Lo que circula por los medios

13 de julio de 2010

EL MATRIMONIO IGUALITARIO - ¿ Y VOS EN QUE SOCIEDAD QUERES VIVIR?



La Iglesia, y algunos personas, entre ellas funcionarios públicos ¿Qué es lo que discuten?
¿Acaso, cuando dos personas  desean casarse, y formar una familia el tema no se centra en el amor...?

¿ En qué momento el amor se volvió para algunas personas en algo peligroso?
¿En qué lugar se perdieron quienes creen o ven que el amor entre dos personas, a las que el único lazo que las une es el amor,  y que desean formar una familia,  puede ser  una fuente de peligro para la sociedad...?


Al fin, y al cabo... no ven que solo se trata del amor...




Una sociedad que vive de temores infundados, está presa de las fantasias ajenas...
Una sociedad que desampara a sus minorías, está cimentada sobre los deseos de los poderosos...
Una sociedad sin reglas parejas, esta destinada al fracaso.
Una sociedad que se proyecta como justa, cree en la igualdad entre los hombres y sin distinción de sexos.
Una sociedad que se proyecta como humana, cree en la unión de las personas.
Una sociedad en donde se prohibe pensar, es una sociedad que no apuesta a tu desarrollo...
Una sociedad en donde se prohibe amar, es una sociedad que no apuesta al hombre ni al futuro.

¿Y vos en que sociedad queres para vivir?



El nombre de las cosas programa conducido por Sandra Russo, Nora Veiras, Sergio Wischñevsky y Fernando Piana.

"Matrimonio Igualitario vs Unión Civil. Entrevista al titular del INADI, Claudio Morgado" -


Martes, 13 de julio de 2010



EL PAIS › DESUNION CIVIL > INFORME TECNICO DEL INADI CONTRA EL PROYECTO DE UNION CIVIL PRESENTADO EN EL SENADO
“Atenta contra la ley antidiscriminatoria”

El organismo dictaminó que la iniciativa que presentaron los senadores que se oponen al matrimonio igualitario es “inconstitucional”, “recorta derechos civiles” a parte de la sociedad y, si se aprueba, podría ocasionar juicios al Estado.


Por Soledad Vallejos

El proyecto de ley de unión civil aparecido hace menos de una semana en el Senado es inconstitucional, viola la Ley antidiscriminatoria, recorta derechos civiles a parte de la sociedad y podría ocasionar miles de demandas judiciales al Estado. A esa conclusión arribó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) en el informe técnico realizado “de oficio” que busca “prevenir actos de discriminación”. A la “alternativa” firmada por nueve senadoras y senadores opuestos al matrimonio igualitario “se la quiere presentar como un proyecto superador de la aprobación o del rechazo a la media sanción de matrimonio dada en Diputados, y en realidad ese proyecto no solamente socava y sesga derechos, sino que además es absolutamente discriminatorio y va en detrimento de las acciones del Estado”, explicó a este diario Claudio Morgado, director del Inadi, luego de la conferencia de prensa en la que se presentó la evaluación. Tan graves resultan las violaciones que, de convertirse tal proyecto en ley, podría sobrevenir una “gran cantidad de juicios contra el Estado”, porque la Ley antidiscriminatoria especifica que “la persona que sufre el acto discriminatorio puede pedir el resarcimiento moral o material”.

El informe fue leído ante un público de activistas de la diversidad, dirigentes políticos de distintos espacios partidarios y actuaciones institucionales como la diputada Vilma Ibarra, coautora del proyecto con media sanción; el diputado Martín Sabbatella; los ex legisladores porteños Vilma Ripoll y Héctor Bidonde, entre otros. En el comienzo, el vicepresidente del Inadi, Pedro Mouratian, explicó que esa institución “consideró oportuno y prudente emitir este dictamen previo a que se trate en el recinto” el proyecto de unión civil sorpresivamente dictaminado el martes pasado. Lejos de compartir las consideraciones del grupo de senadoras y senadores que insisten en definirlo como “revolucionario”, “superador” y “alternativo”, el Inadi, continuó Mouratian, advirtió “a todos los senadores y fuerzas políticas” que en el proyecto de marras “existen profundos actos discriminatorios”.

“Es nuestra tarea prevenir actos discriminatorios”, consideró Morgado antes de detallar las tres objeciones principales a la unión civil, cada una de ellas derivada de un artículo del proyecto. El artículo 16 de la iniciativa, que establece que el acceso a la obra social y a los beneficios previsionales no son automáticos, como sí ocurre con el matrimonio. Esto “institucionaliza una distinción discriminatoria en perjuicio de las personas unidas civilmente”. Esa diferenciación opera “asignándoles un estatus jurídico inferior respecto de las parejas matrimoniadas o parejas de hecho heterosexuales en cuanto a los beneficios previsionales y de salud sobre la base de la existencia de un convenio”.

El artículo 17 “rechaza la co-adopción de hijos/as en el caso de parejas de personas del mismo sexo y no admite los procesos de fecundación in vitro respecto de parejas del mismo sexo, en cualquiera de sus modalidades”. De esa manera desconoce que “existen en el país miles de familias constituidas por parejas de personas del mismo sexo”, que crían niñas y niños, tanto adoptados “por uno de sus miembros” como nacidos gracias a técnicas de reproducción asistida. “La falta de reconocimiento legal” de que esos hijos e hijas tienen dos madres o dos padres “podría implicar (en caso de muerte del padre o madre con reconocimiento legal) una doble pérdida, tanto la de su pareja como la de sus propios/as hijos/as, a quienes criaron, protegieron y amaron. Ello también conllevaría” a que chicas y chicos “puedan perder, al mismo tiempo, a ambos/as padres y madres que los/as criaron. Ello generaría responsabilidad del Estado sobre situaciones de hecho actualmente no prohibidas y por ende permitidas según la Constitución Nacional”.

La tercera de las “observaciones principales” refiere al artículo 24, que establece una “objeción de conciencia” para empleados administrativos y judiciales en casos de trámites vinculados a la unión civil. “Resulta no sólo altamente perjudicial, sino lisa y llanamente ilegal, ya que implica una autorización legislativa para incumplir con la ley vigente, lo que resulta contradictorio con los principios federales y, por otra parte, implica una desvirtuación de la figura de la ‘objeción de conciencia’.”

“Considerando este proyecto, sería absolutamente viable” la andanada de reclamos si el dictamen de unión civil se convierte en ley, analizó Morgado. Y es que “el proyecto de unión civil es también discriminatorio desde el momento en que crea una institución de segunda para dar un mismo derecho, y queda todavía más claro cuando se comprende que esa situación se crea por tener una orientación sexual o una orientación de género determinada. Ese mismo principio se ancla en una idea discriminatoria, y al analizar artículo por artículo queda claro que se trata de un retroceso en cuanto a los derechos adquiridos”.
–En el caso de que el proyecto de unión civil llegara a convertirse en ley, ¿el Inadi podría accionar legalmente?

–Desde el Inadi –dijo Morgado– hacemos informes técnicos que son no vinculantes, pero eso no quiere decir que no tengan peso simbólico y desde el punto de vista legal. Muchas veces, nuestros informes técnicos son incorporados como sustento de fallos jurídicos, e incluso son presentados como amicus curiae en demandas judiciales. Algunos sirvieron de base argumental a sentencias de la Corte Suprema. Nosotros estamos advirtiendo que este proyecto de unión civil, además de ser una falsa opción, recorta derechos civiles, crea un sistema segregacionista en derechos igualitarios y tiene, en consecuencia, perjuicios grandes por incumplimientos severos por parte del Estado. Puede haber demandas al Estado.
–¿Y también el Inadi podría acompañar esas demandas?

–También podríamos patrocinar denuncias si la gente ve recortados sus derechos. Hay que tener en cuenta que hay nueve matrimonios entre personas del mismo sexo legalmente constituidos en tres jurisdicciones diferentes. Ese también es un antecedente que no se puede omitir.




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Buscan incentivar la participación en la marcha contra el matrimonio gay
Autoridades de las escuelas y universidades católicas convocaron a sus alumnos; en Derecho de La Plata no les computarán la inasistencia
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Lunes 12 de julio de 2010 | 18:14 (actualizado a las 01:26)


Con vistas al debate que tendrá lugar en el Senado sobre el matrimonio gay, la Iglesia católica busca incentivar la participación en la marcha que tiene previsto pronunciarse hoy en contra del proyecto.

Las profundas críticas desde el sector, que ya motivaron una dura respuesta de la Presidenta ayer por la mañana desde su viaje por China, se materializarán por la tarde en la movilización organizada por el Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina (Deplai), la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera), la Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal (Fecep) y familias autoconvocadas, también tendrá el respaldo de representantes de comunidades judías y musulmanas.

El acto, previsto para las 18.30, tendrá su epicentro en un palco montado frente al Congreso Nacional, con réplicas en diferentes actos frente a las legislaturas o gobernaciones en distintas provincias.

Mientras tanto, alumnos de distintas escuelas y universidades católicas fueron alentados para participar de la marcha y hasta en algunas instituciones resolvieron no computar la inasistencia a quienes decidan participar de la protesta.

"Se trata de una decisión del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata, Hernán Mathieu. A pedido de los alumnos, resolvió no computar la inasistencia de aquellos que quisieran participar de la movilización", dijo a lanacion.com Héctor Tito Garabal, director de Prensa y Comunicación Institucional de esa alta casa de estudios platense.

Así en el sitio de los alumnos de esa institución se aclara que "el único requisito será registrar su nombre y apellido, año en el que cursan y materia a la que no asistirán en razón de su participación enviando un mail" a la secretaría académica de la Facultad.

En la Universidad Austral, en tanto, se resolvió declarar, según informó a este medio la Dirección de Comunicación, un asueto a partir de las 17.30 y permitir a todo el personal administrativo que así lo desee, partir con anticipación hacia el Congreso para participar del acto.

El correo enviado a todas las dependencias de esa institución señalaba que la decisión se fundamentaba "en la posición asumida por la Universidad Austral frente al proyecto de reforma del Código Civil en materia de matrimonio".

Durante el acto, se proyectarán videos con las marchas que se realizaron estos últimos días en las provincias, se leerá un manifiesto y culminará con la entonación del Himno nacional.

Este fin de semana, en todas las parroquias de Capital Federal, se leyó -al final de las misas- la declaración del Episcopado "Sobre el bien inalterable del matrimonio y la familia", en la que se expresa el rechazo al proyecto del matrimonio homosexual.

Así lo solicitó el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio, a todos los sacerdotes porteños, a quienes les pidió también que faciliten la concurrencia de sus fieles a la marcha, que los organizadores esperan sea multitudinaria.


http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1284071

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A un día de que el matrimonio gay se trate en el recinto del Senado sectores a favor y en contra se manifestarán esta tarde - noche en distintos puntos del país y de diferentes maneras.

Se esperan manifestaciones en las principales ciudades del país, pero seguramente las que más trascenderán serán las que se realizarán en la Capital Federal. A las 18.30, bajo el slogan “Los chicos tenemos derecho a una mamá y a un papá”, se reunirán en la Plaza de los Dos Congresos grupos católicos y evangélicos. Además de contar con el apoyo de la Conferencia Episcopal Argentina, los que organizan son el Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (ACIERA), la Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal (FECEP) y familias autoconvocadas.
Mezclando la educación con la convicción religiosa, y haciendo caso omiso a la sugerencia del ministro de Educación Alberto Sileoni, los colegios católicos anunciaron que no pondrán faltas a sus alumnos para que concurran a la marcha.
Bajo el mismo slogan y organizada por los mismos grupos igual acto de protesta tendrá lugar en Mendoza, Rosario, Santiago del Estero, Córdoba, Salta, Corrientes y Bariloche.
Del otro lado, los que sí están a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, participarán de un “Ruidazo por la Igualdad” organizado por el INADI. Según anunció la oficina estatal que lucha contra la discriminación el objetivo del ruidazo es que entre las 20 y las 20.30 los ciudadanos que estén a favor del casamiento se manifiesten haciendo ruido por la ciudad “con lo que tengan a mano: bocinas, trompetas, vuvezelas, cacerolas y cornetas”. “Por una Argentina más igualitaria” será la consigna.
El punto central de reunión será el Obelisco, aunque también habrá manifestaciones y mesas del INADI en Juramento y Vuelta de Obligado, Scalabrini Ortiz y Corrientes, en General Paz y ruta 3, en Plaza Flores y en Parque Rivadavia.
Además se espera para el mismo día de la sesión, el miércoles, que el INADI instale una carpa en la plaza frente al Congreso en la que distintas personalidades de la cultura, grupos políticos y movimientos sociales expresarán su apoyo. Y a partir de las 18 comenzará un recital del que participarán varios artistas.

http://www.ncn.com.ar/08/noticiad.php?n=7280&sec=1&ssec=&s=noticiad






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Martes, 13 de julio de 2010
EL PAIS
Ampliación del matrimonio



El informe técnico del Inadi repasó los “argumentos principales” en favor de la ampliación del matrimonio civil:

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“Derecho a la igualdad y a la no discriminación” consagrado en la Constitución y en “numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos de igual jerarquía”.
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“La ley no define matrimonio”, sino que establece “el derecho de toda persona” a casarse “sin distinción de ninguna clase, tanto para varones como para mujeres”. La Constitución y los tratados tampoco establecen limitaciones, por lo que nada “estipula la necesidad de diversidad de sexo”.
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La Constitución establece un límite “infranqueable” al “derecho a decidir sobre las acciones privadas de las personas”, al preservar el “principio de autonomía de la persona”.
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“La exclusión” de las parejas del mismo sexo de la institución civil del matrimonio, a la que sí acceden las parejas heterosexuales, “constituye un caso de discriminación prohibido por el estado de derecho constitucional argentino”. Las parejas heterosexuales pueden elegir casarse o no; las demás parejas “no tienen opción”.
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Si no se modifica el actual matrimonio civil, “toda pretensión de designar a las uniones de personas del mismo sexo con otro nombre que no sea ‘matrimonio’ –aunque con los mismos derechos y deberes, que no es tampoco el caso de este proyecto de ‘unión civil’– importaría introducir un inadmisible trato discriminatorio” en el marco legal.

http://m.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/149372-47962-2010-07-13.html


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Domingo, 11 de julio de 2010 | Hoy
EL PAIS › LA CRUZADA DE BERGOGLIO CONTRA LA DEMOCRACIA EL MARTES 13
La Inquisición

El martes 13 la Iglesia Católica saldrá en Cruzada contra la igualdad de derechos en el matrimonio, que el Senado tratará el miércoles 14. Bergoglio convocó a una “guerra de Dios”, invocando un supuesto orden natural, tal como se fundamentó la represión dictatorial el siglo pasado. El proyecto de Unión Civil, que sólo podría tratarse violando la Constitución, daría consagración legal a la discriminación y el desprecio y el estigma y suprimiría derechos hoy vigentes.


Por Horacio Verbitsky

El proyecto de ley de Unión Civil impulsado con el mayor sigilo por el presidente de la Iglesia Católica argentina, Jorge Bergoglio, procura restringir en virtud de la orientación sexual derechos que la Constitución y las leyes reconocen a todas las personas que viven en el país. La Unión Civil obraría así como un elemento de identificación de las personas a ser discriminadas, al estilo del triángulo rosa que debían utilizar los homosexuales en Alemania durante el gobierno nazi y que la Comunidad Homosexual Argentina ha estilizado en su distintivo. El proyecto, presentado en forma irregular y violatoria de los preceptos constitucionales sobre la formación de las leyes, constituye así una trampa: ofrece ciertos beneficios aparentes, que en asuntos previsionales, patrimoniales y sucesorios deben celebrarse mediante convenios separados como si se tratara de transacciones comerciales entre desconocidos, a cambio de la estigmatización de quienes se sometan en forma voluntaria a ese régimen de tipo inquisitorial. Incluso obliga a fijar un sitio de residencia común.
La guerra santa

Forma parte de la cerrada ofensiva del Episcopado Católico, dirigida al gobierno nacional pero que ataca a la institucionalidad democrática en su conjunto. La reforma a la ley de matrimonio civil dividió a todos los bloques y sólo forzando la realidad podría atribuirse sólo al oficialismo. El 25 de mayo, el Episcopado transmitió al gobierno nacional un pedido de amnistía firmado por los ex dictadores Jorge Videla y Benito Bignone, el sacerdote Christian von Wernich y un centenar de ex militares, marinos, policías, penitenciarios y agentes civiles de Inteligencia detenidos por su participación en crímenes de lesa humanidad. Como la entrega se realizó sin la nota de estilo que la acompañara, el Poder Ejecutivo devolvió la solicitud al Episcopado sin comentarios. En junio Bergoglio presentó un manifiesto opositor elaborado por Roberto Dromi, José Jaunarena y otros ministros de Menem, De la Rúa y Duhalde, que reclama autarquía para el Banco Central, eliminar retenciones a la soja, minimizar las políticas sociales, fundir Seguridad con Defensa y reprimir el conflicto social. Algunas de estas son políticas centrales de los gobiernos kirchneristas, pero otras constituyen consensos básicos de la democracia recuperada en 1983. Para explicar su oposición a la ley de matrimonio, el cardenal porteño dijo que se trataba de “una guerra de Dios” contra “el Padre de la Mentira”, ya que Satanás pretende destruir “el plan de Dios” y la ley divina, “grabada en nuestros corazones”. El vicejefe del gabinete de ministros a cargo de las relaciones parlamentarias y dirigente socialista Oscar González, rechazó esta posición “fundamentalista” que “irrumpe con inusitada violencia en el ámbito de la deliberación democrática y llama al odio entre los argentinos. Quien debiera estar predicando la paz y la tolerancia anda convocando a una guerra santa y a realizar actos políticos callejeros para presionar al Senado de la Nación”. El obispo de La Plata, Héctor Aguer, dijo el viernes que se trataba de una guerra cultural contra el catolicismo. Bergoglio y Aguer fueron los principales colaboradores del ex primado de la Argentina, Antonio Quarracino, quien en 1994 dijo que lesbianas y gays eran “una sucia mancha en el rostro de la Nación”, que debería encerrarlos en un ghetto, dentro del que podrían hacer lo que quisieran. La idea de una ley divina, estricta e inmutable, cuya interpretación sólo corresponde a una casta sacerdotal, y todo apartamiento de la cual debe ser punido como una subversión demoníaca del orden natural, está en la base de la represión dictatorial que con la bendición de la jerarquía católica destrozó a la Argentina entre 1976 y 1983.
Ocho años de vértigo

El primer proyecto de Unión Civil fue presentado en 2005 por la Comunidad Homosexual Argentina. A diferencia de la ley porteña sancionada en 2002, la elaborada por la CHA incorporaba todos los derechos (pensión, patria potestad compartida y adopción, herencia, beneficios previsionales y de obra social) para todas las parejas, con indiferencia del sexo de sus integrantes. Esta unión civil contemplaba una menor injerencia del Estado que en el matrimonio: no exigía la monogamia, ni regulaba la anulación del contrato por la existencia de ciertas condiciones físicas y de salud, pero no fue tratado por el Congreso. Dos años después la exigencia ya pasaba por la equiparación plena con el matrimonio heterosexual. Otros proyectos similares llevaron la firma de legisladores de los principales bloques. El proceso político se aceleró a partir de noviembre de 2009 por la sucesión de fallos judiciales que permitieron el matrimonio de varias parejas de hombres y otras de mujeres, en algunos casos previa declaración de inconstitucionalidad del artículo 172 del Código Civil que requiere que los contrayentes sean un hombre y una mujer. El 4 de mayo, por 125 a 109 y seis abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Vilma Ibarra, que hoy integra el Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella, y de la socialista Silvia Augsburguer. Tanto las posiciones a favor como en contra cruzan el espectro político: 45 kirchneristas y aliados votaron a favor y 30 en contra, con 10 ausentes; 46 radicales y sus aliados del socialismo, el GEN y la Coalición Cívica Libertadora apoyaron la ley, pero 18 se opusieron, cuatro se abstuvieron y uno se ausentó. Sin embargo, la jerarquía católica decidió cuestionar al gobierno nacional y no a los otros partidos. Tanto esas sentencias como la sanción legislativa no establecen derechos diferentes según el sexo de quienes contraigan matrimonio. Tampoco obligan a la fidelidad ni la cohabitación. Durante el debate sobre la legislación de un estado laico, Ibarra aclaró que su proyecto no da derechos a adoptar a homosexuales y lesbianas, que ya lo tienen, dado que la ley de adopción no discrimina según la preferencia sexual, sino que coloca a esos chicos en igualdad con los demás. “Al no estar reconocido el coadoptante, no se les puede transferir una obra social ni pueden heredar o reclamar la pensión alimentaria de parte de ambos contrayentes. Si muere el adoptante, el niño queda huérfano porque no se reconoce legalmente a la pareja”. En el mismo sentido fue la brillante y valiente exposición de la librera Carolina Frangoulis, quien durante la audiencia senatorial realizada en la Legislatura de Tucumán dijo que ella, su mujer y el hijo de ambas no querían una ley de matrimonio homosexual sino de matrimonio igualitario, con los mismos derechos para todos.
La astucia de la serpiente

Durante la última reunión episcopal se discutió la estrategia contraria a la reforma. Bergoglio sostuvo la conveniencia de usar la astucia y no encerrarse en una negativa frontal que incluso pudiera provocar malestar dentro de su propia feligresía. Muchos creyentes de ese culto, incluso sacerdotes, señalan que la pareja heterosexual indisoluble es una creación cultural y que Jesús nunca condenó la homosexualidad, pero sí la hipocresía. Según el obispo porteño lo más conveniente era admitir la unión civil entre quienes no calificaran para el sacramento católico en razón de su sexo. En contra se alzó Aguer uno de cuyos auxiliares, Antonio Marino, quedó a cargo del lobby confesional sobre el Congreso. Cuando se pasó a votar, la posición de Aguer se impuso. Sin embargo, la táctica insidiosa de Bergoglio se abrió camino en el Senado, donde legisladores de distintos bloques dieron dictamen instantáneo de comisión a otro proyecto que consagra la unión civil pero privada de los principales efectos del matrimonio, tanto patrimoniales como previsionales, que desprotege a los hijos de la pareja, prohíbe la adopción y la fertilización asistida (derecho que hoy existe para todo ciudadano de cualquier orientación sexual) y consagra en forma explícita la discriminación y el desprecio: su último artículo establece una “cláusula de conciencia” por la cual cualquier persona, sea funcionario público o no, que “tuviere que intervenir en actos jurídicos o administrativos” vinculados con esta ley podría oponerse al trato con homosexuales. Para llegar a esta propuesta, fue necesario un subterfugio que circunvalara los artículos 78 y 81 de la Constitución que regulan el trámite de las leyes entre las dos cámaras del Congreso. Recibida la media sanción, la llamada cámara revisora puede aprobar el mismo proyecto, rechazarlo o introducirle adiciones o correcciones. Si lo aprueba, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación, si lo rechaza no puede volver a tratarse hasta el año siguiente. En caso de que le introduzca adiciones o correcciones por mayoría, vuelve a la Cámara de origen, que sólo necesita la misma mayoría para convertirlo en ley. La Comisión de Legislación General, que el Grupo Ahhh... puso en manos de la senadora del Opus Dei Liliana Negre, obtuvo nueve votos para su dictamen de mayoría que aconsejó rechazar la sanción de Diputados (la propia Negre, el mendocino y la formoseña del Frente para la Victoria Rolando Bermejo y Adriana Bortolozzi de Floro Bogado; los radicales Ramón Mestre, José M. Cano, Mario Cimadevilla y José Roldán y la peronista opositora Sonia Escudero) contra seis del oficialismo y, en este caso también de Luis Juez que aconsejaron aprobarlo. Pero esa mayoría firmó al mismo tiempo un segundo dictamen, a favor de la unión civil, que incluyó en el mismo Orden del Día del miércoles 14. Su resultado es incierto, ya que los pronunciamientos conocidos son muy parejos y resta un número significativo de declarados indecisos. Pero de reunir mayoría para el rechazo el bloque clerical debería asumir ante la sociedad el haber frustrado por lo menos hasta 2011 el reconocimiento de derechos que según los sondeos de opinión pública gozan de amplio consenso. La astucia sugerida por Bergoglio consistió en que el segundo proyecto, de unión civil, se presenta como independiente del rechazado. Si reuniera la mayoría de los votos del Senado, podría pasar a Diputados este mismo año. Como señaló el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, en una nota al ingeniero Julio Cobos, esto transgrede la restricción constitucional ya que los seis proyectos de unión o contrato civil (de los senadores Bortolozzi de Bogado, Escudero, Juan Carlos Romero, Laura Montero, Luis Petcoff Naidenoff y Emilio Rached) se presentaron entre el 17 de mayo y el 5 de julio, cuando el Senado ya había recibido la sanción de Diputados. En sus fundamentos Bortolozzi admite que su proyecto propone una “solución intermedia” cuando “ya obtuvo media sanción la reforma” y Montero señala que el Senado debe actuar como cámara revisora del proyecto de la Cámara de Diputados. Lo mismo se planteó en todas las audiencias convocadas por Negre. El artículo 81 es inequívoco: si hay rechazo debe esperarse un año. Pasado mañana, en desafío a los efluvios del martes 13, el Episcopado lanzará sobre el Congreso todas sus huestes, para lo cual recurrirá al público cautivo que es el alumnado de las escuelas católicas, subvencionadas por un Estado generoso. Bergoglio envió una circular a párrocos, rectores y capellanes de iglesias convocándolos bajo el lema “Queremos mamá y papá”. Otro tanto harán los demás obispos en sus respectivas sedes. Un anticipo lo suministró el vicepresidente de la Iglesia, Luis Villalba, durante el Tedéum que ofició el 9 de julio en Tucumán. Luego de precisar su oposición a la igualdad en la ley de matrimonio, Villalba exhortó a “pasar de un modelo de conflicto a un modelo de convivencia armoniosa, respetando las diferencias” (sic).
Cuestión de derechos

Durante las sesiones de comisión, la senadora Negre seleccionó en forma cuidadosa a quiénes se permitía exponer su posición y asistir a las audiencias, y a quiénes no. La idea que defiende la Iglesia Católica es que la legislación civil debe subordinarse a los sacramentos de su culto, que se ajustarían por voluntad divina al supuesto derecho natural, conjunto de conceptos que el creador del mundo habría inscripto en la conciencia de cada ser humano. Hace apenas catorce décadas el Código Civil obra de Dalmacio Vélez Sársfield sólo reconocía el matrimonio religioso, de acuerdo con las normas del derecho canónico. La ley de matrimonio civil provocó un gran escándalo político en 1888, al separar la institución religiosa, regida por el derecho canónico, de la institución civil, tendiente a proteger derechos de las personas de acuerdo con las leyes que no dicta el papa de Roma sino el Congreso de la Nación. Hoy se percibe sin esfuerzo el absurdo de aquella situación en la que nadie podía casarse si no era católico. Pero todavía debieron pasar 66 años más para que el Congreso declarara que una sentencia judicial de divorcio podía devolver a las partes su capacidad para intentarlo otra vez. Esta reforma a la ley de matrimonio, sancionada por el Congreso en 1954, fue una de las causas para el golpe cívico-militar del año siguiente, promovido y organizado por la jerarquía católica. Esa ley, como la propia Constitución Nacional, fue anulada por un bendito decreto de facto. La discusión se reabrió en la segunda mitad de la década de 1980. Fue la Corte Suprema de Justicia la que destrabó el conflicto al declarar inconstitucional el artículo de la ley de matrimonio que prohibía su disolución y condenaba a la desprotección perpetua a casi una cuarta parte del total de las familias, llamadas monoparentales y a los hijos nacidos de uniones de hecho. Hasta el día de hoy la Iglesia Católica sólo reconoce como casadas a las personas que han pasado por el altar. También ahora varios casos de matrimonios prohibidos por el sexo de los contrayentes aguardan en la Corte Suprema.

Además del Código Civil, el matrimonio debe conformarse a normas de jerarquía superior, como los tratados internacionales sobre Derechos Humanos que autorizan a contraer matrimonio y constituir una familia y, desde la reforma de 1994 gozan de la misma jerarquía que la propia Constitución. El artículo 14 bis de la Constitución obliga al Estado a proteger a la familia y su artículo 19 protege la libre determinación de las personas para elegir su plan de vida, sin interferencia del Estado. En el reciente caso “Arriola”, la Corte Suprema de Justicia reconoció que las conductas privadas que no ocasionan peligro o daño a terceros se encuentran amparadas por ese artículo, ya que “el Estado no puede establecer una moral” sino “garantizar un ámbito de libertad moral” y no puede penar “conductas que son, justamente, el ejercicio de la autonomía ética que el Estado debe garantizar”, sino aquellas que afectan su ejercicio.

El matrimonio es la institución civil fundamental para el desarrollo de la personalidad y la protección de los derechos humanos de sus integrantes y no resulta admisible excluir a nadie de esos beneficios en razón de su orientación sexual, dado que de ello dependen los derechos previsionales, laborales, patrimoniales y sucesorios. Si además de los contrayentes se considera a los niños, están en juego los derechos a la adopción conjunta, a la adopción del hijo del cónyuge, huérfano de padre o madre; a recibir visitas, al usufructo conjunto de los bienes, para proteger a las niñas y los niños. Los principios de igualdad e igual protección ante la ley y de no discriminación contenidos en esos tratados internacionales han sido considerados fundamentales por la Comisión y por la Corte Interamericana ya que sobre ellos “descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional”. Según la Corte, estos principios obligan a los Estados a eliminar de su legislación cualquier disposición discriminatoria. La Comisión sostiene que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes sin distinción de sexo. Sólo es admisible alguna restricción si puede fundamentarse en una necesidad social imperiosa y si satisface “un interés público imperativo” de una sociedad democrática. La jerarquía católica pretende que esa institucionalidad supranacional, que la Constitución ha convertido en ley suprema, se subordine a sus propias reglas dictadas por el obispo de Roma.


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Sancionan en Córdoba a un sacerdote que apoya el matrimonio igualitario

[ 13 de Julio de 2010 08:41 ]

El arzobispado le prohibió al padre Nicolás Alessio celebrar misas y casamientos. "Creo más en el Evangelio que en estos códigos".

El Arzobispado de Córdoba sancionó al sacerdote Nicolás Alessio con la prohibición de ofrecer misas y casamientos por su postura a favor del matrimonio gay que se debate en el Congreso, según confirmó el religioso sancionado.

"Me siento sorprendido y muy dolido porque jamás pensé que el Obispo de Córdoba (Carlos Ñáñez), que parecía más abierto a la posición del obispado argentino en estas prohibiciones, cortara cabezas a quienes pensamos distinto”, manifestó Alessio.

En declaraciones formuladas este martes a la mañana a Radio Universidad de Córdoba, el cura precisó que fue notificado de la sanción que le "prohíbe ejercer el ministerio públicamente”.

"Tengo compromisos asumidos con mi comunidad. Creo más en el Evangelio que en estos códigos canónicos, por lo tanto este fin de semana voy a celebrar misa, salvo que me metan preso”, advirtió Alessio al precisar que la sanción también lo inhabilita para celebrar casamientos.

El padre de la parroquia San Cayetano, al desafiar la sanción impuesta por la autoridad de la Iglesia, dijo que supone que va a "cometer otro delito cuando celebre misa, porque el primero fue por pensar distinto y el segundo será por ser fiel a mi comunidad”.

Al ser consultado acerca de si va a recurrir la sanción impuesta, el sacerdote manifestó que no se maneja en el terreno "burocrático y leguleyo de la Iglesia. Yo creo en la Iglesia de Jesús y a esa Iglesia me debo”, sostuvo.

La sanción se extenderá hasta que se expida el Tribunal Interdiocesano de la Iglesia, explicó Alessio.

El párroco integra un grupo de sacerdotes que apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo, posición que hizo pública ante los medios y al participar en marchas de reclamo por esa igualdad de derecho.

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