Lo que circula por los medios

10 de abril de 2011

Montenegro en la Legislatura -


Montenegro legislatura 20110408_ parte 1 
la policia va a estar lista en el 2016



http://youtu.be/BwfqpPs44-U


Montenegro legislatura 20110408_ parte2



http://youtu.be/j4g2shXZgno



http://youtu.be/5j7QQepB8g4

Montenegro legislatura 20110408_ parte 4 Lubertino.



http://youtu.be/y0cpHt_mC-Y

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Ritondo lectura parcial 20110408



http://youtu.be/rLdT5Gh7s0U

Omitir información, es ser tendencioso. Ritondo y la Policia Metropolitana
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Rodríguez Larreta sostenía en el 2009 que se podía reemplazar la Policia Adicional






El 2 de noviembre de 2009 Horacio Rodríguez Larreta en dialogo con Alfredo Leuco manifestaba que se podia reemplazar la Policia Adicional con seguridad privada en edificios públicos (minuto: 04:33del audio)


*Escuchar audio







http://www.lapistaoculta.com.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=517:rodriguez-larreta-sostneia-en-el-2009-que-se-podia-reemplazar-la-policia-adcional&Itemid=164
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El  gobierno de la ciudad pidió una reunión urgente con Aníbal Fernández para  articular acciones conjuntas en materia de seguridad 02/11/2009  07:37:00 p.m.“Es lejos la principal preocupación de la gente”,  afirmó en Bravo.Continental el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez  Larreta. Insistió, además, en la necesidad de implementar la Policía  metropolitana. http://www.continental.com.ar/nota.aspx?id=903716

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Sábado, 09 de abril de 2011
EL PAIS › MONTENEGRO ASEGURO QUE LA CIUDAD NO REEMPLAZARA LOS SERVICIOS ADICIONALES QUE RETIRO LA NACION
La Metropolitana está para otra cosa

El ministro fue a la Legislatura, convocado por diputados de la oposición. Dijo que recién en 2016 la Metropolitana estará en condiciones de brindar seguridad en hospitales porteños. Hasta entonces, “la responsabilidad es del gobierno nacional”, dijo.


Por Eduardo Videla

El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, aseguró ayer en la Legislatura que el Gobierno de la Ciudad no reemplazará ni con efectivos de la Policía Metropolitana ni con agentes de seguridad privada a los policías de la Federal que cumplían servicios adicionales en hospitales y otros edificios públicos y que fueron retirados por decisión del gobierno nacional. Montenegro concurrió a la Legislatura convocado por diputados de la oposición que querían saber cómo resolverá la Ciudad la crisis generada por el retiro de la Federal de 114 puestos de vigilancia. Algunos legisladores opositores cuestionaron la forma y la oportunidad en que el gobierno nacional tomó la medida. Pero todos coincidieron en cuestionar con dureza la decisión del gobierno de Mauricio Macri de desligarse del problema, teniendo un cuerpo policial propio de casi 2000 hombres.

Los diputados opositores advirtieron que, de acuerdo con la Ley de Seguridad de la Ciudad, entre las atribuciones de la Policía Metropolitana se encuentra “brindar seguridad a personas y bienes” en el ámbito de la ciudad. “Pero el Gobierno de la Ciudad ha decidido utilizar a la Metropolitana para hacer propaganda para su gestión”, opinó el diputado Marcelo Parrilli (MST/Proyecto Sur). “Entonces, el gobierno nacional decidió que no iban a custodiarles los edificios mientras ustedes hacen propaganda”, interpretó el legislador. Tras lo cual le preguntó a Montenegro cómo iba a reemplazar ese servicio. El ministro se limitó a responder que sólo está en condiciones de brindar seguridad a los dos hospitales que están en las comunas 12 y 15, donde la Metropolitana tiene presencia territorial.

Eso sí, admitió que cuatro efectivos de la fuerza prestan servicio en su custodia personal y otros cuatro, en la del jefe de la fuerza, Eugenio Burzaco.

Montenegro precisó que la Metropolitana tiene 1850 efectivos en estado policial, la mayoría de los cuales está abocado a prestar servicios en esas dos comunas. Anunció que este año incorporarán efectivos en las comunas 4 y 8 y admitió que la fuerza recién estará en condiciones de brindar seguridad en toda la ciudad “en el año 2016”, es decir, dentro de cinco años. Hasta entonces, sostuvo el ministro, “el responsable de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno nacional”.

“Entonces, ¿le consultaron al gobierno nacional cuando decidieron ubicar a 1400 efectivos en las comunas 12 y 15?”, le preguntó el legislador ibarrista Eduardo Epszteyn. La consulta se perdió sin obtener respuesta.

A su turno, Gonzalo Ruanova (Encuentro Progresista) cuestionó la decisión de “saturar con la Metropolitana dos comunas, para que se vea, mientras no tiene capacidad para prevenir hechos como la toma de edificios”.

Varios legisladores le cuestionaron a Montenegro por qué en 2009, cuando la Federal retiró los servicios adicionales porque la Ciudad debía 40 millones de pesos, el gobierno porteño resolvió el problema contratando seguridad privada, según anunció en ese momento el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Y por qué, en febrero último, la Ciudad prescindió de 500 efectivos de la Federal que prestaban servicios como Policía Comunitaria, a las órdenes del gobierno porteño.

Al primer punto, Montenegro respondió que en 2009 la policía no llegó a retirar los servicios adicionales. Respecto del segundo, argumentó vagamente que la policía comunitaria no podía destinarse a cumplir funciones de custodia en edificios, aunque no explicó por qué.

El conflicto se inició este lunes, cuando la ministra de Seguridad, Nilda Garré, anunció el retiro del servicio de policía adicional en 114 objetivos del Gobierno de la Ciudad, que incluían desde hospitales públicos hasta la quinta de Mauricio Macri, en San Miguel, y la casa donde vive la ex esposa del jefe de Gobierno.

Los servicios adicionales se prestaban en forma de módulos de cuatro horas, por cada uno de los cuales la ciudad pagaba 94 pesos. Montenegro explicó que la ciudad tenía contratados 30 mil módulos mensuales, lo que representaría una erogación de 2,8 millones de pesos por mes. La deuda que reconoció el gobierno porteño asciende a 20 millones, lo que equivale a siete meses impagos, aunque el gobierno nacional reclama un monto mayor, de 27 millones.

Montenegro, en un tramo de su exposición, definió a los servicios adicionales como “una distorsión del servicio policial” que debía eliminarse. Y lamentó que si, para el gobierno nacional el retiro de efectivos es una política pública, “por qué no levantan los adicionales de los restaurantes o clínicas privadas en lugar de hacerlo con un solo cliente, la Ciudad de Buenos Aires”.

“Me cuesta entender que sigan defendiendo una decisión administrativa que perjudica a los vecinos de la Ciudad y de las provincias, que se atienden en los hospitales porteños”, afirmó.

A su turno, el presidente del bloque kirchnerista, Juan Cabandié, defendió la “reestructuración de la Policía Federal” que encara el gobierno nacional “para revertir sus antecedentes nefastos” y acusó al gobierno de Mauricio Macri de “poner palos en la rueda”. “Nosotros enfrentamos a todas las corporaciones del país y la Policía Federal no va a quedar al margen”, enfatizó, “mientras que ustedes, por mucho menos, se hacen pis encima”, acusó.

Ante una pregunta de la diputada Gabriela Alegre (Encuentro Popular para la Victoria), Montenegro admitió que el comisario mayor Ricardo Pedace, quien fuera dado de baja recientemente de la plana mayor de la Federal por la ministra Garré, está a punto de incorporarse a un importante cargo de la Metropolitana (ver recuadro).

Montenegro dijo que era “una mentira” que los policías retirados de los servicios adicionales fueran a prestar servicios en la calle, ya que “se trata del mismo policía, que ya está en la calle y no se puede contar dos veces”. Consideró insuficiente la compensación de mil pesos que reciben los policías que ya no trabajan en adicionales para la Ciudad, “ya que obtenían hasta 3000 pesos”, y vaticinó que “lo que va a ocurrir es que van a tratar de hacer adicionales en otro lado o buscarse un trabajo extra”.

Fernando Sánchez, titular del bloque de la Coalición Cívica, consideró que “el verdadero problema de inseguridad en la ciudad son las zonas liberadas” y le preguntó a Montenegro si, a su criterio, existían esos permisos para delinquir. “Es probable, pero no me consta”, respondió el ministro.

Finalmente, Julio Raffo (Proyecto Sur) consideró el conflicto como “una mezquina pelea de consecuencias gravísimas, donde el gobierno nacional dejó de cumplir una responsabilidad y la Policía Metropolitana muestra una vez más su incapacidad”. Fue ante una pregunta suya que Montenegro admitió que recién podrá brindar seguridad en los hospitales y escuelas en 2016.




Entre las obras públicas de Macri se destaca la construcción del miedo
Enviado por Gisela Carpineta el Sáb, 09/04/2011 - 23:49.

* Delitos y pesquisas


Año 3. Edición número 151. Domingo 10 de abril de 2011
Por
Ricardo Ragendorfer y Sebastián Hacher
delitosypesquisas@miradasalsur.com
Mauricio Macri apuesta todas sus fichas al marketing del temor social frente a la inseguridad.



La estrategia del PRO para enfrentar a Nilda Garré por el retiro de los servicios adicionales


La expresión facial de Guillermo Montenegro era tensa, como si se le fuera la vida en una mano de poker. Es que, a su modo, estaba jugando con el azar. Frente a él, la ministra Nilda Garré exhibió sus cartas. En resumidas cuentas, le hizo saber su decisión de rescindir el convenio por el cual unos 1.600 efectivos de la Policía Federal cumplían servicios adicionales de vigilancia en objetivos porteños.
–Ello –dijo la funcionaria– les será notificado oportunamente, un mes antes de que la cancelación se haga efectiva.

Sin levantar la vista, su par en el gobierno del PRO musitó:
–Usted sabe que yo no estoy de acuerdo con los adicionales de la Federal.
Su mirada seguía siendo la de un tahúr.

Garré, entonces, dijo:
–Tenemos otro problema...
Y extendió hacia él una hoja. Era el resumen detallado de la deuda que por tales servicios el Gobierno de la Ciudad había acumulado durante los últimos siete meses: casi 30 millones de pesos. Montenegro no opuso ningún reparo, pero tampoco dijo nada; simplemente, su silla crujió. Y tras un breve silencio, su interlocutora le anticipó los pasos a seguir: en unos días sería enviada a Bolivar 1 la intimación oficial de pago, y de no concretarse en un plazo de diez días, la prestación sería inmediatamente suspendida. Por toda respuesta, la silla de Montenegro volvió a crujir.

Aquella reunión tuvo lugar en el Ministerio de Seguridad de la Nación, situado en la calle Gelly y Obes al 2200, durante la tarde del 11 de febrero. La intimación de pago fue cursada al Gobierno de la Ciudad el 17 de marzo. Y la cancelación de los servicios adicionales comenzó a regir desde la medianoche del martes 5 de abril. A partir de ese instante, como si no hubiesen existido señales previas que avizoraran dicho desenlace, la reacción de las principales espadas del PRO fue semejante al desconcierto de quien enfrenta una súbita catástrofe. Ahora, sin embargo, comienza a saberse que ello en realidad fue fruto de una puesta en escena urdida con minuciosidad desde las entrañas del macrismo.


La sombra de una deuda. Aquel viernes, al concluir la reunión con Garré, mientras Montenegro regresaba a su despacho de la avenida De los Patricios, Mauricio Macri se encontraba junto a su esposa, Juliana, en una de sus numerosas vacaciones, por lo que el ex juez lo anotició del asunto de la deuda –y la consiguiente amenaza de retirar las custodias de la Federal– a través de un correo electrónico. No obtuvo respuesta. Insistiría a su vuelta, el 13 de febrero, en presencia del gurú ecuatoriano, Jaime Durán Barba. Éste se veía muy interesado en el rol que podría tener la simpática cónyuge de Mauricio en la campaña electoral. Pero, al tomar conocimiento de la cuestión que había traído allí a Montenegro, extrañamente, le brillaron los ojos. “Hablá de eso con Néstor”, fue la lacónica respuesta que el jefe de Gobierno le dispensó a su funcionario. Se refería al ministro de Hacienda, Néstor Grindetti. Los ojos de Durán Barba seguían brillando. Al caer la tarde, Montenegro fue nuevamente convocado al despacho de Macri.
Al día siguiente, el heredero de Don Franco firmaría el decreto por el cual dio de baja de manera unilateral otro convenio con el Poder Ejecutivo Nacional: el que daba forma a la Policía Comunitaria, un cuerpo integrado por unos 500 efectivos de la Federal que prestaban servicio a las órdenes de las autoridades porteñas. 
La decisión –a pesar de ser publicada en el Boletín Oficial– pasó prácticamente inadvertida. No obstante, Montenegro se ufanaría por aquella medida en una conversación informal con un funcionario bonaerense de la siguiente manera: “Con la Metropolitana nos basta y sobra”.

Así, en medio de un silencio de radio, llegó el 17 de marzo. Ese día, el jefe de la Federal, Enrique Capdevila, le avisó a Macri mediante un oficio que si en diez días no saldaba la deuda que la Ciudad mantenía con la fuerza, el ministerio encabezado por Garré estaría facultado para suspender el servicio de custodia de edificios y funcionarios porteños. La respuesta de la administración macrista consistió en no depositar ni un solo centavo. El silencio de radio persistía.

Hasta el 4 de abril. Ese lunes, al concluir en la Biblioteca Nacional el lanzamiento del Plan Nacional de Participación Comunitaria, Garré hizo pública la orden de retirar a la medianoche a los 1.400 agentes que cumplían tareas adicionales por cuenta del Gobierno porteño. Fue, asimismo, el instante largamente anhelado por el PRO para poner el grito en el cielo.

Se trató de un grito premeditado. Lo cierto es que no era la primera vez que sucedía. El 2 de noviembre de 2009 se vivió una situación casi calcada. Macri debía más de 40 millones por adicionales, y desde la fuerza decidieron cortar con el servicio.  
La noticia fue presentada con alarma en los medios de comunicación, pero el propio Horacio Rodríguez Larreta le bajó el tono. “Ningún lugar va a quedar desprotegido” dijo, y explicó que suplantarían a los federales con cámaras y 2 mil vigiladores privados mientras se negociaba un cronograma de pagos. “Hay buena predisposición para el diálogo de ambas partes”, anunciaron en aquel entonces desde el Gobierno porteño.

Ahora, en cambio, la situación era diametralmente distinta. Esgrimiendo una fingida sorpresa ante el corte de los adicionales, los principales funcionarios, legisladores y dirigentes macristas, encabezados por el propio Mauricio, fatigaron todo micrófono que se les puso a tiro para manifestar su indignado repudio a la medida. Y lo hicieron con un discurso guionado, en el que, por un lado, minimizaban la deuda –Macri, Montenegro, Rodríguez Larreta, Cristián Ritondo y Eugenio Burzaco repetían una y otra vez que ésta sólo era de “algo más de un mes”–, mientras, por otra parte, azuzaban los temores atávicos de la población, a través de funestos vaticinios: “Alud anárquico” e “imperio del caos”, fueron los slogans más escuchados. Tal estrategia cominucacional, debidamente fogoneada por ciertos canales de noticias, hizo –por caso– que la cobertura del robo de un celular a una enfermera del Hospital Piñero fuera transmitido durante horas en cadena. Sin que la agenda delictiva de la semana fuese particularmente sangrienta, la “sensación de inseguridad” estaba al tope.

Era nada menos que una nueva variante de la proverbial construcción del miedo a la que son tan afines los cuadros del PRO y sus compañeros de ruta. Ya se sabe que semejante relato sólo se sustenta con la identificación de un enemigo social; éste –en reemplazo circunstancial de piqueteros y adolescentes en riesgo– ahora era la ausencia de policías en colegios, plazas y hospitales. Tal vulnerabilidad era transmitida y publicada de modo intermitente por los medios. Y con la insistencia exacta como para que desde la señora de Barrio Norte hasta el kiosquero de Lugano imaginen que sus calles ya estaban tapizadas de cadáveres. Al respecto, hay una frase de Mauricio Macri –pronunciada ante sus ministros no bien se conoció el retiro de los adicionales– que pinta dicho asunto por entero: “A nosotros esto nos conviene porque tenemos a la gente de nuestro lado y borramos de la cancha a los rivales de la oposición”.


Policías de juguete. Como suele suceder con toda operación política de marketing, la misma, tarde o temprano, termina por revelar de una manera brutal el objeto que pretende esconder. Tanto es así que la artificialidad de la presente puja entre Ciudad y Nación tuvo sus efectos colaterales; entre ellos, puso al descubierto las limitaciones palmarias de la agencia policial diseñada por el ex comisario Jorge Fino Palacios, y dejó al desnudo la negligencia por momentos criminal de otros servicios brindados por el Gobierno del PRO, como el del Same en los asentamientos de emergencia (ver La ambulancia de la muerte).
Lo cierto es que la Metropolitana, una milicia encabezada por ex represores y comisarios eyectados de sus fuerzas de origen por casos de corrupción, se reveló como una policía barrial, sólo concebida para la persecución de ocupas, trapitos y vendedores ambulantes e indigentes. Ya se sabe que antes de salir a la calle, el famoso caso del espionaje telefónico llevó tras las rejas a su primer jefe. Salpicada por un cúmulo de irregularidades en compra de equipos y bajo investigación por su presunta responsabilidad –junto a la Policía Federal– en los homicidios cometidos durante el desalojo del Parque Indoamericano, la Metropolitana acaba de revelar su incapacidad operativa hasta para custodiar plazas y hospitales. Eso, al menos, es lo que sostuvo su máximo jefe, Eugenio Burzaco, cada vez que en estos días recorría radios y canales de televisión.
Lo que se dice, una contribución al caos tan temido.


http://sur.elargentino.com/notas/entre-las-obras-publicas-de-macri-se-destaca-la-construccion-del-miedo


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Jueves, 07 de Abril de 2011 15:20
Macri había rechazado el servicio de 500 efectivos de la Federal. ¿"Billetera mata seguridad"?





El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, firmó el 14 de febrero el decreto 85/11 mediante el cual rechazó el servicio de 500 agentes de la Policía Federal.




El decreto fue publicado en el Boletín Oficial el 3 de marzo y fue refrendado por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y por el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.




El decreto 85/11 da por finalizado tres convenios firmados en 2004. El primero de esos convenios, con fecha de 7 de enero de 2004 firmado por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (representado por el ministro, Dr. Gustavo Béliz) y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (representado el señor Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra) contemplaba creación de "la Dirección General de Policia Comunitaria en el ámbito de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, con la misión de concentrar, analizar, coordinar e instrumentar programas de seguridad ciudadana que se establezcan consensuadamente entre las Partes en materia contravencional, tránsito, seguridad en parques, plazas, espacios verdes u otros lugares que se determinen y en todas aquellas acciones y programas que resulten de la ejecución del Plan de Prevención del Delito".




Las funciones detalladas consistian: "La Dirección General de Policía Comunitaria, prestará el auxilio de la fuerza pública a los funcionarios del GCABA, actuará como auxiliar del Poder Judicial y del Ministerio Público de dicha jurisdicción, sin perjuicio de la competencia que corresponde por Ley Orgánica a otras dependencias de la PFA y coordinará los servicios que requieran el apoyo de otras áreas de la PFA"


En cuanto a los recursos se acordaba la incorporación de quinientos (500) agentes de policía para ser destinados específicamente a la Dirección General de Policia Comunitaria de la PFA.





El convenio fijaba que el Gobierno de la CABA se obligaba "a tomar las previsiones presupuestarias y a transferir al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (MJSDH) los fondos necesarios para el financiamiento requerido que demanden los gastos de personal y equipamiento destinados a la ejecución de los programas aprobados" y que el Ministerio Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos se comprometía a afectar "dichos recursos exclusivamente a su cumplimiento".





El presente Convenio fue remitido a la Legislatura de la C.A.B.A. mediante Mensaje N° 6 de fecha 24 de febrero de 2004.



Sin embargo, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, mediante el decreto 85/11 con fecha de el 14 de febrero, dio por finalizado los tres convenios firmados en 2004 rechazando así el servicio de 500 agentes de la Policía Federal.



Como fundamento de tal decisión el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, detalla que "en la actual Gestión de Gobierno se sancionó la Ley N° 2.894, por la cual se creó la Policía Metropolitana, contándose para tal fin sólo con el financiamiento que aporta el erario público de la Ciudad y que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha visto así obligado a realizar enormes esfuerzos para financiar la creación de una Fuerza Policial desde su inicio, sin contar con ayuda externa alguna" agregando "que si bien actualmente la Policía Metropolitana no dispone de la cantidad de efectivos necesarios para cubrir el amplio ámbito geográfico de esta Ciudad, debe destacarse la actividad que despliega en la Comuna 12, zona base de sus operaciones, donde realiza tareas de prevención general y que no obstante ello, la citada Fuerza de Seguridad, se encuentra en pleno proceso de expansión, tanto en lo que respecta a sus recursos humanos como a su ámbito de actuación contando a la fecha con 1693 efectivos."



En el decreto se señala también que la Policia Metropolitana "ha ampliado su rango de cobertura a la Comuna 15 y próximamente lo hará en la Comuna 4" y que en reiteradas oportunidades, ante requerimientos puntuales de las autoridades del Gobierno de la Ciudad la Policía Comunitaria no brindó la colaboración debida" y que "resulta procedente a efectuar la denuncia de los Convenios N° 1/SJYSU/04, N° 30/AJG/04 y N° 31/AJG/04, dejando vigente la solicitud de policía adicional que en razón de necesidad de la Ciudad, deba requerirse a la Policía Federal".



Cabe señalar, entonces la contradicción resultante. Mientras el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri decidía mediante el decreto 85/11 dar por finalizado el convenio con el Gobierno Nacional (que ponía a 500 federales en las calles de la Ciudad para prevención del delito) en el mismo decreto señalaba que dejaba “vigente la solicitud de policía adicional que en razón de necesidad de la Ciudad, deba requerirse a la Policía Federal".



La contradición devuelve un mensaje: el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri con tal decisión lograba un ahorro de costos de personal y equipamiento. Las tareas de "policia adicional" implican funciones administrativas y de custodia de lugares públicos.





Es decir, con la firma del decreto (que rechazaba el servicio de 500 policias en las calles de la Ciudad) desde el Gobierno de la Ciudad se había decidido ahorrar los costos que demanda contar con esos efectivos para "la seguridad" de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires.



Con esa decisión, allí entre las líneas del decreto 85/11 firmado por Macri, "la demanda de seguridad" y los ciudadanos de la CABA se convirtieron "en la variable de ajuste".




LaPistaOculta/GN

http://www.lapistaoculta.com.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=502:policia-macri&Itemid=164

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