Lo que circula por los medios

27 de agosto de 2011

Inversión Pública, Industrialización y la carne argentina


MARTES 9 DE MARZO DE 2010
La importancia de la inversión pública
por Juan Santiago Fraschina, Buenos Aires Economico, 5 de marzo de 2010.

Para los economistas ortodoxos el gasto público en general y la inversión pública en particular son considerados como contraproducentes para la evolución de la economía. Según estos economistas, el aumento de las erogaciones realizadas por el Estado Nacional desalientan la expansión del producto y la inversión privada transformándose en un freno para el desarrollo económico y social.
Con respecto a la inversión pública, según los economistas neoliberales, genera un desplazamiento de la inversión privada básicamente por dos vías:

- Si se financia por medio del endeudamiento provocará un incremento de la tasa de interés, lo cual se traduce en una reducción de la inversión del sector privado como resultado del encarecimiento del crédito.

- Pero si se financia con recursos propios, los impuestos cobrados al sector privado necesarios para financiar la inversión pública también desalienta a la inversión de los empresarios.
Por lo tanto, para la ortodoxia económica, todo crecimiento de la inversión pública que genera indefectiblemente una necesidad de financiamiento conducirá a una disminución progresiva de la inversión privada como resultado del aumento en los costos de los empresarios: financieros vía aumento de la tasa de interés y/o impositivos debido al incremento de los impuestos.
En este sentido, la recomendación permanente de los economistas neoliberales es la reducción constante del gasto pública en general y de la inversión del Estado en particular para conseguir un crecimiento económico sostenido en base al aumento de la inversión privada.


EL NUEVO MODELO DE DESARROLLO: A partir del nuevo modelo de desarrollo instaurado en el 2003 caracterizado por la reindustrialización y la inclusión social, el aumento constante del gasto público y de la inversión del Estado fue una de las políticas centrales.

Cuadro: Evolución de la inversión total, pública y privada, 2003-2007 (millones de pesos a precio de 1993 y porcentaje de la inversión total)
Año Inversión Total Inversión Pública Inversión Privada
Millones de pesos % de la inversión total Millones de pesos % de la inversión total Millones de pesos % de la inversión total
2003 36.659 100,0% 3.020 8,2% 33.639 91,8%
2004 49.280 100,0% 4.838 9,8% 44.442 90,2%
2005 60.458 100,0% 9.469 15,7% 50.989 84,3%
2006 71.438 100,0% 14.621 20,5% 56.817 79,5%
2007 81.187 100,0% 16.047 19,8% 65.140 80,2%
Variación 121,5% 431,4% 93,6%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

En particular, la inversión pública se incrementó de 3.020 a 16.047 millones de pesos entre el 2003 y el 2007, pasando del 8,2% al 19,8% de la inversión total y del 1,10% al 2,90% del Producto Bruto Interno. Visto de otra forma, la inversión del Estado Nacional entre el 2003 y el 2007 experimentó un crecimiento del 431,4%.

Cuadro: Evolución de la inversión total y pública a precio de 1993, 2003-2007 (porcentaje del PBI)
Año Inversión total Inversión pública
2003 14,3 1,10%
2004 17,7 1,60%
2005 19,8 2,30%
2006 21,6 2,70%
2007 22,6 2,90%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Ahora bien, siguiendo la teoría ortodoxa de la economía, durante el nuevo modelo de acumulación se tendría que haber verificado entonces una caída estrepitosa de la inversión privada y de la inversión total.
Es decir, para los neoliberales a partir de 2003 y como consecuencia del fuerte crecimiento de la inversión del Estado se tendría que haber experimentado una reducción de la inversión de los empresarios mayor al aumento de la inversión pública, lo cual se tendría que haber traducido en una disminución de la inversión total.
Sin embargo, los resultados fueron diametralmente opuestos. En efecto, con respecto a la inversión privada pasó de 33.639 a 65.140 millones de pesos entre el 2003 y el 2007, esto es, la inversión de los empresarios aumentó un 93,6% durante este período.
Por su parte, la inversión total creció de 36.659 a 81.187 millones de pesos entre el 2003 y el 2007, es decir, experimentó un aumento de 121,55 durante este período. Dicho de otra forma, la inversión total se expandió del 14,3% al 22,6% del producto.
Por lo tanto, y a diferencia de los expresado por la ortodoxia económica, con el nuevo modelo de desarrollo impuesto en el 2003 a partir del gobierno de Néstor Kirchner, se observa un aumento constante y paralelo de la inversión pública, privada y total. De esta manera, en lugar de actuar la inversión pública como un obstáculo para la inversión privada terminó funcionando como un estimulante y multiplicador de la inversión de los empresarios.

LA FUNCIÓN DE LA INVESRIÓN PÚBLICA: En contraposición a lo pensado por los economistas neoliberales, la inversión pública es fundamental para el desarrollo económico y social. Efectivamente, la inversión realizada por el Sector Público permite la construcción de la infraestructura básica como por ejemplo vialidad, sistemas de agua y saneamiento, salud, educación, transporte y energía.


Pero además, en términos económicos la inversión estatal es imprescindible para el crecimiento de la demanda. En este punto es donde la visión ortodoxa falla al pronosticar la caída de la inversión privada ante un aumento de la inversión pública.
Según estos economistas, las políticas de crecimiento deben basarse en estimular la oferta a través de políticas ofertistas. Basados en la ley de Say “toda oferta genera su propia demanda”, para la visión ortodoxa la economía se centra en el aumento constante de la oferta, pues el crecimiento de la demanda se produce en forma automática y proporcional.


Por lo tanto, para estos economistas, una política racional es bajar los impuestos a los empresarios, para así de esta manera el sector privado al contar con más recursos incrementará la inversión. Es así que al disminuir la inversión del sector público que se traduciría en una reducción de los impuestos al necesitar el Estado menos dinero, aumentaría la inversión privada en una mayor proporción que la caída de la inversión del Estado, lo cual se traduciría en un incremento de la inversión total.

Un ejemplo de este tipo de políticas se produjo durante el gobierno de Fernando de la Rua cuando asumió como ministro de Economía Domingo Cavallo. Ante la crisis económica que venía atravesando la economía argentina desde mediados de 1998, el gobierno de la Alianza, junto con una política de ajuste a partir de la reducción de salarios y jubilaciones públicas, encaró una política ofertista con el objetivo de lograr la recuperación de la actividad económica.

En este contexto, se lanzaron los denominados “planes de competitividad” a diferentes sectores productivos, como por ejemplo la industria metalmecánica, textil y de indumentaria y calzado; que incluían reducciones en los aportes patronales a la seguridad social, disminución en los aranceles a la importación de bienes de capital, exenciones impositivas y un aumento en el proteccionismo de bienes de consumo importados. En otras palabras, el ministro Cavallo buscaba reducir los costos de las empresas de distintos sectores económicos para que de esta forma aumentará la inversión y se iniciará un nuevo sendero de crecimiento económico.
El resultado es bien conocido: más caída de la inversión privada y profundización de la crisis económica y social, “estallido” de la Convertibilidad, levantamientos populares del 19 y 20 de diciembre y caída anticipada del gobierno de Fernando de la Rua.


Entonces la pregunta que surge es ¿por qué si los empresarios disponían de más recursos a partir de los planes de competitividad no aumentó la inversión privada? 

El problema es que ningún empresario invierte aunque tenga más cantidad de dinero si sabe que después lo que produce no lo puede vender.
Por lo tanto, la inversión privada sólo crece en un contexto de aumento constante de la demanda. El crecimiento del consumo y la demanda que genera un incremento de las ventas es el mejor estimulo para la expansión de la inversión por parte del empresariado.

En este sentido, el gasto público en general y la inversión del Estado en particular son fundamentales. Efectivamente, al crecer las erogaciones realizadas por el sector público aumenta la demanda. Y al aumentar la demanda se expanden las ventas del sector privado y por consiguiente la inversión de los empresarios.
De esta forma, la inversión llevada a cabo por el Estado en lugar de actuar como un obstáculo para la inversión privada actúa como un multiplicador de la misma por dos fenómenos. Por un lado, al crear la infraestructura que el empresario necesita para desarrollar su respectivo negocio, como por ejemplo, la construcción de las rutas, puentes, puertos, la salud y educación para tener una mano de obra calificada y sana. Por otro lado, al aumentar la demanda global de la economía generando un incremento de las ventas y las ganancias de los empresarios.

Por tales motivos, en el nuevo modelo de desarrollo impuesto en el 2003 la política fiscal expansiva y principalmente el aumento de la inversión pública se tradujo en un aumento permanente de la inversión privada. Seguir con las políticas de demanda es fundamental para seguir sosteniendo la expansión económica y la generación de puestos de trabajo.
PUBLICADO POR GEENAP
http://geenap.blogspot.com/2010/03/la-importancia-de-la-inversion-publica.html

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JUEVES 2 DE JULIO DE 2009
La clave para un proceso de industrialización


La industrialización de una economía es fundamental por varios factores. En primer lugar, los avances tecnológicos más importantes se producen en el sector manufacturero. Por lo tanto, el desarrollo económico de un país depende en gran medida de la consolidación de su aparato industrial. En segundo lugar, el proceso de industrialización permite romper con la inserción periférica en la división internacional del trabajo. En este sentido, el primer modelo económico que se implementó en la Argentina fue el agroexportador que consistía en la venta de productos primarios a los países centrales, fundamentalmente Gran Bretaña, y en la importación de bienes manufacturados. De esta forma el modelo agro exportador, que se estructuraba alrededor del liberalismo económico, implicaba la primarización de la economía argentina y la inserción periférica de nuestro país en el comercio internacional.


Ahora bien ¿qué implica ser un país periférico? Ser periférico es ser un país dependiente de los países centrales industrializados. Esto es, el crecimiento económico de los países periféricos se encuentra sujeto a la expansión de los países centrales. Pero este fenómeno no se da en el sentido inverso. En efecto, si los países subdesarrollados especializados en la producción primaria caen en una recesión económica los países centrales no se verán afectados.

Entonces, el proceso de industrialización permite la no inserción periférica en la división internacional del trabajo y por lo tanto romper con la dependencia económica de los países centrales. Por último, el sector industrial, a diferencia de las actividades primarias, genera valor agregado y por lo tanto empleo. De esta forma, el desarrollo industrial se transforma en un fenómeno clave para reducir el desempleo y con esto la pobreza y la indigencia.

En resumen, el proceso de industrialización es imprescindible para lograr un desarrollo tecnológico que permita romper con la dependencia de los países centrales y al mismo tiempo generar puestos de trabajo para la reducción de la exclusión social y el mejoramiento en la distribución del ingreso.

El caso argentino

Sin embargo, en la Argentina la consolidación del aparato industrial fue siempre un proceso conflictivo. En nuestro país todo intento de desarrollo industrial generó fuertes resistencias que condujeron a un retroceso en la consolidación del sector manufacturero argentino. Entonces surge una pregunta esencial: ¿cómo lograron los países centrales consolidar el proceso de industrialización?

Más allá de las particularidades y diferencias en el desarrollo manufacturero de los países centrales, todas las experiencias históricas tienen algo en común: la “subordinación” del sector primario al proceso de industrialización, esto es, privilegiar los intereses del sector manufacturero por sobre los intereses de las actividades primarias. El desarrollo industrial de Inglaterra y Estados Unidos son dos ejemplos claros de este fenómeno.

La ley de granos y el caso inglés:

Luego de la revolución Industrial en Inglaterra a mediados del siglo XVIII se inició una fuerte disputa entre los capitalistas y los dueños de las tierras. El conflicto entre las clases propietarias se estructuraba en torno a la ley de granos que consistía en un arancel a la importación de los productos primarios.

Por lo tanto, la ley de granos era enteramente funcional a los intereses de los terratenientes al proteger su mercado interno. Sin embrago, se contraponía a los intereses de la burguesía inglesa al encarecer el precio de los productos agrarios y de esta manera de loa alimentos, provocando un encarecimiento en el nivel de vida de los trabajadores y de los costos de los empresarios ante la necesidad de aumentarle los salarios a los obreros. En otras palabras, el proteccionismo a los productos agrarios permitía la eliminación de la competencia externa para los dueños de las tierras, lo cual se traducía en un aumento de los precios de los productos agrarios y de la renta de los terratenientes.

Al mismo tiempo, el aumento de los precios de los productos agropecuarios implicaba un proceso inflacionario en los alimentos reduciendo el salario real de los trabajadores obligando a los empresarios ingleses a otorgar aumentos salariales para compensar la suba de precios provocando un incremento de sus costos y una reducción en la tasa de ganancia y de la inversión de la burguesía industrial. Es decir, la ley de granos se traducía en un incremento de la renta de los dueños de las tierras pero en una disminución del poder de compra de los obreros y de los beneficios de los empresarios. Esto es, el proteccionismo agropecuario impuesto por la ley de granos implicaba un freno al proceso de industrialización de Inglaterra.

En 1846 el gobierno de Inglaterra decidió eliminar la ley de granos y permitir la importación de productos agropecuarios desde los países periféricos aun precio más bajo, perjudicando de esta forma a los terratenientes pero beneficiando a la clase obrera y a los industriales al reducirse el precio de los alimentos. Esta medida permitió la profundización del proceso de industrialización de Inglaterra y la consolidación de la hegemonía británica en el comercio internacional como país central en la división mundial del trabajo. Por lo tanto, el desarrollo industrial ingles requirió la “subordinación”de la actividad primarias al sector manufacturero, es decir, privilegiar la industria por sobre el sector primario.

La guerra de secesión y el caso norteamericano:

Cuando el nordeste norteamericano inició su proceso de industrialización a principios del siglo XIX, el conflicto con el Sur era inevitable. En efecto, el sur de Estados Unidos desde el período colonial se dedicaba al cultivo de algodón con manos de obra esclava para la exportación a la industria textil inglesa. Para los terratenientes propietarios de las grandes plantaciones del sur la inserción periférica de Estados Unidos en la división internacional del trabajo era funcional a sus propios intereses. Dicho de otra forma, la estructuración de la economía norteamericana como abastecedora de materia prima para Inglaterra permitía el incremento de la renta de los terratenientes del sur.

Sin embargo, esta lógica económica comenzó a interferir con el proceso de industrialización del nordeste básicamente dos cuestiones centrales:

a) La industria textil norteamericana necesitaba del algodón que los terratenientes del sur exportaban a Inglaterra.

b) Para el desarrollo industrial de Estados Unidos era imprescindible el crecimiento del mercado interno al no poder competir en el extranjero con la manufactura británica. Por lo tanto la existencia de la esclavitud impedía la expansión de la demanda interna necesaria para el proceso de industrialización del nordeste.

Este conflicto entre el Norte y el Sur condujo a mediados del siglo XIX a la guerra civil norteamericana denomina Guerra de Secesión entre el norte industrial y el sur esclavista. El triunfo del nordeste permitió la “subordinación” del Sur al proceso de industrialización. En efecto, luego de la Guerra de Secesión se produjeron dos hechos funcionales al sector manufacturero norteamericano.


Por un lado, la producción del algodón comenzó a ser utilizada para abastecer a la industria textil de Estados Unidos, bajando de esta forma el precio de la materia prima y por lo tanto el costo de los empresarios. Por otro lado, el fin de la esclavitud permitió la expansión del mercado interno y de la producción manufacturera norteamericana.

¿Qué hubiera pasado si la Guerra Civil la ganaba el Sur? Estados Unidos se hubiera consolidado como país exportador de bienes primarios a los países centrales, es decir, como país periférico dependiente de los países industriales. Sin embargo, la victoria del norte industrial y la consiguiente “subordinación” del sector primario permitieron la consolidación del proceso de industrialización del nordeste que condujo al desarrollo económico de Estados Unidos.

La Resolución 125 y el caso argentino:

A partir de la presidencia de Néstor Kirchner (iniciada el 25 de mayo de 2003), y luego de tres décadas de desindustrialización de la economía argentina como consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas desde la dictadura militar de 1976, el sector manufacturero volvió a transformarse en una de las actividades centrales de la economía nacional.

Luego de la construcción fue el sector industrial la actividad que más creció desde la expansión económica post Convertibilidad. Por lo tanto, como resultado de las políticas económicas aplicadas durante la presidencia de Kirchner, de las cuales una central fue la retención a los productos agrarios, se retomó el modelo de valorización productiva abandonado a mediados de los `70 con la interrupción de la industrialización sustitutiva.

En este contexto de reindustrialización se enmarcó la resolución 125 propuesta el año pasada por la presidenta Cristina Fernández, que establecía las retenciones móviles para los bienes agropecuarios, tratando de profundizar de esta forma el desarrollo manufacturero nacional. En efecto, el resurgimiento del aparato industrial argentino se basó en gran medida, junto al tipo de cambio real competitivo, a las retenciones agrarias.

Las retenciones, como política antiinflacionaria, cumplieron dos funciones centrales en el proceso de reindustrialización. Estas fueron:

1) desacoplar los precios internos de los internacionales. Si las retenciones a los productos agropecuarios no existiesen, los terratenientes exportarían la totalidad de su producción. Se generaría así un aumento de sus rentas pero desabasteciendo el mercado interno de alimentos provocando un fuerte proceso inflacionario, lo cual provocaría una caída del poder de compra de los trabajadores, una disminución de la demanda interna y reducción de la producción industrial. El aumento de los precios de los alimentos generaría que el sector industrial se vea obligado a incrementar las remuneraciones a los trabajadores incrementando de esta forma sus costos salariales y reduciendo su tasa de ganancia y la inversión del sector manufacturero.

2) Con el dinero recaudado el Estado argentino puede subsidiar los servicios públicos disminuyendo de esta manera los costos industriales. Por lo tanto, las retenciones a los productos agropecuarios implica la “subordinación” del sector primario argentino al desarrollo industrial, es decir, el privilegiar los intereses del aparato manufacturero por sobre los intereses del sector agrario.

¿Qué pasaría si se eliminan las retenciones a los productos agropecuarios como pretenden las entidades agrarias? Lo mismo que si Inglaterra no hubiera eliminado la ley de granos y el sur norteamericano hubiera ganado la Guerra de Secesión. Pero dejemos lo contrafáctico para las elucubraciones liberales.
PUBLICADO POR GEENAP
http://geenap.blogspot.com/2009/07/la-clave-para-un-proceso-de.html

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MARTES 2 DE MARZO DE 2010
Carne argentina para el pueblo argentino
Rodrigo Facundo Barrios, Buenos Aires Económico, 26 de febrero de 2010

El aumento de la carne, se encuentra en la agenda de los medios de comunicación y en la preocupación de los consumidores. Los elevados precios reflejados en las carnicerías tienen su origen, en un factor climático la lluvia que durante los últimos meses provoco, una crecida de los pastizales, dándole de esta manera, la posibilidad de aumentar el kilaje de sus animales, generando por lo tanto, una mayor rentabilidad al momento de la venta.

Con esta decisión los empresarios del sector, lograron desanimar la oferta en el Mercado de Liniers provocando un fuerte aumento del precio, golpeando de esta forma, el bolsillo de los consumidores.

Podemos reafirmar el desabastecimiento del Mercado de Liniers realizando una comparación de entrada de cabezas de ganado. Tomando como punto de análisis el periodo que abarca el 1 de enero al 10 de febrero del 2009, contra las entradas acontecidas en 2010. Podemos determinar una variación negativa de la oferta de un 18,4% interanual. La cual con los resultados que quedaron reflejados, provoco aumentos siderales del precio de la carne.

La explicación del presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, respecto, a la sensibilidad precio de la oferta es un tanto incompleta, dado que adjudica la misma a “una pésima política agropecuaria y de exterminio a los pequeños productores, que ha llevado adelante este gobierno”. ¿Pero porque adjudicamos que la misma es incompleta? La justificación intenta separar, la realidad agropecuaria del funcionamiento del mercado. El libre mercado del cual detenta, y añora Buzzi, es aquel que sin la intervención del estado, fija los precios en una libre relación de oferta y demanda. Ahora bien, si ante una baja en la oferta de cualquier producto manteniéndose estable el nivel de demanda, el precio del mismo, tiende a la suba. ¿Por qué la política agropecuaria llevada adelante por el estado es pésima?

Si esta aseveración del presidente de Federación Agraria tuviera asidero, simplemente el sector no podría darse el lujo de retener las haciendas, por el contrario, las estaría liquidando, dado que su situación económico-financiera, no les permitiría margen para especulación alguna.

Es necesario reconocer que el sector ganadero se vio fuertemente golpeado desde 2008 a la fecha por varios motivos, por un lado la peor sequía de los últimos cincuenta años, y la falta de inversión productiva, impactaron notoriamente en el stock vacuno, marcado con una reducción de los nacimientos y un incremento de la mortalidad de terneros. Consecuencia de esto según datos del Senasa, entre 2007 y 2009, se produjo un incremento de la faena de hembras con relación a las existencias totales de un 19 %, podemos deducir que a partir del impacto de la sequía, Argentina se vio forzada a la liquidación de parte de su stock ganadero.

Por otro lado, debe reconocerse el fuerte incremento de la superficie sembrada con soja, en detrimento de la industria ganadera. La soja, junto con los demás cultivos de cosecha gruesa, creció en los últimos 16 años más del 100% la superficie sembrada, a costa de la superficie ganadera. De 11,5 millones en el año 1994 pasó a sembrarse 23,3 millones de hectáreas en la campaña 2008/09, de las cuales, 17 millones fueron sembradas con soja, y según un informe del Ministerio de Agricultura de la Nación, el cultivo de esta oleaginosa en 2010 abarcara 18,2 millones de hectáreas

Podemos decir que para mantener el consumo interno y el compromiso exportable es necesario desanimar el cultivo de la soja para que los chacareros vuelvan a invertir en la ganadería. El aumento de las Retenciones Móviles Agropecuarias a partir de la Resolución 125 hubiera sido un buen camino para avanzar hacia eso.

Como último factor desencadenante de la problemática ganadera, y que deja relucir, la idea que defienden los sectores nucleados bajo la forma de la Mesa de Enlace, es sin lugar a dudas el incremento del consumo interno de carne, cercano a los 73 kilos Per capita.

El aumento de la demanda interna no es casual, se mantuvo en crecimiento desde el 2003 a la fecha. La razón del incremento en el consumo de los argentinos se debe a las políticas económicas implementadas por el estado como:

• Cuidar el salario de los trabajadores, de manera Nominal a través de la revitalización de las paritarias, que aplicaron un aumento del mismo y de manera Real con políticas intervensionistas en el mercado ganadero, como ser limitaciones en el peso de faena, prohibición para exportar carne, controles de precios en los mercados de concentración y los subsidios otorgados por el gobierno al gas, a la electricidad y al transporte.


• El crecimiento permanente del gasto público remarcando el gasto social, invirtiendo en Seguridad Social, Salud, Educación y Vivienda.


Esta inversión social generó no solo un aumento del poder adquisitivo, sino que permitió la inclusión de un sector marginado en la capacidad de consumo. Esta inclusión sería imposible sin políticas de estado, que han incorporado a los sectores más vulnerables de la economía. Solamente la asignación universal por hijo inyecta $13,4 millones mensuales, el "Programa Argentina Trabaja", una inversión estatal de 9.000 millones de pesos que fomentó la constitución de cooperativas dedicadas a la realización de infraestructura de servicios básicos que generaron unos 100 mil puestos de trabajo para los sectores más empobrecidos, el “Plan de Inclusión Previsional” que introdujo a 2.165.694 personas al sistema previsional que hoy tienen una jubilación y una obra social, y que de no haber sido por esto, hubieran quedado fuera del sistema, luego de años de trabajo sin aportes.

Estas medidas generaron el aumento y protección del poder adquisitivo de los trabajadores argentinos y un ingreso a aquellos que aun no tienen empleo, permitiéndoles volcar gran parte de sus salarios al consumo. Como consecuencia, cada año en la nación se consume cada vez mayor cantidad de carne.

Este hecho que la mayoría observa con alegría, al sector ganadero realmente le preocupa. El aumento de la demanda interna y la protección del gobierno al abastecimiento de la misma desanimó a los productores ganaderos, ya que no es lo mismo producir para el mercado externo a precios internacionales, que vender a los argentinos al precio que los argentinos tenemos derecho a pagar por nuestra carne.

Prueba de esto, es aquella reveladora frase de Alfredo De Angeli: "El que quiera comer lomo que pague $80 el kilo". Al mismo tiempo, Biolcatti afirma en una entrevista, , que en el 2010 se deberá importar carne y leche para abastecer la demanda interna o resignarse a bajar el consumo de carne de los argentinos. Además de que esta hipótesis esta muy alejada de la realidad, lo que se esta intentando demostrar es que el fondo de la discusión, es el modelo de país, el neoliberalismo o el intervencionismo con redistribución de la riqueza.

Con lo anteriormente expresado, podríamos definir como coherente, los ideales de este sector y su accionar. Al elevar el precio de la carne vacuna, la tendencia del consumo interno, confluirá a la baja, para de esta manera, poder tener mayor rentabilidad al enviar la misma al exterior. Para logra esta suba, lo que se debe hacer es retener la hacienda en los campos, aprovechando las condiciones climáticas que hoy permiten el engorde de las mismas.

La propuesta del sector agropecuario, es diluir las conquistas sociales de este gobierno: la inclusión social y el poder adquisitivo de los trabajadores. Añoran volver a ser el granero del mundo, el mismo de “nuestros abuelos prósperos”. ¿Si es que alguien tuvo esos abuelos prósperos? Mientras Argentina fue granero del mundo, los habitantes de la nación, estaban en gran parte muriendo de hambre.

Han demostrado que quieren que un estado, que no intervenga en la economía, que no obtenga ingreso alguno por la extracción de la riqueza de estas tierras. No desean que se profundice una equitativa distribución de la riqueza, pues atenta contra sus intereses, que distan con ser los de la población.


Sabemos entonces que modelo de nación desean, y sabemos por experiencia propia, las consecuencias de ese modelo neoliberal implementado por Martínez de Hoz, casualmente ex presidente de la Sociedad Rural Argentina. Por esa misma razón, consideramos superador un modelo económico que tenga su razón de ser en la inclusión social a partir de políticas públicas, el trabajo asalariado y la reindustrialización del país, que permita la construcción de una patria para todos los argentinos.

Y sabemos cual es el modelo que empezó en el 2003, el que busca la inclusión a partir de políticas publicas y alcanzar un modelo industrial que construya una patria para todos.
PUBLICADO POR GEENAP
http://geenap.blogspot.com/2010/03/carne-argentina-para-el-pueblo.html


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