Lo que circula por los medios

8 de agosto de 2010

UN PAIS PARA POCOS - EJES: EVASION, DESIGUALDAD, EXCLUSION Y PODER - HABLEMOS DE RETENCIONES Y MODELOS


POST ACTUALIZADO

Domingo, 08 de agosto de 2010 
ECONOMIA › UN INFORME INTERNO DE LA AFIP REVELA EL ALTO NIVEL DE EVASION IMPOSITIVA Y PREVISIONAL EN LOS SECTORES MAS RENTABLES DEL AGRO
En el campo las espinas, la evasión y el empleo en negro


El informe técnico al que tuvo acceso Página/12 da cuenta de una evasión cercana al 70 por ciento en el impuesto a las Ganancias para los tres cultivos principales. Y un porcentaje similar de trabajo en negro en el sector rural.

Por Raúl Dellatorre
Según estimaciones de un informe reservado realizado por la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), la evasión en el impuesto a las ganancias en el sector agropecuario correspondiente al último ejercicio fiscal, 2009, alcanza a no menos de 6500 millones de pesos. El trabajo interno del organismo fiscalizador deja en claro que el alto nivel de evasión impositiva se corresponde con una marcada irregularidad en la registración laboral (alta proporción de trabajadores en negro, del orden del 70 por ciento, y salarios promedio inferiores al resto de la economía). Todo ello sugiere que, al menos, una proporción importante de la actividad agropecuaria se maneja en un circuito “negro” y que la presión tributaria sobre el sector resulta, en consecuencia, notablemente más baja que la que soporta el resto de sectores económicos.

De acuerdo al mencionado informe, “la hipótesis de evasión se confirma por el resultado de los operativos de fiscalización” que viene realizando el organismo encabezado por Ricardo Echegaray. El comentario se refiere a los operativos en lugares de acopio de granos y los controles en ruta, que el último año y medio han permitido detectar 7 millones de toneladas de granos comercializados “en negro”, valuadas en cinco mil millones de pesos, con una evasión calculada en 600 millones de pesos. Como resultado de las denuncias de dichas operaciones, se concretaron 211 allanamientos, que derivaron en la imputación de 271 personas, que van desde detenidos a los simplemente denunciados. En su mayoría, se trata de profesionales (abogados, contadores, escribanos, martilleros, médicos, etc.) con inversiones especulativas en campos que, en la medida en que obtuvieron altas ganancias, buscaron multiplicarlas a través de anexarles actividades no declaradas. Tal como un apostador compulsivo, terminaron “cebados” por la ganancia fácil y perdieron todo cuidado por la prolijidad de sus operaciones. De los 600 millones de pesos determinados como evasión fiscal producto de estos operativos, 570 millones corresponden a comercialización de soja “en negro”.

El trabajo interno de la AFIP estima que sólo la producción de trigo, maíz y soja generó una obligación fiscal por el citado tributo en el último ejercicio superior a los 10 mil millones de pesos. En cambio, todo el sector agropecuario en su conjunto apenas declaró por el mismo tributo 3500 millones de pesos. En esta última agrupación entran desde cría e invernada de ganados, aves, animales de granja y otros destinados a la producción de pieles; producción de leche, lanas, huevos y miel, y todo tipo de cultivos de campo (cereales, oleaginosas y forrajeras, frutales, hortalizas y legumbres, flores y plantas, té, café, tabaco, yerba mate, algodón, etc.) así como las tareas y servicios de fumigación, recolección, trilla, empacado, esquila, siembra y cosecha, entre otros.

Márgenes e impuesto
El informe económico fiscal sobre el comportamiento tributario del sector se basa en un cálculo del margen neto de ganancias por hectárea para cada cultivo. Dichos márgenes, para la campaña 2008/2009, fueron calculados en los siguientes valores:

- 623,59 pesos para el trigo;

- 578,88 pesos para el maíz, y

- 740 pesos para el poroto de soja.

En base a la información sobre superficie cultivada en el ejercicio (4,7 millones para el trigo, 3,4 millones para el maíz y 17 millones de hectáreas para la soja), se estimó el impuesto que hubiera correspondido ingresar por producto en esa campaña:

- 7350 millones de pesos por el trigo;

- 109 millones de pesos por el maíz, y

- 2611 millones de pesos por la soja.

El impuesto estimado para estos tres rubros asciende, en consecuencia, a 10.070 millones de pesos. Considerando que, en su conjunto, toda la actividad agropecuaria declaró impuestos por nada más que 3500 millones de pesos, la evasión se ubicaría en el orden del 70 por ciento como mínimo. Teniendo en cuenta que, de los 25 millones de hectáreas cuyo cultivo principal es el trigo, el maíz o la soja, una parte importante es arrendada por sus propietarios a los que la explotan y la trabajan, el informe reservado agrega además una estimación del impuesto que debió haber pagado quien cobró el alquiler del campo. Para el año 2009, dicha cifra fue calculada en el trabajo en 2500 millones de pesos. Es decir que la evasión por la actividad económica de los tres cultivos principales estaría superando los 9000 millones de pesos en el último ejercicio.

Un cálculo adicional incluido en el mismo trabajo señala que la presión tributaria para el sector agropecuario es, respecto a otros, muy inferior, contrariamente a lo que suele manifestar a menudo la dirigencia rural. Frente al carácter “confiscatorio” que sus dirigentes –en particular, Hugo Biolcati, titular de la Sociedad Rural– suelen atribuir al tratamiento fiscal que recibe el sector de parte del Estado, el estudio de la AFIP revela que mientras el rubro “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” paga por impuesto a las ganancias menos del 5 por ciento del Producto Bruto que genera, el denominado “Explotación de minas y canteras”, que incluye hidrocarburos, paga el 16 por ciento de su PIB; “Intermediación y otros servicios financieros”, aproximadamente el 11 por ciento y “Electricidad, agua y gas”, el 8 por ciento.

Otra conclusión del informe económico fiscal interno de la AFIP es que “el sector agropecuario es uno de los que menos participa” en la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA). Esto es así por los beneficios que registra el sector: además de una alícuota diferencial, del 10,5 por ciento, posee la facultad de una devolución automática de siete puntos del impuesto. “En definitiva, el IVA devengado es del 3,5 por ciento”, señala el estudio reservado.

Peones con tizne

En base a datos del sistema intregrado previsional más información propia del organismo, los técnicos de la AFIP concluyeron que el sector agropecuario mostró, tanto el año pasado como en el primer trimestre del corriente, un comportamiento inverso al producido en el resto de la economía en cuanto a la evolución del personal ocupado. Mientras el resto de las actividades económicas aumentó 0,5 por ciento el nivel de empleo en el año 2009, y aproximadamente 1,5 por ciento en el primer trimestre de 2010, en Agricultura, ganadería, caza y silvicultura el resultado ha sido, en la medición para ambas fechas, negativa. En 2009, el empleo registrado del sector cayó el 1,5 por ciento respecto de 2008. Pero lo más sorprendente es que en el primer trimestre de este año vuelva a caer, en el uno por ciento respecto de igual período de 2009. Para los fiscalizadores, estos resultados se vinculan más a una tendencia a la contratación irregular de personal que a una pérdida real de puestos de trabajo.

Un reflejo de esa situación, expuesto en el mismo trabajo, es el del nivel de informalidad (trabajo no registrado) por sector, tomando en cuenta tres actividades habitualmente caracterizadas por la presencia de esa irregularidad. Para el rubro Comercio, en base a datos oficiales, la informalidad laboral se ubicaría por encima del 30 por ciento, en el rubro Construcción sería cercana al 40 por ciento, mientras que en Agricultura se eleva al 70 por ciento, en base a datos del Indec, la propia AFIP y el Renatre, un organismo del que participan empleadores y sindicato.

Otro indicador elocuente de la informalidad o no registración del empleo rural surge, según el trabajo, de la verificación que, de los 70 mil productores registrados como tales ante la Oncca (oficina en la que se tramitan las compensaciones y subsidios), menos de 10 mil declaran tener empleados a cargo. Es decir, pese que se trata de explotaciones con varias decenas de hectáreas, no declaran puestos de trabajo para realizar tareas de siembra, pulverización, seguimiento de implantación o cosecha de cereales.

De ese conjunto de “productores”, el 60 por ciento (poco más de 40 mil) está inscripto como “personas físicas”, un 25 por ciento como “personas jurídicas” (sociedades, más de 17 mil) y el 15 por ciento, monotributistas. La cantidad de explotaciones que reconoce tener personal a cargo (9710) es menor que la de las que dicen estar a cargo de una “persona jurídica” o sociedad (17.110). Pero, además, entre las más de 40 mil personas físicas titulares de explotaciones hay una alta proporción que se desempeña en profesiones liberales y las que –se descuenta– no realizan las labores agropecuarias con sus propias manos. Sin embargo, sólo el 14 por ciento de las 70 mil explotaciones reconoce tener empleados.

Con todo, los empleados declarados no podrían ser calificados precisamente como privilegiados. El salario promedio en el sector agropecuario, según los registros oficiales, es de 2037 pesos, que equivale al 54 por ciento del salario promedio de toda la economía: 3763 pesos.

El estudio encargado a los técnicos de la AFIP no revela una realidad desconocida en el organismo, sino que buscó ordenar la información y corroborar el diagnóstico que iba surgiendo de datos parciales, como la detección de comercialización “en negro” en puntos de acopio y en las rutas. En sentido inverso a lo que se suponía sucedía originalmente, la mayor evasión no se da en áreas marginales sino en la llamada “zona núcleo”, las áreas de cultivo más rentables por su alto rendimiento. A partir de esta comprobación, en la AFIP aseguran que se intensificarán los procedimientos de control, pese a las dificultades de operar en un territorio demasiado extendido. “Sabemos que la evasión efectivamente está ahí, ahora vamos con todo”, aseguran.



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 ASOCIADAS.


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LA HORA DE LA IGUALDAD - IGUALAR PARA CRECER
Alicia Barcena de la CEPAl presentó su informe en la XXXIX Cumbre del Mercosur 

39º Cumbre del Mercosur y Estados Asociados, 2 y 3 de agosto, en el Centro Cívico de la ciudad de San Juan, Argentina. Encuentro de jefes y jefas de Estado. intervención de la secretaria ejecutiva de Cepal, Alicia Bárcena. Emitido por Visión Siete, noticiero de la TV Pública argentina, el martes 3 de agosto de 2010.




http://www.youtube.com/watch?v=IXK1L9nvlsc



¿QUE ES LA CEPAL?

asociada. 
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Lo revela un documento del Foro Agroindustrial de la Argentina que integran la SRA y la CRA
Los ruralistas admiten que si bajan las retenciones aumentarán los precios

Publicado el 8 de Agosto de 2010
Por Catriel Etcheverri
Reconocen que la eliminación del impuesto a las exportaciones incrementará el valor de la canasta básica y provocará un desfinanciamiento del Estado. Como paliativo, proponen una salida asistencialista con un “bono alimentario”.


Mientras los precios internacionales de la soja y el trigo marcaron el viernes pasado un nuevo récord, un estudio técnico sobre las retenciones indica entre sus conclusiones que “la eliminación de los Derechos de Exportación y las Restricciones a la Exportación tiene un efecto negativo sobre la situación de pobreza e indigencia, debido al incremento del costo de las Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total. Este efecto aumenta la línea de indigencia directamente, e indirectamente, la línea de pobreza.”
Lejos de tratarse de un trabajo elaborado por sectores afines al gobierno nacional de cara al debate que ya se instaló en el Congreso por el nivel de las retenciones, el estudio titulado “Evaluación de impactos económicos y sociales de políticas públicas en la cadena agroindustrial” fue realizado a instancias del Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina. El organismo cuenta entre sus integrantes a la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Bolsa de Cereales, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentina, la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios y las principales cámaras empresariales vinculadas con la actividad agroindustrial.
A este documento, que demandó ocho meses de trabajo y fue distribuido en noviembre de 2007 entre las 37 organizaciones que conforman el foro. Luego se le agregó, a finales de 2009, un anexo (“Impactos económicos y sociales de la eliminación de los Derechos de Exportación y Restricciones a la Exportación en Argentina. Revisión de Estudios Recientes”), actualizando sus parámetros de análisis lo que de todos modos no alteró las consideraciones finales alcanzadas. Se trata de una evaluación técnica sobre el impacto que tendría –de concretarse– el reclamo de los sectores más poderosos del campo, al que adhirieron como bandera política, a fin de ganar nuevas voluntades de cara a las elecciones 2011, algunos de los principales referentes de la oposición. Sin embargo, a pesar de que existen documentos sobre el impacto, tanto el presidente de la SRA, Hugo Biolcati, como el titular de CRA, Mario Llambías, han evitado todo este tiempo referirse a los daños colaterales que el enriquecimiento del sector más poderoso del campo implicaría para el conjunto de la sociedad, en especial sobre los sectores más relegados y vulnerables, como así también para la economía nacional en su conjunto.
El documento de la SRA, CRA y otras cámaras empresariales explicita que la eliminación de las retenciones tendrá dos efectos inmediatos: por un lado, el aumento de los precios al consumidor, es decir el encarecimiento de los productos de la canasta básica alimentaria y, a partir de este fenómeno, el aumento de los niveles de pobreza e indigencia y, por el otro, el desfinanciamiento del Estado.
“Ante un aumento de los precios internacionales, el traslado a los precios internos significa, si todo lo demás permanece constante, que el salario real baja y que la pobreza y la indigencia aumentan”, indica el documento. Y especifica: “se concluye que el desmantelamiento de estas políticas (retenciones y restricciones cuantitativas a la exportación) elevaría el costo de la Canasta Básica de Alimentos en un rango que se ubica entre 9,6% y 14,5%”.
Como consecuencia directa del aumento de los precios de la Canasta Básica de Alimentos, destaca que “la incidencia promedio-país de la pobreza se incrementa entre un 6,5% y un 10,5%” al tiempo que “la incidencia promedio-país de la indigencia se incrementa entre un 15,5% y un 23,3%”. A la hora de analizar este impacto por regiones, destaca que, en las más afectadas, la pobreza podría aumentar, por ejemplo, hasta un 23,8% en Río Gallegos, 16% en el Gran Rosario y Mar del Plata, mientras que la indigencia se incrementaría un 161,2% en Ushuaia, 61,7% en Bahía Blanca y un 52,5% en Río Cuarto. El estudio indica además que el 37,4% del total de los “nuevos pobres” pertenecen a la provincia de Buenos Aires.
Frente a estos efectos no deseados, la SRA, CRA y sus socios también tienen sus particulares propuestas. El asistencialismo es la respuesta del documento al crecimiento de la pobreza y la indigencia. “Se prevén medidas compensatorias que disminuyan el impacto inicial sobre la pobreza provocado por el aumento de los precios al consumidor (…) un plan de bonos alimentarios permite compensar el aumento inicial de pobreza e indigencia. Dicho plan se ha cuantificado en 6000 millones de pesos anuales.”
La instrumentación de este bono alimentario, reconoce el documento, se suma al otro efecto no deseado de la eliminación de las retenciones: el desfinanciamiento del Estado. En este sentido, el estudio indica que “el impacto fiscal de la eliminación de las retenciones es uno de los obstáculos que se expone con más frecuencia, ya que comprometería la solvencia fiscal”. En su anexo de actualización de 2009, el documento reconoce que “la Nación pierde ingresos por 11,1 mil millones de pesos”.
Y, para responder a esto, propone “aumentar la recaudación de otros impuestos para mantener constante el superávit fiscal, lo que impacta en una mayor carga impositiva sobre el sector no-agroindustrial y sobre los consumidores”. También, para hacer frente al empobrecimiento de la población, derivado de la eliminación de las retenciones, impulsa la reducción o eliminación del IVA en las cadenas alimentarias.
El trabajo reconoce, sin embargo, que eso también “reduce los ingresos de los gobiernos nacional y provinciales –ya que es un impuesto coparticipable– que tendrán que hacer ajustes disminuyendo sus gastos y/o incrementando otros impuestos”.

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La contrapartida es el efecto derrame
Publicado el 8 de Agosto de 2010

Como compensación de estos daños colaterales, asegura este estudio, en el largo plazo la sociedad se vería beneficiada gracias al “efecto derrame”, mediante el cual el crecimiento de la economía derivado del enriquecimiento de los grandes grupos vinculados al campo alcanzaría a toda la sociedad.
Según el documento de la SRA, CRA y sus socios, al eliminar las retenciones se crearían entre 300 y 350 mil nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, reconoce que “la experiencia argentina durante los últimos 20 años muestra períodos en que su crecimiento económico estuvo acompañado por aumentos de pobreza (1990-1998) y otros más recientes donde ocurrió lo contrario.” Y en este sentido admite que “durante el período 1993-2005, en el sector de la agricultura y la ganadería (…), a pesar del importante crecimiento, el sector primario de la Cadena Agro Industrial no generó muchos empleos. Los datos muestran que mientras en 1993 el empleo de este sector ascendía a 1.257.000 personas, para 2005 la cifra se ubicaba en 1.271.000 ocupados. Durante ese período, en que el empleo subió sólo un 1,1%, el PBI sectorial aumentó 45%.”
El informe reconoce además que la creación de empleos “se concentraría en personas con bajos salarios que enfrentan niveles de desocupación relativamente elevados”.


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Opinión
“En la utopía ruralista otro país es imposible”
Publicado el 8 de Agosto de 2010
Por Andrea Recúpero Editora de Política.

Rancio. El documento de las entidades que conforman el Foro de la Cadena Agroindustrial argentina lo es. Porque propone una única alternativa posible de país, un modelo económico anquilosado, basado en la producción de alimentos, que beneficia a unos pocos, los dueños de la tierra, y mantiene congelado el futuro de una mayoría trabajadora. El mismo modelo colonial que proyectaron las grandes potencias para Argentina, y que hasta hace muy poco parió a los Cavallo y a los López Murphy, que lo pregonaban como la receta magistral. Un preparado cuyo epílogo fue la crisis de 2001, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa decidió recortar un 13% las jubilaciones y los salarios de los empleados públicos para calmar la voracidad de los mercados.
También fue rancio el discurso del presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcatti, al reivindicar el Centenario, aquella nación dependiente pero rendidora para los hombres de su clase social. Un fotograma sepia que continúa alimentando esa especie de utopía ruralista en la que otra Argentina es imposible. El discurso de Biolcatti, aplaudido por Mauricio Macri y Francisco De Narváez, referentes de una “nueva” clase dirigente, planteó otro Bicentenario, de espaldas a los millones de personas que salieron a las calles el pasado 25 de mayo y al modelo inclusivo que alienta el desarrollo de la industria, la educación para todos y la integración de América Latina.

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Domingo, 08 de agosto de 2010

ECONOMIA › OPINION
En busca del sujeto perdido

Por Alfredo Zaiat
En el discurso de inauguración de la Exposición Rural, el titular de la SRA, Hugo Biolcati, descalificó con record de adjetivos la intervención del Estado en la economía. En un posterior almuerzo en el predio de Palermo, el Grupo de los Seis titulares de las principales cámaras de la industria, bancos, construcción, comercio, Bolsa y campo coincidieron en reclamar limitaciones a los pedidos salariales. Un día después, en un encuentro del establishment en Rosario, en el Precoloquio de IDEA se advirtió sobre la incertidumbre política. Continuó con la cumbre de las cúpulas de la Unión Industrial y la Asociación Empresaria Argentina sentenciando que se necesita seguridad jurídica para decidir inversiones. Ese documento coronó una semana de lobby empresario agitado. Todos ellos unificados en el deseo de cerrar el ciclo político iniciado en 2003, que les reportó ganancias patrimoniales extraordinarias. Esta supuesta contradicción despierta asombro si la evaluación se remite exclusivamente a resultados en los balances. El mismo desconcierto ha expresado en más de una ocasión la administración kirchnerista. Beneficiarios de sus políticas han sido convocados a constituir una burguesía nacional, en un intento de recrear el escenario del peronismo 1945-1955 de sustitución de importaciones. El rechazo a ese convite, más allá de discursos de protocolo, convoca a reflexionar sobre los sujetos sociales involucrados en el actual período económico.

El objetivo de recuperar una burguesía nacional dinámica, que debería ser parte importante en el desarrollo de un modelo productivo expansivo, no se determina por la voluntad política de un gobierno. Es un proceso histórico social complejo y contradictorio no exento de controversias. Al comienzo de su gestión, Néstor Kirchner planteó la idea de consolidar una burguesía nacional. Supuso que esa tarea la podría resolver con el traspaso de grandes empresas extranjerizadas a manos locales y generando condiciones macroeconómicas para obtener ganancias abultadas. El recorrido de estos años revela que el kirchnerismo no ha tenido el éxito esperado, resultado que en parte se explica por el comportamiento histórico de las elites pero también por la extraordinaria transformación socio productiva de las décadas pasadas. Estos dos componentes permiten brindar respuestas a que la tasa de inversión ha sido alta en términos históricos pero no ha tenido la intensidad prevista ante un proceso de muy elevado crecimiento del Producto. No ha provocado la adhesión a ese proyecto del establishment, como se evidencia en la resistencia de variados sectores del empresariado. Ni ha detenido la extraordinaria fuga de capitales que en cuatro años se está acercando a los 50 mil millones de dólares en el rubro “formación de activos externos de residentes locales”, según el relevamiento del Banco Central.

La revuelta encarada en varios frentes por parte de la fracción más concentrada del capital deja en evidencia que la estrategia de seducción ha mostrado sus limitaciones. Estas se expresan en las apelaciones voluntaristas a la inversión privada, a la exposición de evidentes logros en materia de números económicos desafiando el escepticismo mediático del sector privado y a la apuesta de convencerlos con financiamiento y beneficios fiscales para la ampliación de sus plantas fabriles y para el sector agropecuario. Varios de esos grandes empresarios, siendo fiel a su tradicional comportamiento de no discriminar por origen político del morador de la Casa Rosada, capturan esos beneficios al tiempo que cuestionan la intervención del Estado y se quejan de la supuesta inseguridad jurídica. David Cufré reveló el jueves pasado en este diario que líderes de la asonada UIA-AEA esperan en la ventanilla estatal fondos para sus empresas: Arcor (Pagani) pidió apoyo oficial para un proyecto de elaboración de galletitas por 60 millones de pesos, Laboratorios Bagó (Sebastián Bagó) tiene prevista una inversión por 179 millones de pesos, Fiat (Cristiano Rattazzi) otra por 300 millones, la promocionada puntana Conarsa SA del plástico Héctor Méndez por cerca de 60 millones de pesos y Ledesma (Federico Nicholson) también presentó sus respectivo pedido de financiamiento. Esto no los inhibió de emitir un bando que afirma las carencias del actual momento político-económico: “un marco institucional republicano sólido, la seguridad jurídica, reglas de juego estables y previsibles y el pleno respeto por la actividad privada son condiciones indispensables para un desarrollo sostenido y continuado”.

El kirchnerismo no ha logrado recuperar una burguesía nacional emprendedora, pese a intentarlo y a recibir de ciertos grupos económicos apoyo en ese sentido aunque no se animan a confrontar públicamente con otras fracciones del capital. Incluso sectores pymes renacidos de la devastación neoliberal expresan también la vocación de ser parte de la construcción de esa burguesía. El economista Eduardo Basualdo explica en un documento publicado en Realidad Económica de octubre de 2003 que “concebir que la disgregación de la burguesía nacional resulta únicamente de su expulsión de la estructura industrial es una simplificación, que oculta otras transformaciones cuya compresión es decisiva para aprehender la naturaleza del proceso actual. Si bien es innegable que la reestructuración económica de las últimas décadas expulsa una parte significativa de los diferentes integrantes de la burguesía nacional, no es menos cierto que a pesar de todo quedan aún muchos miles de pequeñas y medianas empresas nacionales pero desestructuradas, sin identidad propia y sin conducción. Se trata de un aspecto decisivo, porque una fracción de clase no involucra únicamente la existencia estructural de sus integrantes sino también su conciencia de sí misma y su organización como tal. Por lo tanto, existen pequeñas y medianas firmas locales pero no una burguesía nacional”.

Esta restricción puede ser síntoma de que la posibilidad de constituir una burguesía nacional sea una misión impracticable en la presente etapa. También que no sea posible porque puede ser que no exista ese sujeto social si la referencia es la que se desarrolló en el primer peronismo. Esta carencia era comprensible cuando la base de la política económica era la valoración financiera de los capitales. En esos años los representantes de una clase social considerada dinámica para la sociedad quedaron expuestos en el espacio público como oportunistas, con manifiestos comportamientos rentísticos, que vendieron sus firmas al mejor postor del exterior. En estos momentos la intención política de búsqueda de una burguesía nacional tiene la virtud de provocar la apertura del debate sobre su existencia o la opción de recrearla, desafío que había quedado olvidado en la década del noventa.

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Domingo, 08 de agosto de 2010


ECONOMIA
Retenciones que pagan otros



Un análisis sobre los derechos de exportación, o retenciones, que pagan los distintos sectores de la actividad económica permitió verificar que no son los productos primarios los que más aportan a esa vía de ingresos para el fisco. El estudio que realizó la AFIP sobre dichos ingresos aduaneros revela que, para todo el año 2009, sobre los 8720 millones de dólares aportados por las retenciones, tan sólo 1465 millones, el 17 por ciento, correspondió a los denominados productos primarios. El rubro combustibles y energía, con 1875 millones de dólares, superó la contribución de los primarios agrícolas, con el 22 por ciento del total.

Vale aclarar que dentro de lo que se define como productos primarios no entran los elaborados a partir de aquellas materias primas, como el aceite de soja o los pellets de soja, que se clasifican como manufacturas de origen agropecuario. Pero también es cierto que estos rubros pagan una tasa de retención inferior a la que corresponde al poroto sin elaborar, que alcanza al 35 por ciento.

Ni siquiera en el año 2008, con precios record y alto nivel de exportaciones, las retenciones correspondientes a los productos primarios tuvieron la relevancia que suelen adjudicarse los voceros del capital agrario más concentrado. En ese año, la proporción de retenciones provenientes de los primarios sólo equiparó a las aportadas por combustibles y energía, ambas con el 28 por ciento.


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LOS DOS MODELOS ECONÓMICOS EN DISPUTA

El estructuralismo latinoamericano:

El estructuralismo latinoamericano, que se consolidó en la década del cincuenta y sesenta a partir de las discusiones mantenidas con la ortodoxia económica representada por el Fondo Monetario Internacional, estuvo fuertemente asociado a la creación de la Comisión Económica para América Latina y el caribe (CEPAL) en 1948 por las Naciones Unidas.

En efecto, uno de los estructuralistas latinoamericanos más reconocidos fue el primer director de la CEPAL: Raúl Prebisch. Por lo tanto, las tesis estructuralistas estuvieron esencialmente asociadas a los escritos de la CEPAL.

El paradigma estructuralista surgió durante la consolidación de un nuevo modelo económico y social en América Latina que se denominó Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). La industrialización sustitutiva se inició en el continente Latinoamericano a partir de la Gran Depresión de 1929. Esta crisis que comenzó en Estados Unidos, pero que luego se extendió al resto de los países, se tradujo en medidas proteccionistas por parte de los países desarrollados.

Esta política económica de los países desarrollados generaron la crisis del modelo agroexportador que se venía desarrollando en América Latina desde el siglo XIX. Este modelo consistía básicamente en la exportación de bienes primarios a los países desarrollados y la importación de productos manufacturados desde los países centrales.

Sin embargo, el proteccionismo impuesto por los países desarrollados durante la crisis de 1929 desarticuló la lógica del modelo agroexportador. La imposibilidad de exportar los productos primarios también generaba la incapacidad para importar bienes industriales al no disponer de las divisas necesarias. De esta forma, el modelo agroexportador latinoamericano entró en una crisis que anunciaba la necesidad de construir un nuevo modelo económico y social.

En este contexto, surgió en la región, en algunos países con más fuerza que en otros, la industrialización sustitutiva. Este nuevo modelo económico y social consistió fundamentalmente en la producción de bienes industriales en la región, es decir, sustituir lo que antes se importaba desde los países desarrollados por producción nacional.

Es importante destacar que la primer etapa de la industrialización sustitutiva latinoamericana consistió en reemplazar bienes importados por nacionales al final de la cadena productiva. En otras palabras, inicialmente se sustituyeron manufacturas livianas, como por ejemplo los productos textiles. Esto se denominó la etapa “fácil” de sustitución de importaciones, dejando de lado la producción de bienes de capital e insumos industriales.

De esta forma, durante la Industrialización por Sustitución de Importaciones al mismo tiempo que se reducía el coeficiente de importación en relación con los niveles del modelo agroexportador se producía un cambio en su composición. Efectivamente, se importaba cada vez menos bienes industriales finales pero cada vez más bienes de capital e insumos industriales como aluminio y productos siderúrgicos en general.

Durante la consolidación de este nuevo modelo económico y social en América Latina surgió el paradigma estructuralista. Su aporte fundamental fue la de desarrollar un cuerpo teórico de sustento al nuevo modelo económico al mismo tiempo que planteaba la necesidad de profundizar la industrialización sustitutiva a partir de reformas estructurales para superar algunos problemas que planteaba el nuevo modelo económico.

La idea central del estructuralismo latinoamericano era que el subdesarrollo de la región se debían a factores estructurales. Por lo tanto, los escritos de los estructuralistas le dieron una mayor importancia a los aspectos estructurales en la descripción de las economías de América Latina.

En este sentido, el análisis estructuralistas comenzó con la descripción del papel del comercio internacional como uno de los factores estructurales centrales para entender el subdesarrollo latinoamericano.



El papel del comercio exterior:

La visión estructuralista comienza criticando a la corriente convencional sobre el papel del comercio internacional. Según la teoría neoclásica, basada en la idea de ventajas comparativas de David Ricardo, el libre comercio conduciría a reducir la desigualdad entre los países desarrollados y los subdesarrollados.

Sin embargo, para la corriente estructuralista la libertad de comercio condujo, en contraposición a lo pensado por la visión ortodoxa, a la consolidación de la división internacional del trabajo, fundada sobre la explotación de ventajas comparativas estáticas, condenando a la región Latinoamericana a una especialización empobreciente basada en la exportación de bienes primarios a los países desarrollados.

En este sentido, para el paradigma estructuralista, la tradicional división internacional del trabajo que caracterizaba al modelo agroexportador era una de las causas centrales para explicar la condición de subdesarrollo de la región latinoamericana.

Dicho de otra forma, el libre comercio que condujo a la región a la especialización en la producción y exportación de bienes primarios era uno de los obstáculos estructurales más importante para el desarrollo de América Latina. Por lo tanto, según los estructuralistas, el libre comercio en lugar de reducir las desigualdades entre las naciones generó que los países desarrollados sean cada vez más desarrollados y las regiones subdesarrolladas sean cada vez más subdesarrolladas, reforzando de esta manera las desigualdades entre los países.

Para demostrar esta tesis el análisis estructuralista desarrolló la teoría centro – periferia. Según el paradigma estructuralista la economía mundial esta compuesta por dos polos: el centro y la periferia.

Por un lado, los países centrales que presentan economías homogéneas y diversificada y donde el sector económico más importante es el industrial. Por otro lado, los países periféricos caracterizados por economía heterogéneas y escasamente diversificadas. Con heterogéneas se refieren a la existencia de una estructura productiva divergente, en la cual se presenta un sector primario – exportador con una elevada productividad junto al resto de la economía sumergida en producciones de subsistencia. Con escasamente diversificada se refieren a la especialización por parte de las economías periféricas en la producción y exportación de productos primarios con pocos efectos de encadenamientos con el resto de los sectores productivos.

De esta forma, según el estructuralismo, la división internacional del trabajo que caracterizaba al modelo agroexportador condujo a una doble heterogeneidad estructural que perjudicaba a los países periféricos. Por un lado, a una heterogeneidad a nivel nacional en la estructura económica de los países periféricos. Por otro lado, a una heterogeneidad internacional en la cual los países periféricos se especializaron en la producción de bienes primarios mientras que los países centrales se volcaron hacia el desarrollo de las actividades industriales.

En esta línea se encuentra la teoría estructuralista del deterioro de los términos de intercambio. Según esta teoría en el largo plazo la tradicional división internacional del trabajo que generó un sistema internacional asimétrico se traduce en un mayor distanciamiento de la periferia con respecto a los países centrales, produciendo de esta forma que el libre comercio sea más ventajoso para los países desarrollados.

Para la visión estructuralista este fenómeno se debe fundamentalmente al progreso técnico. En efecto, los avances tecnológicos se producen generalmente en el sector manufacturero. Por lo tanto, si los países desarrollados se especializan en la producción de bienes industriales logran monopolizar los frutos del progreso técnico, generando un deterioro secular de los términos de intercambio en detrimento de los países periféricos especializados en la producción de bienes primarios caracterizada por escasos cambios tecnológicos.

Por lo tanto, la pregunta que surgió para los estructuralistas fue: ¿cómo destruir este sistema internacional que condujo a una especialización empobreciente a los países latinoamericanos?. Para esto la visión estructuralista proponía la industrialización de la región para superar el subdesarrollo latinoamericano.



La función de la industrialización:



Para estos economistas el proceso de industrialización de América Latina debía cumplir una doble función. En primer lugar, reducir el desequilibrio externo con los países centrales. En efecto, la industrialización permitiría reducir la brecha tecnológica con respecto a los países desarrollados que era la base de la diferencia estructural entre el centro y la periferia.

En segundo lugar, el desarrollo del sector manufacturero permitiría reducir los desequilibrios internos al posibilitar mejorar la distribución del ingreso al disminuir la desocupación y con esto la pobreza y la indigencia.

En otras palabras, el proceso de industrialización reduciría la heterogeneidad internacional y nacional que había generado la tradicional división internacional del trabajo. El desarrollo industrial conduciría a consolidar economías con estructuras más diversificadas y homogéneas que permitiría al mismo tiempo reducir la desigualdad existente con los países desarrollados.

Por lo tanto, para la visión estructuralista la única manera para superar el subdesarrollo de los países latinoamericanos era transformar estructuralmente sus economías. Esto es, transformar las economías agroexportadoras en economías industriales.

Pero entonces la otra pregunta que surge es: ¿cómo pueden las economías latinoamericanas experimentar un proceso de industrialización?. Para los estructuralistas este objetivo se lograba básicamente a través de dos fenómenos: una fuerte intervención estatal y la integración regional.



El papel del Estado:



En este punto el estructuralismo latinoamericano se diferenció nuevamente de la visión ortodoxa sustentada en el liberalismo económico. Los estructuralistas poseían una visión positiva del Estado.

En otras palabras, para estos economistas era fundamental la intervención del Estado en la economía. En efecto, el libre juego del mercado condujo a las economías de América Latina hacia el modelo agroexportador que se tradujo en un desequilibrio internacional al alejarnos del nivel de desarrollo de los países centrales y a un desequilibrio interno al consolidarse una economía fuertemente heterogénea.

Por lo tanto, para poder generar una transformación estructural de las economías de la región a partir del proceso de industrialización era fundamental la intervención del Estado. En este sentido, uno de los objetivos centrales del Estado según el paradigma estructuralista era fomentar el proceso de industrialización.

Para estos economistas entonces el Estado debía realizar un conjunto de medidas para direccionar el proceso de industrialización, es decir, promover al desarrollo manufacturero a través de un programa planificado.

De esta forma, las principales funciones del Estado debían ser la de acelerar la acumulación del capital intensificando la sustitución de importaciones a través de diferentes medidas como el proteccionismo; construir la infraestructura necesaria para el proceso de industrialización; orientar los recursos financieros hacia la inversión productiva; estimular la inversión privada y promover el desarrollo tecnológico.

Incluso, para la visión estructuralista la intervención estatal en los países latinoamericanos debía ser más sustancial que en los países desarrollados. Efectivamente, en los países periféricos la fuerte intervención del Estado era fundamental para lograr una transformación estructural de las economía periféricas, objetivo que en los países centrales no era necesario.

Sin embargo, es importante destacar que si bien los estructuralistas latinoamericanos no confiaban en el libre juego del mercado para el desarrollo industrial, consideraban al mismo tiempo importante a los mercados y a la iniciativa privada. Es decir, la visión estructuralista advertía sobre la intervención excesiva del Estado. Por lo tanto, estos economistas aspiraban a una complementariedad entre el sector público y el mercado para orientar el proceso de industrialización de las economías de América Latina.



La integración latinoamericana:



Junto a la intervención del Estado era imprescindible para el desarrollo industrial de la región, según los estructuralistas, la integración latinoamericana. Pues a la incipiente industria de América Latina le resultaría al principio casi imposible competir con el sector manufacturero de los países desarrollados. Por lo tanto, la integración latinoamericana permitiría la ampliación de los mercados para la industria de América Latina.

De esta forma, la integración económica de la región haría viable la utilización de tecnologías que exigen una gran escala de producción por razones de rentabilidad. En otras palabras, la integración de América Latina daría las condiciones necesarias para que el sector manufacturero se transforme definitivamente en el motor del desarrollo de la región.

Por otro lado, para los estructuralistas la conformación de un bloque latinoamericano era fundamental no sólo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista estratégico al permitir ofrecer una mayor oposición a los intereses de los países desarrollados.

Ahora bien, hasta aquí hemos desarrollado la posición de los estructuralistas en defensa de proceso de industrialización de América Latina para salir de la trampa del subdesarrollo. Sin embargo, para estos economistas era necesario profundizar los cambios estructurales con el objetivo de superar algunos problemas que se habían presentado durante el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones. Esta postura los estructuralistas la desarrollaron en su análisis sobre la inflación.



La teoría estructuralista de la inflación:



Todo proceso de crecimiento y desarrollo como la industrialización sustitutiva presenta presiones inflacionarias. El Fondo Monetario Internacional, en representación de la economía ortodoxo, recomendaba reducir la demanda con el objetivo de disminuir el aumento de los precios. Es decir, según el organismo internacional la inflación se debía a un exceso de demanda. Por lo tanto, la única salida para disminuir el aumento generalizado de precios era a través de políticas contractivas que generaran una reducción del crecimiento.

Sin embargo, los estructuralistas latinoamericanos se opusieron a esta teoría monetaristas de la inflación y argumentaron que el aumento generalizado de precios en la región se debía a rigideces estructurales del lado de la oferta.

Según la teoría estructuralista la inflación era el resultado de la interacción de dos componentes:

- Las presiones fundamentales que generaban aumentos de precios y que se debían a rigideces estructurales.

- Los mecanismos de propagación que se encargaban de transmitir el aumento inicial de la inflación al resto de la economías.

Para el paradigma estructuralista era imprescindible atacar a las presiones fundamentales para terminar definitivamente con el problema de la inflación. Es decir, la raíz del problema inflacionario se encontraba en las presiones fundamentales y no en los mecanismos de propagación.

En este sentido, para estos economistas existían dos presiones fundamentales que originaban el aumento en el nivel general de precios: la débil productividad de la agricultura y los desequilibrios en el sector externo.

Con respecto a la débil productividad del sector agrícola se traducía en una reducida oferta de alimentos. Entonces, como la industrialización sustitutiva provocaba una creciente demanda interna de alimentos, la oferta no respondía satisfactoriamente a este aumento. Esto implicaba un incremento de los precios de los bienes agrícolas.

A partir de este momento comenzaba a funcionar los mecanismos de propagación, transfiriendo esta presión inflacionaria al resto de la economía. En efecto, al aumentar los precios de los alimentos se reducía el salario real de los trabajadores, lo cual implicaba una recomposición del salario nominal.

Sin embargo, este incremento de las remuneraciones inducía a un aumento de los costos de producción del sector manufacturero. Por lo tanto, los empresarios, para mantener sus márgenes de ganancia, aumentaban los precios de los bienes industriales.

Ahora bien, para atacar la inflación la solución no era, según los estructuralistas, reducir la demanda, sino más bien eliminar la rigidez estructural que generaba la débil productividad del sector agrícola.

En este sentido, para estos economistas, la principal causa de la rigidez de la oferta agrícola se debía esencialmente a la fuerte concentración en la propiedad de la tierra que generaba la existencia de una clase rentística con escasa propensión a la inversión.

Por lo tanto, para los estructuralistas era necesario para solucionar el problema inflacionario una reforma estructural en el régimen de propiedad de la tierra. Por tal motivo, estos economistas defendían el programa de reforma agraria dividiendo la tierra en pequeños y medianos productores.

Esta medida generaría una producción agrícola intensiva que se traduciría en un mayor nivel de inversión y por lo tanto en un incremento en la producción de alimentos eliminando de esta forma una de las causas estructurales de la inflación.

Con respecto a la segunda presión fundamental que generaba inflación, durante la industrialización sustitutiva existía una tendencia a los estrangulamientos del sector externo.

En efecto, en este modelo económico en las fases expansivas las economías tendían hacia un déficit del sector externo debido a la necesidad creciente de insumos intermedios y de bienes de capital. Pues al sustituirse inicialmente los bienes finales se debía importar los insumos que requería el sector manufacturero y las maquinarias necesarias para producir los productos industriales.

Por lo tanto, en los períodos de crecimiento económico aumentaban fuertemente las importaciones del sector industrial provocando un déficit en la balanza comercial y la necesidad de ajustar dicho estrangulamiento externo. Para corregir este desequilibrio generalmente se recurría a una devaluación de la moneda que generaba inflación. Esta presión inicial luego se transmitían al resto de la economía a través de los mecanismos de propagación.

Pero de nuevo, según los estructuralistas, la solución para la inflación no era reducir la demanda agregada sino más bien introducir cambios estructurales a las economías de la región. Para estos economistas la forma de eliminar esta causa inflacionaria era por medio de la profundización de la Industrialización por Sustitución de Importaciones a través de la industrialización hacia la manufactura pesada. En otras palabras, producir internamente los insumos industriales y los bienes de capital para de esta manera eliminar los estrangulamientos externos.

En resumen, para extinguir el flagelo de la inflación, en contraposición a lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional, el paradigma estructuralista recomendaba dos transformaciones estructurales: la reforma agraria y el proceso de industrialización hacia la manufactura pesada.

En efecto, debido a que el origen de la inflación era estructural, la única manera de eliminarla era superando los cuellos de botella. De esta manera, la forma de eliminar el aumento generalizado de precios era por medio de la profundización del desarrollo económico para superar las rigideces estructurales.

Para estos economistas la reducción de la demanda puede reducir la inflación. Sin embargo, esto lo logra a costa del crecimiento económico y además sin atacar la raíz del problema. Es decir, la reducción de la demanda sólo ataca los factores de propagación pero no las presiones fundamentales que generaba el aumento de los precios. De nuevo, para los estructuralistas la estabilidad de los precios únicamente se puede lograr a partir de un desarrollo económico por medio de cambios estructurales.



La disputa de los dos modelos en la Argentina:


A partir de la resolución 125 que establecía, entre otras cosas, las retenciones móviles a la soja, volvió a la Argentina la disputa entre los dos modelos económicos.

Por un lado, las entidades agrarias que proponían, implícita o explícitamente, el retorno del modelo agroexportador. Es decir, estructurar a la economía argentina como exportadora de productos primarios, lo cual implica la inserción periférica de nuestra economía en el comercio internacional y el liberalismo económico como filosofía para restringir la intervención estatal.

Del otro lado se planteó la necesidad de profundizar el proceso de industrialización a partir de una fuerte intervención del Estado y una integración latinoamericana como vehículo del desarrollo industrial.

Al mismo tiempo, la disputa también se observa en relación al tema de la inflación. En efecto, el incipiente crecimiento del sector manufacturero que se produjo a partir de la fase expansiva post convertibilidad se tradujo en un cierto aumento de los precios.

Nuevamente, la disputa en torno a este problema es si realizamos políticas contractivas para detener el crecimiento de la demanda y de esta forma reducir la inflación o profundizamos el desarrollo económico para eliminar los cuellos de botella que generan el aumento de los precios.

La primer receta es funcional al retorno del modelo agroexportador, pues, al aplicar políticas contractivas y reducir la demanda, disminuye el consumo; lo cual genera un aumento del saldo exportable de productos agrarios – ganaderos al achicarse el mercado interno.

La segunda opción es funcional al proyecto industrialista debido a que para eliminar los cuellos de botella se necesita profundizar el desarrollo industrial al mismo tiempo que destinar cada vez más productos agrarios – ganaderos para abastecer el mercado interno y reducir de esta forma las presiones inflacionarias.

De la correlación de fuerzas depende la imposición de alguno de los dos modelos. Y de la imposición de algunos de los dos modelos depende el futuro del país. O retomamos al modelo agroexportador que nos conducirá nuevamente a una heterogeneidad internacional y nacional o profundizamos el proceso de industrialización para lograr un mayor desarrollo económico y social.



http://www.geenap.com.ar/informes7.html

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VER

Hambre de Soja

QUE SIGNIFICA SEMBRAR SOJA

POROTOS DE SOJA

Que decimos, cuando decimos campo

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La evasión afecta a los jubilados... al País y a nuestro futuro.
La evasión se significa como meter la mano en la caja de los jubilados... y en los sectores que necesitan mas apoyo en la sociedad para poder desarrollarse.
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Del Diario critica:
La ANSES tiene dos grandes fuentes de ingresos: los tributarios (que paga la población en general) y las contribuciones de seguridad social (que aportan los propios beneficiarios y sus empleadores).

Aportan a la “caja”:

–Ingresos Tributarios.
–11% del IVA. –120 millones del Impuesto a las Ganancias, más del 20% del total que se recaude. -El 15% de la masa de recursos coparticipables.
-El 21% del impuesto a los combustibles líquidos (naftas).
-El cien por ciento del gravamen al gasoil, diesel, querosén y gas natural comprimido.
–El cien por ciento del adicional sobre los cigarrillos denominado “de emergencia” y transitorio pero que sigue y seguirá vigente.
–El 70% del monotributo.
fuente.
http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=18449

Mientras tanto nadie se queja de los que evaden impuestos... y contribuyen a la inseguridad...

VER: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/130458-41997-2009-08-23.html

VIDEO.
http://www.youtube.com/watch?v=lqgShJAmVjc

ver: JUBILACION DIGNA, PROPUESTA INDECENTE - LOS JUBILADOS DEBEN SER NUESTRA PRIORIDAD - Jul 17

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Boudou denunció maniobras del Grupo Clarín que perjudicaron a los jubilados

La sobrevaluación de su paquete accionario afectó a las afjp y a sus afiliados

Boudou denunció maniobras del Grupo Clarín que perjudicaron a los jubilados
Publicado el 4 de Agosto de 2010


Por Equipo de Política
El ministro de Economía le entregó un dossier a la Unidad de Información Financiera en el que se describe cómo ese holding lanzó acciones al mercado por un valor superior a los $ 30, que luego pasaron a cotizar a menos de $ 3.

El ministro de Economía, Amado Boudou, envió a la Unidad de Información Financiera (UIF) un informe detallado sobre la forma en que el Grupo Clarín habría sobrevaluado un paquete accionario emitido para financiarse, perjudicando a las AFJP entre octubre de 2007 y el mismo mes de 2008. Allí, queda reflejado que el grupo sacó al mercado acciones por un valor superior a los $ 30 cada una, omitiendo información empresaria sensible. A partir de diciembre de 2007 esos títulos comenzaron a registrar caídas, para terminar valiendo menos de tres pesos un año después.
En febrero de 2010, la cotización estaba ligeramente por encima de los diez pesos. Muy lejos del valor inicial y, sobre todo, de la recuperación que experimentó el mercado y que lo ponía a esa fecha casi al mismo nivel que dos años y medio atrás.
La información se encuentra en cuatro páginas también remitidas al “arrepentido” de la banca internacional J. P. Morgan, Hernán Arbizu. En ese documento se afirma que: “desde la emisión de las acciones, en octubre de 2007, exceptuando los dos primeros meses, se observó una caída tanto del Índice Merval, del Índice de Bonos del MAE (Mercado Abierto Electrónico) y de la acción GCSA (Grupo Clarín) hasta octubre de 2008, siendo mayor en este último caso. A partir de octubre de 2008 se observa una recuperación del Merval y del MAE, mientras que la acción GCLA no reflejó tal recuperación.”
El documento que recibió José Sbatella, contenido en la nota MEyFP número 103/10, fechada el 29 de julio pasado, fue confeccionado a pedido del arrepentido Arbizu en relación con la “asistencia que habrían efectuado las entonces Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones al Grupo Clarín”.
“Las AFJP suscribieron en la IPO (Oferta Pública Inicial de Acciones) aproximadamente ocho millones de acciones, equivalente a menos del 20% del total ofrecido, llegando en el momento de máxima exposición a una tenencia equivalente al 50% de la emisión”, explica el informe. Así, sin saberlo, los futuros jubilados –a través de las administradoras privadas– eran dueños de la mitad de ese paquete accionario, por el que habían pagado diez veces más que su valor.
¿La razón? Antes de la oferta pública de acciones los operadores bursátiles y las calificadoras realizan los análisis contables, evalúan el momento del mercado y la “contingencia” de la empresa. El informe refrita el “análisis de valuación de la acción del Grupo Clarín realizado por Bancos de Inversión y Agencias de Bolsa”, que calculan que “Grupo Clarín luce más atractiva dentro del rango de 28 a 30 pesos por acción” (Hallaría Ledesma & CIA, del 12 de octubre de 2007), “la acción luciría más atractiva por debajo de 30 pesos” (Portfolio Personal, 16 de octubre de 2007), “las acciones de Clarín han funcionado relativamente bien desde la salida a la bolsa, exhibiendo un aumento del dos por ciento mientras que el índice Merval bajó un dos por ciento durante el mismo período” (Crédit Suisse, 27 de noviembre de 2007).
Esas evaluaciones fueron formuladas sin considerar que una medida cautelar instada por una fiscal en lo Comercial había frenado la emisión de una operación similar de Cablevisión, la operadora de cable fusionada con Multicanal (de Clarín) y con fuerte incidencia en la situación económica y financiera del grupo.
Las acciones que mayoritariamente compraron las AFJP con dinero de los futuros jubilados registraron un máximo de $ 32,75 y un piso de $ 3,59. En 2008, la cotización decreció un 79,69% y en promedio entre octubre de 2007 y febrero de 2010 (hasta donde alcanza la información suministrada por Boudou) la pérdida totalizó el 66,50%. <


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Movida opositora
Magnetto, empresarios y candidatos anti K
El mandamás del Grupo Clarín encabezó en las últimas 72 horas dos fuertes acciones en su cruzada contra el gobierno nacional, incluyendo un duro documento contra la política económica.

05.08.2010


El mandamás del Grupo Clarín, Héctor Magneto, encabezó en las últimas 72 horas dos fuertes acciones en su cruzada contra el Gobierno. Sobresalió entre los quince megaempresarios que firmaron un duro documento criticando la política económica del oficialismo y fue quien, se conoció hoy, logró reunir entre cuatro paredes a Mauricio Macri con los principales referentes del peronismo anti-k: Eduardo Duhalde, Francisco de Narváez, Carlos Reutemann y Felipe Solá, para elaborar una estrategia de cara a 2011.

La totalidad de los diarios porteños lo mencionan como uno de los quince empresarios que firmaron un durísimo documento contra el gobierno nacional. “El más duro fue Magnetto”, dijo La Nación, que reveló, junto a Ambito Financiero, la existencia de una reunión, hasta ayer secreta, en la que Magnetto fue anfitrión en su propio departamento de cinco dirigentes con aspiraciones presidenciales.

El plan urdido, dicen los matutinos, fue diseñar una estrategia común de cara a los comicios de 2011. Curiosamente, del cónclave conspirativo, nada publicaron Clarín, del que Magnetto es accionista, ni El Cronista, cuyo dueño es el empresario De Narváez.

La Nación emplea la parte superior de su tapa con “Fuerte desafío político de las empresas al Gobierno”, y para mostrar a los quince ejecutivos privados que se reunieron ayer en la sede de la UIA. Indica que ambas entidades “plantearon la necesidad de tener un marco institucional sólido, seguridad jurídica y respeto por la actividad privada”. En el cintillo advierte “Sorpresivo encuentro / Fuerte gesto político” y que “Los empresarios reclamaron respeto por la actividad privada”. En la bajada sostiene que “Quince de los ejecutivos más influyentes del país lo plantearon públicamente; Magnetto, el más duro”. Presenta la nota con dos recuadros, uno, titulado “Cambios por la sensación de final de un ciclo” y en el otro “Giorgi rechazó las críticas”.-

Clarín, que lleva el tema recién a la página 24 presenta “Reclamo de empresarios por reglas claras y respeto a la actividad privada”. Y que “Lo hicieron la UIA y la AEA. Plantearon su confianza en el potencial de crecimiento del país”.

En su apertura sostiene “Una coincidencia completa” en señalar como indispensables la seguridad jurídica, reglas de juegos estables y previsibles y el pleno respeto por la actividad privada marcaron el encuentro que ayer concretaron los dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) con sus pares de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). “Hubo coincidencia completa en que un marco institucional republicano sólido, la seguridad jurídica, reglas de juegos estables y previsibles y el pleno respeto por la actividad privada, son condiciones indispensables para un desarrollo sostenido y continuado que incluya a todos los argentinos”, señalaron las dos entidades, a través de un comunicado conjunto”.

En ese sentido, El Cronista, del diputado opositor Francisco de Narváez privilegia que “Empresarios criticaron la falta de seguridad jurídica y de un plan contra la inflación”. Mientras que Página/12 cuestiona “La vieja cantinela del clima de inversión”.

Sobre la reunión política La Nación revela que “La cumbre, planificada en estricta reserva, se concretó anteanoche. A la misma mesa se sentaron el ex presidente Eduardo Duhalde; el senador Carlos Reutemann; los diputados Francisco de Narváez y Felipe Solá, y el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, según confirmaron a LA NACION siete fuentes relacionadas con todos los sectores involucrados.

Las mismas fuentes, además, confirmaron que el anfitrión del encuentro fue Héctor Magneto. Y que los cinco líderes políticos debatieron, por primera vez, sobre la campaña para las elecciones nacionales del año próximo”.

Ámbito titula el encuentro: “Quinteto opositor buscó la unidad en territorio minado”. En la nota dice que “Los principales caciques del peronismo opositor quebraron en las últimas horas sus diferencias y se comprometieron a pacificar la pelea por candidaturas hasta lograr algún tipo de armado que les permita retomar la iniciativa en la pelea electoral que, coincidieron, está hoy en manos del kirchnerismo. No es que el frío los convenciese a Eduardo Duhalde, Mauricio Macri, Felipe Solá, Carlos Reutemann y Francisco de Narváez de juntar fuerzas y lanzar algún susurro de unidad: fue Héctor Magnetto, quien los sentó el lunes por la noche en el comedor de su departamento de la calle Alvear y Cerrito, junto a la Embajada de Brasil, adonde los invitados llegaron -como dice el verso de Virgilio- “obscuri sola sub nocte per umbra” (oscuros bajo la solitaria noche»)”.


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Viernes, 6 de agosto de 2010 | Hoy


EL PAIS › PERONISTAS DISIDENTES Y MACRI EN LA CASA DEL CEO DE CLARIN
Cena con intereses en común



Por Nicolás Lantos
y Werner Pertot

Apenas una semana después de haber desfilado por la Feria de la Sociedad Rural, las principales cabezas del peronismo disidente y Mauricio Macri se reunieron el martes por la noche en casa de Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, quien los invitó para articular ese sector de la oposición en torno de una sola candidatura presidencial. La noticia fue publicada ayer por dos matutinos y confirmada a Página/12 por fuentes muy cercanas a los asistentes, sin embargo hay un fuerte hermetismo alrededor de la agenda que se trató durante la cena. Las versiones varían según de dónde vengan. Desde el oficialismo respondieron con ironía. El jefe del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Agustín Rossi, sostuvo que “el peronismo disidente parece haber elegido ser la pata peronista de las corporaciones”, mientras que su compañero de bancada Carlos Kunkel calificó al empresario como “titiritero” de la oposición y le pidió que “salga de las sombras”.

El martes por la noche, los dirigentes peronistas Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Francisco de Narváez y Carlos Reutemann, junto con Mauricio Macri, coincidieron en la casa de Magnetto. Es decir: los dos bonaerenses, presidenciables orgánicos, más el colombiano, que quiere pero no puede, el ex automovilista, que podría pero no quiere, y el ex presidente de Boca que quiere pero no forma parte del espacio. Entre ellos se decidirá la fórmula. A pesar de que dos diarios dieron detalles sobre el encuentro y allegados a varios de los asistentes lo confirmaron a lo largo del día de ayer, la orden seguía siendo, hasta última hora, mantener el hermetismo. “No podría confirmarlo”, “no tengo la menor idea”, “nada para comentar”, fueron las respuestas que dieron de forma casi uniforme desde el entorno de los comensales.

Aunque, en principio, desde el PRO trataban de bajarle el tono a la noticia asegurando que se había tratado de “una reunión social”, un hombre muy cercano al procesado jefe de Gobierno le confió a Página/12 que la cena fue organizada por Magnetto (“el único con ese poder de convocatoria, acotó), con el supuesto objetivo de anunciarle a Macri que él será el elegido. Según esta fuente, los presentes coincidieron con que la investigación sobre espionaje ilegal por la que es investigado no sólo no resta, sino que polariza con el gobierno nacional, lo que lo beneficiaría de cara a una contienda contra Néstor Kirchner.

Pero las versiones difieren. Desde el rincón duhaldista insisten con que Macri debe ingresar al espacio y participar de una interna si pretende encabezar el conglomerado. “Es Macri el que necesita protección –explicaron–. Si no ingresa al peronismo se queda sólo con su partido vecinalista.” Según alguien con llegada directa al ex presidente interino, ésa fue la postura que planteó Duhalde en la cena. “El panperonismo abarca también a Mauricio, el espacio está abierto, vení –dice que le dijo–. No tenés que renunciar a tu identidad, la alianza se hace entre distintos, pero sí vas a tener que ganar una interna en agosto”. Cerca del hombre de Lomas de Zamora están entusiasmados: dicen contar con encuestas en las que “ya lo está alcanzando a Macri en intención de voto”.

En principio, el candidato que podría concitar mayores adhesiones insistió en que no correrá esta carrera. Según las versiones publicadas ayer en La Nación y Ambito Financiero, Reutemann repitió al menos en tres oportunidades que no será candidato a presidente.

El miércoles –es decir, al otro día de la cena–, Duhalde pasó por el Congreso y anunció que el 4 de septiembre el Peronismo Federal hará un lanzamiento oficial en Entre Ríos. También habló de la conformación de una mesa nacional con los dirigentes del espacio que “no serán candidatos a nada”, bolsa en la que colocó al salteño Juan Carlos Romero, al misionero Ramón Puerta y a Reutemann.

Desde el oficialismo, en tanto, salieron a cuestionar duramente esa cena. “El peronismo disidente parece haber elegido ser la pata peronista de las corporaciones”, denunció el titular del bloque del FpV en la Cámara baja, Agustín Rossi. “Luego de la última elección nos encontramos con una oposición que ha resignado su libertad –insistió Rossi– y lo único que hace es llevar adelante los designios de distintos sectores corporativos.”

En el mismo sentido se manifestó su compañero de bancada, Carlos Kunkel, que le pidió públicamente al empresario que no actúe “como titiritero detrás de las bambalinas” de la oposición. “Si el señor Magnetto decide ser candidato a presidente y lo pone a Mariano Grondona como jefe de Gabinete y a Martínez de Hoz como ministro de Economía, hay que respetarlo”, se permitió la ironía.

La legisladora porteña Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) dio cuenta de la presencia de Macri en la cena a través de su Twitter: “Por eso no tiene tiempo de dar explicaciones a la Legislatura”, lo apuró. Por su parte, el diputado oficialista José María Díaz Bancalari sostuvo que ese conglomerado “no es ni peronismo ni disidente, es una nueva fuerza peligrosísima” y supuso que “si hacen semejante conspiración a cara descubierta, quiere decir que ya están dispuestos a todo”.



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Edición del 6/8/2010
Magnetto reunió a Macri con todo el peronismo opositor "anti K"

Los diarios porteños La Nación y Ambito Financiero revelaron ayer que cinco presidenciables del arco antikirchnerista se reunieron el martes en el departamento de Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, para comenzar a planificar la campaña electoral del año que viene. El ex presidente Eduardo Duhalde, el senador Carlos Reutemann, los diputados Francisco de Narváez y Felipe Solá, y el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, acordaron la reunión bajo un estricto secreto y fue la primera vez que los líderes del peronismo disidente se juntaron con el jefe del PRO.
"Hablaron sobre la estrategia para 2011" aunque todos dejaron traslucir que un eventual acuerdo "todavía es lejano", aseguró La Nación. El encuentro fue programado bajo tal hermetismo que ni los colaboradores más cercanos de los protagonistas lo sabían. Y pasaron dos días antes de que lo descubriera la prensa porteña.
Mientras disfrutaban su cena secreta y para "halagar al dueño de casa, se aferraron todos al diagnóstico de Eduardo Duhalde, de que este gobierno tiene fecha de vencimiento en diciembre del año que viene", escribió Patricia García, en Ambito Financiero. Entre otras revelaciones, Reutemann repitió "al menos tres veces más" que no será candidato apresidente y Solá reiteró que participará de la interna del PJ, mientras De Narváez y Duhalde pedían "consenso" para avanzar en una postura común. Nadie sabe bien cómo hizo Magnetto para convencer a Macri de sentarse a esa mesa, pero allí estuvo el procesado intendente metropolitano, para prometer que el PRO se unirá a la nueva alianza.

"Son peligrosísimos".
Corrido el velo del misterio sobre la cumbre, varios miembros del oficialismo dejaron oír su parecer. "No es ni peronismo, ni disidente, es una nueva fuerza, una junta peligrosísima" advirtió el diputado nacional Jesús Díaz Bancalari. Agregño que el anfitrión, Héctor Magnetto, "siempre se preció de poner o sacar gobiernos, y ahora lo hace abiertamente" y opinó que "si hacen semejante conspiración a cara descubierta, quiere decir que ya están dispuestos a todo".
De todos modos, el ex titular del bloque K no avizora un buen futuro para semejante mezcla. "Si no pueden sacar un proyecto de ley, mucho menos son capaces de gobernar el país. Son tan torpes en sus planteos que dejan en evidencia sus limitaciones", concluyó.

Otra foto entre Cobos y De Narváez
El vicepresidente Julio Cobos y el peronista disidente Francisco de Narváez se sacaron juntos otra foto. Fue en Tres Arroyos, donde coincidieron en la "necesidad de acordar políticas a largo plazo". El mendocino y el colombiano se habían reunido por primera vez en junio de 2009, poco antes de las legislativas. Ahora sostuvieron su segundo encuentro en el Centro Danés de esa ciudad, junto a dirigentes de sus sectores, aunque los voceros del peronismo federal descartaron cualquier alianza electoral.


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