Lo que circula por los medios

8 de noviembre de 2010

CLARIN Y LA SIP - Una voz al servicio de las dictaduras


VICTOR HUGO MORALES 20101108 LA SIP



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 actualizada 13 11 2010


http://www.youtube.com/watch?v=UpJI3o2nsCM
 gracias a mateysopaipillas
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FOTOS EN CONTRA DE LA TERCERIZACION - Oct 25

EL CLARIN DE LA DICTADURA - CLARIN Y LOS CENTROS CLANDESTINOS - Sep 10 en el post imagen del informe del Fiscal Molinas con la declaración de Lidia Papaleo y notas de interes

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CLARIN


Enérgica condena en la SIP por la presión oficial a medios argentinos
08/11/10

El informe sobre Argentina advierte que desde el Gobierno se busca desacreditar a la prensa.

El Gobierno argentino “parece haber elegido al periodismo como su enemigo” advirtió ayer el informe sobre Argentina que fue presentado en el marco de la 66° Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se desarrolla en la ciudad mexicana de Mérida.
El informe abrió la sesión temprano por la mañana, junto con un grupo de países considerados “sensibles” por el clima de hostigamiento y los condicionamientos a la labor de medios y periodistas.
Allí se sumaron México, Bolivia, Venezuela y Ecuador.
Tras la presentación argentina, el presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, sostuvo que “lamentablemente la prensa argentina sigue sufriendo grandes dificultades , como lo vimos en 2009 en Buenos Aires cuando los diarios vieron afectada su circulación por sectores oficialistas” Aguirre cuestionó la “política de antagonismo contra los medios” planteada por el gobierno argentino mediante ataques personales, administrativos y regulatorios.
“No pueden utilizarse estos mecanismos de presión dentro de las normas convencionales de una democracia plena”, afirmó.
La presentación del capítulo argentino estuvo a cargo de Francisco Montes, del Diario de Cuyo, de San Juan. “Este año será recordado como uno de los más complejos y tensos para los medios de comunicación porque no se respetó su tarea de informar y analizar. Y desde sectores oficiales se pretendió cuestionarla, desacreditarla y restarle credibilidad”, afirmó.
“Todos los días un nuevo episodio de confrontación entre el gobierno y las empresas periodísticas definió la agenda actual que atraviesa la actividad en la Argentina.
Cada noticia, cada dato, cada opinión, filtrados a través de la intolerancia y la confrontación , fue cobrando volumen hasta inundar toda la vida cotidiana”.
“El choque fue ganando episodios cada vez más resonantes, como la aplicación de la ley de medios, sancionada en 2009, y el impedimento oficial a Fibertel para operar en servicios de Internet”.
También, mencionó la avanzada oficial sobre Papel Prensa . “Ensombreció aún más este panorama las amenazas sobre la detención de Bartolomé Mitre, director de La Nación, y Héctor Magnetto, CEO de Clarín”, dijo.
“Dentro de este marco, sigue siendo una gran preocupación el crecimiento de grupos empresarios periodísticos relacionados con el gobierno , asistidos discrecionalmente con la publicidad oficial”.
Con una alta participación, la delegación argentina estuvo integrada, entre otros, por Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán), Leonor Etchevehere (El Diario, Paraná), Francisco Fascetto (Diario Popular), Arturo Guardiola (Los Andes, Mendoza), Ernesto Kraiselburd (El Día, La Plata), Nélida Rajneri (Río Negro), Luis Remonda (La Voz del Interior, Córdoba), Norberto Frigerio (La Nación) y Martín Etchevers (Clarín).
El director de La Nación, Bartolomé Mitre, envió una carta al Presidente de la SIP que fue leída por Norberto Frigerio, detallando la gravedad de la situación argentina. La describió como “una nube tóxica que se ha depositado sobre los medios de comunicación independientes de la Argentina acompañada de una agresión minuciosamente planificada” .
Mitre resumió los tres ejes de la campaña. “La ley de medios audiovisuales, sancionada con la única intención de controlar a los medios”, que “se encuentra impugnada en sede judicial por sus evidentes vicios anticonstitucionales”. En segundo lugar, mencionó “la agresión contra Papel Prensa que ha llegado al extremo de haber puesto en el banquillo de los acusados a los directivos de medios como Héctor Magnetto” y el propio Mitre.
Y, por último, la declaración de utilidad pública de la producción de papel, advirtiendo que con “papel estatal no hay prensa libre”.
Luego se presentó un impactante video de 8 minutos con imágenes y publicaciones acerca de la escalada de agresiones vividas en el país. Allí se vio, entre otras cosas, el juicio público a periodistas en Plaza de Mayo, el desembarco violento de Guillermo Moreno en Papel Prensa y las presiones oficiales a la Corte Suprema.
Finalmente, Martín Etchevers alertó sobre la aparición de nuevos mecanismos de control sobre los medios a través de “abusos administrativos de tipo confiscatorio”. Entre ellos mencionó no sólo la cancelación de licencias -como la de Fibertel-sino el decreto reglamentario de la Ley de Medios, que permite el nombramiento de interventores oficiales en medios privados con la mera apertura de un sumario”.

Otras “zonas de riesgo” en América latina

La situación de la Argentina fue tratada en la apertura de la jornada de ayer de la Asamblea de la SIP, junto con la de otros países sobre los que se escucharon informes críticos sobre las condiciones del desempeño de la actividad periodística. En ese mismo lote que la Argentina se trató la situación de la prensa en México, Venezuela, Bolivia y Ecuador.

En México, por ejemplo, la SIP reportó el asesinato de once periodistas a lo largo de 2010, en el marco de la violencia que sacude al país por las bandas de narcotraficantes que operan en esas tierras. De hecho, pocas horas antes del inicio de la asamblea, el viernes pasado, fue asesinado un periodista en la ciudad de Matamoros, al nordeste del país. En el caso de Venezuela se documentan 113 agresiones contra la prensa y se acusa al presidente Hugo Chávez de querer “controlar las ideas e imponer el silencio”. Sobre Ecuador se afirmó que se duplicaron las amenazas a la libertad de expresión desde el intento de golpe de Estado del 30 de setiembre último.


Presidentes y editores

Con la participación de tres presidentes y editores periodísticos de unas 1.300 empresas de todo el continente americano, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inició el viernes y concluirá mañana en Mérida, México, su 66° asamblea general.

La entidad evaluó la situación de la prensa en todos los países de la región y Argentina ocupó un capítulo especial junto con Venezuela, México, Ecuador y Bolivia (ver “Otras ‘zonas...’”).
Además del anfitrión Felipe Calderón asisten otros dos presidentes al encuentro: Juan Manuel Santos, de Colombia, y Porfirio Lobo, de Honduras.

Los informes que comenzaron a ser divulgados ayer alertan sobre la “violencia” para con la prensa en México y el “autoritarismo” que amenaza al periodismo en otros países de la región.

El encuentro finalizará mañana con las conclusiones y la aprobación de los documentos sobre los países miembros.
http://www.clarin.com/politica/Energica-SIP-presion-oficial-argentinos_0_368363176.html
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CUESTIONES DE EGO Y VISTA GORDA - DEBATE TENEMBAUM Y FILMUS - Nov 04
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AVN

SIP ataca a gobiernos progresistas y defiende a prófugos de la justicia

Caracas, 08 Nov. AVN .- Una vez más la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización que agrupa a los dueños de la prensa, arremetió contra gobiernos progresistas de América Latina entre ellos Venezuela, Cuba, Ecuador, Argentina y Bolivia, a los que acusó de "atentar contra la libertad de expresión", durante la sexagésima sexta conferencia de esta organización, que se celebra en México desde el viernes 05 hasta el martes 09 de noviembre.

El presidente del Bloque de Prensa Venezolano, David Natera Febres, organización que al igual que la SIP apoyó el golpe de Estado de 2002 contra el gobierno legitimamente constituido de Venezuela, acusó al presidente de la República, Hugo Chávez, de "querer controlar las ideas e imponer el silencio".

"Para concretar el perverso proceso de la expropiación de empresas privadas como estrategia de control social, Chávez, necesita el silencio de los medios y periodistas, por eso quiere expropiar el derecho a la libertad de expresión y de información", aseguró.

Natera es uno de los empresarios venezolanos de la comunicación privada que, a través de su diario el Correo del Caroní, se ha sumado a la campana de "mentira y terror" contra la nacionalización de seis complejos urbanísticos y la toma temporal de otros ocho, anunciada el pasado 31 de octubre por el presidente de la República, como medida para poner coto al cobro ilegal del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y a las irregularidades en la entrega y culminación de las obras por parte de las constructoras.

Los diarios El Nacional, El Universal, 2001 y Correo del Caroní, han dedicado páginas completas al tema de las nacionalizaciones, no precisamente explicando el porqué de las medidas, sino "defendiendo a las constructoras" e intentando generar "zozobra entre los propietarios", tal como denunció el pasado 02 de noviembre el coordinador de la Clase Media Socialista, Carlos Hurtado.

"Por eso dedican grandes titulares señalando que los propietarios de viviendas temen que las mismas sean invadidas, que se sienten inseguros. Claro, que lo van a estar, si ustedes transmiten noticias como esas, sin los bombardean por twitter con mentiras", advirtió Hurtado.

SIP en defensa de prófugos de la justicia

Durante su intervención en esta conferencia de la SIP, Natera aseguró, además, que el gobierno Nacional atenta contra la libertad de expresión al "hostigar judicialmente al presidente de Globovision Guillermo Zuloaga", quien junto a su hijo Guillermo Zuloaga Siso está siendo solicitado por la justicia venezolana por los delitos de usura y agavillamiento, luego que las autoridades venezolanas encontraran en su residencia ubicada en Los Chorros, al este de Caracas, vehículos almacenados para su posterior venta con sobreprecio.

Pese a que este delito fue reconocido por el presidente de Globovisión, quien afirmó: "Puede ser que especulemos pero damos fuente de empleo", durante una entrevista que le realizó el canal del que es dueño, David Natera justificó que Zuloaga e hijo se encontraran prófugos de la justicia: "se fue al exilio para proteger su integridad física", aseguró.

No condenan Golpes de Estado pero defienden medios golpistas

Durante su sexagésima sexta conferencia en México, la SIP no condenó el Golpe de Estado en Ecuador, contra el presidente constitucional Rafael Correa, sino que defendió a los dueños de los medios privados de ese país, que días antes "manipularon y desinformaron" -mediante panfletos y rumores- a miembros de la Policia Nacional, haciéndoles creer que la Nueva Ley de Servicio Público eliminaría sus beneficios laborales.

"El gobierno de Ecuador obligó a todos los medios a suspender transmisiones y retransmitir a la cadena oficial de manera ininterrumpida e indefinida bajo el argumento del Estado de excepción vigente. Los ciudadanos solo pudieron conocer la versión del régimen sobre lo sucedido", reza la SIP en un comunicado emitido este domingo.

Asambleistas, estudiosos de la comunicación y el propio presidente Rafael Correa denunciaron que el Gobierno de Ecuador se vio en la necesidad de obligar a los medios privados a sumarse a las transmisiones que realizaban los medios del Estado.

Respecto a este caso, el asambleista de Alianza País, Eduardo Zambrano, afirmó que la SIP participó en el Golpe de Estado.

"Hace aproximadamente un mes hubo un grupo de siete asambleístas de oposición y entre ellos dos de la Sociedad Patriótica (partido al que pertenece el expresidente Lucio Gutiérrez) que se trasladaron a Nueva York y tuvieron reuniones con representantes de la SIP y otras instituciones (...) estaban justamente en esta conspiración", señaló Zambrano durante una entrevista que concedió a Telesur el pasado 05 de octubre.

Medios de comunicación privados ecuatorianos insistieron en informar que "no hubo Golpe de Estado sino rebelión policial que se salió de control", pese a que el presidente Correa debió ser rescatado por 600 hombres de las Fuerzas Armadas, en combinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), ambos de la Policía Nacional, quienes lograron sacarlo del hospital donde se encontraba secuestrado.

SIP opuesta a ley que reivindica condición indígena en Bolivia

La SIP, cuyo principal objetivo es proteger la posibilidad de manejar sus empresas como deseen con la mínima intervención estatal, de acuerdo con el documento Los Amos de la SIP, de la periodista venezolana Yaifred Ron, en esta reunión en México, calificó como "tramposa" la Ley contra el Racismo y discriminación aprobada recientemente en Bolivia, por considerar que "pone en riesgo la libertad de expresión, al aprobar dos artículos que la restringen".

Los artículos a los que se refiere la SIP en su comunicado son el 16 y el 23, los cuales han sido tergiversados por periodistas y dueños de medios vinculados con la oposición boliviana.

Estos artículos establecen que el Gobierno podría retirar las licencias de funcionamiento o imponer sanciones económicas a los medios de comunicación o empresas que emitan mensajes considerados por las autoridades como racistas o discriminadores.

La ley contra el racismo tiene por objeto "establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos Humanos", como explicó el pasado 8 de octubre el presidente de Bolivia, Evo Morales.
13:32 08/11/2010 


http://www.avn.info.ve/node/27256
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Una voz al servicio de las dictaduras

Una voz al servicio de las dictaduras
La palabra oficiosa del terrorismo de Estado
Natalia Brite
Desde sus inicios, la SIP fue la punta de lanza de los intereses estadounidenses en la región. El gendarme de la “libertad de expresión” avaló dictaduras y atacó a gobiernos populares y democráticos.
En 1951 se llevó adelante una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Montevideo. El periodista José Steinsleger retrata pasajes de ese encuentro en su artículo “SIP: mordaza de libre presión”. Allí recuerda que Miguel Otero Silva, entonces propietario del diario El Nacional de Caracas, calificó de "tendencioso" un informe de la entidad en el que el dictador nicaragüense Anastasio Somoza aparece casi "como un ángel tutelar de la libertad de pensamiento, a la vez que se ponen como arquetipos de la democracia al chileno González Videla y a los dictadores bolivianos”. Otero Silva también admitió que le “daba vergüenza ver en aquella asamblea de Montevideo a los esbirros intelectuales de Rafael Leónidas Trujillo bramando en la tribuna para decir que Perón era un tirano y que en su país, en cambio, se disfrutaba de una absoluta libertad de pensar."

A efectos de desarrollar el núcleo duro del ideario de la SIP, repasemos cuál era el contexto de aquel cónclave de 1951 en relación con los gobiernos a los cuales hizo referencia ese informe.

En Nicaragua detentaba el poder el golpista Anastasio Somoza, quien mantuvo su dictadura desde 1937 hasta 1956. Antes fue Jefe Director de la Guardia Nacional desde donde, en momentos de la ocupación norteamericana, luchó junto a los marines contra las fuerzas del líder guerrillero Augusto César Sandino, cuyo asesinato finalmente planeó y ordenó.

Cuando las fuerzas estadounidenses evacuaron el país, dejaron al general Somoza como encargado de la defensa. Luego de esto, su ascenso en el poder siguió hasta que, en 1934, encabezó la revuelta que derrocó al presidente Juan Bautista Sacasa. El dictador era elogiado por la SIP.

En
Chile gobernaba el liberal Gabriel González Videla quien llegó al gobierno con el aval de radicales, comunistas y demócratas en 1946. Pero durante su mandato traicionó su alianza política con el Partido Comunista y fue un aliado de la política norteamericana.

Dictó la Ley de Defensa de la Democracia, mediante la cual se prohibía la existencia de la orgánica comunista, y reprimió violentamente las protestas sociales (en particular, las de los mineros). También rompió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y los demás países del llamado "bloque oriental". Años más tarde, ya fuera de la órbita del gobierno, en 1973 tomó un papel activo en la oposición al gobierno socialista de Salvador Allende y hasta su muerte (en 1980) colaboró con la dictadura militar de Augusto Pinochet como vicepresidente del Consejo de Estado.
La SIP avaló a todos los golpistas y violadores de la Constitución.

Desde
1935, Bolivia estaba gobernada por militares nacionalistas que habían protagonizado la Guerra del Chaco. En 1951 tomó el poder una junta militar con el general Hugo Ballivián a la cabeza, luego de que la elite política-minera impidiera la asunción del líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario, Víctor Paz Estenssoro, electo en las elecciones presidenciales de 1951. Empresarios y golpistas fueron aplaudidos por la SIP.

República
Dominicana estaba, a mitad de siglo, bajo la sombra del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien llegó al poder luego del golpe de Estado a Horacio Vásquez en febrero de 1930. Trujillo, en 1952 fue recibido por el tirano español Francisco Franco. Su política fue de franca connivencia con los intereses norteamericanos, de frontal anticomunismo y, en los 31 años que se mantuvo en el poder, toda tortura o condena era borrada y negada. Una muerte era encubierta en un accidente o sus supuestos autores encarcelados. En 1961, Trujillo mandó a asesinar a las reconocidas hermanas Mirabal (Patria Mercedes Mirabal, Minerva Mirabal, y María Teresa Mirabal) férreas activistas opositoras a la dictadura. La dictadura, en todas sus etapas, fue saludada por la SIP.

Juan
Domingo Perón cursaba aún la primera presidencia en 1951. Su gobierno se caracterizó por la organización y desarrollo del movimiento obrero y por la industrialización del país a partir de la gestación de una burguesía nacional, en el marco del modelo keynesiano. Su gestión fue fuertemente repudiada por la SIP, sobre todo cuando, con discusión parlamentaria mediante, expropió el diario La Prensa
, histórico vocero de los sectores conservadores y difusor del liberalismo económico. El diario pasó a manos de la central obrera.

El trabajo de la SIP en el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, ocurrido en 1954, puede también observarse en documentos de la CIA, desclasificados en 1999, y recogidos en el libro “La CIA en Uruguay” del historiador Roberto García (Doc. Nº 135875, 12 November 1953 y Doc. Nº 913376, 16 February 1954), que detalla los apoyos hemisféricos para el plan de desinformación.

En la época de las dictaduras en el Cono Sur, entre las décadas de 1960 y 1970, descubrimos nuevos capítulos del terrorismo informativo a cago de la SIP. Tienen que ver con su papel en la oposición a la Unidad Popular de Chile que llevó a Salvador Allende a la presidencia en 1970. La acción estuvo encabezada por el diario El Mercurio, cuyo director y propietario, Agustín Edwards, era el vicepresidente de la SIP. Al respecto puede revisarse el documental “El diario de Agustín”, realizado por estudiantes de la Universidad de Chile y estrenado hace dos años.

Tal como lo relata Steinsleger, “según investigaciones del Senado de Estados Unidos, el llamado Comité de los 40 autorizó a la CIA a una operación secreta de propaganda el 14 de septiembre de 1970. Menos de una semana después, la SIP emitió en Washington un comunicado que denunciaba las amenazas a la ‘libertad de prensa’ en Chile por los comunistas y sus aliados marxistas". Edwards, en 1970, llegó a reunirse con Richard M. Helms, director de la CIA. El periodista chileno Hernán Uribe señala que “la CIA manejó la gran prensa local y a los afiliados de la SIP. El Mercurio recibió millones de dólares para librar una campaña mediática de descrédito contra el gobierno de Allende”.

En 1974, la sociedad de patrones mediáticos decretó que el peor enemigo de la libertad de prensa en el continente era el gobierno nacionalista peruano de Juan Velasco Alvarado. Esa administración les había hincado el dedo en el ojo con algunas medidas de expropiación de la gran prensa. Pero mientras se preocupaban desde Miami en hacer estas denuncias, la brutal represión y el amordazamiento en las dictaduras de Chile y Uruguay eran prácticamente ignorados por los amos de la prensa.
Aunque a simple vista resulte contradictorio, en 1978 la SIP realizó una visita a Argentina con el objetivo de relevar la situación de la prensa en la dictadura (1976-1983), e hizo públicas sus críticas. De aquella actitud podrían inferirse valores democráticos por parte de la SIP.

Sin embargo, esa actitud de la gremial patronal mediática respondía al dictado del Departamento de Estado y de la CIA, toda vez que había sido instruida en el sentido de respaldar la posición adoptada un año antes por la administración estadounidense de Jimmy Carter, quien dio un vuelco a la política exterior que había promovido el golpismo en la región. Por su parte, los principales animadores de la SIP en este país, como el diario La Nación, entre otras empresas mediáticas se encolumnaron detrás de la dictadura y avalaron las practicas terroristas de Estado de la misma.

La vinculación de los amos de la prensa con los golpes militares del Cono Sur dejó sus huellas. En el año 2000, Danilo Arbilla Frachia asumió la presidencia de la SIP. Este personaje fue, nada más y nada menos, que director del Centro de Difusión e Información de la Presidencia de Uruguay durante la dictadura de Juan María Bordaberry.

Durante la estadía de Arbilla en el gobierno de facto se produjeron clausuras de medios, allanamientos de redacciones y se encarceló y torturó a decenas de periodistas, entre ellos al histórico dirigente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, Rubén Acasuso, y al periodista y dirigente sindical Héctor Rodríguez.

En abril de 2002, en ocasión del golpe de Estado contra el presidente de Venezuela Hugo Chávez, la SIP se sumó a fenomenal acción mediática contra la democracia en ese país.

Lejos de repudiar al golpe, en las resoluciones de su Asamblea Anual, la SIP no hizo mención alguna a los episodios de abril de aquél año. Sin embargo sí se encargó de seguir descargando su odio contra gobierno popular repuesto: “en un clima de hostigamiento continuo a la prensa en Venezuela se gesta ahora un proyecto de la denominada Ley Orgánica de Participación Ciudadana que contiene la creación de un Consejo Nacional de Vigilancia de los Medios de Comunicación Social integrado por asociaciones vecinales que tendrían facultades para imponer multas o decretar el cierre de cualquier medio de comunicación que infrinja sus presuntas disposiciones”.

Luego, durante el sabotaje petrolero contra el gobierno venezolano, los medios privados no hicieron más que transmitir mensajes de división y odio para derrocar a Chávez. La SIP guardó cómplice silencio. Sí hizo una férrea defensa de Radio Caracas Televisión (RCTV) cuando el Ejecutivo Nacional decidió, en 2007, no renovar la concesión a esa empresa, haciendo uso de sus facultades legales y constitucionales, acordes con el derecho internacional.

En 2003, la consejera de Seguridad Nacional estadounidense, Condoleezza Rice, ordenó a la Asamblea General de la SIP, apoyar al gobierno boliviano de Gonzalo Sánchez de Losada. En ese momento, Bolivia estaba envuelta en un gran estallido social, en el cual su pueblo exigía la renuncia del presidente tras el asesinato de más de 80 personas por la represión policial. Sin embargo, en el año 2006, la SIP señaló que en Bolivia estaba en peligro la libertad de prensa. El pecado que hizo merecer estas denuncias fue el propósito del presidente Evo Morales de apoyar la formación de una red de medios comunitarias.

Respecto del golpe de Estado que vive Honduras desde hace cuatro meses, la SIP simplemente ha emitido expresiones del tipo “lamentamos las limitaciones a la libertad de prensa que sufren los medios de comunicación opuestos al golpe de Estado”. Asimismo, en sus comunicados se refiere al gobierno de facto de Roberto Micheletti como “nuevas autoridades” o “nuevo gobierno”.

A esto se suman diversas denuncias, por parte de periodistas que resisten el golpe, respecto de actuaciones de socios de la SIP en el derrocamiento de Manuel Zelaya. Se trata de Carlos Roberto Flores Facussé, ex presidente de Honduras y dueño del periódico La Tribuna, y Jorge Canahuati Larach, el multimillonario dueño de los diarios La Prensa y El Heraldo. Ambos aparecen entre los conspiradores que han iniciado el proceso golpista.
- Natalia Brite es integrante de APM
Agencia Periodística del Mercosur | www.prensamercosur.com.ar
http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=4508


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