Lo que circula por los medios

20 de diciembre de 2010

PAPEL PRENSA: LOS JUECES, EL REICH ALEMAN Y LOS PRECEDENTES - LOS JUECES DE LA CAMARA PUENTARON A LA FISCAL


EN CLARIN

La Justicia decidió poner fin a la intervención en Papel Prensa

17/12/10 - 23:56

En dos fallos, la Cámara Comercial descalificó los argumentos del Gobierno para pedir que la empresa fuera intervenida. También comparó los planteos oficiales con el control económico del nazismo.

La Justicia confirmó, a través de una sentencia definitiva, que debe cesar la intervención judicial en Papel Prensa. Fue a través de fallos de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que rechazó los “recursos extraordinarios impuestos por el Estado Nacional y la fiscal general (Alejandra Gils Carbó) ante esta cámara”.

Los mismos son de aplicación inmediata y no podrán ser recurridos. La Cámara señaló que algunos de los argumentos presentados por el Gobierno (a través de la fiscal del Estado) vendrían a “emular la estructura de controles económicos impuestos en el Reich alemán durante el régimen nazi”. Hay muchos cuestionamientos al accionar de Gils Carbó.

La intervención judicial de Papel Prensa, que designó un coadministrador, arrancó el 8 de marzo, después de una medida cautelar del juez Eduardo Malde. Papel Prensa –una empresa de grupo Clarín y diario La Nación, en la que el Estado es accionista minoritario– protestó esa decisión. Hubo medidas cautelares que le dieron la razón a los accionistas privados (como una medida del 1° de septiembre) pero el gobierno (a través de la Comisión Nacional de Valores y la fiscal del Estado) fue apelándolas y logrando ganar tiempo. Papel Prensa abastece de papel a más de 170 diarios.

La sentencia de la Cámara obliga a la levantar la intervención judicial, una de las principales medidas impulsadas por Guillermo Moreno para obtener el control de la compañía.

Para el tribunal, un conflicto dentro de una empresa en la que el Estado es accionista (minoritario), no puede ser tratado por el Estado como un caso donde se están jugado el interés general de la sociedad.

En su argumentación, la Justicia demuele las propuestas del Estado (actuando en nombre del Gobierno) para pedir la intervención de la empresa. La Cámara se pronunció sobre la situación de la Comisión Nacional de Valores, que fue la que solicitó la intervención judicial. Allí Moreno destituyó a Eduardo Hecker para nombrar a Alejandro Vanoli y que este a su vez fuera funcional a los dictados del secretario de Comercio Interior.

El tribunal sostuvo que “la decisión ahora recurrida en nada afecta la actividad del Estado en lo que hace a la regulación del mercado vinculado con la producción y comercialización de papel para prensa escrita”.

“La postura de la fiscal general implicaría en el caso atribuir promiscuamente al accionista minoritario Estado Nacional una suerte de facultades supraestatutarias y supralegales, en contradicción con el principio mayoritario que prevalece en la organización societaria”.

“Tal concepción -continúa-, vendría a emular la estructura de controles económicos impuestos en el Reich alemán durante el régimen nazi, bajo la idea del principio de caudillaje”, señala la Cámara.

“Es claro que un enfoque de esta índole afectaría la libertad de asociación, el principio de igualdad y el derecho de propiedad que la Constitución garantiza y que el ministerio público debe resguardar”, sentenció la Cámara.

Hay más críticas a las presentaciones de la fiscal Gils Carbó. “Sus escritos introducen aspectos ajenos a las cuestiones debatidas y, por momentos, pasajes en los que se deslizan apreciaciones propias de un discurso para la tribuna política, pero no de una presentación judicial”, establecen las resolusciones del tribunal.

Lo dispuesto por la Cámara es inapelable. La Corte Suprema de Justicia sentó doctrina al señalar que “las resoluciones referentes a medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva o equiparable a éstas a los fines de habilitar la instancia extraordinaria del artículo 14 de la ley 48”.

Los fallos de la Cámara también aprueban lo actuado por la empresa entre el 4 de noviembre de 2009 (tras una reunión de directorio que fue objetada por el Estado por cuestiones formales ) y el 8 de marzo de este año. También fue revocado el apartamiento del doctor Enrique Pigretti, que se desempeñaba como asesor legal.


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VICTOR HUGO MORALES 20 12 2010
ENTREVISTA CON LA FISCAL ALEJANDRA GILS GARBO



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• Fallo Papel Prensa: los jueces de la Cámara puentearon a la fiscal Gils Carbó

Se suma un nuevo escándalo al ya afamado caso de Papel Prensa en la justicia comercial. Los jueces de la Sala C de la Cámara Comercial, José Luis Monti, Alfredo Kolliker Frers y Juan Roberto Garibotto revocaron la coadministración judicial de Papel Prensa decretada por el juez Malde - entre otras decisiones - prescindiendo de la vista previa a la fiscalía general que habían ordenado en todos los fallos anteriores. La fiscal general Alejandra Gils Carbó recurrió ante la Corte, acusando a los magistrados de haber contrariado sus propios precedentes y la doctrina de la Corte. A su vez, el juez Malde se niega a acatar el fallo de la Cámara diciendo que no está firme. Las irregularidades del caso parecen no tener límite.
Cinco fueron los recursos extraordinarios interpuestos por la Comisión Nacional de Valores y la Fiscal General ante la Cámara Comercial, Alejandra Gils Carbó, en el caso “Papel Prensa”, cuando la Sala C de la Cámara Comercial revocó varias decisiones de la CNV que declaraban la irregularidad de una reunión de directorio de la empresa por parte del organismo de control de las sociedades cotizadas, y los actos consecuentes.

Gils Carbó entendió que esos fallos afectaban gravemente el ejercicio de las funciones de la autoridad de control de las sociedades cotizadas, la Comisión Nacional de Valores, que habría actuado según criterios ya aceptados por la Cámara. “La sentencia desconoce las facultades regladas de la Comisión Nacional de Valores y los alcances del deber de información que constriñe a las sociedades sometidas a su control”, expresó ante la Corte.

La sentencia de la Sala C no sólo se apartó de la doctrina sentada por la Corte en el caso “Asorte SA”, sino que además significó un notable viraje respecto al rol pacífico que históricamente asumió la Cámara en otras situaciones. La fiscal dijo que “la Cámara ha innovado sobre su jurisprudencia anterior…La Cámara se aparta de sus propios precedentes sin explicitar las razones de ese cambio de ruta y estigmatiza la Resolución de la CNV como –absolutamente nula-…Ante el reclamo universal para que se establezcan mayores controles al funcionamiento del mercado de capitales, el giro en reversa que implica el fallo apelado causa estupor.”

Es mejor evitar el dictamen fiscal

Luego de esto, los jueces de Cámara debieron dictar nuevos fallos. Entre ellos estaba la polémica intervención judicial de la Papel Prensa SA pedida por la Comisión de Valores, la suspensión de los directores del Estado Nacional y otros temas. Todas medidas que habían desatado batallas campales entre la empresa y el Estado, donde se hablaba de matones, de guantes y cascos, de cortes de luz y demás sucesos que muchas veces hacen a las peleas societarias, sin llegar a ser noticia en los diarios.

Lo cierto es que esta vez los jueces decidieron no pedir la opinión de la fiscalía como en los casos anteriores. A pesar, incluso de que el nuevo fallo se fundara justamente en los temas tratados en las sentencias anteriores.

Así, los jueces de la Sala C juzgaron que al revocar las decisiones anteriores de la Comisión Nacional de Valores la medida de intervención judicial decretada quedaba sin sustento. La fiscal general ya había dado su opinión respaldando las decisiones del organismo. ¿Para qué darle vista? ¿Quién sabe qué iba a decir esta vez? Más fácil. Suprimieron la vista.

Dictadura de los jueces, ocaso del derecho

Nadie puede espantarse ya de que los jueces funden sus sentencias según una interpretación personal que tienen del derecho aplicable, aún cuando ello permite arribar a soluciones absolutamente opuestas según el color del cristal que tenga el magistrado.

Lo que va más allá de lo previsible, es que los jueces de la Cámara decidan violar el debido proceso y degradar la administración de justicia, eliminando el dictamen del fiscal de la causa, en una materia donde siempre antes lo habían requerido. De acuerdo a la fiscalía se trata de una situación inédita en la historia de la Cámara Comercial.

Fuentes judiciales dicen que hace unos quince días los mismos jueces habían negado a la fiscal recurrir un fallo en la causa “ANSES c/Transportadora Gas del Norte” diciendo que no podía opinar sobre medidas cautelares porque la fiscalía “invariablemente” negó su participación en tales temas. En la fiscalía ya empezaron a recopilar centenares de dictámenes relativos a medidas cautelares para demostrar que los jueces mintieron.

Cuando le consultamos sobre el tema a la fiscal Gils Carbó refirió que: “La fiscalía siempre fue parte en materias vinculadas al ejercicio de las funciones de la Comisión Nacional de Valores y en este caso la intervención judicial de Papel Prensa fue pedida por el organismo.
El dictamen de la fiscalía era ineludible. En realidad, el Ministerio Público Fiscal no defiende el interés del Estado sino el interés general de la sociedad, como dice la Constitución Nacional.
Los jueces no pueden suprimir una garantía procesal creada por los constituyentes en defensa de la ciudadanía. Jamás antes había sucedido algo de esta naturaleza porque la actuación del fiscal es obligatoria para los jueces. Si obstruyen las funciones del Ministerio Público Fiscal están violando la Constitución”.

Es una lástima que el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti haya salido a defender la independencia de estos jueces sin estar al tanto de estas circunstancias.

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Una fiscal advirtió que la cámara comercial obstruyó la investigación sobre competencia desleal
Cuestionan un fallo sobre Papel Prensa

Publicado el 18 de Octubre de 2010
Alejandra Gils Carbó interpondrá un recurso extraordinario ante la Corte contra la decisión de la sala C del tribunal de alzada que revocó la suspensión de las decisiones adoptadas por el directorio de la firma, objetadas por el Estado.


Una fiscal cuestionó un fallo de la Cámara Comercial porque “obstruye la investigación referida a si existe competencia desleal por parte del grupo de control de Papel Prensa en beneficio de sus sociedades vinculadas y en perjuicio del regular funcionamiento de la prensa”. El fallo cuestionado, según la fiscal general Alejandra Gils Carbó, “permite mantener el statu quo de opacidad que denunció el Estado Nacional”.

A fin de agosto la Sala C de la Cámara Comercial revocó la suspensión cautelar de las decisiones adoptadas por el directorio de Papel Prensa y la coadministración judicial. De esa manera, obstaculizó “el acceso pleno a la información por parte del Estado, en su doble rol de miembro del directorio y defensor del interés general de la sociedad” y puso “en jaque las posibilidades del Estado de ahondar en la investigación referida a la política societaria y comercial de Papel Prensa”, señala el escrito de apelación con el que la fiscal intenta llegar a la Corte Suprema. El gobierno, munido de informes de la Comisión Nacional de Valores y con la operatoria de Papel Prensa a la vista, concluyó que Clarín y La Nación buscaron “impedir que el Estado acceda a información referida a la gestión de la empresa que pondría en evidencia que realiza su actividad social en beneficio de los intereses de los accionistas representantes del capital privado y en perjuicio de los restantes medios gráficos que dependen del insumo del papel de diario que monopolizan”. La fiscal entendió que “el cercenamiento del acceso a la información del Estado sobre Papel Prensa no se vinculaba a cuestiones meramente patrimoniales derivadas de su carácter de accionista –como la distribución de dividendos o la asignación de aportes– sino que se fundó en su doble rol de defensor del interés general de la sociedad”. La Cámara cortó los caminos hacia ese doble objetivo y consideró al Estado como un mero accionista privado, minoritario en la sociedad.

Pero para llegar a esa conclusión, omitió pedirle dictamen a la fiscal. Según Gils Carbó, ello significó “un abrupto cambio de criterio sobre el temperamento que había adoptado la Cámara ante situaciones análogas”.

“Al suprimir el dictamen fiscal, los jueces impidieron que el Ministerio Público intervenga en defensa de los intereses de la sociedad, a la vez que omitieron tener que pronunciarse sobre los reales intereses en juego (…) la necesidad de combatir presuntas prácticas discriminatorias que distorsionan el mercado a través de precios diferenciales, y que permitirían al grupo de control concentrar el insumo básico de la prensa escrita, con afectación del derecho fundamental a la libertad de prensa”, expresó Gils Carbó.

Los camaristas, al resolver sin consultar a la fiscal, la notifican de la resolución una vez que está dictada, y sólo le queda interponer recurso extraordinario ante la Corte en un plazo de diez días.

La Cámara dictó seis resoluciones sin dar vista a la fiscalía en expedientes que tienen hasta 70 cuerpos. “Es evidente que en sólo diez días de acceso al expediente la fiscalía no podría investigar si se produjo un fraude financiero, societario o concursal.”

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