Lo que circula por los medios

9 de abril de 2011

Omitir información, es ser tendencioso. Ritondo y la Policia Metropolitana


Omitir información, es no ser objetivo a la hora informar. Es ser tendencioso.

Ayer en la legislatura el diputado Ritondo, jefe de la bancada  del Pro, leyó un proyecto de la actual Ministra de Seguridad Nilda Garré,  cuando ella era diputada. El proyecto se basaba en una modificacion a la ley 24.588  sobre  la transferencia de algunos servicios policiales al ámbito de la Ciudad Autónoma.


Ahora el  diputado Ritondo omitió decir que  Nilda Garre había representado el proyecto en el 2004  y que constababa de dos partes, en el cual (la ministra) hablaba de traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, o la coexistencia de dos fuerzas de seguridad extendidas.

Ambos proyectos se Adjuntan abajo: 

Expediente: 1989-D-04 -
22/04/04
Proyecto de Ley establecimiento de Fuerzas de Seguridad ordinarias en la Ciudad de Buenos Aires

Expediente 1990-D-04
22/04/04
Proyecto de Ley de establecimiento de la Justicia ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires


Y  en el año 2007 se sustitue el articulo 7 de la ley Cafiero, a partir de allí: El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales. 
Y el  28 de octubre de 2008 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionó la Ley de seguridad Pública y créase la Policía Metropolitana que cumplirá con las funciones de seguridad general, prevención, protección y resguardo de personas y bienes, y de auxiliar de la Justicia.



Video Ritondo


http://www.youtube.com/watch?v=rLdT5Gh7s0U
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Proyectos Nilda Garre

2002  Expediente 2987-D-2002 (presentado con anterioridad en año 2000 expediente: 1337-D-00)

Buenos Aires, 15 de mayo de 2002.


Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Eduardo O. Camaño.


S/D.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, por el cual se modifica la ley 24.588 de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, registrado bajo el número de expediente 1.337-D-00 y publicado en el Trámite Parlamentario Nº 22 de 2000, cuya copia adjunto.


Sin más, hago propicia la ocasión para saludarlo atentamente.

Nilda C. Garré.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...


Artículo 1º – Quedan derogados los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 7º de la ley 24.588, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires –alcances - poderes reservados al gobierno nacional–, quedando redactado el artículo 7º de la siguiente manera:


Artículo 7º: La Ciudad de Buenos Aires podrá integrar el Consejo de Seguridad Interior.


Art. 2º – Derógase el artículo 8º de la ley 24.588.


Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.


Nilda C. Garré.


FUNDAMENTOS


Señor presidente:

Con fecha 29 de diciembre de 1997, al finalizar la reunión del Consejo de Seguridad Interior, el ministro Carlos Corach anunció, atribuyéndolo a una expresa disposición del presidente Carlos Menem, la formación de una comisión especial para estudiar la transferencia de algunos servicios policiales al ámbito de la Ciudad Autónoma. A pesar de que los dichos del ministro en cuanto al motivo del traspaso sería el de “fortalecer la autonomía de la Ciudad”, indudablemente, entendemos que el anunciado traspaso se debe al incremento de la criminalidad y la violencia evidenciado en los últimos tiempos, frente a los cuales se pudo comprobar una respuesta de marcada ineficiencia por parte de la Policía Federal dependiente de aquel ministerio. Sin perjuicio de las ulterioridades políticas, pensamos que la decisión es acertada teniendo en cuenta que la seguridad de la gente es una cuestión de Estado ajena a los intereses partidarios.


Es por ello que proponemos la derogación parcial del artículo 7º y total del artículo 8º de la denominada “Ley Cafiero”.


Habiéndose sancionado la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es indispensable modificar la ley 24.588 que es inconstitucional en virtud de lo que prescribe el artículo 129 de la Constitución Nacional. La norma es, a nuestro entender, sumamente clara en cuanto a que allí se consagra la autonomía plena de la ciudad, con facultades propias de legislación y jurisdicción, sin lugar a dudas atribuciones inherentes a un estado autónomo. Pretender que la Ciudad Autónoma ejerza facultades de jurisdicción en forma acotada o prohibirle la organización de sus propias fuerzas de seguridad significa una inadmisible limitación a la autonomía consagrada constitucionalmente. En última instancia ello viene a cercenar la soberanía popular de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires.


Entendiendo que el ejercicio de una jurisdicción acotada es contrario al espíritu y la letra de la Constitución Nacional, oportunamente, las distintas fuerzas políticas avalaron la creación de la comisión convocada por el decreto 1.417/96, participando en las labores y actividades referidas al estudio y elaboración de los proyectos normativos necesarios para hacer efectiva la transferencia de la Justicia Nacional Ordinaria de la Capital Federal a jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conforme el trabajo realizado por los doctores Rafael Bielsa y Carlos Garber, la constitución de la comisión para el estudio del traspaso de la Justicia a la ciudad “se inserta en un proceso institucional que –con el explícito respaldo del electorado de la Capital Federal y el de todo el país, de los principales partidos políticos, referentes democráticos y organizaciones representativas de los diversos sectores de la comunidad nacional– puso en vías de realización, a partir de la reforma de 1994, la demorada aspiración de la ciudadanía porteña de organizar sus propias instituciones y de elegir a sus gobernantes tal como lo hacen las provincias, integrando en sólida unión federal con ellas, una nación indivisible, justa, libre, igualitaria y solidaria”. Por otra parte, debemos recordar que el Poder Ejecutivo de la Nación adhirió a estos argumentos y ello surge de los fundamentos del decreto 1.417/96.


Si bien hasta la fecha no hubo voluntad política suficiente que permitiera que el trabajo realizado por la comisión se concretara con el traspaso de la Justicia a la ciudad, es indispensable retomar la tarea. Pero ello implica necesariamente que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también tenga sus propios organismos de seguridad para que ellos actúen en virtud de las órdenes de los jueces locales. Si no se obra de ese modo, los jueces de la Ciudad Autónoma no podrán impartir órdenes a una policía con competencia en otra jurisdicción como es el caso de la Policía Federal; en el mismo caso, los jueces nacionales tampoco podrán impartir órdenes a los organismos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.


Nos corresponde como legisladores nacionales dictar las normas que reglamenten el artículo 129 de la Constitución Nacional, consagran definitivamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Un paso fundamental para ese objetivo es el traspaso de la Justicia nacional y de los organismos de la Policía Federal Argentina que la comisión creada al efecto determine como necesarios para garantizar la seguridad ciudadana.


No debe olvidarse que la transferencia de competencias, servicios o funciones de la Nación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, está expresamente prevista en el artículo 75, atribución segunda de la Constitución Nacional que condiciona a la respectiva reasignación de recursos aprobada –cuando corresponda– por ley del Congreso y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires, en su caso.


Por último, resulta indispensable que se cumpla el deseo de los constituyentes de 1994 y que no resulte en vano el trabajo que seria y profesionalmente realizó la comisión creada por el decreto 1.417/96, y que, en idénticos términos, esperamos realice la comisión convocada para el traspaso de las fuerzas de seguridad.

Nilda C. Garré.

–A las comisiones de Asuntos Municipales, de Asuntos Constitucionales y de Seguridad Interior.


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 2004
Expediente: 1989-D-04
22/04/04
Proyecto de Ley establecimiento de Fuerzas de Seguridad ordinarias en la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1. Derógase el artículo 7 de la ley 24.588

Artículo 2. La Ciudad de Buenos Aires formará parte del sistema de seguridad interior, y su Jefe de Gobierno podrá participar en el Consejo de Seguridad Interior del mismo modo que los gobernadores de provincia.

Artículo 3. Comuníquese al Poder Ejecutivo.



Firmantes: Dip. Garré, Dip. Musa, Dip. Polino, Dip. Barbagelata


H. Cámara de Diputados de la Nación



Fundamentos

Sr. Presidente

El presente proyecto de ley viene a derogar el artículo 7 de la llamada ley Cafiero, para que sea la Ciudad de Buenos Aires la que regule lo referido a las fuerzas de seguridad en su territorio, al igual que el las provincias argentinas. Asimismo deberá establecerse si estas fuerzas coexisistirán -y de qué modo- con la policía y las otras fuerzas federales, o si se hará un traspaso de las mismas a la órbita de la Ciudad. Creemos que esto debe ser decidido entre los poderes ejecutivos de la Nación y de la Ciudad. Lo único que hace este proyecto es habilitar a la Ciudad a tener su propia organización de la seguridad; y para ello se le permite participar en el sistema de Seguridad Interior y en el Consejo que creó la ley 24.059.

La reforma constitucional de 1994 incorporó el artículo 129 por el cual se determina que la Ciudad de Buenos Aires será autónoma, y que tendrá facultades propias de legislación y jurisdicción. Esta fue la decisión expresa de los constituyentes, en cumplimiento del núcleo de coincidencias básicas. Habiéndose sancionado la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es indispensable modificar la ley 24.588 que deviene inconstitucional por no reconocerle facultades amplias de seguridad, y limitar de este modo, la autonomía.

El artículo 129 de la Constitución Nacional es, a nuestro entender, sumamente claro en cuanto a que allí se consagra la autonomía plena de la ciudad. Pretender que la Ciudad Autónoma no ejerza facultades de seguridad de sus habitantes significa una inadmisible limitación a la autonomía consagrada constitucionalmente. En última instancia ello viene a cercenar la soberanía popular de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Las autoridades que deben velar por la seguridad de las personas bajo su territorio, son las locales, y para ello la Ciudad de Buenos Aires debe contar con una fuerza de seguridad propia. Es cierto que en esta Ciudad está la sede de las autoridades nacionales, pero ello no implica que la misma no pueda organizar sus fuerzas de seguridad. Deberá hacerse vía convenio o como mejor les parezca a los Ejecutivos, el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, o la coexistencia de dos fuerzas de seguridad extendidas.

Este proyecto propone acercar a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires el tema de su seguridad. De aprobarse, serán las autoridades locales las que establezcan la organización de la policía y fuerzas de seguridad, bajo un escrutinio más estricto de sus habitantes. De este modo, de la seguridad de los habitantes de la Ciudad se ocuparán ellos mismos, y no la Nación entera.

Con este proyecto pretendemos eliminar una de las barreras más importantes a la autonomía de la Ciudad, que fue creada y pretendida por los constituyentes de 1994 y por los redactores del núcleo de coincidencias básicas. En 1994 se inició un proceso institucional que –con el explícito respaldo del electorado de la Ciudad de Buenos Aires y el de todo el país, de los principales partidos políticos, referentes democráticos y organizaciones representativas de los diversos sectores de la comunidad nacional– puso en vías de realización la demorada aspiración de la ciudadanía porteña de organizar sus propias instituciones y de elegir a sus gobernantes tal como lo hacen las provincias,


H. Cámara de Diputados de la Nación

integrando en sólida unión federal con ellas, una nación indivisible, justa, libre, igualitaria y solidaria”.

Creyendo que la mayor autonomía resultará en un mejor autogobierno, y en una mayor seguridad para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, es que solicitamos a nuestros colegas que nos acompañen con el presente proyecto de ley.
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Expediente 1990-D-04
22/04/04
Proyecto de Ley de establecimiento de la Justicia ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1º – Derógase el artículo 8º de la ley 24.588.

Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo



Firmantes: Dip. Garre, Dip. Musa, Dip. Barbagelata, Dip. Polino






H. Cámara de Diputados de la Nación


Fundamentos

Sr. Presidente

Este proyecto propone la derogación del artículo 8º de la denominada “Ley Cafiero”, para que las autoridades nacionales dejen de tener competencia en la organización de la Justicia ordinaria que regirá en el ámbito territorial de la Ciudad de Buenos Aires. El artículo 8 de la ley 24.588 establece que la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires seguirá a cargo del Poder Judicial de la Nación. Es esto lo que pretendemos derogar para que la Ciudad de Buenos Aires pueda tener autonomía sobre la administración de justicia ordinaria, como sucede en todas las provincias. De este modo no dependerá de la Nación para determinar qué jueces juzgarán a sus habitantes, ni de las normas del Congreso Federal sobre organización judicial para hacer más eficiente la administración de justicia.

La reforma constitucional de 1994 incorporó el artículo 129 por el cual se determina que la Ciudad de Buenos Aires será autónoma, y que tendrá facultades propias de legislación y jurisdicción. Esta fue la decisión expresa de los constituyentes, en cumplimiento del núcleo de coincidencias básicas. Habiéndose sancionado la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es indispensable modificar la ley 24.588 que deviene inconstitucional por no reconocerle facultades amplias de jurisdicción, sino solamente en materia contravencional y faltas, vecindad, y contencioso-administrativas y tributaria local. Asimismo, no queda claro qué interés tendría el Estado Nacional en seguir regulando la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, que la ley 24.588 vendría a proteger.

El artículo 129 de la Constitución Nacional es, a nuestro entender, sumamente claro en cuanto a que allí se consagra la autonomía plena de la ciudad, “con facultades propias de legislación y jurisdicción”, las que constituyen sin lugar a dudas atribuciones inherentes a un estado autónomo. Pretender que la Ciudad Autónoma ejerza facultades de jurisdicción en forma acotada significa una inadmisible limitación a la autonomía consagrada constitucionalmente. En última instancia ello viene a cercenar la soberanía popular de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Esto es lo que nos impone la Constitución, ya que la cláusula transitoria decimoquinta establece que “hasta tanto se haya dictado el Estatuto Organizativo la designación y remoción de los jueces de la Ciudad de Buenos Aires se regirá por las disposiciones de los artículos 114 y 115 de esta Constitución”. Esto significa que una vez dictado el Estatuto o Constitución de la Ciudad, la Constitución Nacional le prohíbe al Consejo de la Magistratura nombrar o remover jueces nacionales. Esto sucedió, como todos sabemos, el 1 de octubre de 1996.

Se ha dicho que el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional establece que la aplicación de los códigos de fondo corresponde a los “tribunales federales o provinciales”, sin incluir a los de la Ciudad de Buenos Aires, y que por ello no pueden tener esta competencia. Entiendo que esto es equivocado, ya que desde antiguo se interpretó esta norma como autorizando no solo a los tribunales federales y a los provinciales, sino también a los nacionales a aplicar los códigos de fondo. Esta claro que la intención de esta norma no es la de excluir a los tribunales locales de la Ciudad de Buenos Aires de la aplicación de los códigos de fondo, sino por el contrario, justamente eso, que sean los tribunales locales quienes apliquen los códigos de fondo, por más que sea normativa emanada del





H. Cámara de Diputados de la Nación



Congreso Federal. Esa fue la idea de los constituyentes de 1860 y no lo vemos como un impedimento a que sean los jueces de la Ciudad de Buenos Aires, con su autonomía reconocida por voluntad expresa del constituyente de 1994, quienes apliquen los códigos de fondo.

Soy de la opinión que el ejercicio de una jurisdicción acotada es contraria al espíritu y la letra de la Constitución Nacional. Oportunamente, las distintas fuerzas políticas avalaron la creación de la comisión convocada por el decreto 1.417/96, participando en las labores y actividades referidas al estudio y elaboración de los proyectos normativos necesarios para hacer efectiva la transferencia de la Justicia Nacional Ordinaria de la Capital Federal a jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conforme el trabajo realizado por los doctores Rafael Bielsa y Carlos Garber, la constitución de la comisión para el estudio del traspaso de la Justicia a la ciudad “se inserta en un proceso institucional que –con el explícito respaldo del electorado de la Ciudad de Buenos Aires y el de todo el país, de los principales partidos políticos, referentes democráticos y organizaciones representativas de los diversos sectores de la comunidad nacional– puso en vías de realización, a partir de la reforma de 1994, la demorada aspiración de la ciudadanía porteña de organizar sus propias instituciones y de elegir a sus gobernantes tal como lo hacen las provincias, integrando en sólida unión federal con ellas, una nación indivisible, justa, libre, igualitaria y solidaria”.

Si bien hasta la fecha no hubo voluntad política suficiente que permitiera que el trabajo realizado por la comisión se concretara con el traspaso de la Justicia a la Ciudad, es indispensable retomar la tarea. Y ello implica necesariamente que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también tenga sus propios organismos de seguridad para que ellos actúen en virtud de las órdenes de las autoridades locales. Un próximo proyecto debe tender a habilitar a la Ciudad a tener sus propias fuerzas de seguridad, y de participar en el Consejo de Seguridad Nacional.

Nos corresponde como legisladores nacionales dictar las normas que hagan operativo el artículo 129 de la Constitución Nacional y consagren definitivamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Un paso fundamental para ese objetivo es el traspaso de la Justicia Nacional. No debe olvidarse que la transferencia de competencias, servicios o funciones de la Nación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, está expresamente prevista en el artículo 75, inc 2° de la Constitución Nacional que condiciona a la respectiva reasignación de recursos aprobada –cuando corresponda– por ley del Congreso y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires, en su caso.

Es por esto que solicito a mis colegas que me acompañen en la sanción de este proyecto de ley.
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Rodríguez Larreta sostenía en el 2009 que se podía reemplazar la Policia Adicional


El 2 de noviembre de 2009 Horacio Rodríguez Larreta en dialogo con Alfredo Leuco manifestaba que se podia reemplazar la Policia Adicional con seguridad privada en edificios públicos (minuto: 04:33del audio)

*Escuchar audio





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El gobierno de la ciudad pidió una reunión urgente con Aníbal Fernández para articular acciones conjuntas en materia de seguridad 02/11/2009 07:37:00 p.m.“Es lejos la principal preocupación de la gente”, afirmó en Bravo.Continental el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Insistió, además, en la necesidad de implementar la Policía metropolitana. http://www.continental.com.ar/nota.aspx?id=903716

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DE LA PAGINA DEL COBIERNO DE LA CIUDAD - funciones y competencias Policia Metropolitana

Se trata de una institución civil armada que ejerce la fuerza pública del Estado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los límites territoriales determinados por el art. 8º de la Constitución local, con excepción de los espacios sujetos a jurisdicción federal.

Las funciones de la Policía Metropolitana, establecidas en el artículo 33 de la ley 2894, son, entre otras:

* Prevenir la comisión de delitos, contravenciones y faltas.
* Conjurar e investigar los delitos, contravenciones y faltas, de jurisdicción del Poder Judicial de la Ciudad.
* Mantener el orden y la seguridad pública.
* Auxiliar a las autoridades en materia de controles de seguridad vial.
* Colaborar con las autoridades públicas ante una situación de emergencia.
* Actuar como auxiliar de la Justicia cuando sea expresamente requerido.
* Asegurar el orden público en ocasión de los eventos deportivos o artísticos masivos.

Por medio de convenios con la Nación, fueron transferidas además a la Ciudad las siguientes competencias que habilitan la intervención de la Policía Metropolitana:

* Hechos de tenencia y portación de armas de uso civil y su suministro a quien no fuera legítimo usuario, sancionados en el art. 42 bis de la Ley N ° 20.429 y en los arts. 189 bis, ter. párrafo y 189 ter. del Código Penal, todos según ley N°25.086; y en los arts. 3°, 4° y 38 de la Ley N ° 24.192
* Lesiones en riña (artículos 95 y 96, Código Penal).
* Abandono de personas (artículos 106 y 107, Código Penal).
* Exhibiciones obscenas (artículos 128 y 129, Código Penal).
* Matrimonios ilegales (artículos 134 a 137, Código Penal).
* Amenazas (artículo 149 bis primer párrafo, Código Penal).
* Violación de domicilio (artículo 150, Código Penal).
* Usurpación (artículo 181, Código Penal).
* Daños (artículos 183 y 184, Código Penal).
* Ejercicio ilegal de la medicina (artículo 208 Código Penal).
* Hechos tipificados en las Leyes Nº 13.944, 14.346 y artículo 3º de la Ley 23.592.
* Omisión de Auxilio (articulo 108 del Código Penal) Protección de malos tratos contra animales (Ley Nº 14.346) Actos discriminatorios (Ley 23.592)

http://www.metropolitana.gob.ar/funciones.html
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PENALES A CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Se acuerda la Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmado el 1º de junio de 2004 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La reforma constitucional del año 1994 consagró la autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa de la Ciudad de Buenos Aires (artículo 129 de la Constitución Nacional), contribuyendo, de ese modo, al fortalecimiento del sistema federal argentino.

En ese marco constitucional, se ha iniciado un traspaso de competencias ordinarias al ámbito local con la aprobación del Convenio suscripto el 7 de diciembre de 2000 entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ratificado por Ley Nacional Nº 25.752 y Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 597, respectivamente. Las atribuciones para convenir la transferencia ordenada de competencias, a su vez, resultan del art. 129 de la Constitución Nacional, del art. 6º de la ley 24.588, y de la cláusula transitoria decimotercera de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


El referido convenio estableció las bases para el comienzo de ejecución de la transferencia de competencias jurisdiccionales en lo penal, y para una práctica de acuerdos interjurisdiccionales, facultando a los firmantes a acordar directamente las modalidades específicas de la transferencia de las competencias, en forma ordenada y progresiva, garantizando en el período de transición una administración de justicia que no se vea alterada en su prestación por los cambios jurisdiccionales que sean llevados a cabo.


Para ello, se avanza en el sentido de una transferencia gradual de competencias, comenzando por traspasar el juzgamiento de aquellas conductas para las cuales la Ciudad cuenta con una infraestructura o servicios adecuados, relacionadas a materias en las que la autoridad local posee atribuciones que constituyen manifestaciones concretas de su poder de policía.

En esta etapa del proceso se estima conveniente transferir la persecución y juzgamiento de las conductas tipificadas en el Código Penal, artículos 95 y 96 (lesiones en riña), 106 y 107 (abandono de personas), 108 (omisión de auxilio), 128 y 129 (exhibiciones obscenas), 134 a 137 (matrimonios ilegales), 149 bis primer párrafo (amenazas), 150 (Violación de domicilio), 181 (usurpación), 183 y 184 (daños), 208 (ejercicio ilegal de la medicina) y los delitos tipificados en las Leyes Nº 13.944, 14.346 y art. 3º de la ley 23.592, cuando los delitos se cometan en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

Número de ley: 26.357

Fecha de promulgación: 28-03-2008

Nro. expediente de diputados: 249-S-07

Nro. expediente de senadores: PE-331/07

Fecha de aprobación de diputados: 29-02-2008

Fecha de aprobación de senadores: 13-02-2008


http://www.adclegislativo.org.ar/leyes/i9181-transferencia-de-competencias-penales-a-ciudad-autonoma-de-buenos-aires
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Límites y Recursos

ARTICULO 8º.- Los límites territoriales de la Ciudad de Buenos Aires son los que históricamente y por derecho le corresponden conforme a las leyes y decretos nacionales vigentes a la fecha. Se declara que la Ciudad de Buenos Aires es corribereña del Río de la Plata y del Riachuelo, los cuales constituyen en el área de su jurisdicción bienes de su dominio público. Tiene el derecho a la utilización equitativa y razonable de sus aguas y de los demás recursos naturales del río, su lecho y subsuelo, sujeto a la obligación de no causar perjuicio sensible a los demás corribereños. Sus derechos no pueden ser turbados por el uso que hagan otros corribereños de los ríos y sus recursos. Todo ello, sin perjuicio de las normas de derecho internacional aplicables al Río de la Plata y con los alcances del artículo 129 de la Constitución Nacional.
La Ciudad tiene el dominio inalienable e imprescriptible de sus recursos naturales y acuerda con otras jurisdicciones el aprovechamiento racional de todos los que fueran compartidos.
En su carácter de corribereña del Río de la Plata y del Riachuelo, la Ciudad tiene plena jurisdicción sobre todas las formaciones insulares aledañas a sus costas, con los alcances permitidos por el Tratado del Río de la Plata. Serán consideradas como reservas naturales para preservar la flora y la fauna de sus ecosistemas.
Los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación.
El Puerto de Buenos Aires es del dominio público de la Ciudad, que ejerce el control de sus instalaciones, se encuentren o no concesionadas. 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/com_social/constitucion/preliminar.php?menu_id=16342



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Constitución Nacional
Segunda Parte: Autoridades de la Nación
TITULO SEGUNDO
Gobiernos de provincia 

Art. 129.- La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad.
Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación.
En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el Estatuto Organizativo de sus instituciones.

 RELACIONADAS:
PARA SABER: LA SEGURIDAD INTERIOR - POLICIA FEDERAL - POLICIA METROPOLITANA - Dec 14

Causa Riachuelo, Toma Bajo Flores Ley Cafiero y su modificación
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Ley Cafiero

LEY QUE GARANTIZA LOS INTERESES DEL ESTADO NACIONAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ley 24.588



Sancionada: Noviembre 8 de 1995.
Promulgada: Noviembre 27 de 1995.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º — La presente ley garantiza los intereses del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de la República, para asegurar el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las autoridades del Gobierno de la Nación.
ARTICULO 2º — Sin perjuicio de las competencias de los artículos siguientes, la Nación conserva todo el poder no atribuido por la Constitución al gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires, y es titular de todos aquellos bienes, derechos, poderes y atribuciones necesarios para el ejercicio de sus funciones.
ARTICULO 3º — Continuarán bajo jurisdicción federal todos los inmuebles sitos en la ciudad de Buenos Aires, que sirvan de asiento a los poderes de la Nación así como cualquier otro bien de propiedad de la Nación o afectado al uso o consumo del sector público nacional.
ARTICULO 4º — El Gobierno Autónomo de la ciudad de Buenos Aires se regirá por las instituciones locales que establezca el Estatuto Organizativo que se dicte al efecto. Su Jefe de Gobierno, sus legisladores y demás funcionarios serán elegidos o designados sin intervención del Gobierno Nacional.
ARTICULO 5º — La ciudad de Buenos Aires, será continuadora a todos sus efectos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La legislación nacional y municipal vigente en la ciudad de Buenos Aires a la fecha de entrada en vigencia del Estatuto Organizativo al que se refiere el artículo 129 de la Constitución Nacional seguirá siendo aplicable, en tanto no sea derogada o modificada por las autoridades nacionales o locales, según corresponda.
ARTICULO 6º — El Estado Nacional y la ciudad de Buenos Aires celebrarán convenios relativos a la transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y bienes.
ARTICULO 7ºEl Gobierno Nacional seguirá ejerciendo, en la ciudad de Buenos Aires, su competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes.
La Policía Federal Argentina continuará cumpliendo funciones de policía de seguridad y auxiliar de la justicia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, dependiendo orgánica y funcionalmente del Poder Ejecutivo Nacional.
La ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional suscribirán los convenios necesarios para que éste brinde la cooperación y el auxilio que le sean requeridos para garantizar el efectivo cumplimiento de las órdenes y disposiciones emanadas de los órganos de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
La ciudad de Buenos Aires podrá integrar el Consejo de Seguridad. No podrá crear organismos de seguridad sin autorización del Congreso de la Nación.
ARTICULO 8º — La justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación.
La ciudad de Buenos Aires tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaría locales.
ARTICULO 9º — El Estado Nacional se reserva la competencia y la fiscalización, esta última en concurrencia con la ciudad y las demás jurisdicciones involucradas, de los servicios públicos cuya prestación exceda el territorio de la ciudad de Buenos Aires.
ARTICULO 10. — El Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia continuarán en jurisdicción del Estado Nacional.
ARTICULO 11. — Los agentes públicos que presten servicios actualmente en el Estado Nacional y fueren transferidos a la ciudad de Buenos Aires, conservarán el nivel escalafonario remuneración, antigüedad, derechos previsionales que les corresponden en conformidad a la legislación vigente y encuadramiento sindical y de obra social que tuvieren al momento de la transferencia.
Los agentes públicos que presten servicios actualmente en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires conservarán el nivel escalafonario, remuneración antigüedad, derechos previsionales y encuadramiento sindical y de obra social que tuvieren al momento de la constitución del gobierno autónomo.
ARTICULO 12. — La ciudad de Buenos Aires dispondrá de los recursos financieros que determine su Estatuto Organizativo con sujeción a lo que establecen los incisos b), c), d) y e) del artículo 9 de la Ley 23.548.
ARTICULO 13. — La administración presupuestaria y financiera de la ciudad de Buenos Aires se regirá por su propia legislación y su ejecución será controlada por sus organismos de auditoría y fiscalización.
ARTICULO 14. — La ciudad de Buenos Aires podrá celebrar convenios y contratar créditos internacionales con entidades públicas o privadas siempre que no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no se afecte el crédito público de la misma, con la intervención que corresponda a las autoridades del Gobierno de la Nación.
ARTICULO 15. — Créase en el ámbito del Congreso de la Nación la Comisión Bicameral "Ciudad de Buenos Aires" integrada por seis senadores y seis diputados quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos la que dictará su reglamentación y su estructura interna.
Dicha comisión tendrá como misión:
a) Supervisar el proceso de coordinación que se lleve adelante entre el Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires conforme a las disposiciones de esta ley, debiendo informar a los respectivos cuerpos legislativos sobre la marcha de dicho proceso;
b) Formular las observaciones, propuestas, recomendaciones y opiniones que estime pertinentes.
Para cumplir su cometido, la citada comisión deberá ser informada, a su requerimiento, de toda circunstancia que se produzca en el desarrollo de los procedimientos relativos a la presente ley, remitiéndose con la información la documentación respaldatoria correspondiente.
ARTICULO 16. — El Estatuto Organizativo de la ciudad de Buenos Aires dispondrá la fecha a partir de la cual quedará derogada la Ley 19.987 y sus modificatorias, así como toda norma que se oponga a la presente y al régimen de autonomía para la ciudad de Buenos Aires.
ARTICULO 17. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. — ALBERTO R. PIERRI. — CARLOS F. RUCKAUF. — Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. — Edgardo Piuzzi.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

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 Modificación Ley Cafiero

LEY QUE GARANTIZA LOS INTERESES DEL ESTADO NACIONAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ley 26.288


Competencia en materia de seguridad. Sustitúyese el texto del artículo 7º de la Ley Nº 24.588. Cláusula transitoria única.


Sancionada: Agosto 22 de 2007


Promulgada: Septiembre 6 de 2007


El Senado y Cámara de Diputados

de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.

sancionan con fuerza de

Ley:

ARTICULO 1° — Sustitúyese el texto del artículo 7° de la Ley N° 24.588 por el siguiente:


"Artículo 7°: El Gobierno nacional ejercerá en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de la República, sus funciones y facultades en materia de seguridad con la extensión necesaria para asegurar la efectiva vigencia de las normas federales.


El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales. El Gobierno nacional las seguirá ejerciendo hasta tanto aquel ejercicio sea efectivamente asumido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


La Ciudad de Buenos Aires podrá integrar el Consejo de Seguridad Interior."


ARTICULO 2° — Cláusula transitoria única. Definidas por el Gobierno nacional las estructuras necesarias para garantizar sus competencias federales, celebrará con la Ciudad de Buenos Aires los convenios necesarios para hacer efectivo lo establecido en el artículo 1° de la presente ley, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley N° 24.588.


ARTICULO 3° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SIETE.


—REGISTRADA BAJO EL N° 26.288—


ALBERTO E. BALESTRINI. — DANIEL O. SCIOLI. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.








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Sábado, 09 de abril de 2011
EL PAIS › MONTENEGRO ASEGURO QUE LA CIUDAD NO REEMPLAZARA LOS SERVICIOS ADICIONALES QUE RETIRO LA NACION
La Metropolitana está para otra cosa

El ministro fue a la Legislatura, convocado por diputados de la oposición. Dijo que recién en 2016 la Metropolitana estará en condiciones de brindar seguridad en hospitales porteños. Hasta entonces, “la responsabilidad es del gobierno nacional”, dijo.


Por Eduardo Videla

El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, aseguró ayer en la Legislatura que el Gobierno de la Ciudad no reemplazará ni con efectivos de la Policía Metropolitana ni con agentes de seguridad privada a los policías de la Federal que cumplían servicios adicionales en hospitales y otros edificios públicos y que fueron retirados por decisión del gobierno nacional. Montenegro concurrió a la Legislatura convocado por diputados de la oposición que querían saber cómo resolverá la Ciudad la crisis generada por el retiro de la Federal de 114 puestos de vigilancia. Algunos legisladores opositores cuestionaron la forma y la oportunidad en que el gobierno nacional tomó la medida. Pero todos coincidieron en cuestionar con dureza la decisión del gobierno de Mauricio Macri de desligarse del problema, teniendo un cuerpo policial propio de casi 2000 hombres.

Los diputados opositores advirtieron que, de acuerdo con la Ley de Seguridad de la Ciudad, entre las atribuciones de la Policía Metropolitana se encuentra “brindar seguridad a personas y bienes” en el ámbito de la ciudad. “Pero el Gobierno de la Ciudad ha decidido utilizar a la Metropolitana para hacer propaganda para su gestión”, opinó el diputado Marcelo Parrilli (MST/Proyecto Sur). “Entonces, el gobierno nacional decidió que no iban a custodiarles los edificios mientras ustedes hacen propaganda”, interpretó el legislador. Tras lo cual le preguntó a Montenegro cómo iba a reemplazar ese servicio. El ministro se limitó a responder que sólo está en condiciones de brindar seguridad a los dos hospitales que están en las comunas 12 y 15, donde la Metropolitana tiene presencia territorial.

Eso sí, admitió que cuatro efectivos de la fuerza prestan servicio en su custodia personal y otros cuatro, en la del jefe de la fuerza, Eugenio Burzaco.

Montenegro precisó que la Metropolitana tiene 1850 efectivos en estado policial, la mayoría de los cuales está abocado a prestar servicios en esas dos comunas. Anunció que este año incorporarán efectivos en las comunas 4 y 8 y admitió que la fuerza recién estará en condiciones de brindar seguridad en toda la ciudad “en el año 2016”, es decir, dentro de cinco años. Hasta entonces, sostuvo el ministro, “el responsable de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno nacional”.

“Entonces, ¿le consultaron al gobierno nacional cuando decidieron ubicar a 1400 efectivos en las comunas 12 y 15?”, le preguntó el legislador ibarrista Eduardo Epszteyn. La consulta se perdió sin obtener respuesta.

A su turno, Gonzalo Ruanova (Encuentro Progresista) cuestionó la decisión de “saturar con la Metropolitana dos comunas, para que se vea, mientras no tiene capacidad para prevenir hechos como la toma de edificios”.

Varios legisladores le cuestionaron a Montenegro por qué en 2009, cuando la Federal retiró los servicios adicionales porque la Ciudad debía 40 millones de pesos, el gobierno porteño resolvió el problema contratando seguridad privada, según anunció en ese momento el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Y por qué, en febrero último, la Ciudad prescindió de 500 efectivos de la Federal que prestaban servicios como Policía Comunitaria, a las órdenes del gobierno porteño.

Al primer punto, Montenegro respondió que en 2009 la policía no llegó a retirar los servicios adicionales. Respecto del segundo, argumentó vagamente que la policía comunitaria no podía destinarse a cumplir funciones de custodia en edificios, aunque no explicó por qué.

El conflicto se inició este lunes, cuando la ministra de Seguridad, Nilda Garré, anunció el retiro del servicio de policía adicional en 114 objetivos del Gobierno de la Ciudad, que incluían desde hospitales públicos hasta la quinta de Mauricio Macri, en San Miguel, y la casa donde vive la ex esposa del jefe de Gobierno.

Los servicios adicionales se prestaban en forma de módulos de cuatro horas, por cada uno de los cuales la ciudad pagaba 94 pesos. Montenegro explicó que la ciudad tenía contratados 30 mil módulos mensuales, lo que representaría una erogación de 2,8 millones de pesos por mes. La deuda que reconoció el gobierno porteño asciende a 20 millones, lo que equivale a siete meses impagos, aunque el gobierno nacional reclama un monto mayor, de 27 millones.

Montenegro, en un tramo de su exposición, definió a los servicios adicionales como “una distorsión del servicio policial” que debía eliminarse. Y lamentó que si, para el gobierno nacional el retiro de efectivos es una política pública, “por qué no levantan los adicionales de los restaurantes o clínicas privadas en lugar de hacerlo con un solo cliente, la Ciudad de Buenos Aires”.

“Me cuesta entender que sigan defendiendo una decisión administrativa que perjudica a los vecinos de la Ciudad y de las provincias, que se atienden en los hospitales porteños”, afirmó.

A su turno, el presidente del bloque kirchnerista, Juan Cabandié, defendió la “reestructuración de la Policía Federal” que encara el gobierno nacional “para revertir sus antecedentes nefastos” y acusó al gobierno de Mauricio Macri de “poner palos en la rueda”. “Nosotros enfrentamos a todas las corporaciones del país y la Policía Federal no va a quedar al margen”, enfatizó, “mientras que ustedes, por mucho menos, se hacen pis encima”, acusó.

Ante una pregunta de la diputada Gabriela Alegre (Encuentro Popular para la Victoria), Montenegro admitió que el comisario mayor Ricardo Pedace, quien fuera dado de baja recientemente de la plana mayor de la Federal por la ministra Garré, está a punto de incorporarse a un importante cargo de la Metropolitana (ver recuadro).

Montenegro dijo que era “una mentira” que los policías retirados de los servicios adicionales fueran a prestar servicios en la calle, ya que “se trata del mismo policía, que ya está en la calle y no se puede contar dos veces”. Consideró insuficiente la compensación de mil pesos que reciben los policías que ya no trabajan en adicionales para la Ciudad, “ya que obtenían hasta 3000 pesos”, y vaticinó que “lo que va a ocurrir es que van a tratar de hacer adicionales en otro lado o buscarse un trabajo extra”.

Fernando Sánchez, titular del bloque de la Coalición Cívica, consideró que “el verdadero problema de inseguridad en la ciudad son las zonas liberadas” y le preguntó a Montenegro si, a su criterio, existían esos permisos para delinquir. “Es probable, pero no me consta”, respondió el ministro.

Finalmente, Julio Raffo (Proyecto Sur) consideró el conflicto como “una mezquina pelea de consecuencias gravísimas, donde el gobierno nacional dejó de cumplir una responsabilidad y la Policía Metropolitana muestra una vez más su incapacidad”. Fue ante una pregunta suya que Montenegro admitió que recién podrá brindar seguridad en los hospitales y escuelas en 2016.


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