protegerse de crecidas. Esa tarea debe ser supervisada y planificada por autoridades competentes para ordenarla y preservar el bien común. La canalización es una alternativa para favorecer el deslizamiento del agua en el corazón de la pampa bonaerense, una llanura de escasa pendiente natural. Pero cuando se realiza en forma ilegal provoca daños a productores vecinos o genera desastres, como el que está viviendo San Antonio de Areco. Los dirigentes de la Mesa de Enlace ofenden la inteligencia de sus interlocutores cuando pretenden ocultar la responsabilidad de esos canales en la inundación. Es obvio que las fuertes lluvias encendieron la mecha, pero la explosión tuvo semejante efecto expansivo con su consiguiente impacto destructivo por los varios canales clandestinos aliviadores, que aceleraron el caudal de recepción en el curso natural del río, que terminó desbordado, penetrando las aguas en el casco urbano.

El recorrido aéreo de la zona reveló a las autoridades municipales, provinciales y nacionales que los campos más grandes, o sea de los propietarios más poderosos del municipio, estaban escurridos debido a la existencia de canales no autorizados, en pendiente en forma lineal, que imprime mayor velocidad al drenaje de las aguas. No se requiere de mucha sagacidad para deducir los motivos de ese fenómeno topográfico, así como también a quiénes les corresponde una importante cuota de responsabilidad por hundir así en el agua a gran parte del centro urbano de San Antonio de Areco.

En ese municipio agrícola-ganadero, como en casi todos con estrechos vínculos con esa actividad económica, los grandes productores de la zona son venerados y temidos por el pueblo. Son los que “brindan” trabajo y “mueven” el circuito comercial e inmobiliario de la zona, a la vez que “otorgan” apoyo político a su intendente. Por las características de esas sociedades, un rasgo distintivo de esas localidades agrícolas es la prepotencia e impunidad del poder económico local. Si a esa configuración regresiva de las relaciones económicas se sumó en los últimos dos años la presión extorsiva de las cámaras patronales de la Mesa de Enlace a las fuerzas políticas, más complicada se presenta la posibilidad de controles y sanciones del Estado por la construcción de canales clandestinos. De ese modo, el drama de San Antonio de Areco expone al mercado en su expresión más genuina de destrucción con un Estado subordinado a las corporaciones. Esta es la forma de organización política y económica por la que está batallando desde marzo de 2008 la alianza de la trama multinacional sojera con las fuerzas políticas subordinadas a los intereses de los poderosos. En San Antonio de Areco ya hubo una muestra de su resultado y de lo que se puede esperar con la consolidación de su hegemonía: la inundación.

azaiat@pagina12.com.ar


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28-12-09 | General
La Sociedad Rural advirtió que hay "un resentimiento político" en las denuncias por los canales de riego


A tono con dirigentes de otras entidades del sector, la Sociedad Rural salió a contestarle al Gobierno y desestimó la responsabilidad de los productores en el desborde del río Areco
Ver galerias de imagenes
Hugo Biolcati, titular de la Sociedad Rural Argentina
Hugo Biolcati, titular de la SRA

La Sociedad Rural Argentina (SRA) salió hoy al cruce de la acusación contra productores rurales por la inundación de la ciudad de San Antonio de Areco y consideró que responsabilizar al sector responde a "algún tipo de resentimiento político".

"La mezquindad de la acusación responde sin duda a algún tipo de resentimiento político, pero nada tiene que ver con la gravísima inundación", replicó.

La institución expresó a través de un comunicado que "lamenta profundamente la grave situación de los productores rurales y de las familias afectadas, que sufren por el desborde del río Areco a raíz de las excesivas lluvias caídas en los últimos días".

La SRA tildó de "imprudencia" lanzar acusaciones "sin fundamentos evidentes sobre un sector social como el de los productores agropecuarios". "Lo genuino moralmente será demostrar un interés concreto por resolver estos problemas en lo inmediato y trabajar con responsabilidad para que no se repitan. Cabe recordar lo sucedido en Tartagal", destacó.

La entidad señaló que "se deben dejar de lado los prejuicios" y afirmó que "nuestras autoridades están obligadas a gobernar y a evitar situaciones como estas y muchas otras más". "La previsión de las inundaciones debe ser materia de estudio permanente", concluyó.

Fuente: DyN
http://www.infobae.com/general/492234-101275-0-La-Sociedad-Rural-advirti%C3%B3-que-hay-un-resentimiento-pol%C3%ADtico-las-denuncias-los-canales-riego
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Cruces por las denuncias de canales clandestinos en San Antonio de Areco

El Gobierno confirmó que en los primeros días de enero se presentarán las denuncias penales por las construcciones que, al parecer, impidieron que los campos absorban el agua, motivo por el cual San Antonio de Areco quedó bajo agua. “Se va a hacer una investigación sobre toda el área del río, integralmente. Hemos detectado algunos canales de esta condición”, explicó Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de Infraestructura bonaerense. "La mezquindad de la acusación responde sin duda a algún tipo de resentimiento político, pero nada tiene que ver con la gravísima inundación", respondió Hugo Biolcati, de la SRA.



La inundación de San Antonio de Areco generó ayer un nuevo cruce entre el Gobierno –nacional y provincial- y el campo. Confirmaron que la denuncia por los canales ilegales en la zona será presentada en los primeros días de enero y desde la cúpula rural salieron a rechazar la denuncia porque, consideran, se trata de “algún tipo de resentimiento político”.

El Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, presentará en los primeros días de enero una denuncia penal ante el juzgado federal de feria por la obstrucción ocasionada en las rutas nacionales 8 y 9 por la construcción de canales que serían clandestinos. Según informaron desde la cartera, ayer viajaron a la zona de San Antonio de Areco, afectada por las inundaciones, el Subsecretario de Recursos Hídricos, Fabián López y técnicos del Instituto Nacional del Agua (INA), para recabar información a los fines de sustentar la denuncia que habrábi de presentarse.

Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de Infraestructura bonaerense, explicó por su parte que la inundación fue causada además de por el “fenómeno natural, que ha sido que caigan 300 milímetros en menos de cinco días”, sino que "a esto se le suma el aporte que hacen canales clandestinos que pueden verse cuando se sobrevuela la zona y que estos canales hacen aportes drenando las aguas que no absorben las superficies, los campos”. “Se va a hacer una investigación sobre toda el área del Río integralmente. Hemos detectado algunos canales de esta condición, que lo hemos presentado al fiscal. También hay denuncias de los vecinos”, apuntó.

Frente a esto, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, opinó que “la mezquindad de la acusación responde sin duda a algún tipo de resentimiento político, pero nada tiene que ver con la gravísima inundación".

Biolcati señaló que "se deben dejar de lado los prejuicios", y afirmó que "las autoridades están obligadas a gobernar y a evitar situaciones como estas y muchas otras más". "La previsión de las inundaciones debe ser materia de estudio permanente", sentenció.

La SRA calificó como una "imprudencia" que se lancen acusaciones "sin fundamentos evidentes sobre un sector social como el de los productores agropecuarios". "Lo genuino moralmente será demostrar un interés concreto por resolver estos problemas en lo inmediato y trabajar con responsabilidad para que no se repitan. Cabe recordar lo sucedido en Tartagal", destacó la entidad agropecuaria.

A su turno, el presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, manifestó: “El gobierno debería ser más serio y dejar de hablar macanas. Hay como una especie de obsesión por intentar confundir a la opinión pública y no hacerse cargo de las cosas. Lo que hay que decir es que el agua ha hecho colapsar al río Areco, que suele ser tranquilo, lo que convierte a esta situación en algo extraordinario”.

“Si se comprueba que existen canales clandestinos y que estos son en parte responsables por las inundaciones, esta responsabilidad es compartida ya que es el gobierno provincial quien debería controlar que esto no suceda y que las cosas se hagan de manera correcta. Lo que pasa es que es más fácil salir ahora hacer barullo y responsabilizar al campo en su conjunto que determinar cuales son las causas reales. El problema es que Scioli ha entrado en el juego que el Gobierno Nacional, eso de andar despojándose de culpas y acusando a otros”, sentenció el titular de FAA.

http://www.inforegion.com.ar/vernota.php?id=197343&dis=1&sec=3

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Martes, 29 de diciembre de 2009 | Hoy


SOCIEDAD › RECHAZO DE LAS ENTIDADES RURALES
“Culpa del Gobierno”



Por Tomás Lukin

Los gobiernos nacional y provincial apuntaron a los canales no declarados como una de las causas en la inundación que cubre San Antonio de Areco. Los directivos de Carbap, CRA y Federación Agraria reconocen la ilegalidad de “algunos” desagües, pero acusan a la Dirección Hidráulica de Buenos Aires por no controlar las irregularidades que los mismos ruralistas realizan. Fiel a su discurso, Sociedad Rural desconoció cualquier vínculo entre las inundaciones y la excavación de canales en los campos. La entidad que preside el productor tambero Hugo Biolcati calificó al Gobierno de mezquino y señaló que las acusaciones responden al “resentimiento político”. Si bien no cuestionan la incidencia de los canales dragados ilegalmente, distintos especialistas hídricos y funcionarios provinciales reconocen la presencia de otros factores en la inundación como la cantidad de agua que cayó, la siembra directa y la falta de controles.

“Puede haber o no algunos canalitos, pero eso lo tiene que saber la gobernación. Ellos son los responsables de no haberlos denunciado en su momento, si es que se hacen las cosas bien”, apuntó el vicepresidente de SRA, Alejandro Delfino. De acuerdo con la lógica del empresariado rural si un grupo de productores violan la ley para mejorar su rentabilidad, pero el Estado no lo detecta y denuncia, la responsabilidad únicamente recae sobre las autoridades de control.

Con distintos matices, el mismo razonamiento se reprodujo durante el día de ayer en los dirigentes de la Mesa de Enlace consultados por Página/12: “Hay canales clandestimos en todos lados, pero es un disparate ponerlo como la madre de todas las causas. La principal incidencia está en que llovió una barbaridad y la falta de control, evidencia una inoperancia absoluta”, apuntaron cerca de Eduardo Bu-zzi, titular de FAA. Desde CRA agregaron que “los canales ilegales son muy pocos y no pueden impactar como dice el Gobierno. El río está totalmente tapado, se ve en el Google Earth. La inundación responde a una situación de desidia hidráulica”. No niegan la existencia de canales sin declarar, sino que culpan al Estado por no controlarlos después de dos años de conflicto, donde uno de los argumentos centrales fue la estigmatización de la intervención pública en las distintas esferas de la actividad.

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, advirtió que “existen entre 20 y 30 canales artificiales no declarados que se utilizan como salida de los campos al río a una velocidad muy alta”. Según explicó el funcionario, de esta forma un proceso de drenaje que habitualmente se realiza en 48 horas tomó solo 4 o 5 provocando una crecida inusual del río. De Vido apuntó que en los alrededores de las propiedades donde existen los canales “los campos están sin una gota de agua”. Además, el ministro señaló que si bien “no es un hecho común que llueva tanto, no son volúmenes que justifiquen la inundación”.

Como si estuviera recordando la fortaleza de los argumentos utilizados por los representantes de la Mesa de Enlace durante el debate por las retenciones, Buzzi sostuvo que “el Gobierno debería ser más serio y dejar de hablar macanas. Hay como una especie de obsesión por intentar confundir a la opinión pública y no hacerse cargo de las cosas”. Para completar sus argumentos la Sociedad Rural apuntó a través de un comunicado que “la mezquindad de la acusación responde sin duda a algún tipo de resentimiento político, pero nada tiene que ver con la gravísima inundación”.

Ayer por la tarde distintos funcionarios del gobierno de Daniel Scioli limitaron y relativizaron la responsabilidad de los canales clandestinos en la inundación. Según señaló a este diario el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, “tenemos que analizar todas las causas. Las consecuencias de los vientos del sudeste, la altura del Paraná, el nivel de limpieza del circuito, la situación del desagote en los canales”.

Al mismo tiempo, Casal advirtió que “la lógica de producción de la siembra directa, donde no se ara la tierra y no hay rotación, no permite que la tierra absorba de la forma adecuada”.

“Estamos ante una situación de abuso desmedido de los productores y falta de control del Estado. Hace cuatro años tienen hechos los canales, son producto de la recuperación económica”, apuntó el intendente de Lincoln, Jorge Fernández, a este diario. El funcionario, perteneciente al Frente para la Victoria, reclamó “la creación de una ley que faculte a los municipios para clausurar las construcciones hasta que intervenga la autoridad competente”. El intendente de Lincoln estimó que el dragado de un canal como los que existen en su localidad cuesta entre 300 y 400 mil pesos. Por su parte, Ramón Vargas, especialista en recursos hídricos del Chaco, desestimó la relevancia de los canales ante “la gran cantidad de lluvia y las deficiencias en la infraestructura que atraviesa el río impidiendo la correcta evacuación del río”.


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