Lo que circula por los medios

10 de junio de 2010

Gualeguaychú, con la lógica de una ciudad sitiada.


10 de junio 2010
Audio Anibal con Magdalena





Domingo, 25 de abril de 2010 | Hoy


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Jueves, 10 de junio de 2010



EL PAIS › EL EJECUTIVO ANUNCIO QUE DENUNCIARA EN FORMA CIVIL Y PENAL A LOS ASAMBLEISTAS QUE CORTAN EL PUENTE EN GUALEGUAYCHU
“Después de La Haya, hay que darle un corte a la situación”

En un giro a su postura en este caso, el Gobierno anunció que se presentará como querellante en la causa abierta por el corte de ruta y denunciará a los manifestantes. Los asambleístas dijeron sentirse “traicionados”.



Por Martín Piqué

“Es preciso dar un corte definitivo a la situación luego del fallo de La Haya y no permitiremos que nadie se arrogue el derecho de desconocerlo.” La advertencia de tono marcial que pronunció el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, desde el Salón Sur de la Casa Rosada fue anticipo de lo que se venía. En un giro en su política ante el corte en Gualeguaychú, el Gobierno decidió presentarse como querellante en la causa abierta contra los asambleístas que bloquean el puente internacional. La presentación del Ejecutivo ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay tiene la forma de una denuncia penal contra los principales dirigentes de la Asamblea Ambiental, a quienes se imputa con nombre y apellido por una sucesión de figuras penales que, leídas una detrás de la otra, producen el efecto buscado: impactar. La querella incluye también una denuncia civil contra los responsables de la Asamblea. Eso significa que, si el juez llegara a disponerlo, los imputados deberán responder con su patrimonio por los perjuicios que pudiera haber generado el corte. Los asambleístas dijeron sentirse “traicionados y agredidos” por la actitud tomada por el Gobierno.

Fernández ingresó al salón secundado por el ministro de Justicia, Julio Alak, cerca de las 18.30. Para entonces ya había trascendido que el procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, jefe de los abogados que representan al Estado, había tomado un avión para presentarse ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. El objetivo del viaje relámpago era pedir que el Ejecutivo fuera aceptado como parte querellante en la causa contra los ambientalistas. Pero el vuelo no pudo aterrizar, por lo que Da Rocha tuvo que viajar luego, pero por tierra. La querella finalmente fue presentada en el juzgado ya avanzada la noche, a las 22.

Al mediodía, Da Rocha había estado en la quinta de Olivos. La presidenta Cristina Kirchner había tenido una larga serie de reuniones: Da Rocha, Fernández, Alak y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, desfilaron por Olivos. El informe de Fernández en el Salón Sur comenzó con una explicación de por qué el Gobierno había decidido no limitarse a notificar a los ambientalistas que estuvieran en el corte del fallo del juez Gustavo Pimentel. “No tiene sentido notificar a quienes han decidido que no se van a notificar”, argumentó el jefe de Gabinete.

Hasta ayer al mediodía la idea del Gobierno era que un grupo de oficiales de la Gendarmería se presentaran en el corte, que ya lleva tres años y siete meses, sobre la ruta 136, en el paraje Arroyo Verde, y que allí notificaran a los ambientalistas que la Justicia federal había resuelto que se garantizara el derecho a la libre circulación. Una vez notificados –para lo cual hay que firmar una cédula judicial–, los ocupantes del puente debían ser identificados por el personal de Gendarmería. Eso podría haber generado una situación tensa, aunque lejos de lo que significaría un operativo represivo para liberar la ruta. “El Gobierno ha tenido paciencia. No tiene vocación de reprimir, no va a reprimir”, subrayó el jefe de Gabinete. “No podemos permitir que nadie se arrogue el derecho de desconocer un fallo internacional, pero no se reprimirá”, insistió luego.

Los delitos por los que el Gobierno denunció a los ambientalistas son: entorpecimiento de transporte, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, homicidio culposo, apología del delito, entre otros. “Les tiraron el Código Penal por la cabeza”, fue la reacción que se escuchó entre quienes cubrían la aparición de Fernández y Alak. De los delitos que enumeró Fernández causó sorpresa la inclusión de la figura de homicidio culposo. Esa tipificación fue incluida por el accidente fatal de Walter Maulucci, bonaerense de 33 años que se estrelló con su moto marca Motomel cuando se trasladaba desde Fray Bentos hacia Buenos Aires. Maulucci chocó contra el acoplado que usan los ambientalistas para ocupar el puente. Sucedió el domingo 26 de abril de 2009. Era de noche y, según la Gendarmería, había mucha niebla.

Los funcionarios aclararon por adelantado que no responderían preguntas. El jefe de Gabinete también deslizó algunas críticas al fallo de Pimentel. “No hemos tenido una decisión judicial contundente. Este tipo de decisiones elípticas son de cumplimiento imposible”, dijo Fernández.

A la hora de defender la estrategia adoptada por el Gobierno, Fernández destacó la importancia que tenía la resolución de la Corte Internacional de La Haya y recordó que ambos países se habían comprometido a respetarla. “Es absolutamente necesario cumplir con lo dictado por un tribunal internacional. Ambos países se comprometieron a cumplir el fallo. Esto (por el mantenimiento del corte) constituye un alzamiento contra la decisión internacional”, advirtió. Fernández no se privó de caracterizar con duros términos el accionar de los vecinos de Gualeguaychú. “Han tenido actitudes radicalizadas y en algunos casos violentas. Ya han adelantado que no piensan cumplir con el fallo”, dijo Fernández, quien luego usó la palabra “contumaz” para definir la modalidad de protesta.

Los asambleístas ayer cuestionados fueron los mismos que acompañaron a Néstor Kirchner en el acto masivo del 4 de mayo de 2006 en Gualeguaychú. “Tenemos razón, el derecho está de nuestro lado. Esta es una cuestión ambiental que atañe a toda la Nación”, dijo ese día Kirchner. En respuesta a esos antecedentes, el Gobierno sostiene que el fallo del Tribunal de La Haya modificó el escenario. “En ese momento todavía estaba en curso una acción judicial superior, a nivel internacional. Hoy eso se terminó”, argumentó ante Página/12 un funcionario que viene siguiendo el tema.

Fernández prometió también que, más allá de las denuncias penal y civil presentadas, el Gobierno seguirá manteniendo el monitoreo del río Uruguay. “La política de medio ambiente sólo puede preservarse si nos hacemos responsables de la calidad de las aguas, de las mediciones en todos los ámbitos y del seguimiento de las acciones que deben ser resueltas en el marco de la inteligencia y de un análisis serio y responsable. Vamos a garantizar a nuestros habitantes que no hay contaminación que ponga en riesgo la vida de los argentinos”, aseguró. En ese punto, relacionado con el monitoreo conjunto del río que ordenó el Tribunal de La Haya en su fallo, el jefe de Gabinete hizo una revelación que pasó algo desapercibida: aseguró que el mantenimiento del corte impedía el monitoreo conjunto.

Poco después, Página/12 escuchó de uno de los ministros que viene interviniendo en este tema el trasfondo de la puja con Uruguay. “Aunque no lo haya dicho en público, el gobierno uruguayo nos planteó que hasta que no se levante el corte del puente no avanzarán con el monitoreo conjunto”, fue la versión del funcionario. También confió cuál había sido el análisis del conflicto que había llevado al Gobierno a modificar su estrategia. Como se dijo, la idea primigenia era cumplir con el fallo de Pimentel notificando a los ocupantes del puente. “Cada ambientalista tiene una lista de celulares a los que llamar de urgencia, eso hubiera reunido a varios miles en pocas horas. El puente tiene nueve kilómetros, si vos querés garantizar que no lo corten en ningún punto tendrías que disponer de la totalidad de los efectivos de Gendarmería.”


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EL PAIS › OPINION
Gualeguaychú usos y abusos de la sociedad civil


Por José Natanson

Las transformaciones experimentadas por la democracia en tiempos de globalización, auge de los medios de comunicación e individuación de la vida social se reflejan también en la sociedad civil. Desaparecida por obsoleta la idea de pueblo (en el sentido de una entidad única, unánime en sus convicciones y protagonista de una relación bilateral con el líder), las investigaciones y estudios tienden a hablar, cada vez más, de “ciudadanía”: capaz de asociarse y actuar en un marco de democracia liberal, la ciudadanía carece de la supuesta homogeneidad del pueblo.

Como sostiene Isidoro Cheresky (Ciudadanía, sociedad civil y participación política, Miño y Dávila), la ciudadanía hoy parece manifestarse, básicamente, en dos formas polares: la audiencia y el estallido. La primera es conocida: su protagonista, la opinión pública, se expresa a través de los medios masivos de comunicación y, aunque a primera vista parece asumir una posición meramente pasiva, una especie de grado cero de ciudadanía, deja entrever sus preferencias políticas por vía de las encuestas, que marcan su pulso (y a menudo el de los políticos).

La segunda forma, el estallido, es episódica, aunque muchas veces produzca efectos deletéreos, y a veces revela, dramáticamente, la anomia social encubierta. Es la ciudadanía como multitud, muy presente en la transición pos-neoliberal latinoamericana, desde el Caracazo venezolano de 1989 hasta, más cerca en el tiempo, las protestas indígenas que desembocaron en el golpe de Estado contra Jamil Mahuad en el 2000, o las guerras bolivianas del gas y del agua, y por supuesto en el cacerolazo de diciembre del 2001 en la Argentina.

Entre estos dos polos, la audiencia y el estallido, existe también una trama de “militancia social” –comedores, cooperativas, empresas recuperadas, microempredimientos– que le otorga densidad a la sociedad civil local. Sin embargo, pese al entusiasmo de algunos académicos fascinados con la creatividad de sectores sociales a los que en general no pertenecen, se trata de experiencias interesantes como laboratorio social, pero ciertamente irrelevantes en una mirada general de la economía y la política: ninguna de ellas, ni todas ellas sumadas, han logrado incidir en el curso de las grandes políticas nacionales (cosa que sí hace la sociedad civil como audiencia y la sociedad civil como estallido).

Y existe también una sociedad civil compuesta por organizaciones de “representatividad virtual”, que acumulan un largo trabajo y varias conquistas, cuyo paradigma son los organismos de derechos humanos. Con su movilización siempre pacífica, su apelación a los mecanismos legales (juicios, cambios en la legislación, etc.) y su capacidad para aprovechar los avances tecnológicos (presencia en los medios de comunicación, genética) han sido los grandes fundadores de la sociedad civil argentina contemporánea. Como señala Enrique Peruzotti (“La democratización de la democracia. Cultura política, esfera pública y aprendizaje colectivo”), el discurso de los derechos humanos permitió reunir dos cuestiones que la tradición populista había separado, democracia y constitucionalismo, y ubicarlas como un todo indivisible. Los organismos de derechos humanos no sólo definieron los contornos de la sociedad civil, sino que también incidieron en la forma de nuestra democracia, marcando una ruptura político-cultural que ha sido más fuerte en sociedades como la nuestra, con un fuerte pasado populista, que en aquellas de tradición más liberal, como la chilena o la uruguaya.

En este contexto, la asamblea de vecinos de Gualeguaychú es una excepción. No es la ciudadanía como audiencia, ni un estallido que se apagó como los fuegos de octubre, no es un organismo de derechos humanos y su perfil socioeconómico se encuentra varios deciles por arriba del promedio de las organizaciones sociales de base. Aunque de raíz obviamente local, ha adquirido peso nacional.

¿Cómo se explica esta excepcionalidad? En primer lugar, por las características particulares de Gualeguaychú, que pese a sus escasos 76 mil habitantes no es una ciudad más. Con una larga historia y un fuerte protagonismo en las guerras federales (fue en la isla Libertad, frente a sus costas, donde Urquiza reunió al Ejército Grande), Gualeguaychú ha desarrollado una identidad propia, relacionada con el río, el paisaje y, por supuesto, el carnaval (el hecho de que la primera gran marcha contra las pasteras, el 30 de abril del 2005, haya partido del Corsódromo es sintomático). Cuenta con un sector de servicios hiperdesarrollado (1200 plazas hoteleras, 2500 camas en cabañas de alquiler y 17 campings) que, junto a la pequeña y mediana actividad agropecuaria, sostiene a la pequeña-burguesía que hegemoniza la sociedad local.

El sentido de identidad de Gualeguaychú, su relación con el paisaje y el río, quizás ayuden a explicar la sensación de desastre inminente que se instaló cuando comenzó a construirse la pastera, lo que, a su vez, llevó a la elección del eje programático de la protesta. Como sostienen Vicente Palermo y Carlos Reboratti (Del otro lado de río. Ambientalismo y política entre argentinos y uruguayos, Edhasa), la consigna elegida no fue “no a la contaminación”, posición que podría ser defendida mediante, por ejemplo, la elaboración de estudios de monitoreo ambiental conjuntos entre ambos gobiernos, con participación de los vecinos. El slogan fue “no a las papeleras”, lo que implicaba que la única forma de evitar la contaminación era que las plantas no existieran, con un giro dramático expresado en frases como “No a las papeleras, sí a la vida” o “Si Botnia nace, Gualeguaychú muere”, que hacían imposible cualquier camino intermedio y bloqueaban cualquier solución diferente al desmantelamiento de la pastera.

Pero ni las características particulares de Gualeguaychú ni la elección de la consigna alcanzan para explicar la excepcionalidad de la protesta y el alcance que adquirió. Los vecinos consiguieron: incidir en la designación de la máxima autoridad nacional en materia de medio ambiente, impulsar al Estado argentino a presentar la primer demanda internacional ante La Haya, nada menos que contra Uruguay, y condicionar la política exterior del país durante varios años.

Fue, claro, la herramienta elegida, el corte de ruta, lo que les permitió hacer todas estas cosas. Un instrumento de acción directa que otras organizaciones utilizaron y utilizan, aunque siempre de manera transitoria (ni al grupo de piqueteros más rebelde se le ocurriría mantener cortada una ruta durante años) y que puede ser calificado como un recurso extremo en la medida en que implica un daño a terceros (es decir, lo que cualquier manual de táctica y estrategia recomendaría dejar para el final).

Y esto, a su vez, se explica por el método elegido para tomar las decisiones. Como se señalé en otra oportunidad (18/1/2009), los habitantes de Gualeguaychú podrían haber optado por otro sistema: una comisión de vecinos encargada de negociar, la votación de un mandato para el gobernador o el intendente o la designación de un comité de especialistas en medio ambiente. Pero se inclinaron por la asamblea, en la que cualquier decisión es sometida a la consideración general en reuniones totalmente abiertas y horizontales, donde todos tienen la posibilidad de participar.

Pero la asamblea tiene problemas. En tanto método de decisión política, puede ser útil y democrática en ambientes pequeños, como la asamblea de trabajadores de una fábrica o una reunión de consorcistas, es decir, para ámbitos bien delimitados (la asamblea de Ford puede decidir sobre los trabajadores de Ford, pero no sobre los de Peugeot). También puede ser un mecanismo eficaz para destrabar algún tema puntual consultando a la población a través de un plebiscito, aunque eso requiere ciertas reglas institucionales (curiosamente, los vecinos de Gualeguaychú descartaron indignados la propuesta de realizar un plebiscito formulada por Jorge Busti, lo que revela que el amor por los métodos de democracia directa decae cuando existe el riesgo de que se modifiquen las decisiones).

En todo caso, el problema de la asamblea –que es el problema de la democracia directa en las sociedades de masas– es que se distorsiona cuando se trata de desarrollar estrategias sostenidas en el tiempo. Y es que en toda asamblea tiende a imponerse una dinámica gravitatoria que impulsa la radicalización de las posiciones y que se agudiza cuando, como en Gualeguaychú, se actúa con una lógica de ciudad sitiada. En estos casos, los halcones se comen a las palomas y la posibilidad de revertir una decisión ya tomada se hace prácticamente imposible. Y es que debe haber pocos métodos menos adecuados que una asamblea para llevar adelante negociaciones complejas, que exigen astucia táctica para, recurriendo a la jerga castrense, obtener resultados estratégicos. Sucede que en una asamblea no existen los mecanismos de representación que permiten elegir una conducción que se autonomice de las bases y adquiera márgenes de libertad. Como cualquier decisión debe ser sometida a la consideración de todos los vecinos, los atributos básicos de un buen negociador –prudencia, astucia, secreto– se hacen imposibles.

Retomando las ideas señaladas al comienzo, la excepcionalidad de Gualeguaychú, en el marco de la sociedad civil argentina, se explica por varios factores –la fuerte identidad local, la consigna elegida y el método de protesta adoptado– relacionados entre sí. Y también, por supuesto, por los derrapes de ambos gobiernos y por el aval conseguido en un sector de la sociedad y los medios de comunicación, al menos al comienzo. Y en este sentido resulta interesante llamar la atención sobre una tendencia, curiosamente presente en círculos ilustrados, a confundir el método con la meta. El razonamiento es el siguiente: como la asamblea es un mecanismo democrático, igualitario y transparente, entonces todas sus decisiones son necesariamente buenas. Es una falacia, por supuesto, y si no a las pruebas me remito. Para no caer en los miles de ejemplos históricos de asambleas que adoptaron decisiones atroces, sugiero uno más suave y más cercano. En pleno conflicto Gobierno-campo, la protesta de los productores rurales adquirió un formato asombrosamente parecido al de Gualeguaychú: el mismo método de decisión (la asamblea), para una misma herramienta (el corte de rutas), adoptada por personas de similar extracción social (al menos clase media) y hasta algunos liderazgos coincidentes (el incombustible Alfredo de Angeli, a quien en estos días hemos visto revivir al calor de la protesta ambientalista).



asociadas:




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Jueves, 10 de junio de 2010


EL PAIS › LA REACCION DE LOS VECINOS DE LA ASAMBLEA CIUDADANA DE GUALEGUAYCHU
Entre el rechazo y el desconcierto


“Nos sentimos traicionados, abandonados y agredidos”, dijeron después de escuchar al jefe de Gabinete. Habían pasado la noche esperando a la Gendarmería, pero se sorprendieron con la denuncia. Hoy manifestarán frente a la Municipalidad.



Desde Gualeguaychú

La furia y la angustia se apoderaron anoche de los integrantes de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú al escuchar la conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que les anunciaba que el Gobierno había decidido formar parte de la querella penal e iniciar una demanda civil, a causa de su resistencia a levantar el bloqueo en Arroyo Verde. Durante una jornada tensa que desde temprano estuvo marcada por las constantes versiones de un operativo puesto en marcha por la Gendarmería para desalojarlos, el día terminó con un golpe para los ambientalistas, del que acusaron recibo. “Nos sentimos traicionados, abandonados y agredidos por nuestro propio gobierno”, aseguraron tras percatarse de la gravedad de la escalada que los ponía ante la incertidumbre de tener que rendir cuentas de manera individual ante la Justicia. “Esto es peor que si nos hubieran mandado a los gendarmes”, se lamentaban. En la mente de ninguno de los activistas existía siquiera la posibilidad de una medida de ese tenor. A última hora de ayer, aún en el kilómetro 28 de la ruta 136 decidieron, reunidos en asamblea, manifestarse hoy al mediodía frente a la Municipalidad para exigir explicaciones al intendente local Juan José Bahillo acerca de la postura adoptada por el Poder Ejecutivo. Un documento en respaldo al accionar de la Asamblea y en respuesta a lo anunciado por el jefe de Ministros se plasmará luego de esa reunión. El levantamiento del corte no fue puesto en cuestión en ningún momento, aunque el futuro judicial de los que durante más de tres años lo llevaron adelante quedó en primer plano.

“Nos sentimos solos y agredidos por nuestro propio gobierno”, apuntó Martín Alazard, uno de los asambleístas que tal vez integre la lista de los señalados por el Gobierno. Fernández “se transformó en el ejecutor de una política represiva”, aseguró al coincidir con varios de los integrantes del espacio en que lo lamentable es que el conflicto por la operatoria de la pastera UPM hubiera quedado al margen. “Hay una persecución judicial”, “es un acto de traición”, afirmaban algunos. Los mismos que apenas culminó la conferencia de prensa en la que se realizó el anuncio y que fue presenciada por un centenar de activistas a la vera de la ruta hicieron blanco con sus insultos en el jefe de Gabinete. De allí en más todo fue nerviosismo y cruces telefónicos con los abogados de la asamblea. Algunos grupos intentaban bromear con la posibilidad de ir presos, otros no podían disimular su angustia al saberse dentro del listado de los posibles demandados. La resignación se adueñó de la mayoría. La asamblea semanal prevista para una hora más tarde en Arroyo Verde fue el epicentro de la catarsis, y allí se oyeron discursos de todos los calibres.

Las últimas horas fueron vertiginosas. Desde la publicación del fallo del juez de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, los ojos estaban puestos en la forma en la que la Gendarmería llevaría adelante la instrucción. El dedo acusador apuntaba a la agrupación Ciudadanos Movilizados que había logrado con su denuncia devolver el bloqueo en Arroyo Verde a un estado de ilegalidad. Temprano en la mañana el mismo secretario penal del juzgado, José María Barrazza, explicó a Página/12 que a su entender el dictamen era claro en apuntar que se estaba “ante un delito flagrante” –por la continuidad del bloqueo de manera constante– y que “ni siquiera hubiera sido necesario liberar los oficios” a la fuerza de seguridad. En cuestión de horas, la situación cambiaría radicalmente.

La vigilia en la guardia nocturna de Arroyo Verde encontró a la Asamblea Ciudadana en una tensa calma a la espera de la notificación oficial. Lejos de la paranoia de la noche del lunes donde los asambleístas intercambiaron mensajes de texto ante un eventual arribo sorpresivo de la Gendarmería, la guardia nocturna en Arroyo Verde se desarrolló sin sobresaltos. Página/12 pasó la noche junto a los ambientalistas que aguardaban con impaciencia la supuesta llegada de la comitiva que debía comunicarles lo dispuesto por el juez. “Si no nos sacan hoy (por ayer), no nos sacan más”, reflexionaron como para tomar nuevas fuerzas ante la incertidumbre que les generaban las declaraciones del Gobierno acerca de cómo cumplirían con la orden de liberar la ruta sin reprimirlos.

El frío calaba los huesos en el kilómetro 28 de la ruta 136, donde una treintena de activistas permanecieron en vigilia. Algunos soportaron la espera durmiendo dentro de los autos y otros apoltronados en sillas de plástico al calor de una salamandra en el puesto de resistencia edificado en Arroyo Verde. La mayoría intentaba mantenerse despierta a fuerza de rondas de mate, café y bizcochos. En el transcurso de la noche, entraban algunos y salían otros.

Con la televisión a todo volumen clavada en los canales de noticias, la charla se interrumpía para escuchar las noticias cada vez que se mencionaba la situación legal del bloqueo. Los que estaban haciendo crucigramas levantaban la vista y los que salían a fumar un cigarrillo entraban prestos. A modo de respuesta a los titulares de los diarios que consignaban que la Gendarmería liberaría la ruta en las siguientes horas, más de uno desafiaba: “¡Que vengan, que vengan!”. Los hombres de verde jamás llegaron a hacerse presentes en el lugar.

Esas mismas treinta personas aguardaron la llegada de más asambleístas que poco a poco se fueron sumando cuando empezaba a clarear. Al mediodía la concurrencia estaba cercana a las 400 personas que se paseaban charlando y especulando acerca de si finalmente la Gendarmería se haría presente para notificarlos del fallo. Hubo dos falsas alarmas y varias cadenas de mensajes se dispararon a la ciudad para atraer mayor concurrencia. Pasaban las horas y no había noticias ciertas, sólo rumores. Nerviosos, los ambientalistas armaban reuniones privadas en el refugio sin la presencia periodística para delinear estrategias ante los esperados visitantes. Todo ello fue en vano. Cerca de las cinco de la tarde, la asistencia comenzó a mermar. Llegó a circular la información de que ni los oficiales de Justicia se harían presentes en el lugar. Confiados, algunos comenzaban a creer que la “torpeza política” del Gobierno de no haber aprovechado la ocasión de tomar una acción concreta los iba a fortalecer. Minutos después de las 18, cuando dentro del refugio un centenar de vecinos se dispuso a escuchar las palabras del ministro lanzando una contraofensiva judicial, sus caras evidenciaron el desconcierto ante la medida menos esperada.

Informe: Gabriel Morini.


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Jueves, 10 de junio de 2010


EL PAIS › OPINION
Cambios y continuidades



Por Mario Wainfeld

Compelido por las circunstancias a romper una inercia que duró años, el Gobierno optó por una movida inusual en su trayectoria: llevar la protesta social a los tribunales, según enunció y explicó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El principal objetivo es mantener una de las líneas maestras de su gestión, la de no reprimir las movilizaciones. La decisión también busca demostrar voluntad de abrir un nuevo escenario, efectivizar la sentencia del Tribunal de La Haya y lubricar la relanzada relación bilateral con Uruguay.

El fallo de la Corte Internacional, tal como apuntó Fernández, determinó un punto de inflexión. Visto con realismo, el pronunciamiento fue el mejor (dentro del marco de lo posible) para la posición argentina. Era inimaginable una orden de destrucción o relocalización de la planta de la pastera ex Botnia. La condena al Estado uruguayo por la violación del estatuto del río homónimo fue un digno logro argentino, que prefiguró nuevas condiciones de negociación y custodia del ecosistema.

La asunción de José Mujica como presidente oriental, sucediendo a Tabaré Vázquez, también le dio oxígeno a la Casa Rosada. Puso fin a una creciente hostilidad entre mandatarios que se transformó en incomunicación y abrió una etapa de marcada buena onda y afán de dar vuelta la página.

Desde luego, todos esos buenos auspicios, de por sí limitados, no bastan para modificar las tácticas de la Asamblea de Gualeguaychú, apegada a su doctrina de “todo o nada” y refractaria a acatar la sentencia. Los Estados litigaron ante la máxima instancia internacional, se sometieron a sus resultados, sumisión que incluye a sus ciudadanos. Los vecinalistas no aceptan ese punto básico de legalidad y redoblan sus sospechas cuando se les pide un cambio de comportamiento.

La réplica ulterior a la conferencia de prensa, incluida la Asamblea casi inmediata, estaba cantada: doblar la apuesta e incluir al oficialismo nacional en la lista de sus adversarios.

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El kirchnerismo tiene en su memoria histórica las consecuencias trágicas y desestabilizadoras de las represiones ordenadas por los entonces presidentes Fernando de la Rúa (2001) y Eduardo Duhalde (2002). Corrió sangre de argentinos, los gobiernos debieron interrumpir sus mandatos, la sociedad lloró a las víctimas y repudió a los represores. Néstor Kirchner asumió en 2003 con esas imágenes entre ceja y ceja y se prometió no caer en iguales errores y demasías.

Otro episodio, del tipo de la tragedia transformada en parodia, confirmó esa convicción, años después. Fue el apresamiento del piquetero multipropósito Alfredo De Angeli, en el mismo suelo entrerriano, en pleno fragor del conflicto con “el campo”. Como en los casos anteriores (aunque con muy otra densidad), un boomerang para el gobierno en cuestión.

Alguna vez el oficialismo vulneró su línea, en otras coqueteó con hacerlo (por ejemplo frente a los trabajadores de Kraft Foods). Pero su balance en más de siete años de gestión es muy consistente, medido en términos comparativos con cualquier otra etapa de la realidad argentina. Ese núcleo pesó en la decisión de ayer y será central en la estrategia discursiva oficial.

El ministro de Justicia, Julio Alak, había hablado de otro accionar, más drástico, en la mañana de ayer. Aníbal Fernández, el real decisor en materia de seguridad dentro del gabinete, expresó una postura diferente. El Estado querellará y demandará civilmente a quienes porfíen en el corte. Desde un ángulo práctico, es evidente que la judicialización es un modo de diferir desenlaces, quizá por plazos prolongados. Los tribunales no se caracterizan por su ejecutividad, máxime si no se la reclaman los litigantes. Los pleitos son largos por naturaleza, que se potencia cuando es parte el Estado nacional.

En ese sentido, la acción oficial sigue siendo una apuesta a una solución política y un modo de evitar que se precipiten situaciones de hecho violentas o dolorosas.

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Pero, al mismo tiempo, el Gobierno ha producido una novedad en su comportamiento, que dará mucho para debatir. Como piso, judicializó una protesta social de enorme magnitud. No faltará quien alegue, ayer ya lo verbalizaron algunos asambleístas, que la criminaliza. El tema es opinable y ha dado lugar a interesantes polémicas en estos años. En la vereda opuesta, abundan opositores y críticos al Gobierno que afirman que hay una indebida renuncia al monopolio lícito del uso de la fuerza, que es facultad del Estado.

Sin entrar en esa polémica, en esta nota escrita contrarreloj, valga puntualizar que el oficialismo alteró un patrón de conducta, que mantuvo aun en circunstancias muy enojosas y adversas. Jamás había llevado ante los estrados judiciales a “minorías intensas” del porte de los vecinalistas.

Razonable o no, inevitable quizá, la acción de ayer podría abrir una puerta que se mantuvo bloqueada durante añares. Y les dará un buen rebusque argumental a gobernantes opositores (Mauricio Macri, sin ir más lejos) o aun a compañeros gobernadores menos ariscos a reprimir la protesta social.

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La obstinación de los asambleístas en su método de acción dudosamente tenga que ver con su eficacia material. Con mucha agua corrida bajo los puentes, se corrobora que el corte no impidió el comercio con Uruguay, ni el intercambio turístico, ni frenó la construcción o funcionamiento de la planta, ni suscitó adhesiones internacionales nuevas. El empaque es, quizá, trasunto de una debilidad: no hay una táctica alternativa ni quizás haya otro factor de unidad que la persistencia en el accionar.

Los Tribunales no son, por regla, una vía rápida o eficiente para dirimir conflictos políticos, cuesta creer que lo vayan a ser ahora. Lo que parece abrirse es otra impasse, a la espera de una negociación con los asambleístas, cometido entre desafiante e imposible. El gobernador Sergio Urribarri mantiene “líneas” de conversación con los asambleístas. En ellas fincan las tenues esperanzas del gobierno nacional para salir del enredo sin sentencias ni intervención de fuerzas de seguridad. Los precedentes son decepcionantes: ni Urribarri ni su predecesor Jorge Busti supieron (cuando tardíamente quisieron) acordar o conducir a la movida de Gualeguaychú.

Entre tanto, en otro terreno, el monitoreo conjunto impuesto por La Haya avanza menos de lo deseable. El gobierno uruguayo rehúsa que se implique a la pastera en la evaluación, manteniendo su extraterritorialidad a ultranza, incompatible con estudios serios. En la Rosada y en el Palacio San Martín prima la tesis de “darle tiempo al Pepe (Mujica)” aunque eventualmente se escuchan rezongos en susurro.

Así están las cosas siendo la noche del miércoles, con cambios relevantes que (da la impresión) no generarán soluciones ni convulsiones ni escenas de violencia en el corto plazo.

mwainfeld@pagina12.com.ar


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Según Aníbal Fernández, el corte en Gualeguaychú "dejó de ser un reclamo y es un capricho"
Volvió a apuntar a la Justicia y los asambleístas para explicar la decisión de no liberar la frontera; "Era vano notificar a quienes no van a querer notificarse", lanzó
Jueves 10 de junio de 2010 | 08:13 (actualizado a las 11:31)

Aníbal Fernández calificó de "capricho" el corte en GualeguaychúAníbal Fernández ayer, después de anunciar la denuncia contra los asambleístas Foto: DyN

Pocas horas después de haber denunciado penal y civilmente a un grupo de asambleístas y de desoír la orden judicial de depejar el corte de ruta en Gualeguaychú, el Gobierno reforzó su embestida contra los vecinos que mantienen el bloqueo desde hace tres años y medio y volvió a cuestionar los términos del fallo para justificar el no haberlo hecho efectivo.

Tal como ocurrió ayer, el vocero del discurso oficial fue el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. "Ya dejó de ser un reclamo popular o una lucha popular para ser un capricho", sentenció el funcionario sobre la protesta contra la instalación de la pastera UPM (ex Botnia).

Además, cuestionó que los vecinos mantengan la exigencia de que se relocalice la planta de celulosa. "La relocalización no va a suceder porque el fallo [de la Corte Internacional de La Haya] es muy contundente al respecto", razonó el jefe de los ministros.

En declaraciones a FM Millenium, Fernández reiteró las críticas a la resolución del juez subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, que anteayer había ordenado al Gobierno hacer efectivo el levantamiento del corte en la ruta 136.
Aníbal Fernández calificó de "capricho" el corte en Gualeguaychú
1 de 9 - Los asambleistas durante el corte en la ruta 36 en Gualeguaychú - Foto: LA NACION Santiago Hafford



"La Justicia no ha tenido definiciones contundentes, fueron elípticas. [Los fallos] dicen «desalojen», pero no dicen ni cómo, ni cuándo, ni quiénes son los responsables", criticó.

Enseguida, volvió a arremeter contra los vecinos de Gualeguaychú que llevan adelante la protesta. "Entendimos que era vano notificar a quienes nunca van a querer notificarse. Poner las fuerzas de seguridad a presionar, terminaría en algún momento con tener que reprimir, cosa con la que nosotros no estamos de acuerdo", repitió.

Orden y denuncia. El juez Pimentel había ordenado anteayer liberar la ruta 136, basado en tres resoluciones judiciales anteriores (dos de 2006 y una de 2007), que, según su fallo, no se habían cumplido porque el Gobierno entendió entonces que no era la oportunidad política para hacerlo. La semana pasada, la presidenta Cristina Kirchner había reclamado que la Justicia interviniera.

La denuncia de la Casa Rosada contra los asambleístas incluye 18 delitos, entre ellos, homicidio culposo, además de amenazas agravadas, daños a bienes públicos, intimidación pública, apología del delito, atentado contra la vida democrática, sedición y resistencia a la autoridad.

La demanda por homicidio culposo está relacionada con la muerte de Walter Maulucci, un joven 33 años que falleció al chocar con su moto contra un acoplado que estaba cruzado sobre la ruta 136, en abril del año pasado.
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1273620

5 comentarios:

Laura dijo...

Me tienen podrida estos tipos, Gal Un abrazo

GAL dijo...

Laura, prometieron que iban a acatar el fallo de la Haya y ya ves... ahora quieren desconocer ese fallo internacional...
Mucha lucha por el medio ambiente; pero nada dicen del glifosato y la soja...
saludos

Adal El Hippie Viejo dijo...

Querida Gal!
yo estaba de acuerdo con la protesta, no como estaba planteada-un corte ininterrumpido por mucho tiempo-sino algo más racional
ocurre que al ir a tribunales internacionales donde el fallo, que es discutible, es inapelable
no queda otra cosa que acatarlo, es así de simple, nos guste o no es la justicia que resolvió esta cuestión.

Ahora bien y este es un chimento de un "chimentero"-Lucho Avilés, uruguayo-argentino-
él dice-en TV en su programa- que la empresa Buquebús "banca" el piquete-para su conveniencia- por eso es tan fuerte.
(tomalo como es, un chimento)

Lo único que quiero querida Gal es que no haya represión
aunque lleve más tiempo anular esa medida de la gente de Entre Rios.


te deseo un hermoso fin de semana querida Amiga!
cariños

Adal

...con mucha ansiedad por el debut de Argentina en el Mundial!

GAL dijo...

Adal, Hoy en Tiempo Argentino en una nota, revelan que la gente no esta de acuerdo con el corte ni con la represión...
Quizás también esto sea un índice de que parte de esa gente se haya dado cuenta y no esta de acuerdo con que se fogoneen los conflictos desde los medios...

El primer partido ya pasó... y el sueño crece...

saludos, Adal y buen Lunes.
PD: yo te incluyo en mi propio ranking de blogs...

Adal El Hippie Viejo dijo...

"PD: yo te incluyo en mi propio ranking de blogs..."

Gal, querida Gal!
sos un amor!!!
Gracias, gracias y gracias!
me gusta más estar en mejor posición en tu ranking que en el de Alexa.

quiero que sepas que te admiro mucho como bloguera!

que tengas un hermoso lunes vos también!
cariños
Adal

si Gal, el sueño crece...

alguien que no recuerdo en este momento dijo
"si me quitan los sueños
me quitan la vida"
pues eso Gal, soñemos
porque a veces los sueños
SE CUMPLEN!

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