Lo que circula por los medios

1 de enero de 2011

Trabajadores despedidos de Canal 13 denunciaron la "apropiación irregular" de esa emisora por parte del Grupo Clarín





2010-12-29
Nota correspondiente a la publicación del día Miércoles de 29 de Diciembre de 2010
14:00 - POLITICA

Ex trabajadores de Canal 13 denunciaron irregularidades en la compra de la emisora



http://www.youtube.com/watch?v=06d7m4Aamgo

Trabajadores despedidos de Canal 13 denunciaron ante la Auditoría General de la Nación (AGN) la "apropiación irregular" de esa emisora por parte del Grupo Clarín durante el gobierno de Carlos Menem.

"La operación fraudulenta benefició al multimedio en 15 millones de dólares en perjuicio del Estado y de los trabajadores" e implicó la "violación de pliegos licitatorios" de la privatización de la emisora, según afirmó hoy en un comunicado José Carbonelli, ex delegado gremial de Canal 13 y principal denunciante.

Acompañado por otros trabajadores despedidos, el ex delegado entregó la denuncia en la sede la AGN a dos directivos de ese organismo, Ricardo Sánchez y Jorge Lizano.

Según el denunciante, Menem cedió el Canal 13 "al irrisorio preció de 5 millones de dólares", en virtud de un "pacto" con el grupo Clarín por el que había recibido a su vez "apoyo mediático" en la campaña para las elecciones presidenciales de 1989.

"Clarín no desembolsó ni un solo peso, ya que (ese precio) fue pagado con el dinero que nos sustrajo a los trabajadores en un valor de 7 millones de dólares y se quedaron con el vuelto", agregó.

El dirigente gremial respaldó sus acusaciones, entre otras pruebas, con un "dictamen del Superior Tribunal de Cuentas de la Nación que objetó el proceso licitatorio por irregularidades en beneficio de Clarín, en perjuicio del Estado", según dijo.

http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=207711&id=394485&dis=1&sec=1

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VICTOR HUGO MORALES


Trabajadores despedidos de Canal 13 denuncian pacto Menem-Clarín para darle la señal al grupo a precio vilLa Mañana | Abril 15 de 2010





http://www.divshare.com/download/13665663-157
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Sur
Enredados
Breve historia de las sucesivas leyes Clarín

Para las radios comunitarias amanece una época llena de desafíos nuevos.
11-10-2009 / El Grupo, que en la actualidad maneja 264 licencias de medios de comunicación en todo el país, agitó los fantasmas de que la nueva Ley de Radiodifusión atenta contra “el pluralismo de ideas”, “la independencia periodística”, “la libertad de expresión” y “la libertad de prensa”.
Por Walter Goobar

La campaña en contra de lo que fue el proceso de sanción de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales se convirtió en uno de los espectáculos más groseros y pornográficos de nuestra vida en democracia. El Grupo Clarín, que en la actualidad maneja 264 licencias de medios de comunicación en todo el país, agitó los fantasmas de que la nueva Ley de Radiodifusión atenta contra “el pluralismo de ideas”, “la independencia periodística”, “la libertad de expresión” y “la libertad de prensa”. Sin embargo, la virulencia que tuvo la campaña y el cúmulo de falacias empleadas tienen más que ver con lo que Clarín siempre calló que con lo que informó.

En lugar de recurrir al básico ejercicio del periodismo, Clarín apeló a la inflamada retórica de una propaganda que forma parte de la banalización del periodismo. La dureza de su retórica verbal fue (es) un reflejo del silencio de años. La decadencia de los sectores que defendieron la vieja ley de la dictadura quedó evidencia en los spots televisivos que –a falta de argumentos– apelaron al miedo, utilizando términos como “ley mordaza”, “ley K”, y agitando los fantasmas de la censura, la desaparición de medios y de fuentes de trabajo.

En los canales del Grupo Clarín, como Todo Noticias (TN), y también en los de América TV, llamó la atención el bombardeo de spots apocalípticos producidos por una fundación llamada “Valores para el Bien Público”. Esa entidad no tiene existencia real, no figura en ningún registro de la Inspección General de Justicia, donde debería estar inscripta, y ni siquiera tiene una página web.
Varias fuentes sugieren que detrás de esa organización fantasmagórica se encuentra el diputado nacional y accionista de América TV Francisco de Narváez. Parece un contrasentido que las empresas de medios recurrieran a una campaña de propaganda –en lugar de la información– para comunicar su oposición a una ley, pero no lo es. A Clarín lo que le preocupa no es la perspectiva de tener que deshacerse de algunos medios, ni tampoco la posibilidad de que haya nuevos medios independientes, sino la perspectiva concreta de perder la potestad de construir la agenda única.

Pese a contar con excelentes profesionales, hace tiempo que el multimedios ha sacrificado su obligación de informar, en beneficio de la dinámica del insaciable crecimiento del consorcio grupal. Lo que este debate ha puesto al desnudo es que Clarín es un supermercado comunicacional que, a través del ejercicio selectivo de la información, persigue la gestación de negocios que son simples subproductos comerciales.

Padres de la ley. El multimedios, que ha bautizado a la ley de Servicios Audiovisuales como “ley K”, tiene la paternidad de tantas leyes y decretos confeccionadas a su medida, que no alcanzarían todas las letras del alfabeto para enunciarlas. Ninguna de esas leyes –que deberían llevar las iniciales de Videla, Menem, De la Rúa o Duhalde, entre otros– fue sometida a debate, audiencias públicas ni campañas propagandísticas. Nunca se cuestionó la legitimidad de los Parlamentos que las sancionaron en momentos en que toda la sociedad reclamaba “que se vayan todos”.

Con Jorge Rafael Videla, Clarín accedió a Papel Prensa, con Carlos Menem logró que se anulara el artículo 45, sancionado durante la dictadura, que prohibía la conglomeración de medios. A través de una licitación que estaba pactada para que la ganara Clarín, el holding accedió a las licencias de Radio Mitre y Canal 13 con lo que comenzaba la gestación del gran imperio que hoy conforma.
El 27 de diciembre de 1999, el Grupo Clarín S.A. y el banco de inversiones Goldman Sachs suscribieron el acuerdo de incorporación del banco norteamericano como socio minoritario. En esa operación, se vendió por 500 millones el 18% de todo el Grupo Clarín, con la excepción de Multicanal. Por increíble que parezca, todo este proceso de acumulación dio como resultado, a fines de los ’90, un holding endeudado en 1.000 millones de dólares, que llevó a todo el Grupo a un proceso de decadencia en el que tuvo que invertir todo su poder de presión para el salvataje.

En el libro El Hombre de Clarín –que es una benévola biografía autorizada de Héctor Magnetto–, el periodista José Ignacio López refleja la versión edulcorada de un modelo que legitima la eficacia de la extorsión como metodología sistemática para el crecimiento periodístico y empresarial. Si es preciso, se estigmatiza, hasta la destrucción, a los enemigos. Con los derrocamientos de De la Rúa y de Rodríguez Saa, Clarín logró sanear su economía. Abandonar la “pelea del descenso”, o sea, del quebranto. Al transferir, hacia la sociedad, los efectos residuales, del admirable crecimiento empresarial. Antes del 2001, el Grupo Clárin tenía una estimación de valor en el mercado de 3.200 millones de dólares; una estimación de facturación en 1999 de 2.000 millones de dólares y una deuda de alrededor de 1.700 millones de dólares que pesificó Duhalde pasando a deber sólo la tercera parte.

En la página 457 de El Hombre de Clarín se brinda una exculpación fundamental de la pesificación asimétrica que coronó la salida de la Convertibilidad. Dice el libro: “La idea de la licuación, casi un slogan, ya estaba instalada, y sería difícil cualquier esfuerzo por matizarla”. La “instalación” a la que hace referencia incluyó a AGEA, o sea a Clarín y a La Nación, entre las empresas que se beneficiaron ampliamente con la “licuadora” del 2002. Con Duhalde, Clarín, ostensiblemente, se dedicó a callar y a explotar los beneficios del silencio.

Gracias Duhalde. La Ley de Protecciones Culturales también pasó a la historia, como la Ley ProClarín y fue votada durante la presidencia de Eduardo Duhalde. El gran benefactor de los pesificadores asimétricos gestó la Ley Clarín para salvar al Grupo. En el peor momento de la crisis, en febrero de 2002, llegó la primera modificación de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras, cambios que llevaron a bautizarla nuevamente con el poco original rotulo de Ley Clarín, porque favorecía la posición del diario. La nueva ley extendía los plazos de negociación, que eran 7 a 9 meses de 14 a 24, y eliminaba la posibilidad del cram down, una etapa que inquietaba a Ernestina Herrera de Noble y sus ejecutivos, ya que podría permitir que un acreedor se apropiara de la compañía en una fase previa a una eventual quiebra. El caso tuvo un nuevo capítulo el 4 de diciembre de 2003, cuando el Senado de la Nación aprobó una segunda modificación a la Ley de Concursos y Quiebras, según las especificaciones aportadas por Clarín.

A partir de la sanción de esta nueva ley, para Clarín, ya nada será igual. El multimedios, que entre sus 3600 empleados tiene excelentes periodistas, no ha permitido que ni uno sólo se haya podido expresar a favor de la ley, y no es porque esas opiniones no existan. Lo que ocurre es que Clarín aplica la política de la “tolerancia cero” con el disenso, como lo demuestra el hecho que desde hace cinco años la empresa no permite ninguna actividad gremial de la profesión que dice defender. En la pelea con el Gobierno, ha terminado pulverizando la materia fundamental para el ejercicio del periodismo. La credibilidad.

http://www.elargentino.com/nota-61382-Breve-historia-de-las-sucesivas-leyes-Clarin.html

ver
Breve historia de las sucesivas leyes Clarín - “Valores para el Bien Público” - Oct 14

Victor Hugo con un constitucionalista: “los licenciatarios no son dueños” - Oct 14

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En una licitación a medida, fue administrador y único oferente a la vez
Denuncian al Grupo Clarín por la compra irregular de Canal 13
Publicado el 25 de Julio de 2010
Por Manuel Alfieri
El Tribunal de Cuentas de la Nación objetó la operación porque se pagó un precio “irrisorio”. Pero Carlos Menem lo disolvió y archivó las actuaciones. Los ex empleados aseguran que todavía les deben 7 millones de dólares.


Con la llegada de Carlos Menem al poder en 1989 y en medio de la fiebre privatista de los ’90, el Grupo Clarín adquirió una de sus joyas más preciadas: Canal 13. Desde entonces, se consolidó como el multimedios más grande del país.

Lo que pocos saben –o lo que intentó silenciarse durante muchos años– es que la adquisición del canal estuvo plagada de irregularidades. El 11 de enero de 1990, a través de ARTEAR SA, Clarín compró Canal 13 a un precio “irrisorio”, objetado incluso por el Tribunal de Cuentas de la Nación.

Lo hizo en una cuestionada licitación organizada por una Comisión Evaluadora menemista, en la que el Grupo era administrador y único oferente a la vez; obtuvo nueve bienes inmuebles del canal gratuitamente por cinco años; y –de acuerdo con las denuncias realizadas por los ex empleados– violó el pliego licitatorio que lo obligaba a mantener durante un año los puestos de todos los trabajadores (en 1991, la empresa contaba con la mitad del personal original).
Además, reclaman el pago de una deuda que “oscila los 10 mil dólares por persona, correspondiente a las indemnizaciones no pagas o devaluadas. O sea, un total de 7 millones de dólares, en base a los 700 empleados cesanteados por Clarín”, denunció a Tiempo Argentino José Carbonelli, ex delegado de la comisión interna de Canal 13 y despedido después de denunciar la venta irregular.

El llamado a licitación para la privatización de Canal 13 generó numerosos cuestionamientos, ya que la Comisión Evaluadora encargada de seleccionar las mejores propuestas para la adjudicación de la emisora permitió que Clarín quedara como único oferente, lo que propició que el canal fuese adquirido por el grupo a la mitad del precio estimado en el mercado.

Esta operación fue objetada, el 4 de enero de 1990, por el Tribunal de Cuentas de la Nación. El sistema de puntaje para evaluar a los oferentes en la convocatoria resultó poco claro, porque fue creado “en el mismo momento de practicar la evaluación (y) debió ser dado a conocer (…) con sus exactos alcances incluyéndolo en la base del llamado”.
Pero la objeción más importante estuvo relacionada con el monto por el cual fue vendido Canal 13, comparándolo con el de Canal 11 (hoy Telefe): mientras el precio base para la privatización de Canal 11 ascendió un 111,6%, en el caso de Canal 13 sólo lo hizo un 7,1%.

Según la tasación del Banco Nacional de Desarrollo, el 13 era más valioso que el 11 porque poseía mayor equipamiento. Sin embargo, el 13 fue vendido a U$S 5.207.198 y el 11 a U$S 8.139.534. Esto sucedió, señala el Tribunal, porque “para Canal 13, la Comisión Evaluadora resolvió requerir mejora a un solo proponente, ARTEAR SA, mientras que para Canal 11 la mejora de oferta económica fue requerida a dos postulantes”. Así, Clarín se ahorró casi 5 millones de dólares.

“Hay un ejemplo muy claro –relata Carbonelli–. En esa época, el grupo compró por 10 millones de dólares un canal de cable de Avellaneda, donde yo trabajé, que tenía sólo 15 mil televidentes. Es decir, pagó el doble que por Canal 13, que tiene millones de espectadores.” A menos de cuatro años de la adjudicación, Canal 13 ya tenía una facturación anual de U$S 120 millones, según las proyecciones de la emisora publicadas en la revista Noticias el 23 de mayo de 1993. Una verdadera mina de oro.

Por otro lado, el Tribunal también objetó el traspaso gratuito por cinco años de nueve bienes inmuebles que eran propiedad del canal hacia ARTEAR, creando un perjuicio para el Estado y un beneficio para la empresa: el alquiler de esas propiedades le hubiese costado al multimedios un total aproximado de 1 millón de dólares, por lo que “se tiene una transferencia implícita de ingresos a favor de los adjudicatarios”, señala el Tribunal.
¿Qué decidió hacer Menem ante estas desprolijidades? Disolvió el Tribunal de Cuentas en 1992, y las observaciones fueron archivadas, a pesar de su contundencia. Transcurridos los seis años del traspaso, un informe de 1996 de la Auditoria General de la Nación (AGN) sostuvo que la situación seguía siendo confusa: “a varios meses de vencido el comodato, sólo se perfeccionó la opción de compra en tres de ellos (…) 
Dicho de otro modo, desde el 12/01/95 ARTEAR ocupa y utiliza bienes del Estado sin contraprestación alguna”. Así, concluyó que Clarín todavía operaba Canal 13 sin controles rigurosos: “el COMFER y la Secretaría de Medios de Comunicación, organismos encargados de controlar el cumplimiento de las obligaciones que le fueron impuestas por el Pliego de Bases y Condiciones, Contrato y la normativa aplicable a la Licenciataria ARTEAR SA, no cumplen acabadamente con su cometido”.

El listado de cuestionamientos, a los ojos de los ex empleados, es aun mayor: “prohibieron toda actividad sindical. Había aprietes. Trabajar ahí fue peor que durante la dictadura”, asegura Carbonelli.
Según el artículo 33, inciso “d”, del pliego licitatorio (decreto 830/89), los adjudicatarios del canal debían “asumir desde la fecha de posesión todas las obligaciones emergentes de convenios o contratos laborales y de leyes de previsión social (…) haciéndose cargo de la antigüedad del personal (…) Asimismo se obliga a mantener la estabilidad del personal por el plazo de doce (12) meses.” Lo curioso es que esta política de achique quedó plasmada en la nota de la revista Noticias, donde se afirmaba que el 13 “es el canal que realizó las mayores racionalizaciones de personal después de su privatización. De los 881 empleados de 1989, llegó a un piso de 438 en julio de 1991.” Queriendo mostrar una virtud, dejaron al desnudo una falta: como consecuencia del primer año de Clarín dentro del canal, 443 personas se quedaron sin trabajo. Según las autoridades de la empresa, no fueron despidos, sino “retiros voluntarios.”
ARTEAR también intentó quitar a los trabajadores el “reintegro de gastos”, una remuneración en negro que los empleados cobraban durante la época en que el canal era estatal. Más de un centenar de denuncias fueron presentadas ante el Ministerio de Trabajo por los ex trabajadores del 13 en relación a este tema y otras irregularidades. La resolución Nº 446 de la autoridad laboral, con fecha del 12 de abril de 1994, les dio finalmente la razón: el fallo dice que el reintegro de gastos era un pago “mensual, normal y habitual”, por lo que no podía ser eliminado. Las autoridades de ARTEAR apelaron ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, pero el tribunal sentenció nuevamente a favor de los trabajadores, ratificando todo lo actuado por el Ministerio. Además, multó a ARTEAR ya que, según el fallo, “no cumplió la intimación que le había sido cursada”.
Ante todas estas faltas, el 25 de septiembre de 1991 la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados ya había generado el expediente Nº 2610-D-91, y elevado un pedido para que el Poder Ejecutivo Nacional informase “si se han iniciado sumarios por parte de la autoridad de aplicación en materia de radiodifusión contra los licenciatarios de Canal 13 por las constantes violaciones al pliego licitatorio”. No hubo respuesta.
A partir del año 2009, con motivo de la discusión por la nueva Ley de Medios, los ex trabajadores de Canal 13 volvieron a presentar sus reclamos a la comisión de Diputados y a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. “Tuvimos dificultades para hallar expedientes clave sobre la privatización, lo que traba la investigación”, explicaron a este diario voceros de la Autoridad Federal. Y la presidenta de la comisión, Silvia Vázquez, concluyó: “estamos aguardando esos expedientes para crear una comisión investigadora que demuestre el grado de responsabilidad que tuvo el Estado”. Mientras los funcionarios esperan una respuesta, los ex empleados de Canal 13 reclaman justicia. No desde ayer, ni desde hoy, sino desde hace 20 años.

http://tiempo.elargentino.com/notas/denuncian-al-grupo-clarin-compra-irregular-de-canal-13


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 DE WIPIPEDIA

Pese a su reciente formación en el año 1999, la historia del grupo se remonta al año 1945, cuando Roberto Noble funda el Diario Clarín. Luego del fallecimiento de Noble en 1969, su viuda, Ernestina Herrera de Noble, asume la dirección del matutino.

En 1976, año en el que se produce el golpe militar que da inicio a la última dictadura en Argentina, se inaugura la primera subsidiaria de Clarín, la empresa gráfica Artes Gráficas Rioplatenses (AGR).[3] En 1982, Clarín, junto con los diarios La Nación –con el que está emparentado políticamente a través de sus propietarios–, y La Razón toman acciones en la papelera Papel Prensa de manera irregular.[4] El diario participa en la creación de la agencia de noticias Diarios y Noticias (DyN) en 1982.

En el año 1990, con la privatización de varios medios de comunicación, Clarín comienza a expandirse a otros medios. Primero adquiere Radio Mitre.[5] Luego, gana la licitación para operar el Canal 13 mediante su subsidiaria Arte Radiotelevisivo Argentino (ARTEAR). También incursiona en la televisión por cable mediante Multicanal en 1992. Un año después, ARTEAR lanza dos nuevos canales de cable: Todo Noticias (TN) y Volver, que transmite series y programas históricos de la televisión argentina.[6]

En el año 1996 aparece la versión online de Clarín y sale a las calles el Diario Olé, especializado en deportes. Asimismo, se crea el portal Ciudad Internet en 1997. En ese mismo año, también crea la Compañía Inversora de Medios de Comunicación S. A. (CIMECO), junto al diario La Nación. La firma administra matutinos en el interior del país; entre ellos, La Voz del Interior y Los Andes.[7] El Grupo Clarín se constituye formalmente como Sociedad Anónima en 1999 e introduce como accionista minoritario a Goldman Sachs.

En el año 2000, el grupo compra el diario La Razón,[8] se asocia con la productora televisiva Pol-ka y participa en las acciones de la cinematográfica Patagonik. Entre 2005 y 2007, el Grupo Clarín adquiere Cablevisión,[9] [10] proveedor de TV por cable que competía con Multicanal. Luego, ambas empresas se fusionan y presentan juntas un servicio de Televisión Digital.
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de wipipedia 

Canal 13 fue fundado el 1 de octubre de 1960.[1] Comenzó a emitir ese día a las 20:30.[2] El canal fue licitado a la empresa Río de la Plata TV S.A., integrada por el cubano Goar Mestre, la cadena estadounidense CBS y la empresa Time-Life. A mediados de los 60, la Editorial Atlántida y la esposa de Mestre compraron las acciones del canal. Desde aquel entonces, el canal comenzó a competir fuertemente con los otros dos canales abiertos privados (Canal 9 y Canal 11) de la ciudad de Buenos Aires, los cuales habían pasado por un proceso similar.

En esos años se produjeron grandes éxitos de la televisión argentina, como Viendo a Biondi, programa cómico centrado en los personajes de Pepe Biondi; La familia Falcón, con Pedro Quartucci, La tuerca, programa cómico de sketches, al igual que el gran éxito Telecataplum, protagonizado por un innovador grupo de cómicos uruguayos como Ricardo Espalter, Enrique Almada y Gabriela Acher; entre otros.
[editar] Estatización y dictadura militar

En 1974, el gobierno de Perón estatizó la emisora junto a los otros dos canales privados de Buenos Aires (el 11 y el 9), con el objeto de llevar una política de medios al estilo europeo, donde la televisión estaba prácticamente dirigida desde el Estado.

Durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional –la última dictadura militar, desde 1976 hasta 1983–, la administración del canal fue entregada a la Armada, condición mantenida hasta 1983, cuando fue restituido el gobierno democrático. No obstante, continuó bajo la administración pública.
[editar] Privatización

En 1989, el canal 13 vuelve a ser privatizado, entregándoselo a la empresa Arte Radiotelevisivo Argentino (Artear), sociedad mayoritariamente propiedad de la editora del Diario Clarín y perteneciente a su grupo multimedios.
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PAPEL PRENSA -



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