Lo que circula por los medios

3 de junio de 2011

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó la extracción de ADN en la Causa Noble Herrera


Post Actualizado



La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó la extracción de ADN en la Causa Noble Herrera y limita la comparación de pérfiles genéticos

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó la extracción de ADN en la Causa Noble Herrera. Los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera deberán realizarse los correspondientes análisis de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos.


La decisión de la Cámara firmada por los camaristas Guillermo Yacobucci, Luis García y Raúl Madueño establece que se podrá -con o sin consentimiento- obtener una muestra de cabello, sange, saliva o piel para que sean analizados y luego cotejados con los datos que están registrados en el Banco Nacional de Datos Genéticos de acuerdo a las fechas establecidas por la Cámara.


El tribunal fijó un rango de fechas para limitar el cruce de ADN con las muestras del archivo del BNDG.  La resolución dispone: "reformar el alcance de la decisión recurrida, limitando la comparación de los perfiles de ADN obtenidos de las muestras de Marcela Noble Herrera a los perfiles de ADN de las muestras aportadas al Archivo Nacional de Datos Genéticos por parientes de personas detenidas o desaparecidas –con certeza- hasta el 13 de mayo de 1976, y limitando la comparación de los perfiles de ADN obtenidos de las muestras de Felipe Noble Herrera a los perfiles de ADN de las muestras aportadas a ese archivo, por parientes reclamantes con relación a personas detenidas o desaparecidas –con certeza- hasta el 7 de julio de 1976", informó el Centro de Información Judicial.
La audiencia, se llevó a cabo en Comodoro Py 2002, Sala AMIA.

Video




Declaraciones Estela de Carlotto




Comunicado Abuelas Plaza de Mayo

Buenos Aires, 2 de junio 2011

Casación confirmó la extracción de ADN de Marcela y Felipe Noble Herrera

Las Abuelas de Plaza de Mayo celebramos la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal quien confirmó la orden de extracción de ADN, con o sin el consentimiento de Marcela y Felipe Noble Herrera, para determinar si son o no alguno de nuestros nietos. Sin embargo, nos preocupa la limitación interpuesta para la comparación de los perfiles genéticos en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

No pedemos manifestar más que satisfacción al ver que la justicia nuevamente actúa acorde a la Ley que prevé que cualquier persona presuntamente hija de desaparecidos se realice los análisis de ADN, con o sin su consentimiento en el BNDG , ya que es allí donde se almacena el ADN de todas las familias que buscamos a nuestro seres queridos. No obstante, nos llena de asombro la limitación impuesta para la comparación de los perfiles genéticos. El fallo restringe: "la comparación de los perfiles de ADN de Marcela a los perfiles de ADN de las muestras aportadas al archivo por parientes de personas desaparecidas hasta el 13 de mayo de 1976". Y en el caso de Felipe, "limitando la comparación de perfiles de ADN a las muestras aportadas de ese archivo por parientes reclamantes de personas detenidas desaparecidas hasta el 7 de julio de 1976".

En este sentido, Abuelas evaluará las estrategias a seguir, ya que está comprobado que ambas adopciones fueron irregulares lo que impide considerar como datos reales las fechas del inicio de la guarda de Marcela y Felipe, utilizadas en este fallo como tope para elegir las familias con las que se comparará el perfil genético de los hermanos. Además, la ley 26548 que regula el funcionamiento del BNDG expresamente dispone que en este tipo de causas las comparaciones genéticas deben hacerse con todas las familias que buscan niños desaparecidos.

El fallo de hoy avala entonces la Ley que exige a los hermanos realizarse los análisis de ADN en el BNDG, pero omite que las muestras deben ser comparadas con todas las muestras almacenadas en el Banco.

Esperamos que esta limitación se revea y que finalmente las Abuelas podamos saber si Marcela y Felipe son alguno de los nietos que desde hace más de treinta años estamos buscando.

http://www.lapistaoculta.com.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=714:causa-noble-casaci%C3%B3n-ordena-la-extracci%C3%B3n-de-adn&Itemid=185
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¿ Quien es el Camarista Guillermo Yacobucci?


COHERENCIA A LO LARGO DE LOS AÑOS
Yacobucci y su artículos en la revista Cabildo

Fue uno de los dos que votaron la liberación de Astiz, el Tigre Acosta y otros veinte represores. Fue en 1977 y 1978, cuando él era un joven que hacía carrera en Tribunales y Cabildo era el house organ de la represión.

28.12.2008 | 09:43 hs. · Fuente: Página/12


Sus devotos lectores, pocos pero fanáticos, tenían sobrados motivos para esperar la revista Cabildo de agosto de 1977. El mensuario reaparecía tras dos meses de ausencia. La edición de junio había sido secuestrada por orden de la dictadura que, además, sancionó a la publicación prohibiendo su salida en julio. La reacción tenía que ver con una interna de las propias Fuerzas Armadas dictatoriales. Cabildo expresaba a (y recibía data confidencial de) un ala de los represores, encarnada, entre otros, en los generales Acdel Edgardo Vilas y Rodolfo Mujica y el comisario Ramón Camps. Enfrentaba con el furor propio de las internas a compañeros de armas que juzgaba “liberales”, les atribuía complicidades con la guerrilla, el judaísmo y otras bestias negras. José Alfredo Martínez de Hoz estaba en el banquillo de los acusados, Alejandro Agustín Lanusse ya había sido condenado. Algunos desbordes de esa doctrina colmaron la paciencia de la Junta Militar, que le aplicó una sanción piadosa, para los cánones de época.

En agosto Cabildo volvió con todo. Su tapa se floreaba con uno de sus tópicos favoritos: mostraba a Lanusse saludando a David Graiver, acariciándole la cara por más detalle. En el editorial el director Ricardo Curutchet no lagrimeaba por el cierre: “creemos (...) que el gobierno debe actuar sintiéndose asistido por facultades discrecionales, sin complejo alguno de comportarse institucionalmente como una Dictadura”. Sí se quejaba porque Cabildo había quedado entre dos fuegos “el gobierno que la cerró y el poder judío”. Contra éste embestía sin ambages, con la prosa macarrónica propia de la derecha nacionalista vernácula.

Acdel Vilas colaboraba con una nota larga, dedicada a una obsesión de los genocidas: la subversión cultural. Con dotes premonitorias notables, el genocida anticipaba argumentos que enunció Emilio Massera en el juicio a las Juntas, replicados ante decenas de estrados judiciales: guay de ganar la guerra y perder la batalla cultural.

Menos pimpante pero congruente con el contexto, la nota de apertura de la sección internacional se interesaba por la situación en España, durante la naciente restauración democrática. “Cocineros antes que frailes” se titulaba el artículo. Aludía, como hizo Antonio Machado, a dos Españas pero vistas del otro lado. Según el autor, de pluma generosa en casticismos y en palabras tonantes, los cocineros representaban el espíritu de la República y estaban volviendo. Los frailes eran, por oposición, “los grandes arquetipos de la raza”. La praxis del rey (con minúsculas siempre), “el Borbón”, era lapidada con minucia. Pero no sólo Juan Carlos estaba en entredicho, también sus súbditos. “El pueblo español no quiere hoy a los frailes, se ha quedado con los cocineros”, plañía el columnista para luego enardecerse: “ha preferido los derechos humanos de los guerrilleros al derecho insobornable de la Patria, optó por la fastidiosa palabrería de los políticos, entregando la serena palabra de los jueces, cambió la humilde justicia de la verdad por la amnistía de los asesinos, los tribunales económicos por la usura, la soberanía nacional por la soberanía popular”. La catilinaria antidemocrática apelaba en su crescendo al clasicismo hispano: “En fin, prefirió el fondo de las alforjas de Sancho a la punta de lanza del Quijote”.

La nota, de una página, nada decía sobre las eventuales comparaciones con la Argentina, tal vez porque caían de su peso.

El autor de la nota firmaba G.J.Y. Son las iniciales de Guillermo Jorge Yacobucci, uno de los dos camaristas subrogantes de Casación que decidieron la libertad de una pléyade de represores, incluidos Alfredo Astiz y Jorge Acosta, el Tigre.

Tertulias

Cabildo no tenía estructura legal en regla. Decía que la empresa era una SRL “en formación”, un rebusque convencional en publicaciones pequeñas. Disponía también de un sello de goma, el Centro de Estudios Nuestra Señora de la Merced. Bajo ese paraguas solían celebrarse las reuniones de debate político y de preparación de la revista, en una vieja casa ubicada en el tercer piso de Talcahuano 893. La construcción era noble, grandes los ambientes, en los encuentros podían juntarse entre 50 y 100 personas.

Llevaban la voz cantante Curutchet, Juan Carlos Monedero (un militante del derechista Sindicato Universitario de Derecho, a cuyo adecuado apellido debían hacerse los cheques por las suscripciones), Antonio Caponetto (el actual director de Cabildo). Varios sacerdotes ultramontanos, entre ellos autoridades de colegios confesionales, eran de la partida. Según contaron a este diario testigos presenciales, cuya identidad se reserva, Yacobucci participó en varias de esas tertulias, en un rol iniciático y promisorio. Las tenidas se realizaban para discutir “de política” o del sumario de la revista. También había intercambios con cofrades de otras latitudes. Los falangistas españoles, atribulados tras la muerte de Francisco Franco, eran invitados de honor. El ex presidente Roberto Marcelo Levingston participó en uno de esos homenajes. Yacobucci también fue de la partida. Era joven, había nacido en 1956, la cúpula de Cabildo le proyectaba un porvenir brillante.

Los informantes saben que firmaba las notas con iniciales porque, estudiante aún, aspiraba a hacer carrera en el Poder Judicial. Y las internas dictatoriales que mencionamos en el primer párrafo motivaban que él mismo y sus mentores eligieran el módico enmascaramiento en prevención de potenciales represalias.

Obras completas

G.J.Y volvió a escribir en Cabildo un año después, en agosto de 1978. En términos periodísticos, ascendió. Su columna, titulada “Un canto para la Argentina Austral”, comentaba el tema de tapa, que era la escalada bélica con Chile. La revista propiciaba la guerra, G. J. Y. le agregaba condimento a la postura editorial. Con la proverbial pulsión tanática del nazionalismo convocaba a morir por la Patria. El argumento era moral pero también rozaba una curiosa interpretación jurídica: “Nada más irrevocable que la posesión adquirida a costa de la sangre”, estipulaba. Y oponía esos títulos rojos a la chatura de los documentos. “¿Qué papel con negros párrafos y largos articulados podrá oponerse al sacrificio de quienes se han inmolado en acto supremo de generosidad por la integridad territorial?” El sistema internacional cedía ante la densidad legal de los muertos en combate: “No existe Organización, Sociedad o Pacto en el mundo capaz de hacer retroceder a los muertos del campo conquistado con su vida”. Como en todas las citas de esta nota las mayúsculas son responsabilidad estricta del autor de los originales.

Era una versión institucional pintoresca, algo traída para un hombre de leyes que iba terminando su carrera de abogado en la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió en 1980.

Guillermo Yacobucci ascendió peldaño a peldaño en Tribunales, integra por derecho propio la “familia judicial”, según sus recibos de haberes tiene 34 años de antigüedad. También hizo méritos académicos. Su currículo expone numerosas obras publicadas, solo y en colaboración, casi todas de derecho penal. Tiene reputación de hombre de derechas y de juez con versación jurídica superior a la media. Dirige el Departamento de Derecho Penal de la Universidad Austral, estrechamente ligada al Opus Dei.

Llegó como subrogante a la Cámara Federal de Casación, eligió la mitad de la biblioteca que favorecía la libertad de Astiz y del Tigre. En un caso polémico, abierto a interpretaciones dispares, optó por la más favorable a los terroristas de Estado, beneficiándolos por la desidia de los magistrados. La decisión judicial no es un proceso puramente deductivo, contiene opciones valorativas y políticas.

El lunes pasado, el casador interino Yacobucci asumió que los juicios sobre el terrorismo de Estado se dilatan porque “la Justicia no marcha a un ritmo deseable”. Y, en parcas declaraciones a los medios, defendió el fallo.

Eso sí, dejó sentado que los crímenes de lesa humanidad le causan “repugnancia visceral”.

En otros tiempos, por lo visto, pensaba diferente.


http://www.notife.com/noticia/articulo/957794.html

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actualizada 04062011

EL PAIS › ESTUDIAN PEDIR ACLARATORIAS O NULIDADES DEL FALLO SOBRE LOS NOBLE HERRERA
Contradicciones e interrogantes

Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo y la Fiscalía estudian cómo superar la limitación a las muestras que impuso la decisión de la Cámara de Casación. Advierten que los tres jueces dijeron cosas diferentes sobre el tema.


Por Irina Hauser

La lectura pública del fallo de la Cámara de Casación Penal que ordenó la “extracción directa, con o sin consentimiento” de muestras de ADN de Marcela y Felipe Noble Herrera pareció clara y concisa. Igual que el párrafo que pone un límite temporal para que sus perfiles genéticos sólo se comparen con un grupo de familias. Aquellas cuyos parientes desaparecieron “con certeza” (sic) antes la fecha en que los jóvenes fueron dados en guarda a la dueña de Clarín. Sin embargo, puestos a leer el fallo en detalle, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo y los fiscales de la Unidad de Seguimiento de las causas por Violaciones a los Derechos Humanos advirtieron que ese recorte surgía del voto de uno solo de los jueces y que los otros dos decían cosas distintas. No había una mayoría. Es una de las razones por las que analizan plantear desde recursos de “aclaratoria” o “reposición” hasta la “nulidad” de ese punto, más allá de otros cuestionamientos ante la Corte Suprema.

La parte “resolutiva” de las 165 páginas del fallo de la Sala II de Casación dice que los perfiles genéticos de Marcela y Felipe no se podrán cruzar con todas las muestras de ADN que hay en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) sino sólo con las aportadas por “parientes de personas detenidas o desaparecidas –con certeza– hasta el 13 de mayo de 1976” en el caso de Marcela y “hasta el 7 de julio” de ese mismo año en el caso de Felipe. Esto aparece como una conclusión general, sin embargo, surge sólo del voto del juez Guillermo Yacobucci. Se trata de las fechas en las que Ernestina Herrera de Noble obtuvo la guarda al presentarse en un Juzgado de Menores: en un caso diciendo que había hallado una beba en una cajita; en otro porque quería al bebé que una mujer (cuyo nombre luego se probó que era irreal y su DNI de un varón) ofrecía en adopción.

El camarista Luis García utiliza las mismas fechas, pero en lugar de ponerlas como tope, plantea excluir del cotejo a las familias de desaparecidos “con certeza” con posterioridad. Es decir, contempla casos en los que podría haber alguna duda. Y por último, el juez Raúl Madueño postula que “el peritaje se limite a los registros de los familiares de aquellas personas que se denunciaron como fallecidas o que hubieran permanecido desaparecidas hasta la fecha de nacimiento presunta de Marcela y Felipe”.

“Al haber tres posturas distintas, técnicamente no hay sentencia sobre ese punto, no existe mayoría. Un límite por sí mismo es cuestionable, pero el fallo ni siquiera tiene un criterio para establecerlo. En el caso del voto de Madueño, además, habla de una fecha de nacimiento ‘presunta’ que es inexistente”, señaló Pablo Parenti, coordinador de la Unidad de Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos. Según Parenti, “hay varias imprecisiones que pueden dar lugar a planteos dilatorios, ¿qué significa ‘certeza’ en las desapariciones?”, se pregunta.

Alan Iud, abogado de Abuelas, señala que “los tres jueces tuvieron voluntad de limitar, pero no tuvieron un criterio uniforme”. “Todo esto demuestra arbitrariedad.” Tanto las querellas como los fiscales coinciden en que se trata de un límite caprichoso y sin utilidad, que sólo podría extender más la causa. El abogado Pablo Llonto explicó además que esa restricción dejaría afuera de la comparación a la familia Lanouscou-Miranda, que él representa y es querellante en la causa.


“Los jueces, además, no explican por qué se apartan de la Ley 26.548, que establece que los análisis para identificar hijos de desaparecidos se hacen con todo el Banco de Datos Genéticos.” Por ahora, estudian con qué estrategia cuestionar lo que podría pasar por un supuesto error, pero podría convertirse en un nuevo gran escollo a futuro.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-169455-2011-06-04.html

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