Lo que circula por los medios

17 de julio de 2010

JUBILACION DIGNA, PROPUESTA INDECENTE - LOS JUBILADOS DEBEN SER NUESTRA PRIORIDAD


Hoy en la esquina de Scalabrini Ortiz y Santa Fe, habia afiches con este texto... y firma


jueves 8 de julio de 2010
LOS JUBILADOS DEBEN SER NUESTRA PRIORIDAD
Hoy en día, más de 4 millones y medio de personas mayores cobran la jubilación mínima, que es de $895,15.

Luego de tantos años de marginación, la situación de abandono en que se encuentran los jubilados se ha convertido en algo vergonzosamente normal y cotidiano.

El reclamo histórico del 82% móvil no fue prioridad para ningún gobierno. Por el contrario, los fondos previsionales siempre fueron utilizados para otros fines.

En mayo de este año, la Coalición Cívica – ARI presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para aumentar las jubilaciones y rediscutir el sistema previsional argentino.

En base a esa propuesta, el martes 29 de junio distintos diputados de la oposición firmaron un dictamen que establece las siguientes medidas:

1) Elevación de la jubilación mínima al 82% del salario mínimo, vital y móvil. Hoy el salario mínimo equivale a $1.500, por lo tanto, la jubilación mínima se elevará a $1.230.

2) Recomposición de los haberes previsionales según el caso “Badaro”. Para aquellos jubilados que estuvieron o están por encima de la jubilación mínima se les aplicará la movilidad del fallo Badaro, de 88,6% entre enero de 2002 y diciembre de 2006.

3) Modificación de la fórmula de movilidad actual. Se reemplazará por el Índice General de Salarios del INDEC.

En el mes de agosto, este proyecto se estaría votando en la Cámara de Diputados. El Gobierno Nacional sostiene que no hay fondos suficientes para pagar este aumento. Sin embargo, el dinero de la ANSeS es utilizado para financiar el gasto público y a empresas de dudosa o nula rentabilidad.

Por lo tanto, para que esta iniciativa se convierta en realidad es necesario el compromiso de todos.

Firmá por una jubilación digna para nuestros mayores

http://jubilaciondigna.blogspot.com/2010/07/los-jubilados-deben-ser-nuestra.html


 asociada: los jubilados son prioridad para la Presidenta

Los jubilados son una prioridad para nuestra Presidenta - 1 de julio de 2010

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SOBRE EL 82% - Jul 01

EL 82% MOVIL Y RETENCIONES DEL 13% A LAS JUBILACIONES - Jun 30 incluye conferencia Amado Bodou

CARLOS ESCUDE: nuestra batalla es contra la concentración del ingreso - Jul 12
PRIMERO LOS NIÑOS, ¿PERO DE DONDE SALE LA PLATA? -
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CARRIO TENDRIA QUE IR A HABLAR A LA JUSTICIA... ¿VOS QUE PENSAS? - Jul 17
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Jubilaciones: Boudou explicó por qué no se puede pagar el 82% móvil
El ministro de Economía argumentó el rechazo oficial a la iniciativa de la oposición que busca elevar al 82 por ciento móvil el pago de las jubilaciones. Junto a él estuvo el titular de la ANSES, Diego Bossio.


El ministro de Economía, Amado Boudou, se pronuncio en contra del proyecto del 82 por ciento movil en las jubilaciones y dijo que la propuesta de la oposición "no explica cómo se obtienen los recursos” para hacer frente a la propuesta.

El aumento de las jubilaciones "es una medida que deben mantener los Gobiernos en el tiempo, y no sólo este Gobierno, sino los siguientes”, argumentó Boudou al rechazar la iniciativa, durante su presentación ante un plenario de comisiones de la Cámara de Senadores.

Al término de la exposición del ministro, los bloques opositores del Senado avanzaron en la firma del dictamen del proyecto que busca elevar al 82 por ciento móvil el pago de las jubilaciones, en el marco de un plenario de las comisiones de Presupuesto y Previsión Social de la Cámara alta.

La firma del dictamen se concretó luego de que los senadores escucharan a Boudou, y el titular de la Anses, Diego Bossio. "Estamos asistiendo a dos proyectos, uno en Diputados y otro en el Senado, que buscan aumentar las erogaciones, sin correlato de dónde se sacarán esos recursos”, dijo Boudou, quien se presentó acompañado por el Director del ANSES, Diego Bossio, y el viceministro de Economía, Roberto Feletti.

El ministro argumentó que la iniciativa de Senadores implica un aumento adicional de la erogaciones en torno a los 22.400 millones de pesos anuales, y la de Diputados unos 30.085 millones, lo que generaría un déficit fiscal de dos puntos del PBI.

Recordó que en 1986, cuando gobernaba la Unión Cívica Radical se declaró la Emergencia Previsional porque el pago de la totalidad de las erogaciones del Estado derivaban en un deficit fiscal de dos puntos del PBI.

"Hay que tener cuidado en (generar) situaciones similares a las de la década del 80', que sabemos como terminaron”, dijo Boudou.

El ministro también apuntó a "las inconsistencias” en los planteos de los partidos de la oposición, "ya que por un lado hablan de aumentar las erogaciones, pero por otro lado tienen 13 iniciativas para derogar el impuesto al cheque, otras 7 para reducir las retenciones. Es decir, se pierden recursos”.

"Cuando uno ve todas estas medidas de manera conjunta, generarían un déficit de unos 80.000 millones de pesos al año”, advirtió.

Luego de haber hablado por espacio de 70 minutos, Boudou dio paso a la exposición del senador Socialista por Santa Fe, Rubén Giustiniani, uno de los legisladores que presentó el proyecto para aumentar las jubilaciones, quien dijo "reconocer el esfuerzo” de parte del Gobierno para aumentar las jubilaciones, "pero si uno lo compara con la realidad, uno se da cuenta que van perdiendo en relación con la inflación y los aumentos de los trabajadores en actividad”.

Giustiniani aseguro que, desde la oposición "creemos que es posible lograr” el aumento de la jubilaciones, y que en los argumentos del Gobierno "se mezclan cuestiones”.

"Por eso creemos que no estamos tan lejos, que no hablamos de cifras extraordinarias", indicó.

"Cuando hablamos de un ANSES rico con jubilados pobres, no exageramos”, dijo Giustiniani, para quien el debate "no debe ser una puja entre el oficialismo y la oposición: lo que tenemos es que sacar a los jubilados de la pobreza”.

Boudou rechazó esas proyecciones: primero redujo a solo 3.800 millones de pesos el superávit del ANSES contra los 8.000 millones que calculaba Giustiniani, y aseguró que "no es cierto que no se pague impuesto a la renta financiera porque se lo grava por Ganancias”

Ante estas respuestas, Giustiniani le preguntó si desde el Gobierno "se mantienen en el no se puede o abren una instancia de diálogo, para no esperar hasta septiembre cuando se haga un nuevo reajuste que será insuficiente”.

Al respecto Boudou declaró que desde el Gobierno "nunca hemos hecho oídos sordos para mejorar el sistema jubilatorio” y consideró que "existe una incomprensión técnica. Tenemos hasta incompatibilidad de los números. Nosotros seguimos expresando que hay que profundizar el camino que llevamos adelante y no generar falsas expectativas”.

Por su parte el titular de la bancada radical, Ernesto Sanz, destacó que el Gobierno tendrá este año un superávit fiscal, y que habrá un aumento de 100.000 millones en las erogaciones, y se preguntó si parte de ese gasto no permitiría pagar un eventual aumento de las jubilaciones.
Al respecto Boudou, dijo que la bancada opositora tendría que decir qué gasto, en educación, salud, o social, "se debe recortar para pagar el aumento a los jubilados".

Allí se produjo otro momento álgido, cuando Boudou volvió a cargar sobre lo hecho por el radicalismo en materia jubilatoria, a lo que Sanz le recordó su pasó por el liberal partido Unión de Centro Democrático (UCeDe).

A su turno, la senadora opositora María Eugenia Estenssoro, pidió que las cifras que maneja el ANSES y el ministerio de Economía, sean ajustadas por la inflación. Esto fue tomado por Bossio, quien recordó las palabras de la misma senadora, en el 2008, en contra de aumentar las jubilaciones porque no había
entonces recursos .

"No tenemos que pensar en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo”, dijo Bossio.
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Mañana hablarán en la comisión de presupuesto
Boudou y Bossio explicarán a senadores los problemas que traería instaurar el 82% móvil
12-07-2010 / El ministro de Economía y el titular de la ANSES concurrirán a la cita de la comisión de presupuesto. Tienen el mandato oficial de explicar la inviabilidad de la medida, pero sin sonar impopulares.

Boudou y Bossio irán la semana que viene al Senado a explicar el rechazo a la propuesta opositora
Por Ana Vainman

El ministro de Economía, Amado Boudou, y el director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, se presentarán mañana ante los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores para volver a explicar por qué instaurar el 82% del salario mínimo en los haberes jubilatorios generaría un impacto fiscal de casi $30.000 millones anuales. Significaría un déficit anualizado de 2,5% del PBI.

Los representantes del Poder Ejecutivo se embarcarán –justo un martes 13, cuando el refrán sostiene “no te cases ni te embarques”– en la delicada tarea de exponer que la propuesta de la oposición llevaría al desfinanciamiento del sistema de la seguridad social. Seguramente, los legisladores los acusarán de “sentarse sobre las joyas de la abuela”, es decir, de no querer hacer uso del dinero que posee el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para solventar el aumento de las jubilaciones. Y además, saben que deben balancear su discurso para no parecer reticentes a ayudar a mejorar los ingresos de los casi cuatro millones y medio de jubilados que hoy cobran el haber mínimo (895 pesos).

Boudou y Bossio ya ofrecieron una conferencia de prensa el día después del dictamen que plasmaba el borrador de la oposición y que llevaría el haber mínimo a 1.230 pesos.

Allí Boudou dijo que “sólo hay un país que paga a sus jubilados el 82% de los haberes que cobran los trabajadores en actividad, y ese es Luxemburgo”. Bossio se quejó: “Con las jubilaciones no se juega el juego electoral; si quieren ilusionar a los argentinos que lo hagan de otra manera”.

Según pudo saber Buenos Aires Económico, el argumento que los funcionarios esgrimirán mañana a las 15 no diferirá demasiado de aquel que expusieron en el microcine del Ministerio de Economía, donde presentaron un extenso power point con todos los números que sustentan su tesis.

Con distintos tonos y frases, diferentes ministros y funcionarios de primera línea de la administración central han intentado hacer saber que esta posibilidad es “inviable”, pero también se mostraron interesados en recordar que este Gobierno “se ocupó de los jubilados como ningún otro en los últimos treinta años”.

Es que desde las oficinas del Palacio de Hacienda y de otros organismos –además de varios economistas– se afirma que en la cabeza de muchos senadores y políticos de la oposición que proponen pagar un posible aumento de los haberes con el dinero del FGS hay una confusión entre flujo y caja.

“Es ridículo pagar un flujo con un stock, a menos que lo hagas por única vez. Este año lo pagás, pero ¿con qué lo pagás dentro de cinco años?”, sentenció el economista jefe del Ferreres y Asociados Fausto Spotorno, en diálogo con este diario.

Desde la oposición se critica el uso “discrecional” del dinero contenido en el Fondo de Garantías y se afirma que se convirtieron en la “cajita feliz” del Gobierno. Pero, más allá de que pueda discutirse acerca de la conveniencia o no de invertir en determinados rubros, lo cierto es que cuantitativamente el FGS creció 52% en dieciséis meses y cualitativamente cambió la composición de la cartera para acercarla a la economía real y alejarla de la timba financiera que practicaban las AFJP.

La comisión de previsión social de la Cámara alta emitió, el 30 de junio pasado, un dictamen de mayoría a un proyecto unificado que prevé un aumento en las jubilaciones al reajustar los haberes al 82% móvil del salario mínimo vital y móvil de los trabajadores, lo que llevará el haber mínimo a $1.230, en lugar de los 895 que cerca del 80% de los jubilados percibe actualmente.

El expediente firmado en Previsión consta de 17 artículos, entre los que se encuentran una recomposición de haberes que se realiza a través de lo dispuesto por los fallos Sánchez y Badaro y un reemplazo de la fórmula de movilidad por la aplicación del índice de salarios o del índice RIPTE (remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables), según el que resulte más conveniente para el beneficiario.

Pero además, allí se afirma que el haber mínimo y la recomposición de los haberes serán financiados por los recursos totales de la ANSES, el Fondo de Garantía y la restitución de las contribuciones patronales que se eliminaron en 1993.

Ahora falta ver si se produce dictamen en la comisión de presupuesto para que luego la iniciativa se trate en el recinto. Lo que sí se sabe es que aun cuando la oposición esté apurada por conseguir la discusión en el pleno de la Cámara, ésta no llegará hasta después del receso invernal.
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Sábado, 3 de julio de 2010 | Hoy
ECONOMIA › PANORAMA ECONOMICO
82 por ciento móvil


Por Alfredo Zaiat

El 17 de octubre de 1958, en el gobierno de Arturo Frondizi, se publicó en el Boletín Oficial la ley 14.499 de apenas 22 artículos. El segundo de esa norma estableció que “el haber de la jubilación ordinaria será equivalente al 82 por ciento móvil, de la remuneración mensual asignada al cargo, oficio o función de que fuere titular el afiliado, a la fecha de la cesación en el servicio o al momento de serle otorgada la prestación, o bien al cargo, oficio o función de mayor jerarquía que hubiese desempeñado”. Este régimen estuvo en vigencia apenas 5 años de una historia previsional de por lo menos 106, que tuvo su inicio institucional en 1904 con la ley 4349 que creó la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los empleados públicos. Luego el sistema se amplió con los ferroviarios en 1915 y desde entonces se fueron sumando otras actividades hasta su generalización y estatización durante la gestión de Juan Domingo Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión y después en su primera presidencia.

Ese 82 por ciento móvil para las jubilaciones y el 75 para los pensionados se convirtieron en un reclamo histórico de fuerzas políticas del progresismo, de la izquierda y de organizaciones sociales vinculadas a la clase pasiva. Ese pedido ha actuado como interpelación a diferentes gobiernos democráticos que dispusieron la emergencia previsional, el congelamiento del haber por más de diez años, la disminución de las contribuciones patronales, el pago de sentencias judiciales con bonos de vencimiento a diez años o directamente la reducción nominal del 13 por ciento de las jubilaciones. Era una forma de expresar la exigencia de mejoras en los haberes y el repudio a decisiones políticas que implicaban violentar el derecho de los jubilados a tener un ingreso digno.

Los proyectos presentados en el Congreso y aprobados en comisión por diversas corrientes de la oposición, con nulo debate entre legisladores y exclusión de la opinión de funcionarios y especialistas en la materia, tienen esa impronta de bandera política, como también una burla al debate democrático tantas veces reclamado. El columnista político de este diario Mario Wainfeld explicó con sagacidad en la edición del jueves pasado que la oposición se indigna por la eventualidad de una vetocracia mientras genera las condiciones para incitarla. “A eso huele la implantación del 82 por ciento móvil, impulsada por partidos que gobernaron el país largos años y jamás se plantearon algo semejante”, sentenció. Pero a diferencia de la situación de décadas pasadas, cuando la demanda del 82 por ciento móvil era para protestar por la marginación de la clase pasiva, la administración kircherista no se encuentra en desventaja en términos de gestión en relación a ese tema. A su favor cuenta el de haber puesto fin al escandaloso negocio financiero de las AFJP con el aporte previsional de los trabajadores; haber dispuesto sucesivos aumentos de las jubilación mínima hasta acumular un alza del 497 por ciento desde 2003; haber impulsado la movilidad automática dos veces al año independientemente de los gobiernos de turno; y el de haber ampliado la cobertura previsional del 57 al 90 por ciento, incorporando 2,4 millones de nuevos jubilados con una moratoria flexible.

De todos modos, resulta legítima la disputa política alrededor del 82 por ciento móvil y cada sector recibirá apoyos o rechazos según la percepción social sobre intenciones y posibilidades en el sensible tema jubilatorio. El ilusorio salariazo de Carlos Menem en la campaña electoral del ‘89 es un oportuno antecedente para evaluar la responsabilidad política sobre iniciativas que generan expectativas en grupos vulnerables que posteriormente se frustran.

En ese campo de la política, delimitado los intereses en pugna, aparece la cuestión del financiamiento. Expertos previsionales de tendencias diversas explican que el 82 por ciento móvil para todas las jubilaciones no es un régimen sustentable más allá de que se pueda cumplir durante algunos pocos años. En forma acotada, como se plantea en uno de esos proyectos al vincularlo al salario mínimo vital y móvil, incorporaría otro factor de indexación, que requeriría una evaluación rigurosa sobre sus efectos en la economía y no sólo considerar la posibilidad de obtener fondos adicionales con el alza de las contribuciones patronales. Además, se relacionaría el haber mínimo con un salario piso para la discusión de paritarias, sin correspondencia con el esquema de financiamiento del régimen previsional. Los economistas Laura Goldberg y Rubén Lo Vuolo estimaron que el valor de la jubilación mínima debería ser calculado en base al piso mínimo de la pobreza para las personas en edad pasiva, lo que requiere de un adecuado cálculo, descartando el que se define en términos generales. Las asignaciones monetarias indirectas (por caso, beneficios sociales del PAMI) y una canasta de bienes más complejas (mayor gasto en medicamentos) exigen una estimación particular. Goldberg y Lo Vuolo señalan, además, que el beneficio es individual, por lo que una pareja en edad de jubilarse gozaría de dos haberes, constituyendo un hogar con un panorama un poco más desahogado.

Tanto en países desarrollados como en los periféricos los sistemas previsionales se encuentran bajo proceso de revisión. Varios son los motivos que explican esa situación, entre ellos, el envejecimiento poblacional y la inestabilidad laboral. El desempleo, la informalidad y la flexibilidad laboral ponen bajo tensión al sistema jubilatorio. Cuando se desarrollaron los esquemas previsionales las economías registraban elevados niveles de empleo, con la característica de una gran estabilidad lo que otorgaba cierta previsibilidad al financiamiento del sistema y a los haberes. La relación aportante/beneficiario era muy favorable para contabilizar superávit en las cuentas de ese régimen. Ese saldo positivo se fue deteriorando por la evolución descripta del mercado laboral y de la estructura poblacional.

Este problema del financiamiento del sistema previsional, o sea su solvencia intertemporal, se ha estudiado en profundidad. Ignorarlo o confundir stock (fondo de garantía de sustentabilidad de la Anses) y flujo (aportes previsionales de los trabajadores) sólo (des)califica a los autores de proyectos y sus adherentes que pretenden ganarse la simpatía de los jubilados con una estrategia política poco decorosa. En esta instancia, develado el objetivo político y expuesto el problema estructural de financiamiento, resulta interesante abordar el concepto previsional que implica el 82 por ciento móvil, porcentaje tan apreciado por fuerzas políticas enroladas en la defensa de los intereses de los sectores más frágiles. Los economistas Laura Goldberg y Rubén Lo Vuolo se atreven a cuestionarlo, proponiendo un sistema superador que seguramente provocaría la resistencia de muchos. En el libro Falsas promesas. Sistema de previsión social y régimen de acumulación plantean que “la reforma de cualquier sistema de previsión social no debe entenderse sólo como la búsqueda de un modo más eficiente de relacionar la institución con el bienestar de las personas. Debe entenderse también, y fundamentalmente, como parte de una estrategia que busca modificar la articulación entre el sistema de previsión social y los procesos de acumulación de recursos económicos y políticos”. Esa estrategia en el orden económico “es para modificar el patrón distributivo y los procesos de reproducción del capital”. Y en el orden político es “para impactar en la definición de ciudadanía”. En base a esos contundentes objetivos, sostienen que “la prioridad de un nuevo sistema de previsión social para la Argentina debería ser el pago de un beneficio universal e incondicional al que tengan derecho todas las personas que alcancen una determinada edad, independientemente de sus registros contributivos”.

Este provocador criterio de una jubilación básica igual para todos recibiría seguramente una fuerte resistencia porque en la sociedad está arraigada la idea de recibir en función a lo que se ha aportado. En ese punto, emerge el concepto del 82 por ciento móvil que Goldberg y Lo Vuolo observan, sin mencionar ese porcentaje, al señalar que “un modelo totalmente contributivo donde los beneficios se vinculan estrechamente con los ingresos de las personas, el patrón de distribución en la pasividad es más regresivo que la distribución antes del retiro”. Explican que “esto se debe a que este tipo de diseño previsional combina la reproducción de la desigualdad en la distribución de ingresos existentes con el efecto de la cobertura (previsional) incompleta”. En base a esa línea argumental se concluye que la tradicional demanda del 82 por ciento móvil para las jubilaciones se traduce en la convalidación de una regresiva pauta distributiva de los ingresos.

Décadas de postergación de la clase pasiva establecieron que aún persisten asignaturas pendientes en relación al monto del haber mínimo, que hoy alcanza al 50,6 por ciento del salario medio. Continuar con la política de aumentar esa suma, acelerar el pago de las sentencias judiciales por actualización y apurar una definición política para cumplir el fallo Badaro, entre otras, se presentan como parte de esa agenda. El necesario proceso de seguir mejorando las condiciones de vida de los jubilados transita por una carril diferente al de la especulación política mediática sobre el 82 por ciento móvil.





 ACORDATE PATRICIA!!! ACORDATE, TENE MEMORIA!!! incluye videos - y mirá que mostró cada canal?? recortes... son recortes...


MENSAJES DE TEXTO... INCREIBLE LO DE BULLRICH... 

jubilaciones - ‘Jubilados: La UCR vota el ajuste a partir de los 1000 pesos‘, rezada el principal titular de un diario del 27 de julio de 2001.Con los brazos en alto, Rossi expuso la tapa del matutino y se la dedicó especialmente a la legisladora de la CC, Patricia Bullrich, quien fuera ministra de Trabajo del ex presidente Fernando de la Rúa.
"Esta es la tapa que no queremos ver, y por suerte la de mañana va a ser distinta", gritó el titular del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, mientras agitaba un ejemplar de un diario de julio de 2001, encabezado con la frase "Jubilados: la UCR vota el ajuste a partir de los mil pesos".



La UCR subirá a $1.000 el piso del ajuste a jubilados

REPETITION : AYER Y HOY CACEROLEANDO CON EL OMBLIGO - Fue en julio de 2001, cuando la entonces ministra de Trabajo tenía otra posición respecto de las retenciones. En ese momento se paseaba por los canales de televisión para defender la “retención” o el recorte de 13 por ciento en las jubilaciones y en los sueldos de los empleados públicos. El entonces presidente Fernando de la Rúa había emitido un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para practicar el descuento, con la firma de Bullrich y el resto del gabinete.
Bullrich a los gremios y las organizaciones sociales.

Una crónica de aquellos día relataba lo siguiente: “La ministra reconoció el ‘derecho a protestar’ de los trabajadores, pero sostuvo que no le parece bien que corten rutas. ‘Si no desisten de esa modalidad, el gobierno va a tener que actuar’. Bullrich añadió que ‘si hay un grupo político que se quiere organizar y está en contra del ajuste puede hacer una marcha, un acto, puede hacer distintas cosas porque eso está permitido en la Argentina, pero lo que no me parece bien es que se corten las rutas’. Las medidas de protesta ‘no deben rozar el orden público’, reclamó”.

“Los diputados radicales salieron a anunciar su ‘triunfo’ por las radios y a la tarde Bullrich los sorprendió al decir que la plata no alcanzaba y que el recorte seguiría siendo sobre las jubilaciones por arriba de 500 pesos”, señalaba la nota de PáginaI12 de aquel momento. “La ministra Bullrich está confundida. Cree que todo tiene que aprobarse sin discusión, sin intercambio de opiniones”, le reprochó el entonces diputado radical Eduardo Santín. Cuando el proyecto llegó al Senado, el bloque justicialista empezó a poner reparos para conceder quórum. El gobierno le pidió que se presentara a la sesión y perdiera la votación. El propio De la Rúa les envió una carta de puño y letra a 69 legisladores en la que les reclamaba una “pronta sanción” de la ley porque “cualquier demora traería consecuencias negativas para el país”. El presidente aseguró que no se podían introducir modificaciones al proyecto, que debía votarse a libro cerrado. De la Rúa planteó que la rebaja de 13 por ciento era “innegociable”. Al final, consiguió lo buscado. Un año después, la Justicia consideró que el descuento había sido inconstitucional y ordenó reintegrar el dinero.


MENSAJES DE TEXTO... INCREIBLE LO DE BULLRICH...



Ayer y hoy - CACEROLEANDO CON EL OMBLIGO una foto instantanea de la sociedad!!

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Te mienten: UNA MANIOBRA ELECTORAL texto que también lo podes ver en este post: CRISTINA SOMOS NOSOTROS, TODOS NOSOTROS parte 1 - Mar 12

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La pequeña revolución mediática de Cristina Kirchner
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Martes, 6 de julio de 2010
ECONOMIA › OPINION
Subir jubilaciones es justo y posible


Por Martín Sabbatella, Carlos Heller, Ariel Basteiro, Vilma Ibarra y Jorge Rivas *

El aumento de la mínima jubilatoria al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil es un reclamo absolutamente justo y un objetivo que es posible alcanzar. Para ello es necesario generar un debate amplio y democrático sobre la forma de financiación, que debe estar exento de mezquindades, especulaciones y falsos posibilismos; un debate profundo como el que supimos darnos en los últimos tiempos con algunas leyes importantes, como la de Servicios de Comunicación Audiovisual o la de matrimonio entre personas del mismo sexo; escuchando las opiniones de actores sociales, económicos, académicos, representantes de organizaciones del sector y especialistas.

Es importante que desde el Congreso abramos una discusión responsable, orientada a establecer el histórico porcentaje del 82 por ciento móvil en las jubilaciones mínimas; con un beneficio directo sobre el 72 por ciento de los trabajadores jubilados, que pasarán de los 895 pesos actuales a 1230 pesos de haber mensual. Ese reclamo, que ha sido bandera de los sectores populares desde hace más de medio siglo, encuentra hoy un contexto más que apropiado para concretarse, a partir de que se consiguió organizar un esquema previsional inmensamente más justo, abarcativo y solidario que el existente hasta hace menos de una década, mejorando la recaudación y la gestión de la Anses, terminando con el negocio especulativo de las AFJP, ampliando la cobertura a 2,4 millones de personas que estaban privadas de ese derecho, brindando aumentos que rondaron casi un 500 por ciento desde el 2003 y estableciendo por ley una actualización semestral de los haberes. Todos esos pasos, que desde Nuevo Encuentro compartimos y apoyamos, merecen ser continuados con una medida redistributiva como ésta, de enorme impacto económico y social en el país y que cobra aún más importancia luego de que en Argentina se recuperó la discusión periódica sobre el salario mínimo, vital y móvil.

Somos conscientes de que esta propuesta es enarbolada también por dirigentes que persiguen otros objetivos, más vinculados a perjudicar la gestión del Estado por parte del gobierno nacional que a concretar el merecido sueño de quienes trabajaron y hoy no tienen ingresos suficientes. Esos dirigentes –integrantes de expresiones políticas que, cuando gobernaron y también desde funciones legislativas, se encargaron de destruir el sistema previsional, vaciar la Anses y el PAMI, recortar los haberes y regalarles un jugoso negocio a los bancos a través de la creación de las AFJP– son los mismos que cada vez que pueden le niegan al país la posibilidad de consolidar un esquema tributario más justo, tal como quedó expresado en 2008 con el debate sobre las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario. El cinismo, la hipocresía y la especulación de aquellos dirigentes –reunidos en el Congreso bajo la identificación de Grupo A– pueden llevar a que un reclamo justo y posible de ser implementado derive en un grave daño en el corto, mediano y largo plazo, que afectará sobre todo a los sectores de menos recursos, incluidos los propios jubilados a los que se dice querer amparar con la medida. Para decirlo con mayor claridad y con el respaldo de economistas serios de nuestro país: si la puesta en marcha del aumento del 82 por ciento móvil en los haberes que perciben tres de cada cuatro jubilados no va acompañada de una reforma tributaria inmediata que amplíe las fuentes de ingresos del Estado nacional, el perjuicio que se les imprimirá a las cuentas públicas será inmenso y terminará impactando en quienes menos tienen y más necesitan de las políticas públicas.

Mientras que la receta de la derecha siempre es la misma –quitarle recursos al Estado y no tocar o ampliar los márgenes de ganancias de los grupos más enriquecidos–, los sectores progresistas, del campo nacional y popular, de la izquierda democrática, más allá de nuestras pertenencias partidarias, debemos ser capaces de no quedar rehenes de quienes, mediante propuestas demagógicas, avanzan con el único objetivo de que Argentina retroceda, de que el país vuelva a la avenida del ajuste, del endeudamiento y de la profundización de la desigualdad. Una medida económica y social positiva, implementada sin encontrar los instrumentos de financiamiento que la hagan factible y durable, es la antesala de una crisis fiscal, un escenario gravísimo para quienes menos tienen y un terreno fértil para que esos sectores conservadores vuelvan a consagrar sus privilegios.

Por eso, desde Nuevo Encuentro impulsamos la restitución de las alícuotas de los aportes patronales a los niveles previos a 1993, aplicando medidas específicas para no impactar negativamente en pequeñas y medianas empresas. Esos aportes fueron recortados con el argumento de que achicar los costos empresarios favorecería el trabajo registrado. La realidad, como suele ocurrir, demostró la hipocresía de esa excusa, cuyo propósito real era ampliar los márgenes de ganancias y la desigualdad: en 1993, durante la gestión de Carlos Menem y la supremacía del paradigma neoliberal, el trabajo informal alcanzaba al 23,8 por ciento de la población económicamente activa, mientras que diez años después había llegado a casi el 60 por ciento. Restituir los aportes patronales, como una fuente legítima de financiamiento, es un reclamo que desde hace años realizan legisladores y dirigentes de nuestro espacio, y se trata de uno de los aspectos salientes del “blindaje social” planteado por Hugo Yasky y la Central de Trabajadores Argentinos que lidera.

Es necesario avanzar sobre el trabajo en negro para ir reduciendo la persistente informalidad. Eso, además del objetivo principal de revertir la situación de trabajadores y trabajadoras que hoy sufren la falta de cobertura por salud o por despido, permitiría incorporar más aportantes al sistema de seguridad social. Desde la salida de la convertibilidad se ha avanzado en esa dirección. De hecho, los aportantes pasaron de 5 millones en el primer trimestre de 2003 a casi 8,4 millones en el último trimestre de 2009. Pero aún más de un tercio de los trabajadores –según la edulcorada mirada del Indec– están “en negro”, padeciendo las graves consecuencias de esa condición laboral.

Además, insistimos en la necesidad de transformar responsable, paulatina y progresivamente toda la pirámide tributaria, de manera de eliminar privilegios injustos que tienen sectores económicos con altísima rentabilidad, como es el caso de la especulación financiera, el juego o la minería, entre otros; en el marco de ir construyendo una nueva matriz productiva y distributiva más justa.

El Gobierno está en condiciones de promover esos cambios, sin ampararse en falsos posibilismos. Es necesario profundizar el rumbo iniciado en 2003 con medidas redistributivas como ha sido la Asignación Universal por Hijo/a o esta que impulsamos, nosotros desde las convicciones y otros desde la especulación. Es fundamental evitar que los derechos de quienes menos tienen sean manipulados por los sectores de derecha que sólo buscan generar crisis política y social, como las que produjeron innumerables veces a lo largo de la historia de nuestro país.

Bloque de diputados nacionales de Nuevo Encuentro Popular y Solidario.



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APORTAN A LA CAJA - LA CAJA Y LA EVASION



La evasión afecta a los jubilados... al País y a nuestro futuro.
La evasión se significa como meter la mano en la caja de los jubilados... y en los sectores carenciados...
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Del Diario critica:
La ANSES tiene dos grandes fuentes de ingresos: los tributarios (que paga la población en general) y las contribuciones de seguridad social (que aportan los propios beneficiarios y sus empleadores).

Aportan a la “caja”:

–Ingresos Tributarios.
–11% del IVA. –120 millones del Impuesto a las Ganancias, más del 20% del total que se recaude. -El 15% de la masa de recursos coparticipables.
-El 21% del impuesto a los combustibles líquidos (naftas).
-El cien por ciento del gravamen al gasoil, diesel, querosén y gas natural comprimido.
–El cien por ciento del adicional sobre los cigarrillos denominado “de emergencia” y transitorio pero que sigue y seguirá vigente.
–El 70% del monotributo.
fuente.
http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=18449

Mientras tanto nadie se queja de los que evaden impuestos... y contribuyen a la inseguridad...

VER: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/130458-41997-2009-08-23.html

VIDEO.
http://www.youtube.com/watch?v=lqgShJAmVjc



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Miércoles, 31 de marzo de 2010 | Hoy


EL PAIS › LA VISITA DE BOUDOU AL SENADO DERIVO EN UN FUERTE CONTRAPUNTO CON EL RADICAL MORALES
Cruces entre el ministro y el senador

El titular de Economía dijo que el uso de reservas para pagar deuda será “beneficioso” para el país. Morales amenazó con iniciar acciones penales contra


Por Sebastian Abrevaya

Lejos de la discusión técnica, la visita del ministro de Economía a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado derivó en una dura pelea política entre la oposición, encabezada por el titular del bloque radical, Gerardo Morales, y el oficialismo, representado por Amado Boudou y el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto. Tras unos cuestionamientos puntuales de la cobista Laura Montero, Morales lanzó un fuerte discurso en el que amenazó con acciones penales contra quienes firmaron el decreto de creación del Fondo de Desendeudamiento, calificó los planes de cooperativas que impulsa el Gobierno como formas para reclutar “ejércitos de rehenes” y machacó sobre “la mentira” y la “intervención” del Indec. Boudou no se quedó atrás, ratificó que volvería a firmar el decreto y le recriminó a Morales ser parte del gobierno de la Alianza, que “fue un desastre” y tuvo que irse en helicóptero. “Como ahora no pueden llevarnos al desastre, porque no son la actual administración, quieren llevarnos al desastre poniendo palos en la rueda”, retrucó.

Más de cinco horas duró la visita del ministro de Economía, quien había prometido ya dos veces asistir al Senado, pero, finalmente, recién ayer cumplió su palabra. En su exposición hizo una férrea defensa del uso de reservas del Banco Central para pagar deuda pública y también justificó la utilización de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en lugar de un proyecto de ley. “El uso de reservas para cancelar los vencimientos de la deuda no sólo es razonable, también es beneficioso y esto quedó demostrado en los mercados financieros”, dijo Boudou, convocado por el titular de la comisión, Eric Calcagno. El ministro precisó que con la diferencia de tasa de interés entre el financiamiento externo y el que obtiene el BCRA por sus depósitos en Basilea “la Argentina se ahorrará unos 800 millones de dólares anuales”.

Más de una decena de funcionarios acompañaban al titular del Palacio de Hacienda, aunque sólo habló el secretario de Programación Económica, Roberto Feletti: “Hicimos seis simulaciones, incluyendo el pago de la deuda con reservas. En todas hay excedente de reservas. Nosotros no dudamos, hacemos los cálculos y proponemos las medidas”, dijo tras detallar cada uno de los escenarios.

El clima cambió cuando el jefe de los senadores radicales, Gerardo Morales, hizo uso de la palabra. “Inflación, su medición y la situación del Indec es el punto central, ya que en la medida en que se siga mintiendo el mundo no nos cree”, aseguró. El senador jujeño pidió que se vuelva a discutir la Ley de Presupuesto y cuestionó la política social del gobierno nacional. Dijo que las cooperativas de viviendas apoyadas por el Estado representan un “ejército de rehenes” que es utilizado por el kirchnerismo. Y al referirse al Fondo de Desendeudamiento aseguró que “va a haber denuncias penales” contra los funcionarios que firmaron el DNU 298/10 por haber “eludido una resolución judicial”.

El ministro de Economía recogió el guante y le replicó que no se imaginaba que lo amenazarían con una denuncia penal, pero que de todas formas –dijo– “volvería a firmar el decreto”. Boudou fue más allá y recordó el pasado como viceministro de Desarrollo Social de la Alianza que pesa sobre el ex presidente de la UCR. “Hay una administración que fue un desastre y que se fue en helicóptero. Ustedes, que vinieron con el ajuste del 13 por ciento a los jubilados y a los docentes, ¿a dónde quieren llevar el desastre?”, insistió. Morales intentó responder las acusaciones, pero tuvo que esperar su turno para volver a hablar. “Es curioso –continuó Boudou– que el Megacanje se realizó por decreto y ahora son los mismos los que se rasgan las vestiduras por el DNU de la Presidenta.”

Después de las réplicas del ministro, al momento de su segunda intervención, Morales prefirió bajar un poco el tono. El radical reconoció como “imperdonables” medidas económicas como el descuento a los jubilados y se hizo cargo de su función como viceministro de la Alianza. De todas maneras, aseguró que el actual gobierno debe hacerse cargo “de la inflación como materia pendiente de solución; del innecesario conflicto con el campo; de los sobreprecios a la obra pública; de la efedrina para el financiamiento de la campaña electoral de 2007; de la bolsa con plata en el baño de la ministra Miceli”.

Al retomar la palabra, Amado Boudou redobló la apuesta: “Usted dice que se hace cargo, 40 millones de personas son las que hoy se tienen que hacer cargo y eso es trágico”. El ministro de Economía insistió con el recorte al presupuesto educativo que impulsó el gobierno de Fernando de la Rúa y, luego, esquivó otras cuestiones puntuales que requirieron otros senadores.

En un encendido discurso, Miguel Angel Pichetto cerró la reunión con un llamado a la oposición para que “deje de meter palos en la rueda para derrocar al Gobierno”. “Ustedes dejen de gobernar con DNU”, gritó, otra vez, Morales. Así terminó un fuerte contrapunto, pleno de chicanas políticas y escaso de discusiones económicas. Al salir, los que todavía no lo sabían se enteraron de que la Justicia acababa de habilitar el uso de reservas del BCRA para el pago de deuda.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-143004-2010-03-31.html

agregado 
12 08 2010 info de Twitter:http://twitter.com/Comobolido/status/21002332286
Como para saber bien quiénes se opusieron a la Movilidad Jubilatoria, y ahora piden el 82% sin financiamiento http://bit.ly/c56wHR

http://www.adclegislativo.org.ar/vervotossenadores.php?iddocumento=9253&distribucion=partido

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