Lo que circula por los medios

24 de octubre de 2010

PREGUNTAS, CONEXIONES E INVESTIGACION SOBRE LA MUERTE MARIANO FERRERYRA


¿Quién mató a Mariano?
Enviado por Gisela Carpineta el Dom, 24/10/2010 - 04:27.
* Política

Por
Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com


En menos de 72 horas se identificó al presunto autor material y su trama de relaciones.

En menos de 72 horas se cierra el círculo sobre los presuntos autores materiales del ataque armado que causó la muerte de Mariano Ferreyra y dejó en coma a Elsa Rodríguez. Las investigaciones de la fiscal Cristina Caamaño y las declaraciones de testigos presenciales permitieron determinar quiénes apretaron el gatillo. En efecto, el viernes a la tarde, la jueza Susana Wilma López ordenó allanamientos en distintas dependencias de la Unión Ferroviaria y en la sede de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe) de la ex línea Roca, tras lo cual pudo determinar que un grupo de barrabravas que figuran en la plantilla como empleados ferroviarios fueron el brazo ejecutor de este horrible crimen político. El principal sospechoso es Cristian Favale, alias el Tatuado, barrabrava de Defensa y Justicia, hombre reclutado por Alberto Trezza, quien fuera subsecretario de Transporte Ferroviario, Fluvial y Marítimo durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Favale, hasta el cierre de esta edición, se encontraba prófugo. Cabe aclarar que Favale forma parte de la llamada “Banda de Varela” que, en realidad, no sólo actúa para Defensa y Justicia –de Florencio Varela– sino también para Banfield, club en el que militan Trezza y Duhalde. La Banda de Varela estaba, originalmente, integrada por hinchas de Banfield que vivían en un barrio humilde cerca del cementerio y que luego fueron reubicados en Florencio Varela. Por relaciones del fútbol y la política, en esa localidad pudieron hacerse un lugar entre los barras de Defensa y Justicia. Cabe consignar que Carlos Portel, presidente de Banfield y miembro del entorno de Duhalde, es el protector de esa barra.
Varios medios se apresuraron a publicar fotos de Favale con, entre otros, los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Educación, Alberto Sileoni, así como con la periodista Sandra Russo. Para desgracia de los medios que quieran escandalizar con ellas, vale la pena aclarar que fueron tomadas en el café La Puerto Rico, de Alsina y Defensa, el 9 de septiembre pasado durante una peña que se lleva a cabo todos los jueves y es de acceso público.
El presidente de Banfield Portel, el ex presidente Duhalde y su ex subsecretario de Transporte Ferroviario Trezza compraron el pase del futbolista Javier Zanetti del club Talleres de Remedios de Escalada para el Taladro hace dos décadas. Ahora, los tres aparecen vinculados a los autores materiales del crimen de Mariano. Curiosamente, Talleres surgió de los talleres ferroviarios de esa localidad.
Quienes trabajan en la investigación del caso se encuentran ante una cantidad de evidencias que revelan la sensación de impunidad de una trama que involucra tanto a Trezza como a los directivos de la Unión Ferroviaria –incluyendo a su secretario general, José Pedraza (ver nota de Pablo Galand)–, y a los directivos de la Ugofe en un asesinato destinado a escarmentar a trabajadores tercerizados que no cejaron en su protesta ante los despidos injustificados y un encuadre salarial desventajoso. Las desprolijidades del grupo asesino llegan al punto de haber mantenido conversaciones telefónicas entre sí altamente comprometedoras, tal como surge de escuchas ordenadas por la jueza López tras diferentes testimonios recogidos en el juzgado.
Uno de los casos flagrantes de la gente de Pedraza es Pablo Díaz, responsable del cuerpo de delegados de la UF en el Roca, quien estuvo en la patota que impidió a los manifestantes cortar las vías y luego los atacó. Hay fotos en el juzgado en las cuales Díaz está junto a personas sospechadas de ser los autores materiales del crimen.

Los hechos y sus explicaciones. Eduardo Montenegro, gerente de Relaciones Institucionales de Ugofe, declaró alegremente a los medios el miércoles por la tarde que la presencia de supuestos empleados ferroviarios en las vías del ex Roca en la Estación Avellaneda fue acordada por la empresa para evitar el corte de vías por parte de los trabajadores tercerizados despedidos. Esa confesión pone en evidencia que, en vez de dar parte a la Justicia respecto de lo que, a juicio patronal, podía constituir un posible delito federal, los ejecutivos del Roca prefirieron recurrir a una fuerza de choque que a las instituciones de la Nación. Con tanta impunidad se teje la trama de vínculos entre jerarcas sindicales de la Unión Ferroviaria y los concesionarios que, el martes 19, desde la oficina de la Unión Ferroviaria en Constitución, se habría despachado un correo electrónico (algunos testigos agregan que también hubo un fax de igual tenor) a la oficina de Recursos Humanos de Ugofe con un insólito pedido: “La licencia de 120 empleados el miércoles 20 a efectos de participar en una actividad gremial en la Estación Avellaneda”.
Los trabajadores tercerizados, que están organizados gremialmente y cuya cara visible es Diego Cardía, habían previsto cortar las vías al mediodía y enviaron correos electrónicos a varias redacciones y medios de prensa advirtiendo que esa medida la tomarían para reclamar por los despidos de unos 120 trabajadores que en la casi totalidad fueron marcados por los activistas de la Lista Verde de ferroviarios manejada por Pedraza. El vínculo es casi burdo y constituye una prueba flagrante de los intereses político-empresariales-sindicales que llevaron al desguace del Estado en los noventa y que todavía perduran en muchos sectores de la vida nacional.
Es importante detenerse en esta trama de intereses porque la batalla judicial más difícil será la de establecer a los autores mediatos del crimen de Mariano y los móviles económicos y políticos que los llevaron al asesinato. José Pedraza militó en la combativa CGT de los Argentinos de cuya publicación institucional se ocupaba personalmente Rodolfo Walsh. Pedraza, como muchos otros sindicalistas, en 1968 leía las investigaciones que semanalmente publicaba Walsh en el periódico de la CGT A para establecer quién había matado a Rosendo García en la confitería La Real de Avellaneda, menos de dos meses antes del golpe de Juan Carlos Onganía, que fue abrazado por varios dirigentes gremiales que prefirieron las botas militares que estar junto a los trabajadores cuyos derechos se vieron pisoteados por esa dictadura (ver nota de E. Arrosagaray).
Walsh pudo establecer cómo fue el crimen tras dos años de arduas observaciones y entrevistas. El asesinato de Mariano, en cambio, pudo tener pistas firmes en apenas dos días. Por un lado, por la cantidad de pruebas que surgen de las novedades tecnológicas: correos electrónicos, imágenes de cámaras de seguridad y de televisión y, sobre todo, por los letales cruzamientos de llamadas telefónicas durante las tres horas de la marcha del miércoles que permiten establecer dónde estaban efectivamente muchos miembros de la patota.
Pero más importante que esto es que la Justicia funcionó desde el primer momento. La fiscal Caamaño pasó varias jornadas casi sin dormir y no dudó en decir que “es de izquierda” –con tono de humor pero en serio– para estimular a aquellos testigos del Partido Obrero que en los primeros días demoraban su declaración en la fiscalía. En cuanto a la jueza López, con perfil bajo, mostró reflejos no sólo en cuanto a la rapidez para ordenar detenciones sino también en la precaución de recurrir a Gendarmería Nacional para evitar que la Policía Federal realizara diligencias, ya que hay sospechas de connivencia entre la patota y los efectivos de esa fuerza de seguridad encargada de evitar agresiones hacia los tercerizados. Un testigo declaró ante la jueza algo importante sobre el comportamiento de al menos un efectivo de la Federal que estaba destacado en la marcha. Cuando ya se habían retirado la mayoría de los manifestantes y quedaba el reducido grupo donde estaban Mariano Ferreyra, Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre, los agresores apuraron el paso y empezaron a tirar piedras y atacar con palos. Lejos de cumplir sus funciones, según consta en las actuaciones judiciales, un policía le dijo a un grupo de personas que estaban trabajando en ese lugar: “¡Rajen que éstos los matan a todos…!” En ese momento, además, los efectivos de seguridad abandonaron el lugar de modo precipitado. A poco de suceder esto, moría Mariano, y Elsa y Nelson quedaban heridos de bala, tirados en el lugar.

Los autores mediatos. Una parte de la instrucción permitirá determinar quién disparó y, tal vez, de quién recibió la orden. Otra parte es más compleja y tiene que ver con la trama oscura del vínculo entre sindicalistas ferroviarios y concesionarios. Las empresas tercerizadas del Roca constituyen un negocio formidable: son de los mismos socios privados de la Ugofe o de familiares de los dirigentes sindicales, reciben subsidios del Estado en vez de tener riesgo empresario y, por tareas equivalentes, pagan la mitad del salario que perciben los empleados ferroviarios.
El límite de este vergonzoso negocio no fueron la codicia y la corrupción sino la trama asesina que culminó con la muerte de Mariano. Este asesinato es un desafío a las autoridades judiciales, políticas, sindicales y de la sociedad argentina que no parece dispuesta a tolerar el crimen como modo de imponer privilegios.

• UN DEBATE AMPLIO
Julio Godio, sociólogo, historiador del movimiento obrero y director del Instituto del Mundo del trabajo, analiza lo ocurrido el miércoles en la protesta de los trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca, que terminó con un militante del Partido Obrero muerto de un balazo, y otra compañera en estado de coma.
Eduardo Anguita: –¿Qué análisis hace de la muerte de Mariano Ferreyra?
Julio Godio: –En primer lugar, estoy conmocionado por la muerte de este joven de 23 años de esta manera tan absurda y cruel. Pero hay que tener la cabeza muy fría para no confundir las cosas. En la manifestación luego del asesinato, se gritó en la calle contra la burocracia sindical. Pero las relaciones con ese aparato sindical permitieron muchos cambios a partir del 2003. Y hay que evitar entrar en el juego en el que ciertos sectores quieren colocar al Gobierno o a la CGT como responsables de lo qué pasó. Está claro que hay que operar rápidamente para encontrar al culpable o los culpables, tanto del crimen como de su instigación. Y hay que aprovechar este hecho tan desgraciado para que muchos sindicatos entiendan que tienen que abrir el juego interno, y también para hacer un debate en la sociedad. Una sociedad que está mirando con preocupación y parálisis esta especie de guerra de posiciones que se ha creado desde el punto de vista político en Argentina y que puede ser muy peligrosa, de prolongarse en el tiempo, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, dentro de esta perspectiva, creo que hay que ver todas las dimensiones que tiene el problema del asesinato de este joven del PO.
E.A.: –¿Cómo explica el grado de violencia?
J.G.: –La Argentina es un país violento. Acá se ejerce violencia de todos lados. La historia del movimiento obrero también está teñida de violencia. En los años ’20 los anarquistas se dividían en acción directa, entre comunistas, y se mataban entre ellos. No es algo nuevo el problema. Si los sindicatos no apostaran a su fortaleza, no podrían aguantar la presión patronal y llevar adelante huelgas y acciones. Pero a veces, en su interior, hay situaciones irregulares. Pero de ahí, a querer cambiar una ley... Cada uno debe pensar por qué hay violencia en las fábricas que favorecen situaciones de violencia más general, y que cada uno asuma su responsabilidad.
E.A.: –¿Qué opina de la reunión del secretario de la CGT con los representantes de las empresas tercerizadas?
J.G.: –Fue una buena iniciativa de Hugo Moyano. Los llamó a los trabajadores, y lo hizo por fuera de la Unión Ferroviaria, lo que no es pequeña cosa para él. Fue valiente. Había que encontrar una solución integral porque si no, estos trabajadores van a volver a protestar. Y ahí es donde se generó todo. Fue esta protesta, legítima, la que tomó el PO, que estaba interesado en fortalecerse.


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Unión Ferroviaria Sociedad Anónima
Enviado por Gisela Carpineta el Dom, 24/10/2010 - 04:19.

* Política

Por
Pablo Galand
pgaland@miradasalsur.com


El asesinato de Mariano Ferreyra desnudó los negociados de José Pedraza, convertido en un empresario que de modo brutal pisa salarios para obtener la mayor rentabilidad.

La escena sucedida el miércoles pasado en Barracas, con individuos vinculados a la Unión Ferroviaria baleando a trabajadores despedidos por empresas que brindan servicios a los trenes, puso en blanco sobre negro los manejos de este sindicato que desde la privatización de los noventa pasó a funcionar como una verdadera patronal. El asesinato de Mariano Ferreyra desnuda el trágico destino en el que puede culminar el pasaje de dirigente gremial a millonario empresario, hecho por José Pedraza y su entorno. La intransigencia a los tiros de la patota sindical a que se corten las vías es la brutal expresión por mantener los márgenes de rentabilidad y acentuar la explotación.
En 1993, Pedraza obtuvo de la mano del entonces presidente Carlos Menem la concesión del Belgrano Cargas. A partir de ahí, el titular de la UF inició una carrera empresaria que se acentuó con la creación de la Unión de Gestión Operativa Ferroviaria (Ugofe) una sociedad anónima integrada por concesionarios privados Metrovías, Ferrovías y TBA y que se hizo cargo de los ramales San Martín y Roca, tras la salida del empresario Sergio Taselli. “Una de las empresas tercerizadas la maneja el hijo de (José) Pedraza”, denunció desde los medios el delegado opositor Flavio Bustillo, el mismo día de producido el asesinato de Ferreyra. Lo cierto es que la cooperativa Unión del Mercosur, que brinda servicios de reparación de vías y durmientes en el ferrocarril Roca, es presidida por Raúl Oscar Castellano, secretario de Medios de Comunicación de la Unión Ferroviaria, y Domingo Galeano, secretario de Emprendimientos Laborales del mismo sindicato. “Con la creación de estas cooperativas, la UF perdió más de 1.500 afiliados ya que los empleados de aquellas pasaron a estar encuadrados bajo los convenios de la construcción, de maestranza o inclusive a ser inscriptos como monotributistas. Al gremio no le importó en lo más mínimo perder esta cantidad de afiliados porque en realidad gana muchísimo más como empleador al estar al frente de estas cooperativas y pagando sueldos miserables”, le asegura a Miradas al Sur Rubén Pollo Sobrero, presidente del cuerpo de delegados del Ferrocarril Sarmiento y rival histórico de Pedraza por la Lista Violeta. Vale señalar que mucho de los de los manifestantes agredidos por las fuerzas de choque de la UF eran trabajadores despedidos de Unión del Mercosur.
Se estima que son cerca de 20 las empresas por las que desde el ferrocarril Roca se terceriza trabajo que antes realizaban empleados directos. Entre ellas se encuentran Aumont S.A. (encargada de controlar la evasión de boletos), Ecocred (limpieza), Mapra (vigilancia) y Confer (mantenimiento de vías).
Élido Veschi, titular de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, uno de los pocos sindicatos ferroviarios que combatió la privatización de los noventa, sostiene que la implementación de cooperativas para tercerizar y bajar el costo laboral “se dio de manera muy marcada en el caso de los talleres, donde Pedraza tiene una influencia muy fuerte”. Señala como caso paradigmático del ramal Ferrosur Roca, que a partir de 2005 pasó a propiedad de la cementera brasileña Camrgo Correa. “Apenas se hizo cargo del ramal, la empresa despidió a todo el personal de mantenimiento de vías y lo reemplazó por cooperativas. Nuestros afiliados nos dicen que hay una conexión directa de algunos directores de la empresa con la Unión Ferroviaria y con la Uocra para explotar este tipo de tercerización”, agrega Veschi.
Que Pedraza y su entorno se hayan convertido en empresarios no significa que las compañías que manejan sean más productivas que antes. Veschi señala el caso concreto de Belgrano Cargas, cuyo consejo directivo lo integra Isabel Coria, esposa del mandamás de la Unión Ferroviaria. “En los años ’80, con un tercio de la producción de granos actual y con la mitad del valor del Producto Bruto, el Belgrano transportaba 6,5 millones de toneladas. Después que Menem le entregara la concesión a Pedraza, ese ferrocarril transportaba el 10%: 700.000 toneladas por año”, afirma el dirigente.
Los directivos del Belgrano Cargas tienen abierta una causa judicial por el uso de facturas apócrifas para cobrar subsidios, a partir de una investigación llevada adelante por la Afip.

El rol de Moyano. Si bien ideológicamente se encuentran en veredas enfrentadas con el dirigente camionero, tanto Sobrero como Veschi señalan que existe una diferencia notoria entre Pedraza y Hugo Moyano, a la hora de defender los intereses obreros. Eso les abre una luz de esperanza a partir del compromiso asumido por el Secretario General de la CGT de que los trabajadores despedidos no sólo sean reincorporados sino que pasen a estar contemplados por el estatuto ferroviario. “Mas allá de que no comparta su forma de hacer sindicalismo, Moyano no liquida a los trabajadores, los protege”, afirma Veschi. “La diferencia entre uno y otro quedó claramente marcada en los noventa: mientras Pedraza entregaba a los trabajadores y se convertía en empresario, Moyano enfrentaba la flexibilización”, completa Sobrero.
El dirigente ferroviario entiende que toma un valor transcendental que desde su rol de líder de la CGT, Moyano haya terciado a favor de los 117 despedidos. “Su acción va a tener mucha influencia pero también dependerá de la presión que hagamos nosotros. Una buena respuesta fue la movilización del jueves, donde además de ser muy masiva hubo muchos trabajadores ferroviarios. Esto es muy bueno. También que la sociedad haya tomado el tema y que entienda que no se puede andar a los tiros por las vías. Que la situación que viven los trabajadores tercerizados haya tomado tanto estado público es lo peor que le puede pasar a Pedraza y su gente. También será clave el rol que juegue el Gobierno. Yo creo que va a actuar para que al menos el caso del asesinato de Mariano Ferreyra se esclarezca. No le interesará cargarse un muerto al pedo”, remata Sobrero


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Sábado, 23 de octubre de 2010
ECONOMIA › PANORAMA ECONOMICO
Tercerizados

Por Alfredo Zaiat

En la etapa de dominio de políticas neoliberales, destrucción de empleo, reestructuración tecno-productiva, tensión sobre la tasa de ganancia corporativa y un creciente ejército de reserva de desocupados, el trabajo precario pasó a ocupar un espacio creciente en la organización económica. Ese vínculo laboral no es informal ni en negro, sino que adquiere condiciones particulares de inestabilidad, inseguridad y menores ingresos. Se denomina trabajo tercerizado, categoría que siempre estuvo presente pero empieza a registrar más intensidad a nivel global a partir de mediados de los ’70 hasta alcanzar su máxima exposición en la década del noventa. En esos últimos años, en el país la posibilidad de resistencia a esa modalidad de contratación era muy baja debido a que el contexto socioeconómico no otorgaba esa oportunidad. Con la recuperación vigorosa de la economía, del empleo y también de las organizaciones gremiales, el escenario se ha modificado. La tercerización del trabajo por parte de grandes empresas, públicas y privadas, tiene ahora mayor repercusión a partir de la violencia y muerte en la línea ferroviaria Roca. Pero esa tensión ya ha estado recorriendo otras actividades que han adoptado la contratación precaria como forma de reducir costos y mantener elevadas utilidades. El corte de vías de trabajadores tercerizados tuvo como objetivo la reincorporación de despedidos y el pase a planta permanente. Hace pocas semanas, el bloqueo en las salidas de plantas del grupo Techint pretendía también que choferes de empresas de transporte tercerizadas por la compañía equipararan condiciones laborales y de ingresos de esos trabajadores. Los casos y los métodos son parecidos ante una situación laboral similar, con la dramática diferencia de que el reclamo de esos ferroviarios tuvo como saldo un muerto y heridos de bala provocado por un grupo de choque.

La forma de contratación tercerizada tiene una consecuencia principal en la fragmentación del mercado laboral. Esta provoca la pérdida de la solidaridad al interior del grupo de los trabajadores debido a la escasez de puestos y a la competencia por ellos. El conflicto central y dominante capital-trabajo se traslada así al interior de la clase trabajadora, morigerando las posibilidades de la construcción de una identidad común. La segmentación de la fuerza de trabajo tiene el propósito de dividir el colectivo de trabajo debilitando las organizaciones sindicales, consideradas como una traba para la reconversión productiva y los ajustes estructurales. Se elimina así obstáculos a la reducción de los costos salariales volviendo más flexible el uso de la fuerza de trabajo. En ese proceso, la estabilidad del empleo significa la continuidad en el tiempo de la relación de empleo entre el asalariado y una empresa. La tercerización viene a romper ese vínculo, siendo de ese modo una herramienta de baja de costos para las compañías pero también de dispersión de la fuerza de presión gremial. Los trabajadores precarios se insertan de una manera diferenciada y degradada en los sistemas de relaciones de trabajo en la empresa, pues es menor su grado de integración al colectivo de trabajo, no siempre forman parte de los sindicatos y tienen menor o ningún grado de protección social.

En el documento “La crisis de la relación salarial: naturaleza y significado de la informalidad, los trabajos/empleos precarios y los no registrados”, un equipo de investigadores coordinado por Julio Neffa explica que “la precariedad, si bien existió siempre desde que se utiliza fuerza de trabajo asalariada, sólo se va a manifestar con intensidad desde mediados de la crisis de los años ’70, cuando en los países capitalistas industrializados se agotaron las potencialidades del régimen de acumulación ‘fordista’, consolidado en los treinta años gloriosos después de la Segunda Guerra Mundial”. Los expertos María Laura Oliveri, Juliana Persia y Pablo Trucco, que colaboraron con Neffa e integrantes del Ceil-Piette del Conicet, señalan en ese informe que “lo esencial del empleo precario se refiere a la inseguridad, la inestabilidad de la relación salarial, condiciones que pueden existir tanto en los empleos formales como informales, y en los trabajos registrados como en los no registrados”. Precisan que mientras los empleos asalariados no registrados tienen claramente un carácter ilegal, y los empleos informales se sitúan en el margen de la legalidad, o ignorándola, los empleos precarios son generalmente lícitos, establecidos válidamente por leyes o decretos y de esa manera se los naturaliza, aunque tengan repercusiones negativas sobre el sistema de relaciones de trabajo y sobre la vida y la salud de los trabajadores. “Las modalidades de empleo precario se han ido multiplicando con el correr del tiempo y tienen en común que no son objeto de contratos por tiempo indeterminado, y que tienen un fuerte impacto sobre la subjetividad de los trabajadores porque no otorgan seguridad ni estabilidad en el empleo y porque dificultan la integración social de los asalariados dentro del colectivo de trabajo”, apuntan.

La tercerización de los puestos de trabajo es una tendencia moderna que deja de lado la integración vertical de la producción desarrollado en un proceso de concentración del capital mediante compras y fusiones, al tiempo de una descentralización de las unidades de producción, recurriendo a la subcontratación, tercerización y la externalización de la fuerza de trabajo hacia unidades productivas de menores costos laborales. “De esa manera se busca reducir el costo en capital fijo y los costos laborales y variables. Con frecuencia esto implica también asignar a los trabajadores precarios las tareas más pesadas, duras, peligrosas, en períodos u horarios atípicos, con mayores riesgos en materia de condiciones y medio ambiente de trabajo, lo cual provoca consecuencias sobre su salud, además de que perciben con frecuencia salarios comparativamente menores”, señalan esos investigadores.

Neffa y equipo destacan que el resultado final de ese proceso ha sido un cambio profundo, diversificando rápidamente la anterior relación salarial que había instaurado “verdaderos empleos”, para dar lugar “por medios absolutamente legales” a trabajos de carácter precario sin garantías de estabilidad. Sostienen que desde una perspectiva sociológica, la precarización tendría consecuencias negativas para los asalariados en varios niveles: produciría una fragmentación del colectivo de trabajo y dificultaría la construcción de la identidad debido a que cada categoría de trabajadores precarios se rige por diferentes normativas a pesar de la similitud de condiciones de trabajo, y de calificaciones predominantes en las empresas.

La problemática de los trabajadores tercerizados irrumpió en la sociedad de la peor manera. Es una de las herencias del neoliberalismo que alteró en profundidad el funcionamiento del mercado laboral. Como ya se detalló, las compañías privadas desde medianas hasta grandes conglomerados han dispuesto una estrategia de tercerización de labores que antes estaban integradas a la organización de su producción. Si el objetivo es transitar un sendero que abandone rasgos estructurales de la década del noventa para desmontar una andamiaje legal de flexibilización laboral, resulta discordante que el Estado, ya sea en dependencias públicas o en empresas de servicios públicos administradas o concesionadas a privados, implemente formas de contratación de empleo precario.

azaiat@pagina12.com.ar





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24/10/2010 

Sugestivos silencios y llamativos gritos

La cobertura del asesinato de Mariano Ferreyra. Los grandes medios apuntaron más a una presunta responsabilidad gubernamental, que a informar e investigar acerca de los responsables del crimen. La diferente cobertura que hizo Clarín del asesinato de Kosteki y Santillán cuando el presidente era Duhalde.
Empezaron sintiendo vergüenza por sus ropas de obreros, trataron de ponerse a tono con los despachos y antesalas ministeriales y, poco a poco, de representantes obreros frente al poder, se convirtieron en representantes del poder frente a los obreros. Se enriquecieron, adquirieron hábitos y vicios incompatibles con sus cargos de dirigentes sindicales, burocratizaron sus sindicatos, los transformaron en maquinarias sin contenido”. Publicado en 1968 en el primer número del diario de la CGT de los Argentinos, este párrafo es de una vigencia impresionante. Más vigencia tiene hoy el hecho de que algunas de las mejores investigaciones que pusieron luz sobre las violentas tramas de negocios entre empresarios y sindicalistas salieran de la pluma de Rodolfo Walsh y que ningún diario tradicional, en los años del Onganiato, publicara semejantes denuncias, en las que el poder económico quedaba salpicado.
Desde que se produjo el asesinato del joven Mariano Ferreyra, los titulares principales de ciertos medios están dirigidos, más a explotar la hipótesis de una presunta responsabilidad gubernamental, que a informar e investigar responsablemente acerca de los autores intelectuales y materiales del crimen. No llama la atención que Clarín esté a la cabeza de ese operativo. Tampoco el contraste entre la célebre portada “La crisis causó dos muertes”, al día siguiente del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, con la del viernes pasado: “Presión al gobierno por el crimen del militante”. En la cobertura de los asesinatos de los militantes en la estación de Avellaneda, en 2002, Clarín escondió las fotos y la información que tenía, pese a que estos elementos podían ayudar decisivamente en la investigación, tal como terminó sucediendo con el trabajo de periodistas y fotógrafos de otros medios.
La diferencia en el tratamiento editorial - la imagen del cuerpo de Mariano ocupó la portada del jueves- habrá que buscarla en la relación amistosa que el Grupo sostuvo con Duhalde, y la más que inamistosa que lo enfrenta al gobierno actual. Más aún: todas las baterías del Grupo, en estos días, salieron a contrarrestar las versiones acerca de una mal probada vinculación entre lo sucedido el miércoles con presuntos contactos entre Eduardo Duhalde y el líder de la Unión Ferroviara, José Pedraza.
Que haya utilización política del crimen, por doloroso o miserable que sea, no puede sorprender. Lo que sí llama la atención son los contrastes y continuidades entre lo que sucedía hace más de 40 años, cuando se acuñaba la expresión “burocracia sindical” y lo que sucede hoy. Las denuncias de Walsh y de la CGT de los Argentinos (Pedraza, que venía de la izquierda, formaba parte de ese movimiento) circulaban socialmente, aunque los diarios erigieran muros de impunidad.
Hoy esos sistemas de circulación están dañados, y los que fluyen e influyen son los discursos de los medios. Había silencios entonces, los hay hoy. Walsh se respaldaba en información exhaustiva. Los medios dominantes, en gritos de tapa. A los malos sindicalistas, la prensa dominante les pega, con buenas razones, por su escaso apego a la transparencia, sus negocios y sus ostentaciones de poder. Pero aquello era sólo una parte de lo que denunciaba el gremialismo combativo y no precisamente para afrentar los valores del mejor sindicalismo. La otra parte tenía que ver con las complicidades nacidas y amplificadas en las tramas del poder económico, policial, o de ciertos nichos del Estado. Una trama que, en el caso del crimen de Mariano, parece tener una vigencia inquietante.
Es lo que resonaba en el ’68 cuando se produjo la ruptura histórica de la CGT, y Raymundo Ongaro decía: “Nosotros hemos dicho que preferimos honra sin sindicatos y no los sindicatos sin honra, y mañana nos pueden intervenir. No tenemos aquí ninguna prebenda personal que defender, pues para defender a nuestros compañeros no hace falta el sillón ni el edificio. Lo hacemos porque lo llevamos en la sangre desde que hemos nacido”.

http://sur.elargentino.com/notas/sugestivos-silencios-y-llamativos-gritos

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Domingo, 24 de octubre de 2010


EL PAIS › EL ASESINATO DE BARRACAS Y SUS CONSECUENCIAS POLITICAS
Las vías del hecho

La sociedad tiene poca tolerancia hacia la muerte joven por razones políticas y por eso todos buscaron endilgarle la responsabilidad a su adversario. Pero la celeridad de la investigación judicial descolocó esas operaciones. No hay expresión de deseos capaz de resucitar los combates del pasado, en un presente muy distinto, así como no son admisibles el fraude y la prepotencia en la CTA. Pedraza y el sindicalismo empresario y su contraste con la actual conducción de la CGT.



Por Horacio Verbitsky

El asesinato de Mariano Ferreyra por matones de la Unión Ferroviaria está llamado a tener profundas consecuencias porque el umbral de tolerancia de la sociedad argentina a la muerte joven por razones políticas o gremiales es muy bajo, sin distinción de partidos o tendencias. Tal aversión obedece tanto a hechos históricos (como los enfrentamientos entre fracciones internas peronistas entre 1973 y 1975 y los crímenes del Estado Terrorista a partir de 1976) cuanto recientes (los 38 asesinatos policiales con que se despidió el último gobierno de la UCR, las ejecuciones de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán por la policía bonaerense de Felipe Solá, que obligaron a que el ex senador Eduardo Duhalde acortara su interinato al frente del Poder Ejecutivo, y el disparo de una granada de gases a la cabeza del maestro Carlos Fuentealba por la policía de Jorge Sobisch en Neuquén). Atentos a esa sensibilidad colectiva, los gobiernos de Néstor Kirchner y CFK adoptaron como uno de los rasgos centrales de su identidad la decisión de no reprimir la protesta en el espacio público, que los diferencia de todas las administraciones precedentes y de las ofertas electorales de quienes aspiran a sustituirlos. En 2004, incluso, Kirchner despidió al jefe de la Policía Federal, al secretario de Seguridad Interior y al ministro de Justicia y Seguridad porque resistieron la directiva de que el personal policial dejara de portar armas letales ante manifestaciones. En ese contexto era inevitable que el crimen de Barracas, en el que debe analizarse por qué las policías federal y bonaerense no impidieron la agresión, pasara a ocupar el centro de la disputa política y sindical. La tragedia sucedió apenas una semana después del imponente acto de River Plate, en el que Hugo Moyano comprometió su apoyo electoral a Néstor o Cristina y descalificó al gobernador bonaerense Daniel Scioli, y de la decisión de la Coordinadora Interpatronal de boicotear la ley reglamentaria del artículo 14 bis de la Constitución, que dispone la participación de los trabajadores “en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. La fiscal Cristina Caamaño tomó declaraciones durante toda la noche del jueves y el viernes la jueza Susana López ordenó allanamientos y detenciones que esclarecerían por completo lo sucedido.
La batalla por la interpretación

Con una coherencia admirable los diarios y los políticos opositores señalaron una presunta responsabilidad del gobierno, con títulos como “cosecha de sangre desde el poder” o “Instrucciones para armar un polvorín”, y referencias a los “discursos incendiarios” de “los Kirchner” que “crisparon al país fomentando antagonismos”, a “la alianza del kirchnerismo con la CGT de Hugo Moyano” y al país que cayó “en manos de la mafia sindical”. Tan ostensible mistificación sólo se sostiene desde el prejuicio clasista contra los feos, sucios y malos. En 2003, el sindicato de camioneros tenía 65.960 afiliados, hoy son l07.6l8. Esto no refleja sólo el crecimiento de la economía y del transporte por ruta, sino también el reencuadramiento de trabajadores que estaban afiliados a otros gremios, como la Federación de Comercio y Servicios. El pase a Camioneros implicó una mejora salarial sustantiva: de 2.566 a 4.l35 pesos mensuales en el gremio de los Moyano, con jubilación a los 55 años y semana laboral de 44 horas. Todo lo contrario ocurre con los tercerizados por las empresas ferroviarias, con la complicidad abierta de José Pedraza: las cooperativas truchas que los emplean, en varias de las cuales participan familiares de dirigentes del gremio, les pagan no más de 2.500 pesos mensuales, cuando un ferroviario legal no cobra menos del doble. La diferencia la paga el subsidio estatal y la embolsan los sindicalistas empresarios. Tampoco es pertinente la comparación del despeje de vías cortadas, que la Unión Ferroviaria admitió haber realizado en forma conjunta con la empresa y la policía, con las asambleas de camioneros en la puerta de los grandes diarios o siderúrgicas para reclamar que se terminara con la precarización laboral de parte de sus trabajadores. Esos conflictos concluyeron en cuanto Clarín, La Nación y Siderar legalizaron la situación de esa parte del personal. ¿Es necesario precisar la diferencia entre una medida de fuerza sindical contra grandes empresas y el asesinato alevoso de trabajadores y/o militantes políticos que los acompañan?
Antagonismo o confluencia

Algunos trabajadores tercerizados del Roca consultaron el año pasado su situación con el abogado de la CGT, Héctor Recalde, quien presentó junto con el judicial Julio Piumato un proyecto de ley que modificaría los artículos 30 y 31 de la Ley de Contrato de Trabajo para acentuar la responsabilidad de las empresas principales, como ya declaró en varios casos la justicia. Esos proyectos tienen dictamen de comisión, por lo que podrían tratarse en la Cámara de Diputados la semana próxima. Desde la izquierda se ha insinuado alguna responsabilidad de la presidente CFK, por haber lucido durante el acto en River una camiseta de la Juventud Sindical, como si los infelices antagonismos de hace 35 años, que constituyeron el más trágico de-sencuentro en las filas populares, debieran repetirse hoy. La realidad no procede de ese modo. Militantes de la Juventud Sindical han participado en las últimas movilizaciones por los Derechos Humanos y su secretario general, Facundo Moyano, participó de una visita a la ex ESMA junto con el hijo de Enrique Juárez, ex secretario general de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), detenido-desaparecido desde diciembre de 1976. Es comprensible que los Biolcati, los Méndez y sus tribunas de doctrina prefieran la repetición de aquellos combates y no las luchas que hoy libran muchos trabajadores por mejorar sus salarios y democratizar la representación sindical, ya sea desde la CGT o desde la CTA, a las que también les gustaría ver enfrentadas. La anulación de los comicios de la CTA en diez provincias dispuesta por el tribunal arbitral que acordaron las dos listas, al constatar graves irregularidades en perjuicio del actual secretario general Hugo Yasky, muestra que la limpieza en los procedimientos y el respeto por la voluntad de los trabajadores no son un sueño imposible, que no es fatal que prevalezcan la prepotencia y el fraude, aunque se adornen con los colores ideológicos más estridentes. Falsear los resultados es repudiable, lo hagan Guillermo Moreno o Pablo Micheli. Era inverosímil que quienes apuestan a reducir la central alternativa a un micropartido de izquierda como hay tantos, marginándose del debate crucial sobre profundización del proceso de cambio iniciado en 2003 o regresión a los años del neoliberalismo, hubieran vencido en buena ley a la conducción que puso a la CTA en el mapa político y social del país, como actor valioso en la pugna con los poderes fácticos que detestan la democracia porque limita su imperio.
Una trayectoria

Pedraza era un joven delegado de los trabajadores ferroportuarios, que en 1968 se sumó a la resistencia contra la dictadura de Juan Carlos Onganía. Ese gobierno desconoció el Congreso Normalizador de la CGT pretextando que habían participado gremios sin su cuota al día, dada la intervención estatal y el alto número de trabajadores despedidos. Surgieron así la CGT Azopardo, conducida entre bastidores por el metalúrgico, Augusto T. Vandor, y la CGT de los Argentinos, cuyos principales líderes eran Raimundo Ongaro y Agustín Tosco. Pedraza formó parte de esta CGTA rebelde. Allí conoció al joven escritor y periodista Rodolfo J. Walsh, de 41 años, convocado para dirigir el Semanario CGT. En ese periódico, Walsh publicó por entregas su investigación “¿Quién mató a Rosendo?”, donde radiografió la situación de la clase obrera: “Se echa a los más combatientes, previamente calificados de ‘comunistas’ o de peronistas revolucionarios. Se disuelven las comisiones internas, si es necesario se las compra”. Cuando los trabajadores recurren al sindicato “allí también fastidian, allí también cuestionan, allí también resultan ‘comunistas’. Patrones y dirigentes han descubierto al fin que tienen un enemigo común: esa es la verdadera esencia del acuerdo celebrado por el vandorismo con las federaciones industriales. Para llevarlo a la práctica, el gremio se convierte en aparato. Todos sus recursos, económicos y políticos, creados para enfrentar a la patronal, se vuelven contra los trabajadores. La violencia que se ejercía hacia afuera, ahora se ejerce hacia adentro. Al principio el aparato es la simple patota, formada en parte por elementos desclasados de la Resistencia, en parte por delincuentes. A medida que las alianzas se perfeccionan, a medida que el vandorismo se expande a todo el campo gremial y disputa la hegemonía política, el aparato es todo: se confunde con el régimen, es la CGT y la federación patronal, los jefes de policía y el secretario de trabajo, los jueces cómplices y el periodismo elogioso”. Walsh contabiliza el resultado: la pérdida de 50.000 puestos de trabajo en apenas tres años para que las empresas metalúrgicas pudieran “producir más con menos operarios”. Lo ilustra con los índices de productividad, que crecieron 50 por ciento entre 1950 y 1961.
Cuarenta años después

Han pasado más de cuarenta años y con ellos otra dictadura y un gobierno electo por el voto popular que perfeccionó aquello que iniciaron los de facto. Pero aunque muchas otras cosas hayan cambiado, aquellas páginas no perdieron su potencia descriptiva. Pedraza llegó a la conducción de la Unión Ferroviaria durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Cuando Carlos Menem asumió la presidencia, dos asesores de Pedraza, Julio Savón y Fernando Carlos Frediani, fueron designados administrador y subadministrador de Ferrocarriles y su tesorero, Santos Reale, quedó a cargo de los ferrocarriles metropolitanos, que fueron saqueados como paso previo a la privatización. El entonces vicepresidente Duhalde controlaba, a través de su asesor Mario Masciotra, el departamento Explotaciones e Inmuebles Colaterales de Ferrocarriles. Una mutual fantasma de viviendas ferroviarias formada por Pedraza recibió 66 espacios y locales en las estaciones Federico Lacroze, Retiro, Once, Constitución, Liniers, Castelar, José C. Paz, Morón, Merlo, Moreno, Lanús, Lomas, Temperley, Monte Grande, Mar del Plata, Padua y terrenos en la calle Yerbal, en Rojas y Bacacay y en Belgrano C, por un alquiler promedio mensual sin indexación alguna de 15 dólares cada uno. En los mismos meses de 1989 en que decidió apoyar el plan racionalizador y privatizador del Banco Mundial, que Menem impuso bajo la amable consigna “Ramal que para, ramal que cierra”, Pedraza se mudó a una casa de un millón y medio de dólares en Villa Devoto. Paradigma del sindicalismo empresario, también recibió los 11.000 kilómetros del Belgrano Cargas y obtuvo luz verde de la mayoría automática menemista en la Corte Suprema de Justicia para controlar el gremio con mandato vencido desde 1991 y sin elecciones.
Los pesados

Para ello consiguió excluir a la opositora Lista Celeste mediante un ardid estatutario. Utilizó como único medio para comunicar las condiciones del comicio un aviso en la página de Finanzas de La Nación, que como todo el mundo sabe es la lectura habitual de fin de semana en el hogar de los entonces 90.000 ferroviarios de todo el país. Ahora, sólo quedan 9000. En proporción, hubo pocos aportes tan significativos a la de-socupación. Peor fue el siguiente proceso electoral, en 1996. Uno de los líderes celestes, Jorge De Nápoli, fue despedido de su trabajo en el ferrocarril San Martín y citado en un bar por el jefe de custodia y operaciones de Pedraza, Rubén Norberto Carrizo, quien le dio a elegir entre aceptar plata para desistir o vérsela “con los pesados”. La disyuntiva fue reiterada por los propios pesados: el mayor Osvaldo Zacarías (que había participado con De Nápoli en un alzamiento carapintada) y el capitán Héctor Pedro Vergez se presentaron en el galpón de la Lista Celeste, cedido a De Nápoli por el automovilista Rubén Valentini, nieto, hijo y sobrino de ferroviarios y ex copiloto en competencias de rally de Menem y de su hijo. Vergez le explicó a Nelson Castro que habían ido por encargo del jefe de seguridad de Pedraza, aunque negó haber apretado a De Nápoli. Ambos militares trabajaban entonces para la SIDE. Valentini encontró en la ventana de su casa en Pinamar un pan de una libra de trotyl cuya mecha se apagó cuando sólo faltaban dos centímetros para que llegara al detonador. El juez federal Norberto Oyarbide allanó la sede de la Unión Ferroviaria, donde personal de la Gendarmería secuestró panes de trotyl, mechas lentas, detonadores y cintas de empaque idénticos a los que se emplearon para el fallido atentado y un plano del centro de Pinamar, del cual faltaba la parte que corresponde a la casa de Valentini.

Durante el interinato presidencial de Duhalde, Pedraza negoció un nuevo convenio que redujo los derechos de los pocos miles de trabajadores ferroviarios que quedaban. Acordó con las empresas América Latina Logística Central SA y América Latina Logística Mesopotámica SA el convenio 612/03 en el que se admite la Polivalencia Funcional (o cláusula del fregado y el barrido), la ampliación del periodo de prueba a seis meses, la asignación de las vacaciones en cualquier momento del año a voluntad del empleador y la aceptación del transporte ferroviario como un servicio público esencial, que en caso de huelga debe acatar la intimación ministerial a mantenerlo en funcionamiento, criterio que ni los gremios del transporte ni la OIT admiten. La actual viceministra de Trabajo Noemí Rial asesoraba a Pedraza en la disputa electoral. Héctor Recalde y el actual secretario de Relaciones Laborales, Alvaro Ruiz, a la oposición proscripta. ¿Será por eso que Ruiz y no Rial intervino en la negociación con los trabajadores tercerizados por la UGOFE, en catorce cooperativas en las cuales tiene fuerte participación el propio Pedraza?
Morir por Pedraza

Pedraza también fue procesado por administración fraudulenta del fondo de sepelios de los trabajadores ferroviarios y embargado por 50 millones de pesos, en 2006. Los aportes de los trabajadores eran derivados a una mutual supuestamente sin fines de lucro, cuyo presidente era Héctor Horacio Amigo [de Pedraza]. Gracias a ese artificio, a los afiliados a la Unión Ferroviaria morirse les salía cuatro veces más caro que a sus colegas de la Asociación de Señaleros. A medida que las privatizaciones redujeron el padrón de afiliados, los descuentos compulsivos se extendieron de los trabajadores activos a las viudas pensionadas y el valor de la cuota se incrementó. Según la fiscal Graciela Gils Carbó el contrato celebrado entre la UF y la mutual, que a su vez subcontrató con la empresa Parcelas Argentinas la compra de espacio en cementerios privados era “una fachada para cubrir el fabuloso desvío de fondos sindicales en provecho propio de los enjuiciados”. Por la recusación de Pedraza a un juez, la causa rebotó de cámara en cámara sin ser elevada nunca a juicio oral, hasta que en mayo de 2008 la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal (Eduardo Riggi, Angela Ledesma y Guillermo Tragant) dictaron la nulidad de todo lo dispuesto con la firma del juez recusado y la prescripción de la causa. Como se ve, el trayecto de la bala que mató a Mariano comenzó antes de que él naciera y contó con una extensa cadena de complicidades.


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-155600-2010-10-24.html

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HUGO YASKY, TITULAR DE LA CTA
“Falta libertad y democracia sindical”

Por C. R.

“En lo ocurrido hay responsables en la Unión Ferroviaria, en los estamentos empresarios del ferrocarril, hay un hilo conductor que lleva a la inacción y a la falta de presencia en las fuerzas de seguridad que involucra algún estamento del poder político.” Para Hugo Yasky, titular de la CTA, el asesinato de Mariano Ferreyra es un punto de inflexión que “obliga al Gobierno a actuar con el mismo coraje político con que se planteó la lucha para condenar a los responsables de las violaciones a los derecho humanos ocurridas durante la dictadura militar”.

–Desde algunos sectores se compara el caso de Mariano Ferreyra con lo que fue, en su momento, el crimen de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

–No hay comparación posible. En ese momento estábamos en un país en llamas y con una crisis social arrasadora y hubo una decisión desde el aparato de gobierno de dar un escarmiento a las demandas de los movimientos sociales. Eso fue lo que activó una represión total con vía libre para que se terminara asesinando en manos de la policía a dos compañeros. El asesinato de Mariano Ferreyra se da en otro plano. Es también un luchador social, pero a diferencia de lo que sucedió en 2002, el ataque surge a partir de la decisión de un grupo sindical vinculado con la Unión Ferroviaria que toma en sus manos la determinación de impedir una protesta de sectores que lamentablemente luchan desde la marginalidad para poder superar su situación dentro del universo de los trabajadores. Esto fue una expresión contradictoria y anacrónica en un país que es capaz de avanzar en la política de los derechos humanos encarcelando a los genocidas, en un país que discute leyes de igualdad de derechos civiles y de participación en las ganancias.

–De todos modos hay situaciones de desigualdad laboral.

–Sí, simultáneamente casi otra mitad del universo laboral es víctima de la tercerización. Trabajadores en negro que de lo único que pueden participar es de las pérdidas. Además, hay bolsones de autoritarismo, como son los que permiten que desde una aparato sindical se genere un crimen atroz en un episodio en el que otra vez aparece la complicidad de estamentos sindicales y de sectores empresarios que tienen una especie de complicidad que genera viejas practicas vinculadas con los métodos del vandorismo. Esto muestra el lado oscuro, autoritario y violento de un movimiento sindical que sigue anclado al viejo esquema de la violencia y el disciplinamiento utilizando ahora el servicio de barrabravas.

–Otra vez está en el centro del debate la burocracia sindical.

–No se puede generalizar y pretender condenar al sindicalismo como si todo fuera parte de una misma realidad. El asesinato de Mariano Ferreyra no puede conducir a una condena en bloque del sindicalismo como si todo fuera parte de la misma matriz. Tampoco pueden sacarse conclusiones acerca de conspiraciones o vinculaciones forzadas para establecer conexiones entre el asesinato de Mariano y una supuesta avanzada del movimiento sindical. Esta es la visión que intentan alentar sectores de la derecha que tienen una mirada conservadora que los lleva a aplaudir cualquier expresión que signifique deslegitimar la presencia de los trabajadores en la discusión de políticas de avance en términos sociales.

–El problema comenzó porque hay trabajadores tercerizados.

–Es necesario hacerse cargo de que falta libertad y democracia sindical, que hay trabajadores de primera y de segunda, que hay utilización de barrabravas como grupo de choque para disciplinar demandas internas. También hay complicidad de sectores que tienen responsabilidad de gobierno para apañar este tipo de acciones. Eso también forma parte de una realidad con la que hay que terminar. Por eso, con el asesinato de Mariano Ferreyra no tiene que pasar lo mismo que pasó con el de Carlos Fuentealba. Allí se condenó a un cabo primero y nunca se llegó a establecer la responsabilidad del poder político y de la cadena de altos mandos de la policía neuquina. Todo quedó amparado bajo el paraguas de la impunidad. Es tan malo condenar en bloque como meter la cabeza en el agujero como el avestruz y terminar poniendo como víctimas a los que fueron victimarios. Es tan malo establecer simetrías forzadas entre esto y el asesinato de Kosteki y Santillán como cerrar los ojos y no ver que hay un entramado de relaciones del poder que todavía, por acción u omisión, permite que esta cara oscura del movimiento sindical siga existiendo, siga manejando resortes de poder y siga teniendo margen como para actuar con un alto grado de impunidad. Este asesinato marca un punto inflexión y el Gobierno debería ponerse al frente de una ofensiva política para investigar y mostrar claramente a los que tengan que pagar por este crimen. Hay responsables en la Unión Ferroviaria, en los estamentos empresarios del sector del transporte del ferrocarril, hay un hilo conductor que lleva a la inacción y a la falta de presencia en las fuerzas de seguridad que involucra algún estamento del poder político.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-155627-2010-10-24.html



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Domingo, 24 de octubre de 2010



CONTRATAPA
Sobre el uso político de los muertos



Por José Pablo Feinmann

Hace un par de días, un brillante politólogo norteamericano (que conduce un programa de televisión) discutía con tres demócratas –ningún republicano había aceptado ir al programa– la política del presidente Obama. Se decían cosas duras: “Los (norte)americanos somos un pueblo de idiotas y tenemos lo que merecemos, y tal vez más”. “Este gobierno ha hecho muy poco de lo que se esperaba de él.” “Los republicanos, lo sabemos, son basura o peor que eso: torturadores.” Aquí, Bill Maher, el mítico conductor del programa, les propone una reflexión a sus invitados. Dice que está de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Pero que desea rescatar dos frases. Una, sobre Obama: “Ha hecho muy poco de lo que se esperaba de él”. Y otra sobre los republicanos: “Son basura o peor que eso: torturadores”. De esas dos frases –ya que las elecciones están cercanas– quiere sacar una conclusión: “No es lo mismo alguien que te decepciona que un enemigo mortal”.

Hubo siempre en la Argentina una izquierda que desconoció está verdad. La Proclama que el ERP lanza ante la llegada de Cámpora al poder es reveladora: como Cámpora no hará la Reforma Agraria, no expropiará a las empresas monopólicas ni disolverá el poder de las Fuerzas Armadas, Cámpora es tan burgués como Lanusse. Al ERP no le importaban las coyunturas políticas. No había política, no podía haberla. El enemigo era todo aquello que no era el ERP. Todo lo que no era el ERP era el poder burgués. ¿Para qué prestar atención a las coyunturas políticas si todas eran expresión de las negociaciones de la burguesía en su lucha por la mayor tajada de la torta capitalista? Así, el ERP ataca la guarnición militar de Azul pocos días antes de la reunión de los diputados peronistas con Perón, entregándole a Perón todos los motivos para demonizar a los jóvenes al acusarlos de ese hecho y, prácticamente ante las cámaras de televisión, condenarlos a muerte. El 24 de marzo de 1976, con las masas en reflujo, los profesionales y los intelectuales en desbande, aterrorizados todos ante la magnitud asesina de lo que se cernía sobre el país, Roberto Santucho lanza la primera proclama de enfrentamiento al régimen: “¡Argentinos, a las armas!”. Desconocía por completo la realidad del país. A eso lo había llevado el desdén por los matices en la política. Todo era el Poder. Todo era un enorme bloque reaccionario y represivo al que se le daba ese nombre: “el Poder”. O “el Estado burgués”.

Ahora ha sido asesinado el joven Mariano Ferreyra. Lo mataron las patotas de la Unión Ferroviaria. Durante días y días los medios masivos de comunicación (que dan forma a la conciencia de los receptores de sus mensajes) se habían indignado por el corte de las vías del Ferrocarril Roca. Respondían a sus verdaderos intereses patronales. Siempre están del lado de los patrones. Ergo, los obreros no pueden andar por ahí cortando vías, cortando calles o avenidas. Hay que terminar con ese piqueterismo pendenciero que este Gobierno ha tolerado hasta extremos inauditos. Debe imperar la ley. La ley no la imponen los piquetes. No la imponen los militantes huelguistas. La imponen los aparatos burocráticos por medio de los cuales se lleva a cabo la violencia legal del Estado. El Estado monopoliza la violencia. Todo aquel que la ejerce por su cuenta debe ser repudiado, encarcelado. Sobre todo si se trata de esos malditos “zurdos” de siempre.

Aquí, la patota sindical se siente autorizada. Porque ella se sabe parte del Estado, del poder sindical, una herramienta suya que se aplica en circunstancias violentas. “Si los zurdos joden, aquí estamos nosotros”. En 1975, en Villa Constitución, una ejemplar huelga obrera de cariz socialista (que rechazó indignada un operativo miliciano montonero que quiso meterse en esa historia que no le pertenecía y los rajaron a los palos y a las puteadas) fue bestialmente reprimida por la acción conjunta de la Triple A y las huestes de Lorenzo Miguel. Se sentían parte del poder, lo eran. Pero esta patota, la que asesinó a Mariano Ferreyra, no es parte del poder, ni mucho menos del Estado. Ha sido, en principio, enardecida por los medios que hoy se rasgan las vestiduras por la muerte del joven militante del PO. Luego pertenece a un sector de los ferroviarios. De esos sectores que deben ser urgentemente depurados. Pero, ¿alguien cree que esa depuración es fácil? ¿Alguien cree que la van a realizar los que hoy le tiran el cadáver al Gobierno, como Eduardo Duhalde, por ejemplo? Duhalde es la antidepuración del Aparato. Porque es el Aparato. De Narváez es el Aparato. Y los demás son oportunistas.

El joven Mariano Ferreyra, si militaba en el PO lo hacía porque tenía la certeza de que todo es el Poder. Que no hay matices. Que no hay con quién dialogar. Que este Gobierno, que se propuso desde su inicio no reprimir, que fue brutalmente criticado por toda la clase media, por el alguna vez célebre Ingeniero Blumberg y sus velitas, al que se le pidió una y otra vez gatillo fácil, pena de muerte (recuérdese a casi toda la farándula clamando por la pena de muerte), no es lo mismo que el que lo sucederá si es derrotado. Supongamos, compañeros del PO (aunque ustedes no me quieran como compañero, pero no me importa: para mí ustedes tienen ideas e ideales, son jóvenes, pelean contra lo que creen injusto, y están –es mi opinión– equivocados porque no han aprendido a ver los matices, las diferenciaciones fundamentales entre las políticas burguesas que llevan en sí la muerte y las que no, no entienden que hoy, aun si ustedes llegaran al poder, no podrían hacer otra cosa que “capitalismo”, “políticas burguesas” o saldrían brutalmente expulsados en dos días a lo sumo), supongamos, decía, que este Gobierno (al que ustedes engloban bajo el omnicomprensivo concepto de “el Poder” con todo lo demás que existe) fuera derrotado en las próximas elecciones. Permítanme decirles algo: lo que va a venir no va a ser lo mismo. Salvo que Uds. todavía crean –como creía el Che en su Mensaje a la Tricontinental– que hay que hacer la guerra total porque, de este modo, acudiendo a la teoría de la hecatombe, la acción del enemigo “se hará más bestial todavía, pero se notarán los signos del decaimiento que asoma”. No, dudo que crean en eso. Pero sí incurren en la interpretación totalizadora del campo enemigo: todos son lo mismo. Y no es así. Sin duda, hay cosas de este Gobierno que –como a muchos de nosotros que no vamos a permitir que lo “erosionen”, frase de un dirigente rural– no les gustan o los han decepcionado. Recuerden ese consejo de oro: no es lo mismo alguien que te decepciona que un enemigo mortal. Por decirlo claro, lo que sigue a esto es un enemigo mortal. Lo que tenemos es un gobierno que posiblemente nos haya decepcionado y nos decepcione, pero ante el cual se pueden plantear libremente las causas de esas decepciones. El que diga que a Mariano Ferreyra lo mató el Gobierno es un torpe. Es un politólogo de cuarta categoría y un dirigente falaz. Pero está enunciando una de las tantas “verdades” que se han arrojado al ruedo ante la muerte de Mariano. Presenciamos la obscena utilización política del cadáver de un joven de 23 años. No nos sorprendemos. Este cadáver era esperado. Demasiado se jactaba el Gobierno de no haber reprimido. De no tener muertos en su gestión. Se acabó. Ahora lo tiene: es Mariano Ferreyra. Nadie pensará en él. Todos buscarán utilizarlo. Algunos ganarán posiciones en la política nacional. Otros no. Pero el que no ganará nada, el que perdió para siempre es Mariano. Porque él está muerto. Porque lo mató una patota impune a la que habrá que castigar de inmediato. Estas cosas no pueden repetirse. Cuando alguien muere, morimos todos. Cuando alguien muere, todas las vidas están en peligro. Cuando alguien muere es porque se ha devaluado el valor de la vida. La muerte empieza a adueñarse de la escena. Y el resto –desdichadamente– lo conocemos bien.

http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-155610-2010-10-24.html

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