Lo que circula por los medios

26 de septiembre de 2010

DE REDISTRIBUIR GANANCIAS NI HABLAR...


Domingo, 26 de septiembre de 2010 
OPINION
El capital combatiendo

Los empresarios contra el 14 bis: de Cuba a Ginebra. La carencia argumental y el olvido de la Constitución. Siderar, un ejemplo micro. La ley de medios, otro juez solícito y exorbitante. El papel para diarios, ninguneos opositores y búsqueda de acuerdo para aprobar la ley. La conflictividad creciente, lógica de una buena nueva.

Por Mario Wainfeld


El empresariado autóctono permanece en estado de alerta y movilización. Vaticina un posible advenimiento del socialismo bolivariano en la Argentina y actúa en consecuencia. El ambiente democrático, a veces, lo lleva a matizar su discurso bélico. Héctor Méndez, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), comparó a su patria con Cuba. Hasta sus pares y compañeros de ruta advirtieron el derrape a la inverosimilitud. Así que, de cara a la opinión pública, una pléyade de corporaciones optó por un registro más matizado frente a una de sus bestias negras: el proyecto de ley para distribuir ganancias patronales, en determinados casos.

“Viola el derecho de propiedad”, adujeron, sin reparar en que la Constitución, que lo reconoce (“conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio”) también estatuye la participación de los trabajadores. Es, para mejor, un agregado de la honorable Revolución Libertadora en la apodada reforma constitucional de 1957.

La burguesía nacional es un mito urbano muy desleído, también un sector muy poco instruido. Su aptitud para el debate público es inversamente proporcional a su poder, a sus referentes les cuesta exponerse a la polémica, porque suelen dar pena. Los barbarismos, la precariedad del vocabulario y la chatura de Méndez distan de ser excepcionales, son la regla.

De cualquier forma, hubo en estos días un (bienvenido) esfuerzo por evitar las identificaciones desorbitadas. Las corporaciones se mudaron de la isla a Ginebra, para ser más precisos a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Explicaron que ese organismo sugiere que haya discusión previa a las modificaciones en las leyes laborales. La prédica de la OIT es edificante en ese y otros aspectos. Las patronales la ignoran olímpicamente cuando postula la necesidad del trabajo decente o la prohibición del trabajo infantil. Hugo Biolcati, reelecto al frente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), pidió cobijo bajo el manto de la OIT. El hacendado mayor debería mirar mejor los desempeños de los sufridos ruralistas en la explotación de menores, su renuencia a conceder descansos semanales a la peonada, esas lindezas que también refulgen en documentos venerables.

Aun si tuvieran credenciales en regla, los empresarios deberían internalizar que un proyecto de ley es un excelente, acaso el más cabal, modo de discutir institucionalmente una nueva conquista laboral. Pragmáticos también, podrían confiar en la pléyade de legisladores que tienen la camiseta patronal puesta para defender con ahínco sus intereses.

Los capitalistas siempre tienen derecho a postular que sería ruinoso modernizar la legislación, en este caso tornar operativa la letra muerta del artículo 14 bis. Les asiste la posibilidad de mostrar cuadros de rentabilidad y competitividad, como lo hicieran antaño con el aguinaldo, la “ley de la silla”, la de accidentes de trabajo o las convenciones colectivas de trabajo. Su exaltación de la propiedad privada de los medios de producción sobre otras formas de propiedad (el patrimonio de los trabajadores lo es) es una pésima interpretación constitucional. La cuestión es armonizar los derechos, no establecer enojosas prelaciones, que implican privilegios.

Actualmente hay empresas privadas que reparten ganancias y no han quebrado. En la historia previa sobran casos en varias empresas públicas: YPF o la Caja Nacional de Ahorro Postal allá por los ‘70. También hubo “bonus” para todos los trabajadores en otras reparticiones públicas, en consonancia con sus superávit. El mundo siguió andando. Sobran precedentes similares en los países centrales y en varios de América latina.

La inconsistencia se disimula detrás de argumentaciones ad hominem. Esa ley, susurran, potenciaría el poder de Hugo Moyano. Queda lindo alegar así ante los grandes medios que identifican al secretario general de la CGT con Satanás. Claro que una ley regiría para años futuros, en los que habrá otros referentes, otros dirigentes. Y los pagos no irían a los bolsillos del camionero, sino de los laburantes.

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Cuando salí de Cuba, en camión. Los conflictos micro también se explican con hipérboles, Siderar fue un caso testigo. Incumplimientos y fraude laboral fueron su detonante, se lo oculta centrando la mira sólo en el modo en que los sindicatos ejercieron la acción directa. Son acciones opinables, más vale, pero no terminan de describir lo que hay en cuestión. Los medios agregan su dosis de sal: el conflicto es pintado como perpetuo, las instancias de regateo se comentan como si cada reunión fuera un fracaso y no un hito en el tira y afloja.

El entredicho fue contenido en el marco de la conciliación obligatoria y zanjado dentro de los plazos legales. La gran empresa pagó una millonada de pesos y se avino a legalizar situaciones irregulares de los trabajadores. No vaya a creer, amigable visitante de estas páginas, que aceptan erogar pequeñas fortunas y mejorar su comportamiento cuando tienen toda la razón o la ley de su lado. Ni que lo hacen por filantropía o por temor. Lo hacen porque están en off side clavado y porque la correlación de fuerzas le es menos propicia que una o dos o tres décadas atrás. Encubrir relaciones de dependencia bajo la fachada de contratos con cooperativas o pseudo cuentapropistas es una vieja praxis capitalista, en algunas etapas resulta menos sencillo perpetuarlo.

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Dolores de parto. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA) azuza la hipocondria pleitista de la patronal. Quizá el cronista se equivoque al fustigar su escasa versación, acaso leyeron el Martín Fierro: saben hacerse amigos del juez.

Adolfo Harisgarat, conjuez federal de Dolores acogió, con tanto beneplácito como ligereza, un amparo promovido por un empresario local, dueño de una señal de cable. El demandante alegó que la empresa Cablevisión le hizo saber que la señal de cable local El Garage, de su propiedad, sería retirada de la grilla del multimedios, por orden gubernamental. Esa directiva no existe pero desde el derecho romano rige un proverbio (en latín, como cuadra) de minimis non curat praetor. Esto es, el juzgador no repara en cuestiones mínimas, en detalles. En este caso, el “detalle” es que se litigó contra una norma virtual, apenas contra una amenaza de la empresa oligopólica. Pero la sentencia condena al Estado.

Su Señoría no es minimalista, para nada: ni para escudriñar los hechos ni para extender las consecuencias de su sentencia. Hizo lugar, como rayo, al reclamo sin “limitarse” al caso que le fue sometido. El empresario de Dolores, que instaba a los tribunales por un virtual conflicto con la grilla local, obtuvo como por arte de magia una sentencia de alcance nacional. El nuevo orden en la grilla de los canales quedó suspendido para todo el país que, aunque el conjuez Harisgarat lo soslaye, abarca muchas otras ciudades que Dolores, incluso 23 provincias amén de la de Buenos Aires.

El fallo, por decirlo en términos técnicos, oscila entre ser una vergüenza y una canallada. El sentenciante exorbita a niveles absurdos su competencia. Sin que medie prueba del agravio, sin que haya acto jurídico estatal, sin que se explique por qué un litigante queda investido de legitimación para representar a todos los empresarios de su rubro.

La “sentencia fácil”, un vicio recurrente en la jurisprudencia actual, desafía a la Corte Suprema de Justicia que tiene pendiente la decisión sobre una medida cautelar referida a la ley de medios. Cunde la versión, fundada en filtraciones de la cumbre del alto tribunal: la Corte desestimará el recurso, alegando motivos procesales y desestimando la gravedad institucional en juego. Al hacerlo incentivará la irresponsabilidad de los tribunales inferiores como el que mencionamos, prestos a verticalizarse con cualquier reclamo corporativo e irresponsables al abusar de su jurisdicción. Ignorar la realidad subyacente sería una grave defección de la Corte, dicen que está en puerta.

Pasado mañana habrá una movilización oponiéndose a esa tropelía. Como es cotidiano, ciudadanos marcharán ante un poder del Estado para hacerle conocer sus derechos y, claro, darle noción del peso del número. Derecho de peticionar, se le llama. La narrativa dominante lo denomina “ataque”, salvo que se ejercite para cuestionar al oficialismo.

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Flojitos de papeles. El tratamiento legislativo del proyecto que declara de interés público la producción de papel para diarios avanza, pese al asedio mediático y al ninguneo del Grupo A. Los diputados opositores desertaron de audiencias públicas en las que se expresaron importantes diarios nacionales y del interior... se entiende que no los accionistas de Papel Prensa. Fue un gesto discriminatorio hacia pequeñas y medianas empresas que se endiosan en el discurso o se usan de pretexto, por ejemplo, para embretar el proyecto de participación en las ganancias.

El pretexto era la falta de consenso con el oficialismo acerca de las comisiones en que se tratará el proyecto. Lo valiente no tenía por qué obstar a lo cortés: atender a los “otros medios” no obstaculizaba sus pujas cotidianas ni significaba renunciarlas. Nuevamente hubo alineamiento automático.

Entre tanto, diputados del Frente para la Victoria (FpV), el titular del bloque, Agustín Rossi, y Juliana Di Tullio dialogan con asiduidad con sus colegas del centroizquierda, en especial de Proyecto Sur. La propuesta del oficialismo, se comentó en esta columna desde el vamos, es parca como un haiku. Pocos artículos, entre los cuales sólo importa el primero, el que declara de interés público la actividad. La fuerza comandada por Fernando Solanas acuerda con la idea pero quiere una ley más minuciosa, que incluya el marco regulatorio y una preceptiva que deje menos espacio libre a la discrecionalidad del Ejecutivo. Ambas partes tienen razón, es amplia la posibilidad de una convergencia que enriquezca el proyecto y lo dote de un consenso multipartidario, como pasó con la LdSCA. La templanza y la apertura de los negociadores puede hacer competitiva en el recinto una norma antimonopólica, un avance interesante en un camino en el que falta mucho por recorrer.

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Cambio de época. Las pulseadas gremiales recorridas en esta nota tienen como vanguardia al Gobierno o a su aliada la CGT. Son las que tienen más viabilidad, por el poder que las sustenta pero no son las únicas. Sindicatos o comisiones internas alternativos a la principal central y muy críticos del Gobierno también reivindican y obtienen conquistas. Los trabajadores del subte consiguieron el reconocimiento legal de su sindicato en Tribunales, desafiando al poder de la Unión Tranviarios Automotor, cuya conducción (aliada de Moyano) brilla por su irrepresentatividad. Más sistémicos o más combativos, gremios o trabajadores se desenvuelven en el contexto más propicio a sus intereses de las últimas tres décadas, por decir lo menos.

En paralelo, el Estado recupera incumbencias y funciones, peso relativo respecto del sector privado. Con plafond, da los primeros pasos en pos de un capitalismo más competitivo, menos dominado por oligopolios o monopolios.

La dictadura, el neoconservadurismo peronista de los ’90, la crisis de principios de este siglo disciplinaron a la clase trabajadora, colonizaron al Estado, desequilibraron fuerzas. Aunque se está lejos de haber terminado la explotación o la exagerada incidencia de los intereses sectoriales concentrados, se atraviesa una época en la que los conflictos tienen contendientes más parejos. Y, por eso, proliferan.

He ahí un dato de la coyuntura que suele subestimarse, por la obsesión en peleas palaciegas o fruición con ciertos personajes. Cierto es que la existencia de un Consejo Económico Social tripartito daría un encuadre institucional progresivo a la relación entre Estado, capitalistas y sindicatos. El oficialismo lo tuvo en carpeta, dejándolo de lado en parte por el conflicto con los sectores agropecuarios, en parte por ausencia de voluntad política. “La oposición” ni analiza ese tema, enfrascada en el kirchnercentrismo o en su juego de la silla, en el que cada vez hay más participantes y menos público interesado.


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CONSTITUCION NACIONAL

Art. 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

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Domingo, 26 de septiembre de 2010

EL PAIS › OPINION
¿Qué discute la política argentina?

Por Edgardo Mocca
Gran parte de la puja política en la Argentina de estos días está atravesada por la discusión sobre las relaciones entre el Estado y el mercado o, desde otra perspectiva, entre los derechos sociales y la propiedad privada. Es un tema clásico de la teoría política, particularmente desde la revolución industrial hasta aquí. Si algo puede decirse a modo de esquemático balance de esta histórica discusión es que las soluciones simples y extremas han fracasado: ni el estatismo autoritario y burocrático ni la utopía tecnocrática del neoliberalismo han podido resolver la cuestión. Al contrario de la prédica del fin de la historia, en cualquiera de sus versiones, cada situación histórica pone esta relación bajo una nueva perspectiva.

¿Desde qué perspectiva afrontamos el debate en la Argentina? Nadie puede negar la influencia central de la catástrofe socioeconómica e institucional de fines de 2001 en la forma que adquiere la controversia. Para algunos, la crisis fue una crisis de mala administración, de déficit de aptitud técnica para manejar los tiempos de la salida de la convertibilidad. En la misma clave pero con otro fraseo, se dice también que el gasto público incontrolado provocó la crisis fiscal y que con gobiernos más austeros y menos corruptos hubiera podido evitarse. Lo que envuelve esta manera de mirar las cosas es su común denominador antipolítico y tecnocrático, la creencia de que la política no es racionalización de conflictos de intereses sino pura gestión. La verdad es que no le ha ido bien en estos tiempos a esta interpretación: el derrumbe argentino no fue el último y desde 2008 asistimos a un tramo particularmente inestable y crítico de la economía mundial, con epicentro en Estados Unidos y con episodios turbulentos en varios países de la Unión Europea, hasta ayer presentados como ejemplo exitoso de la globalización hegemonizada por el capital financiero. El debate teórico-político sobre la crisis está mostrando cada vez más sus raíces en el agotamiento de un modelo de desarrollo centrado en la especulación financiera, crecientemente desvinculada de la producción y ajena a todo patrón distributivo medianamente viable.

Cada vez está más claro que nuestra crisis fue un jalón del proceso crítico del capitalismo globalizado. Que no fue un desperfecto técnico ni una tormenta pasajera. En estos tiempos, no es fácil, como era en la década del noventa, presentar como novedosa panacea el retiro del Estado, la plena libertad de los mercados y sostener que la pérdida masiva de empleos y la precarización del trabajo son pasajes dolorosos pero necesarios hacia el mundo feliz del neoliberalismo. La derecha, que de ella estamos hablando, se empeña en desplazar los términos de la discusión. No hay –dice– derechas e izquierdas. Hay gobiernos buenos y gobiernos malos. Gobiernos corruptos y gobiernos virtuosos. Buena y mala administración.

Sin embargo, se puede, sin mucho esfuerzo, apreciar que las cuestiones del Estado y el mercado, de la propiedad y sus límites están implícitas en cada una de las batallas políticas centrales del último período. Cuando se trata la ley de pasaje de los fondos jubilatorios al Estado, escondidos detrás de la gritería sobre la “caja” y el “saqueo”, no era difícil encontrar los mismos argumentos que acompañaron el programa de los años noventa. Con la misma argumentación acerca del supuesto uso oscuro que haría el Gobierno de esos fondos, se hubiera podido sostener la negación al pago de impuestos, lo que de hecho sugirió el notable escritor Marcos Aguinis. De hecho, de la dificultad para defender a las fraudulentas AFJP se llegó al intento de movilizar a sus empleados en defensa de la fuente de trabajo. Biolcati lo diría sin eufemismos en uno de los encuentros anuales de la Sociedad Rural: el Estado es un depredador insaciable. Lo dijo con elogiable sinceridad, no se escudó en ningún gobierno circunstancial, dijo “el Estado”.

En el debate de las retenciones móviles en el Senado de la Nación ya había habido varios precedentes de este tipo de argumentos. Allí se sostuvo que había que liberar el “campo” de las retenciones para que creciera exponencialmente la “torta” de la riqueza nacional. Después habría llegado el momento del reparto entre quienes no se hubieran llenado los bolsillos de plata y siguieran siendo pobres. Con la discusión de la ley de medios, el debate alcanzó mayor sofisticación. La cuestión de los límites a la apropiación monopólica de los medios fue prolijamente desplazada por la de la libertad de prensa. Se utilizó a la audiencia de rehén en la puja, sobre la base de sembrar el miedo a la desaparición de determinados programas o canales. No es una casualidad que esta ley –aprobada pero sistemáticamente estorbada en su aplicación por jueces solícitos a los intereses de las grandes empresas del sector– provoque las tensiones que provoca. La regulación de los medios es un punto de cruce entre la esfera del mercado y la del uso de la palabra, ambas vitales para la democracia. El monopolio de la palabra no es solamente una situación inicua en términos económicos, es además una amenaza para la vigencia de la democracia, cualquiera de cuyas definiciones, hasta las más liberales, sitúa en un primer plano la pluralidad de la información. Algunos entusiastas de la etimología recusan el uso de la palabra monopolio porque, sostienen, monopolio significa uno solo. Entonces, para que haya monopolio no debe haber ningún otro proveedor de la mercancía en cuestión. Con esa definición no habría monopolios en el mundo, ni se justificarían las leyes antitrust que rigen en muchos países. La etimología, decía Borges, sirve para saber lo que las palabras ya no significan.

Y así como para algunos la ley de medios nos acerca a la situación de Venezuela, el proyecto de ley de participación de los trabajadores en las ganancias empresariales nos convertiría en cofrades del régimen cubano. ¿Hace falta decir que esta fraseología no solamente es de derecha sino que lo es de una variante que huele a naftalina? ¿A ninguno de los analistas del establishment mediático se le ha ocurrido preguntarle al señor empresario Méndez, que repite impertérrito ese sonsonete, si piensa que el artículo 14 bis de la Constitución es comunista y totalitario?

Sería largo repasar todo el temario del debate. Incluiría la discusión sobre el estatus del Banco Central y la pretensión de su autonomía respecto de las autoridades ejecutivas del Estado, las denuncias sobre la trama civil empresarial que sostuvo a la dictadura y muchos otros frentes conflictivos de estos años. Lo que aquí se pretende es sugerir una mirada cuidadosa de lo que se está discutiendo y definiendo en estos días en nuestro país. Porque quien logre instalar hegemónicamente su interpretación sobre la naturaleza del debate tendrá prácticamente asegurado un duradero triunfo. Hemos terminado catastróficamente y salido penosamente de un largo ciclo de fundamentalismo neoliberal. Estamos ante la opción entre sostener esa salida, revisarla y mejorarla en todos sus aspectos o entrar en un nuevo ciclo de derecha presentado con un nuevo decorado discursivo.


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más info: 
PAPEL PRENSA, LA LIBERTAD DE EXPRESION Y LA OPOSICION AUSENTES Y SIN VERGUENZA - Mejor no hablar de ciertas cosas!! - Sep 17


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Alfredo Zaiat: Monopolio - SER O NO SER - Y la distribución progresiva del ingreso.

CARLOS ESCUDE: nuestra batalla es contra la concentración del ingreso - Jul 12

LECTURA RECOMENDADA: JORGE COSCIA SOBRE MODELOS Y ALTERNATIVAS - Jul 19

DOS MODELOS EN DISPUTA EN LA SOCIEDAD

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