Lo que circula por los medios

28 de agosto de 2011

Sobre el derecho a la Libertad de Expresión - Demanda Menem a la Revista Noticias


En la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Sobre demanda que en 1995 el ex presidente argentino Carlos Menem inició contra la revista Noticias


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23/08/2011
Alegatos ante la Corte Interamericana por un caso argentino de libertad de expresión
Autor: CELS


Mañana a partir de las 17 hs. comenzarán los alegatos en la causa iniciada por los periodistas Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico. Ambos fueron condenados en Argentina por haber publicado una serie de notas en la revista Noticias sobre un hijo no reconocido del entonces presidente Carlos Menem. Con su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá la oportunidad de establecer estándares regionales en materia de libertad de expresión, interés público y derecho a la privacidad.

La intervención del sistema interamericano podrá ayudar a avanzar en la implementación de reformas normativas, tal como ocurrió con la despenalización de las calumnias e injurias para temas de interés público, lograda en 2009 a partir del caso protagonizado por el periodista Eduardo Kimel, y con la figura de desacato, anulada por el Congreso en 1993 luego de un acuerdo de solución amistosa firmado entre el Estado y el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, ante la Comisión Interamericana.

La demanda contra el Estado argentino por la violación del derecho a la libertad de expresión de Fontevecchia, director de la revista Noticias, y D’Amico, ex editor de la misma publicación, llegó a la Corte Interamericana a fines de 2010. Entre mañana y el jueves por la tarde se presentarán en Bogotá los testimonios de las víctimas, las pericias realizadas por especialistas y los alegatos del Estado y de los representantes de los periodistas –el ex Relator de Libertad de Expresión de la OEA, Eduardo Bertoni, y las abogadas del CELS, Gabriela Kletzel y Lourdes Bascary-. Las audiencias podrán verse en directo a través del sitio web de la Corte: www.corteidh.or.cr.

Los periodistas fueron condenados por la Corte Suprema en septiembre de 2001 y se los obligó a pagar una indemnización al ex presidente. 



Fontevecchia y D’Amico, primero con el patrocinio de la Asociación Periodistas y luego del CELS, llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la denuncia internacional, iniciada el 15 de noviembre de 2001, alegaron la responsabilidad de la Argentina por la violación de los artículos 8 (garantías judiciales) y 13 (libertad de pensamiento y de expresión) de la Convención Americana.

El director y el ex editor de la revista argumentaron que era un hecho público y notorio en la provincia de Formosa que el padre del hijo de la ex diputada provincial Martha Meza era Carlos Menem y que la veracidad de esa información no había sido desmentida en ningún momento por el ex mandatario. También cuestionaron el argumento de la Corte Suprema, que apuntaba a proteger el derecho a la intimidad y sostuvieron que la publicación de hechos verídicos en temas de interés público no podía ser objeto de una sanción estatal de esa naturaleza.

Las notas publicadas por la revista informaban que el hijo era recibido en las diversas residencias oficiales del presidente y en la Casa de Gobierno; se referían también al crecimiento patrimonial de Meza en los años siguientes al nacimiento del niño -y en especial a los regalos recibidos de parte del entonces presidente-; y daban cuenta de las amenazas que la mujer había sufrido durante la campaña por la reelección de Menem en 1995 y hasta de sus gestiones para obtener asilo político en Paraguay. Todas estas informaciones no podían de ninguna manera considerarse como exclusivamente relativas a la vida privada del mandatario.

Luego de analizar el caso, la Comisión Interamericana concluyó que la condena civil por daños y perjuicios “no observó los requerimientos exigidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos para encontrar justificada la imposición de responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión”, y consideró que el Estado argentino “impuso una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de las víctimas”. Por esta razón y porque el Estado incumplió las medidas reparatorias solicitadas a lo largo del trámite del caso, la Comisión siguió su procedimiento habitual y presentó la demanda ante la Corte IDH, cuya sentencia podría conocerse antes de fin de año.

http://www.cels.org.ar/comunicacion/?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=1423
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Videos Alegatos ante la Corte 


Alegato Catalina Botero sobre Menem -Revista Noticias
Injerencias







Alegato Estado





Jueces






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ver:


 MACRI PUBLICIDAD CON FONDOS PUBLICOS Y PAUTA PUBLICITARIA - Jan 15




La pequeña revolución mediática de Cristina Kirchner


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RELACIONADA: INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 2010




*Sobre injurias y calumnias (punto 1) ley de medios (punto 5) y la ley publicidad vetada por Macri - Crítica - (punto 8)




INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 2010


INFORME DE LA RELATORÍA ESPECIAL PARA LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN


Dra. Catalina Botero
Relatora Especial para la Libertad de Expresión


B.                  Evaluación sobre la situación de la libertad de expresión en los Estados miembros


1.                  Argentina


1.                  La Relatoría Especial observa con satisfacción que el Estado argentino haya efectuado el 5 de julio un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en la violación de los derechos humanos del periodista Eduardo Kimel[1]. El periodista Kimel había sido condenado en marzo de 1999 a un año de prisión en suspenso y a pagar una indemnización por criticar, en el libro “La masacre de San Patricio”, la actuación de un juez. El libro era el resultado de una investigación publicada en noviembre de 1989 acerca del asesinato de cinco religiosos palotinos. En cumplimiento de la sentencia, el Estado argentino eliminó en 2009 la aplicación de las normas de injuria y calumnia a las expresiones de interés público.

2.                  La Relatoría Especial valora la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Miguel Ángel Di Salvo contra el Diario La Mañana, del 19 de mayo de 2010, la cual dejó sin efecto un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en contra de ese periódico. La sentencia civil de la Corte Suprema reiteró la aplicación de la doctrina de la real malicia, según la cual, “[t]ratándose de informaciones referentes a figuras públicas, cuando la noticia tuviera expresiones falsas o inexactas, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o imputación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria despreocupación acerca de tal circunstancia”[2].

3.                  Asimismo, la Relatoría Especial saluda la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de La Nación en el caso Canavesi contra el diario El Día, del 8 de junio de 2010, que revocó una condena contra el periódico, por haber publicado información falsa acerca de una persona particular, con base en datos aportados por una fuente oficial[3].

4.                  La Relatoría Especial fue informada de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 15 de junio de 2010, que aprobó el esquema de distribución de publicidad oficial del gobierno de la Provincia del Neuquén, en cumplimiento de una paradigmática sentencia dictada por la Corte Suprema en septiembre de 2007, a favor del diario Río Negro. El caso se originó en una acción de amparo presentada por el periódico debido a la suspensión de la publicidad oficial por parte del gobierno provincial, después de la publicación de informaciones que cuestionaban al entonces gobernador de Neuquén, en diciembre de 2002[4].

5.                  La Relatoría Especial reconoce la importancia de que el Congreso de la Nación Argentina haya retomado durante 2010 la discusión de la Ley de Acceso a la Información. El proyecto recibió la media sanción en el Senado el 29 de septiembre y continúa su trámite en la Cámara de Diputados[5]. No obstante, resulta fundamental que el proyecto avance y el Estado apruebe un marco jurídico de acceso a la información, ajustado a los estándares internacionales en la materia.

6.                  Pese a que Argentina no cuenta aún con una ley general de acceso, se han producido importantes decisiones judiciales que resulta relevante resaltar. Según conoció la Relatoría Especial, el 2 de noviembre, la Cámara Contenciosa Administrativa Federal [6] confirmó una decisión de un juzgado en lo contencioso administrativo federal que ordenaba a la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación a entregar a la organización Asociación por los Derechos Civiles información solicitada sobre el gasto en publicidad oficial en 2009[7].

7.                  Asimismo, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) se habría negado a entregar información pública solicitada por la Asociación por los Derechos Civiles, en julio de 2009, concerniente al presupuesto en publicidad oficial. La entidad habría negado la información aduciendo que por ser un órgano público no estatal quedaba fuera de la obligación de entregar los datos solicitados. Un fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, del 14 de diciembre de 2009, ordenó la entrega de la información, y una sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, de agosto de 2010, confirmó esa decisión[8].

8.                  La Relatoría Especial observa con satisfacción que la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobara el 3 de diciembre de 2009 la Ley 3391 que regula la producción, contenido, gasto, contratación y distribución de la publicidad oficial de toda la administración pública de esa ciudad. Sin embargo, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, vetó parcialmente la Ley el 25 de enero de 2010[9].



9.                  La Relatoría Especial toma nota de una resolución del Fiscal de Investigaciones Administrativas de La Pampa destinada a que el Canal 3 de la provincia de La Pampa, de propiedad estatal, garantice el pluralismo, para lo cual le ordenó apegarse a los estándares internacionales de derechos humanos, fiscalizar el área informativa, reglamentar las funciones de la Gerencia de Noticias y establecer la misión, principios y objetivos de la organización. La resolución fue el resultado de una gestión hecha por empleados de la emisora en la cual denunciaron presuntas prácticas de manipulación, censura, invisibilización de opositores y persecución laboral[10].

10.              La Relatoría Especial destaca el avance obtenido por la Fiscalía en la investigación por las amenazas e intimidaciones anónimas recibidas durante el mes de abril por el periodista Ricardo Montacuto, director del portal de noticias MDZ Online. De acuerdo con la información recibida, la Fiscalía imputó al Intendente de Mendoza por el delito de “amenazas agravadas” luego de que una investigación judicial encontrara pruebas de que las llamadas se habrían originado en una línea telefónica asignada a ese funcionario[11].

11.              Pese a los avances reportados, la Relatoría Especial ha recibido información sobre graves agresiones y amenazas contra periodistas. En particular, la Relatoría Especial manifiesta su profunda preocupación por el asesinato del periodista y dirigente comunal, Adams Ledesma Valenzuela, asesinado el 4 de septiembre en un barrio popular de Buenos Aires. Ledesma era corresponsal del periódico Mundo Villa y preparaba la apertura del canal de televisión Mundo TV Villa, que emitiría su señal por cable a hogares de la comunidad. En declaraciones ofrecidas a un periódico argentino, en junio de 2010, Ledesma anunció el lanzamiento del canal de televisión y adelantó que pretendía hacer periodismo de investigación para "filmar a los famosos" que llegaban a comprar droga a la villa. Según conoció esta Relatoría, la labor comunitaria de Ledesma estaba estrechamente relacionada con su tarea como periodista. La Relatoría fue informada de que Ledesma habría recibido en la madrugada una llamada para ayudar a un vecino a reparar un desperfecto eléctrico, pero al salir de su casa fue asesinado. Familiares del periodista fueron amenazados por personas desconocidas cuando intentaban ayudarlo, así como durante el funeral, conminándolos a salir de la localidad[12]. La Relatoría Especial fue informada de que el Estado otorgó protección policial a la familia del periodista y que habría ordenado la captura de un sospechoso[13].

12.              Asimismo, la Relatoría Especial expresa su preocupación por otros hechos de violencia contra periodistas, que deben ser investigados y sancionados. Según la información recibida, el 9 de febrero de 2010, el periodista Dante Gustavo Fernández, habría sido agredido por presuntos colaboradores de la Intendencia municipal en la Leonesa, Provincia del Chaco. Según la información recibida, Fernández, quien es director de la radio FM Frontera donde conduce el programa “La Mañana de Todos”, habría sido golpeado mientras intentaba dar cobertura a una protesta vecinal en reclamo del cese de las fumigaciones aéreas con agrotóxicos en las plantaciones de arroz[14].

13.               Según información recibida, el 24 de agosto, un incendio intencional habría destruido el vehículo del periodista Carlos Villanueva, causado quemaduras a su hijo y habría producido destrozos a su vivienda y a la emisora FM Cerrillos 90,9, que funciona en la misma propiedad, en San José de los Cerrillos, provincia de Salta. Los perpetradores también habrían sustraído un equipo de transmisión que dejó a la emisora fuera del aire[15]. Según fue informada la Relatoría Especial, el 26 de noviembre Carlos Villanueva volvió a ser objeto de un atentado, cuando desconocidos dispararon contra la vivienda en tres ocasiones[16].

14.              La Relatoría Especial recibió información concerniente a un ataque incendiario que habría sufrido la periodista Adela Gómez, en Caleta Olivia, Santa Cruz, el 28 de marzo. Desconocidos rociaron su automóvil con un líquido inflamable y le prendieron fuego. Gómez es reportera en la emisora Radio 21, de esa localidad y antes del atentado había cubierto informaciones acerca de presuntas irregularidades cometidas por autoridades locales[17].

15.              La Relatoría Especial también fue informada de varias agresiones contra periodistas por parte de manifestantes ambientalistas en la provincia de Catamarca. De acuerdo con la información recibida, el 19 de diciembre de 2009 un grupo de personas habría agredido de palabra, conminado a retirarse e impedido cumplir con su trabajo al camarógrafo Carlos Romero y al reportero Nicolás Ziggiotto, de TV Cable Andalgalá y del periódico El Ancasti. El 15 de febrero, participantes de una protesta anti-minera habrían golpeado y arrojado al piso a Ziggiotto y al periodista Lucas Olaz y les habrían sustraído la cámara de video con la que registraban los hechos. La Fiscalía investigó el incidente y en agosto envió a juicio a una persona sospechosa de participar en la agresión y cometer el robo. Además, el 7 de abril, manifestantes de nuevo habrían atacado a golpes en Andalgalá, en el norte de la provincia de Catamarca, al camarógrafo Carlos Romero[18].

16.              De acuerdo con información recibida, el 28 de abril un miembro del Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario de Lerma, en la provincia de Salta, habría agredido físicamente al reportero del diario El Tribuno, Jaime Barrera, como reacción a un artículo crítico del periodista acerca del trabajo de los concejales[19].

17.              Por otra parte, la Relatoría Especial fue informada de que el 2 de julio el periodista de Canal 8, Daniel Villamea, y el camarógrafo Aníbal Romero habrían sido agredidos por un agricultor y su hijo en Oberá, Provincia de Misiones, cuando realizaban una investigación acerca de presuntos maltratos a personas que vivían en su propiedad. Los comunicadores sufrieron golpes y excoriaciones varias[20].

18.              La Relatoría Especial recibió información acerca de una serie de ataques que habrían afectado a diferentes radioemisoras. De acuerdo con lo informado a la Relatoría Especial, el 9 de enero de 2010 la antena de la emisora Radio Arco Iris, de la localidad de Loncupué, en la Provincia de Neuquén, habría sido dañada por desconocidos[21]. El 2 de julio, desconocidos habrían derribado la antena de la emisora Amplitud 770, en la provincia de Buenos Aires,  al cortar los cables que la sostenían[22]. El 27 de julio, un incendio intencional habría dañado las instalaciones de la radio FM Belgrano, en Junín, provincia de Buenos Aires[23]. En otro hecho, el 18 de noviembre habría sido robado el equipo de transmisión de la radio comunitaria FM Nueva Generación en San Martín, provincia de Buenos Aires, que dejó a la emisora fuera del aire. Los perpetradores no se llevaron ningún otro equipo electrónico[24]. Finalmente, en la madrugada del 30 de noviembre, desconocidos habrían irrumpido en las instalaciones de transmisión de la Radio Nacional San Martín de los Andes, de Neuquén, y habrían destruido equipos esenciales para la emisión de la señal, sin robar nada más. Según la información recibida, el ataque habría ocurrido pocos días después de que la emisora pusiera en funcionamiento un nuevo transmisor que ampliaba el alcance de la señal[25].

19.              La Relatoría Especial fue informada acerca de la detención que habría sufrido el 20 de abril, por parte de la Policía, el fotógrafo Gustavo Torres de El Diario de la Región en la provincia de El Chaco, cuando cubría una información policial. Según la Información recibida las autoridades le habrían ordenado, además, borrar las imágenes captadas. Dirigentes sindicales también habrían intimidado y obligado a borrar las imágenes al fotógrafo Alcides Quiroga, del diario La Prensa de Santa Cruz, en un piquete que realizaban el 16 de abril en Caleta Olivia[26].

20.              Por otra parte, la Relatoría Especial recibió información acerca de un presunto hostigamiento policial del que habría sido víctima el periodista José Piedra, de la radioemisora FM Chaco, en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, a raíz de informaciones que él divulgó relacionadas con un crimen cometido en esa localidad en la cual podrían estar involucrados algunos policías locales. Piedra denunció que el 12 de mayo un grupo de hombres, entre ellos un policía, derribaron la puerta de su casa y amedrentaron a su familia. Después habría sido seguido e intimidado por vehículos y efectivos policiales[27].

21.              La Relatoría Especial fue informada de las amenazas telefónicas e intimidaciones que habrían recibido el 6 de abril el periodista del diario La Voz del Interior, Juan Federico, el conductor del programa ADN del Canal 10 de Córdoba, Tomás Méndez y su productor, Guillermo Bahr luego de haber publicado investigaciones relacionadas con la venta minorista de droga en la provincia de Córdoba[28].

22.              Según el principio 9 de la Declaración de Principios, “[el] asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

23.              La Relatoría Especial recibió información acerca de algunas declaraciones e incidentes que registran un clima de aguda polarización entre algunos funcionarios del gobierno y seguidores de este, y un grupo de medios de comunicación y sus periodistas. De acuerdo con la información recibida, en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades argentinas habrían aparecido en abril carteles anónimos con mensajes que insultan y estigmatizan a periodistas que trabajan con el grupo Clarín por el hecho de trabajar en dicho grupo[29]. Por otra parte, en el contexto del enfrentamiento público entre el gobierno y este grupo de medios, el 8 de octubre el ministro de Economía, Amado Boudou, habría dicho durante una entrevista en Washington D.C., que dos periodistas de los periódicos La Nación y Clarín, serían “como los que ayudaban a limpiar las cámaras de gas del nazismo”. De acuerdo con la información recibida, Boudou se excusó cuatro días después ante la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) por haber usado una “metáfora inapropiada” pero habría manifestado que no se disculparía con los periodistas pues los comunicadores mantendrían “actitudes antiargentinas” por “publicar permanentemente mentiras” en los diarios para los que trabajan[30]. Estas declaraciones se producen en un marcado ambiente de tensión entre algunas autoridades gubernamentales y el grupo de medios referido.

24.              Asimismo, según la información recibida, el Presidente del Concejo Deliberante de la localidad de El Soberbio, Juan Carlos Pereira, se habría referido en términos particularmente duros hacia la revista Apta Para Todo Público y habría admitido que procura imponer cargas impositivas a esa publicación por razón de su línea editorial[31].

25.              La existencia de un contexto de confrontación extrema, en el cual se producen descalificaciones y estigmatizaciones constantes, genera un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos. Si bien es cierto que la tensión entre la prensa y los gobiernos es un fenómeno normal que se deriva de la natural función de la prensa y que se produce en muchos Estados, también lo es que una aguda polarización cierra los espacios para debates sosegados y no ayuda ni a las autoridades ni a la prensa a cumplir mejor el papel que a cada uno corresponde en una democracia vigorosa, deliberativa y abierta. En estos casos, es tarea del Estado, dadas sus responsabilidades nacionales e internacionales, contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas, incluso cuando las mismas le resulten ofensivas o perturbadoras. Como lo ha reiterado la CIDH, el Estado debe abstenerse en todos los casos, de utilizar cualquiera de sus facultades para premiar a los medios cercanos y castigar a quienes disienten o critican sus acciones. En este sentido, las autoridades deben responder las críticas que encuentre injustificadas o las informaciones que consideren equivocadas generando las condiciones para que exista más y mejor debate e información y no a través de medidas que puedan inhibir y afectar el vigor en la deliberación. A su turno, como lo establece el principio 6 de la Declaración de Principios aprobada por la CIDH, la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.

26.                           Durante 2010, la Relatoría Especial recibió información sobre dos medidas adoptadas por el gobierno argentino respecto de empresas de las cuales es accionista el grupo de medios Clarín. En particular, la Relatoría Especial siguió de cerca las denuncias efectuadas por el Gobierno Nacional en contra de directivos de los diarios Clarín y La Nación en relación a la compra de la empresa productora de papel para periódicos Papel Prensa[32]. Asimismo, la Relatoría Especial siguió de cerca el proceso administrativo iniciado contra la empresa proveedora de servicios de acceso a Internet Fibertel[33]., propiedad del Grupo Clarín. La primera medida mencionada -referida a Papel Prensa- se relaciona con la distribución del papel para periódicos, la segunda -referida a la empresa Fibertel- se refiere a la prestación de servicios de Internet para un número significativo de usuarios en la Argentina. Por estas razones, y por el contexto que ya ha sido explicado, las medidas gubernamentales mencionadas merecieron especial atención de la Relatoría. Actualmente los dos asuntos referidos se encuentran bajo estudio ante el poder judicial[34] y la reglamentación del papel para periódicos se encuentra en debate en el poder legislativo[35]. La Relatoría Especial espera que los asuntos referidos, dada su notable importancia para el ejercicio de la libertad de expresión, se resuelvan de conformidad con los estándares internacionales en la materia.

27.              En particular en cuanto se refiere a la regulación de papel periódico, el asunto es de tanta importancia para el sistema interamericano que el propio articulo 13 de la Convención Americana establece que “[n]o se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. En este sentido, resulta importante aplicar a la producción de papel para periódicos las normas antimonopolio existentes de forma tal que se fomente así su libre producción. Este régimen corresponde definirlo al poder legislativo, atendiendo especialmente a la obligación de impedir la existencia de controles oficiales o particulares abusivos. En particular, es importante tener en cuenta que so pretexto de regular los monopolios no puede crearse una forma de intervención que permita que el Estado afecte este sector de ninguna otra manera distinta a evitar la concentración en la propiedad y el control en la producción y distribución de este insumo y facilitar la producción libre y competitiva de papel. Al momento de cierre del presente informe la Asamblea no había aun tomado una decisión al respecto. Por las razones anotadas la Relatoría Especial se encuentra haciendo estrecho seguimiento al tema.

28.              Finalmente, la Relatoría Especial toma nota de que una vez proferida la resolución 100/2010 de la Secretaría de Comunicaciones que ordenó la liquidación de Fibertel y el traslado de los usuarios a otras empresas proveedoras de Internet, la Comisión Nacional de Comunicaciones comenzó a emitir un aviso publicitario oficial, de poco más de dos minutos y medio en el que informaba a la población sobre la posición del Estado respecto de este caso e indicaba a los usuarios que tenían “todo el derecho a reclamar por aquello que paga[ron] mientras la empresa funcionaba en forma ilegal”. El aviso fue transmitido principalmente durante la transmisión de los partidos de fútbol de primera división, cuyos derechos de transmisión, desde agosto de 2009 están en manos del Estado Nacional. El 30 de noviembre de 2010, un juez resolvió dictar una medida cautelar, a través de la cual ordenó a diversos canales que transmiten los partidos de fútbol de primera división que se abstengan de transmitir la publicidad oficial mencionada[36].





[1] Página 12. 5 de julio de 2010. CFK encabezó un homenaje a Eduardo Kimel. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-148895-2010-07-05.html; La Nación. 5 de julio de 2010. La presidenta apuntó contra la justicia por los frenos a la Ley de Medios. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1281836
[2] El caso se originó en una publicación de marzo de 2003 que consignó de manera inexacta información concerniente a la extensión de algunas propiedades de Di Salvo, senador provincial, ex intendente y ex concejal. Aunque el diario rectificó la información días después, Di Salvo insistió en que se le había ofendido intencionalmente. Un juez de primera instancia rechazó la demanda;  sin embargo,  la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó el fallo anterior y condenó al periódico La Mañana a pagar $20.000 y  a publicar la parte resolutiva de la sentencia en la primera plana de una edición dominical de ese diario. Corte Suprema de Justicia de La Nación. Republica Argentina. 19 de mayo de 2010. Di Salvo, Miguel Ángel c/ Diario La Mañana s/ daños y perjuicios. Expediente  D 281. XLIII. Disponible a través de: http://www.csjn.gov.ar/jurisprudencia.html. Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. 27 de mayo de 2010. Sebastián Borda. El fallo de la Corte Suprema fortalece la libertad de prensa. Disponible en: http://www.adepa.org.ar/secciones/reportajes/nota.php?id=426. Centro de Información Judicial. 20 de mayo de 2010. La Corte Suprema reafirmó la protección a la libertad de expresión. Disponible en: http://www.cij.gov.ar/imprimir.html?nid=4126
[3] El fallo de mayoría de la Corte Suprema hace suyo un dictamen de la Procuraduría Fiscal según el cual “la simple reproducción de noticias proporcionadas para la difusión por las autoridades públicas, aún cuando sean falsas, no excede el ejercicio regular del derecho de crónica, pues la calidad de la fuente exonera a la prensa de indagar la veracidad de los hechos, y porque la previa averiguación de la noticia en tales supuestos limitaría ese derecho, estableciendo una verdadera restricción a la libertad de información”. Corte Suprema de Justicia de La Nación. 8 de junio de 2010. Canavesi, Eduardo Joaquín y otra c/ Diario 'El Día' Soc. Impr. Platense SACI s/ daños y perjuicios. Expediente C. 3548. XLII. Disponible en: http://www.mpf.gov.ar/biblioteca/newsletter/n223/canvesi.pdf. Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 8 de junio de 2010. La Corte Suprema revocó una condena a diario platense. Disponible en: http://www.fopea.org/Libertad_de_Expresion/Casos_registrados/Junio_2010/La_Corte_Suprema_revoco_una_condena_a_diario_platense
[4] En su decisión del 15 de junio de 2010, la Corte Suprema considera el esquema de distribución de publicidad oficial propuesto por el gobierno provincial como una “base apta para satisfacer el mandato de la sentencia definitiva”. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 15 de junio de 2010. Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción de amparo. Expediente E. 1. XXXIX. Disponible a través de: http://www.csjn.gov.ar/jurisprudencia.html. Boletín Oficial. Provincia del Neuquén. República Argentina. 29 de octubre de 2010. Edición N° 3217. Decreto N° 2034 del 22 de octubre de 2010. Disponible en: http://www.censuraindirecta.org/web_files/download/publicaciones/archivo/Decreto-2034-pdf-1627.pdf
[5] Diario Judicial. 3 de noviembre de 2010. El acceso a la información será más pública (pero cuesta). Disponible en: http://www.diariojudicial.com/contenidos/2010/11/03/noticia_0002.html; Clarín. 1 de octubre de 2010. Diputados busca apurar la ley de acceso a información pública. Disponible en: http://www.clarin.com/sociedad/Diputados-apurar-acceso-informacion-publica_0_345565569.html; Diario Judicial. 30 de septiembre de 2010. El Senado dio media sanción a la Ley de Acceso a la Información Pública. Disponible en: http://www.diariojudicial.com/contenidos/2010/09/30/noticia_0007.html
[6] Según el fallo que confirma la sentencia de primera instancia: “no se advierte que la información solicitada revista carácter personal de carácter sensible, por lo que el condicionamiento de su divulgación al consentimiento previo de los contratistas configura una arbitrariedad manifiesta”. Cámara Contenciosa Administrativa Federal. 2 de noviembre de 2010. Asociación de Derechos Civiles y Otros c/ En-SMC-s/amparo Ley 16.986. Disponible en: http://www.censuraindirecta.org.ar/images/fck/file/Sentencia%20de%20C%C3%A1mara%20Secretar%C3%ADa%20de%20Medios%20(511-2010).pdf. Asociación por los Derechos Civiles. 8 de noviembre de 2010. Confirman una sentencia en contra de la Secretaría de Medios por publicidad oficial. Disponible en: http://www.adc.org.ar/sw_contenido.php?id=791
[7] Dicha información había sido solicitada por las organizaciones Poder Ciudadano y Asociación por los Derechos Civiles. Argentina Actual. 23 de marzo de 2010. El gobierno nacional niega la difusión del gasto publicitario oficial. Disponible en: http://argentina-actual.com.ar/actualidad/el-gobierno-nacional-niega-la-difusion-del-gasto-publicitario-oficial/; Clarín. 7 de septiembre de 2010. Publicidad oficial: dan hasta 780 veces más pauta a medios amigos. Disponible en: http://www.clarin.com/politica/gobierno/Publicidad-oficial-veces-medios-amigos_0_331166934.html
[8] Asociación por los Derechos Civiles. 31 de agosto de 2010. La justicia ordenó al PAMI y a Secretaría de Medios a entregar información sobre pauta oficial. Disponible en: http://www.censuraindirecta.org.ar/sw_contenido.php?id=578. Poder Judicial de la Nación. 14 de diciembre de 2009.Expediente 18.078/2009. Asociación Derechos Civiles c EN-PAMI-(Dto 1172/03) s /Amparo Ley 16986. Disponible en: http://www.censuraindirecta.org/web_files/download/publicaciones/archivo/Asociacion-por-los-Derechos-Civiles-c-1624.pdf
[9] La Ley establece los siguientes principios rectores para toda cuestión vinculada con la publicidad oficial: Interés general y utilidad pública; transparencia en el proceso de contratación; equidad en la distribución y pluralidad de medios; razonabilidad de la inversión; claridad del mensaje; y eficacia y eficiencia. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley 3391. 3 de diciembre de 2009. Disponible en: http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3391.html. Por su parte, el veto parcial cuestiona, entre otros aspectos, que la prohibición a “incluir el nombre, voz, imagen o cualquier otro elemento identificable con funcionarios del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” limita la rendición de cuentas de los funcionarios a la ciudadanía y que la especificación de los propósitos para los cuales debe servir la publicidad oficial veda sin fundamento la “información relativa a políticas, programas y servicios que se encuentren en etapas previas [a la etapa de ejecución]. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Veto de la Ley 3.391. Decreto No. 122/010. BOCBA No. 3353 del 2 de febrero de 2010. Disponible en: http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/anexos/dvl3391.html
[10] Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 26 de agosto de 2010. Fopea saluda resolución que intima a canal estatal a garantizar el contenido verídico y pluralista de sus noticieros. Disponible en: http://www.fopea.org/Inicio/Fopea_saluda_resolucion_que_intima_a_canal_estatal_a_garantizar_el_contenido_veridico_y_pluralista_de_sus_noticieros; Federación Argentina de Trabajadores de la Prensa. 6 de septiembre de 2010. La Pampa: intiman a democratizar contenidos de Canal 3. Disponible en: http://www.fatpren.org.ar/noticias/la-pampa-intiman-a-democratizar-contenidos-de-canal-3.html
[11] Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 14 de septiembre de 2010. FOPEA saluda decisión judicial que defiende la libertad de expresión. Disponible en: http://www.fopea.org/Inicio/Fopea_saluda_decision_judicial_que_defiende_la_libertad_de_expresion; Perfil.com.14 de septiembre de 2010. Acusan al intendente de Mendoza por amenazas a periodista.  Disponible en: http://www.perfil.com/contenidos/2010/09/14/noticia_0019.html
[12] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 10 de septiembre de 2010.  Comunicado de Prensa R91/10. Relatoría Especial condena asesinato de periodista en Argentina. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=817&lID=2; Commitee to Protect Journalists. 10 de septiembre de 2010. Argentina: Periodista muere apuñalado en Buenos Aires. Disponible en: http://cpj.org/es/2010/09/argentina-periodista-muere-apunalado-en-buenos-air.php#more; Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 6 de septiembre de 2010. Fopea condena el asesinato del periodista y dirigente social de la Villa 31 y pide urgentes medidas de seguridad ya que la familia sigue amenazada. Disponible en: http://www.fopea.org/Comunicados/2010/Fopea_condena_el_asesinato_del_periodista_y_dirigente_social_de_la_Villa_31_y_pide_urgentes_medidas_de_seguridad_ya_que_la_familia_sigue_siendo_amenazada; Página 12. 5 de septiembre de 2010. Una muerte de madrugada. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-152635-2010-09-05.html
[13] Perfil.com. 12 de septiembre de 2010. La CIDH pide que se investigue el crimen del periodista de la 31. Disponible en: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0503/articulo.php?art=24240&ed=0503; Online-911. 4 de octubre de 2010. A un mes del crimen de Ledesma reclaman ante Cristina y Macri. Disponible en: http://911-online.com.ar/leer.php?s=1&id=10750&t=A-un-mes-del-crimen-de-Ledesma-reclaman-ante-Cristina-y-Macri; NP Agencia de Noticias Paraguayas. 12 de octubre de 2010. Ordenan la captura de paraguayo por el crimen del periodista boliviano. Disponible en: http://www.noticiasparaguayas.com/uninot.php?esc=2691
[14] Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 17 de febrero de 2010. Fopea repudia agresión a periodista en La Leonesa, Chaco. Disponible en: http://www.fopea.org/Inicio/Fopea_repudia_agresion_a_periodista_en_la_Leonesa_Chaco; Reporteros Sin Frontera (RSF). 25 de febrero de 2010. Ataques a la prensa en regiones bajo el yugo de industrias tóxicas. Disponible en: http://www.rsf.org/Ataques-a-la-prensa-en-regiones.html
[15] Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 25 de agosto de 2010. Argentina: Trabajador de prensa herido y emisora de Salta silenciada en un atentado. Disponible en: http://www.periodistas-es.org/correos-al-editor/argentina-trabajador-de-prensa-herido-y-emisora-de-salta-silenciada-en-un-atentado; La Hora de Salta. 24 de agosto de 2010. Repudian atentado contra una radio de Cerrillos y exigen garantías. Disponible en: http://www.lahoradesalta.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=12988:repudian-atentado-contra-una-radio-de-cerrillos-y-exigen-garantias&catid=44:cerrillos&Itemid=62
[16] Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) / IFEX. 29 de noviembre de 2010. Atentado contra emisora en Salta. Disponible en: http://www.ifex.org/argentina/2010/11/29/fm_cerrillos_attack/es/
[17] Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) / IFEX. 1 de abril de 2010. Prenden fuego al automóvil del periodista. Disponible en: http://www.ifex.org/argentina/2010/04/01/gomez_car_fire/es/; Perfil.com. 6 de abril de 2010. Adela Gómez: “En Santa Cruz no se puede hacer periodismo crítico”. Disponible en: http://www.perfil.com/contenidos/2010/04/05/noticia_0021.html; Online-911. 29 de marzo de 2010. Santa Cruz: queman el auto de una periodista en Caleta Olivia. Disponible en: http://www.online-911.com/leer.php?s=1&id=5823
[18] Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social (FELATRACS). 20 de abril de 2010. Reporte 1047. Ambientalistas agreden a periodistas. Disponible en http://www.felatracs.net/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=264:reporte-1047&catid=15:ola&Itemid=46; F.M. Platinum 96.5 Andalgalá. 27 de mayo de 2010. Locales-Policiales: La escalada en la protesta de los grupos ambientalistas. Disponible en: http://fmplatinum965andalgala.blogspot.com/2010/05/locales-policiales-la-escalada-en-la.html; El Ancasti. 25 de agosto de 2010. Envían a juicio la causa contra un ambientalista. Disponible en: http://www.elancasti.com.ar/nota.php?id=78543; El Esquiú. 8 de septiembre de 2010. Envían a juicio a 5 ambientalistas. Disponible en http://www.elesquiu.com/notas/2010/9/8/policiales-175322.asp
[19] El Tribuno. 29 de abril de 2010. Cobarde agresión contra un periodista del diario El Tribuno. Disponible en:  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-0y8Gini-FcJ:www.eltribuno.info/salta/diario/2010/04/29/salta/cobarde-agresion-contra-un-periodista-del-diario-el-tribuno+sajama+barrera+salta+golpe&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=us; Noticias Iruya.com. 29 de abril de 2010. El presidente del Concejo Deliberante de Rosario de Lerma agrede a un periodista. Disponible en: http://noticias.iruya.com/sociedad/sucesos/2593-concejal-agrede-periodista-salta.html
[20] Misiones Líder. 4 de julio de 2010. Periodista y camarógrafo de medios obereños denunciaron agresiones por parte de agricultores. Disponible en: http://www.misioneslider.com.ar/?modulo=extendido&id=8048; InforMate Digital. 4 de julio de 2010. El FoPreMi e InforMate Digital repudian agresiones a periodistas de Oberá. Disponible en: http://informatedigital.com.ar/ampliar3.php?id=38438&PHPSESSID=a99ddaa36387d1af55b0f713d0eedaa6
[21] El atentado ocurrió en el contexto de una disputa entre empresas mineras y grupos ambientalistas, a los que la emisora ha respaldado. Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 9 de enero de 2010. Atacan nuevamente a la radio neuquina FM Arco Iris. Disponible en: http://www.fopea.org/Inicio/Atacan_nuevamente_a_la_radio_neuquina_FM_Arco_Iris. Reporteros Sin Fronteras. 25 de febrero de 2010. Ataques a la prensa en regiones bajo el yugo de industrias tóxicas. Disponible en: http://www.rsf.org/Ataques-a-la-prensa-en-regiones.html
[22] Radio Continental. 5 de julio de 2010. Denuncian que la radio AM 770 dejó de transmitir por un atentado. Disponible en: http://www.continental.com.ar/nota.aspx?id=1322783; La Noticia 1.com. 7 de julio de 2010. Ley de medios: Polémica con Radio Cooperativa por la frecuencia de AM 770. Disponible en: http://www.lanoticia1.com/noticia/ley-de-medios-polemica-por-la-frecuencia-de-radio-am-770-307106550.html
[23] Diario Democracia. 28 de julio de 2010. Consideran un atentado el incendio en FM Belgrano. Disponible en: http://www.diariodemocracia.com/diario/articulo.php?idNoticia=21492; Hoy en Día Chacabuco. 28 de julio de 2010. Atentado en la FM Belgrano de Junín. Disponible en: http://www.hoyendiachacabuco.com.ar/?p=7913
[24] Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). 23 de noviembre de 2010. La UTPBA repudia el atentado a FM Nueva Generación. Disponible en: http://legislaciones.item.org.uy/index?q=node/1966. Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 3 de diciembre de 2010. Atentados dejan fuera del aire a Radio Nacional San Martín de los Andes y a una emisora comunitaria del conurbano. Disponible en: http://www.fopea.org/Inicio/Atentados_dejan_fuera_del_aire_a_Radio_Nacional_San_Martin_de_los_Andes_y_a_una_emisora_comunitaria_del_conurbano
[25] Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 3 de diciembre de 2010. Atentados dejan fuera del aire a Radio Nacional San Martín de los Andes y a una emisora comunitaria del conurbano. Disponible en: http://www.fopea.org/Inicio/Atentados_dejan_fuera_del_aire_a_Radio_Nacional_San_Martin_de_los_Andes_y_a_una_emisora_comunitaria_del_conurbano; Telam. 2 de diciembre de 2010. Neuquén: Rompieron equipos de Radio Nacional y su directora denuncia que “fue un atentado”. Disponible en: http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=205226&id=389595&dis=1&sec=1
[26] Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) / IFEX. 29 de abril 2010. Agresiones a fotógrafos en Chaco y Santa Cruz. Disponible en: http://www.ifex.org/argentina/2010/04/29/photographers_harassed/es/; Diario Chaco. 21 de abril de 2010. Vallejos preocupado por episodio contra fotógrafo. Disponible en: http://www.diariochaco.com/noticia.php?numero=55283; Organización Periodística Independiente Santa Cruz. 16 de abril de 2010. Un fotógrafo fue obligado por los desocupados de la UOCRA, a borrar las fotos del piquete. Disponible en: http://www.opisantacruz.com.ar/home/2010/04/16/un-fotografo-fue-obligado-por-los-desocupados-de-la-uocra-a-borrar-las-fotos-del-piquete/8783
[27] Nuevo Diario de Salta. 13 de mayo de 2010. José Piedra: “Me tratan de intimidar”. Disponible en: http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/diario/archivo/noticias_v.asp?32193; Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) / IFEX. 14 de mayo de 2010. Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) alerta por hostigamientos policiales a periodista de Tartagal. Disponible en: http://www.ifex.org/argentina/2010/05/14/piedra_threatened/es/
[28] Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX). 12 de abril de 2010. FOPEA repudia amenazas a periodistas de “La Voz del Interior” y Canal 10. Disponible en: http://www.ifex.org/argentina/2010/04/12/journalists_threatened/es/; La Nación.com. 9 de abril de 2010. Amenazan a tres periodistas cordobeses por investigar la venta de drogas. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1252414
[29] Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 16 de abril de 2010. FOPEA repudia la aparición de afiches contra periodistas. Disponible en: http://www.fopea.org/Comunicados/2010/Fopea_repudia_la_aparicion_de_afiches_contra_periodistas. Clarín.com. 23 de abril de 2010. Gobierno busca despegarse de los afiches anónimos contra la prensa. Disponible en http://edant.clarin.com/diario/2010/04/23/um/m-02186373.htm
[30] Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 11 de octubre de 2010. Fopea repudia las declaraciones del ministro Boudou. Disponible en: http://www.fopea.org/Comunicados/2010/Fopea_repudia_las_declaraciones_del_Ministro_Boudou; Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). 18 de octubre de 2010. “Los insultos dinamitan los puentes del diálogo” advirtió ADEPA. Disponible en: http://www.adepa.org.ar/secciones/ldp/nota.php?id=534. Clarín.com. 13 de octubre de 2010. Boudou se excusó ante DAIA pero volvió a atacar a la prensa. Disponible en: http://www.clarin.com/politica/gobierno/Boudou-DAIA-volvio-atacar-prensa_0_352764731.html
[31] Al ser consultado por FOPEA acerca de las denuncias hechas por Valentina Lovell, el Presidente del Concejo Deliberante de El Soberbio, Juan Carlos Pereira, habría respondido: “Lo que dicen los diarios me lo paso por las pelotas. En este pueblo mandamos nosotros porque así lo dice la gente que nos votó con el 70% de los votos”. Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) / IFEX. 8 de octubre de 2010. Funcionarios amenazan, hostigan y quitan pauta a periodistas. Disponible en: http://www.ifex.org/argentina/2010/10/14/funcionarios_quitan_pauta/es/
[32] Cfr. Decreto 1210/2010 del 30 de agosto de 2010. Disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/171211/norma.htm. El 13 de septiembre de 2010 la Relatoría Especial solicitó información al Estado argentino relativa al contenido del informe elaborado por el gobierno sobre el proceso de adquisición de la empresa Papel Prensa; las autoridades ante quienes se planeaba presentar dicho informe; y las medidas que adoptará la administración respecto de Papel Prensa S.A. El 12 de octubre de 2010, la Relatoría Especial recibió la respuesta del Estado a través del envío del Informe Especial de la Secretaría de Derechos Humanos en respuesta a la comunicación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Recibido el 12 de octubre de 2010, en archivo en la Relatoría Especial.
[33] Secretaría de Comunicaciones. Resolución 100/2010 del 19 de agosto de 2010. Disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/170737/norma.htm. El 13 de septiembre de 2010 la Relatoría Especial solicitó información al Estado argentino relativa a la legislación vigente, el procedimiento seguido para adoptar la decisión, la proporcionalidad de la decisión adoptada y, especialmente, la existencia de estudios que permitieran asegurar que el numero significativo de usuarios de Internet a través de la empresa Fibertel tendrían la oportunidad de acceder al servicio en condiciones adecuadas. El 12 de octubre de 2010, la Relatoría Especial recibió la respuesta del Estado a través del envío del Informe Especial de la Secretaría de Derechos Humanos en respuesta a la comunicación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Recibido el 12 de octubre de 2010, en archivo en la Relatoría Especial.
[34] En cuanto se refiere a la decisión que ordena la liquidación de Fibertel, la Relatoría Especial fue informada de que tanto la empresa como varios usuarios acudieron al poder judicial para cuestionarla. A la fecha de cierre del presente informe, varias medidas cautelares habían sido dictadas por distintos jueces de distintas localidades del país que ordenaban suspender los efectos de la resolución 100/2010 de la Secretaría de Comunicaciones, por ejemplo, tribunales de las provincias de Buenos Aires y Salta. Sin embargo, otros tribunales rechazaron pedidos similares, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba. Ver: La Nación. 20 de noviembre de 2010. Fibertel: otros dos fallos judiciales contrapuestos. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1326389; La Nación. 13 de noviembre de 2010. La Justicia suspende en Salta el cierre de Fibertel. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1324213; La Mañana de Córdoba. 2 de diciembre de 2010. Revés en tribunales para Fibertel. Disponible en: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=39432; Telam. 13 de noviembre de 2010. La justicia cordobesa rechazó un amparo presentado por un usuario de Fibertel. Disponible en: http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=203399&id=386352&dis=1&sec=2
[35] Dicho proyecto de ley ingresó al Poder Legislativo el 14 de septiembre de 2010 y fue pasado a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados (Proyecto de ley 0024-PE-2010. Declarar de Interés Público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios. Disponible en: http://www1.hcdn.gov.ar/cb/proyectosd.asp?condictytram=true&whichpage=1&fromForm=1&id_proy=119376). Según el proyecto de ley aprobado en comisión, la producción de papel para diarios pasa a ser considerada de “interés público”, se establece un “precio final igualitario” para todos los diarios del territorio nacional y se crea un ente de control en el ámbito del Poder Ejecutivo. Asimismo, el proyecto de ley prevé que ninguna empresa que tenga más del diez por ciento de las acciones de una empresa de medios gráficos o audiovisuales podrá ser titular de una empresa productora de papel para diarios. Al cierre de este informe, dicho dictamen no había sido tratado por el pleno de la Cámara de Diputados.
[36] Enciclomedios. 1 de diciembre de 2010. La Justicia le prohíbe al Estado usar la marca Fibertel en avisos de televisión que intenten desacreditarla. Disponible en: http://www.enciclomedios.com/node/12573. El Cronista Comercial. 1 de diciembre de 2010. Ordenan a canales de TV abstenerse de difundir comercial sobre Fibertel. En archivo en la Relatoría Especial; Clarín.com. 29 de agosto de 2010. Un aviso en el canal oficial a la hora del fútbol. Disponible en: http://www.clarin.com/politica/aviso-canal-oficial-hora-futbol_0_325767547.html; Cfr. http://www.youtube.com/watch?v=qQNIYkRU0YE

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Lunes, 25 de Abril de 2011 11:20
Ley Publicidad Oficial Ciudad Buenos Aires vetada por Macri



La Legislatura sancionó el 3 de diciembre la ley 3391 sobre publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires. La Ley había sido votada por unanimidad por los 56 diputados presentes en el recinto el 3 de diciembre de 2009 y tomaba para su texto los proyectos presentados por cinco legisladores, entre ellos, el proyecto de la diputada Diana Martínez Barrios, del bloque macrista. En enero, "la primera ley de publicidad oficial en el país" era vetada en forma parcial mediante el decreto 122/10, con fecha del 25 de enero por Mauricio Macri, que vetó nueve de sus 18 artículos. El veto parcial recae sobre algunos artículos que afectan la transparencia y la prohibición de uso propagandístico

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires fija en los articulos 88 y 89 los alcances del veto parcial por parte del Jefe Porteño.

ARTICULO 87.- El Poder Ejecutivo puede vetar totalmente un proyecto de ley sancionado por la legislatura expresando los fundamentos. Cuando esto ocurre el proyecto vuelve a la Legislatura, que puede insistir con mayoría de dos tercios de sus miembros, en cuyo caso el texto es ley. Si no se logra la mayoría requerida, el proyecto no puede volver a considerarse en ese año legislativo.

ARTICULO 88.- Queda expresamente prohibida la promulgación parcial, sin el consentimiento de la Legislatura. El Poder Ejecutivo puede vetar parcialmente un proyecto de ley, en cuyo caso el proyecto vuelve íntegramente a la Legislatura, que puede aceptar el veto con la misma mayoría requerida para su sanción o insistir en el proyecto original con mayoría de dos tercios de sus miembros.

El veto de Macri a la ley de publicidad crea un vacio que deja en suspenso a la ley.

¿Qué artículos se vetaron?

El decreto establece: "Vétase parcialmente el Proyecto de Ley N° 3.391, sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de diciembre de 2009, en sus artículos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18"

El artículo 5 establecía: Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los siguientes propósitos: 1. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles para los habitantes. El artículo 6 fijaba la creación de un Un Plan Anual de Publicidad Oficial. El artículo 8 señalaba las Prohibiciones: La Publicidad Oficial no puede: 1. Incluír el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con funcionarios del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2. Incluír frases, símbolos, logos, color y cualquier otro elemento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones políticas. El artículo 9 establecía: Limitaciones durante procesos electorales y el artículo 15 reglaba el Seguimiento y Fiscalización de la Publicidad Oficial.

El 8 de febrero de 2010 la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) manifiestó su rechazo al veto parcial "El veto -que abarca nueve artículos- elimina disposiciones sobre transparencia y prohibición de uso propagandístico de la pauta estatal que significaban pasos positivos en relación con el manejo de estos fondos públicos".

La ADC también afirmó: "Si bien la ley en su redacción aprobada adolece –según ya lo alertara oportunamente la ADC- de serias falencias, en particular por la ausencia de criterios claros y precisos para la asignación de la publicidad oficial, otros artículos aprobados significaban avances en relación con la transparencia en el manejo de la publicidad oficial. El veto vacía aún más de contenido a esta ley, y demuestra una reticencia del Ejecutivo a administrar los fondos públicos destinados a pauta de modo transparente y controlado".

Texto de la Ley En negrita artículos vetados. Buenos Aires, 03 de diciembre de 2009.- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como establecer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a tales fines.

Artículo 2º.- Definición. A los fines de la presente Ley se entiende por Publicidad Oficial todo acto de comunicación efectuado por cualquier dependencia u organismo de la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de un espacio publicitario gratuito o contratado bajo cualquier modalidad y en cualquier soporte.

Artículo 3º.- Exclusiones. Quedan excluidos de la presente Ley la publicación de textos ordenados, actos administrativos o judiciales.

Artículo 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe observar los siguientes principios rectores.

1. Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información de interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad. 2. Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio de las libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios o marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias. 3. Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través de criterios equitativos. 4. Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto de la contratación y el interés público comprometido. 5. Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil comprensión para la población objetivo. 6. Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos al menor costo posible.

Artículo 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los siguientes propósitos:

1. Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles para los habitantes. 2. Informar al público sobre sus derechos y obligaciones. 3. Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la comunidad. 4. Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires. 5. Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones de emergencia.

Artículo 6º.- Plan Anual de Publicidad Oficial. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben enviar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma anual, un plan estratégico de comunicación para el ejercicio presupuestario entrante, en cual debe detallarse:

1. Objetivos de las principales campañas. 2. Costos estimativos de esas principales campañas y 3. Unidad ejecutora solicitante de la campaña.

Artículo 7º.- Informe Anual de Ejecución. El poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben presentar ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, antes del 30 de junio de cada año, un informe de gestión en materia de comunicación referido al período próximo pasado, en el cual debe detallarse:

1. Medios con los que se contrató Publicidad Oficial especificando el monto, los descuentos obtenidos, espacios y unidades de medida contratados y a qué campaña corresponden. 2. En caso que la publicidad no se hubiera contratado en forma directa con el medio, nombre y domicilio de la agencia o agente de publicidad por cuyo intermedio se hayan cursado las respectivas órdenes de emisión, publicación o similares, medio en el que fue emitida y demás ítems mencionados en el inciso a). 3. Razones que hubiesen motivado el apartamiento del Plan Anual de Publicidad Oficial.

Artículo 8º.- Prohibiciones. La Publicidad Oficial no puede:

1. Incluír el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con funcionarios del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2. Incluír frases, símbolos, logos, color y cualquier otro elemento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones políticas. 3. Tener como finalidad principal influir en la decisión electoral de la población, ni fomentar la imagen positiva de cualquier funcionario público o del partido o sector gobernante, o la impresión negativa de una persona, sector, organización, agrupación o partido político. 4. Realizarse en eventos, publicaciones o actividades cuyo objetivo sea la promoción de sustancias psicoactivas, tales como el alcohol, los psicofármacos, las bebidas energizantes y el tabaco.

Artículo 9º.- Limitaciones durante procesos electorales. El Gobierno y las restantes dependencias y organismos de la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no deben emitir publicidad en ningún medio de comunicación durante los treinta (30) días inmediatamente anteriores a la fecha fijada para elecciones de autoridades locales. Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable en los siguientes casos:

1. Actividad relacionada con la organización y desarrollo de los procesos electorales. 2. Actividad publicitaria estrictamente necesaria para el correcto funcionamiento de los servicios públicos. 3. Emergencias que pongan en riesgo la salud o la seguridad de la población; 4. Actividad publicitaria que esté exigida por ley específica. 5. Eventos culturales, eventos deportivos y promoción de jornadas y congresos de interés público.

Artículo 10.- Registro de Medios de Comunicación. Créase el Registro de Medios de Comunicación en el que deben encontrarse inscriptos los medios de comunicación interesados en recibir Publicidad Oficial. Sin perjuicio de la información que la autoridad competente considere necesario solicitar, en dicho Registro deberán consignarse los siguientes datos:

1. Ambito geográfico de cobertura de los medios gráficos y, en el caso de medio televisivo o radial, definir el alcance de la señal. 2. Perfil temático del medio. 3. Cantidad de usuarios reales y potenciales.

Artículo 11.- Registro de Agencias de Publicidad. Las agencias de publicidad, diseño, mercadotecnia y comunicación que deseen proveer servicios de diseño y producción de publicidad oficial deben inscribirse en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores regulado en el artículo 22 de la Ley 2095.

Artículo 12.- Contratación y Procedimiento de Convocatoria. Los procedimientos para la contratación de Publicidad Oficial se rigen por la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, Nº 2095.

Artículo 13.- Sector Público. Los organismos del sector público, entre los que se encuentran la administración central, entes descentralizados, entidades autárquicas y cualquier otra entidad que pudiera depender del Poder Ejecutivo de la Ciudad, las Comunas, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los órganos creados por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y las empresas y sociedades del Estado y otras en las cuales el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, se encuentran alcanzados por los principios, propósitos y prohibiciones establecidas en los Arts. 4º, 5º, 8º y 9.

Artículo 14.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación del Poder Ejecutivo para la aplicación de la presente ley será la Secretaría de Comunicación Social o aquella que en el futuro la reemplace. Los poderes Legislativo y Judicial designaran los funcionarios responsables de la aplicación de la norma.

Artículo 15.- Seguimiento y Fiscalización de la Publicidad Oficial. La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene a su cargo la recepción del Plan Anual de Publicidad Oficial y del Informe Anual de Ejecución, previstos en los artículos 6º y 7º, remitiéndolo a la Comisión de Comunicación Social, que deberá realizar el análisis y las observaciones que correspondan.

Artículo 16.- Acceso a la información. El Gobierno y las restantes dependencias y organismos de la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán publicar en sus respectivos sitios web lo siguiente:

1. El Plan Anual de Publicidad contemplado en el artículo 6º. 2. El Informe Anual de Ejecución contemplado en el artículo 7º. 3. Los registros de Medios de Comunicación y de Agencias de Publicidad, contemplados en los artículos 10º y 11º.

Artículo 17.- Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley será considerado falta grave, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran corresponderle a las/os funcionarias/os que incurran en dicha conducta. Cualquier persona podrá solicitar ante los tribunales competentes de la Ciudad el cese de dichos incumplimientos.

Artículo 18.- Asignación Presupuestaria. En el caso de autorizarse una readecuación de partidas presupuestarias, la misma no podrá asignarse a publicidad oficial salvo expresa autorización legislativa.

Artículo 19.- Comuníquese, etc.

DIEGO SANTILLI

CARLOS PÉREZ LEY N° 3.391 Sanción: 03/12/2009 Veto Parcial: Decreto N° 122/010 del 25/01/2010 Publicación: BOCBA N° 3353 del 02/02/2010

fuente

VETO de la LEY Nº 3.391

DECRETO Nº 122/010 BOCBA N° 3353 del 02/02/2010

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.

VISTO: El Proyecto de Ley N° 3.391, las Leyes N° 70 y 268, y el Expediente N° 26.500/10, y

CONSIDERANDO:

Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 3 de diciembre de 2009, sancionó el Proyecto de Ley citado en el Visto, por el que se regula la producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la publicidad oficial de toda la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que el Poder Ejecutivo comparte la finalidad de garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial, elemento fundamental en la difusión de los actos de gobierno a los fines de su debido control republicano;

Que del examen del referido proyecto de Ley surge que su artículo 3º excluye de sus alcances la publicación de “textos ordenados, actos administrativos o judiciales”;

Que el artículo 5° dispone que “la Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los siguientes propósitos”, consignándose en el inciso a): “Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles para los habitantes”;

Que el artículo 6° establece que “los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben enviar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma anual, un plan estratégico de comunicación para el ejercicio presupuestario entrante, en cual debe detallarse” (sic) la información que allí se consigna;

Que mediante el artículo 8º del proyecto de Ley bajo análisis se prohíbe incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con funcionarios del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; incluir frases, símbolos, logos, color y cualquier otro elemento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones políticas; tener como finalidad principal influir en la decisión electoral de la población, ni fomentar la imagen positiva de cualquier funcionario público o del partido o sector gobernante, o la impresión negativa de una persona, sector, organización, agrupación o partido político; y realizarse en eventos, publicaciones o actividades cuyo objetivo sea la promoción de sustancias psicoactivas, tales como el alcohol, los psicofármacos, las bebidas energizantes y el tabaco.

Que el artículo 9º establece limitaciones a la publicidad durante los procesos electorales, disponiendo que el Gobierno y las restantes dependencias y organismos de la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no deben emitir publicidad en ningún medio de comunicación durante los treinta (30) días inmediatamente anteriores a la fecha fijada para elecciones de autoridades locales;

Que el artículo 16 dispone que “el Gobierno y las restantes dependencias y organismos de la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán publicar en sus respectivos sitios web” el Plan Anual de Publicidad contemplado en el artículo 6º, el Informe Anual de Ejecución a que se refiere el artículo 7º y “los registros de Medios de Comunicación y de Agencias de Publicidad, contemplados en los artículos 10º y 11º”;

Que el artículo 17, bajo el epígrafe de “Sanciones”, dispone: “El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley será considerado falta grave, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran corresponderle a las/os funcionarias/os que incurran en dicha conducta. Cualquier persona podrá solicitar ante los tribunales competentes de la Ciudad el cese de dichos incumplimientos”;

Que el artículo 18 del proyecto de Ley en estudio prevé que en el caso de autorizarse una readecuación de partidas presupuestarias, la misma no podrá asignarse a publicidad oficial salvo expresa autorización legislativa.

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura, expresando sus fundamentos;

Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un verdadero control de legalidad y razonabilidad;

Que la previsión contenida en el artículo 3º del proyecto de Ley en examen carece de la claridad y precisión necesarias, ya que su redacción daría lugar a dudas respecto del régimen jurídico aplicable a las publicaciones oficiales incluidas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;

Que la referencia en el citado precepto a “textos ordenados” podría interpretarse en el sentido de que el legislador ha pretendido incluir en el régimen del proyecto de Ley en revisión otro tipo de textos normativos, por ejemplo, la publicación de leyes, situación por demás anómala ya que la misma es un requisito constitucional que hace a su vigencia;

Que la disposición del inciso a) del artículo 5° introduce una limitación de cuestionable razonabilidad, en tanto exige que la información se refiera a políticas, programas y servicios del Gobierno de la Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles para los habitantes, vedando sin mayor fundamento, entre otras, la información relativa a políticas, programas y servicios que se encuentren en etapas previas;

Que la prescripción del artículo 6° no indica a qué fines o con qué efectos jurídicos debe realizarse la presentación allí requerida, observándose que no surge del texto normativo proyectado si el órgano legislativo debe –o puede– aprobar o rechazar el plan estratégico;

Que dicha norma implica una indebida intromisión del Poder Legislativo en las incumbencias constitucionales de los restantes poderes, afectando el sistema republicano consagrado por el artículo 1° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que en el caso del Poder Ejecutivo se restringen, sin sustento constitucional alguno, las atribuciones que le confieren los artículos 102 y 104 de la Ley Fundamental local, que ponen a su cargo la administración de la Ciudad, la planificación general de la gestión, la dirección general de la administración pública y la formulación y dirección de las políticas públicas;

Que las disposiciones constitucionales vigentes ya contemplan la intervención legislativa previa al inicio del correspondiente ejercicio presupuestario, en la oportunidad y a los fines establecidos por el artículo 80 inciso 12 de la Constitución local;

Que por las razones esgrimidas respecto del artículo 6° del proyecto de Ley en análisis, habrá de observarse consecuentemente el artículo 15, atento su directa vinculación;

Que respecto de esta última norma cabe señalar, además, que no se establecen los alcances y efectos de las “observaciones” que se prevé efectúe una Comisión de la Legislatura;

Que con respecto a las previsiones del artículo 8º, merece reproche la prohibición de incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con funcionarios del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (inciso a);

Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den así a conocer;

Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sistema republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista de todo tipo de connotación partidaria;

Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de nuestro país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan adelante una gestión pública comunican sus actos de gobierno;

Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público –en especial el electo por la voluntad popular– en los mensajes comunicacionales de gobierno, tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca de las acciones que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre el cumplimiento del programa de gobierno proyectado;

Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos y permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos la gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;

Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;

Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, de conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya citados;

Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social, elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de gobierno, de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación de los signos de identidad;

Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o símbolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del Poder Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los ciudadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad;

Que asimismo corresponde destacar que cada administración instituye una impronta de comunicación, y esa imagen, en términos comunicacionales, identifica las acciones de una gestión de gobierno en especial;

Que con respecto a las previsiones del artículo 9° del proyecto de Ley bajo análisis, el plazo allí establecido resulta ser excesivo y contrario al estipulado en similares términos por la Ley Nacional Nº 26.571, que fija un plazo de quince (15) días de prohibición a la fecha prevista para la realización de las elecciones primarias y la elección general, plazo que aparece como más razonable en relación con la necesidad de comunicar las acciones de gobierno aún en épocas electorales;

Que en este sentido debe destacarse que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires estas cuestiones se encuentran ya reguladas por la Ley N° 268, que prohíbe durante el plazo de duración de la campaña electoral la propaganda institucional que tienda a inducir el voto;

Que por los fundamentos expresados respecto del artículo 6° del proyecto de Ley sub examine, resulta observable la previsión del inciso a) del artículo 16, en tanto requiere la publicación del Plan Anual objetado;

Que en cuanto a la disposición del inciso c) del citado artículo 16, no se advierte la razonabilidad de que los registros de Medios de Comunicación y de Agencias de Publicidad sean repetidamente publicados en los sitios web de todas y cada una de las dependencias y organismos de la administración pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;

Que en lo que hace al artículo 17, se observa que en una norma relativa al régimen sancionatorio –sobre el cual se hacen referencias de orden administrativo, civil y penal– se introduce una cuestión de legitimación procesal, totalmente ajena a aquél, vinculada con el cese de los incumplimientos y no con las sanciones que por ellos correspondan;

Que merece reproche asimismo el artículo 18 del proyecto de Ley en estudio, que claramente afecta las competencias ya mencionadas, que al Jefe de Gobierno asigna la Constitución de la Ciudad (artículos 102 y 104);

Que, en este contexto, la Ley N° 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad”, de raigambre constitucional, establece en su artículo 63 que la reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la Ley de Presupuesto General que resulten necesarias durante su ejecución.

Que conforme el precepto legal citado corresponde a la Legislatura modificar la ley de Presupuesto General si resulta necesario durante su ejecución, cuando afecte al total del presupuesto, al monto del endeudamiento autorizado, así como incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras, cambiar la distribución de las funciones, y modificar el crédito total autorizado para las partidas de “Transferencias“ y las de “Personal“ con excepción de los refuerzos originados en el “Crédito Adicional“;

Que las demás modificaciones corresponden al Poder Ejecutivo, pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto, debiendo en todos los casos dichas modificaciones ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;

Que por ello, resultando la cuestión claramente de competencia del Poder Ejecutivo, el artículo 18 del proyecto de Ley en consideración debe ser observado;

Que por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto establecido por el artículo 88 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DECRETA

Artículo 1º.- Vétase parcialmente el Proyecto de Ley N° 3.391, sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de diciembre de 2009, en sus artículos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16 incisos a) y c), 17 y 18.

Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y comuníquese a la Secretaría de Comunicación Social. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti a/c

fuente
LaPistaOculta/GN
http://www.lapistaoculta.com.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=552:ey-publicidad-oficial-ciudad-buenos-aires-vetada-por-macri&Itemid=164

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