Lo que circula por los medios

15 de enero de 2011

MACRI PUBLICIDAD CON FONDOS PUBLICOS Y PAUTA PUBLICITARIA


Actualizado

Desde las páginas de Clarín se  plantea que un Cartel del Gobierno de Macri, saca a la luz una pelea entre entre Ciudad y Nación; pero si miramos bien el cartel, este cartel  saca a la luz varios temas, entre ellos el de la gestión en Ciudad (en cuanto a la desigualdad y la respuestas que da el Gobierno Macrista ante la falta de gestión y concreción )  y el de la publicidad oficial y los espacios de comunicación. Se adjunta al post info al respecto. Ley de Publicidad en la Ciudad y el veto de Macri a determinados artículos que ponian un límite al Gobierno de la Ciudad en la  utilización de los fondos públicos para publicidad oficial ( actos de comunicación) con tintes partidarios y de campaña. Y ante un veto ¿Que dice la Constitución de la Ciudad?


Un cartel sacó a la luz una dura pelea entre Ciudad y Nación
13/01/11 El Gobierno porteño acusa al nacional de frenar las obras para extender la Illia.



AMARILLO. EL CARTEL, EN LA COSTANERA DONDE HOY FINALIZA LA AUTOPISTA.


Autopista casi terminada. El incumplimiento del Gobierno Nacional frena las obras. Disculpas a los 60.000 perjudicados por día”. El cartel, firmado por el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño y AUSA, apareció esta semana en la autopista Illia, cuyas obras de extensión siguen demoradas . Y sacó a la luz una vieja pelea entre Nación y Ciudad.

La obra está a cargo de AUSA y costará $ 25 millones. Consiste en extender 3,6 kilómetros la mano hacia el norte de la autopista Illia, para que llegue a la calle La Pampa y tenga conexión con avenida Cantilo. Así se podrá ir desde la 9 de Julio hasta la General Paz sin atravesar semáforos . Según estimaciones oficiales, esto bajaría el tiempo del viaje en un 40%, beneficiando a 60.000 personas por día.

La nueva traza corre entre las vías del ferrocarril Belgrano y el Aeroparque Jorge Newbery. Hasta ahora, AUSA construyó los primeros 1.200 metros. Ferrovías está próxima a terminar el corrimiento hacia el este de los rieles en los últimos 1.000 metros. Pero el gran escollo para continuar la autopista es el Aeroparque, que debería desplazar su límite 13 metros hacia el río . Recién entonces, la Ciudad podría continuar los trabajos para hacer los 1.800 metros que faltan de la Illia, que tomarían 5 meses.

En la Secretaría de Transporte de la Nación, ayer afirmaron que el Gobierno porteño avanzó con la obra sin haber terminado los trámites necesarios ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para realizar los trabajos. Y que una de las tareas que falta hacer es correr la torre ILS, que guía a los aviones, algo que requiere una inversión de $ 200 millones. Sin embargo, desde la Ciudad insisten en que sí cumplimentaron los pasos formales.

Pero el secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, insiste: “ La Ciudad incumplió y no están dadas las condiciones para hacer las obras complementarias en Aeroparque, que garanticen la seguridad aeroportuaria. El cartel que pusieron no es de obra, es de campaña . El proyecto de la extensión de la Illia viene desde 2004 (Schiavi era ministro de Obras Públicas porteño). El Ejecutivo Nacional siempre tuvo voluntad de acuerdo con los distintos gobiernos de la Ciudad y siempre se fue avanzando. Con el único con el que no se puede llegar a un acuerdo es con Macri.” Desde la Ciudad, prefirieron no contestar.

http://www.clarin.com/ciudades/cartel-dura-pelea-Ciudad-Nacion_0_408559200.html

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LECTURA RECOMENDADA 
Sociedad | Jueves 7 de Octubre de 2010
El omnipresente amarillo PRO

El oficialismo utiliza este color en actos de gobierno y en todo tipo de comunicación en la vía pública. Macri vetó varios artículos de una ley que regulaba el uso de insignias partidarias en publicidad oficial.

Qué tienen en común el bus turístico, los refu­gios en la vía pública, la nueva web del go­bierno porteño, los carteles de los museos o los que anuncian obras públicas? El inconfundible color amarillo con el que el PRO identi­fica su partido.

El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, utiliza ese color para sus ac­tos partidarios, pero también para toda comunicación de actos de go­bierno. Así, financia la campaña propagandística de PRO con fon­dos públicos. Lo hace utilizando el amarillo y negro característico de su partido en todas las comunica­ciones del Gobierno. Para poder hacerlo, vació de contenido la ley que regula la pauta publicitaria ofi­cial en la Ciudad.

Sólo revisando los últimos actos de gobierno publicados en el sitio oficial de la gobernación, se pue­den ver los colores insignia del PRO en la presentación del Plan Integral de Seguridad, el Hidráulico, el de Movilidad Sustentable, el de Infra­estructura y el de Higiene Urbana. Ni el Concierto de Campanas 2010 quedó afuera del marco propagan­dístico que el jefe comunal les im­prime a los actos de gobierno. Esto se extiende a las calles: los carteles de obra y de anuncios nada tienen que envidiarles a los taxis de la Ciu­dad y hasta a los subterráneos de la línea D, socios oportunos e involun­tarios de los colores que Macri eli­gió para Propuesta Republicana, tal el nombre completo de su partido.

"Esto ya lo vimos en la campa­ña 2009. Los carteles con la candi­datura de Gabriela Michetti como diputada eran del mismo color que los oficiales. He visto juntos, el año pasado, tres carteles: uno que ha­blaba de mejoras en la Ciudad, ro­deado por dos carteles de campa­ña de Michetti diputada", relató a Diario Z Pablo Secchi, director de Instituciones Políticas y Gobierno de Poder Ciudadano.

En esa sintonía se manifestó la legisladora María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires): "Ma­cri publicita la creación de la Poli­cía Metropolitana y coloca carte­les indicadores de las comunas con el color amarillo de su partido po­lítico. Es abuso de poder y de au­toridad. corrupción política. utilización de fondos públicos con fines partidarios", disparó, y ade­lantó que denunciará el asunto en la Legislatura y en la Justicia.

HECHA LA LEY

Sin embargo, con esta utiliza­ción de fondos del Estado para lle­var agua al propio molino partida­rio, el Gobierno de la Ciudad no está violando ninguna reglamen­tación. No porque no haya existi­do, sino porque Macri se encargó de crear el vacío legal.
Afines de 2009, en la última sesión del año, la Legislatura sancionó la Ley 3.391, que establecía el primer marco re­gulatorio para la administración de la pauta publicitaria en la que supera los 100 millones de pe­sos anuales. El texto, de por sí, era escueto, ya que el macrismo había negociado con la oposición la quita de varios de los artículos importan­tes. Finalmente se llegó a un tex­to común de 18 artículos.  

Pero a Macri le pareció poco: mediante el decreto 122/10, fechado el 25 de enero último, vetó la mitad de los apartados. Para justificar el veto a la prohibición del uso de colores, el decreto dice que "dicha prescrip­ción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo"; que corresponde "a la Secretaría de Comunicación Social elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de gobierno" y que "resulta improce­dente que el Poder Legislativo de­termine qué elementos o símbolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públi­cos del Poder Ejecutivo".

Otros artículos igual o más re­levantes tampoco pudieron entrar en vigor. El 8º, inciso a, prohibía "incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con funcionarios del sector públi­co". Según la Asociación por los derechos Civiles (ADC), "ambas prohibiciones -el color y la parti­cipación de funcionarios- tienen por objetivo evitar que los avisos oficiales se utilicen como herra­mientas de propaganda al servicio de los gobiernos y funcionarios de turno, o de fuerzas políticas en particular, desvirtuando el sentido de utilidad pública que debe regir para la publicidad oficial".

El veto asimismo borró el artí­culo 6º, que explicitaba que "los poderes Ejecutivo, Legislativo y Ju­dicial deben enviar a la Legislatura en forma anual un plan estratégi­co de comunicación" que debería incluir "objetivos de campaña" y "costos estimativos". También el 9º, que planteaba limitaciones a la pauta publicitaria en procesos electorales, y el 16º, que obligaba a los diferentes estamentos públi­cos a colocar en sus páginas web el plan de publicidad anual; el in­forme anual de la publicidad eje­cutada el año anterior y los regis tros de Medios de Comunicación y de Agencias de Publicidad, con­templados en los artículos 10º y 11º de la ley, fueron eliminados por el mismo decreto. Todo un paquete de disposiciones estable­cidas para transparentar el mane­jo del dinero y evitar favores polí­ticos a publicistas amigos.

La misma suerte corrió el ar­tículo 17º, que establecía sancio­nes a funcionarios y empresas que violen la ley, y el 18º, que prohibía reasignar partidas para publicidad sin "expresa autorización legislati­va". "El veto -según la ADC- vacía aún más de contenido a esta ley, y demuestra una reticencia del Eje­cutivo a administrar los fondos públicos destinados a pauta de modo transparente".

El puntapié inicial para avanzar en la regulación de la publicidad oficial en la Ciudad lo dio en 2006 el entonces legislador Facundo Di Filippo (Coalición Cívica), quien re­dactó un primer texto que consen­suó con la ex jefa del bloque PRO, Gabriela Michetti. "Firmó conmi­go un dictamen que es el mismo que ahora vetó Macri", afirmó el ex diputado porteño a Diario Z. Por su parte, Gabriela Cerruti ela­boró un plan propio, el más com­pleto de todos. El primero tenía 23 artículos; el de la ex funcionaria de Telerman, 53, repartidos en títulos y capítulos. PRO sacó un proyec­to propio con la firma de la legisla­dora Diana Martínez Barrios. Tenía apenas 10 artículos. Los que cono­cen de asuntos legislativos saben que es más fácil negociar con un proyecto vacío que sin proyecto.

De este paquete de proyec­tos, el PRO no aceptó, por ejem­plo, límites al gasto, establecer una autoridad de aplicación y una co­misión parlamentaria de segui­miento, o fijar límites al gasto en año electoral. Secchi confirmó que en 2009, a medida que se acerca­ban los comicios, crecía el desem­bolso de dinero para publicidad.

La batalla más dura se dio cuando se debatía el alcance de la ley. El texto de Di Filippo habla­ba de "sector público", mientras que el de Cerruti hacía extensiva la reglamentación a "la Adminis­tración Central, entes descentra­lizados, entidades autárquicas, el Poder Legislativo y Judicial, y las empresas y sociedades del Esta­do". El texto final determina que los únicos obligados a planificar y transparentar su publicidad son "el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial". Entes descentralizados, como AUSA o el Banco Ciudad, quedan libres de rendir cuentas a la Legislatura.


Nicolás Fiorentino Redacción Z
Ley de la  Publicidad Oficial de toda la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nota: Para mejor comprensión los artículos vetados, por el Jefe de Gobierno, los marcamos en verde. 

Buenos Aires, 03 de diciembre de 2009.-
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley



Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como establecer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a tales fines.

Artículo 2º.- Definición. A los fines de la presente Ley se entiende por Publicidad Oficial todo acto de comunicación efectuado por cualquier dependencia u organismo de la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de un espacio publicitario gratuito o contratado bajo cualquier modalidad y en cualquier soporte.

Artículo 3º.- Exclusiones. Quedan excluidos de la presente Ley la publicación de textos ordenados, actos administrativos o judiciales.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe observar los siguientes principios rectores.

1. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad.
2. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias.
3. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través de criterios equitativos.
4. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto de la contratación y el interés público comprometido.
5. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil comprensión para la población objetivo.
6. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos al menor costo posible.

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los siguientes propósitos:

1. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles para los habitantes.
2. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones.
3. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad.
4. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires.
5. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones de emergencia.

Artículo 6º.- Plan Anual de Publicidad Oficial. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben enviar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma anual, un plan estratégico de comunicación para el ejercicio presupuestario entrante, en cual debe detallarse:

1. Objetivos de las principales campañas.
2. Costos estimativos de esas principales campañas y
3. Unidad ejecutora solicitante de la campaña.

Artículo 7º.- Informe Anual de Ejecución. El poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben presentar ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, antes del 30 de junio de cada año, un informe de gestión en materia de comunicación referido al período próximo pasado, en el cual debe detallarse:

1. Medios con los que se contrató Publicidad Oficial especificando el monto, los descuentos obtenidos, espacios y unidades de medida contratados y a qué campaña corresponden.
2. En caso que la publicidad no se hubiera contratado en forma directa con el medio, nombre y domicilio de la agencia o agente de publicidad por cuyo intermedio se hayan cursado las respectivas órdenes de emisión, publicación o similares, medio en el que fue emitida y demás ítems mencionados en el inciso a).
3. Razones que hubiesen motivado el apartamiento del Plan Anual de Publicidad Oficial.

Artículo 8º.- Prohibiciones. La Publicidad Oficial no puede:

1. Incluír el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con funcionarios del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. Incluír frases, símbolos, logos, color y cualquier otro elemento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones políticas.
3. Tener como finalidad principal influir en la decisión electoral de la población, ni fomentar la imagen positiva de cualquier funcionario público o del partido o sector gobernante, o la impresión negativa de una persona, sector, organización, agrupación o partido político.
4. Realizarse en eventos, publicaciones o actividades cuyo objetivo sea la promoción de sustancias psicoactivas, tales como el alcohol, los psicofármacos, las bebidas energizantes y el tabaco.

Artículo 9º.- Limitaciones durante procesos electorales. El Gobierno y las restantes dependencias y organismos de la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no deben emitir publicidad en ningún medio de comunicación durante los treinta (30) días inmediatamente anteriores a la fecha fijada para elecciones de autoridades locales. Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable en los siguientes casos:

1. Actividad relacionada con la organización y desarrollo de los procesos electorales.
2. Actividad publicitaria estrictamente necesaria para el correcto funcionamiento de los servicios públicos.
3. Emergencias que pongan en riesgo la salud o la seguridad de la población;
4. Actividad publicitaria que esté exigida por ley específica.
5. Eventos culturales, eventos deportivos y promoción de jornadas y congresos de interés público.

Artículo 10.- Registro de Medios de Comunicación. Créase el Registro de Medios de Comunicación en el que deben encontrarse inscriptos los medios de comunicación interesados en recibir Publicidad Oficial. Sin perjuicio de la información que la autoridad competente considere necesario solicitar, en dicho Registro deberán consignarse los siguientes datos:

1. Ambito geográfico de cobertura de los medios gráficos y, en el caso de medio televisivo o radial, definir el alcance de la señal.
2. Perfil temático del medio.
3. Cantidad de usuarios reales y potenciales.

Artículo 11.- Registro de Agencias de Publicidad. Las agencias de publicidad, diseño, mercadotecnia y comunicación que deseen proveer servicios de diseño y producción de publicidad oficial deben inscribirse en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores regulado en el artículo 22 de la Ley 2095.

Artículo 12.- Contratación y Procedimiento de Convocatoria. Los procedimientos para la contratación de Publicidad Oficial se rigen por la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, Nº 2095.

Artículo 13.- Sector Público. Los organismos del sector público, entre los que se encuentran la administración central, entes descentralizados, entidades autárquicas y cualquier otra entidad que pudiera depender del Poder Ejecutivo de la Ciudad, las Comunas, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los órganos creados por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y las empresas y sociedades del Estado y otras en las cuales el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, se encuentran alcanzados por los principios, propósitos y prohibiciones establecidas en los Arts. 4º, 5º, 8º y 9.

Artículo 14.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación del Poder Ejecutivo para la aplicación de la presente ley será la Secretaría de Comunicación Social o aquella que en el futuro la reemplace. Los poderes Legislativo y Judicial designaran los funcionarios responsables de la aplicación de la norma.

Artículo 15.- Seguimiento y Fiscalización de la Publicidad Oficial. La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene a su cargo la recepción del Plan Anual de Publicidad Oficial y del Informe Anual de Ejecución, previstos en los artículos 6º y 7º, remitiéndolo a la Comisión de Comunicación Social, que deberá realizar el análisis y las observaciones que correspondan.

Artículo 16.- Acceso a la información. El Gobierno y las restantes dependencias y organismos de la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán publicar en sus respectivos sitios web lo siguiente:

1. El Plan Anual de Publicidad contemplado en el artículo 6º.
2. El Informe Anual de Ejecución contemplado en el artículo 7º.
3. Los registros de Medios de Comunicación y de Agencias de Publicidad, contemplados en los artículos 10º y 11º.

Artículo 17.- Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley será considerado falta grave, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran corresponderle a las/os funcionarias/os que incurran en dicha conducta. Cualquier persona podrá solicitar ante los tribunales competentes de la Ciudad el cese de dichos incumplimientos.

Artículo 18.- Asignación Presupuestaria. En el caso de autorizarse una readecuación de partidas presupuestarias, la misma no podrá asignarse a publicidad oficial salvo expresa autorización legislativa.

Artículo 19.- Comuníquese, etc.

DIEGO SANTILLI

CARLOS PÉREZ

LEY N° 3.391

Sanción: 03/12/2009

Veto Parcial: Decreto N° 122/010 del 25/01/2010

Publicación: BOCBA N° 3353 del 02/02/2010


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VETO

VETO de la LEY Nº 3.391

DECRETO Nº 122/010
BOCBA N° 3353 del 02/02/2010

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.

VISTO: El Proyecto de Ley N° 3.391, las Leyes N° 70 y 268, y el Expediente N° 26.500/10, y

CONSIDERANDO:

Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 3 de diciembre de 2009, sancionó el Proyecto de Ley citado en el Visto, por el que se regula la producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la publicidad oficial de toda la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que el Poder Ejecutivo comparte la finalidad de garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial, elemento fundamental en la difusión de los actos de gobierno a los fines de su debido control republicano;

Que del examen del referido proyecto de Ley surge que su artículo 3º excluye de sus alcances la publicación de “textos ordenados, actos administrativos o judiciales”;

Que el artículo 5° dispone que “la Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los siguientes propósitos”, consignándose en el inciso a): “Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles para los habitantes”;

Que el artículo 6° establece que “los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben enviar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma anual, un plan estratégico de comunicación para el ejercicio presupuestario entrante, en cual debe detallarse” (sic) la información que allí se consigna;

Que mediante el artículo 8º del proyecto de Ley bajo análisis se prohíbe incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con funcionarios del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; incluir frases, símbolos, logos, color y cualquier otro elemento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones políticas; tener como finalidad principal influir en la decisión electoral de la población, ni fomentar la imagen positiva de cualquier funcionario público o del partido o sector gobernante, o la impresión negativa de una persona, sector, organización, agrupación o partido político; y realizarse en eventos, publicaciones o actividades cuyo objetivo sea la promoción de sustancias psicoactivas, tales como el alcohol, los psicofármacos, las bebidas energizantes y el tabaco.

Que el artículo 9º establece limitaciones a la publicidad durante los procesos electorales, disponiendo que el Gobierno y las restantes dependencias y organismos
de la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no deben emitir publicidad en ningún medio de comunicación durante los treinta (30) días inmediatamente anteriores a la fecha fijada para elecciones de autoridades locales;

Que el artículo 16 dispone que “el Gobierno y las restantes dependencias y organismos de la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán publicar en sus respectivos sitios web” el Plan Anual de Publicidad contemplado en el artículo 6º, el Informe Anual de Ejecución a que se refiere el artículo 7º y “los registros de Medios de Comunicación y de Agencias de Publicidad, contemplados en los artículos 10º y 11º”;

Que el artículo 17, bajo el epígrafe de “Sanciones”, dispone: “El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley será considerado falta grave, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran corresponderle a las/os funcionarias/os que incurran en dicha conducta. Cualquier persona podrá solicitar ante los tribunales competentes de la Ciudad el cese de dichos incumplimientos”;

Que el artículo 18 del proyecto de Ley en estudio prevé que en el caso de autorizarse una readecuación de partidas presupuestarias, la misma no podrá asignarse a publicidad oficial salvo expresa autorización legislativa.

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura, expresando sus fundamentos;

Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un verdadero control de legalidad y razonabilidad;

Que la previsión contenida en el artículo 3º del proyecto de Ley en examen carece de la claridad y precisión necesarias, ya que su redacción daría lugar a dudas respecto del régimen jurídico aplicable a las publicaciones oficiales incluidas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;

Que la referencia en el citado precepto a “textos ordenados” podría interpretarse en el sentido de que el legislador ha pretendido incluir en el régimen del proyecto de Ley en revisión otro tipo de textos normativos, por ejemplo, la publicación de leyes, situación por demás anómala ya que la misma es un requisito constitucional que hace a su vigencia;

Que la disposición del inciso a) del artículo 5° introduce una limitación de cuestionable razonabilidad, en tanto exige que la información se refiera a políticas, programas y servicios del Gobierno de la Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles para los habitantes, vedando sin mayor fundamento, entre otras, la información relativa a políticas, programas y servicios que se encuentren en etapas previas;

Que la prescripción del artículo 6° no indica a qué fines o con qué efectos jurídicos debe realizarse la presentación allí requerida, observándose que no surge del texto normativo proyectado si el órgano legislativo debe –o puede– aprobar o rechazar el plan estratégico;

Que dicha norma implica una indebida intromisión del Poder Legislativo en las incumbencias constitucionales de los restantes poderes, afectando el sistema republicano consagrado por el artículo 1° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que en el caso del Poder Ejecutivo se restringen, sin sustento constitucional alguno, las atribuciones que le confieren los artículos 102 y 104 de la Ley Fundamental local, que ponen a su cargo la administración de la Ciudad, la planificación general de la gestión, la dirección general de la administración pública y la formulación y dirección de las políticas públicas;

Que las disposiciones constitucionales vigentes ya contemplan la intervención legislativa previa al inicio del correspondiente ejercicio presupuestario, en la oportunidad y a los fines establecidos por el artículo 80 inciso 12 de la Constitución local;

Que por las razones esgrimidas respecto del artículo 6° del proyecto de Ley en análisis, habrá de observarse consecuentemente el artículo 15, atento su directa
vinculación;

Que respecto de esta última norma cabe señalar, además, que no se establecen los alcances y efectos de las “observaciones” que se prevé efectúe una Comisión de la Legislatura;

Que con respecto a las previsiones del artículo 8º, merece reproche la prohibición de incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con funcionarios del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (inciso a);

Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sistema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público –en especial el electo por la voluntad popular– en los mensajes comunicacionales de gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o símbolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del
Poder Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciudadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad;

Que asimismo corresponde destacar que cada administración instituye una impronta de comunicación, y esa imagen, en términos comunicacionales, identifica las acciones de una gestión de gobierno en especial;

Que con respecto a las previsiones del artículo 9° del proyecto de Ley bajo análisis, el plazo allí establecido resulta ser excesivo y contrario al estipulado en similares términos por la Ley Nacional Nº 26.571, que fija un plazo de quince (15) días de prohibición a la fecha prevista para la realización de las elecciones primarias y la elección general, plazo que aparece como más razonable en relación con la necesidad de comunicar las acciones de gobierno aún en épocas electorales;

Que en este sentido debe destacarse que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires estas cuestiones se encuentran ya reguladas por la Ley N° 268, que prohíbe durante el plazo de duración de la campaña electoral la propaganda institucional que tienda a inducir el voto;

Que por los fundamentos expresados respecto del artículo 6° del proyecto de Ley sub examine, resulta observable la previsión del inciso a) del artículo 16, en tanto requiere la publicación del Plan Anual objetado;

Que en cuanto a la disposición del inciso c) del citado artículo 16, no se advierte la razonabilidad de que los registros de Medios de Comunicación y de Agencias de Publicidad sean repetidamente publicados en los sitios web de todas y cada una de las dependencias y organismos de la administración pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;

Que en lo que hace al artículo 17, se observa que en una norma relativa al régimen sancionatorio –sobre el cual se hacen referencias de orden administrativo, civil y penal– se introduce una cuestión de legitimación procesal, totalmente ajena a aquél, vinculada con el cese de los incumplimientos y no con las sanciones que por ellos correspondan;

Que merece reproche asimismo el artículo 18 del proyecto de Ley en estudio, que claramente afecta las competencias ya mencionadas, que al Jefe de Gobierno asigna la Constitución de la Ciudad (artículos 102 y 104);

Que, en este contexto, la Ley N° 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad”, de raigambre constitucional, establece en su artículo 63 que la reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la Ley de Presupuesto General que resulten necesarias durante su ejecución.

Que conforme el precepto legal citado corresponde a la Legislatura modificar la ley de Presupuesto General si resulta necesario durante su ejecución, cuando afecte al total del presupuesto, al monto del endeudamiento autorizado, así como incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras, cambiar la distribución de las funciones, y modificar el crédito total autorizado para las partidas de “Transferencias“ y las de “Personal“ con excepción de los refuerzos originados en el “Crédito Adicional“;

Que las demás modificaciones corresponden al Poder Ejecutivo, pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto, debiendo en todos los casos dichas modificaciones ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;

Que por ello, resultando la cuestión claramente de competencia del Poder Ejecutivo, el artículo 18 del proyecto de Ley en consideración debe ser observado;

Que por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto establecido por el artículo 88 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1º.- Vétase parcialmente el Proyecto de Ley N° 3.391, sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de diciembre de 2009, en sus artículos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y comuníquese a la Secretaría de Comunicación Social. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti a/c

http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/anexos/dvl3391.html


¿ Y al final qe pasó con eso?? ¿La legislatura se expidio?

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Constitución Ciudad Buenos Aires
 
SANCION DE LAS LEYES

ARTICULO 85.- Las leyes tienen origen en la Legislatura a iniciativa de alguno de sus miembros, en el Poder Ejecutivo, en el Defensor del Pueblo, en las Comunas o por iniciativa popular en los casos y formas que lo establece esta Constitución.
ARTICULO 86.- Sancionado un proyecto de ley por la Legislatura pasa sin más trámite al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. La fórmula empleada es: "La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de ley...".
Se considera promulgado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley no vetado en el término de diez días hábiles, a partir de la recepción.
Las leyes se publican en el Boletín Oficial dentro de los diez días hábiles posteriores a su promulgación. Si el Poder Ejecutivo omite su publicación la dispone la Legislatura.

ARTICULO 87.- El Poder Ejecutivo puede vetar totalmente un proyecto de ley sancionado por la legislatura expresando los fundamentos. Cuando esto ocurre el proyecto vuelve a la Legislatura, que puede insistir con mayoría de dos tercios de sus miembros, en cuyo caso el texto es ley. Si no se logra la mayoría requerida, el proyecto no puede volver a considerarse en ese año legislativo.

ARTICULO 88.- Queda expresamente prohibida la promulgación parcial, sin el consentimiento de la Legislatura. El Poder Ejecutivo puede vetar parcialmente un proyecto de ley, en cuyo caso el proyecto vuelve íntegramente a la Legislatura, que puede aceptar el veto con la misma mayoría requerida para su sanción o insistir en el proyecto original con mayoría de dos tercios de sus miembros.


ARTICULO 89.- Tienen el procedimiento de doble lectura las siguientes materias y sus modificaciones:

  1. Códigos de Planeamiento Urbano, Ambiental y de Edificación.
  2. Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  3. Imposición de nombres a sitios públicos, emplazamiento de monumentos y esculturas y declaración de monumentos, áreas y sitios históricos.
  4. Desafectación de los inmuebles del dominio público y todo acto de disposición de éstos.
  5. Toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad.
  6. Las que consagran excepciones a regímenes generales.
  7. La ley prevista en el artículo 75.
  8. Los temas que la Legislatura disponga por mayoría absoluta.
ARTICULO 90.- El procedimiento de doble lectura tiene los siguientes requisitos:

  1. Despacho previo de comisión que incluya el informe de los órganos involucrados.
  2. Aprobación inicial por la Legislatura.
  3. Publicación y convocatoria a audiencia pública, dentro del plazo de treinta días, para que los interesados presenten reclamos y observaciones.
  4. Consideración de los reclamos y observaciones y resolución definitiva de la Legislatura. Ningún órgano del gobierno puede conferir excepciones a este trámite y si lo hiciera éstas son nulas.

ARTICULO 91.- Debe ratificar o rechazar los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo, dentro de los treinta días de su remisión. Si a los veinte días de su envío por el Poder Ejecutivo no tienen despacho de Comisión, deben incorporarse al orden del día inmediato siguiente para su tratamiento. Pierden vigencia los decretos no ratificados. En caso de receso, la Legislatura se reúne en sesión extraordinaria por convocatoria del Poder Ejecutivo o se autoconvoca, en el término de diez días corridos a partir de la recepción del decreto.
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Polémica en la ciudad / Quejas de la Legislatura
Cuestionan a Macri por vetar la ley de publicidad
La norma impedía realizar actos de gobierno con signos partidarios
Domingo 7 de febrero de 2010 | Publicado en edición impresa


La reciente ley que reglamentaba la publicidad oficial en la ciudad de Buenos Aires fue vetada por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, en una decisión que generó reacciones en la Legislatura porteña.

La iniciativa había sido votada por unanimidad por los 56 diputados presentes en el recinto ?el 3 de diciembre último? y recogía parte de los proyectos de cinco legisladores, entre ellos, el de la diputada Diana Martínez Barrios, del propio bloque macrista.

El objetivo de la norma era regular la producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la publicidad oficial, una reglamentación que, según sus opositores, el propio Macri había reclamado en campaña.

Dos meses después de su aprobación, la norma ?considerada en el ámbito legislativo porteño la primera ley de publicidad oficial en el país? se publicó en el Boletín Oficial de la ciudad, con los vetos parciales impuestos por Macri, que cuestionó nueve de sus 18 artículos.
Los cambios

Los vetos más importantes fueron efectuados sobre los artículos 8° y 9°. Allí se establece que en la publicidad oficial se prohíbe "incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con funcionarios del sector público de la ciudad de Buenos Aires".

La norma sancionada había tomado esa disposición de un proyecto anterior, que llevaba la firma de cuatro legisladores de Pro, entre los cuales estaba Gabriela Michetti.


También se rechazaba "incluir frases, símbolos, logos, color y cualquier otro elemento identificable o que induzca a confusión con partidos". La oposición cuestionó, así, que el gobierno porteño promociona las obras de su gestión con el color amarillo, signo identificatorio del partido de gobierno.

Al respecto, consultado por La Nacion, el jefe de Gabinete de Macri, Horacio Rodríguez Larreta, respondió con una ironía: "Si no se puede tomar ningún color que use un partido, hay que hacer propaganda en sepia".

Plazos de campaña

También fue vetado el artículo que prohibía la publicidad oficial en los 30 días previos a las elecciones.

Macri consideró que "el plazo establecido resulta excesivo", a pesar de que en 2007, cuando competía contra Jorge Telerman, prometió que en caso de ganar esas elecciones y de buscar una reelección no realizaría publicidad oficial ni inauguraciones de obras públicas en los 30 días previos a los comicios.

Las críticas por los vetos parciales no tardaron en llegar. El diputado de Diálogo por Buenos Aires, Aníbal Ibarra, se quejó de que "Macri está haciendo algo de lo que siempre estuvo en contra".

"Cuando estaba en la carrera para jefe de gobierno se comprometió a cumplir con los objetivos que finalmente fijó la ley, y ahora los veta para aprovechar las ventajas económicas de la publicidad en la etapa electoral", señaló Ibarra, en diálogo con La Nacion. También advirtió que la Constitución porteña impide la promulgación de una norma con vetos parciales.

El ex legislador Facundo Di Fillipo (Coalición Cívica), uno de los impulsores de la iniciativa, aseguró que el jefe de gobierno porteño "no quiere que nadie controle en qué y cómo gasta el dinero de los contribuyentes".

Los cuestionamientos al macrismo no sólo se dirigen al veto de la ley de publicidad oficial. Legisladores porteños y nacionales acusan al jefe de gobierno de haber vetado al menos 18 leyes en el mes de enero. "Esta actitud de Macri revela una fuerte señal de autoritarismo", cuestionó el senador Daniel Filmus.

Entre las iniciativas vetadas figuran la creación del Comité para la Prevención de la Tortura, los subsidios para la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la conformación de un registro de ex presos políticos.

Rodríguez Larreta señaló "que no debe hablarse de meses, sino de cuántas leyes se votaron en diciembre". Y agregó: "Todos los vetos están fundamentados; algunos no tenían sus partidas presupuestarias asignadas y otros legislaban sobre competencia nacional".

La norma

* Prohibiciones . La Legislatura sancionó en diciembre la ley 3391, sobre publicidad oficial.

* A medias . El jefe de gobierno promulgó la norma, con nueve vetos parcales, una atribución limitada en la Constitución porteña.

* Sin aprobar . Entre los artículos vetados se encuentra la inclusión de frases, símbolos, logos, color y cualquier otro elemento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones políticas.

* Plazos . El gobierno porteño dejó sin efecto la cláusula que establecía la prohibición de emitir publicidad en los 30 días previos a elecciones locales.

* Rechazos . La oposición advirtió que el gobierno porteño vetó 18 leyes en el mes de enero.

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1230528

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sobre vetos Info ampliada

03.02.2010 - Los vetos del 2010.

El Jefe de Gobierno Mauricio Macri, durante el mes de enero del 2010, vetó 21 leyes promulgadas por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el transcurso del año pasado. Un 25% de estos vetos dejaron sin efecto leyes relacionadas con los Derechos Humanos, un hecho que consideramos grave y que va en detrimento de las garantías constitucionales de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.

Las leyes vetadas de mayor importancia, en materia de Derechos Humanos, son la creación del Comité contra la Tortura , los Foros de Seguridad Pública y un Subsidio para la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo.

Los Foros de Seguridad Pública (FOSEP) se votaron con el objetivo de involucrar a la sociedad civil en las políticas de seguridad de la Ciudad, para controlar y evaluar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, prevenir abusos policiales y promover la relación entre los vecinos y esas mismas fuerzas de seguridad. El veto, parcial, eliminó los artículos que involucraban a los vecinos en el diseño de las políticas públicas, dejándolas exclusivamente en manos del ejecutivo porteño.

El Fondo para la Localización y Restitución de Niños/as Secuestrados/as y/o Nacidos en cautiverio en la Argentina se votó para solventar los gastos que demande la localización y restitución de los más de 300 jóvenes que continúan apropiados, como así también las actividades que se efectúen en defensa del derecho a la identidad y de los derechos del niño que lleva a cabo la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo y su Centro de Atención Psicológica por el Derecho a la Identidad.

El gobierno local, vetando este iniciativa, desoye el artículo 12 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires que, expresamente, dispone que "La ciudad garantiza el derecho a la identidad de las personas" y que "Debe facilitarse la búsqueda e identificación de aquellos a quienes les hubiera sido suprimida o alterada su identidad". Y también rompe con la decisión de gobiernos democráticos anteriores que apoyaron la búsqueda de los hijos de los desaparecidos nacidos en cautiverio, como ocurrió con la ley 274 sancionada en 1999 que creaba, con similares características, el Fondo de Reparación Histórica de la Ciudad de Buenos Aires por la Identidad para la localización y restitución de niños secuestrados y/o nacidos en cautiverio en Argentina, y la ley 1035 sancionada en 2003 que reestablecía dicho Fondo; en ambos casos con una duración de tres años.

Resulta llamativo, y preocupante, que la mayoría de las leyes vetadas respondían a sugerencias realizadas por organismos especializados, tanto nacionales como internacionales, respecto del abordaje de problemáticas complejas, como es el caso de la trata de personas.

Los fundamentos esgrimidos para justificar los vetos son en su mayor parte coincidentes. El Jefe de Gobierno Mauricio Macri sostiene que ya se están implementando políticas públicas que abordan estas problemáticas y que pretenden amparar estos derechos, o bien que no es el momento adecuado para llevar adelante esta u otra política pública definida por los legisladores de la Ciudad.

A partir de algunas declaraciones a los medios de comunicación, el jefe de Gobierno deja al desnudo que no tiene claro por qué se veto tal o cual ley, y justificándose, arguye que siguió el consejo de algún Ministro.

Lo que desestima el Jefe de Gobierno, y también sus Ministros, es que el abordaje de las cuestiones complejas debe ser dinámico e innovador, acompañando los consejos que otorgan los organismos especializados en cada uno de los temas, y, también, respetando la voluntad popular, que se manifiesta acabadamente en la Legislatura Porteña, donde están los representantes del pueblo, en todo su arco político.

Los 21 vetos realizados en el 2010, son:

3247 Becas Educación Superior - Programa.
3267 Foros de Seguridad Pública (FOSEP).
3268 Registro de Ex Presos Políticos Total.
3269 Modificación de la Ley del Instituto de Vivienda.
3274 Prohibición de uso de sopladoras.
3298 Creación del Comité contra la Tortura.
3299 Subsidio a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
3300 Modificación Ord. 47046 - Feriante Plazoleta Joaquín Sánchez y Plaza Dorrego.
3335 Subsidio. Premio Raquel Liberman.
3356 Subsidio al Museo Argentino del Títere.
3332 Libreta Sanitaria de Niños, Niñas y Adolescentes.
3369 Oficina contra la Trata de Personas.
3348 Permiso de Uso Precario del Inmueble de la Multisectorial de San Cristóbal.
3374 Modificación del Código Contencioso Administrativo y Tributario.
3385 Modificación de la Ley 1075 (Subsidios a ex Combatientes de Malvinas).
3329 Subsidio a Abuelas de Plaza de Mayo.
3360 Tratamiento de la Violencia en los medios de comunicación.
3378 Permiso de Uso Precario del Inmueble a la Cooperativa Liberación.
3391 Publicidad Oficial.
3296 Prevención y la rehabilitación del Síndrome de Desgaste Laboral Crónico.
3362 Código de Prevención de la Contaminación Ambiental.



http://www.odh.org.ar/inicio/2010/03022010.html

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Denuncian que Macri financia su campaña con fondos públicos
Martes 26 de Octubre de 2010 20:03 La Ciudad
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Dos legisladores radicales elevaron un pedido de informes para conocer el detalle de los gastos en publicidad oficial y advierten que el jefe de Gobierno hace campaña con spots oficiales. El líder de PRO, antes, vetó la ley que le ponía límites.

De la redacción de Minuto Político

Mientras sus diputados pelean en el Congreso por una ley para regular la publicidad oficial del gobierno nacional, una dura denuncia cayó sobre Mauricio Macri. Dos legisladores advirtieron que el jefe de Gobierno utiliza “los dineros de la publicidad del Gobierno de la ciudad para hacer su campaña como precandidato a presidente”.

La referencia de los radicales Claudio Presman y Rubén Campos es a los últimos spots del gobierno porteño en que Macri pone su imagen, en cuerpo y voz. “Hemos visto últimamente que el ingeniero Macri aparece en todos los medios de comunicación con spots publicitarios que se parecen más a una pieza de campaña, que a una comunicación institucional de la gestión del gobierno porteño”, puntualizó Presman.

El legislador porteño estima que “esas piezas comunicacionales están bien camufladas como avisos del Gobierno de la Ciudad, y quienes observamos y leemos la política, nos damos cuenta que se trata simplemente de utilizar la publicidad oficial para su propia candidatura”.

La realidad es que Macri, en este caso, no está violando ninguna reglamentación vigente. No porque no existe, sino porque él mismo se encargó de generar el vacío legal. Fue a través del veto masivo que hizo el jefe de Gobierno por decreto a la ley de publicidad oficial, sancionada por la Legislatura en diciembre pasado, dejando la ley prácticamente sin sentido.

Ese proyecto, paradójicamente, había sido consensuada y votada por el bloque macrista. Previamente, en la negociación, el PRO se había encargado de vaciar de sentido las propuestas del ex legislador, Facundo Di Filippo y de la diputada Gabriela Cerruti. Ese texto acordado fue el que, a través del veto, Macri dejó sin efecto. Entre otras cosas, prohibía utilizar la voz y la imagen del jefe de Gobierno y de otros funcionarios del gobierno porteño en publicidad oficial. Justamente, lo que Macri está haciendo a pocos meses de iniciarse la campaña electoral.

Además, Macri vetó los artículos que le prohibian usar el amarillo y negro, colores identificatorios del PRO, en la publicidad oficial, los que obligaban a presentar detalles de cómo se repartían los fondos y quien los cobraba y otros puntos que buscaban transparencia en el manejo de millones de pesos.

Los diputados radicales cuestionaron: “conocemos muy poco sobre la ejecución y distribución de la pauta oficial de la Ciudad de este año y en el presupuesto 2011, Macri solicitó 140 millones para publicidad y propaganda”.

Presman y Campos presentaron un pedido de informes sobre esta tema, donde le piden al Ejecutivo porteño un detalle exhaustivo sobre los incrementos de la partidas presupuestarias y los manejos financieros de la pauta oficial: “Nos resulta imprescindible conocer con exactitud los verdaderos destinos de los recursos comprometidos por este gobierno en materia de publicidad oficial, los montos previstos a ejecutar y ejecutados; las distintas transferencias de partidas presupuestarias que elevaron los fondos para ejecutar en publicidad oficial; como así también las empresas, agencias de publicidad, medios de comunicación, etc.; las campañas realizadas, entre otras cuestiones a saber”, apuntan los diputados en los fundamentos del proyecto.


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“Usan publicidad oficial para hacer campaña”

“Usan publicidad oficial para hacer campaña”Los integrantes del bloque de la UCR de la Legislatura porteña, Claudio Presman y Rubén Campos, denunciaron que Mauricio Macri “utiliza el dinero de publicidad del Ejecutivo para hacer campaña como precandidato a Presidente”. Ya presentaron un pedido de informes sobre el tema.

Los legisladores porteños de la Unión Cívica Radical, Claudio Presman y Rubén Campos, denunciaron que el titular del Ejecutivo de la Ciudad, Mauricio Macri, “utiliza la plata destinada a publicidad institucional del Gobierno porteño en hacer campaña como precandidato a Presidente”.

“Hemos visto últimamente que el ingeniero Macri aparece en todos los medios de comunicación con spots publicitarios que se parecen más a una pieza de campaña, que a una comunicación institucional de la gestión del Gobierno porteño, se trata de una cuestión política y de ética a la que cualquier gobernante debe sujetarse”, dijo Presman sobre el tema

“Esas piezas comunicacionales están bien camufladas como avisos del Gobierno de la Ciudad, y quienes observamos y leemos la política, nos damos cuenta que se trata simplemente de utilizar la publicidad oficial para su propia candidatura”, continuó.

“Conocemos muy poco sobre la ejecución y distribución de la pauta oficial de la Ciudad de este año y en el presupuesto 2011, Macri solicitó 140 millones para publicidad y propaganda”, agregó.

Los diputados de la UCR presentaron un pedido de informes sobre esta tema, donde le piden al ejecutivo porteño un “detalle exhaustivo sobre los incrementos de la partidas presupuestarias y los manejos financieros de la pauta oficial”.

“Nos resulta imprescindible conocer con exactitud los verdaderos destinos de los recursos comprometidos por este gobierno en materia de publicidad oficial, los montos previstos a ejecutar y ejecutados y las distintas transferencias de partidas presupuestarias que elevaron los fondos para ejecutar en publicidad oficial”, explicaron en los fundamentos.

http://www.informereservado.net/noticia.php?noticia=30356




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viernes, 15 enero 2010
Pauta oficial porteña: Presunto caso de corrupción




Escrito por lndnoticias
viernes, 15 enero 2010

Ciudad de Bs. As. - La Coordinadora de Medios de la Ciudad de Buenos Aires (COMECI), presentó el día de ayer, una denuncia por escrito ante la Secretaría de Comunicación Social, cuya mayor autoridad es el Sr. Gregorio Centurión, por un presunto mal accionar de un funcionario público de la comisión que se encargó de la evaluación del ingreso de postulantes al registro de medios vecinales 2010 para recibir pauta publicitaria.

Informe con entrevista a Ariel Rosales

En la denuncia a la que tuvo acceso LND Noticias, se presentan pruebas fehacientes que indican que el Coordinador de la Comisión Evaluadora del Registro de Medios Vecinales 2010, Leandro Querido, incurrió en dos presuntos actos que levantaron sospecha ante COMECI.

"En el día de hoy presentamos una solicitud de investigación administrativa porque hay sospechas de corrupción, presuntas irregularidades y arbitrariedades, esto roza con la malversación de fondos, cuando se distribuye publicidad oficial y se le entrega a alguien de forma no transparente, oscura o en sombras y por el mal desempeño de funcionario público" dijo Ariel Rosales, Presidente de COMECI y Veedor titular por los Medios Digitales (el veedor es quien se encarga de defender lo que decide la Comisión Evaluadora y es designado anualmente por los propios medios vecinales integrantes que ya reciben pauta oficial), en diálogo exclusivo con
LND Noticias.

"A través de la investigación desde COMECI y con los miembros de la coordinadora de medios se detecta que en un principio habría tres irregularidades bien marcadas” indicó Rosales.


“Este funcionario en el mes de enero comenzó a hacer un programa en Radio Palermo en el que al principio o al final del mismo tenía el aviso del Gobierno de la Ciudad, nosotros decimos que esto es incompatible con su función", enfatizó el presidente de COMECI.


Desde el 4 de enero de 2010 el funcionario Querido, conduce un programa radial en
FM Palermo (94.7) de lunes a viernes de 10.00 a 11.00 hs, llamado “Comunas en Plural”, que recibe publicidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, infringiendo la ley Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, inciso “d”, la cual explica que no se puede autobeneficiarse o beneficiar a allegados (en este caso sería Radio Palermo).

"Un funcionario público no puede recibir beneficios de la función que cumple. Él está dentro de la Secretaría de Comunicación Social y no puede recibir pauta publicitaria para bancar su proyecto personal".


A su vez, él mismo firmó la incorporación de un Medio Digital (
www.mibelgrano.com.ar) y uno Gráfico (Aquí se puede visualizar uno de los pdf de las ediciones de 2009, hasta el momento de publicación de esta nota), ambos llamados “Mi Belgrano”, medios que, durante 2009, se publicaban de forma conjunta y unificada con la publicación de “Comuna 13”, diario digital y gráfico cuyo titular y editor responsable es Leandro Querido. Asimismo, el medio Comuna 13 era diseñado por el director de mi Belgrano, por lo que se probaría la relación de ambos medios. Cabe destacar, que los redactores de contenidos de ambos medios son las mismas personas. Además, tanto la web de Comuna 13 (www.comuna13.com.ar) como el medio gráfico cuentan con el logo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se sospecha que también recibe pauta oficial.

Esta denuncia vuelve a poner sobre la mira la entrega y el manejo discrecional de la pauta publicitaria oficial. Se presume que por segunda vez en dos años, un funcionario con ese cargo tiene un presunto caso de corrupción.
Recordemos que en el mes de junio de 2009, salió a la luz que la funcionaria del Gobierno de la Ciudad, Rosa Consuelo Yampolsky de Fondeville, quien se encontraba a cargo de la Coordinación del Registro de Medios Vecinales fue separada del cargo por beneficiar al Medio Digital Veredas con Historia, cuya titular era su propia hija, y que desde 2007 a 2009 recibió pauta oficial como Medio Vecinal de la Ciudad de Buenos Aires. 



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