Lo que circula por los medios

17 de abril de 2010

BATALLA POR LA LEY DE MEDIOS - Y EN LA CALLE LA CIUDADANIA SE EXPRESA



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La ley de medios audiovisuales argentina como “un ejemplo mundial” 
FRANK LA RUE, RELATOR DE LA ONU


video: PASEN Y VEAN

PASEN Y VEAN
Cargado por REGISTROMUNDO. - Explora más videos de la vida en familia.

VER:  UNA MANIOBRA ELECTORAL texto que también lo podes ver en este post: CRISTINA SOMOS NOSOTROS, TODOS NOSOTROS parte 1 - Mar 12

http://www.dailymotion.com/video/xcyj4a_pasen-y-vean_people

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Hoy Clarin publica esta nota: "DOCUMENTO DE LA RELATORA ESPECIAL DE LIBERTAD DE EXPRESION Presentan objeciones en la OEA por artículos de la ley de medios" ( que adjuntamos abajo), y como la CIUDADANIA SE EXPRESA, aquí en este blog hacemos lo que hacemos siempre: buscamos información y contrastamos distinas notas y lecturas... porque lo importante es que cada ciudadano se informe, busque información y opine desde el saber. Y sí estar informado lleva a hacer un trabajo de lectura. Un trabajo que contribuye a la libertad de expresión y al bien comúm. Y quizas ese trabajo te genere como a mí algunas preguntas y diferentes visiones al ver,  por ejemplo, como una misma noticia tiene tan diferente tratamiento en un diario y en otro...

Gal


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NOTA PUBLICADA EN CLARIN

DOCUMENTO DE LA RELATORA ESPECIAL DE LIBERTAD DE EXPRESION
Presentan objeciones en la OEA por artículos de la ley de medios
Destacan la nueva norma. Pero critican desde las autoridades a las adjudicaciones.
.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA presentó ayer su informe anual. Dedica 11 páginas a la Argentina. Allí destaca la sanción de la nueva Ley de Medios. Pero también hace serios cuestionamientos a la norma legal. Y señala las agresiones que sufren las empresas periodísticas en el país (ver Los ataques ...).

El informe fue realizado por la Relatoría, que está a cargo de Catalina Botero, y opera en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Relatoría consideró que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual "representa un importante avance respecto de la situación preexistente en Argentina. Bajo el marco normativo previo, la autoridad de aplicación era completamente dependiente del Poder Ejecutivo, no se establecían reglas claras, transparentes y equitativas para la asignación de las frecuencias, ni se generaban condiciones suficientes para la existencia de una radiodifusión verdaderamente libre de presiones políticas".

Pero la Relatoría, "observa que algunas de las disposiciones podrían resultar incompatibles con la Convención Americana, mientras que otras podrían generar inconvenientes que deben ser adecuadamente resueltos, desde el inicio, en su implementación. En primer lugar, la ley le asigna a la Iglesia Católica una autorización privilegiada para usar una frecuencia de manera permanente, sin necesidad de concurso en igualdad de condiciones".

También "preocupa a la Relatoría la vaguedad de ciertas conductas y supuestos que pueden llevar a la aplicación de sanciones graves. La Relatoría recuerda al Estado que las normas sancionatorias vagas o imprecisas pueden terminar amparando decisiones arbitrarias que por vía indirecta censuren o saquen del aire a medios o contenidos específicos, por la simple expresión de discursos que, si bien pueden resultar perturbadores para los funcionarios públicos o para una parte del conglomerado social, sin embargo, resultan protegidos por la Convención Americana".

"Conviene además recordar al Estado, que la Corte Interamericana ha sostenido reiteradamente que el derecho a la libertad de expresión también incluye la protección de afirmaciones que puedan resultar ofensivas, perturbadoras o ingratas para el Estado, pues tal es la exigencia de un orden democrático que se funda en la diversidad y el pluralismo".

"Asimismo, preocupa a la Relatoría que la regulación de la Ley 26.522 en materia de medios públicos no hubiere incorporado suficientes salvaguardas para asegurar que se trate de medios que puedan operar con autonomía e independencia del Gobierno".

La ley establece concursos "para los servicios de comunicación audiovisual abierta, cuya área primaria supere los 50 kilómetros y que se encuentren localizadas en poblaciones de más de medio millón de habitantes", que serán adjudicadas por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Esta adjudicación desde el PEN "no parece compatible con una ley que crea un órgano autárquico e independiente con el objetivo de permitir que las asignaciones se realicen al margen del gobierno". Por eso, "la Relatoría exhorta al Estado a que la misma no se traduzca en formas indirectas de incidir en la libertad de expresión".

La Relatoría "llama al Estado y a las autoridades encargadas de implementar la ley, a respetar la obligación de no injerencia del Estado en los contenidos de los medios de comunicación (obligación de neutralidad)".

"Es esencial que la autoridad de aplicación se conforme de manera tal que otorgue garantías de independencia e imparcialidad a todos los sectores y que en la implementación de la ley se tenga en cuenta, fundamentalmente, que la finalidad más importante de toda norma de esta naturaleza es garantizar un mayor despliegue de la libertad de expresión".

"Tal como hiciera en anteriores oportunidades", la Relatoría "recuerda al Estado que tiene el deber de establecer criterios claros, transparentes, objetivos y no discriminatorios para la distribución de la publicidad oficial". "Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión", dice. Pide, claramente, una ley específica para regular la publicidad oficial.

http://www.clarin.com/diario/2010/04/17/elpais/p-02182665.htm
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AHORA, OTRA NOTA SOBRE EL MISMO INFORME QUE PODEMOS ENCONTRAR EN OTRO DIARIO Y UNA PREGUNTA QUE DESDE AQUI NOS HACEMOS:  ¿PORQUE EN UN DIARIO Y OTRO HAY TANTAS  DIFERENCIAS DE LECTURAS SOBRE EL MISMO INFORME?

EN PAGINA 12 - SOBRE EL MISMO INFORME



EL PAIS › LA CIDH ELOGIO LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
“Representa un importante avance”


En su informe anual ante la OEA destacó que el “principio rector” de la nueva norma “es el respeto y garantía del derecho a la libertad de expresión” y resaltó que la autoridad de aplicación “está conformada de manera plural”.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, suspendida actualmente por la Justicia mendocina, representa “un importante avance” en cuanto a la libertad de expresión en la Argentina. La entidad interamericana dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos presentó el jueves su informe anual ante la Organización de Estados Americanos, en el que da cuenta de las actividades durante el año y analiza, entre otros temas, la situación de la región en materia de libertad de expresión.

El informe de la Relatoría Especial de la CIDH, a cargo de Catalina Botero, destacó que la promulgación de la Ley 26.522 en octubre pasado “representa un importante avance respecto de la situación preexistente en Argentina”. Al comparar con la ley de la dictadura, expresó que “bajo el marco normativo previo, la autoridad de aplicación era completamente dependiente del Poder Ejecutivo, no se establecían reglas claras, transparentes y equitativas para la asignación de las frecuencias, ni se generaban condiciones suficientes para la existencia de una radiodifusión verdaderamente libre de presiones políticas”. Destacó que el “principio rector” de la ley, en cuanto a su contenido, “es el respeto y garantía del derecho a la libertad de expresión, derecho conforme al cual deben ser interpretadas todas sus disposiciones”. Asimismo, resaltó que “la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual está conformada de manera plural y diferenciada de la autoridad de aplicación actualmente vigente”.

En cuanto a la asignación de licencias para servicios que utilizan el espectro radioeléctrico, la CIDH “encuentra un importante avance en el artículo 32, que señala que las mismas ‘serán adjudicadas, mediante el régimen de concurso público abierto y permanente’”. La Relatoría mencionó artículos donde se manifiestan los pilares en los que se apoya la ley, como “el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones”, “la promoción de la diversidad y la universalidad” que deben brindar los servicios de comunicación audiovisual y “el acceso y la participación, implicando ello igualdad de oportunidades de todos los habitantes de la Nación, para acceder a los beneficios de su prestación”. En ese sentido, aludió al artículo 3, en donde se precisan los objetivos de los servicios de comunicación audiovisual, acerca de procurar “la promoción y la garantía del libre ejercicio de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos, conforme las obligaciones emergentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Tras analizar varios de los artículos, la Relatoría Especial sostuvo que “al mismo tiempo de reconocer el importante avance que representa la entrada en vigor de la Ley 26.522, también observa que algunas de sus disposiciones podrían resultar incompatibles con la Convención Americana”, y se remite a la “asignación a la Iglesia Católica” de “una autorización privilegiada para usar una frecuencia, sin necesidad de someterse a concurso”. En cuanto al régimen de caducidad de licencias que la ley prevé, el organismo recordó que “es necesario” que las conductas del Estado “se encuentren descritas de manera clara y precisa” por ser la libertad de expresión “un tema tan sensible”.


Permalink:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-144076-2010-04-17.html

Y como las diferencias entre lo que publicó Clarín y Página 12 son notables dejo el link para los que quieren ver el informe en su página original: 
ver en el informe pagina 24 punto que correpsonde a la Argentina 
 o aquí en registromundo la parte Argentina:  informe-de-la-comision-interamericana

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en el 2008  CATALINA BOTERO MARINO decia:
Domingo, 23 de noviembre de 2008 | Hoy


EL PAIS › CATALINA BOTERO MARINO
Libertades y derechos

La relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH visitó el país y habló de prensa, gobiernos y sociedad civil.


Por Diego Martínez

Hace apenas diez años que Catalina Botero Marino se recibió de abogada, pero ostenta una extensa trayectoria académica y profesional. En julio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la eligió relatora especial para la Libertad de Expresión, cargo creado en 1998 para garantizar la protección y promoción de las libertades de pensamiento y expresión. Como el marco de visita académica a la Argentina le impide pronunciarse sobre temas concretos del país, preguntas y respuestas se formulan y responden en abstracto, como malabaristas que dialogan sobre un país imaginario.

–¿Cuáles son las prioridades de su agenda?

Son cinco. Los asesinatos o agresiones violentas a periodistas y la lucha contra su impunidad. La criminalización, de la prensa y de la protesta social. La censura, directa o indirecta. El acceso a la información. Y el pluralismo y la diversidad. El Estado debe crear condiciones estructurales para que haya voces plurales y diversas. No basta con que haya muchos, porque pueden decir lo mismo.

–¿Qué riesgos trae aparejados una ley de radiodifusión sancionada durante una dictadura que prescribe el lucro como lógica dominante de los medios?

–En una sociedad en la que todos compiten en igualdad de condiciones no sería problemática. Sí cuando hay sectores que no pueden entrar al mercado. El Estado debe garantizar que todos los sectores puedan acceder a los medios, que no haya monopolios en la propiedad, en el dominio de la audiencia y en el discurso. Eso se garantiza a través de leyes que premien a sectores no tradicionales, a minorías culturales o raciales, que establezcan franjas especiales para quienes no pueden entrar en el mercado comercial, que promuevan medios con información pública que los particulares en general no producen porque no es rentable.

–¿Es un problema generalizado en América latina?

–Hay honrosísimas excepciones, como Uruguay.

–¿Puede actuar la Relatoría frente a grandes grupos económicos que utilizan sus medios para extorsionar a sus adversarios?

–El mandato es el de garantizar que los Estados creen condiciones estructurales para que haya diversidad y pluralismo. Si existen y los Estados pueden responder a las críticas, hablar de extorsión es desproporcionado. Si no existen es porque el Estado no supo generarlas.

–¿Qué riesgos corre un país cuando se renuevan automáticamente las licencias de televisión sin exigir ninguna contraprestación?

–Las licencias y las frecuencias no les pertenecen al Estado ni a los medios sino a la sociedad. Cuando se entrega en concesión un bien social tiene que haber una contraprestación. Lo contrario sería disponer de bienes como si fueran regalados. La asignación de frecuencias es un tema de altísima relevancia: es el único medio a través del cual garantizar que exista pluralismo, un debate desinhibido, abierto.

–Si la renovación se consumó a cambio de nada, ¿a qué instancia se le debe exigir rever esa decisión?

–Es un problema de cada Estado, de derechos adquiridos. El Estado debe tener leyes de radiodifusión de manera tal que la asignación sea un asunto debatido en audiencias públicas. Debe haber criterios plurales para que toda la sociedad se enriquezca en ese proceso.

–¿Es el Congreso el lugar más idóneo para dar la discusión?


–Lo debe resolver cada Estado. Lo importante es respetar los principios: asignaciones no discrecionales, sin influencias partidistas, hechas por un órgano independiente del Ejecutivo...

–Mucho menos el Ejecutivo mismo.

–O, si lo hace, que sea en un proceso transparente, con control, reglas claras, que no discriminen. Una política que establezca como requisito el mayor capital discrimina a quien no lo tiene. Se necesitan garantías de inclusión. Son principios básicos que existen en Europa, Canadá, Uruguay. El gran salto institucional de un gobierno es aceptar ese reto. Lo más grave es el proceso de digitalización que se viene. Hoy las frecuencias funcionan a través del espectro electromagnético, que es finito, pero el dividendo digital es infinito. El gran reto de Estados, gobiernos democráticos y sociedades civiles comprometidas es formular reglas para que no se monopolice el proceso de digitalización. Es algo que nadie parece saber porque se esconde detrás de problemáticas técnicas, pero es lo mismo: asignación de frecuencias.

–Desde 1999 todos los gobiernos argentinos ratificaron su compromiso de despenalizar los delitos de calumnias e injurias, pero ninguno cumplió con su palabra, y la sugerencia se convirtió este año en una orden de la Corte Interamericana, en el caso Kimel. ¿Por qué la clase política se niega a renunciar a la posibilidad de perseguir periodistas con el Código Penal?

–Es un fenómeno extraño. Pese a que no se condena a los periodistas, los funcionarios no quieren perder esa herramienta, como si temieran quedarse desnudos frente a la omnipotencia de la prensa. Es falso. Nadie puede estar inerme frente a acusaciones injustas, pero cualquier medida de control a la prensa debe generar el menor costo sobre la libertad de expresión. Una medida que tenga un efecto inhibitorio, a sí sea mínimo, debe replantearse. Despenalizar las calumnias y las injurias no significa caer en el reino de la mentira o el insulto. Existen mecanismos de protección del honor y la intimidad mucho más democráticos: las sanciones civiles proporcionadas. La utilización del derecho penal inhibe la crítica y la investigación. Si las figuras de calumnias e injurias no se aplican, no deberían existir.

–¿Qué tan útiles son las leyes de acceso a la información cuando en la cultura política perduran prácticas de ocultamiento y poca transparencia?

–El primer efecto de una ley o una sentencia judicial es que impacta en la cultura. Suele haber una idea de que el funcionario decide si entrega o no la información en virtud de su propio juicio, pero cuando hay una ley y jueces independientes, la cultura cambia rapidísimo. Claro que no basta con la ley, hacen falta también procesos de capacitación...

–Y que los periodistas las conozcan.

–Los periodistas no tienen incorporado el lenguaje de los derechos. Cuando piden información plantean una exigencia política o moral, pero no usan la carta del derecho. Hacen falta procesos de capacitación, medidas de implementación, determinar quién custodia y administra información.

–La Corte argentina dictó una acordada para que un tribunal garantice el principio de publicidad, pero fue burlada. ¿A quién recurrir cuando los encargados de garantizar los principios los violan?

–La Corte argentina es una corte estrella en el continente en materia de aplicación de estándares internacionales. El gran giro que dio el derecho constitucional en Europa desde la Segunda Guerra y en América latina tras las dictaduras es que los Estados no se centren en defender la autoridad, el orden y la moral sino a los ciudadanos, y la Corte está dando ese giro. La acordada es muy importante. Si no se cumple habrá que agotar los mecanismos internos para que el sistema interamericano estudie el caso.

–La publicidad oficial sigue siendo una herramienta para premiar o castigar. ¿Cuál es el método más idóneo para distribuirla?

–No se debe confundir pauta publicitaria con subsidios. La pauta es la información que el Estado necesita publicar para cumplir sus funciones. El Estado debe llegar a cada audiencia sin discriminación, con reglas claras, mediciones responsables, no utilizar la pauta de manera discrecional como ocurrió en el caso de (Neuquén contra) el diario Río Negro.

–¿Existen en Sudamérica reglas claras o todo es tácito y arbitrario?

–Todo es tácito. Sólo algunas provincias y municipios están haciendo el ejercicio. Instalar el tema es costoso. Hay estados de cosas que una nueva distribución de la publicidad va a afectar y los Estados prefieren no dar la pelea. Sólo la dan quienes llegaron a través de procesos democráticos y tienen mucha fuerza y capital político. No es fácil. Los medios que han recibido publicidad van a sentir que se afectará su statu quo y las agencias estatales que han logrado mantener más o menos tranquila a la prensa también se van a molestar. La regulación de la publicidad oficial es un tema aún más difícil que una ley de acceso a la información.

–¿Es un buen momento para avanzar en estos temas? Distintos gobiernos internalizaron, al menos en sus discursos, principios de derechos humanos.

–En materia de libertad de expresión no estamos en el peor lugar del mundo ni en el peor momento de la historia del continente. Las sociedades civiles se han fortalecido, la conciencia democrática es generalizada, hay vigorosos debates ideológicos. Pero la historia de la humanidad muestra que no siempre vamos hacia arriba sino en espiral.

–Bajamos demasiado seguido.

–Bajamos, volvemos, nos estancamos. Estamos en un buen momento pero siempre hay riesgo de retroceder. Por eso hay que estar absolutamente vigilantes, incluso en los Estados que parecen más civilizados y con culturas democráticas más asentadas y arraigadas.


Permalink:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-115485-2008-11-23.html

relacionadas:


Gobierno propone despenalizar calumnias e injurias de la prensa
Cristina anunció que envió un proyecto de ley al Congreso para que “nadie pueda ser cercenado en la libertad de la palabra”


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La presidenta Cristina Kirchner anunció hoy el envío de un proyecto de ley al Congreso para despenalizar el delito de calumnias e injurias contra periodistas y aseguró que en ningún período se pudo "hablar con mayor libertad" que durante el actual gobierno.

"Prefiero mil millones de mentiras antes que ser la responsable de haber cerrado la boca de alguien", enfatizó Cristina Kirchner, en medio del debate del proyecto oficial de Comunicación Audiovisual, que generó fuertes críticas en sectores de la prensa y la oposición.

La jefa de Estado hizo el anuncio al encabezar en el Museo para la Memoria un acto en homenaje a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con motivo de conmemorarse el trigésimo aniversario de su histórica visita al país en 1979 durante la dictadura militar.

Unas horas antes, un grupo de legisladores de la oposición había anunciado el impulso a un proyecto similar, junto con otro para promover el acceso a la información pública y un tercero que reglamente el reparto de publicidad oficial.

La Presidenta dijo que "nadie pueda ser cercenado en la libertad de palabra" y consideró que es una medida necesaria "aún a costa de muchas veces de soportar cuestiones que tienen que ver con mentiras, con cuestiones que no son ciertas".

"Desafío a cualquier archivo, a cualquier memoria, a cualquier prueba, de que no ha habido mayor libertad para hablar de las autoridades en este Gobierno", subrayó la Presidenta.

Al respecto, indicó: "Quiero de esta manera, garantizar aún más [la libertad], -y repitió- aún más, porque dudo que haya habido alguna etapa en la vida institucional de este país en la que se haya podido hablar con mayor libertad que en la etapa que me ha tocado a mí en la República Argentina".

La jefa de Estado, dirigiéndose a las autoridades de la CIDH dijo "hace 30 años tuvieron que venir porque no había justicia ni libertad de expresión, hoy vienen a una país donde la libertad de expresión y prensa es más absoluta que nunca".

La iniciativa respecto de la figura de calumnias e injurias, se remite a la sentencia contra el gobierno argentino dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instándolo a "dejar sin efecto en un plazo de seis meses" la condena penal impuesta al periodista Eduardo Kimel, quien critió la actuación del ex juez Guillermo Rivarola en la investigación de la denominada "masacre de los palotinos".

La idea es derogar del Código Penal el título de los "delitos contra el honor", en lo que refiere a los periodistas, que hoy tienen penas de prisión y multas.

Según la definición jurídica, se entiende por calumnia "la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad", mientras que injuria es la "acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación".

Del acto participaron el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el canciller, Jorge Taiana; y el ministro de Justicia, Julio Alak; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; y la titular de la CIDH, Luz Patria Mejía.


http://www.eldia.com.ar/edis/20090911/20090911165957.htm

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Diputados aprobó la despenalización de calumnias e injurias
La iniciativa, impulsada por el Gobierno, elimina esta figura como delito penal; postergan la discusión sobre el impuestazo tecnológico y sobre la extracción compulsiva de ADN
Noticias de Política: anterior | siguiente
Miércoles 28 de octubre de 2009 | 17:03 (actualizado hace 171 días)
Ver comentarios de lectores(32)

Con 154 votos a favor y 12 en contra, la Cámara de Diputados aprobó esta noche el proyecto impulsado por el Gobierno que elimina la figura de calumnias e injurias como delito penal.

Esta derogación dentro del Código Penal es un viejo reclamo de las asociaciones periodísticas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió el año pasado a la Argentina que estos delitos, tal como están redactados, atentaban contra la libertad de expresión, ya que se podía castigar con penas de prisión a un periodista por lo que escribiera.

"Dudo que haya habido otra etapa en la vida institucional del país donde se haya podido hablar con mayor libertad que en la etapa que me ha tocado gobernar a mí", aseguró la presidenta Cristina Kirchner cuando presentó el proyecto , el pasado 11 de septiembre.

Otros temas. En esta sesión el oficialismo también trata de aprobar una preferencia para debatir la próxima semana el proyecto que suspende en forma temporal la "ley Cerrojo", para permitir la reapertura del canje de la deuda reestructurada de 2005.

A último momento, no ingresó en el temario el proyecto del impuestazo tecnológico. Tampoco se tratará la iniciativa que pretende la extracción compulsiva de ADN para averiguar la identidad de hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar.

Ambos proyectos se tratarían en la próxima sesión, ya que la oposición no facilitó los dos tercios para debatirlos en el recinto sin haber transcurrido el plazo reglamentario desde la emisión del dictamen en comisión.

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1191619

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MAS DE CATALINA BOTERO

Catalina Botero: "En el continente existen nuevas formas de censura"

La colombiana Catalina Botero es Relatora Especial para Libertad de Expresión de la OEA . Visitó nuestro país y habla aquí del ejercicio del periodismo en el continente.




     Publicación del Correo Semanal.Sábado/21/Marzo/2009





Antonio V. Pecci. Periodista | apecci@uhora.com.py

Catalina Botero es abogada y Relatora Especial para el tema de Libertad de Expresión en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Sucede a Santiago Cantón en el cargo. Es delgada y habla con ese castellano pulcro y melodioso que tienen los colombianos, ya que es oriunda de esa nación. Visitó nuestro país para intervenir ante el pleno de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Su intervención concitó mucha atención. Describió con precisión el panorama continental en que menudean las agresiones a periodistas en el ejercicio de la profesión, el uso de las leyes contra el terrorismo como elemento para trabar la libertad de expresión, el manejo de las pautas publicitarias oficiales como arma de presión hacia los medios por parte de ciertos Gobiernos. Caracterizó el ambiente de intimidación en ciertos países, que no permite el desarrollo del trabajo periodístico; y las restricciones para el acceso a la información pública. Es rápida y precisa en sus intervenciones, y no teme polemizar. Aboga por la diversidad y la pluralidad de los medios, incluyendo a las radios comunitarias.

--Cuando hablamos de libertad de expresión, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente?

--Nos referimos a la libertad que tienen todas las personas de pensar el mundo por cuenta propia, de compartir sus pensamientos con otros, de opinar, de circular información libremente. De expresarse con toda la creatividad humana, sin trabas.

--¿Cuál es la visión que tiene sobre el estado, a nivel continental, de la libertad de expresión? ¿Es una situación de estabilidad o de continuados ataques?

--Creo que el continente ha avanzado mucho desde las dictaduras militares de los años 70. La apertura a la democracia, las nuevas Constituciones, han servido para fortalecer la democracia y, por supuesto, la libertad de expresión. Todas las Constituciones reconocen y garantizan la libertad de expresión. El sistema interamericano está actuando muy vigorosamente, la gente cada vez es más consciente de sus derechos. Pero creo que hay riesgos, problemas, desafíos.

Siguen existiendo fenómenos de censura, por ejemplo judicial. Hay países en que los jueces pueden sacar información de la prensa. O la censura indirecta a través del mal uso de la publicidad oficial o de la adjudicación de frecuencias de radio y televisión. En algunos países se está asesinando a periodistas por parte de grupos de la delincuencia organizada, de manera muy brutal. Tampoco se ha creado un marco legal suficiente para el acceso a la información pública. Hay retos y desafíos importantes.

Los grupos mafiosos

--Se ve con preocupación el surgimiento de grupos mafiosos en Colombia, México y Brasil que se dedican a intimidar a la prensa y asesinan a periodistas. ¿Cuáles serían algunos de los mecanismos para enfrentar este tipo de situaciones?

--El gran problema de la delincuencia organizada es que son grupos realmente muy poderosos, que incluso en algunos lugares tienen la capacidad de atemorizar a las propias instituciones o de infiltrarlas. Eso no es muy usual, felizmente. Pero hay que controlarlos. A los Estados se les pide muy seriamente que se investigue cada crimen que se ha cometido, cada amenaza, y que judicialicen y lleven a la cárcel a los responsables, con penas proporcionadas y no con beneficios exorbitantes que terminan en penas irrisorias. Lo que se les solicita a los Estados es que hagan un control legítimo del uso de la fuerza, que ejerzan el monopolio que tienen para dicho efecto, y que se haga justicia en el caso de los periodistas agredidos o muertos. No porque ellos sean privilegiados, sino porque cuando se asesina a un periodista, no sólo se afecta a una persona, sino que se evita que toda una comunidad pueda conocer una información relevante para ejercer el control político. Lo que hacen las mafias a través del asesinato de periodistas es congelar situaciones, impedir que haya una lucha contra la impunidad y contra el accionar de las mismas.

Un informe ante la OEA

--Usted ha mencionado que está por presentarse un informe ante la CIDH. ¿En qué consiste?

--La Relatoría Especial presenta un informe anual ante la Asamblea General de la OEA. Se presenta a la Comisión Interamericana; ésta la aprueba y la eleva a la Asamblea. Tiene un capítulo que son todas las actividades de la Relatoría, total transparencia de quiénes integran el equipo, cómo se financia, etc. El segundo capítulo es la situación de todos los Estados, ahí hay subregistros, pues existen Estados sobre los cuales no tenemos información, pero creo que se da un panorama bastante razonable de lo que está pasando en el Continente. Luego se aborda toda la jurisprudencia interamericana, todos los estándares; cual es el alcance de la libertad de expresión, cuáles son los límites que se pueden establecer. Creo que esto es muy importante para que los habitantes del continente sepan hoy qué derechos tienen para protegerse. Y el cuarto capítulo es la agenda de la Relatoría, que son los puntos mas importantes del trabajo que realiza y que tienen que ver con lo que he expuesto en la reunión de la SIP (ésta conferencia) borrar. Y por último, se plantean recomendaciones puntuales a los Estados.

- ¿Cuales son las acciones posibles desde los gremios, desde la sociedad civil, para la efectiva vigencia de la libertad de expresión que siempre corre riesgo de estar coartada?:

-Hay un primer punto: hay que mantener la sensibilidad sobre el tema. Creo que a la gente se le olvida que puede hablar, que puede leer, que puede discutir, porque hay un derecho a la libertad de expresión que se le garantiza y que no siempre ha estado garantizado. Que ha habido momentos en que estuvo prohibido expresarse, en que a la gente se la ha llevado a la cárcel o la asesinaron por hablar de ciertos temas. Entonces no es poco haber conquistado esos derechos, poder discutir vigorosamente sobre todos los asuntos, conocer el pensamiento del otro. Y pienso que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en éste sentido.

Lo segundo es que creo que hay que hablar de las nuevas formas a través de las cuales se limita la libertad de expresión. Hay gobiernos y hay sociedades que creen que el uso de la publicidad oficial, para acallar o premiar a un periodista, es normal. No, no es normal, hay que poner los puntos sobre las íes y aclarar los temas. La ciudadanía debe expresarse.



 LA CIUDADANIA SE EXPRESA: 

MARCHA POR LA APLICACION DE LEY DE MEDIOS VOTADA EN DEMOCRACIA - Apr 14

MARCHA POR LA LEY DE MEDIOS EN EL OBELISCO - ¿LO QUE PASA EN LA CALLE DONDE LO VES? - Apr 10

EN LOS BLOGS:
CARTA ABIERTA A MARÍA LAURA SANTILLÁN

¿Sabe por qué vino Anibal al Encuentro Bloguero, Señora? POST  de Tirando al Medio

*PORQUE TENGO UN BLOG

video:  marcha 9 de Abril en el Obelisco




http://www.youtube.com/watch?v=NzhBOlqQfy0


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AUTORIDAD DE APLICACION


http://www.youtube.com/watch?v=pqVsRq-KaKw
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la ONU - LEY MEDIOS UN MODELO

EL RELATOR DE LA LIBERTAD DE EXPRESION DE LA ONU Y LA LEY DE RADIODIFUSION


http://www.youtube.com/watch?v=Iw_CoATR7dU

Frank La Rue (Onu), Ley de medios Argentina


http://www.youtube.com/watch?v=6IL86z_Q-W8

NOTAS
Viernes, 26 de marzo de 2010 | Hoy


EL PAIS › FRANK LA RUE, RELATOR DE LA ONU
“Felicito la ley”


El guatemalteco Frank La Rue es relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas. En julio pasado llegó a nuestro país para interiorizarse sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por entonces un proyecto del gobierno de Cristina Fernández, y terminó dándole un amplio apoyo. En diálogo con Página/12, La Rue lamenta la suspensión de la norma aprobada y anticipa que la Unesco difundirá este año un informe que toma la ley de medios audiovisuales argentina como “un ejemplo mundial”.

–¿Qué entiende la relatoría por “libertad de expresión”?

Nuestro planteo es que la libertad de expresión es un derecho individual y un derecho colectivo: un derecho de todos. Consideramos a la comunicación social ante todo como un servicio público, incluso antes de ser un negocio. Creemos importante que todos los sectores sociales –sin importar su origen étnico, económico o religioso– tengan igualdad de derechos en el acceso a los medios de comunicación, ya que esta igualdad en el acceso permite que los distintos sectores sociales combatan la discriminación y el racismo.

–¿Cuál fue el motivo de su apoyo a la ley de medios audiovisuales?

–Parte de esa misma idea de considerar las frecuencias electromagnéticas como un bien público, como un servicio público. Felicito la ley aprobada en Argentina porque busca una fórmula equitativa en el manejo de las frecuencias, entre lo que serían las –legítimas– concesiones comerciales, las frecuencias públicas estatales y los medios comunitarios. La relatoría de Naciones Unidas siempre ha hecho hincapié en la diferenciación entre los tres segmentos, y esta ley lo tradujo en una guía. Es por eso que en el informe que presentaremos en Ginebra el próximo mes de junio felicitaremos la ley de servicios audiovisuales. La Argentina ha dado un ejemplo mundial, en especial en lo que respecta a los medios de comunicación comunitaria.

–Sin embargo, la Justicia hizo lugar a presentaciones de opositores y propietarios de medios y la ley se encuentra ahora suspendida.

–Muchos están ofendidos por esta legislación, pero es porque han gozado de sus licencias durante mucho tiempo.


Permalink:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-142711-2010-03-26.html




RELACIONADAS.

La Rue: La Argentina es Modelo - al referirse al proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual - - Jul 15  

Aristegui con Frank la Rue: Ley de medios en argentina
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DE REPORTEROS SIN FRONTERAS


Una verdadera revolución en el paisaje mediático argentino que bien podría inspirar a los paises vecinos.

La pequeña revolución mediática de Cristina Kirchner
Par Emilie Barraza le 14 octobre 2009


Reporteros sin fronteras analiza las consecuencias y los retos de la nueva ley de medios audiovisuales recién promulgada. Una verdadera revolución en el paisaje mediático argentino que bien podría inspirar a los paises vecinos.

Americagora – Reporteros sin Fronteras

Cristina Kirchner no tiene muchos amigos en la prensa, en particular en la « grande ». Un día que se celebraban las conmemoraciones del 9 de julio, cuando todavía era senadora y Primera Dama, la futura Presidenta argentina calificó a los periodistas de « burros » e « ignorantes ». Era la época en que ya el grupo Clarín y La Nación, exasperaban a la Casa Rosada hasta el punto de que Néstor Kirchner se había negado a celebrar la más mínima conferencia de prensa durante su mandato. Por eso, Cristina Kirchner no partía como favorita con un proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) que esgrimió como la reforma embemática de su presidencia.

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Licencias y fútbol. En realidad, lo que la Presidenta ha iniciado es una pequeña revolución al conseguir que el Congreso apruebe el texto, a pesar de la lógica hostilidad de la oposición y de los consorcios mediáticos, con Clarín a la cabeza, que ahora amenazan continuar el debate ante la justicia por « inconstitucionalidad ». Políticamente se trata de una victoria. Inapelable el 17 de septiembre en la Cámara de los Diputados (146 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones) y después validada el 10 de octubre en el Senado, en idénticos términos (44 votos a favor, 24 en contra). Se argumentará que hay que pagar el precio de 200 modificaciones del proyecto inicial. Sin duda. El texto salido del hemiciclo, que la sociedad civil quería y había debatido, encaja a pesar de todo con las intenciones de sus promotores; porque el reto era doble.

Por una parte, la nueva ley SCA tenía que saldar la desafortunada herencia de la Ley de Radiodifusión del 15 de septiembre de 1980, la « 22.285 », aprobada en plena dictadura militar y que se mantuvo en vigor tras el regreso del país a la democracia en 1983. La nueva ley substituye – como ente de regulación – al COMFER (Comité Federal de Radiodifusión), que en principio agrupaba a dirigentes de empresas, funcionarios de Inteligencia y militares, por una Autoridad de Aplicación integrada por representantes de la clase política. Esa Autoridad, sometida al control del Congreso (otra novedad), tendrá que contar también con la opinión de un Consejo Multisectorial y Participativo, en el que participarán profesores universitarios, personalidades del mundo asociativo y de la sociedad civil y, naturalmente, representantes de la profesión. Un Consejo multisectorial que recuerda mucho al Consejo Honorario Consultivo instituido en Uruguay en 2007 a través de una ley inédita de medios comunitarios, capacitado para intervenir en la concesión y renovación de las frecuencias.

Indeseables y prácticamente inexistentes bajo los regímenes militares, estos nuevos medios de comunicación suponen ahora un gran reto político en el continente (leer también la crónica Reporteros sin Fronteras-Americagora del 16 de septiembre de 2009). Un poco a imagen y semejanza de la ley uruguaya de 2007 que les reserva un tercio del espacio audiovisual, la nueva legislación argentina concede un 33% a los medios sin ánimo de lucro. La antigua ley de 1980 no contemplaba esa figura pero había sido enmendada con condiciones, en dicho sentido, en 2005. Los medios más específicamente identificados como comunitarios tenían que conseguir su regularización aprovechando un cambio en las reglas de concesión de frecuencias, válidas para una duración de diez años frente a los quince anteriores.

Se trataba de dar barnices jurídicos a la dictadura. Los « imperativos de seguridad nacional», con cuya invocación el régimen militar pretendía pesar sobre los contenidos difundidos, desaparecían totalmente con una nueva legislación que garantizaba la libertad de expresión, en conformidad con el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La ley SCA establece solo la obligación, como existe en otros países, de una cuota de producción audiovisual nacional en torno al 60%. Igualmente democratiza la retransmisión de los partidos de fútbol, « una cuestión de vida o muerte, e incluso mucho más importante » según la broma, que hasta ahora estaba esencialmente limitada a los canales por cable.

Revolución audiovisual. Democratización, pues, que no parecen reconocer los detractores de la ley Kirchner, algunos de los cuales no dudan en equipararla a la ley de 1980, a la que sin embargo viene a reemplazar. Deshonesto e indecente, ese tipo de ataque juega sobre el otro reto que la SCA intentaba aceptar, y que no es el menor: reparar los perversos efectos de las enmiendas efectuadas a la ley de 1980 durante los anteriores gobiernos democráticos.

Puesto que, en la época en que se aprobó, la legislación del proceso suponía un cierto freno a la concentración de medios de comunicación prohibiendo, por ejemplo, que un grupo de prensa escrita poseyera al mismo tiempo una emisora de radio o un canal de televisión, o que más de veinte personas trabajaran dentro de la misma empresa radiofónica. Esas disposiciones, abolidas durante las presidencias de Alfonsín y Menem, tuvieron la desastrosa consecuencia de favorecer una superconcentración de medios encarnada en el grupo Clarín, poseedor por sí solo de 264 licencias. Estableciendo la prohibición de oligopolios y monopolios mediáticos, la ley SCA limita a 10 el número de frecuencias de radio abiertas (hertzianas) que pueden concederse a un mismo grupo, frente a las 24 anteriores. La misma disposición se aplica a la televisión, hertziana y por cable; un mismo grupo ya no puede ser a la vez, en la misma localidad, concesionario de un canal abierto y propietario de una empresa de producción y distribución televisual por cable. Además, un concesionario ya no podrá disponer de más de una licencia de servicio de comunicación audiovisual en soporte satélite, y un operador ya no tendrá derecho legal a ofrecer sus servicios a más del 35% de la población, o de la totalidad del público abonado.

Al final, con las nuevas cláusulas y los vencimientos de frecuencias, Clarín tendría que ceder algunos canales como Multicanal o Cablevisión si quiere conservar otros como Canal 13 (hertziano) y Todo Noticias (por cable). En total, el grupo podría perder 234 de sus licencias de emisión… siempre y cuando fracase en la ofensiva jurídica que se dispone a emprender – junto con otros – contra la ley Kirchner.

Digámoslo. Esta ley era necesaria y es valiente, teniendo en cuenta los medios de presión de algunos grupos de prensa bastante egoístas. La pequeña revolución audiovisual de Cristina Kirchner bien podría encontrar eco en otros países de la región, como Ecuador, Bolivia y Paraguay, donde la búsqueda de un equilibrio mediático se ha traducido más en la promoción de una nueva prensa pública o comunitaria. Por el contrario, un desesperante statu quo impera en Chile donde algunos proyectos de legislación, comparables a los aprobados en Uruguay y Argentina, llevan dos años durmiendo en los cajones del Congreso.

Es cierto que, sin duda, el gobierno argentino habría podido evitar añadir la afrenta a la audacia enviando, el 10 de septiembre, un centenar de funcionarios a la sede del grupo Clarín, para efectuar una dura «auditoría». Hay quien en ese episodio ha creído ver una muestra del enérgico carácter de la Presidenta. Cristina Kirchner no es la única, entre sus homólogos latinoamericanos, que exaspera a la maquinaria mediática. Sin embargo su ley, cuando no ella misma, evita la trampa en la que algunos están a veces a punto de caer: confundir la reforma del paisaje mediático con la de la práctica del periodismo.

Benoît Hervieu y Bérengère Ruet, Oficina Américas de Reporteros sin Fronteras

(Con Emiliano Gullo en Buenos Aires)

Foto: © Denise Mayumi

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Miércoles, 31 de marzo de 2010 | Hoy

LA VENTANA › MEDIOS Y COMUNICACION
Una batalla jurídica y política

Los patrocinantes de veinte instituciones que se presentaron ante la Justicia federal en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual recientemente sancionada y cuestionada judicialmente, exponen aquí sus argumentos para sostener la validez de la norma.


Por Víctor Abramovich*, Damián Loreti*, Analía Elíades*, Andrea Pochak* y Luis Lozano**

La demanda por una ley de medios que reemplazara la legislación de la dictadura y garantizara una efectiva democratización de las comunicaciones agrupó desde 1983 a universidades, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Sus reclamos y propuestas, como los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática redactados en 2004, tomaron cuerpo en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Ejecutivo impulsó luego de un inédito proceso de consulta pública y el Congreso aprobó por amplia mayoría en octubre pasado. Pocos meses después, tribunales de diferentes jurisdicciones del país, a partir de argumentaciones diversas, han dejado sin efecto la vigencia de ciertos artículos de la ley o, inclusive, la normativa completa.

En este contexto, los mismos actores que han bregado a lo largo de más de un cuarto de siglo por una efectiva democratización de las comunicaciones y que criticaron públicamente las medidas que permitieron la consolidación de posiciones dominantes en el mercado de medios audiovisuales durante los sucesivos gobiernos democráticos, se presentaron ante la Justicia para defender la constitucionalidad de una ley que ha sido redactada en absoluto cumplimiento de lo dispuesto por nuestra Carta Magna, así como por los instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados a ella desde 1994.

El lunes 15 de marzo, más de 20 instituciones –entre las cuales se encuentran la casi totalidad de los sindicatos que reúnen a los trabajadores de medios de comunicación, universidades nacionales, radiodifusores comunitarios, pequeños y medianos radiodifusores comerciales y organizaciones de la sociedad civil– presentaron un escrito en calidad de amicus curiae (“amigos del tribunal”) ante la Cámara Federal de Salta en el marco de una causa que se inició a fines de 2009. La Cámara debe decidir si confirma o revoca la medida cautelar dispuesta por el juez federal Miguel Medina, que había sido solicitada por la ONG salteña Comité de Defensa del Consumidor (Codelco), que suspendió la vigencia de seis artículos de la norma que hacen referencia a las obligaciones de producción propia, nacional y local, además de las reglas de control de concentración.

El dictamen presentado aporta numerosos antecedentes de derecho internacional de derechos humanos y ejemplos de legislación comparada, que demuestran que la ley 26.522 respeta el derecho a la libertad de expresión. En primer lugar, fundamenta que el Estado no sólo puede, sino que debe regular la actividad de los medios de comunicación audiovisual electrónicos y que, tal como lo ha expresado nuestra propia Corte Suprema en diferentes sentencias, el régimen internacional de telecomunicaciones y radiodifusión al que ha adherido la Argentina impone que esta regulación sea federal y no provincial. Esto es, debe provenir del Congreso nacional.

Por otra parte, el escrito remarca la compatibilidad entre las limitaciones a la concentración de la propiedad de los medios, de las restricciones a la conformación de redes permanentes de programación, y de la fijación de pisos mínimos de producción local e independiente y los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Para ello, apela a la jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los Relatores Especiales de Libertad de Expresión de la OEA, la ONU, la Comunidad Europea y la Comisión Africana, así como a la comparación con la regulación vigente en otros países. Tanto en Estados Unidos como en Canadá y en la Unión Europea existen regímenes que establecen límites a la multiplicidad de licencias y están destinados a salvaguardar el pluralismo informativo e impedir que un mismo grupo alcance una posición dominante en el mercado de medios que le permita imponer un discurso único. Los ejemplos de derecho comparado y las citas a convenciones internacionales específicas muestran también la existencia de previsiones legales destinadas a garantizar pisos mínimos de programación local y nacional, con el objetivo de defender la diversidad y la producción local.

El amicus además expone la relevancia que este tipo de medidas tienen en el contexto del sistema de medios que se ha configurado en la Argentina a lo largo de las últimas dos décadas. A modo de ejemplo: en los canales de televisión abierta del interior del país las dos terceras partes de la programación consisten en contenidos de las señales producidas en Buenos Aires que son retransmitidos de manera directa. A la vez, sólo tres empresas (Grupo Clarín, Telefónica Internacional y Pramer) controlan más del 70 por ciento del mercado de comercialización de señales de TV. Si a esto le sumamos los efectos del intento de operación conjunta entre Cablevisión y Multicanal, que llevó al Grupo Clarín y su socio norteamericano Fintech Advisory a controlar más del 60 por ciento del mercado de provisión de TV por cable (con monopolio absoluto en grandes y medianas localidades del país y casi total en otras), nos encontramos con una situación por demás alarmante, que exige políticas enérgicas del Estado para asegurar el derecho de la sociedad a acceder a información plural.

Semejantes niveles de concentración resultan abusivos para cualquier industria, en tanto representan una amenaza a la libre competencia y tienen impactos negativos sobre la formación de precios. Pero en el caso de los medios de comunicación masiva la preocupación es aún mayor debido al efecto restrictivo que implican para el ejercicio de la libertad de expresión, entendida como un derecho humano fundamental y pilar básico de toda sociedad democrática.

* Abogados patrocinantes de las organizaciones que se presentaron como amicus curiae en la causa “Codelco c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa - medida cautelar”.

** Coordinador de Comunicación del CELS.


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Sábado, 17 de abril de 2010

CONTRATAPA
Comunicación


Por Sandra Russo

La comunicación es algo inevitable. Nada ha impedido, desde el principio de nuestra especie, que en las circunstancias más adversas las personas hayan logrado comunicarse. Uno de los ejemplos más potentes es el lenguaje nushu, de las mujeres de Human. El lenguaje secreto de esas mujeres chinas, vigente a lo largo de mil años, se extendió a los abanicos y a las vendas que llevaban ellas en los pies, fracturados en la infancia por sus propias madres para impedir que crecieran. Aquellas criaturas torturadas, asimismo verdugas de sus hijas, sometidas atrozmente a un régimen de desprecio de género, crearon un lenguaje que alcanzó los 700 caracteres: imágenes que bordaban en las vendas de sus pies y a través de los que se comunicaban entre ellas. No podían hablar en público ni salir de sus casas. El nushu floreció antes que nada en las gargantas: comenzaron cantando pequeños quejidos agudos de pájaros enjaulados. En 2004 murió la última mujer china que conocía el nushu. Los hombres nunca pudieron descifrarlo.

Recuerdo ahora el libro de Alberto Trotta, preso político de la dictadura de Lanusse, en el que cuenta cómo en Coronda, estando incomunicados en un penal hombres y mujeres en pisos distintos, hallaron la manera de establecer contacto a través de las tuberías de los inodoros. Uno imagina a esos pequeños grupos de hombres y mujeres, cada uno en su piso, arremolinados alrededor de los inodoros por la madrugada, celebrando las noticias que iban y venían por la tubería y después los chistes y las canciones. Llegaron a reproducir un carnaval carioca en una noche de éxtasis.

El acto de comunicación es un impulso vital que nos acompaña y que convive con la conciencia de estar solos dentro de nuestras pieles. La comunicación rompe el aislamiento, rompe la pulsión de Apolo, borra a ese sujeto solo remando en su propio bote, sin posibilidad de tocar o ser tocado por la realidad de los otros en sus botes.

La comunicación pertenece al otro reino, el de Dionisio, el del vino, acaso porque el contacto con los otros nos desequilibra y nos pone en búsqueda de otros equilibrios. Lo que es estable en nosotros, se tambalea al contacto con otros. Los otros son los que nos ayudan a dimensionar, a confirmar, a dudar. Trastabillamos entre ellos. O mejoramos. Lo que nos pasa con ellos es una forma de nosotros mismos.

Desde hace ya un tiempo largo, a propósito de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la Argentina se habla de medios y de información. Vivimos en Sociedades de la Información, que últimamente se han vuelto Sociedades de la Desinformación. No es un problema argentino; el contexto mundial es el que pone sobre el paño a la información y la interroga. El contexto, que es el del capitalismo globalizado, le pregunta a la información: ¿De qué me informa? ¿De qué me desinforma? ¿Hacia dónde me inclina? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué me lo dice? ¿Por qué dice esto y no otra cosa? ¿Cuáles de todas esas otras cosas que no me dice son relevantes y cambiarían mi perspectiva sobre alguna cuestión? ¿Soy libre ante esta información? ¿Tengo herramientas para darme cuenta de si es falsa o artera? ¿Y si solamente es trivial? ¿Cómo encaja esta información en toda mi otra información, la que ya tengo? ¿Y de dónde saqué toda esa información que tengo? ¿De la misma fuente? ¿Hay otras?

Nada detendrá la crítica sobre la información, como en décadas pasadas la publicidad fue puesta en discusión y de ese debate la publicidad salió resignificada: lo publicitario perdió su inocencia, y aunque se sigan vendiendo autos con mujeres hermosas, los clientes al menos aspiran a otras mujeres así de hermosas, no a la chica del aviso.

Mi primer impulso hacia la comunicación fue en plena dictadura y en plena adolescencia. Un día me dijeron que dos chicos que pasaban por la calle hacían una revista. Nunca se me había ocurrido eso: que se podía “hacer” una revista. Yo creía que las revistas eran todas como Gente o 7 Días, que me eran indiferentes. Los seguí a esos chicos. No los conocía, pero esa misma noche estábamos en un bar de la estación, charlando. Era la época de las revistas contraculturales, y las hubo por docenas en los barrios. No lo sabíamos. Ningún medio reflejaba ese fenómeno, de modo que cada grupo de adolescentes, en sus barrios, creía que era necesario “hacer” revistas.

Eramos los hijos del silencio que había dejado otra generación. Uno no tenía lenguaje ni discurso. Pero así fue que no estuvimos solos. Escribiendo, fotocopiando, abrochando, vendiendo una revista muy olvidable, salvo por haber sido, generacionalmente, un primer gesto de comunicación y resistencia.

La ley de medios trae un espíritu desconocido en la Argentina hasta ahora. El ánimo multitudinario de emitir mensajes para que otros puedan recibirlos, incorporarlos, asimilarlos, y para que los sumerjan en el mar desconocido de su propia información. Lo que esos otros nos digan, los mensajes que lleguen, traerán noticias sobre otras maneras de entender el mundo. Esa es la comunicación. Un intercambio de fluidos simbólicos.

La ley de medios revoluciona este statu quo de emisores impunes o movidos exclusivamente por un criterio comercial. Hay un oleaje frondoso de mensajes y una línea horizontalizada entre receptores y emisores que aguarda por nosotros. Para todos los que la hemos reclamado desde hace tantos años, para los que ahora la defendemos, esta ley hace tanta justicia que es imposible que la Justicia no lo vea.



http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-144058-2010-04-17.html



RELCIONADAS.


Lanata - Mariotto - ley radiodifusión - Jun 06 - completo - el post contiene mapas, relacionados y...(more)








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Osvaldo Papaleo; habla de Papel Prensa - Sep 19

OSVALDO PAPALEO: esta ley es perfectible pero los dueños de la mordaza nacional tiraron sobre la mesa que esta ley es mordaza - Sep 11

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