Lo que circula por los medios

24 de mayo de 2010

ANOTALO EN PAPEL




Denuncia del ex dueño de La Razón
Caso Noble: Revelan trámite de Magnetto ante Videla
22-05-2010 / El ex propietario del diario La Razón, José Pirillo, admitió que el propio CEO de Clarín, Héctor Magnetto le reconoció haber tramitado ante el dictador Jorge Rafael Videla, la entrega de dos niños a Ernestina Herrera de Noble. Además, denunció ante la Asamblea de accionistas de Papel Prensa, cómo despojado de su diario.

Los hermanos Noble Herrera.
El ex propietario del diario La Razón, José Pirillo, reveló que el propio CEO de Clarín, Héctor Magnetto le reconoció haber tramitado ante el dictador Jorge Rafael Videla, la entrega de dos niños a Ernestina Herrera de Noble. Además denunció, ante la Asamblea de accionistas de Papel Prensa, de que manera fue despojado de su diario.

"Magnetto me dijo que él tenía suficiente poder como para representar a la señora de Noble porque era el albacea de sus hijos y además él se los había gestionado ante Videla", señaló Pirillo durante la asamblea.

En tanto, en la misma reunión, la ex accionista de Papel Prensa, Lidia Papaleo de Graiver, brindó su testimonio de cómo la obligaron a desprenderse su participación en la empresa.

Pirillo relató de forma explícita, según consta en un acta labrada por una escribana a la que Télam tuvo acceso, "la experiencia vivida en esta empresa" desde que compró el diario La Razón.

"Me encontré -dijo Pirillo- con imposiciones que me querían poner los sindicatos en acuerdo previo con la Junta Militar efectuado con motivo de la adquisición o la expropiación de las acciones de Papel Prensa".

Recordó que "el 3 de abril de 1985 fue la primera vez que vengo a Papel Prensa, porque compré las acciones de La Razón el 29 de marzo de 1985. Fui informado por Patricio Peralta Ramos de los mecanismos que se habían utilizado para la supuesta compra de acciones".

"Le manifesté -agregó- que yo no encontraba en la contabilidad de La Razón los aportes efectuados por La Razón. Me contestó que no los iba a encontrar porque realmente no se habían hecho aportes sino que los aportes que debían hacer los tres diarios a Papel Prensa se habían efectuado vía retornos que pagaban las empresas constructoras de la planta de Papel Prensa".

Detalló que "dentro de los acuerdos previos que me dijeron que existían, estaba no publicar en los tres diarios nada que atentase contra la Junta Militar, porque a su vez ponía en peligro la democracia que recién se había instalado en el país".

"En ese momento le manifesté al señor Magnetto que yo le reconocía el carácter de Gerente General pero que existía un convenio de sindicación de dueños de los tres medios y que por consiguiente le solicitaba la presencia o quería hablar con la señora Ernestina de Noble. Montó en cólera por mi postura y me dijo que él tenía suficiente poder como para representar a la señora de Noble porque era el albacea de los hijos de la señora de Noble y además él se los había gestionado ante Videla", remarcó.

Explicó que "los otros enfrentamientos que tuvimos en mi transcurso acá en Papel Prensa fue justamente por la apropiación que estaban haciendo los tres diarios en forma ilegal de los bienes de la empresa vía manipular el precio de venta a los tres diarios".

En ese sentido aclaró que de casi 13.000 toneladas que se producían, 8.500 se llevaba Clarín, 2.500 se llevaba La Nación, apenas 1.000 La Razón y el resto, unas 300 toneladas, se les vendía a otros diarios.

"Al ver lo exiguo de la cantidad me pareció que era una burla en la Memoria del balance decir que se proveía de papel de diario a noventa diarios del país", insistió Pirillo. Se refirió además a la diferencia de precio que pagaban los diarios, indicando que "en ese momento, nosotros pagábamos el papel a 320 pesos la tonelada".

Contó que se logró la resolución de 590 pesos la tonelada, o sea 30 pesos más barato que lo que era Papel de Tucumán; pero que el Directorio impuso un precio arbitrario de 420 pesos, no 590, con lo cual Clarín, con ese valor tenía un diferencial mensual de 2.400.000 dólares porque era el mayor cliente que retiraba papel a ese precio.

Detalló que sus discusiones con Magnetto surgieron justamente por ese tema. "Yo sostenía que como cada diario tenía, y de acuerdo al convenio de sindicación, el 33 por ciento del poder, le correspondía a cada diario el 33 por ciento de la producción de papel, y después que decidiera cada diario qué hacer con ese papel, si vendérselo a uno de los sindicados o venderlo libremente en el mercado. Pero lo cierto era que Clarín se llevaba más de 8.500 toneladas de papel", puntualizó.

Relató luego como fue despojado de su diario mediante una maniobra de sus propios abogados, con la connivencia de un juez que vendió las acciones de Papel Prensa, cosa que no podía hacer; a Clarín y La Nación, en un precio tan vil de 6 millones de dólares por el 13 por ciento del paquete accionario".

Explicó que al juez del concurso de La Razón "se le pidió juicio político en el año 1990-1991. Hay una resolución del 18 de julio de 1991 de la Corte Suprema donde ordena el enjuiciamiento del juez Foiguel López por las irregularidades cometidas en la transferencia del paquete accionario de José Pirillo y de Papel Prensa".

De la misma manera Lidia Papaleo de Graiver comentó los pormenores de una reunión que mantuvo "con un señor de "La Nación" muy alto, Campos Carlés" y con Magnetto. "Yo siempre he dicho que me acuerdo más de los ojos y de la cara de Magnetto que la de mis torturadores. Él me dijo que tenía que firmar".

Recordó que "al día siguiente, nos reunimos de nuevo y Sofovich que era de Clarín me llevó a la salida y, estaba el contador mío, me dijo "¿Usted sabe cómo fue la historia de Clarín? Usted ahora se va de acá. Tome un avión adónde pueda, y que después alguien se ocupe, pero váyase ya". Esa noche me secuestraron".

Indicó que en esa reunión "estaba el gordito Mitre de La Nación, Carlés, Sofovich, estaba Magnetto. Estaban todos, pero no juntos. A mi me llevaron siempre a La Nación". Reveló luego que nunca tuvo una reparación total del patrimonio perdido, solo "una reparación parcial dispuesta por el gobierno" y que "hay bienes que todavía no se han podido recuperar. El acuerdo al que llegamos con Alfonsín tuvo idas y venidas hasta 1989". 


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14:38 | domingo, 23 de mayo de 2010
Politica
La hora de la verdad
23-05-2010 / En una reunión del directorio de Papel Prensa, la viuda de David Graiver confirmóque, estando secuestrada, fue forzada a entregar las acciones de la empresa bajo tortura.

Por Jorge Mancinelli
politica@miradasalsur.com


La asamblea de accionistas de Papel Prensa del jueves pasado tuvo dos invitados inesperados: Lidia Papaleo de Graiver, viuda de David Graiver, banquero y accionista privado mayoritario de la compañía, y José Pirillo, ex propietario del diario La Razón. Sus testimonios, tan estremecedores como contundentes, dejaron al descubierto la ilegalidad del traspaso accionario de la principal papelera del país, cuyos principales accionista son los diarios Clarín y La Nación.
“Fui forzada a vender todo. No hubo sugerencias, fue ‘firmás o te mato’”, contó en un conmovedor relato Papaleo de Graiver, en el que dio precisiones sobre su secuestro, así como de las feroces torturas recibidas durante el período que estuvo ilegalmente detenida. “Yo desaparecí y todo lo que pasó fue estando desaparecida”. “Yo vendí antes y durante (de estar en el cárcel). En la cárcel ya estaba legal, me sacaban y me traían desaparecida para firmar y hacer el careo continuo”, relató sobre las terribles condiciones en las que se vio obligada a firmar la supuesta “venta” de las acciones heredadas de su esposo, muerto en circunstancias sospechosas en un accidente aéreo en agosto de 1976.
Su desgarradora exposición (ver pág. 3) fue escuchada por representantes de La Nación –entre los que estaba su presidente, Julio César Saguier–, el coadministrador judicial de Papel Prensa y los síndicos e integrantes del Consejo de vigilancia de esta firma. Los que decidieron retirarse fueron los representantes de Clarín. Su director, Héctor Aranda, optó por seguir las exposiciones de manera intermitente y subrepticia, pese a la sugerencia del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de que se acercara en lugar de asomarse “como un fisgón”.
Por su parte, Pirillo, quien fue convertido en paria social por enfrentar a Héctor Magnetto, recordó como éste -entonces gerente general de Clarín-, le comentó que había gestionado ante el presidente de facto Rafael Videla “la obtención de dos chicos” para la dueña del diario, Ernestina Herrera de Noble.
Asimismo, relató diversas maniobras irregulares perpetradas por Clarín, La Nación y La Razón, en ese entonces en manos de Patricio Peralta Ramos, para beneficiarse con el costo del papel del diario, en detrimento de las publicaciones de la competencia. Contó, además, cómo fue “despojado” de su diario en 1987, tras romper la sociedad en Papel Prensa y publicar la historia completa de la familia Graiver, a través de una maniobra judicial. (Ver pág. 4)

Fuera de temario. Papaleo de Graiver y Pirillo habían sido invitados por el funcionario a exponer ante el directorio, una vez dinalizada la asamblea, en el marco de una fuerte confrontación con los accionistas privados mayoritarios de Papel Prensa por el manejo abusivo en el mercado del papel para diarios, irregularidades y presuntas maniobras de corrupción. El orden del día original preveía discutir los estados contables del primer trimestre del año, la oposición de la mayoría de los representantes de los accionistas privados a que los delegados estatales accedan a determinada información sobre la gestión de la empresa, y la ampliación del número de directores independientes, que dejarían en minoría al Estado Nacional a la hora de fijar el precio de papel.
Pero Moreno fue más allá y, una vez finalizada la asamblea, invitó a los presentes a escuchar los testimonios de Papaleo y Pirillo. “Hay una oscuridad total acerca de cómo los actuales accionistas adquirieron las acciones en el marco del terrorismo de Estado”, manifestó en relación con la maniobra por la cual, en noviembre de 1976, Clarín, La Nación y La Razón, se quedaron con la porción mayoritaria de las acciones de la principal productora y proveedora del 75% del papel de diario que se utiliza en el país.

Maniobras corruptas. Previamente, Moreno había repasado la historia de Papel Prensa durante los últimos 30 años y la administración de su gestión por parte de sus accionistas privados. “Hay serias sospechas de que la empresa ha funcionado, en las últimas décadas, con retornos de proveedores recolectados por el actual gerente de la empresa, que es el señor (Jorge) Noseda, y repartidos personalmente a los accionistas”, advirtió el funcionario. E inmediatamente señaló que “le gustaría saber si los directores participaron de esos retornos, o si el señor Noseda lo hizo al accionista Magnetto”. Esas comisiones, según dijo, “oscilan entre el 10% y el 15% de cada factura de compra y, en algunos casos, hay denuncias que fueron formuladas por quienes fueron directivos de la firma”. Estas prácticas serían la causa de la negativa de los directores vinculados con los accionistas privados, a proporcionar la información que los representantes del Estado nacional vienen solicitando desde el año pasado.
Otra modalidad denunciada por Moreno es la forma en que costea Papel Prensa las bobinas que son para los diarios de sus accionistas y las que vende a las demás publicaciones. El menor costo para las destinadas a los primeros le permitiría a la empresa justificar la fijación de precios diferentes, en perjuicio de la competencia de los dos principales diarios del país. Además, se suma el perjuicio a las ganancias de la empresa y, por ende, al patrimonio público, ya que un 27% de ella pertenece al Estado.
En línea con la revelación sobre costos, el secretario de Comercio Interior se refirió a otra irregularidad originada en las políticas de aprovisionamiento de Clarín: las variaciones mensuales de sus compras oscilan 25%, mientras que las demás empresas llegan al 4%. Así, la política del principal matutino del país perjudica a Papel Prensa y al mercado editorial al generar faltantes y sobrantes de stock que impactan sobre los precios y la estabilidad en el abastecimiento.

Impunidad protegida. En otro tramo de su alocución ante los integrantes del directorio, Moreno recordó que un ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) participó en los interrogatorios a los accionistas de Papel Prensa que fueron detenidos hacia fines de 1976. En este organismo le confirmaron a Miradas al Sur que a partir de una investigación realizada por su presidente, Alejandro Vanoli, se comprobó que efectivamente existió un funcionario de estrecha confianza del entonces titular de la CNV, Juan Etchebarne, que cumplió tareas en centros clandestinos de detención a pedido del Primer Comando Cuerpo de Ejército. A raíz de su “eficiente desempeño”, el coronel Roberto Roualdes, jefe del Estado Mayor del Ejército, le hizo llegar al funcionario de la CNV, por intermedio de Etchebarne, una calurosa felicitación. El funcionario torturador asistió a las dos asambleas de accionistas de Papel Prensa realizadas en diciembre de 1976 con motivo de los cambios originados en la propiedad de la empresa.
La impunidad con que la dictadura militar protegió a los apropiadores de las acciones de Papel Prensa fue recordada por Moreno al evocar el caso de Rafael Ianover. Después de firmar los poderes para la transferencia de acciones, el entonces testaferro de David Graiver en Papel Prensa y ex director de esta empresa le pidió a Patricio Peralta Ramos que no le pasara nada ni a él ni a su familia. El entonces propietario de La Razón “le dio su palabra de honor” de que así sería. A la semana siguiente, Ianover fue secuestrado y permaneció catorce meses en esa condición.
Su testimonio, junto al de Papaleo de Graiver y Pirillo, revelan las dimensiones del ilícito en que se produjo el traspaso accionario de Papel Prensa, con prácticas propias del terrorismo de Estado avaladas por sus principales beneficiarios .

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Sábado 22 de mayo de 2010 | Publicado en edición impresa


Casi 37 años atrás, un nutrido grupo de personas condenadas por actividades terroristas fueron indultadas y amnistiadas. Los delitos perdonados incluyeron asesinatos, secuestros extorsivos, privaciones ilegítimas de la libertad, lesiones y robos. No hubo de parte de muchos de quienes así recuperaron la libertad arrepentimiento por los violentos hechos cometidos. Por el contrario, existió en su ánimo la voluntad de reincidir en ellos. Quienes resolvieron la libertad de los condenados -el presidente Héctor Cámpora, que los indultó, y el Congreso recién constituido, que los amnistió- no tuvieron en cuenta ni consideraron siquiera, si el perdón y la libertad que concedían ponía en riesgo a la sociedad argentina.

Los acontecimientos pusieron en evidencia que buena parte de quienes habían sido perdonados se consideraban por encima de la ley, orgullosos de los delitos cometidos y de la lucha emprendida. Y al poco tiempo perpetraron nuevos hechos atroces que privaron de vida o de integridad física o de libertad a civiles, policías y militares; a menores y mayores, a hombres y mujeres, mayoritariamente ajenos a las reivindicaciones pretendidas por aquellos iluminados.

Los jueces que los condenaron en procesos regulares, con todas las garantías constitucionales, fueron hombres de derecho con acreditados antecedentes en el fuero penal. Los servicios que prestaron con riesgos para sus vidas no fueron reconocidos; por el contrario, luego de la amnistía, se los privó de sus empleos y a partir de ello se convirtieron en blancos de atentados. Uno de ellos fue asesinado; otros se salvaron milagrosamente y debieron exiliarse ante la confesión de impotencia de las fuerzas de seguridad que les advirtieron que no podían garantizar sus vidas.

La violencia engendra violencia. Como consecuencia de la reanudación de los crímenes terroristas bajo gobiernos constitucionales, desde el gobierno de Juan Domingo Perón se concibió y organizó la denominada Triple A, que actuó ilegalmente bajo el gobierno de su esposa con el propósito de contrarrestar la actividad terrorista desarrollada por ERP y Montoneros, entre otras organizaciones guerrilleras. Los crueles ataques de que fue objeto la democracia recuperada llevaron al gobierno constitucional a ordenar a las fuerzas armadas que se involucraran en la lucha, ya que las de seguridad estaban superadas. Luego siguieron los excesos en la lucha contra el terrorismo, de los que fueron responsables integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, en el marco de una contienda fratricida en la cual tanto terroristas como sus represores incurrieron en actos crueles e inhumanos.

Desde la asunción de la presidencia por Néstor Kirchner, y luego, durante el mandato de su esposa, desde el Poder Ejecutivo se ha procurado idealizar la actividad terrorista desarrollada en la década del 70 y demonizar a quienes la reprimieron. A estos fines, se han impartido cursos en colegios y universidades, se ha promovido la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de pacificación dictadas a instancias de Raúl Alfonsín, y de los indultos dictados por Carlos Menem, en este caso, tan sólo respecto de los represores pero no de los terroristas.

Con el mismo propósito, se designó como secretario de Derechos Humanos al abogado Eduardo Luis Duhalde, protagonista en esa década como apologista, desde la revista Militancia , de muchos de los atroces crímenes cometidos por el terrorismo. La designación de un antiguo promotor de la violencia en un cargo de esa naturaleza sólo podría justificarse si mediara algún arrepentimiento en la persona así designada. Pero no ha sido el caso. El secretario de Derechos Humanos es absolutamente funcional al propósito de reescribir la historia, de perseguir a sus antiguos adversarios y de llevarlos a la cárcel, en condiciones a veces violatorias de los mismos derechos que debiera proteger, despreocupándose de los demás aspectos que hacen a la protección de los derechos humanos en la actualidad. En este sentido, es oportuno y triste recordar que alrededor de un centenar de ancianos han muerto en cautiverio durante prolongados procesos sin que se los haya condenado.

Desafortunadamente, varios de los integrantes de la actual Corte Suprema de Justicia también han sido funcionales al propósito oficial de perseguir a integrantes del gobierno militar y de dotar de impunidad a los de las organizaciones guerrilleras, declarando delitos de lesa humanidad a los actos perpetrados por los primeros más no así, a los cometidos por los segundos. Esta distinción, que lleva a la persecución de unos y a la impunidad de otros, no tiene cabida en los tratados internacionales incorporados a la Constitución a partir de 1994 y también invocados como fundamento para declarar inconstitucionales las leyes pacificadoras de Alfonsín, previamente reconocidas por la Corte como válidas, y los indultos de Menem, excepto los concedidos a terroristas.

Desde organizaciones que merecieron respeto por su coraje y por las actitudes que adoptaron para localizar a sus seres queridos durante la década del 70, como las Madres de Plaza de Mayo, y que hoy reciben múltiples beneficios del gobierno nacional, actúan ideólogas como la señora Hebe de Bonafini, que han extendido su mensaje de odio allende nuestras fronteras, regocijándose públicamente por los actos terroristas que provocaron la caída de las Torres Gemelas en Nueva York y de las muertes resultantes del atentado en la estación Atocha de España.

Diversos ex integrantes de Montoneros o del ERP que desempeñan funciones en el Poder Ejecutivo y en el Congreso, también procuran venganza respecto de sus adversarios de la década del 70.

Como consecuencia de estas actividades, hoy hay algunos pocos condenados y centenares de procesados. La mayoría de estos últimos se encuentran privados de su libertad sin que aún medie condena. En virtud de los tratados internacionales, ello no procede, sin perjuicio de cuál sea el delito imputado, salvo que el tribunal que ordena el encerramiento tenga fundamentos, que debe explicitar en forma concreta y específica, para temer que el procesado pueda fugarse, entorpecer las investigaciones o reincidir. Estos supuestos no son aplicables a muchos de los procesados, que fueron integrantes del gobierno militar, de las fuerzas armadas o de las de seguridad, y que superan los 70 años, particularmente cuando han estado a disposición de la justicia y no tienen posibilidad de entorpecer investigaciones de hechos que ocurrieron hace más de 30 años. Hoy es lamentable que se insista, como lo hacen Eduardo Luis Duhalde y Estela Carlotto, en que ancianos procesados pero no condenados se alojen durante el proceso en cárceles comunes. Como es bien sabido, éstas distan mucho de satisfacer el requerimiento constitucional de que sean sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas.

La actitud de quienes procuran ese tipo de detención respecto de no condenados también vulnera el principio constitucional que a continuación de la disposición ya citada establece que toda medida que bajo pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice. En este caso, cabe subrayar la obstinación del juez Norberto Oyarbide en detener en un instituto carcelario al ex ministro José Alfredo Martínez de Hoz, no obstante sus 84 años de edad y su delicado estado de salud, constatado por los facultativos que lo atienden y los médicos forenses. La medida del juez contrasta con su decisión de permitir la salida del país del ex funcionario del gobierno kirchnerista Ricardo Jaime, acusado de enriquecimiento ilícito. Esta detención carcelaria en vísperas del Bicentenario debe satisfacer al Gobierno y en particular a Néstor Kirchner, quien desde 2006 viene reclamando lo que Oyarbide acaba de resolver con Martínez de Hoz.

El Bicentenario debería ser la fecha del reencuentro y la reconciliación de los argentinos. ...sta no se logrará mientras exista un tratamiento judicial desigual respecto de quienes estuvieron enfrentados durante la triste década del 70. La persecución de unos provocará nuevos resentimientos y sed de venganza en los otros. Y así continuará esta historia sin fin.

El futuro argentino requiere tener presentes ejemplos dados por grandes personalidades que sufrieron persecuciones y encarcelamientos, y que tuvieron la magnanimidad de perdonar. La figura más destacada en el ámbito mundial es Nelson Mandela. Pero también cabe destacar la actitud del ex guerrillero uruguayo que hoy ejerce la primera magistratura de su país y que se ha comportado con similar grandeza. Son estos ejemplos y los sentimientos que los inspiran -la caridad, que hace posible el perdón recíproco- los que se deben emular si pretendemos encontrar la paz y la concordia entre argentinos en el tercer siglo de nuestra existencia como nación.





http://www.youtube.com/watch?v=g5NqsnXSrgs



http://www.youtube.com/watch?v=PqUqr8jomeA


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