Lo que circula por los medios

1 de septiembre de 2010

PARECE QUE CARRIO Y DUHALDE QUE TODAVIA NO SE ENTERARON DE LAS HISTORICAS QUEJAS POR EL MONOPOLIO DEL PAPEL



¿Nadie se quejó del monopolio del papel?

¿Nadie se quejó de la falta de papel?



Preocupación histórica

30 Agosto 2010


El titular de DyPRA dejó en claro que la lucha por el papel es “histórica”, y no algo que surge con este Gobierno.

El referente de la cooperativa que agrupa a más de 80 medios del país explicó que es “histórica” la lucha de los diarios del interior por la disposición de ese insumo básico. Además, propuso una ronda de audiencias en el Congreso para ampliar el debate

Mirad, del diario cooperativo Comercio y Justicia, y presidente de Diarios y Periódicos Regionales de la República Argentina (DyPRA), explicó que la lucha de los diarios del interior por la democratización del acceso al papel es histórica y excede a la puja que tiene como protagonistas al gobierno nacional y al Grupo Clarín y La Nación.


DyPRA hoy tiene unos 80 medios asociados, entre pymes y cooperativas. Todos son, básicamente diarios regionales, cuyo promedio de impresión ronda los 2 mil ejemplares.

Mirad celebró además la intervención de la Justicia para develar la verdadera historia del traspaso de la empresa Papel Prensa a los medios más poderosos de la Argentina; y el envío de la ley que establece el interés público de la producción de celulosa al Congreso de la Nación.

Mirad recordó que los diarios La Arena (La Pampa), La Voz del Interior, cuando pertenecía a la familia Guía; Los Principios, y Comercio y Justicia, todos de Córdoba; protestaron cuando entregaron Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón.

En aquel momento, los propietarios de estos medios fueron a Buenos Aires y analizaron formar una cooperativa u otra figura para evitar que el papel quede en manos de esos pocos medios. “Es decir, los diarios del interior tienen una historia de lucha en torno del papel, más allá de que, con el tiempo, algunos de ellos hayan logrado acomodarse o unirse al Grupo Clarín”, afirmó Mirad y agregó: “Por eso, los diarios del interior tenemos la obligación de explicar esta lucha por el papel en la Argentina, que excede al kirchnerismo, porque la democratización en el acceso al insumo es una cuestión de estricta justicia histórica”.

Momento bisagra

Para el titular de DyPRA la cuestión de papel, y la posibilidad de que todos los medios del país puedan acceder a ese insumo a precios igualitarios, “es una bisagra”.
El precio del papel incide en el precio de la información y en el precio que pagan los anunciantes; por eso, que el Estado, no el Gobierno, regule el acceso a este insumo para evitar la monopolización, para Mirad es “trascendental”, porque va a permitir que muchos diarios “sean viables”.
“Hoy, existe un sin fin de proyectos gráficos de pymes y otras organizaciones de la Sociedad Civil que no pueden ponerse en marcha porque acceder al papel de diario es imposible. Por eso, creemos que estamos en un camino de tránsito hacia una democratización en lo que es la palabra, la prensa escrita y las comunicaciones”, indicó el titular de DyPRA.

El debate que viene

Si bien hasta sólo se conocen las opiniones de muy pocos de los senadores que tendrán la tarea de discutir el proyecto de ley en el Congreso, Mirad admitió que “hay algunas sorpresas” entre los legisladores por Córdoba. Algunos nos dijeron que se va a estudiar en profundidad la cuestión, y otros que podrían tratar de ingresar nuevos proyectos, pero todos en la dirección del que envió el Ejecutivo”, indicó.
No obstante, el titular de DyPRA aseguró que sería muy importante que los medios del interior puedan explicar los distintos escenarios en audiencias a realizarse en el Parlamento. “La situación que atraviesan los diarios del interior es desconocida casi completamente por los legisladores, por nunca se ha hablado de esto de manera masiva. El problema del papel excede el conflicto de Clarín con el Gobierno, acá hay derechos lesionados de los diarios del interior”, explicó Mirad.


visto en Twitter;  elmapadelcolo 
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Carrio dice: Nadie se quejó de la falta de papel

¿Será que no leyo la nota con las decLaraciones del titular de DyPRA?


Ahora ¿cómo puede ser que una diputada, afirme cosas, mientras habla desde  una posición de total ignorancia?? 

¿Pues alguien que desconoce las declaraciones las delcaracones del titular de DyPRA y el informe del Fiscal Molinas no deberia guardar silencio sobre esos sensibles?? Abajo notas sobre el informe Fiscal Molina.



0109 2010 VICTOR HUGO MORALES DECLARACIONES CARRIO

 


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CARRIO CON MORALES SOLA



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Magdalena 27 08 2010 Fernando Molinas


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Domingo, 29 de agosto de 2010 | Hoy


EL PAIS › LA INVESTIGACION DEL FISCAL MOLINAS DE 1984 DETERMINO
“La Junta lo decidió”

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas encontró que la Junta Militar tomó la decisión de sacarles la papelera a los Graiver por la fuerza. “Esto surge también de todas las declaraciones informativas o testimoniales reunidas –determinó Molinas– y no sólo de declaraciones de los integrantes del Grupo.”


Por Irina Hauser

“Como surge de lo expuesto, al conocerse la muerte de David Graiver (el 9 de octubre de 1976) y la quiebra del grupo, las máximas autoridades nacionales del momento tomaron la determinación de liquidar el grupo; para ello decidieron obligar a los herederos a transferir las empresas. En nuestro caso, la Junta de Comandantes decidió que el Grupo Graiver debía transferir el paquete accionario clase A de Papel Prensa S.A. Esto surge claramente, no sólo de las dichos de los integrantes del Grupo Graiver, sino de todas las declaraciones informativas o testimoniales reunidas.” La cita textual es de hace veintidós años y forma parte del dictamen que firmó el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas cuando concluyó el expediente que ya entonces había puesto la lupa sobre la transferencia de acciones de los Graiver en Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón. La investigación, iniciada en 1984, daba por hecho que la venta se hizo en un contexto de sucesivas presiones, que se montaban a la situación de ahogo financiero del grupo, y también que fue previa a los secuestros de varios de sus integrantes para evitar que la empresa terminara en poder de la Comisión Nacional de Reparación Patrimonial (Conarepa), que se quedaba con los bienes de los detenidos.

La investigación de Molinas, nombrado fiscal general en la presidencia de Raúl Alfonsín, se abrió con una denuncia del sindicalista Norberto Imbelloni, cercano a Herminio Iglesias en esa época, que de manera genérica pedía que se esclareciera si hubo delitos como extorsión, defraudación o hasta asociación ilícita en el traspaso del paquete mayoritario de Papel Prensa a los tres diarios, que se produjo entre noviembre de 1976 y enero de 1977. Molinas se embarcó en la pesquisa, del mismo modo que encaró otras de tenor similar como la del secuestro extorsivo de los empresarios textiles Federico Gutheim y su hijo Miguel. El menemismo lo expulsó en 1991 de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA) y fue diputado hasta 1995 por el Partido Demócrata Progresista.

El expediente de la FIA, que llevó cuatro años de averiguaciones y declaraciones, era terminante en sus conclusiones: cuestionaba la compraventa de Papel Prensa por considerar que había sido forzada y teñida de irregularidades; se dio en un escenario de grandes dificultades económicas para el grupo pero no fue éste el que promovió la venta a Fapel SA sino a la inversa, y la oferta a precio vil llegó tras una cadena de advertencias que provenían de los jerarcas de la dictadura; la junta militar investigaba los vínculos de los Graiver con Montoneros por lo menos desde septiembre de 1976, o sea dos meses antes de la transacción; los secuestros de los Graiver y su entorno se produjeron una vez que la compañía ya estaba en manos de los diarios.

A los 35 años David Graiver era dueño de varios bancos, como el Comercial del Plata y el de Hurlingham en Argentina, el Banco para América del Sur de Bruselas, el American Bank and Trust y el Century en Estados Unidos, y tenía empresas de todo tipo, desde inmobiliaria hasta imprenta. Su ingreso a Papel Prensa se produjo en 1973, cuando compró las primeras acciones. Terminó siendo socio mayoritario, a medida que acordó la transferencia de acciones clase “A” de los fundadores de la empresa (César Civitta, César Doretti y Luis Rey). Los Graiver estaban representados por Galería Da Vinci y Rafael Ianover. La asamblea de accionistas de la productora de papel –que tiene participación del Estado– todavía no había aprobado la adquisición de acciones por parte del grupo, cuando se produjo la extraña muerte de David Graiver en un accidente aéreo en México.
Palabras indelebles

La viuda de Graiver, Lidia Papaleo, y su hermano Isidoro Graiver declararon en la investigación de Molinas en 1985. Sus relatos sobre lo que ocurrió con posterioridad al fallecimiento de David Graiver son prácticamente idénticos, según pudo constatar Página/12 al leer el viejo expediente, y pintan el clima previo al traspaso societario.

Ambos coincidieron en que en octubre de 1976 el abogado de la familia, Miguel de Anchorena, se había puesto en contacto con ella para advertirle que “había recibido una información de Francisco Manrique –el ex ministro de Acción Social– cuyo contenido era, sintéticamente, que el gobierno nacional vería con agrado la desaparición del conjunto empresario Graiver como tal, para lo cual sería necesaria la venta de los paquetes accionarios del Banco Comercial del Plata, del Banco de Hurlingham y del paquete de control, o mejor dicho del control accionario, de PPSA (Papel Prensa) estimando que los compradores lógicos de este último paquete eran los diarios Nación, Clarín y Razón”. Esas eran las palabras de Isidoro, quien además aclaró que Manrique “en el ínterin ratificó” lo que había dicho Anchorena. Las palabras de Lidia fueron casi las mismas. Quien interrogaba en la fiscalía era el hijo del fiscal Molinas, Fernando Molinas. La pregunta que originó aquellas respuestas era “cómo se había elegido el comprador” y si había “existido algún tipo de presión por parte de autoridades públicas o particulares”.

La semana pasada Isidoro sostuvo primero en una carta ante un escribano y luego ante el juez Arnaldo Corazza que nadie le indicó quién debía ser el comprador y que la compra se hizo con el mejor oferente. En los papeles de la FIA no se consignan otros oferentes, ni los menciona él en su declaración ante ese organismo, como no lo hace tampoco Lidia Papaleo. Ella, en cambio, suma al relato de entonces un episodio con Pedro Martínez Segovia, presidente de Papel Prensa y muy cercano a Martínez de Hoz, que la invitó a encontrarse en el bar del Plaza Hotel, donde le dijo que estaba al tanto de las tratativas para la venta de las acciones y señaló que “esa venta no podía efectuarse ni a personas de la colectividad judía ni a un grupo extranjero”. Cuando le tocó declarar, Martínez Segovia admitió el encuentro, contó que tomaron el té, pero dijo que no recordaba qué le había dicho a la viuda de Graiver.

Rafael Ianover, al presentarse en la FIA y asumirse como prestanombre de David Graiver, relató que cuando se aproximaba la asamblea de accionistas prevista para el 3 de noviembre del ’76, donde se debía tratar el pase de acciones de los antiguos dueños a Galería Da Vinci (para luego ser transferidas a Clarín, Nación y La Razón), recibió un “pedido”: Manuel José Benito Campos Carlés –titular de Fapel y apoderado de La Nación– le dijo que el secretario de Desarrollo Industrial, Raymundo Podestá, le pedía que no fuera a la reunión “para que la asamblea no fracasara solamente por la ausencia del representante estatal”. La asamblea, en efecto, no tuvo quórum. La noche anterior, el 2 de noviembre, firmaron la venta bajo la amenaza de que podían quedarse sin nada. El precio, declaró Lidia Papaleo, era mucho “menor al que” aspiraban pero “no había otra alternativa”, dijo. Tanto ella como Ianover en sus manifestaciones recientes dijeron que no hubo ninguna chance de opinar sobre el precio ni la forma de pago: el valor fijado fue cercano a un millón de dólares y el adelanto de 7 mil dólares.

Ianover dijo también que poco antes de la operación un grupo de tareas había ingresado a su casa, tomaron a sus hijos y a la empleada como rehenes y antes de irse le hicieron firmar un papel que decía que no faltaba nada. Agregó que Patricio Peralta Ramos –de La Razón– le había dicho que si firmaba el convenio no le iba a pasar nada. Sin embargo, fue detenido en abril de 1977. Igual que Juan Graiver y Eva Gitnacht (padres de David), Lidia Papaleo de Graiver, Isidoro Graiver y su esposa Lidia Brodsky, Jorge Rubinstein (abogado de los Graiver, quien murió en la tortura según los testimonios), Silvia Banjul (empleada del grupo) y Lidia Gesualdi (secretaria de David y luego de Lidia), todos cautivos desde marzo de ese año en adelante y sometidos a torturas en centros clandestinos de detención del llamado “Circuito Camps”, en la provincia de Buenos Aires. La asamblea de accionistas de Papel Prensa había aprobado la venta a Clarín, La Nación y La Razón a mediados de enero, dos meses antes.
Acusados

La investigación del fiscal Molinas incursionó en varios ejes y uno de ellos tuvo que ver con la constitución inicial de Papel Prensa y sus sucesivas composiciones accionarias. A su entender, hubo irregularidades desde los orígenes, ya que se hizo una adjudicación directa porque ninguna empresa cumplía con los requisitos de base y luego, las transferencias se encadenaron vía testaferros y sin aprobación en asamblea.

Un tramo de la pesquisa se centra en la relación de los Graiver con la agrupación Montoneros y da por hecho que el origen del dinero de sus operaciones era dudoso. Muestra que la junta militar venía investigando al grupo en su vinculación con Montoneros desde por lo menos dos meses antes de la venta de Papel Prensa y luego, ya detenidos, los sometieron a un Consejo de Guerra. Hace hincapié, para eso, en la declaración del propio represor Emilio Massera, quien señala el 15 de septiembre como momento en que “la Junta Militar había tomado conocimiento de los hechos relativos al caso Graiver” y que “de acuerdo con lo que surgía de las investigaciones realizadas, dicho Grupo habría tenido estrechas vinculación y colaboración con la subversión”. En la misma línea declara Martínez de Hoz.

Sobre esa base, su dictamen final advierte que a pesar de todo, y del carácter de accionista del Estado en la empresa, los ex comandantes “trataron y resolvieron” la venta como “una cuestión estrictamente comercial”. En la lógica del terrorismo de Estado, Molinas mostraba un escenario absurdo. Los militares, aunque “conocían –dice– la situación financiera del grupo, a pesar de haber investigado y comprobado según sus propios dichos la vinculación de David Graiver con Montoneros en ese entonces declarada al margen de la ley”, no propiciaron y hasta forzaron la venta de Papel Prensa.

“Insólitamente, la Junta asistió impávidamente al enajenamiento de todos los principales bienes del grupo y recién después que ellos fueron transferidos, procedió a detenerlos” e “intervenir los bienes” restantes. “En la práctica la Junta militar ocultó todo lo referente a la vinculación GraiverMontoneros hasta la finalización de la transferencia del paquete accionario de Papel Prensa”, afirma.

El dictamen, finalmente, acusa a los dictadores Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, a Martínez de Hoz y al secretario Raymundo Podestá por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, incumplimiento de sus deberes y administración fraudulenta. Propone que se revoquen parte de los convenios por los que se reparó patrimonialmente a los Graiver y gira las actuaciones al Poder Ejecutivo, para que haga su propia investigación (algo que recién ocurre ahora). En cuanto a los tres diarios, Molinas concluye que no tiene pruebas para incriminarlos y que, hasta ese punto, aparecen como compradores “de buena fe”,

“Nuestra hipótesis inicial y lo que se pudo comprobar en la investigación es que la junta militar quería sacarles Papel Prensa a los Graiver y desvincular la operación de cualquier posible circunstancia ilícita. A su vez, todo hacía pensar que no se la iban a entregar a cualquiera, ellos eligieron al comprador, pero no aparecieron pruebas al menos hasta ese momento de que los diarios actuaran en connivencia. Esperábamos que esa línea se profundizara en el juzgado”, le dijo Fernando Molinas a este diario. Pero nada ocurrió, ni siquiera avanzó el caso contra los dictadores, que terminaron sobreseídos por prescripción por decisión del entonces juez federal Néstor Blondi.

Hasta hace apenas unas semanas, cuando el juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente para investigar los hechos sobre la venta de Papel Prensa que surgieron de los testimonios recibidos este año en la Secretaría de Comercio y los envió al juez Corazza para que los incorporase a la causa sobre el circuito Camps de centros de detención clandestinos. A esto, en los próximos días se sumará la presentación que están preparando la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Derechos Humanos. La Justicia tendrá entonces otra oportunidad para fallar sobre el tema.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-152224-2010-08-29.html

A Ricardo Alfonsin y la UCR
Noticia
Pregunta para Ricardo Alfonsín y la UCR: ¿Qué hicieron con el informe del fallecido fiscal Ricardo Molinas?

Pregunta para Ricardo Alfonsín y la UCR: ¿Qué hicieron con el informe del fallecido fiscal Ricardo Molinas?El fiscal Molinas pidió anular la transferencia, recordó su hijo


El fallecido fiscal Ricardo Molinas, que durante la gestión de Raúl Alfonsín investigó la transferencia del paquete accionario de la empresa Papel Prensa a sus actuales socios privados, pidió formalmente la anulación de esa operación y realizó las correspondientes denuncias penales, recordó hoy su hijo y entonces secretario, Fernando Molinas.

Molinas hijo salió así al cruce de un comunicado de Clarín y La Nación según el cual la venta de acciones de la familia Graiver y testaferros a los nuevos socios "fue investigada ya en democracia por el entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, que no encontró irregularidades".
"Tal afirmación no es cierta", dijo el hijo del entonces fiscal para recordar que su padre "formuló diversas denuncias penales y solicitó la nulidad de la adjudicación recaída en los diarios", y así se lo manifestó formalmente al presidente Alfonsín, además de radicar una causa en el juzgado federal 3 de la Capital Federal.
En un comunicado, Molinas hijo transcribió textualmente las conclusiones del dictamen emitido por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en 1984 tras analizar las denuncias de "presuntas irregularidades en la transferencia de las acciones de Papel Prensa" hechas por el entonces diputado Norberto Imbelloni.
En el cuarto punto de aquel dictamen, el fiscal Molinas consideró que los miembros de la Junta Militar habían cometido el "delito de encubrimiento" al autorizar la venta de Graiver a Clarín, La Nación y La Razón a fines de 1976 "a pesar de conocer y estar investigando, según sus propios dichos, aquella vinculación entre Graiver y Montoneros", que le habían aportado 10 millones de dólares producto del secuestro de los Born.
Esa autorización, resaltó Ricardo Molinas, se consumó "apenas un mes antes de la detención, desaparición e interdicción de aquellos (los Graiver).., ocultando todo lo referente a dicha vinculación hasta que la transacción quedó concretada".
Otras irregularidades detectadas por Molinas refieren a la actitud de "los representantes estatales en la empresa, el Directorio del BANADE, el Secretario de Estado de Desarrollo Industrial, Raymundo Juan Pío Podestá, y del Ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz".
Molinas hijo también contrastó la actitud de su padre luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en los Contencioso Administrativo decretara en agosto de 1984 el cese de la interdicción de bienes de los Graiver y su libre disposición "retrotrayendo las cosas al estado que se encontraban con anterioridad al desapoderamiento consumado mediante la aplicación de las llamadas Actas Institucionales y Ley 21.670, ordenando establecer de común acuerdo el valor de los bienes".
Invocando dar cumplimiento a esta sentencia judicial, se suscribieron, entre el Estado Nacional representado por el Procurador General del Tesoro, Héctor Fassi, y Juan Gravier, Eva G. de Graiver y Lidia Papaleo, esposa de David Graiver, por si y por su hija menor María Sol Graiver, cuatro convenios relativos a las distintas empresas del grupo, entre ellas la editorial Olta, editora de La Opinión.
En este grupo se incluyeron, en forma expresa, las acciones de Papel Prensa S.A. que habían sido vendidas a los diarios y que estaban en esa época a nombre de Rafael Ianover, testaferro de Graiver y a nombre de la sucesión.
Dichas acciones fueron tasadas de común acuerdo y pagadas por el Estado Nacional que aprobó los convenios por Decreto Nº 2530 de fecha 30 de diciembre de 1985, firmado por el presidente Alfonsín.
"Como consecuencia de ello, en el mismo expediente se ordenó un sumario administrativo para que se deslindaran las responsabilidades de los funcionarios actuantes y se remitió copia del dictamen al Presidente de la República a fin de que se adoptasen los recaudos pertinentes para lograr la nulidad de los convenios, en lo relativo a Papel Prensa S.A.", puntualizó Molinas hijo.

http://www.informereservado.net/noticia.php?noticia=29098
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Y nota: CLARIN-CARABALLO-ARANDA, UNA GRAN FAMILIA 
 Caraballo es  pariente de uno de los directivos más importantes del monopolio. http://www.informereservado.net/noticia.php?noticia=29072
más aquí: 








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EL INFORME papel prensa la verdad
 
Descargas Documento Final (Documento Final al 23-08-2010 hora 13)
 
Lidia Papaleo de Graiver Rafael Ianover José Pirillo Victor Javkin



informe papel prensa 

Papel Prensa: "La Verdad" de Clarín y La Nación



Clarín y La Nación dieron difusión a una serie de documentos por medio de los cuales buscan desmentir irregularidades en la compra de las acciones.


El primer documento emitido por los accionistas privados comienza: "El ex Presidente Néstor Kirchner está desarrollando un plan para controlar y dominar a los medios que no le son afines. Esta política se acentuó luego de la derrota del Gobierno en las elecciones legislativas del año pasado, cuando Kirchner culpó del resultado electoral a la posición editorial de los medios".


PAPEL PRENSA DOCUMENTO 2010.pdf, PAPEL PRENSA DOCUMENTOS RESPALDATORIOS PARTE 1.pdf
 

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DIA DEL PERIODISTA

UNA MISIÓN DE LA SIP CONSTATÓ EN 1978 QUE PARA LOS EDITORES DE DIARIOS LA SEGURIDAD NACIONAL TENÍA PRIORIDAD SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN



Cooperación- "Otros editores y directores dijeron que no le dan espacio a la violencia porque están de acuerdo con la campaña del gobierno en contra del terrorismo y que van a cooperar".

Una foja del informe original de la SIP de 1978



Un documento invalorable para una reflexión sin autoindulgencia ni hipocresía.



Hoy es el Día del Periodista y los medios se cantan y se celebran a sí mismos. Pero hace veinte años una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupa a los dueños de periódicos del continente, constató que los principales editores de diarios argentinos asignaban prioridad a la seguridad nacional sobre la libertad de expresión, justificaban la censura alegando que compartían los objetivos de la dictadura militar, se negaban a informar sobre la desaparición de personas y se beneficiaban de ese comportamiento, asociándose con el Estado en la explotación de una fábrica de papel. Ese documento excepcional, redactado por los dueños de dos diarios estadounidenses, fue ocultado por la prensa argentina, que llegó a rechazar un premio otorgado por la SIP.

En el Día del Periodista, los medios argentinos se cantan y se celebran a sí mismos. No muestran el mismo entusiasmo por la revisión del pasado. Cuando la encaran, como hizo hace dos meses el presidente de ADEPA, Claudio Escribano, aducen que "no fuimos recios en la crítica contra los hombres que se excedieron en el ejercicio del poder. Debemos lamentar no haber alzado más la voz, porque hubiéramos contribuido a la salud de la República". En ese contexto de autoindulgencia, contribuye a la salud de la República la divulgación de un documento excepcional, redactado hace ahora veinte años por dos periodistas norteamericanos, que visitaron la Argentina como representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupa a los propietarios de periódicos de todo el continente. Edward Seaton, propietario del diario "Mercury" de Kansas, e Ignacio Lozano, de "La Opinión" de Los Angeles, constataron que para los editores argentinos la seguridad nacional tenía prioridad sobre la libertad de expresión, que justificaban la censura porque se declaraban de acuerdo con la dictadura militar (dentro de la cual distinguían entre duros y moderados y con la cual deseaban cooperar), que se negaban a informar sobre la desaparición de personas y que se beneficiaban de tal comportamiento al asociarse con el Estado para la producción de papel. La prensa argentina ocultó ese documento y varios de sus representantes expresaron su desacuerdo con él rechazando un premio que la SIP confirió a los periodistas argentinos con la intención de ayudarlos en una lucha por la libertad de expresión, que los editores no estaban interesados en librar.

"Absoluta libertad"

La SIP describió a la prensa argentina como "un grupo de periodistas desesperados que escriben y editan en condiciones extremadamente difíciles" pero se sorprendió de que aceptaran "las reglas de la censura impuesta directa o indirectamente por el gobierno militar. Nuestra misión chocó a cada paso con la opinión de que la Argentina", por citar a un editor, "goza de absoluta libertad de prensa dadas las circunstancias". Entre el 18 y el 25 de agosto de 1978 la misión entrevistó a más de cinco docenas de personas que se refirieron a "una situación de guerra" en la que "el país se acercaba a un estado de anarquía". La guerrilla controlaba hasta "territorios próximos a Buenos Aires". Antes del golpe "no había ley ni Justicia" y los secuestros y asesinatos eran tan comunes "que la información sobre ellos pasó a ser como la de los accidentes de tránsito, agrupados en los diarios de a cinco o seis por día bajo un único título. La gente se volvió tan insensible a la muerte, a los secuestros y asesinatos que, de acuerdo con varios directores, el país llegó al borde de la barbarie".

La mayoría de las fuentes consultadas por los visitantes dijo que sin la intervención militar el país hubiera sucumbido a la guerrilla. Después del golpe, se arresta a los sospechosos "a menudo sin proceso". El ministro del interior, general Albano Harguindeguy, dijo a la misión de la SIP que "1500 de esos ‘desaparecidosí estaban detenidos sin proceso por las autoridades militares" y que no serían liberados o juzgados porque eran "prisioneros de guerra". Fuentes extraoficiales "sugieren que su número puede ser de tres a seis veces mayor" y el propio gobierno reconoce en privado que hasta un 20 por ciento de esas detenciones "se deben a confusiones de identidad u otros errores". Harguindeguy dijo que en muchos casos no era posible formular cargos porque las pruebas, "aunque convincentes para los militares, no se sostendrían ante la Justicia". La misión citó un informe de Amnesty International acerca de 39 periodistas desaparecidos hasta enero de 1978, 40 detenidos y otros 22 asesinados, la clausura o suspensión temporaria de más de 60 publicaciones y la clausura permanente de otras tres docenas. Cuatro diarios fueron intervenidos, "La Opinión" de Buenos Aires, "La Opinión" de Trenque Lauquen, "El Independiente" de La Rioja y "El Norte" de Resistencia. "Esas cuatro publicaciones dirigidas ahora por autoridades militares y las publicaciones privadas que sobreviven enfrentan una situación de 'posguerra' dominada por el miedo y la autocensura".

Prioridades- "Es difícil que los observadores externos se sientan bien en un país cuyos principales editores de diarios dicen que la seguridad nacional tiene prioridad sobre la libertad de expresión".



Ministerio del miedo

Según la SIP, "no rigen las garantías constitucionales y el gobierno tiene amplias facultades para confiscar tiradas completas, cerrar publicaciones y disponer arrestos". Sin embargo, la censura no es tanto el resultado de un decreto como de "la proliferación del miedo. Miedo personal a sufrir daño, miedo a la clausura u otro castigo oficial, y miedo a debilitar a los elementos moderados del gobierno que quieren el retorno a la democracia. Cada una de esas fuentes de temor contribuye a la extendida autocensura que practica la prensa del país. La increíble inseguridad que enfrentan editores, directores y periodistas, ha inducido a la mayoría de ellos a no asumir riesgos", aunque "muchos reconocen que mucho de lo que no publican probablemente podría publicarse sin provocar las iras del gobierno". Los editores "también deben contemplar la posibilidad de represalias paraoficiales por elementos militares que actúan fuera del control de las autoridades superiores. Un periodista se refirió a este fenómeno como 'gangsterismo gubernamental'. Además, deben temer represalias de los grupos terroristas completamente ajenos al gobierno".

"La justificación para el castigo rara vez se explica en forma clara". Por ejemplo, "La Opinión" fue clausurada por publicar que "el Ejército había decidido proclamar como el próximo presidente a su representante en la Junta, el general Jorge Videla". La ironía es que el diario está dirigido por las propias Fuerzas Armadas. El funcionario a cargo renunció tres semanas después y fue reemplazado. "Crónica", un vespertino de Buenos Aires, levantó la historia, suponiendo que provenía de los militares. El decreto de clausura de ambos diarios dijo que la nota presentaba "disfrazada como un rumor, una temeraria afirmación acerca de decisiones unilaterales de una institución" que después la realidad confirmó. "El Día" de La Plata "enfrenta un tipo distinto de represalia, porque aparentemente desagrada a las autoridades locales de esa ciudad. El gobierno provincial retiró la publicidad oficial, estimada en unos 100.000 dólares por año; los periodistas de "El Día" no son admitidos en los despachos oficiales y se han enviado minuciosas inspecciones a su sede en busca de evidencias sobre infracciones edilicias menores".

Kafka y Walsh

"Nadie está ni siquiera seguro acerca de quién es responsable de las desapariciones y las muertes que, aunque menos frecuentes últimamente, han llegado a ser lugar común. Debido a este aspecto de la realidad argentina, la atmósfera es la de una sociedad totalitaria, aunque no demasiado bien organizada. Es como vivir en una novela de Franz Kafka. Hay gente que muere, gente que desaparece y luego reaparece. El periodista Julián Delgado, director del principal diario económico, 'El Cronista Comercial', por ejemplo, desapareció recientemente junto con su auto. No se encontraron rastros de ninguno de ellos. Los secuestros de medianoche por personas vestidas de civil a veces terminan con arrestos reconocidos luego por las autoridades. Pero en muchos casos tal reconocimiento no se produce y, sin embargo, la policía no los investiga".

"El caso de Rodolfo Walsh ilustra lo que puede ocurrir. Walsh es uno de los más conocidos periodistas investigativos del país y un abierto y activo partidario del peronismo de izquierda". El día anterior a su secuestro "difundió una Carta Abierta a la Junta Militar denunciando, en el primer aniversario del golpe, las violaciones a los derechos humanos y deplorando el impacto de su gobierno sobre la Argentina. La carta fue la más poderosa y detallada denuncia del gobierno aparecida desde el golpe". La responsabilidad por tales actos "nunca es clara. Varios periodistas bien informados dijeron a nuestra misión que creen que el gobierno no se propone perseguir a los periodistas. Su sospecha es que militares de jerarquías inferiores puedan estar actuando por su cuenta en esos casos. Nuestras fuentes dijeron que en muchos casos los máximos líderes militares no pueden controlar a sus subordinados y que en realidad la Argentina no tiene uno sino el equivalente a seis o siete gobiernos. Además, algunos asesinatos y secuestros también pueden ser responsabilidad de los terroristas de izquierda, dicen".

"Esta situación de extrema inseguridad parece estar mejorando", dice el informe. "El número de asesinatos y desapariciones se ha reducido. Y desde abril, fecha de la más reciente clausura de una publicación, las represalias oficiales han disminuido". El secretario de información pública, almirante Franco, prometió a la misión que no habría más clausuras y que "de ahora en más los llamados desde su oficina se limitarían a pedidos, antes que advertencias o reprimendas". Otros "signos alentadores" mencionados fueron la derogación de dos decretos que prohibían publicar o difundir noticias sobre el país escritas por agencias extranjeras y comentarios sobre el país publicados en el exterior, y el anuncio de "planes para devolver a manos privadas todas las estaciones de radio y televisión excepto un canal cultural no comercial en Buenos Aires y uno en cada capital provincial", algo que no ocurrió.

Zonas grises

"La mayoría de los diarios ignoran la mayoría de los secuestros. Por ejemplo, pocos quisieron cubrir la desaparición de diez dirigentes de las llamadas Madres Locas que se reúnen los jueves frente a la sede presidencial". Luego de referirse a una desaparición en la que habría autoridades comprometidas, la misión consignó que "ningún diario quiere publicar los hechos de los que se deriva esta implicación ni designar un equipo de investigación para ir a fondo. Como expresó un editor, 'si publico los datos de ese caso que conozco, el que desaparece soy yo'. Tres días después de nuestra partida, el director de la revista 'Confirmado', Horacio Agulla, fue muerto a tiros mientras estacionaba su auto en un barrio de clase alta de Buenos Aires". El mismo día "otro periodista, Juan Ramón Nazar, que fue editor del diario 'La Opinión' de Trenque Lauquen fue liberado luego de más de un año desde su secuestro".

"La Argentina está bien lejos de haber vuelto a la normalidad. Muy pocas publicaciones están dispuestas a asumir el riesgo de cubrir la violencia que permea la sociedad. Sólo unos pocos diarios publican en forma habitual noticias sobre secuestros y actividades subversivas. La mayoría de los editores que nuestra misión entrevistó se justificaron por no publicar noticias sobre desaparecidos con afirmaciones como esta: 'De tan común no es noticia'. El director que dijo esto, el mismo día publicó en su diario informaciones sobre secuestros y asesinatos en el exterior. Otros editores y directores dijeron que no le dan espacio a la violencia porque están de acuerdo con la campaña del gobierno en contra del terrorismo y que "van a cooperar". La extensión de esta actitud quedó demostrada en mayo [de 1978] cuando "La Prensa" publicó la lista de 2.500 personas que habían "desaparecido". De acuerdo con un vocero del organismo de derechos humanos que pagó la solicitada, la lista había sido rechazada antes por lo menos en otros tres diarios de Buenos Aires. Y pocos diarios de Buenos Aires informaron de que se hubiera publicado semejante lista". Durante el campeonato mundial de fútbol "fue colocada una bomba en la planta fabril de un gran diario de Buenos Aires, que no publicó la noticia. Cuando explotó otra en el edificio del 'Buenos Aires Herald', el único diario que lo cubrió fue el propio 'Herald'. La prohibición "de toda información independiente sobre actividades subversivas se ha ido relajando". Pero el problema "consiste en saber dónde está el límite. Implicar a los militares en las desapariciones está claramente fuera del límite, aun cuando el propio presidente Videla haya admitido públicamente que la lucha contra la subversión condujo a excesos que deben ser controlados. Los pocos diarios dispuestos a correr riesgos, exploran en forma constante esta zona gris, en busca del límite. Pero la mayoría acepta las normas del gobierno sin quejarse, y en las zonas grises son muy prudentes. Una notable excepción a la ausencia de cobertura de esos crímenes es el "Buenos Aires Herald", el valiente David que recibió el premio Mergenthaler en nuestra última reunión", que se publica en inglés y cuyo director, Robert Cox, fue arrestado y detenido durante 24 horas bajo acusación de violar una ley de seguridad por informar en la tapa acerca de una conferencia de prensa de extremistas argentinos en Roma. Luego del retiro de la misión, Cox marchó al exilio. Según Seaton y Lozano "en este cuadro sombrío no faltan signos alentadores". La promesa de que no habrá más clausuras y las declaraciones oficiales acerca de que "la prensa no tiene nada que temer del gobierno, son estimulantes. Pero es difícil que los observadores externos encuentren algún consuelo en los comentarios de editores y directores de que vivieron la mayor parte de su vida bajo estado de sitio, de modo que la situación actual no es necesariamente anormal. Tampoco pueden sentirse bien en un país cuyos principales editores de diarios dicen que la seguridad nacional tiene prioridad sobre la libertad de expresión".





El papel del crédito

"Otro aspecto de la situación que perturbó a la misión es el crédito a largo plazo que el gobierno concedió a los diarios para una planta de papel". Seaton y Lozano entendieron el deseo de los diarios de desarrollar su propia provisión de papel, "de modo de no estar sujetos a los caprichos de la importación controlada por el Estado", pero expresaron "graves reservas sobre el proyecto emprendido por tres grandes diarios de Buenos Aires. 'La Nación', 'La Razón' y 'Clarín' compraron acciones en la nueva planta" mediante un "generoso crédito ofrecido por el gobierno militar. Semejante situación encierra muchos peligros. No es el menor de ellos que esto casi imponga no antagonizar con el gobierno". El informe dedica dos de sus 18 hojas al caso de Jacobo Timerman, "un propietario y director de diario arrancado de su casa en medio de la noche, torturado, privado de su propiedad, juzgado y absuelto por la justicia militar, que sigue prisionero pese a que la Corte Suprema ordenó su libertad" mientras su diario "La Opinión" es dirigido por un coronel. "Todos debemos preguntar cómo llegó Jacobo Timerman a una situación tan desesperada y qué implica esto para el resto de la prensa en la Argentina". Su caso "no es especial porque él sea periodista ni porque sea único. Muchos otros periodistas están presos sin proceso, porque se considera que tienen conexiones con los terroristas, como se pensaba que Timerman las tenía. La diferencia es que Timerman fue juzgado y absuelto por un tribunal militar por delitos subversivos, y sin embargo sigue bajo arresto". Harguindeguy, "quien parece tener completo control sobre estas cosas", informó a la misión que Timerman aún "debía aclarar sus asuntos financieros ante la justicia civil. Normalmente, los juicios civiles no son causa de detención. En consecuencia, la situación de Timerman representa muy claramente el caso de un prominente director y editor arrestado sin causa, cuyo diario "La Opinión" ha sido confiscado". Aunque las acusaciones de conexión con los subversivos han sido refutadas "su diario no le fue devuelto. Timerman cree categóricamente que su detención es un simple caso de antisemitismo. Otras fuentes coinciden con esta evaluación. Timerman está desilusionado por lo que siente como falta de apoyo de los demás editores argentinos. Sin embargo, nueve meses antes de nuestra visita ADEPA, la organización de los editores de diarios, aprobó una declaración exhortando al gobierno a liberar a Timerman y dispuso que sus directivos pidieran una audiencia con el presidente Videla para expresarle su preocupación. Hasta el momento de nuestra visita la audiencia con Videla aún no había tenido lugar", concluye el muy moderado documento de la SIP. A dos décadas de distancia y en una situación por fortuna muy distinta, su lectura ayuda a rememorar la viscosidad del pantano en que la sociedad argentina hozaba entonces. Hoy es el día apropiado.



LAS NEGRITAS

El informe fue presentado a la 34° Asamblea de la SIP, que sesionó en Miami entre el 9 y el 13 de octubre de 1978. Ese último día "La Nación" tituló su crónica "Firme posición de la Argentina ante la asamblea de la SIP", en la que informó que ADEPA había rechazado el premio SIP Mergenthaler, ofrecido en forma colectiva "a los periodistas argentinos que por defender la libertad de prensa han muerto, desaparecido o sufrido encarcelamiento y persecución". La delegación argentina propuso que se cambiara aquel texto por éste: "A los periodistas argentinos en la figura de Alberto Gainza Paz, quien nunca claudicó en la lucha por los principios que sostiene la SIP". La SIP no aceptó y nadie retiró la plaqueta, que quedó colocada en la sede central de la organización.


Según "Clarín" los asistentes argentinos dijeron que la aceptación del premio "sólo contribuiría a la campaña lanzada por ciertos elementos de la prensa internacional para denigrar el buen nombre del país". El mismo diario dijo que "el restablecimiento de la libertad de prensa registró progresos en la Argentina pero dista mucho de llegar a una total normalidad". El artículo reprodujo tres párrafos genéricos del documento (el de los periodistas desesperados, el de la atmósfera totalitaria y los seis o siete gobiernos, y otro en el que se afirma que la prensa afronta una situación compleja) y destacó con negritas el párrafo sobre los "signos alentadores". Entre ellos mencionó "la concesión a las empresas periodísticas de créditos a largo plazo para la adquisición de papel" convirtiendo en positivo lo que el documento había calificado como motivo de "graves reservas". Las negritas también resaltaron la posibilidad de que "los grupos terroristas tengan responsabilidad en los secuestros de periodistas" y una declaración de Jorge Remonda, de "La Voz del Interior", según quien existía "una insidiosa campaña contra la Argentina desatada en el exterior y aberrantes deformaciones de medios extranjeros de comunicación".
"La Nación" también informó que "la representación de la prensa argentina" había rechazado el informe porque "parecería que en vez de ir a la Argentina a cerciorarse de si existe libertad de prensa se ocupó esencialmente del caso de Jacobo Timerman, quien se encuentra a disposición de la Justicia (sic) por hallarse supuestamente mezclado en el 'affaire Graiver'". El diario reseñó sucintamente el documento y luego se extendió en las respuestas indignadas de los argentinos, entre ellos Remonda, quien dijo que en la Argentina no había antisemitismo. En sus crónicas "La Opinión", confiscada por la Junta Militar, destacó una afirmación de la propietaria de "La Nueva Provincia", Diana Julio de Massot, según quien Timerman "estaba detenido por sus notorios vínculos con manejos financieros que aún hoy el gobierno nacional sigue investigando". Según "La Nueva Provincia", Annuar Jorge dijo que "para algunos parece más importante qué clase de gobierno tenemos que el hecho de que hayamos eliminado a los guerrilleros". Los autores del documento respondieron que "no somos miembros de una conspiración internacional contra la Argentina".

http://www.pagina12.com.ar/1998/98-06/98-06-07/pag10.htm

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Ese Gran Simulacro

Cada vez que nos dan clases de
amnesia
como si nunca hubieran existido
los combustibles ojos del alma
o los labios de la pena huérfana
cada vez que nos dan clases de
amnesia
y nos conminan a borrar
la ebriedad del sufrimiento
me convenzo de que mi región
no es la farándula de otros

en mi región hay calvarios de
ausencia
muñones de porvenir / arrabales
de duelo
pero también candores de
mosqueta
pianos que arrancan lágrimas
cadáveres que miran aún desde
sus huertos
nostalgias inmóviles en un pozo
de otoño
sentimientos insoportablemente
actuales
que se niegan a morir allá en lo
oscuro

el olvido está lleno de memoria
que a veces no caben las
remembranzas
y hay que tirar rencores por la
borda
en el fondo el olvido es un gran
simulacro
nadie sabe ni puede / aunque
quiera / olvidar
un gran simulacro repleto de
fantasmas
esos romeros que peregrinan por
el olvido
como si fuese el camino de
santiago

el día o la noche en que el olvido
estalle
salte en pedazos o crepite /
los recuerdos atroces y de
maravilla
quebrarán los barrotes de fuego
arrastrarán por fin la verdad por
el mundo
y esa verdad será que no hay
olvido
Mario Benedetti

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