Lo que circula por los medios

6 de julio de 2010

HAZ LO QUE YO DIGO, NO LO QUE YO HAGO Y EL 82% MOVIL


PARTE 1 - HAZ LO QUE YO DIGO, NO LO QUE YO HAGO


01-07-10 | POLÍTICA
Cobos apoyó el proyecto de la oposición de reinstalar el 82% móvil para las jubilaciones



Así lo manifestó el Vicepresidente en Radio 10. Afirmó que "hay que ver cómo se generan los recursos" para financiar la reforma que impulsan sectores de la oposición. Consideró que se debería hacer "un reordenamiento de los gastos" del Estado, entre los cuales mencionó "los subsidios y el financiamiento de empresas deficitarias"
Crédito Foto: Télam
En medio de las tensiones políticas entre el oficialismo y la oposición por el avance en el Congreso de la Nación de un proyecto para restituir el 82 por ciento móvil en las jubilaciones, el vicepresidente Julio Cobos se manifestó a favor de la iniciativa.

El mendocino aseguró en diálogo con Oscar "El Negro" González Oro en Radio 10: "En el país hay trabajadores docentes, investigadores, el personal de las embajadas, los jueces, que ya han ido adquiriendo el 82 por ciento y debemos ir camino a eso" con el resto.


Al ser consultado sobre si fuera presidente qué decisión tomaría, Cobos aseguró: "Yo priorizaría los niños, como lo ha hecho el Gobierno con la asignación universal, y el sistema jubilatorio" . En tal sentido recordó que durante su gestión como gobernador de Mendoza "restituimos el 82% móvil para los jubilados de la provincia".

http://www.infobae.com/politica/524179-101275-0-Cobos-apoyo-el-proyecto-la-oposicion-reinstalar-el-82-movil-las-jubilaciones
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Cobos salió a apoyar el 82% móvil y desde el Gobierno le pegaron duro

02/07/10 El vicepresidente pidió revisar los subsidios. Boudou lo acusó de “mentiroso”.


PorAlejandra Gallo


El vicepresidente Julio Cobos salió a defender la propuesta que las distintas bancadas de la oposición impulsan en el Congreso para aumentar en una suma equivalente al 82% de las jubilaciones y desde el Gobierno salieron a cruzarlo con dureza.



Cobos dijo que apoya el ajuste para los haberes jubilatorios que propone la oposición y recordó que cuando él fue gobernador en Mendoza, puso en marcha una medida similar.



“Fijando la prioridad, hay que hacer todo el esfuerzo, no sólo de la seguridad previsional, sino también de aquellos recursos que merecen reordenarse, como es el tema de subsidios, del transporte, empresas que producen grandes déficit”, subrayó



Se ganó una secuencia de ataques por parte del oficialismo. El primero en salir a cruzarlo fue el ministro de Economía, Amado Boudou, quien lo calificó de “mentiroso y oportunista”. “Cobos nos tiene acostumbrados, opina como si estuviera en la tribuna o formara parte de la oposición”, disparó el ministro.
También lo cruzó el gobernador de Mendoza, Celso Jaque, (quien lo sucedió en la poltrona provincial). “Falta a la verdad, los jubilados no cobran el 82% móvil”.
Cuando Cobos se enteró de estos dichos salió de nuevo a decir que “no soy mentiroso ni tramposo”. Así, la discusión por la recomposición en los haberes jubilatorios ya se convirtió abiertamente en una batalla política entre el Gobierno y la oposición y promete recalentar la discusión electoral antes de que llegue el 2011.



A su vez, el titular del ANSeS, Diego Bossio, también apuntó contra Cobos. “La afirmación de Cobos es una verdad de patas cortas porque son beneficios a la caja provincial, altamente desiguales y diferenciales, para franjas específicas, y con el apoyo del gobierno nacional”.



Boudou y Bossio fueron los encargados, el miércoles en la extensa conferencia de prensa, de salir a decir que el Gobierno no tiene fondos para afrontar un ajuste de la jubilación mínima. Sostuvieron que si el Gobierno hiciera eso necesitaría fondos adicionales por 30.000 millones de pesos anuales y llevaría al sistema previsional a un rojo cercano al 2,5% del PBI.



Ambos funcionarios, además, habían defendido la fórmula actual que contempla la ley (que ya votó el Congreso) y prevé dos aumentos anuales para los jubilados, en marzo y en septiembre.



Desde la oposición, no quisieron dejarlo solo a Cobos en las embestidas que recibió del oficialismo. Varios referentes políticos de la UCR, el PJ disidente, el PRO, la Coalición Cívica y Proyecto Sur salieron a respaldarlo y de paso, a castigar al Gobierno.


Francisco de Narváez dijo que “el Gobierno especula con la plata de los mayores, dice que no alcanza porque quiere dar los aumentos el año electoral”.



Desde el otro extremo parlamentario, Claudio Lozano sostuvo que recomponerle los haberes a los jubilados “va a plantear como resultado un mayor gasto en consumo y por esta vía se va a incrementar la recaudación impositiva en números aproximados a los 6.400 millones de pesos”. Por eso, señaló que “el costo neto de las medidas planteadas está en el orden de los 25.000 millones de pesos”.


http://www.clarin.com/politica/gobierno/Cobos-apoyar-movil-Gobierno-pegaron_0_290970935.html


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¿COBOS PINOCHO?


Presupuesto 2006
Veto al 82% móvil a jubilados docentes
Lo firmará Cobos en los próximos días. Anoche viajó a Buenos Aires. El SUTE cuestiona un aumento por subsidio.


jueves, 12 de enero de 2006

El Gobierno decidió vetar parcialmente el artículo 17 del Presupuesto 2006, en especial el apartado que beneficiaba con el 82% móvil a los jubilados docentes. Esta decisión hizo que el gremio de los maestros reaccionara y ratificara que, por el bochazo de Julio Cobos, no se iniciaran las clases el 27 de febrero próximo.

Pero sobre el final de la jornada, y mientras Cobos viajaba sigilosamente a Buenos Aires, el ministro de Gobierno, Sergio Marinelli anticipó a Los Andes que había avanzado en una “propuesta superadora” al pedido de los jubilados.

El funcionario, que se mostró hermético, dijo que se trata de una solución “por arriba de la discusión planteada y que será presentada el viernes después que regrese el Gobernador desde Buenos Aires”.

La idea de rechazar este segmento de la ley que el martes aprobó la Legislatura, nació de imposibilidad jurídica que la Provincia tendría de legislar sobre materia previsional. En realidad, ahora se reveló que lo tenía definido antes de la votación de los senadores. De hecho Marinelli se lo comunicó el lunes a la noche a los referentes de los bloques del PJ y el PD.

A la par, el Ejecutivo remarcó que mandaría a las cámaras un proyecto de ley para redefinir la denominación de los 10,8 millones de pesos destinados a los docentes retirados.

Sin embargo hasta ayer a última hora Marinelli no podía confirmar cuál será la modalidad para presentar este proyecto que, en principio, se pensó como un subsidio.

Pero aún así, si el oficialismo lograra el acuerdo opositor, la postura del SUTE parece irreductible y con el aval del plenario ya tiene determinada la huelga para febrero, porque si los 10,8 millones de pesos llegan como un subsidio son tomados como “una limosna” y no como un reconocimiento de un derecho (ver aparte).

Las objeciones también corrieron desde la Administradora Nacional de Seguridad Social (Anses). Y si bien no hubo comunicación oficial del Gobierno desde el organismo nacional fruncieron el ceño cuando se enteraron de que los legisladores habían aprobado una ley que rige en el ámbito jubilatorio. “Algo que es privativo de la Nación”, dijo una fuente federal a Los Andes ayer por la mañana.

Ese mismo argumento fue el que utilizó Marinelli para justificar la decisión gubernamental y se apoya precisamente, según fuentes oficiales, en un dictamen del titular de la Anses, el kirchnerista, Sergio Maza.

Las preguntas para la Anses

Lo dicho desde la repartición nacional trascendió ayer que el inciso cuestionado está malformado desde su inicio.

Colaboradores de Maza desde Capital Federal ayer analizaron la situación sobre estos interrogantes planteados por este diario.

¿Pueden las provincias legislar en materia previsional? “No”, responden taxativamente los técnicos jubilatorios.

¿Se puede beneficiar solamente a un sector de los jubilados? “No es justo”, contestaron sin dudar desde Anses.

¿Está bien prever un beneficio previsional sujeto a un alza potencial de la recaudación fiscal? “Sólo se deben reconocer derechos y no dar dádivas, y para eso se deben prever los recursos genuinos y sostenibles en el tiempo”, terminaron definiendo los informantes previsionales.

Por lo que se ve, la Anses no aceptará esta salida de un subsidio si ese instrumento invoca algún beneficio jubilatorio, de ahí que aparezca la “propuesta superadora” de Marinelli.

En ese cuadro de situación, tanto el Gobierno como los funcionarios nacionales recordaron que hay un expediente iniciado por el mismo mandatario en la Anses para que la Nación reconozca el derecho de la movilidad de los haberes de los jubilados. Jorge Fernández Rojas - jfernandez@losandes.com.ar




LO LEIMOS EN TWITTER GRACIAS A  reddemilitantes

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hoy
Portada
05 de julio de 2010 09:16
Adaro dijo que el apoyo de Julio Cobos a las jubilaciones es "panfletario"
mendoza
El ministro de Gobierno sostuvo que la suba a la clase pasiva propuesta por la oposición "se hace en base a propuestas que luego no se pueden sostener ni cumplir". Para el funcionario, el respaldo de Cobos al proyecto "es panfletario e irresponsable"


Luego de las declaraciones del vicepresidente Julio Cobos, quien apoyó el 82 por ciento móvil para los jubilados, el ministro de Gobierno, Mario Adaro, manifestó que esa postura “se debe a que comenzó el proceso electoral”.

“No cabe duda que empezó en Argentina el proceso electoral y en base a eso comienzan a hacer propuestas electorales casi panfletarias e irresponsables”, dijo el funcionario a Radio Nihuil.

“No cabe duda que el 82 por ciento móvil es un objetivo al que uno debería aspirar, pero es cierto que cuando uno tiene que tomar esa decisión tiene que saber si el sistema va a poder cumplir con el objetivo al cual todos adherimos”, sostuvo.

Según Adaro, la historia del 82 por ciento móvil que consiguió Julio Cobos cuando era gobernador de Mendoza fue primero firmar con el Gobierno Nacional, en ese momento a cargo del presidente Néstor Kirchner, le otorgó a los jubilados de la provincia hasta el 96 la posibilidad que con aportes de la Nación complemente el 82 móvil. Esto implica que ningún empleado público durante la gestión de Cobos obtuvo 82 móvil.

“Luego en la Legislatura en el presupuesto 2006 se incorporó el 82 por ciento móvil para el resto de los empleados públicos provinciales y Cobos la vetó.En los fundamentos del decreto del veto, que fue una discusión profunda que hubo en los 4 mejores años del país de crecimiento, sostenía que no sabía de dónde iban a salir los recursos para ese 82 móvil y que no alcanzaban los fondos provinciales”, relató el ministro.

Indicó que “este país requiere definir políticas públicas cualquiera sea el Gobierno que asuma porque sino entra el proceso electoral y se empiezan a hacer propuestas por ahí de poco cumplimiento, recordemos el salariazo, recordemos un peso un dólar, y después el país y los argentinos lo terminamos sufriendo”.

El ministro aseguró que "los mismos que hoy proponen el 82 por ciento móvil que cuando accedieron en el 2001 proponían un peso un dólar dejaron al país en llamas y había una desocupación por encima de los dos dígitos.Para sostener el 82 por ciento móvil requerimos de un crecimiento sostenido en el empleo y movilidad salarial”.

http://www.diariouno.com.ar/contenidos/2010/07/05/noticia_0009.html


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 ver 1

Ma. America - Bullrich

http://www.youtube.com/watch?v=_vvXNByjWCA


Bullrich reivindicando al gobierno de De la Rúa



http://www.youtube.com/watch?v=4AkyWRtzlEY

 Patricia, no se enteró??
asociada video: HACIENDO MEMORIA: COIMAS EN EL SENADO

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 ACORDATE PATRICIA!!! ACORDATE, TENE MEMORIA!!! incluye videos - y mirá que mostró cada canal?? recortes... son recortes...


MENSAJES DE TEXTO... INCREIBLE LO DE BULLRICH... 

jubilaciones - ‘Jubilados: La UCR vota el ajuste a partir de los 1000 pesos‘, rezada el principal titular de un diario del 27 de julio de 2001.Con los brazos en alto, Rossi expuso la tapa del matutino y se la dedicó especialmente a la legisladora de la CC, Patricia Bullrich, quien fuera ministra de Trabajo del ex presidente Fernando de la Rúa.
"Esta es la tapa que no queremos ver, y por suerte la de mañana va a ser distinta", gritó el titular del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, mientras agitaba un ejemplar de un diario de julio de 2001, encabezado con la frase "Jubilados: la UCR vota el ajuste a partir de los mil pesos".


REPETITION : AYER Y HOY CACEROLEANDO CON EL OMBLIGO - Fue en julio de 2001, cuando la entonces ministra de Trabajo tenía otra posición respecto de las retenciones. En ese momento se paseaba por los canales de televisión para defender la “retención” o el recorte de 13 por ciento en las jubilaciones y en los sueldos de los empleados públicos. El entonces presidente Fernando de la Rúa había emitido un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para practicar el descuento, con la firma de Bullrich y el resto del gabinete.
Bullrich a los gremios y las organizaciones sociales.

Una crónica de aquellos día relataba lo siguiente: “La ministra reconoció el ‘derecho a protestar’ de los trabajadores, pero sostuvo que no le parece bien que corten rutas. ‘Si no desisten de esa modalidad, el gobierno va a tener que actuar’. Bullrich añadió que ‘si hay un grupo político que se quiere organizar y está en contra del ajuste puede hacer una marcha, un acto, puede hacer distintas cosas porque eso está permitido en la Argentina, pero lo que no me parece bien es que se corten las rutas’. Las medidas de protesta ‘no deben rozar el orden público’, reclamó”.

“Los diputados radicales salieron a anunciar su ‘triunfo’ por las radios y a la tarde Bullrich los sorprendió al decir que la plata no alcanzaba y que el recorte seguiría siendo sobre las jubilaciones por arriba de 500 pesos”, señalaba la nota de PáginaI12 de aquel momento. “La ministra Bullrich está confundida. Cree que todo tiene que aprobarse sin discusión, sin intercambio de opiniones”, le reprochó el entonces diputado radical Eduardo Santín. Cuando el proyecto llegó al Senado, el bloque justicialista empezó a poner reparos para conceder quórum. El gobierno le pidió que se presentara a la sesión y perdiera la votación. El propio De la Rúa les envió una carta de puño y letra a 69 legisladores en la que les reclamaba una “pronta sanción” de la ley porque “cualquier demora traería consecuencias negativas para el país”. El presidente aseguró que no se podían introducir modificaciones al proyecto, que debía votarse a libro cerrado. De la Rúa planteó que la rebaja de 13 por ciento era “innegociable”. Al final, consiguió lo buscado. Un año después, la Justicia consideró que el descuento había sido inconstitucional y ordenó reintegrar el dinero.


MENSAJES DE TEXTO... INCREIBLE LO DE BULLRICH...


‘Jubilados: La UCR vota el ajuste a partir de los 1000 pesos‘, rezada el principal titular de un diario del 27 de julio de 2001.

Ayer y hoy - CACEROLEANDO CON EL OMBLIGO una foto instantanea de la sociedad!!

APORTAN A LA CAJA - LA CAJA Y LA EVASION
Del Diario critica:
La ANSES tiene dos grandes fuentes de ingresos: los tributarios (que paga la población en general) y las contribuciones de seguridad social (que aportan los propios beneficiarios y sus empleadores).
Aportan a la “caja”:
–Ingresos Tributarios.
–11% del IVA. –120 millones del Impuesto a las Ganancias, más del 20% del total que se recaude. -El 15% de la masa de recursos coparticipables.
-El 21% del impuesto a los combustibles líquidos (naftas).
-El cien por ciento del gravamen al gasoil, diesel, querosén y gas natural comprimido.
–El cien por ciento del adicional sobre los cigarrillos denominado “de emergencia” y transitorio pero que sigue y seguirá vigente.
–El 70% del monotributo.
fuente.

http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=18449



 ver 2
EL 82% MOVIL Y RETENCIONES DEL 13% A LAS JUBILACIONES - Jun 30
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 PARTE 2 - EL 82% MOVIL

Sábado, 3 de julio de 2010 | Hoy
ECONOMIA › PANORAMA ECONOMICO
82 por ciento móvil


Por Alfredo Zaiat

El 17 de octubre de 1958, en el gobierno de Arturo Frondizi, se publicó en el Boletín Oficial la ley 14.499 de apenas 22 artículos. El segundo de esa norma estableció que “el haber de la jubilación ordinaria será equivalente al 82 por ciento móvil, de la remuneración mensual asignada al cargo, oficio o función de que fuere titular el afiliado, a la fecha de la cesación en el servicio o al momento de serle otorgada la prestación, o bien al cargo, oficio o función de mayor jerarquía que hubiese desempeñado”. Este régimen estuvo en vigencia apenas 5 años de una historia previsional de por lo menos 106, que tuvo su inicio institucional en 1904 con la ley 4349 que creó la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los empleados públicos. Luego el sistema se amplió con los ferroviarios en 1915 y desde entonces se fueron sumando otras actividades hasta su generalización y estatización durante la gestión de Juan Domingo Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión y después en su primera presidencia.

Ese 82 por ciento móvil para las jubilaciones y el 75 para los pensionados se convirtieron en un reclamo histórico de fuerzas políticas del progresismo, de la izquierda y de organizaciones sociales vinculadas a la clase pasiva. Ese pedido ha actuado como interpelación a diferentes gobiernos democráticos que dispusieron la emergencia previsional, el congelamiento del haber por más de diez años, la disminución de las contribuciones patronales, el pago de sentencias judiciales con bonos de vencimiento a diez años o directamente la reducción nominal del 13 por ciento de las jubilaciones. Era una forma de expresar la exigencia de mejoras en los haberes y el repudio a decisiones políticas que implicaban violentar el derecho de los jubilados a tener un ingreso digno.

Los proyectos presentados en el Congreso y aprobados en comisión por diversas corrientes de la oposición, con nulo debate entre legisladores y exclusión de la opinión de funcionarios y especialistas en la materia, tienen esa impronta de bandera política, como también una burla al debate democrático tantas veces reclamado. El columnista político de este diario Mario Wainfeld explicó con sagacidad en la edición del jueves pasado que la oposición se indigna por la eventualidad de una vetocracia mientras genera las condiciones para incitarla. “A eso huele la implantación del 82 por ciento móvil, impulsada por partidos que gobernaron el país largos años y jamás se plantearon algo semejante”, sentenció. Pero a diferencia de la situación de décadas pasadas, cuando la demanda del 82 por ciento móvil era para protestar por la marginación de la clase pasiva, la administración kircherista no se encuentra en desventaja en términos de gestión en relación a ese tema. A su favor cuenta el de haber puesto fin al escandaloso negocio financiero de las AFJP con el aporte previsional de los trabajadores; haber dispuesto sucesivos aumentos de las jubilación mínima hasta acumular un alza del 497 por ciento desde 2003; haber impulsado la movilidad automática dos veces al año independientemente de los gobiernos de turno; y el de haber ampliado la cobertura previsional del 57 al 90 por ciento, incorporando 2,4 millones de nuevos jubilados con una moratoria flexible.

De todos modos, resulta legítima la disputa política alrededor del 82 por ciento móvil y cada sector recibirá apoyos o rechazos según la percepción social sobre intenciones y posibilidades en el sensible tema jubilatorio. El ilusorio salariazo de Carlos Menem en la campaña electoral del ‘89 es un oportuno antecedente para evaluar la responsabilidad política sobre iniciativas que generan expectativas en grupos vulnerables que posteriormente se frustran.

En ese campo de la política, delimitado los intereses en pugna, aparece la cuestión del financiamiento. Expertos previsionales de tendencias diversas explican que el 82 por ciento móvil para todas las jubilaciones no es un régimen sustentable más allá de que se pueda cumplir durante algunos pocos años. En forma acotada, como se plantea en uno de esos proyectos al vincularlo al salario mínimo vital y móvil, incorporaría otro factor de indexación, que requeriría una evaluación rigurosa sobre sus efectos en la economía y no sólo considerar la posibilidad de obtener fondos adicionales con el alza de las contribuciones patronales. Además, se relacionaría el haber mínimo con un salario piso para la discusión de paritarias, sin correspondencia con el esquema de financiamiento del régimen previsional. Los economistas Laura Goldberg y Rubén Lo Vuolo estimaron que el valor de la jubilación mínima debería ser calculado en base al piso mínimo de la pobreza para las personas en edad pasiva, lo que requiere de un adecuado cálculo, descartando el que se define en términos generales. Las asignaciones monetarias indirectas (por caso, beneficios sociales del PAMI) y una canasta de bienes más complejas (mayor gasto en medicamentos) exigen una estimación particular. Goldberg y Lo Vuolo señalan, además, que el beneficio es individual, por lo que una pareja en edad de jubilarse gozaría de dos haberes, constituyendo un hogar con un panorama un poco más desahogado.

Tanto en países desarrollados como en los periféricos los sistemas previsionales se encuentran bajo proceso de revisión. Varios son los motivos que explican esa situación, entre ellos, el envejecimiento poblacional y la inestabilidad laboral. El desempleo, la informalidad y la flexibilidad laboral ponen bajo tensión al sistema jubilatorio. Cuando se desarrollaron los esquemas previsionales las economías registraban elevados niveles de empleo, con la característica de una gran estabilidad lo que otorgaba cierta previsibilidad al financiamiento del sistema y a los haberes. La relación aportante/beneficiario era muy favorable para contabilizar superávit en las cuentas de ese régimen. Ese saldo positivo se fue deteriorando por la evolución descripta del mercado laboral y de la estructura poblacional.

Este problema del financiamiento del sistema previsional, o sea su solvencia intertemporal, se ha estudiado en profundidad. Ignorarlo o confundir stock (fondo de garantía de sustentabilidad de la Anses) y flujo (aportes previsionales de los trabajadores) sólo (des)califica a los autores de proyectos y sus adherentes que pretenden ganarse la simpatía de los jubilados con una estrategia política poco decorosa. En esta instancia, develado el objetivo político y expuesto el problema estructural de financiamiento, resulta interesante abordar el concepto previsional que implica el 82 por ciento móvil, porcentaje tan apreciado por fuerzas políticas enroladas en la defensa de los intereses de los sectores más frágiles. Los economistas Laura Goldberg y Rubén Lo Vuolo se atreven a cuestionarlo, proponiendo un sistema superador que seguramente provocaría la resistencia de muchos. En el libro Falsas promesas. Sistema de previsión social y régimen de acumulación plantean que “la reforma de cualquier sistema de previsión social no debe entenderse sólo como la búsqueda de un modo más eficiente de relacionar la institución con el bienestar de las personas. Debe entenderse también, y fundamentalmente, como parte de una estrategia que busca modificar la articulación entre el sistema de previsión social y los procesos de acumulación de recursos económicos y políticos”. Esa estrategia en el orden económico “es para modificar el patrón distributivo y los procesos de reproducción del capital”. Y en el orden político es “para impactar en la definición de ciudadanía”. En base a esos contundentes objetivos, sostienen que “la prioridad de un nuevo sistema de previsión social para la Argentina debería ser el pago de un beneficio universal e incondicional al que tengan derecho todas las personas que alcancen una determinada edad, independientemente de sus registros contributivos”.

Este provocador criterio de una jubilación básica igual para todos recibiría seguramente una fuerte resistencia porque en la sociedad está arraigada la idea de recibir en función a lo que se ha aportado. En ese punto, emerge el concepto del 82 por ciento móvil que Goldberg y Lo Vuolo observan, sin mencionar ese porcentaje, al señalar que “un modelo totalmente contributivo donde los beneficios se vinculan estrechamente con los ingresos de las personas, el patrón de distribución en la pasividad es más regresivo que la distribución antes del retiro”. Explican que “esto se debe a que este tipo de diseño previsional combina la reproducción de la desigualdad en la distribución de ingresos existentes con el efecto de la cobertura (previsional) incompleta”. En base a esa línea argumental se concluye que la tradicional demanda del 82 por ciento móvil para las jubilaciones se traduce en la convalidación de una regresiva pauta distributiva de los ingresos.

Décadas de postergación de la clase pasiva establecieron que aún persisten asignaturas pendientes en relación al monto del haber mínimo, que hoy alcanza al 50,6 por ciento del salario medio. Continuar con la política de aumentar esa suma, acelerar el pago de las sentencias judiciales por actualización y apurar una definición política para cumplir el fallo Badaro, entre otras, se presentan como parte de esa agenda. El necesario proceso de seguir mejorando las condiciones de vida de los jubilados transita por una carril diferente al de la especulación política mediática sobre el 82 por ciento móvil.



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SOBRE EL 82% - Jul 01

EL 82% MOVIL Y RETENCIONES DEL 13% A LAS JUBILACIONES - Jun 30
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Martes, 6 de julio de 2010
ECONOMIA › OPINION
Subir jubilaciones es justo y posible


Por Martín Sabbatella, Carlos Heller, Ariel Basteiro, Vilma Ibarra y Jorge Rivas *

El aumento de la mínima jubilatoria al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil es un reclamo absolutamente justo y un objetivo que es posible alcanzar. Para ello es necesario generar un debate amplio y democrático sobre la forma de financiación, que debe estar exento de mezquindades, especulaciones y falsos posibilismos; un debate profundo como el que supimos darnos en los últimos tiempos con algunas leyes importantes, como la de Servicios de Comunicación Audiovisual o la de matrimonio entre personas del mismo sexo; escuchando las opiniones de actores sociales, económicos, académicos, representantes de organizaciones del sector y especialistas.

Es importante que desde el Congreso abramos una discusión responsable, orientada a establecer el histórico porcentaje del 82 por ciento móvil en las jubilaciones mínimas; con un beneficio directo sobre el 72 por ciento de los trabajadores jubilados, que pasarán de los 895 pesos actuales a 1230 pesos de haber mensual. Ese reclamo, que ha sido bandera de los sectores populares desde hace más de medio siglo, encuentra hoy un contexto más que apropiado para concretarse, a partir de que se consiguió organizar un esquema previsional inmensamente más justo, abarcativo y solidario que el existente hasta hace menos de una década, mejorando la recaudación y la gestión de la Anses, terminando con el negocio especulativo de las AFJP, ampliando la cobertura a 2,4 millones de personas que estaban privadas de ese derecho, brindando aumentos que rondaron casi un 500 por ciento desde el 2003 y estableciendo por ley una actualización semestral de los haberes. Todos esos pasos, que desde Nuevo Encuentro compartimos y apoyamos, merecen ser continuados con una medida redistributiva como ésta, de enorme impacto económico y social en el país y que cobra aún más importancia luego de que en Argentina se recuperó la discusión periódica sobre el salario mínimo, vital y móvil.

Somos conscientes de que esta propuesta es enarbolada también por dirigentes que persiguen otros objetivos, más vinculados a perjudicar la gestión del Estado por parte del gobierno nacional que a concretar el merecido sueño de quienes trabajaron y hoy no tienen ingresos suficientes. Esos dirigentes –integrantes de expresiones políticas que, cuando gobernaron y también desde funciones legislativas, se encargaron de destruir el sistema previsional, vaciar la Anses y el PAMI, recortar los haberes y regalarles un jugoso negocio a los bancos a través de la creación de las AFJP– son los mismos que cada vez que pueden le niegan al país la posibilidad de consolidar un esquema tributario más justo, tal como quedó expresado en 2008 con el debate sobre las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario. El cinismo, la hipocresía y la especulación de aquellos dirigentes –reunidos en el Congreso bajo la identificación de Grupo A– pueden llevar a que un reclamo justo y posible de ser implementado derive en un grave daño en el corto, mediano y largo plazo, que afectará sobre todo a los sectores de menos recursos, incluidos los propios jubilados a los que se dice querer amparar con la medida. Para decirlo con mayor claridad y con el respaldo de economistas serios de nuestro país: si la puesta en marcha del aumento del 82 por ciento móvil en los haberes que perciben tres de cada cuatro jubilados no va acompañada de una reforma tributaria inmediata que amplíe las fuentes de ingresos del Estado nacional, el perjuicio que se les imprimirá a las cuentas públicas será inmenso y terminará impactando en quienes menos tienen y más necesitan de las políticas públicas.

Mientras que la receta de la derecha siempre es la misma –quitarle recursos al Estado y no tocar o ampliar los márgenes de ganancias de los grupos más enriquecidos–, los sectores progresistas, del campo nacional y popular, de la izquierda democrática, más allá de nuestras pertenencias partidarias, debemos ser capaces de no quedar rehenes de quienes, mediante propuestas demagógicas, avanzan con el único objetivo de que Argentina retroceda, de que el país vuelva a la avenida del ajuste, del endeudamiento y de la profundización de la desigualdad. Una medida económica y social positiva, implementada sin encontrar los instrumentos de financiamiento que la hagan factible y durable, es la antesala de una crisis fiscal, un escenario gravísimo para quienes menos tienen y un terreno fértil para que esos sectores conservadores vuelvan a consagrar sus privilegios.

Por eso, desde Nuevo Encuentro impulsamos la restitución de las alícuotas de los aportes patronales a los niveles previos a 1993, aplicando medidas específicas para no impactar negativamente en pequeñas y medianas empresas. Esos aportes fueron recortados con el argumento de que achicar los costos empresarios favorecería el trabajo registrado. La realidad, como suele ocurrir, demostró la hipocresía de esa excusa, cuyo propósito real era ampliar los márgenes de ganancias y la desigualdad: en 1993, durante la gestión de Carlos Menem y la supremacía del paradigma neoliberal, el trabajo informal alcanzaba al 23,8 por ciento de la población económicamente activa, mientras que diez años después había llegado a casi el 60 por ciento. Restituir los aportes patronales, como una fuente legítima de financiamiento, es un reclamo que desde hace años realizan legisladores y dirigentes de nuestro espacio, y se trata de uno de los aspectos salientes del “blindaje social” planteado por Hugo Yasky y la Central de Trabajadores Argentinos que lidera.

Es necesario avanzar sobre el trabajo en negro para ir reduciendo la persistente informalidad. Eso, además del objetivo principal de revertir la situación de trabajadores y trabajadoras que hoy sufren la falta de cobertura por salud o por despido, permitiría incorporar más aportantes al sistema de seguridad social. Desde la salida de la convertibilidad se ha avanzado en esa dirección. De hecho, los aportantes pasaron de 5 millones en el primer trimestre de 2003 a casi 8,4 millones en el último trimestre de 2009. Pero aún más de un tercio de los trabajadores –según la edulcorada mirada del Indec– están “en negro”, padeciendo las graves consecuencias de esa condición laboral.

Además, insistimos en la necesidad de transformar responsable, paulatina y progresivamente toda la pirámide tributaria, de manera de eliminar privilegios injustos que tienen sectores económicos con altísima rentabilidad, como es el caso de la especulación financiera, el juego o la minería, entre otros; en el marco de ir construyendo una nueva matriz productiva y distributiva más justa.

El Gobierno está en condiciones de promover esos cambios, sin ampararse en falsos posibilismos. Es necesario profundizar el rumbo iniciado en 2003 con medidas redistributivas como ha sido la Asignación Universal por Hijo/a o esta que impulsamos, nosotros desde las convicciones y otros desde la especulación. Es fundamental evitar que los derechos de quienes menos tienen sean manipulados por los sectores de derecha que sólo buscan generar crisis política y social, como las que produjeron innumerables veces a lo largo de la historia de nuestro país.

Bloque de diputados nacionales de Nuevo Encuentro Popular y Solidario.



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Martes, 6 de julio de 2010
ECONOMIA › CRITICA OFICIAL AL 82 POR CIENTO MOVIL
“Es demencial”

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró que si la oposición avanza con la iniciativa, el Gobierno la vetará.



El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, exhortó a la racionalidad de la oposición parlamentaria para evitar que el Ejecutivo se vea forzado a vetar una ley que otorgaría el 82 por ciento móvil a los jubilados, iniciativa que calificó de “demencial”. Por su parte, el secretario de Programación Económica, Roberto Feletti, advirtió que las estimaciones que figuran en los proyectos opositores sobre los recursos necesarios y las fuentes de ingreso adicional para financiar la medida son inconsistentes. Tras el dictamen de mayoría alcanzado por el arco opositor en Diputados la semana pasada, la Comisión de Previsión del Senado tratará el tema el próximo martes 13 de julio.

“Quiero creer que la racionalidad va a triunfar en este caso, hay que buscar que no se tenga que vetar una cosa de estas características, porque es demencial”, arremetió el jefe de Gabinete. De todas formas, consideró que ése es el objetivo excluyente de la oposición. “Es el objetivo que están persiguiendo quienes ven la política como una mezquindad, nada más, y no como una ventaja para los viejos que tanto hicieron por nosotros. No lo ven como una solución”, apuntó Fernández.

El proyecto que impulsan la UCR, la Coalición Cívica, el PRO, el PJ disidente y el Partido Socialista contempla el incremento de la jubilación mínima desde 895,10 hasta 1230 pesos. Hoy perciben ese haber el 75,5 por ciento de los beneficiarios. El funcionario señaló que las caras visibles que impulsan la medida son el senador radical Gerardo Morales y la diputada de la CC Patricia Bullrich: “Ellos son los que le sacaron del bolsillo a la gente un 13 por ciento y lo justificaban”. A su vez, consideró imposible la aplicación de los cambios que pretende introducir el arco opositor y reconoció que, dadas las características demográficas y sociolaborales del país, será necesario replantear la estructura de financiamiento de la seguridad social a mediano plazo.

Los diputados de la CC cruzaron al ministro Fernández: “El veto a una ley que garantice una jubilación digna es lo demencial. La Anses tiene los recursos para solventar el aumento y la recomposición de las jubilaciones. No hay justificación para no destinar los recursos del sistema previsional a los jubilados”, apuntó la legisladora Fernanda Reyes.

La iniciativa, que impulsan desde el bloque que encabeza Elisa Carrió, no estipula ninguna fuente de financiamiento para los cambios en el sistema de la seguridad social. En ese sentido, el viceministro de Economía, Roberto Feletti, remarcó que ningún proyecto para elevar las jubilaciones exhibe “un cálculo consistente”. El funcionario apuntó que “para enfrentar su fragmentación, la oposición se pone de acuerdo en querer aumentarles a los jubilados; pero no se ponen de acuerdo en cómo”.

El proyecto de la oposición no estipula el origen de los recursos, y las estimaciones sobre el costo de la medida varían ampliamente según quién realice el cálculo. Algunos sectores proponen liquidar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses y utilizar el superávit del organismo. Desde la entidad que encabeza Diego Bossio, apuntan que esa iniciativa es inconsistente con la posición de los senadores que buscan derogar la transferencia del 15 por ciento de los fondos coparticipables hacia la seguridad social. En tanto, un reducido grupo de legisladores plantea la necesidad de elevar las contribuciones patronales reducidas por Domingo Cavallo en los ’90.



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Martes, 6 de julio de 2010
ECONOMIA › CRECIO LA COBERTURA PREVISIONAL Y LA RED DE PROTECCION SOCIAL
Plata para jubilados y muchos más

Nueve de cada diez personas en edad de jubilarse logran acceder a ese derecho, mientras que en 2003 casi la mitad no recibía ningún ingreso. La Anses también paga la asignación por hijo a 3,7 millones de niños y casi un millón de pensiones no contributivas.



Por David Cufré

La cantidad de personas que lograron acceder a la jubilación en los últimos cinco años creció de manera sostenida gracias a las moratorias que implementó el Gobierno. El sistema previsional pasó de tener 3.185.000 jubilados y pensionados en 2003 a 5.585.000 en la actualidad. La medida logró incluir a 2.350.000 adultos mayores, quienes pasaron a contar además con la cobertura asistencial del PAMI. Antes de esa decisión, casi la mitad de los argentinos en edad de jubilarse quedaba afuera de ese derecho. Sin ingresos, la pobreza estaba haciendo estragos en el sector.

Ahora, la cobertura previsional alcanza a nueve de cada diez mujeres de más de 60 años y hombres mayores de 65. Es la tasa más alta de América latina. Las moratorias buscaron dar respuesta a un problema de marginalidad creciente. Esa política de orientación universal se profundizó el año pasado con la creación de la asignación a la niñez.

El sistema de seguridad social está atendiendo diversas situaciones de exclusión social generadas en los años de la convertibilidad. Además de ampliar el número de jubilaciones y pensiones hasta casi 5,6 millones, la Anses está pagando la asignación por hijo a más de 3,7 millones de chicos. También hubo un aumento muy marcado en los beneficiarios de pensiones no contributivas. Este año cobrarán esa pensión asistencial 915 mil personas, contra 787 mil de 2009. La cobertura viene creciendo desde 2004. Ese año se liquidaron 353 mil pensiones. Es decir que el número de beneficios casi se triplicó en el período. Las pensiones no contributivas las cobran personas con invalidez, diversas dificultades físicas y madres con siete o más hijos, entre otros.

A pesar del significativo aumento en la carga de prestaciones que debe atender el organismo de la seguridad social, sus cuentas siguen arrojando superávit. En 2009, la Anses acumuló un excedente de 3809 millones de pesos. Esos ahorros, sin embargo, están muy lejos de alcanzar para cubrir el 82 por ciento móvil de las jubilaciones mínimas que plantea un amplio sector de la oposición con distintos proyectos de ley (ver página 10). El año pasado sus gastos ascendieron a 103.721 millones de pesos, en tanto que los ingresos llegaron a 107.530 millones. El ministro de Economía, Amado Boudou, estimó que llevar la jubilación mínima al 82 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil tendría un costo para el organismo de 22.406 millones de pesos al año. El diputado Claudio Lozano, de Proyecto Sur, calculó una cifra menor, pero igualmente significativa: 16.000 millones.

Para llevar el 82 por ciento móvil a todas las jubilaciones y pensiones, la Anses necesitaría refuerzos presupuestarios por 140.111 millones de pesos. La mayor parte de la oposición no dio detalles sobre cómo afrontar los mayores costos. Sólo hubo alguna sugerencia a encarar una reasignación de partidas del presupuesto o utilizar los ahorros por 149.000 millones de pesos que tiene la Anses. Se trata del dinero absorbido por el Estado cuando dejaron de operar las AFJP –en realidad eran 98.000 millones y la gestión pública los hizo crecer más de 52 por ciento–, pero su utilización alcanzaría para cinco o seis años. El Gobierno descartó la idea de financiar un flujo de gastos con un stock de ahorros que se terminaría a corto plazo, además de advertir que su liquidación a las apuradas ocasionaría un grave perjuicio económico, con pérdidas estimadas en 74.000 millones de pesos. Lozano, en tanto, planteó que habría que restablecer los aportes patronales para grandes empresas al nivel que tenían en los ’90, aunque no hizo mención a que difícilmente sus nuevos aliados de la oposición lo acompañarían en la propuesta.

La Anses ya está recibiendo ayuda del Estado nacional y de los Estados provinciales para hacer frente a todas las prestaciones. No es “la plata de los jubilados”, como se menciona habitualmente, sino recursos de la seguridad social. Los aportes de los trabajadores activos para la jubilación alcanzan a financiar sólo el 58,9 por ciento de los gastos de la Anses, mientras que el 40,6 por ciento es soportado por la Nación y las provincias al ceder recursos de la recaudación de impuestos. El 0,5 por ciento restante surge del rubro rentas de la propiedad.

El año pasado, sobre 107.530 millones de pesos de ingresos de la Anses, 63.335 millones fueron aportes previsionales, pero 43.657 millones fueron girados por los gobiernos nacional y provinciales. Estos últimos resignaron 18.280 millones de pesos que les correspondían de la coparticipación. Hacia el organismo de la seguridad social va una parte de la recaudación de los siguientes impuestos: IVA, Ganancias, Bienes Personales, Combustibles, Monotributo, Cigarrillos e Internos. Esta composición mixta del financiamiento de la Anses explica que sus obligaciones también sean variadas, debiendo responder al pago de jubilaciones y pensiones, pero también a otros sectores sociales como los menores de 18 años que cobran la Asignación Universal por Hijo.



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Diputados aprobó la movilidad jubilatoria
Ahora deberá ser tratada por el Senado

Noticias de Política: anterior siguiente Viernes 5 de setiembre de 2008 Publicado en diario de hoy
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Por Jaime Rosemberg De la Redacción de LA NACION

"Esta es la tapa que no queremos ver, y por suerte la de mañana va a ser distinta", gritó el titular del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, mientras agitaba un ejemplar de un diario de julio de 2001, encabezado con la frase "Jubilados: la UCR vota el ajuste a partir de los mil pesos". La bancada radical combinaba los movimientos de cabeza, las protestas y las miradas irónicas.
Eran las 3.20 de la madrugada y terminaban así más de ocho horas del debate parlamentario de la ley de movilidad previsional, que establece dos aumentos semestrales para los jubilados a partir de marzo de 2009.
Un debate con chicanas, pases de factura y final feliz para el oficialismo, luego de horas de tensión y desacuerdos que hasta motivaron la intervención de la presidenta Cristina Kirchner, para un proyecto pensado, en principio, para seducir a la clase media, enojada con el Gobierno desde la crisis con el campo.
El festejo, esta vez, fue medido, sin abrazos efusivos ni aplausos. Los 141 votos a favor alcanzaron para una holgada victoria, aunque los 78 votos en contra y las negociaciones de última hora derivaron en un resultado que estuvo lejos del " proyecto consensuado para nuestros jubilados", prometido por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.Al ver que ya no podrían convencer a los opositores, Rossi y la mendocina Patricia Fadel centraron sus esfuerzos en la unidad del bloque. Rossi prometió insistir ante la Casa Rosada para modificar la fórmula de cálculo de los aumentos jubilatorios. La inclusión del índice Ripte, que mide el Ministerio de Trabajo, en el proyecto oficial, fue fruto de la reunión en Olivos entre la presidenta Cristina Kirchner y los jefes de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky. Y determinó el apoyo, a la hora de votar, de 114 votos propios, y de algunos oficialistas que se resistían, como el bloque Encuentro Popular y Social, del socialista K Ariel Basteiro; la cobista Laura Montero, y monobloques como el de Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), que incluso presentó un proyecto alternativo.
Cuando se aseguró que tenía los votos, el oficialismo comenzó la sesión. "Este proyecto fue escrito por el enemigo, con una fórmula tramposa", se quejó Claudio Lozano (Proyecto Sur-Capital), mientras Adrián Pérez (Coalición Cívica-Buenos Aires) cuestionaba que "cada nuevo jubilado que se incorpora al sistema es una presión hacia la baja del dinero que perciben". Desde el oficialismo contestaron con repetidas críticas al radicalismo y la Alianza, que decretó la baja del 13 por ciento en las jubilaciones durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
"La Alianza fue quizás el gobierno más crítico que haya tenido nuestro país", gritó el kirchnerista sanjuanino Ernesto López, mientras diputados opositores miraban con ironía hacia el legislador, que durante años cobró una jubilación por invalidez mientras era asesor del gobernador José Luis Gioja.
"¡No puede ser lo que les están haciendo a nuestros viejos, que son nuestros padres!", gritó María América González (SI-Buenos Aires), ante un recinto semivacío.Cerca de la hora de votar aparecieron, como hongos, varias decenas de diputados kirchneristas. Envalentonado, Rossi hizo un largo discurso en el que fustigó a la Alianza y afirmó que el proyecto oficialista tenía "responsabilidad fiscal y social". No se aceptaron modificaciones al proyecto, ni siquiera el pedido de que el aumento a los jubilados empezara a regir con la sanción de la ley.

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1046791

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