Ernestina, Magnetto y Mitre serán acusados por la apropiación de P.P.
Dom, 19/09/2010 - 06:37.
Fecha de publicación:
Año 3. Edición número 122
Por
Daniel Cecchini
Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre, muy complicados judicialmente por la apropiación.
El Estado presentará la querella esta semana.
Esta semana, cuando el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, presente en la Fiscalía Federal para delitos de lesa humanidad de La Plata la querella del Estado en la causa que investiga la apropiación ilegal de Papel Prensa, se aportará documentación clave para establecer la complicidad de los propietarios de Clarín, La Nación y La Razón con los dictadores en el despojo del Grupo Graiver.
Miradas al Sur está en condiciones de adelantar que el Estado pedirá la indagatoria de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; del Ceo del Grupo, Héctor Magnetto; del ex director de La Nación, Bartolomé Mitre; de Sergio, Marcos y Hugo Peralta Ramos, ex directivos de La Razón; de los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Eduardo Emilio Massera; del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz; del ex secretario de Industria de la dictadura, Raymundo Podestá; del ex presidente de la empresa fantasma Fapel y abogado del diario La Nación, Benito Campos Carlés, y del ex presidente de Papel Prensa y primo de Martínez de Hoz, Pedro Martínez Segovia, entre otros. En cambio, el ex presidente de La Razón, Patricio Peralta Ramos, muerto esta semana, escapó definitivamente a la acción de la Justicia.
Por el momento, se trata de un pedido de la querella, que de ninguna manera dará lugar a “la inmediata detención” de ninguno de los nombrados, como publicó ayer el diario Perfil, que dirige Jorge Fontevecchia, en los últimos tiempos totalmente alineado en la defensa de los intereses del Grupo Clarín. “Lo que se publicó en Perfil es falso y apunta a instalar a Magnetto y compañía como perseguidos o víctimas”, dejo a Miradas al Sur una fuente cercana a la querella.
Dos informes fundamentales. La querella del Estado, de unas doscientas páginas, acompañará su presentación con el informe Papel Prensa, La Verdad, que incluye las 27.000 fojas de documentación reunida por la Secretaría de Comercio Interior. Entre esos documentos se encuentran los informes firmados por el general Oscar Bartolomé Gallino, donde el oficial preventor (sumariante) de los consejos de guerra a los que fueron sometidos los integrantes del Grupo Graiver deja constancia de sus reuniones del 7 y el 9 de abril de 1977 con los propietarios de los tres diarios para preparar los interrogatorios de Lidia Papaleo de Graiver, Isidoro Graiver, Juan Graiver y Rafael Ianover, entre otros, cuando éstos se encontraban detenidos-desaparecidos en el centro clandestino conocido como El Pozo de Banfield. Estos papeles –cuya existencia reveló Miradas al Sur el 22 de agosto pasado– son una prueba material indiscutible de la participación de Magnetto, Mitre, Patricio Peralta Ramos y el ex secretario de Industria de la dictadura, Raymundo Podestá, en la operación terrorista montada por la dictadura para despojar a los herederos de David Graiver.
Por otra parte, la Fiscalía Federal platense pidió incorporar a la causa –que instruye por orden del juez Arnaldo Corazza– la investigación realizada a mediados de la década de los ’80 por el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas. En febrero de 1988, esa fiscalía emitió un dictamen en el que se hacían denuncias penales por las irregularidades encontradas en la creación, el traspaso accionario y el desarrollo de Papel Prensa. En aquella ocasión Molinas denunció a quienes debían controlar desde el Estado la transferencia de las acciones del grupo Graiver y a Jorge Rafael Videla y la Junta de Comandantes por la venta irregular de la empresa a Clarín, La Nación y La Razón.
Una declaración y otra que no fue. Mientras tanto, la instrucción seguirá avanzando. Tras una postergación solicitada hace dos semanas para poder realizarse una serie de análisis clínicos, Rafael Ianover declarará finalmente el miércoles próximo ante los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro. El ex testaferro de David Graiver relatará lo mismo que dijo ante la asamblea de accionistas de Papel Prensa en mayo pasado y que repitió con incuestionable fidelidad en numerosas entrevistas: que las acciones de Papel Prensa que estaban a su nombre pertenecían a David Graiver; que su familia permaneció varias horas secuestrada en su propia casa por un grupo de tareas de la dictadura; que firmó la transferencia de las acciones sin saber el precio ni las condiciones de venta; que cuando lo hizo –la noche del 2 de noviembre de 1976, en las oficinas de La Nación en la calle Florida– temía por su seguridad y la de su familia; que sólo firmó cuando el ex director de La Razón, Patricio Peralta Ramos, le prometió que si lo hacía no le iba a pasar nada; que fue secuestrado el 12 de abril de 1977 y que permaneció desaparecido en El Pozo de Banfield, donde fue interrogado sobre Papel Prensa por Gallino. Magnetto y Mitre fueron autorizados por la fiscalía a presenciar la declaración luego de que –como informó Miradas al Sur el domingo pasado– prácticamente se autoimputaran en la causa mediante una presentación de sus abogados, Hugo Wortman Jofré y Alfredo Gascón Coti.
La declaración de Ianover será tan real como falsa fue la operación de prensa montada por Clarín a fines del mes pasado en torno de una declaración supuestamente brindada ante los fiscales por el ex embajador argentino ante la Unesco Gustavo Caraballo, quien estuvo detenido en el centro clandestino Puesto Vasco al mismo tiempo que Lidia Papaleo y otros integrantes del Grupo Graiver. Según Clarín, el ex diplomático habría declarado: “Tuve oportunidad de hablar con los miembros de la familia Graiver durante mis meses de detención y jamás mencionaron que la venta de Papel Prensa estuviera vinculada a las presiones que soportaron durante su injusta detención”. Más allá de las dudas que, dadas las terribles condiciones de detención en Puesto Vasco –donde los secuestrados permanecían tabicados, maniatados y casi sin posibilidad de dialogar entre ellos–, genera la afirmación de Caraballo, Miradas al Sur pudo saber que esa declaración nunca existió. “Lo único que hizo Caraballo fue presentar un escrito en la fiscalía, pero nunca declaró ante los fiscales. Lo de la declaración fue un invento publicado por Clarín”, dijo a este diario un jurista que sigue muy de cerca el desarrollo de la causa.
Sin secretarios. Mientras en la Fiscalía Federal para delitos de lesa humanidad de La Plata la instrucción de la causa sigue avanzando, en círculos cercanos a los tribunales platenses existe preocupación sobre la próxima etapa del proceso. Como ya publicó Miradas al Sur, por estos días el juzgado de Corazza tiene acéfalas dos de sus secretarías, hasta hace poco a cargo de Edgardo Salatino y Juan Martín Nogueira, dos juristas duchos en la legislación sobre crímenes de lesa humanidad que partieron hacia otros destinos judiciales. Según esas fuentes, el único secretario que permanece en su puesto, Ricardo Botto, carece de la experiencia y la formación necesarias para abordar con idoneidad en el tema, más aún en una causa tan compleja como la de Papel Prensa. “Hay incertidumbre sobre lo que pasará si la Fiscalía entiende que se cometieron delitos de lesa humanidad en la transferencia de las acciones y eleva la causa a Corazza. Botto no reúne los conocimientos que se requieren para llevar adelante una causa así”, señalaron a este diario.
En este contexto, durante las próximas semanas Corazza deberá designar a los dos nuevos secretarios. La evaluación de sus capacidades en la materia será fundamental para que la Justicia pueda, finalmente, establecer la verdad en la compleja trama de complicidad cívico-militar que consumó la apropiación de Papel Prensa.
• GASPARINI ENTRÓ EN ESCENA
El jueves pasado, el Juzgado en lo Correccional Federal Nº 3, a cargo de Arnaldo Corazza, recibió, con pedido de incorporación a la causa, un ejemplar del libro Graiver. El banquero de los Montoneros, del periodista argentino radicado en Ginebra, Suiza, Juan Gasparini. Representado por el abogado Marcelo Parrilli, Gasparini fundamentó ese pedido –que coincide con la publicación de la tercera edición de la obra– en que del contenido del libro “puede concluirse, en lo estrictamente vinculado con la causa judicial mencionada, que la dictadura militar despojó al grupo económico Graiver de la propiedad del paquete accionario de dicha empresa para entregarlo a una sociedad formada por los tres grandes diarios de ese momento, Clarín, La Nación y La Razón ”. En la página 8 de la obra, Gasparini sostiene: “Podría concluirse que el operativo de aniquilamiento del grupo Graiver a cargo de las Fuerzas Armadas siguió un plan que abarcó tres fases sucesivas e interdependientes entre sí. La primera fue decapitar al grupo, una multinacional valuada en 200 millones de dólares con tentáculos en Argentina, Bélgica y Estados Unidos, abatiendo a su jefe, David Graiver. La segunda etapa se hizo respetando las apariencias de la legalidad, con la viuda y su firma de heredera en libertad, aunque sin duda bajo control y presión del régimen militar. La transacción debía parecer limpia, neutralizando reproches eventuales de cara al futuro. Tenía que observar las formas de un canje ordinario de responsables, para que el proyecto monopolizador del ‘insumo vital’ destinado a abastecer periódicos y revistas a escala nacional cambiara de manos sin despertar recelos ni suspicacias. La tercera etapa fue la expropiación forzada de lo mucho que les quedaba a los Graiver, para lo cual resultaba prescindible acatar las normas republicanas. Tal saqueo se perpetró con los expoliados ya en prisión. Y comenzó tras un mes en el que los mantuvieron secuestrados clandestinamente, pasando de inmediato a ser condenados a largas penas de cárcel por la Justicia militar”. Los fiscales, ahora, deberán evaluar la prueba.
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política
piden a la justicia que sean detenidos de inmediato por papel prensa
Dura acusación oficial a Magnetto y Noble por delitos de lesa humanidad
La presentación la harán la próxima semana el secretario de DD.HH. y el procurador del Tesoro. Los empresarios de Clarín y La Nación podrían ser condenados hasta a perpetua.
Por Javier Calvo
“La verdad”. CFK presentó el informe oficial el 24/8. Ahora llega la denuncia.
No hay stent ni nada que parezca frenar a los Kirchner. Tres semanas después de la presentación presidencial del informe oficial “Papel Prensa. La Verdad”, el Gobierno tiene lista la denuncia judicial que terminará de patear definitivamente el tablero político y multiplicará, seguramente, las polémicas.
El escrito, al que accedió PERFIL, lleva la firma del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y el patrocinio del procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha. Allí, a lo largo de dos centenares de páginas, se describe el presunto traspaso irregular de las acciones de la empresa Papel Prensa (principal fabricante de papel para diarios del país) de la familia Graiver a Clarín, La Nación, La Razón y al propio Estado.
Por aquella transferencia accionaria de fin de 1976 y principios de 1977, en plena dictadura, serán denunciados penalmente por extorsión, amenazas, tormentos, privación ilegítima de la libertad, secuestro y homicidio los ex jerarcas Jorge R. Videla, Emilio Massera, José A. Martínez de Hoz y Raymundo Podestá (ex secretario de Desarrollo Industrial), en calidad de autores y coautores de esos delitos.
La acusación abarcará también a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto (principales accionistas de Clarín) y Bartolomé Mitre (director de La Nación), en calidad de “partícipes necesarios”.
La novedad, si es que así se la puede considerar, no termina ahí. Como los delitos de los que se acusa son considerados de lesa humanidad –esto es, imprescriptibles y no excarcelables–, la denuncia reclama la “inmediata detención” de todos los involucrados. Videla y Martínez de Hoy ya están privados de su libertad por otras causas. Massera, también condenado, está alojado desde hace años en el Hospital Naval. La orden de arresto recaería entonces sólo sobre Podestá, Mitre, Herrera de Noble y Magnetto, quien semanas atrás hizo referencia a la posibilidad de ser detenido (ver recuadro).
Las penas previstas para este tipo de delitos pueden llegar hasta la reclusión perpetua, condena que puede abarcar tanto a autores y coautores como a partícipes necesarios.
Pero hay más. Decidió incorporarse a la acusación la figura del homicidio. Es con relación al secuestro y posterior muerte bajo tormento de Jorge Rubinstein, que era abogado de los Graiver.
Sr. juez. La denuncia de Duhalde/Da Rocha se presentará la próxima semana y tendrá como destino la Unidad Fiscal especial de delitos de lesa humanidad de La Plata, donde ya hay una investigación iniciada por el pase de las acciones de Papel Prensa. A las manos de los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro llegó la papa caliente de parte del juez platense Arnaldo Corazza, que lleva las causas de los centros clandestinos de detención del llamado “circuito Camps”. El secretario de Derechos Humanos fue el iniciador de ese expediente especial sobre Papel Prensa, hace cuatro meses, donde entre otros ya declararon Rafael Ianover, Osvaldo Papaleo y Lidia Papaleo (testaferro, cuñado y viuda de David Graiver, respectivamente). Duhalde ahora busca ponerle la frutilla al postre.
La cena empezó a servirse el 24 de agosto, cuando Cristina presentó en la Rosada el informe de Guillermo Moreno sobre Papel Prensa. En ese marco, anunció que el tema iba a ser puesto en manos de la Justicia y que el Congreso iba a recibir un proyecto para que la fabricación de papel para diarios fuera de interés público. Cuatro días después, PERFIL reveló que el kirchnerismo quería ver preso antes de fin de año a Magnetto, el CEO de Clarín, según admitían dos funcionarios.
Aquella parecía ser la apuesta mayor del acto liderado por la Presidenta. Ello no sólo no sucedió, sino que Clarín y La Nación contraatacaron con el testimonio ante escribano de Isidoro Graiver, hermano del fallecido David, en el que aseguraba que la venta de acciones de Papel Prensa había sido poco menos que una operación normal. Esa aparición generó algunos pases de facturas en el oficialismo, con epicentro en Moreno, hacedor del informe “La Verdad” junto a su fiel Beatriz Paglieri.
Giro. Acaso por este y otros deslices, la denuncia del tándem Duhalde/Da Rocha no se sostiene básicamente en el documento morenista.
Por caso, de acuerdo a lo observado por este diario y según reconoció una fuente con acceso a ambas investigaciones, apenas unas cuatro o cinco páginas del escrito que irá a La Plata fueron tomadas del informe de Moreno. El secretario de Derechos Humanos y el procurador del Tesoro prefirieron incorporar sustancialmente el dictamen de hace 22 años del entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas (ver aparte).
En aquel trabajo, que demandó cuatro años, Molinas concluyó que las máximas autoridades de la dictadura “tomaron la determinación de liquidar el grupo” Graiver y que “decidieron obligar a los herederos a transferir las empresas”.
Molinas había tomado declaración tanto a Lidia Papaleo como a Isidoro Graiver, quienes cobraron indemnizaciones como víctimas del terrorismo de Estado y por haber sido despojados de numerosos bienes. En aquel testimonio, Graiver relata las presiones que padecieron, lo que fue retomado en la denuncia del Gobierno como otro intento de intentar desacreditar la postura de Clarín y La Nación.
Papaleo también se refirió ante Molinas a las presiones para vender. Su declaración no fue tan concluyente como su reciente reaparición en el informe “La Verdad”, su posterior comparecencia en el juzgado de La Plata y sus dichos públicos, todos incriminatorios acerca del rol que cumplieron los diarios que se quedaron con la propiedad de Papel Prensa hace más de treinta años.
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