Lo que circula por los medios

5 de julio de 2010

¿DESDE ESTA NOTA CUANTAS COSAS CAMBIARON EN TORNO A LA LIBERTAD DE EXPRESION?


ACTUALIZADA

Hoy en Twitter el priodista Pablo Sirven dijo:  "Cualquiera puede escribir o decir lo que quiera",dijo CFK.Lo q no dice es q del 83 para acá ésta es la época de más hostilidad a la prensa

Y acto seguido recordé esta nota de 23 de noviembre de 2008, Libertades y derechos... que deja en evidencia como en nuestro País se ha apostado  a fortalecer  la libertad de expresión


Domingo, 23 de noviembre de 2008 | Hoy

EL PAIS › CATALINA BOTERO MARINO
Libertades y derechos

La relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH visitó el país y habló de prensa, gobiernos y sociedad civil.



Por Diego Martínez

Hace apenas diez años que Catalina Botero Marino se recibió de abogada, pero ostenta una extensa trayectoria académica y profesional. En julio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la eligió relatora especial para la Libertad de Expresión, cargo creado en 1998 para garantizar la protección y promoción de las libertades de pensamiento y expresión. Como el marco de visita académica a la Argentina le impide pronunciarse sobre temas concretos del país, preguntas y respuestas se formulan y responden en abstracto, como malabaristas que dialogan sobre un país imaginario.

–¿Cuáles son las prioridades de su agenda?

–Son cinco. Los asesinatos o agresiones violentas a periodistas y la lucha contra su impunidad. La criminalización, de la prensa y de la protesta social. La censura, directa o indirecta. El acceso a la información. Y el pluralismo y la diversidad. El Estado debe crear condiciones estructurales para que haya voces plurales y diversas. No basta con que haya muchos, porque pueden decir lo mismo.

–¿Qué riesgos trae aparejados una ley de radiodifusión sancionada durante una dictadura que prescribe el lucro como lógica dominante de los medios?

En una sociedad en la que todos compiten en igualdad de condiciones no sería problemática. Sí cuando hay sectores que no pueden entrar al mercado. El Estado debe garantizar que todos los sectores puedan acceder a los medios, que no haya monopolios en la propiedad, en el dominio de la audiencia y en el discurso. Eso se garantiza a través de leyes que premien a sectores no tradicionales, a minorías culturales o raciales, que establezcan franjas especiales para quienes no pueden entrar en el mercado comercial, que promuevan medios con información pública que los particulares en general no producen porque no es rentable.

–¿Es un problema generalizado en América latina?

–Hay honrosísimas excepciones, como Uruguay.

–¿Puede actuar la Relatoría frente a grandes grupos económicos que utilizan sus medios para extorsionar a sus adversarios?

–El mandato es el de garantizar que los Estados creen condiciones estructurales para que haya diversidad y pluralismo. Si existen y los Estados pueden responder a las críticas, hablar de extorsión es desproporcionado. Si no existen es porque el Estado no supo generarlas.

–¿Qué riesgos corre un país cuando se renuevan automáticamente las licencias de televisión sin exigir ninguna contraprestación?

–Las licencias y las frecuencias no les pertenecen al Estado ni a los medios sino a la sociedad. Cuando se entrega en concesión un bien social tiene que haber una contraprestación. Lo contrario sería disponer de bienes como si fueran regalados. La asignación de frecuencias es un tema de altísima relevancia: es el único medio a través del cual garantizar que exista pluralismo, un debate desinhibido, abierto.

–Si la renovación se consumó a cambio de nada, ¿a qué instancia se le debe exigir rever esa decisión?

–Es un problema de cada Estado, de derechos adquiridos. El Estado debe tener leyes de radiodifusión de manera tal que la asignación sea un asunto debatido en audiencias públicas. Debe haber criterios plurales para que toda la sociedad se enriquezca en ese proceso.

–¿Es el Congreso el lugar más idóneo para dar la discusión?

–Lo debe resolver cada Estado. Lo importante es respetar los principios: asignaciones no discrecionales, sin influencias partidistas, hechas por un órgano independiente del Ejecutivo...

–Mucho menos el Ejecutivo mismo.

–O, si lo hace, que sea en un proceso transparente, con control, reglas claras, que no discriminen. Una política que establezca como requisito el mayor capital discrimina a quien no lo tiene. Se necesitan garantías de inclusión. Son principios básicos que existen en Europa, Canadá, Uruguay. El gran salto institucional de un gobierno es aceptar ese reto. Lo más grave es el proceso de digitalización que se viene. Hoy las frecuencias funcionan a través del espectro electromagnético, que es finito, pero el dividendo digital es infinito. El gran reto de Estados, gobiernos democráticos y sociedades civiles comprometidas es formular reglas para que no se monopolice el proceso de digitalización. Es algo que nadie parece saber porque se esconde detrás de problemáticas técnicas, pero es lo mismo: asignación de frecuencias.

–Desde 1999 todos los gobiernos argentinos ratificaron su compromiso de despenalizar los delitos de calumnias e injurias, pero ninguno cumplió con su palabra, y la sugerencia se convirtió este año en una orden de la Corte Interamericana, en el caso Kimel. ¿Por qué la clase política se niega a renunciar a la posibilidad de perseguir periodistas con el Código Penal?

–Es un fenómeno extraño. Pese a que no se condena a los periodistas, los funcionarios no quieren perder esa herramienta, como si temieran quedarse desnudos frente a la omnipotencia de la prensa. Es falso. Nadie puede estar inerme frente a acusaciones injustas, pero cualquier medida de control a la prensa debe generar el menor costo sobre la libertad de expresión. Una medida que tenga un efecto inhibitorio, a sí sea mínimo, debe replantearse. Despenalizar las calumnias y las injurias no significa caer en el reino de la mentira o el insulto. Existen mecanismos de protección del honor y la intimidad mucho más democráticos: las sanciones civiles proporcionadas. La utilización del derecho penal inhibe la crítica y la investigación. Si las figuras de calumnias e injurias no se aplican, no deberían existir.

–¿Qué tan útiles son las leyes de acceso a la información cuando en la cultura política perduran prácticas de ocultamiento y poca transparencia?

–El primer efecto de una ley o una sentencia judicial es que impacta en la cultura. Suele haber una idea de que el funcionario decide si entrega o no la información en virtud de su propio juicio, pero cuando hay una ley y jueces independientes, la cultura cambia rapidísimo. Claro que no basta con la ley, hacen falta también procesos de capacitación...

–Y que los periodistas las conozcan.

–Los periodistas no tienen incorporado el lenguaje de los derechos. Cuando piden información plantean una exigencia política o moral, pero no usan la carta del derecho. Hacen falta procesos de capacitación, medidas de implementación, determinar quién custodia y administra información.

–La Corte argentina dictó una acordada para que un tribunal garantice el principio de publicidad, pero fue burlada. ¿A quién recurrir cuando los encargados de garantizar los principios los violan?

–La Corte argentina es una corte estrella en el continente en materia de aplicación de estándares internacionales. El gran giro que dio el derecho constitucional en Europa desde la Segunda Guerra y en América latina tras las dictaduras es que los Estados no se centren en defender la autoridad, el orden y la moral sino a los ciudadanos, y la Corte está dando ese giro. La acordada es muy importante. Si no se cumple habrá que agotar los mecanismos internos para que el sistema interamericano estudie el caso.

–La publicidad oficial sigue siendo una herramienta para premiar o castigar. ¿Cuál es el método más idóneo para distribuirla?

–No se debe confundir pauta publicitaria con subsidios. La pauta es la información que el Estado necesita publicar para cumplir sus funciones. El Estado debe llegar a cada audiencia sin discriminación, con reglas claras, mediciones responsables, no utilizar la pauta de manera discrecional como ocurrió en el caso de (Neuquén contra) el diario Río Negro.

–¿Existen en Sudamérica reglas claras o todo es tácito y arbitrario?

–Todo es tácito. Sólo algunas provincias y municipios están haciendo el ejercicio. Instalar el tema es costoso. Hay estados de cosas que una nueva distribución de la publicidad va a afectar y los Estados prefieren no dar la pelea. Sólo la dan quienes llegaron a través de procesos democráticos y tienen mucha fuerza y capital político. No es fácil. Los medios que han recibido publicidad van a sentir que se afectará su statu quo y las agencias estatales que han logrado mantener más o menos tranquila a la prensa también se van a molestar. La regulación de la publicidad oficial es un tema aún más difícil que una ley de acceso a la información.

–¿Es un buen momento para avanzar en estos temas? Distintos gobiernos internalizaron, al menos en sus discursos, principios de derechos humanos.

–En materia de libertad de expresión no estamos en el peor lugar del mundo ni en el peor momento de la historia del continente. Las sociedades civiles se han fortalecido, la conciencia democrática es generalizada, hay vigorosos debates ideológicos. Pero la historia de la humanidad muestra que no siempre vamos hacia arriba sino en espiral.

–Bajamos demasiado seguido.

–Bajamos, volvemos, nos estancamos. Estamos en un buen momento pero siempre hay riesgo de retroceder. Por eso hay que estar absolutamente vigilantes, incluso en los Estados que parecen más civilizados y con culturas democráticas más asentadas y arraigadas.



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Anotamos como conquistas : la vigencia de la ley de Servicios de comunicación audiovisual y la  derogación  de los  delitos de calumnias e injurias.


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CENSURA Y MEDIOS

 Jul 04


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EL MUNDIAL
VER la excelente captura del titular de la nota de Clarín en el Blog de la Pipi, sábado 3 de julio de 2010 El pueblo argentino, humillado por Clarín 

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El Gobierno y la prensa / Señal de la Casa Rosada en medio de la polémica
La Presidenta propone eliminar los delitos de calumnias e injurias
"Ahora la libertad de expresión es más absoluta que nunca", dijo, al anunciar el proyecto
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Sábado 12 de setiembre de 2009 | Publicado en edición impresa

La Presidenta propone eliminar los delitos de calumnias e injuriasCristina Kirchner anunció el proyecto para derogar los delitos de calumnias e injurias, en un acto en el predio donde funcionó la ESMA Foto: EFE

La presidenta Cristina Kirchner anunció ayer que enviará al Congreso un proyecto de ley para suprimir los delitos de calumnias e injurias del Código Penal.

La derogación es un viejo reclamo de las asociaciones periodísticas y permitirá cumplir con un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el año pasado le advirtió a la Argentina que estos delitos, tal como están redactados, atentaban contra la libertad de expresión, ya que se podía castigar con penas de prisión a un periodista por lo que escribiera.

El anuncio fue realizado por la Presidenta ayer al mediodía, durante un acto que se transmitió por cadena nacional.

El Gobierno toma esta medida cuando se lo cuestiona más que nunca por su política en relación con la prensa. A las críticas que había generado el proyecto de ley de medios oficialista que se discute en el Congreso, se sumaron los cuestionamientos por el masivo operativo realizado anteayer por la AFIP en Clarín , cuyos directivos acusan a la Casa Rosada de pretender intimidarlos.


"Dudo que haya habido otra etapa en la vida institucional del país donde se haya podido hablar con mayor libertad que en la etapa que me ha tocado gobernar a mí", dijo ayer Cristina Kirchner. Según la Presidenta, "la libertad de expresión y de prensa es, tal vez, más absoluta que nunca".

El acto en el que se anunció el proyecto se celebró en el predio donde funcionó la ESMA. Era un homenaje a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Argentina durante la última dictadura militar.

No es la primera iniciativa para eliminar las calumnias e injurias: en el Congreso, ya hay siete proyectos en el mismo sentido, tres del oficialismo y dos de la oposición.

Pocas veces las causas abiertas por estos delitos terminan en condena, pero el peligro es que funcionen como una herramienta de intimidación. De acuerdo con las estadísticas de la Dirección Nacional de Política Criminal, del Ministerio de Justicia, en 2007, se registraron en todo el país "624 hechos delictuosos" y sólo 23 condenas, que, en general, son multas o prisiones en suspenso.

Una sentencia de prisión en suspenso fue la que motivó el fallo de la CIDH contra la Argentina de mayo de 2008. Fue en el caso de Eduardo Kimel, condenado por haber criticado la actuación de un juez en un caso de crímenes de la última dictadura.

La comisión resolvió por unanimidad indemnizar a Kimel y dejar sin efecto la sentencia en su contra. Además, dijo que la Argentina debía adecuar en un plazo razonable su derecho para que no se viera afectada la libertad de expresión.

En el acto de ayer, Cristina Kirchner sostuvo que, con el proyecto de ley que enviará al Congreso, buscaba seguir fortaleciendo la libertad de expresión, "aun a costa, muchas veces, de soportar cuestiones que tienen que ver con mentiras o cuestiones que no son ciertas".

La Presidenta anunció que defenderá "la libertad para poder decir lo que uno quiera y piensa, aun cuando sea mentira". Y afirmó: "Yo prefiero mil millones de mentiras antes que ser la responsable de haber cerrado la boca de alguien".

Cristina Kirchner les dijo a los representantes de la CIDH que hace 30 años habían tenido que visitar la Argentina porque no había justicia ni libertad de expresión y que, en cambio, "hoy vienen a un país donde hay justicia, donde quienes violaron los derechos humanos están siendo juzgados por los tribunales competentes y donde la libertad de expresión y de prensa es, tal vez, más absoluta que nunca".

Este proyecto sobre calumnias e injurias podría ayudar al Gobierno a conseguir votos en apoyo de la ley de medios que impulsa. Algunos grupos de centroizquierda exigían terminar con estos "delitos contra el honor" para apoyar el proyecto sobre la industria de la comunicación audiovisual.
Qué dice hoy la ley Calumnias

* El artículo 109 del Código Penal define esta figura como la "falsa imputación de un delito". Se castiga con penas de uno a tres años de prisión. No suele haber condenas.

Injurias

* Según el artículo 110 del Código, comete injuria el que "deshonra o desacredita" a alguien. Se castiga con pena de multa.

El cambio propuesto

* Si se vota el proyecto oficial, quien se sienta perjudicado por dichos de otro sólo podrá reclamar resarcimiento económico.


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30 años de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina
viernes, 11 de septiembre de 2009

PALABRAS DE LA PRESIDENTA CRISTINA FERNANDEZ EN EL ACTO EN CONMEMORACION DE LOS 30 AÑOS DE LA VISITA DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS A LA ARGENTINA

Señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; señora Kerry Kennedy, que hoy nos acompaña, presidenta de la Fundación Kennedy en materia de Derechos Humanos; Abuelas, Madres, Hijos, Hijas, Nietos, Nietas, amigos y amigas: estamos aquí en este lugar emblemático, a 30 años también de un hecho emblemático como fue precisamente la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con motivo de las gravísimas violaciones en materia de derechos humanos que se producían aquí en nuestro país a partir de 1976.

Quiero corregir un poco al locutor que me precedió en el uso de la palabra. En realidad hoy no estamos actuando aquí, no lo estoy haciendo como presidenta de la República y enviando estos proyectos de ley en homenaje a la Comisión, sino que estamos actuando como sujetos del derecho internacional que debe respetar los tratados y las normas a las cuales se ha obligado y que nos convierten en un país que respeta el derecho internacional y por sobre todas las cosas el respeto irrestricto a los derechos humanos. No es benevolencia, no es gesto de generosidad, es simplemente el cumplimiento de la ley, de las obligaciones y de las sentencias de la Corte Interamericana y de los procedimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En síntesis, estamos dando cumplimiento a la ley, no es un acto de generosidad sino la obligación que tienen todos los gobernantes y los gobernados de un país que merezca ser llamado como tal. (Aplausos).

Las leyes, los proyectos de leyes que se han enviado al Congreso son con motivo del caso de una joven nacida en este lugar, en ESMA. Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 30 de septiembre del año 2003, si la memoria no me falla, fue presentada como violatoria de varios artículos de la Convención Interamericana, en el tratado que la Argentina tiene firmado, por Abuelas, por los familiares de la joven y en el año 2006 el gobierno ofreció comenzar un proceso de resolución amistosa, que es uno de los procedimientos que fija la comisión a los efectos dilucidar las diferencias que hay entre los Estados y los que se consideran y son víctimas de actos institucionales o no institucionales de ese Estado. Finalmente, pudimos luego de mucho tiempo, arribar a este acuerdo en el cual la Argentina se compromete a enviar al Congreso -de hecho he firmado los proyectos y los he entregado a la señora presidenta de la Comisión Interamericana y a las Abuelas- sobre modificaciones en materia de bancos genéticos de datos para asegurar la total transparencia en el manejo de los mismos, también la posibilidad de ser querella por parte de las organizaciones de derechos humanos y también modificaciones a los códigos de procedimientos de modo tal de facilitar la actividad de los jueces, pero también hacerlo con respeto a las víctimas para que en definitiva no vuelvan a ser doblemente víctimas.

También en el día de la fecha y dando cumplimiento a la condena que el Estado argentino tiene en el caso Kimmel, que es el caso de un periodista que fuera condenado por el delito penal de calumnias e injurias, he decidido enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley donde se suprime la figura del delito de calumnias e injurias en materia de libertad de expresión. (Aplausos) Quiero de esta manera garantizar aún más, aún más porque dudo que haya habido alguna otra etapa en la vida institucional de este nuestro querido país donde se haya podido hablar con mayor libertad que en la etapa que me ha tocado gobernar a mí la República Argentina. (Aplausos)

Y si se me permite, desafío a cualquier archivo, a cualquier memoria, a cualquier prueba, que no ha habido mayor libertad para hablar de las autoridades de un país que durante el gobierno de la primera presidenta mujer de la República Argentina. (Aplausos)

Tal vez el hecho de que estemos enviando estas leyes y podamos haber acordado sea también -y perdóneme, no es una cuestión de género- que somos tres mujeres las que hoy estamos aquí, porque comentábamos con Lucía que es la primera vez que una mujer preside la Comisión Interamericana, es la primera vez que una mujer preside la Corte Interamericana y es la primera vez una mujer preside la República Argentina. Hemos podido acordar precisamente cuestiones litigiosas entre el Estado Nacional y la Comisión Interamericana para defender dos de los derechos más personalísimos, pero al mismo tiempo más colectivos que puede tener un ser humano, la libertad y la identidad. La libertad para poder decir lo que uno quiere y piensa, aún cuando sea mentira, pero tener el derecho a decirlo y que nadie pueda ser cercenado, no solamente en la libertad de palabra sino en la libertad personal y física por decir o expresar lo que siente. Aún a costa muchas veces de soportar cuestiones que tienen que ver con mentiras o que no son ciertas, yo prefiero mil millones de mentiras antes que cerrar la boca o ser la responsable de haber cerrado la boca de alguien. Esta es la verdadera forma en que entiendo la libertad, los derechos humanos y la participación democrática.

La otra cuestión tiene que ver con la identidad, que es un derecho colectivo, un derecho de la sociedad, un derecho a saber quiénes somos. Esto se ha generado en nuestro país a partir de la identificación de niños y niñas apropiados durante la dictadura, fíjense que fue el único delito que quedó fuera de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la apropiación de menores y la supresión de la identidad. Tan fuerte es que fue eximido inclusive por aquel Parlamento en materia de aplicación de Obediencia Debida y Punto Final.

Y yo sé que provoca tensiones muy fuertes porque hace a las emociones, hace a la vida de chicos que sufren dos pérdidas, la primera cuando no lo sabían y la segunda. Pero creo que todos tenemos que tener la inmensa libertad de saber quiénes somos, no para negar a nada ni a nadie, porque nadie pretende borrar el amor, el cariño y el afecto, son sentimientos imborrables e inmanejables porque son emociones, están más allá de toda razón, están más allá de todo excesivo razonamiento.

Creo sinceramente que hoy estamos ayudando, no solamente a jóvenes que sufrieron una doble pérdida, creo que estamos ayudándonos a nosotros como argentinos a ser una sociedad más justa, más madura, a poder mirar los problemas y resolverlos, porque tapar y esconder las cosas bajo la alfombra nunca ha servido de nada, más tarde o más temprano siempre salen.

Por eso creo que el envío de estas leyes para que nuestro Parlamento las debata, las discuta, acerca de la defensa de la identidad y de la defensa de la libertad de expresión, en cumplimiento de acuerdos internacionales y de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos convierte cada vez más en sujetos de derecho internacional y del mundo en el que queremos vivir.

Ojalá que podamos sortear los fuertes obstáculos que hoy están teniendo las democracias, también aquí en nuestra región como en el caso de Honduras, y ojalá podamos hacerlo porque como decía recién la señora Presidenta, estamos también hoy en una fecha absolutamente emblemática. Emblemática no solamente para la región por el golpe que sufriera Salvador Allende el 11 de septiembre, emblemática para el mundo, un 11 de septiembre también el terrorismo internacional se abatió sobre las torres gemelas en Nueva York y cambió la historia del mundo.

Creo entonces que ante tanta barbarie, ante tanta irracionalidad, ante tal grado de locura, oponerle el derecho, oponerle la razón, oponerle el respeto a la ley, oponerle la sujeción a las normas de derecho internacional, es el mejor antídoto contra cualquier terrorismo y contra cualquier intento de cortar, desvirtuar, entorpecer o hacer caer nuestras democracias.

Por eso hoy estamos aquí en homenaje a ustedes, que hace 30 años vinieron a hacer a nuestro país lo que la Justicia de nuestro país no se animaba a hacer, porque ustedes tuvieron que venir porque no había justicia en la República Argentina, usted tuvieron que venir porque no había libertad de expresión en la República Argentina. Hoy vienen a un país donde hay justicia, donde quienes violaron los derechos humanos están siendo juzgados por los tribunales competentes, dándoles la oportunidad que ellos no le dieron a otros, y vienen a un país donde la libertad de expresión, la libertad de prensa, es tal vez más absoluta que nunca.

Bienvenidos a este país, nuestro país, en el que esta orgullosa Presidenta los recibe para darles las gracias por lo que hace 30 años hicieron para todos los argentinos.

Muchas gracias. (APLAUSOS)


video 1








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actualizada, 06072010 13:49
Martes, 6 de julio de 2010


EL PAIS › CRISTINA FERNANDEZ ENCABEZO UN HOMENAJE AL PERIODISTA EDUARDO KIMEL EN EL CELS
“No se puede sufrir cárcel por hablar u opinar

En la reivindicación pública a Kimel, quien había sido condenado por calumnias e injurias, la Presidenta aseguró que “jamás hubo en la Argentina la libertad de prensa de hoy”, aunque “falta completar el otro derecho, el de libre expresión”, dijo.



Por Nicolás Lantos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en mayo de 2009, condenó al Estado argentino por haber violado el derecho a la libertad de expresión en el caso del periodista Eduardo Kimel, penado por señalar la complicidad de un juez con el asesinato de cinco religiosos palotinos durante la última dictadura. La sentencia intimaba al Estado a reformar la legislación sobre calumnias e injurias, le ordenaba pagar una indemnización al periodista y a “realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad”. Ayer por la mañana, en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la presidenta Cristina Fernández saldó este último compromiso pendiente. Kimel había fallecido el 10 de febrero de este año, por lo que el acto tomó la forma de un emotivo homenaje. “No se puede sufrir cárcel por hablar u opinar, cualquiera sea la opinión”, sostuvo la Presidenta en el punto más alto de un discurso breve pero intenso. También aseguró que “jamás hubo en la Argentina la libertad de prensa de hoy”, aunque “falta completar el otro derecho, el de libre expresión, que por la concentración monopólica no se puede llevar a cabo”.

“La limitación de los delitos de calumnias e injurias en temas de interés público es el legado de Kimel”, había celebrado, un rato antes, Horacio Verbitsky, que ofició de anfitrión. Para el titular del CELS, el homenaje era la ocasión de “una reflexión del rol del periodismo en la relación con la sociedad y el poder político”, aunque la lupa estuvo puesta, toda la mañana, en el accionar endogámico de ciertos estratos del Poder Judicial. “En la Argentina existía el delito de opinión”, resaltó Verbitsky antes de agradecer a la Presidenta porque “decidió enviar al Congreso el proyecto armado por el CELS”, y también aprovechó para plantear: “Tenemos la esperanza de que, después de esta visita, el Gobierno avance con el acceso a la información”. Cristina Fernández le respondió con una sonrisa.

“No se puede sufrir cárcel por hablar u opinar, cualquiera sea la opinión, aunque no sea cierto –sostuvo a su turno CFK–. Cada uno debe hacerse cargo de lo que hace y dice. Es más, se tiene derecho a decir una mentira. En todo caso que se haga responsable económicamente por la mentira que dijo. Pero no que alguien vaya preso.” Fernández destacó que “jamás hubo en toda la historia de la Argentina una libertad de prensa similar” a la actual, ya que “cualquiera puede escribir lo que se le dé la gana”. Advirtió, sin embargo, que “falta completar la libertad de expresión, que hoy por la concentración monopólica no se puede llevar a cabo y, por eso, la sanción de la ley de medios”. La nueva norma, explicó, aplica “regulaciones para que no haya concentración y un monopolio de la palabra, y para que absolutamente todos puedan expresarse con libertad”.

La Presidenta aprovechó la ocasión para llamar la atención sobre “un sector de la Justicia”, el mismo estamento que en su momento condenó a Kimel y fue cómplice de la dictadura, que “decretó medidas cautelares que tornaban inaplicable” la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que “resultó aprobada por abrumadora mayoría en ambas cámaras” y “con un corte transversal de votos inédito”. Haciendo un poco de historia, Fernández recordó que el aval que le dio la Corte Suprema de Justicia al golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen en 1930 “fue el verdadero huevo de la serpiente” de la “doctrina de legalidad de los gobiernos de facto” en el país. El presidente de ese tribunal, recordó, era José Figueroa Alcorta, que antes había sido vicepresidente de Manuel Quintana y luego presidente de la Nación. “La división de poderes sólo se agita cuando se trata de gobiernos populares y democráticos, para denostarlos”, reflexionó la mandataria.

“Reconocer el derecho de las víctimas, esto hace que una sociedad sea democrática. Cuando es el Estado, a través de cualquiera de sus tres poderes, el que viola los derechos, estamos en un Estado predemocrático. En Eduardo Kimel estamos hoy cumpliendo un acto de reconocimiento a esa democracia”, resumió Cristina Fernández. La escoltaban, además de Verbitsky, el flamante canciller (y periodista) Héctor Timerman; el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Entre los que se acercaron al acto se contaban periodistas como Magdalena Ruiz Guiñazú, Isidoro Gilbert, Rogelio García Lupo, José Ignacio López, Oscar Serrat, el editor de Perfil Jorge Fontevecchia y el director de Página/12, Ernesto Tiffenberg.

El caso de Eduardo Kimel fue el primero sobre libertad de expresión en este país que consiguió una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El periodista había publicado La masacre de San Patricio, un libro en el que investigaba el asesinato de cinco religiosos de la orden de los palotinos en la iglesia San Patricio, en el barrio porteño de Belgrano, durante la última dictadura. El juez que había tenido a su cargo esa causa, Guillermo Rivarola, querelló a Kimel, que tras varias idas y vueltas fue penado con un año de prisión en suspenso y 20 mil dólares de indemnización. Mientras los asesinos y encubridores seguían libres, el que intentó correr el velo era el único condenado. Cuando el recurso extraordinario de la defensa fue rechazado, el CELS, junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), avanzaron con la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que terminó con la denuncia al Estado argentino ante la corte internacional, que ordenó indemnizar a Kimel, intimó reformar la legislación sobre el tema (algo que el Congreso finalmente hizo en marzo de este año) y, finalmente, “realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad” como el de ayer.


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-148941-2010-07-06.html

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Martes, 6 de julio de 2010


EL PAIS › OPINION
Un legado y un mandato




Por Horacio Verbitsky

El reconocimiento de la presidente CFK al periodista Eduardo Kimel sirve para reflexionar sobre el rol del periodismo, de la justicia, de las organizaciones de la sociedad civil y del gobierno nacional. El reconocimiento a Kimel fue una de las obligaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso al Estado argentino en 2008, como culminación de un caso planteado por el CELS y la ex asociación Periodistas en 2000. La idea era que el reconocimiento coincidiera con un nuevo aniversario del asesinato de cinco religiosos palotinos, el 4 de julio de 1976, pero como era domingo se postergó para el lunes 5.

En 1989, Kimel publicó su libro de investigación La masacre de San Patricio. Allí escribió que “la actuación de los jueces durante la dictadura fue, en general, condescendiente, cuando no cómplice de la represión dictatorial. En el caso de los palotinos, el juez Guillermo Rivarola cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta. La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto”. Kimel fue querellado por el juez, que ya había ascendido a camarista.

En 1990, la jueza federal Amelia Berraz de Vidal me condenó a mí a un año de prisión y una indemnización de 10.000 dólares por desacato al ministro de la Corte Suprema Augusto Belluscio y en 1995 la jueza Angela Braidot condenó a Kimel a un año de prisión y a pagar una indemnización de 20.000 dólares por injurias a Rivarola. Kimel, dijo, “no se limitó a informar, sino que además emitió su opinión”, que ella consideró “innecesaria y sobreabundante”. Es decir, un delito de opinión. Ambas condenas fueron confirmadas por las respectivas cámaras de apelaciones y por la Corte Suprema de Justicia, anegada por una mayoría automática oficialista, y llegaron al sistema interamericano de derechos humanos. En mi caso, el gobierno nacional se comprometió a derogar el delito medieval del desacato, cosa que el Congreso hizo por unanimidad en 1993. Pero de inmediato todos los funcionarios comenzaron a presentar querellas por calumnias e injurias contra los periodistas que los incomodaban con sus informaciones y sus críticas.

En el caso de Kimel en 1996 la sala VI de la Cámara de Apelaciones revocó la condena e hizo la primera autocrítica por el rol de la justicia en aquellos años. Según los jueces Carlos Alberto González y Luis Ameghino Escobar, en democracia “no puede concebirse un periodismo dedicado a la tarea automática de informar sin opinar” y quienes ejercen una función pública “estamos expuestos a la crítica”. Su colega Carlos Alberto Elbert agregó que el Poder Judicial fue una “institución legitimante esencial del estado de excepción”, por lo cual la desconfianza de Kimel hacia quienes “fuimos subordinados al acta y estatuto del ‘proceso de reorganización nacional’ (que el camarista escribió con republicanas minúsculas y comillas) es una actitud comprensible” y sus afirmaciones deben interpretarse como “parte de un juicio histórico global que nos involucra a todos quienes protagonizamos esa etapa paralegal y trágica”.

Pero en 1998 el cardumen menemista en la Corte Suprema revocó esa decisión y ordenó que se dictara un nuevo fallo. Lo firmó en 1999 la sala IV de la misma cámara, que condenó a Kimel por su “ácida crítica genérica a quienes como jueces integraban en ese entonces el Poder Judicial”, lo cual no formaba parte de la causa e insistía en el delito de opinión. Kimel dijo: “Tengo un sentimiento de indignación. Mientras los asesinos siguen en libertad y los policías que encubrieron el caso también, el único procesado y condenado por la Justicia es el autor del libro que relata el episodio”. Para la Asociación Periodistas “el alto tribunal ha tomado la decisión política de transmitir un mensaje intimidatorio al conjunto de la prensa argentina”. En 2000, el CELS y Periodistas llevaron el caso al Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, mientras proseguía la negociación entablada el año anterior con el Estado para la despenalización de las calumnias e injurias en casos de interés público. Los sucesivos gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa ratificaron ese compromiso ante el Congreso y lo mismo hizo en su fugaz mandato de una semana Adolfo Rodríguez Saá. Durante su interinato a cargo del Poder Ejecutivo, el senador Eduardo Duhalde introdujo una corrección: sólo ofrecía beneficiar a los periodistas. El CELS y Periodistas lo rechazaron, ya que no se trataba de consagrar un privilegio corporativo sino de extender los márgenes de libertad para todos los ciudadanos.

Como pasaron siete años sin que el Estado cumpliera su compromiso, en 2007 la Comisión Interamericana lo denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano judicial del sistema. El gobierno de Néstor Kirchner se allanó a la demanda y, sin discutir, le pidió a la Corte que fijara las reparaciones. En 2008 el máximo tribunal interamericano ordenó a la Argentina dejar sin efecto la condena, adecuar el derecho interno a la Convención Americana en materia de libertad de expresión y realizar un acto público de desagravio a Kimel. El año pasado CFK firmó un proyecto elaborado por el CELS. El Congreso lo convirtió en la ley 26.551, por la cual nadie que informe u opine sobre temas de interés público pondrá en riesgo su libertad. Sólo faltó un puñado de votos de PRO en Diputados para que su aprobación fuera unánime en ambas cámaras, como ya había ocurrido con el desacato. Por desgracia, Kimel no llegó a ver el acto de ayer, porque tuvo una muerte prematura en febrero de este año. Pero estuvieron su mamá y su hija, quienes escucharon conmovidas que la despenalización representa su legado a favor del ejercicio pleno de la libertad de expresión. El CELS cumple también con el mandato de sus fundadores. Creado por familiares de víctimas de la represión, concluida la dictadura comenzó a trabajar por la afirmación y el perfeccionamiento de los derechos humanos en democracia, desde la sociedad pero en relación con los poderes públicos, con la intención de incidir en sus políticas, ya sea con un alivio a la situación horrorosa en las cárceles bonaerenses, la adopción de un procedimiento transparente para la elección de jueces federales, la nulidad de las leyes de impunidad, la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad por problemas psiquiátricos, la sanción de una nueva ley de servicios audiovisuales (en cuya autoría participó desde la Coalición por una Radiodifusión Democrática), o la derogación del vetusto Código de Justicia Militar, a partir de una causa en la que el organismo defendió a un oficial del Ejército sancionado sin derecho a defensa. Ahora es el turno de una ley de acceso a la información pública, para transparentar las cuestiones que interesan a la sociedad y que no pueden ser secretas. La aspereza del debate público, que hoy ninguna ley reprime, aunque algunos funcionarios no se hayan enterado, es un síntoma de la vitalidad de la democracia argentina.


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/148941-47833-2010-07-06.html

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ACTUALIZADA: 0182010 
REPORTEROS SIN FRONTERAS
El 19 de noviembre de 2009 el Senado aprobó por unanimidad la reforma del código penal, eliminando de él cualquier posibilidad de condena a penas de cárcel por los delitos de “calumnia” (que incluye también la “difamación”) e “injurias”. La Cámara de los Diputados ya había aprobado, el pasado 28 de octubre, dicha reforma propuesta por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“En el continente se va precisando la tendencia a despenalizar los delitos de prensa, con la adecuación de las legislaciones a las normas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La reforma impulsada por el gobierno argentino, y aprobada por el Congreso, significa una gran mejora legislativa en favor de la libertad de expresión. Argentina se suma así, entre otros, a Brasil, Uruguay y México, naciones latinoamericanas donde ya no se pueden condenar penalmente los delitos de prensa”, ha declarado Reporteros sin Fronteras.

Propuesta por Cristina Kirchner en el pasado septiembre, la reforma del código penal excluye de ese terreno los delitos de “calumnia” e “injurias” que, a partir de ahora, son solo competencia de las jurisdicciones civiles. Aprobado por unanimidad en el Senado, el cambio legislativo había conseguido una votación ampliamente favorable en la Cámara de los Diputados, con 154 votos afirmativos frente a 12 negativos.

Este cambio en la legislación argentina obedece a una recomendación expresa, del pasado mayo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la que se recurrió en 1995 la sentencia de Eduardo Kimel, periodista y escritor condenado entonces a la pena de un año de cárcel y 20.000 pesos en concepto de daños y perjuicios (cantidad entonces equivalente en dólares USA), por “calumnia” e “injurias”, tras la publicación de su libro sobre la masacre de San Patricio, cuando tres sacerdotes y dos seminaristas fueron asesinados en dicha matanza ocurrida en los comienzos de la dictadura militar, en 1976. En la obra, Eduardo Kimel criticaba la lentitud de la justicia en el caso. El juez Guillermo Rivarola, que tuvo a su cargo la investigación entre 1976 y 1997, inició entonces un procedimiento contra él.

La reforma del código penal se ha producido muy cerca en el tiempo de la adopción de  la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), que tuvo el apoyo de Reporteros sin Fronteras.


http://es.rsf.org/argentina-la-calumnia-y-la-injuria-salen-del-23-11-2009,35068.html

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¿DESDE ESTA NOTA CUANTAS COSAS CAMBIARON EN TORNO A LA LIBERTAD DE EXPRESION?- Jul 05
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Actualizada 25 11 2012

8.11.09
No más calumnias e injurias
El Senado convirtió en ley la derogación de las penas de prisión para esos delitos pero mantuvo las sanciones económicas contra particulares. Quedaron a salvo las expresiones contra funcionarios porque en ningún caso se podrá condenar las “referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”. La CIDH había condenado al Estado Nacional a adecuar su legislación. TEXTO COMPLETO
El Senado de la Nación convirtió este miércoles en ley la derogación de las penas de prisión para los delitos de calumnias e injurias y, así, adecuó la legislación a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó al Estado argentino a modificar sus normas de libertad de expresión.
La reforma al Código Penal mantiene multas de dinero para las injurias (de tres a 30 mil pesos) y para las calumnias (de 1.500 a 20 mil) pero establece que no serán sancionadas cuando se trate de “las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”. “Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos al honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público”, completó la reforma.

Así, quedan a salvo las expresiones y opiniones sobre los funcionarios públicos, un constante reclamo de los periodistas por considerar que las figuras de calumnias e injurias amenazaban la libertad de expresión, y solo se mantienen como pasibles de llevar a la Justicia los dichos sobre particulares.

El Senado aprobó por unanimidad, 51 votos a favor, el proyecto de ley que había enviado al Congreso en septiembre pasado la presidenta Cristina Kirchner y que a fines de octubre había contado con la media sanción de la Cámara de Diputados.

La iniciativa se basada en el fallo “Kimel” de la CIDH del 2 de mayo de 2008 que ordenó al Estado adecuar sus normas a la Convención Americana de Derechos Humanos. Eduardo Kimel fue condenado por un libro en el que cuestionó a un juez en la masacre de los padres palotinos, ocurrida durante la última dictadura militar, por lo que fue querellado.

El Código establecía en su artículo 109 que la calumnia o imputación falsa de un delito era penado con un mes a tres años de prisión, y el 110 que la injuria se castigaba con multa de 1.500 a 90 mil pesos o cárcel de un mes a un año.

“Para que la conducta no sea imputable, sólo se requiere no actuar con real malicia, conforme lo determina ya la jurisprudencia. Es decir, no reconocer la falsedad o, por lo menos, haber sido lo suficientemente diligente como para proporcionar información real”, explicó el senador por La Pampa Rubén Marín, presidente de la Comisión de Justicia.

“La finalidad y el eje central de esta modificación al Código Penal radica en adecuar nuestra legislación a los parámetros internacionales y constitucionales en materia de libertad de expresión, satisfaciendo así nuestra seguridad jurídica, cumpliendo con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, agregó Marín.

También se reformaron otros artículos del Código. En el 117 se estableció que retractarse públicamente de una calumnia o injuria “no importará para el acusado la aceptación de su culpabilidad” y el 113 que condenaba también a quien reprodujera los delitos contra el honor. Ahora quedará exento de pena cuando el contenido de los dichos “no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente”.

Por último, se derogó el artículo 112 que condenaba a las personas acusadas de calumnias o injurias que se negarán a dar explicaciones en el juicio y se modificó el 111 en el que ahora se fijó que el acusado de injuria, excepto en los casos de interés público, deberá probar sus dichos cuando en el caso se hubiera iniciado una causa penal o si el querellante pidiere la prueba de la imputación dirigida contra él.

http://www.diariojudicial.com/contenidos/2009/11/19/noticia_0006.html

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Jueves 19 de noviembre de 2009 | Publicado en edición impresa
Es ley la eliminación de las calumnias e injurias
La Cámara alta aprobó el proyecto por unanimidad y sin debate
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La bancada oficialista del Senado logró ayer aprobar la ley de extracción compulsiva de ADN. Foto: LA NACION / Fernando Massobrio
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El Senado sancionó ayer una ley que elimina del Código Penal los delitos de calumnias e injurias, respondiendo así a un viejo reclamo de las organizaciones periodísticas y a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le había reclamado a la Argentina que adecuara su legislación a los preceptos de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La ley fue sancionada por unanimidad de los 52 senadores presentes y pasó sin debate en la Cámara alta.

La mayoría de los bloques prefirieron insertar sus exposiciones para agilizar la continuidad de la sesión celebrada ayer en el Senado.

El proyecto fue presentado por la presidenta Cristina Kirchner 12 de septiembre pasado, mientras en el Congreso se debatía el controvertido proyecto oficialista de radiodifusión y al día siguiente de que un batallón de inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizaran un operativo fiscal sorpresivo en las instalaciones del diario Clarín .

La norma sancionada ayer ajusta los delitos de calumnias e injurias a la figura de la real malicia, doctrina fijada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Sullivan versus The New York Times , en la década del 60.

En ese sentido, elimina la pena de prisión por la comisión de esos delitos, reemplazándola por una multa pecuniaria que la ley fija entre los 3000 y los 30.000 pesos.

En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o a las que no sean asertivas, se establece en la norma.

En el caso de las injurias, se aclara además que no configurarán ese delito "los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público".

Una de las razones esgrimidas por el Gobierno para enviar el proyecto al Congreso fue un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, advirtiéndole que estos delitos tal como estaban configurados atentaban contra la libertad de expresión.

Fue en el caso Kimel, cuya sentencia se conoció en mayo del año pasado. El caso involucró al periodista Eduardo Kimel, quien fue querellado y condenado por calumnias por un juez de la dictadura militar, que había sido cuestionado por el autor de un libro sobre la masacre de los padres palotinos, ocurrida durante el último régimen de facto.

Según explicó al presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Rubén Marín (La Pampa), con este cambio "sólo se requiere no actuar con real malicia, es decir no reconocer la falsedad de las expresiones" para cometer los delitos de calumnias e injurias.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

"La finalidad y el eje central de esta modificación al Código Penal radica en adecuar nuestra legislación a parámetros internacionales en materia de libertad de expresión", agregó el senador por la provincia de La Pampa.

La iniciativa fue aprobada casi sin debate y la única objeción que se escuchó fue de parte de la peronista disidente Sonia Escudero, quien cuestionó que la ley estableciera de manera taxativa el monto de las penas pecuniarias.

"Al expresar la multa en pesos, con la inflación quedará desactualizada en poco tiempo, con lo cual estaría desapareciendo cualquier tipo de sanción", afirmó Escudero, quien pidió que se reemplazara el texto por alguna unidad más permanente, como la de cierta cantidad de sueldos mínimos. Apurado por obtener la sanción del proyecto, el oficialismo rechazó esa pretensión. .


http://www.lanacion.com.ar/1201576-es-ley-la-eliminacion-de-las-calumnias-e-injurias

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