Lo que circula por los medios

11 de septiembre de 2011

La propiedad de la tierra, ley de tierras


VER Proyecto Ley de Tierras - Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión, o tenencia de tierras rurales 

http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/Nuevo/Extranjerizacion%20de%20tierras.PDF

27 abril 2011
Fundamentos y Texto literal del Proyecto elevado por la presidenta al Congreso de la Nación


AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad a fin de someter a su consideración el presente proyecto de ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

En forma liminar, cabe dejar expresa constancia que el Proyecto que se propicia en ningún modo resulta una legislación xenofóbica, prohibitiva o refractaria a las inversiones extranjeras responsables, siendo un modelo utilizado por numerosas legislaciones en el derecho comparado, asegurando que los recursos, vitales en el Siglo XXI, sigan en órbita y en competencia Nacional, sin que signifique desalentar la inversión extranjera.

Siendo la tierra un recurso estratégico natural escaso y no renovable, de significación estratégica para el desarrollo humano y social, se impone dictar una legislación tuitiva, para impedir la consolidación de procesos que, de ser librados a su propia dinámica, podrían comprometer gravemente el desarrollo, la soberanía nacional y la titularidad del pueblo argentino sobre sus recursos estratégicos no renovables.

Las decisiones nacionales sobre la titularidad, tenencia y uso de las tierras rurales se inscribe dentro del derecho a la libre determinación de los pueblos así como su derecho a la independencia económica, y a la fijación de las formas de explotación y distribución de lo producido con sus riquezas y recursos naturales, tal como lo establece, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporado, con jerarquía constitucional a nuestra Carta Magna (artículo 75, inciso 22) luego de la reforma Constitucional del año 1994.

Las disposiciones del Pacto Internacional se corresponden, con los objetivos señalados en la nueva cláusula del progreso (artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional), en tanto dispone “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”; y “Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio…”.

Asimismo, el artículo 21 del Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americanasobre Derechos Humanos establece: “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social…”, formulación normativa de igual imperatividad que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por otra parte, en cuanto a la apropiación de las tierras se refiere, se registra en nuestro país y en otros países con tierras aptas para la producción, un fuerte proceso de adquisición de grandes extensiones por parte de capitales financieros transnacionales, el que se vio intensificado en los últimos años, a raíz de la especulación desatada con motivo de la variación de los precios de los productos primarios en el mercado internacional.

Esta circunstancia, de profundas consecuencias para el desarrollo futuro de los mercados alimentarios, en especial de los países emergentes, así como la preservación de recursos naturales, escasos y no renovables, a nivel internacional, como lo son la tierra y el agua dulce, ya ha dejado de ser una cuestión de tratamiento sólo individual de determinados países y ha pasado a ser, también, una cuestión de tratamiento por parte de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.

Nuestro país, como ya se ha señalado, no es ajeno a este proceso de adquisición, o de interés por adquirir, grandes superficies de tierras rurales.

Prueba de ello, y en base a información elaborada por técnicos e investigadores individuales, así como a trabajos elaborados por entidades gremiales agropecuarias, a partir de la década del 90 habrían pasado a manos de capitales extranjeros tierras ruralesen DIECINUEVE (19) de nuestras provincias.

La protección de propietarios y productores agropecuarios argentinos, impone adoptar una decisión estratégica que preserve la propiedad y tenencia de las tierras en manos de productores agropecuarios nacionales, posibilitando un desarrollo tecnológico propio que acreciente nuestra capacidad agroindustrial y nos proyecte como productores alimentarios.

La inversión extranjera debe ser orientada a la creatividad agroindustrial, al mejoramiento de los rendimientos y la calidad de los productos agropecuarios, preservando las aptitudes de las tierras rurales, excluyendo a las mismas como recursos estratégicos susceptibles de ser aplicados como inversión.

El espíritu y la letra del proyecto no sólo apunta a regular un previsible incremento de lapropiedad extranjera, sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales financieros que, de profundizarse, comprometen objetivos estratégicos, vinculados al desarrollo nacional y a la calidad de vida de los habitantes del país.

Por otra parte, cabe señalar que no sólo los factores sociales y económicos legitiman la presente iniciativa. También desde el punto de vista político el presente proyecto de ley procura afianzar una sociedad más equitativa y democrática.

El presente proyecto se apoya en los pactos internacionales y en el derecho comparado, los cuales imponen estrictas prohibiciones, restricciones y límites a la adquisición detierras por parte de extranjeros.

Este proyecto de ley se formula en un marco, en el que el Gobierno Nacional desarrolla una visión estratégica del Estado, a partir de la renovación y de la reconstrucción de las políticas públicas, tendientes a reconocer el valor del trabajo y la producción, con valor agregado en la REPÚBLICA ARGENTINA.

La norma propuesta se sustenta en los fundamentos y principios constitucionales antes enunciados, abarcando las siguientes áreas temáticas:

1- Definición de los ámbitos territorial y personal en los que será aplicable la presente normativa.

2- Limitación a la propiedad y tenencia extranjera de las tierras rurales, siendo el capítulo central de la normativa propuesta, siguiendo al derecho comparado y teniendo en cuenta los diversos proyectos sobre la materia presentados en el Honorable Congreso Nacional.

En efecto, los límites al dominio o tenencia por extranjeros –si no su taxativa prohibición- de tierras rurales, han sido establecidos por disposiciones normativas adoptadas por diversos países, como por ejemplo en la REPÚBLICA FRANCESA (Ley N° 85-30; 09-01-85); la Ley de Reforma Agraria de Andalucía N° 8/84 y su modificatoria Nº 19/95, ambas del REINO DE ESPAÑA; la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, a través de sus disposiciones constitucionales y Leyes Nros. 5.709, 8.629 y 9.272; la REPÚBLICA DE COSTA RICA, por la Ley N° 2.825 de Tierras y Colonización; la REPÚBLICA ITALIANA a través de las Leyes Nros. 411 y 499 (1996); la REPÚBLICA DEL PERÚ por la Ley N° 26.505 de Inversiones Privadas en Tierras; AUSTRALIA, a través de la “Lands Adquisition (Defense)”; el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA por la Ley del Servicio Nacional de la Reforma Agraria; CANADÁ, por la “Loi Concernant L’expropriation”; el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE a través de “The New Land Law”, y los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA por “The Federal Land Policy and Management Act” (1976, Sección 501), entre otras normativas.

Debe ponerse de resalto, a los efectos de determinar los alcances de los Tratados Bilaterales de Inversión celebrados por nuestro país, que este proyecto de ley excluye del concepto de inversión la compraventa o adquisición de derechos sobre las tierras rurales, toda vez que se trata de un recurso natural no renovable que es de titularidad del Estado,nacional o provincial, o de los habitantes de la REPÚBLICA ARGENTINA. En consecuencia, se procura efectivizar el derecho irrenunciable del Gobierno Nacional al ejercicio de su soberanía y la preservación de la titularidad de los pueblos sobre sus recursos y riquezas naturales.

Se ha establecido una cláusula interpretativa acerca del alcance del término “inversión” utilizado en el presente proyecto de ley, según el cual no se entenderá por inversión la adquisición de tierras rurales, por tratarse de un recurso que aporta el país que recibe la inversión, formulación normativa que permite eximir al Estado Argentino de cualquier tipo de responsabilidad internacional en virtud de las restricciones aquí previstas, sin generar sometimiento alguno a los mecanismos de solución de diferendos previstos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en razón de que la tierra rural constituye un recurso estratégico no renovable que la ley tutela resguardando el interés nacional.

La propuesta sobre la inteligencia asignable al concepto de inversión contenido en el presente proyecto de ley ha sido adoptada, recientemente, en el Seminario Internacional de Comercio Exterior celebrado en la Ciudad de Quito, REPÚBLICA DEL ECUADOR del 31 de enero al 2 de febrero de 2011, organizado por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACION y el Instituto de Altos Estudios Nacionales del mencionado país, recomendación girada a la Secretaría Ejecutiva de la UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR) para su adopción e implementación en los países de Latinoamérica y el Caribe.

La aplicación de un tratado internacional de carácter comercial se encuentra condicionada a su compatibilidad con las normas del derecho público contenidas en la ConstituciónNacional. En este sentido, las previsiones contenidas en el artículo 75 de nuestra Carta Magna, en lo que hace a proveer al desarrollo de la productividad económica con el fin de lograr el crecimiento armónico de la Nación, y la regulación de las tierras que invisten un interés sensible, restringiendo la propiedad en zonas de frontera o sujetas a especiales criterios de interés estratégico nacional, importan un ejercicio de soberanía no susceptible de limitación por acuerdos internacionales basados en el fomento y atracción de inversiones extranjeras. De otro modo resultaría afectada la política internacional de la REPÚBLICA ARGENTINA, según el dispositivo del artículo 27 de la ConstituciónNacional, en tanto los tratados de comercio e inversión desplegarían efectos contrarios a los principios de derecho público establecidos en nuestra Carta Magna.

Esta interpretación es perfectamente compatible con el dispositivo previsto en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pues de lo que aquí se trata es de jerarquizar una facultad excluyente de la Nación, como es el ejercicio pleno de su soberanía territorial y de la potestad regulatoria sobre sus recursos estratégicos no renovables.

3- Regulación de la realización de un relevamiento catastral y dominial de todas las tierrasrurales, a cuyo fin se crea en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, el Registro Nacional de Tierras Rurales, a cuyo cargo estará dicho censo, al que se le fija como fecha del primer producido el 1º de enero de 2010, debiendo la futura reglamentación establecer la periodicidad de los relevamientos catastrales y dominiales.

Debe destacarse que sin este relevamiento catastral y dominial no puede regularse, fehacientemente, la limitación del dominio o tenencia extranjera sobre las tierras ruralesalcanzadas por este proyecto 4- Creación del Consejo Interministerial de Tierras Rurales como Autoridad de Aplicación de la normativa propuesta bajo la presidencia del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS e integrado por diversas áreas ministeriales y organismos centralizados y descentralizados de la administración pública comprendidos por la temática de la ley.

5- El presente proyecto de ley no afecta derechos adquiridos y sus disposiciones se aplicarán desde su entrada en vigencia.

Por todo lo expuesto, se eleva para su consideración el presente proyecto de ley.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad

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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO, ... SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:


PROTECCION AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LAPROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LASTIERRAS RURALES

CAPÍTULO I - ÁMBITO TERRITORIAL Y PERSONAL DE APLICACIÓN DE LA LEY:

ARTÍCULO 1°.- La presente ley rige en todo el territorio de la Nación Argentina, con carácter de orden público.

Debe ser aplicada según las respectivas jurisdicciones, por las autoridades del Gobierno Federal, provincial y municipal, a todas las personas, físicas y jurídicas que, por sí o por interpósita persona, posean tierras con destino rural, sea para usos o producciones agropecuarias, forestales, turísticas u otros usos rurales.

A los efectos de la presente ley se entenderá por tierras rurales a todo predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente de su localización o destino.

CAPÍTULO II - OBJETO

ARTÍCULO 2°.- Configura el objeto de la presente ley:

Determinar la titularidad, catastral y dominial, situación de posesión o tenencia, bajo cualquier título o situación de hecho de las tierras rurales, y establecer las obligaciones comunes y particulares que nacen del dominio, posesión o tenencia de dichas tierras, conforme las previsiones de la presente ley.

Regular, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad de tierras rurales, cualesquiera sea su destino de uso o producción.

CAPÍTULO III - DE LOS LÍMITES AL DOMINIO U OCUPACIÓN EXTRANJERA SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES

ARTÍCULO 3°.- A los efectos de la presente ley, se entenderá como titularidad extranjerasobre la propiedad de las tierras rurales, toda adquisición, transferencia, cesión de derechos, cualesquiera sea la forma o extensión temporal de los mismos, a favor de:

Personas físicas de nacionalidad extranjera, tengan o no su domicilio real en territorio de la Nación Argentina.

Personas jurídicas constituidas conforme las leyes societarias de la Nación Argentina o del extranjero, cuyo capital social, en proporción superior al CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51%), sea de titularidad de personas físicas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, en las condiciones descriptas en el inciso precedente. Asimismo quedan incluidas en este precepto:

Las personas jurídicas, cualquiera sea su tipicidad social, que se encuentren en posición de vinculadas o controladas por cualquier forma societaria o cooperativa extranjera, de conformidad con las limitaciones previstas en esta ley, en un porcentaje mayor al VEINTICINCO POR CIENTO (25 %), o tengan los votos necesarios para formar voluntad social mayoritaria independientemente del porcentaje accionario.

Las personas jurídicas extranjeras que participen en más de un VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del capital de otra sociedad, en los términos previstos en el Artículo 33 de la Ley N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificaciones.

Aquellas personas físicas o jurídicas extranjeras que sin acreditar formalmente calidad de socios actúan en una sociedad como si lo fueren.

Las sociedades que hayan emitido obligaciones negociables o debentures y ello permita a su legítimo tenedor acrecer en sus tenencias accionarias o convertirlas en acciones en un porcentaje superior al VEINTICINCO POR CIENTO (25 %), y se trate de personas físicas o jurídicas extranjeras.

Cuando se transfiera la propiedad, bajo cualquiera de las formas previstas en las leyes vigentes, en virtud de un contrato de fideicomiso y cuyos beneficiarios sean personas físicas o jurídicas extranjeras en porcentaje mayor al autorizado en esta ley.

Las Sociedades de Participación Accidental, las Agrupaciones de Colaboración y las Uniones Transitorias de Empresas, según la regulación de la Ley de Sociedades, y toda otra forma de colaboración empresaria de carácter accidental y provisoria que se regule en el futuro, cuando en ellas participen personas físicas o jurídicas extranjeras en proporción mayor al autorizado en esta ley.

ARTÍCULO 4°.- La reglamentación determinará los requisitos que deberán observar las personas físicas y jurídicas extranjeras para acreditar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, quedando a cargo de la Autoridad de Aplicación su control y ejecución.

ARTÍCULO 5°.- Queda prohibida la figuración aparente de personas físicas de nacionalidad argentina a los fines de configurar la titularidad ficta para infringir las previsiones de esta ley. Todo contradocumento, formalizado en instrumento público o privado, que contravenga lo aquí dispuesto, es nulo de nulidad total, absoluta e insanable.

ARTÍCULO 6°.- La infracción a estas disposiciones aparejará la nulidad total, absoluta e insanable del instrumento jurídico que habilitó el ingreso a la titularidad de las tierras, sin derecho a reclamo indemnizatorio alguno en beneficio de los autores y partícipes del acto antijurídico. A los efectos de esta disposición se considerarán partícipes a quiénes hicieran entrega de las tierras u otorgaren instrumentos, públicos o privados, que conformaren el obrar antijurídico, los que responderán en forma personal y con su patrimonio por las consecuencias dañosas de estos actos.

ARTÍCULO 7°.- Se establece en el VEINTE POR CIENTO (20 %) el límite a toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional respecto de las personas y supuestos regulados por este Capítulo.

ARTÍCULO 8°.- En ningún caso las personas físicas o jurídicas, de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar el TREINTA POR CIENTO (30 %) del porcentual asignado en el artículo precedente a la titularidad extranjera sobre tierras rurales.

ARTÍCULO 9°.- Las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las MIL HECTÁREAS (1.000 has.), cualquiera sea su lugar de ubicación, y su cómputo se determinará por la Autoridad de Aplicación sobre la totalidad de las tierras rurales de dicho titular en el territorio nacional, atendiendo, asimismo, a los siguientes parámetros complementarios:

La localización de las tierras rurales y su proporción respecto del Municipio, Departamento y Provincia que integren.

La capacidad y calidad de las tierras rurales para su uso y explotación.

La situación de titularidad del dominio de otras tierras rurales del pretenso adquirente.

ARTÍCULO 10.- A los fines de esta ley y atendiendo a los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) suscriptos por la REPÚBLICA ARGENTINA y que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta ley, no se entenderá como inversión la adquisición de tierrasrurales, por tratarse de un recurso natural no renovable que aporta el país que recibe la inversión.

ARTÍCULO 11.- Los propietarios de tierras, personas físicas o jurídicas, que invistan la condición de extranjeros, conforme lo determina la presente ley, deberán dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, proceder a la denuncia ante la Autoridad de Aplicación de dicha titularidad.

ARTICULO 12.- Para la adquisición de un inmueble rural ubicado en Zona de Seguridad por una persona comprendida en esta ley, se requiere el consentimiento previo del MINISTERIO DEL INTERIOR. CAPITULO IV - DEL REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES

ARTÍCULO 13.- Créase el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, el que tendrá la facultad de requerir a las dependencias provinciales competentes en registración y catastro inmobiliarios, la información necesaria para el cumplimiento de su función.

ARTÍCULO 14.- Se dispone la realización de un relevamiento catastral y dominial que determine la propiedad de las tierras rurales, conforme las disposiciones de la presente ley, tomando como fecha de configuración del relevamiento la situación existente al 1º de enero de 2010.

El relevamiento de las tierras rurales se realizará dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la entrada en vigencia de la presente ley.

CAPÍTULO V - AUTORIDAD DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 15.- Créase el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, el que será presidido por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y conformado por el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, por el MINISTERIO DE DEFENSA y por el MINISTERIO DEL INTERIOR, con competencia para solicitar la colaboración de otros organismos de la administración centralizada y descentralizada, nacional y provinciales.

ARTÍCULO 16.- La presente ley no afecta derechos adquiridos y sus disposiciones entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación.

ARTÍCULO 17.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Cristina Fernández de Kirchner Presidenta de la Nación

http://www.ncn.com.ar/notas/10779-como-es-el-proyecto-oficial-sobre-la-extranjerizacion-de-tierra.html

http://www.pregonagropecuario.com.ar/cat.php?txt=2271

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27-4-2011 Qué dice la norma enviada al Congreso de la Nación para limitar la venta de terrenos a personas extranjeras.

La presidenta adelantó que se trataba de un proyecto de pocos artículos. Así es la iniciativa que pone límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La norma limita esas transacciones poniéndole un límite de mil hectáreas para un mismo titular. Asimismo, para el caso de sociedades, pone topes máximos para la participación extranjera.

El proyecto lleva el nombre de "Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión, o tenencia de tierras rurales", y en su artículo 9 establece un tope de hasta 1000 hectáreas, en la tenencia de tierras rurales por parte de un mismo titular extranjero.

¿Cómo se calculan esas mil hectáreas? Considerando "parámetros complementarios" tales como la localización de las tierras rurales, la capacidad y calidad de las tierras para su uso y explotación, la situación de otras tenencias de tierras rurales del adquiriente.

En su artículo 7°, se limita en un 20 por ciento "toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional" respecto de las personas y empresas.

En el caso de las personas o empresas extranjeras de una misma nacionalidad "no podrán superar el límite de 30% del porcentual asignado en el articulo 7". Esto es, 30% de un 20%.

El proyecto destaca que el espíritu y la letra de la iniciativa "no sólo apunta a regular un previsible incremento de la propiedad extranjera, sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales financieros que, de profundizarse, comprometen objetivos estratégicos, vinculados al desarrollo nacional y a la calidad de vida de los habitantes del país".

Tal cual se encargó de remarcar la presidenta cada vez que desde marzo habló sobre esta norma, el proyecto aclara que "en ningún modo resulta un legislación xenófoba prohibitiva, o refractaria a las inversiones extranjeras responsables, siendo un modelo utilizado por numerosas legislaciones en el derecho comparado".

El proyecto considera titulares extranjeros a aquellas personas de nacionalidad extranjera, tengan o no domicilio en la Argentina, y a empresas cuyo capital social sea mayor al 51%.

Aquellos propietarios extranjeros de las tierras rurales, deberán dentro del plazo de 180 días desde la entrada en vigencia de la ley proceder a la denunciar las mismas ante la Autoridad de aplicación de dicha titularidad.

Asimismo se crea el registro Nacional de Tierras Rurales, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como también el Consejo Interimnisterial de Tierras Rurales, que será la Autoridad de Aplicación de la ley, el cual estará presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y conformado por el Ministerio Agricultura, Defensa, Interior, y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Se prevé la realización de un relevamiento catastral para determinar la propiedad de las tierras rurales existentes, dentro de los 180 días de la entrada en vigencia de la ley y tomando como fecha de configuración del relevamiento, la situación existente al 1 de enero de 2010.

http://parlamentario.com/noticia-35980.html


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Proyecto de Ley de protección al Dominio Nacional 

La Presidenta envió al Congreso el proyecto de Ley de Protección al Dominio Nacional sobre las Tierras Rurales, que limita el 20% la posesión a los extranjeros, crea el Registro Nacional de Tierras Rurales y dispone la realización de un relevamiento catastral y dominial. El proyecto de Ley enviado al Congreso por la presidenta Cristina Fernández establece en el 20 por ciento el límite a los extranjeros a toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional.

Lo establece el Proyecto de Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, anunciado hoy por la presidenta Cristina Fernández en su mensaje al país por la cadena de radio y televisión.

Expresa que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las Mil hectáreas, cualquiera sea su lugar de ubicación, y su cómputo se determinará por la Autoridad de Aplicación.

Se crea el Registro Nacional de Tierras Rurales, en el ámbito del Ministerio de Justicia, el que tendrá la facultad de requerir a las dependencias provinciales competentes en registración y catastro inmobiliarios, la información necesaria para el cumplimiento de su función.

Se dispone la realización de un relevamiento catastral y dominial que determine la propiedad de las tierras rurales, tomando como fecha de configuración del relevamiento la situación existente al 10 de enero de 2010.

El relevamiento de las tierras rurales se realizará dentro de los días de la entrada en vigencia de la Ley.

Se crea el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, el que será presidido por el Ministerio de Justicia, conformado por el Ministerio de Agricultura, por la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Defensa y por el Ministerio del Interior, con competencia para solicitar la colaboración de otros organismos de la administración centralizada y descentralizada, nacional y provinciales.

En su artículo 16 expresa que la ley no afecta derechos adquiridos.

En el mensaje que acompaña el proyecto de Ley deja expresa constancia que el proyecto “en ningún modo resulta una legislación xenofóbica, prohibitiva o refractaria a las inversiones extranjeras responsables, siendo un modelo utilizado por numerosas legislaciones en el derecho comparado, asegurando que los recursos, vitales en el Siglo XXI, sigan en órbita y en competencia Nacional, sin que signifique desalentar la inversión extranjera”.

Expresa que la tierra es un recurso “estratégico natural escaso y no renovable, de significación estratégica para el desarrollo humano y social, se impone dictar una legislación tuitiva, para impedir la consolidación de procesos que, de ser librados a su propia dinámica, podrían comprometer gravemente el desarrollo, la soberanía nacional y la titularidad del pueblo argentino sobre sus recursos estratégicos no renovables”.

Deja en claro que las decisiones nacionales sobre la titularidad, tenencia y uso de las tierras rurales “se inscribe dentro del derecho a la libre determinación de los pueblos así como su derecho a la independencia económica, y a la fijación de las formas de explotación y distribución de lo producido con sus riquezas y recursos naturales, tal como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporado, con jerarquía constitucional, a nuestra Carta Magna (artículo 75, inciso 22) luego de la reforma constitucional del año 1994”.

En la presentación del proyecto señala también que se registra en la Argentina un fuerte proceso de adquisición de grandes extensiones por pate de capitales financieros internacionales, el que se vio intensificado en los últimos años, a raíz de la especulación desatada con motivo de la variación de precios de los productos primarios en el mercado internacional. Ejemplifica, en tal sentido, que a partir de la década de los 90 habrían pasado a manos de capitales extranjeros tierras rurales en 19 provincias.

En otro párrafo del mensaje al Congreso expresa que el espíritu y la letra del proyecto no solo apunta a regular un previsible incremento de la propiedad extranjera, sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales financieros que, de profundizarse, comprometen objetivos estratégicos, vinculados al desarrollo nacional y a la calidad de vida de los habitantes del país. Desde el punto de vista político el proyecto procura “una sociedad más equitativa y democrática”.

http://www.prensa.argentina.ar/2011/04/27/18920-proyecto-de-ley-de-proteccion-al-dominio-nacional.php

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  Domingo, 11 de septiembre de 2011 ECONOMIA › OPINION Propiedad de la tierra
Por Alfredo Zaiat


La propiedad y uso de la tierra tienen una indudable importancia social, económica y política. Esa relevancia histórica es hoy mayor por la crisis en Estados Unidos y Europa, que determina una marcada incertidumbre sobre el sistema monetario mundial.
La debilidad del dólar como moneda de aceptación universal y el deterioro del euro como eventual sustituto están provocando estrategias defensivas de grandes inversores y bancas centrales de países con excedentes para preservar el valor de sus patrimonios. Una de ellas es la compra de activos físicos, inmuebles urbanos y rurales, como también la acumulación de oro como reserva de valor. En ese contexto de reordenamiento en el funcionamiento del capitalismo global, que está lanzado sin certezas sobre cuál puede ser el saldo final, es conveniente poseer de un norma que regule la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.


 Demorar el debate o confundirlo, por razones electorales o para proteger intereses de grupos económicos, por fuerzas de la oposición e incluso por dirigentes de la Federación Agraria que han tenido como bandera histórica esa cuestión, sólo favorece a capitales financieros y a potencias emergentes que buscan garantizar su propio abastecimiento de materias primas.


El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que ya ha tenido modificaciones en discusiones de comisión en Diputados, no aborda en toda su dimensión el uso, acceso y propiedad de la tierra. Pero es un avance para empezar a complejizar esa cuestión sensible para el poder económico a partir de un aspecto básico: saber quiénes son los dueños de las tierras a partir de que la norma crea el Registro Nacional de Tierras Rurales y que dispone la realización de un relevamiento catastral y dominial a nivel nacional.


Esta iniciativa tiene la virtud de plantear un debate que ha sido históricamente postergado por el poder político. Una ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales es una cuestión estratégica para el país en el nuevo orden económico mundial. El proyecto establece una serie de limitaciones a la venta de campos a extranjeros. Esa restricción es un primer paso para generar las condiciones para abrir la discusión acerca de cómo está distribuida la tierra en el territorio nacional, quiénes son los dueños de los campos, qué uso se hace del suelo y cuánto contribuyen al fisco los propietarios de ese recurso natural estratégico.


Uno de los aspectos más complejos de la norma tiene que ver con la nacionalidad de una sociedad anónima, ya que muchas empresas extranjeras suelen adquirir tierras a través de intermediarios locales. Para avanzar en este tema, se prevé la creación de un registro nacional de propietarios, que estará a cargo del Ministerio de Justicia, y la realización de un censo que debería estar finalizado a los 180 días de aprobada la norma. Sin ese relevamiento catastral y dominial de todas las tierras rurales, no podrá regularse fehacientemente la limitación de la tenencia extranjera.


Resulta notable el vacío normativo y de información existente sobre los dueños de campos en uno de los países con mayor cantidad y fertilidad de tierras del mundo. La historiadora y especialista en desarrollo rural Silvia Lilian Ferro señala esa increíble carencia destacando que, de los cuatro países del Mercosur, sólo Argentina no posee un organismo público nacional para fijar políticas de distribución de tierras en su territorio. Detalla que Brasil tiene el Instituto Nacional de Colonizaçao e Reforma Agrária; Paraguay, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra; Uruguay, el Instituto Nacional de Colonización. Lilian Ferro explica que “en el país existió un Consejo Agrario Nacional, creado en la década del ’30 para ese fin, que después de décadas de paralización por parte de diferentes gobiernos militares fue eliminado en 1980 por el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz”. El proyectado relevamiento catastral, que deberá superar las resistencias de dependencias provinciales bien dispuestas a las inquietudes de los grandes propietarios de campos, facilitaría la recuperación de ese tipo de organismo.


Esa ausencia informativa del Estado fue ocupada por especialistas que se dedicaron a indagar quiénes son los grandes propietarios de campos. Entre esas investigaciones se destacan las realizadas por Eduardo Basualdo en Flacso, focalizadas en la provincia de Buenos Aires, una de las zonas agropecuarias más ricas. En su libro Estudios de historia económica argentina apunta que, en 1996, en la provincia de Buenos Aires existían en total 1250 propietarios con más de 2500 hectáreas, desagregados de la siguiente manera:
- 740, entre 2500 y 4999 hectáreas. - 255, entre 5000 a 7499 hectáreas. - 94, entre 7500 y 9999 hectáreas. - 107, entre 10.000 y 19.999 hectáreas - 54, de 20.000 en adelante, incluidos los estados nacional y provinciales.


En conjunto, son dueños de 8,7 millones de hectáreas, algo más del 32 por ciento del total de la provincia.
Basualdo ubica como causa central del predominio dentro del campo argentino de los grandes propietarios de más de 20.000 hectáreas la posibilidad de aprovechar economías de escala. En los últimos quince años, el proceso de transformación en la forma de organización y de desarrollo técnico-productivo del campo ha provocado una acelerada concentración de la producción, y no así la de la tierra. Esta ya se encontraba históricamente en pocas manos. Lo que se ha verificado es una enorme concentración de la producción sobre tierras arrendadas, lo que ha provocado una profunda alteración de la estructura económica y social del campo. La propiedad de la tierra sigue tanto o más concentrada que antes, fenómeno que se asocia ahora con el actual proceso de concentración de la producción. Esta es fruto de la irrupción de nuevas formas de funcionamiento de la actividad para operar con economías de escala, con una elevada participación del capital financiero y extrasectorial que alquila grandes extensiones, apropiándose de gran parte de la rentabilidad agraria sin inmovilizar recursos con la adquisición de tierra.


La mayor presencia de capitales extranjeros en la propiedad de la tierra se observa en áreas extrapampeanas. En zonas donde se concentran otros recursos naturales, como el agua, petróleo o minerales, en la Patagonia, en los esteros del Iberá, y en áreas de seguridad de frontera, entre las más importantes. En los últimos veinte años ha habido una creciente inversión de capitales del exterior en amplias extensiones de tierras, y ahora se han manifestado voluntades de incrementarla, como el proyecto de China en Río Negro o el emprendimiento de capitales privados de India, según el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, o el plan para el Impenetrable chaqueño del sheik Mohamed Alkhorayef de Arabia Saudita.
Esa creciente participación de capitales del exterior se verifica al mismo tiempo de la expansión de la frontera agropecuaria, que genera un proceso de concentración de la producción, además de venta de campos por parte de pequeños productores. En el debate sobre la tenencia de la tierra y la limitación a extranjeros es necesario vincular, como propone Basualdo, la distribución de la propiedad rural con la producción de los campos pertenecientes a los grandes propietarios.




http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-176554-2011-09-11.html


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(30/08/11)


La lucha por la tierra: sepa en detalle el mapa del territorio argentino en manos de extranjeros Casi 30 millones de hectáreas de los mejores territorios son controladas por magnates y empresas externas.


 Reservas de agua, glaciares, paraísos naturales, campos fértiles y minerales estratégicos permanecen en manos foráneas. Casos emblemáticos. La presencia extranjera, provincia por provincia Por Patricio Eleisegui


A escasas semanas de anunciado el proyecto del Gobierno que apunta a regular la compra de tierras por parte de extranjeros, los alcances de las inversiones y el posicionamiento estratégico de empresarios y empresas del exterior a lo largo de la geografía argentina comienza, poco a poco, a salir a la luz.


Con el dominio de superficies productivas que, aseguran desde entidades como Federación Agraria Argentina (FAA) se acercan a las 30 millones de hectáreas, el capital foráneo dice presente en 23 provincias del país.


Campos fértiles, zonas selváticas y espacios de naturaleza casi virgen, áreas de glaciares, acuíferos, costas, y hasta buena parte del subsuelo local, son espacios que hoy se destacan por contar con algún tipo de injerencia o estar, directamente, bajo control extranjero.


iProfesional.com ha venido dando cuenta de este fenómeno, que incluye casos emblemáticos como el de la familia Benetton, que ostenta casi 1 millón de hectáreas en Santa Cruz, Río Negro, Chubut, y Neuquén. También el de Douglas Tompkins, poseedor de unas 350.000 hectáreas en distintas jurisdicciones.


Pero estos son sólo algunos ejemplos de una larga lista que incluye, por ejemplo, al magnate estadounidense Ward Lay, vinculado con la firma Pepsico y con las famosas papas fritas "Lay's", que controla 80.000 hectáreas en Neuquén.


En este marco, el reciente anuncio de la presidenta Cristina Kirchner de enviar al Congreso un proyecto para limitar el avance foráneo, hizo que comiencen a aflorar casos paradigmáticos, a los que tuvo acceso este medio. Por lo pronto, los primeros relevamientos efectuados por las distintas jurisdicciones dan cuenta de datos sorprendentes:


• Entre Ríos actualmente posee unas 800.000 hectáreas en manos de inversores de Estados Unidos, Holanda, España y Hungría. • Mendoza, unas 500.000, cuyos titulares son franceses, chilenos, italianos, holandeses, españoles, ingleses, estadounidenses y hasta malayos. ¿Su interés? Básicamente la vitivinicultura. • En Chubut, los primeros reportes dan cuenta de una cifra similar (500.000 hectáreas).


Otro ejemplo emblemático del poder económico extranjero lo ofrece la incursión del británicoJoe Lewis en Río Negro, que tiene bajo su órbita unas 18.000 hectáreas, el control de todos los accesos que conducen al lago Escondido y, además, el emplazamiento de unapista aérea similar a la del aeropuerto de Bariloche.


Trasladado a un mapa, el dominio de tierras argentinas por parte del capital foráneo presenta el siguiente detalle:






Radiografía, provincia por provincia "Agua dulce, alimentos, minería, hidrocarburos y la riqueza turística del país explican este gran interés ", afirmó a iProfesional.com Pablo Orsolini, diputado nacional de la UCR por el Chaco y ex vicepresidente de Federación Agraria.


"En la Argentina, en este momento, se están ofreciendo a la venta otras 13 millones de hectáreas. Todas al mejor postor que, por lo general, es gente de afuera. Hay que evitar que este proceso se lleve a cabo", agregó.


Las palabras de Orsolini ganan contundencia si se las traslada al terreno geográfico. En territorio bonaerense, el grupo italiano Paoletti acumula 13.000 hectáreas. La corporación también es conocida por haberse quedado con la concesión del Hotel Provincial, en Sierra de la Ventana.


"En La Pampa tenemos inversiones extranjeras. En particular, conozco varios casos de españoles", apuntó el gobernador Oscar Mario Jorge.


¿Qué sucede por el lado de Santa Fe? Si bien puede resultar llamativo, una de las provincias que alberga el grueso de las tierras más prósperas de la Argentina carece de un registro de compraventa de campos.


Como bien lo detallan medios santafesinos, "la Dirección de Catastro no cuenta con información sobre qué predios pertenecen a extranjeros. Tampoco el Registro de la Propiedad o el Ministerio de la Producción (provincial)".


Más allá de este vacío, desde Federación Agraria afirmaron a este medio que capitales italianos controlan vastas extensiones de terreno incluyendo, en su haber, unas 30.000 hectáreas operadas por el establecimiento Los Algodonales.


Por el lado de la provincia de Corrientes, en cambio, Tompkins aparece como el mayor propietario de tierras en los Esteros del Iberá, con alrededor de 140.000 hectáreas bajo su poder. La zona es considerada clave para las próximas décadas no sólo por su biodiversidad, sino también por albergar una de las principales reservas de agua del planeta: el acuífero Guaraní.


En Misiones, la explotación de la madera impulsa el interés comercial de la chilena Alto Paraná, que ya tiene bajo su órbita algo así como el 6% del territorio total de la provincia.


Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y Formosa En cuanto a Córdoba, tampoco cuenta con información precisa y actualizada respecto a la incidencia de los extranjeros.


El caso más resonante en esa zona es, sin dudas, la adquisición de hasta 30.000 hectáreasen cercanías de Río Cuarto por parte de allegados al ex presidente estadounidense George W. Bush.


Al parecer, entre los socios de los Bush se cuentan los empresarios Ronald Krongold, el multimillonario George Soros y los cubanos Fanjul, dueños del imperio azucarero Santo Domingo. La adquisición de estas tierras respondería al interés de la familia del ex mandatario por exportar agua mineral "Premium".


Córdoba ha sido la provincia elegida por la canadiense Bolland, que ha venido concretando avances en la zona norte, en búsqueda de reservas de "tierras raras", una combinación de minerales vital para el desarrollo de nuevas tecnologías.


En Santiago del Estero, es fuerte la presencia de capitales estadounidenses que dominan grandes superficies dedicadas a la producción agrícola y ganadera.


En Formosa y Chaco, empresas australianas tienen bajo su poder un total de 1,4 millonesde hectáreas.


Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca Hablar de dominio foráneo en Salta es sinónimo de AIG. Sucede que la firma estadounidense controla el 7% de la superficie de la provincia.


Otra norteamericana, la canadiense Artha Risources, anunció hace poco tiempo que se había hecho del control de unas 55.000 hectáreas en la zona de Cachi. También en esa zona, una firma australiana posee la titularidad de unas 70.000 hectáreas.


Por el lado de Tucumán, los grandes capitales estadounidenses vuelven a estampar su sello como titulares de las mejores tierras de la provincia.
Ya en Jujuy, se encuentran varias compañías canadienses que, instaladas en zonas de salares, controlan diversas áreas ricas en litio, un mineral sumamente preciado en el mundo, dado que es requerido para la fabricación de baterías para autos, celulares y equipos tecnológicos.


En Catamarca, GCN Combustibles apunta al dominio del oro y uranio. Para ello, controla desde hace varios años unas 700.000 hectáreas en Fiambalá.


La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis En Mendoza, diversas fuentes periodísticas locales vienen dando cuenta de unas 500.000hectáreas en manos de inversionistas del exterior.


De esa porción, la mitad pertenece a inversores malayos. La otra, principalmente, es propiedad de empresarios italianos, franceses, españoles e ingleses.


En cuanto a La Rioja, cobró relevancia un hecho del que diera cuenta iProfesional.com: la venta de unas 200.000 hectáreas protegidas, a tan sólo un millón de dólares y vía Internet. "En esa provincia una firma se quedó con más de 400.000 hectáreas que incluían el pueblo de Jagüe en su interior", había denunciado Orsolini.


Con respecto a San Juan, la presencia foránea se hace visible de la mano de mineras como la canadiense Barrick Gold, que tiene a su cargo los proyectos de oro y plata Veladero y el controvertido Pascua Lama.


Suizos y británicos, a través de Xstrata Copper, explotan cobre y molibdeno a través del proyecto Pachón. La producción, ajustada a una amplia porción de territorio sanjuanino, está destinada a abastecer plantas de refinamiento en Japón, Corea y Taiwán.


En lo que hace a San Luis, la canadiense Wealth Minerals adquirió casi 6.000 hectáreasen cercanías de Rodeo de los Molles, para iniciar la búsqueda de "tierras raras".


Patagonia extranjera Más allá de los ejemplos enunciados, la Patagonia lidera cualquier nómina respecto del control extranjero de tierras argentinas
.
A los casos de Benetton (900.000 hectáreas), Ted Turner (55.000), Tompkins (parte de las 350.000) se suman las del dueño de Pepsico (80.000) que, a través de Alicurá, explota espacios de pesca y cotos de caza.
En Rio Negro hace muy pocos días se conocieron los detalles de la entrega de otras 7.000 hectáreas que el gobierno de Miguel Saiz había otorgado en 2009 a un grupo belga.


Según medios locales, el traspaso se hizo con una particularidad: la zona es de glaciarese incluye en sus márgenes parte del cerro Carreras, desde donde nacen varios de los ríos más importantes de la provincia.


En Chubut, tal como diera cuenta iProfesional.com, la Península de Valdés se ha transformado en el punto de desembarco de inversores ingleses.


"Aunque la avanzada en el lugar la están realizando principalmente inversionistas británicos, también hay incursión de estadounidenses. Es notorio cómo aparecieron en el último tiempo numerosas sociedades anónimas que controlan grandes extensiones de tierras", enfatizó a iProfesional.com Carlos Lorenzo, diputado de la UCR chubutense. Pero más allá de los nombres, lo que alimenta aún más la preocupación son las 13 millones de hectáreas que hoy se ofrecen a la venta, la mayoría de ellas ubicada en la Patagonia. Un territorio que, tal como aseguraron a este medio agentes inmobiliarios y legisladores provinciales, alberga un número casi indeterminado de terrenos fiscales.




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Miércoles, 7 de septiembre de 2011 | 
Hoy La ley de tierras entró en impasse 
 Por Miguel Jorquera


El proyecto de ley para limitar la extranjerización de tierras, cuya sanción la Presidenta reclamó ante la Asamblea Legislativa en la apertura de las sesiones ordinarias de este año en el Congreso, se encuentra trabada en Diputados. Después de la fracasada convocatoria la semana pasada a un plenario de comisiones legislativas para tratar la iniciativa, la presidenta de la Comisión de Legislación General, la aliada oficialista Vilma Ibarra, volvió a llamar a una reunión para este jueves. Allí buscaría acordar la redacción de un predictamen que incluya las modificaciones que, por consenso, las bancadas opositoras ya incorporaron al texto que el Ejecutivo envió al Parlamento.


Aunque la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la duhaldista Graciela Camaño, comprometió su presencia el jueves, hizo su propia convocatoria para hoy. Camaño invitó a los constitucionalistas María Angélica Gelli y Carlos D’Alessio y al investigador del Conicet Carlos Eduardo Reboratty para que expongan sus opiniones sobre el proyecto del Gobierno. Recién ahí, la peronista disidente pondrá a consideración de sus miembros la invitación de Ibarra para el día siguiente. Camaño también advirtió que no facilitará las cosas al oficialismo. “No vamos a acordar que el debate se agote en un solo plenario de comisiones”, sostuvo.


En tanto, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería –la tercera a la que fue girado el proyecto del Ejecutivo–, el radical Juan Casañas, ni siquiera respondió al convite de Ibarra. Si bien el jefe del bloque de diputados de la UCR, el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, afirmó que no trabaría el debate de la ley, Casañas tiene un problema adicional: el radicalismo tiene tres proyectos diferentes que no ha podido unificar dentro de su propia bancada.


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-176224-2011-09-07.html


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 La ley de tierras puede ser inconstitucional 06-09-11 00:00

Félix Lonigro Abogado Constitucionalista


En la Cámara de Diputados de la Nación se está elaborando un proyecto de ley en virtud del cual se limitaría la cantidad de tierras rurales que podrían ser adquiridas por extranjeros.

Existen distintos puntos de vista desde los cuales podría analizarse la cuestión; pero en esta columna me interesa abordar el análisis de la situación de los extranjeros en el país, según la Constitución Nacional.

Como se sabe, dentro de la población total de la Argentina, existen ciudadanos argentinos y extranjeros que la habitan. Nuestra ley fundamental ha dispuesto, desde 1853, que los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de los mismos derechos civiles que el ciudadano argentino (art. 20). Pues indudablemente, el de propiedad es uno de los derechos civiles enunciados en el artículo 14 de la ley suprema, y tanto argentinos como extranjeros gozan del mismo derecho de adquirirla, usarla, disponer de ella y enajenarla.

Es cierto que hace ciento sesenta años, al dictarse la ley suprema, las circunstancias eran diferentes, y por tener entonces apenas poco más de un millón de habitantes, la Argentina necesitaba de los extranjeros para crecer; pero el transcurso de los años no modificó ese principio rector según el cual debe respetarse la igualdad que la Constitución Nacional consagra entre nacionales y extranjeros. Inclusive la ley antidiscriminatoria (23592), dispone que cualquier diferencia que las autoridades efectúen entre nacionales y extranjeros, en el ejercicio de los derechos constituye un acto de discriminación que la misma norma castiga.

Es justo que se dicten normas tendientes a evitar que grandes extensiones de tierras permanezcan improductivas; pero no lo es tanto, en función de lo dispuesto por el artículo 20 de la ley fundamental, que se restrinja la adquisición de tierras por parte de extranjeros. En tal aspecto podría decirse que, una ley que impusiera restricciones en ese sentido, podría contener el vicio de inconstitucionalidad.

De cualquier manera es necesario hacer una distinción entre extranjeros que habitan el territorio en forma permanente y temporal, y quienes lo hacen sólo transitoriamente o directamente. Si la restricción fuera dirigida a los primeros, a mi juicio se configuraría el vicio de inconstitucionalidad antes señalado; no en cambio si sólo fuera para los segundos. Es importante advertir que los extranjeros fueron llamados por el constituyente, desde el preámbulo, para habitar el territorio argentino, con el objetivo de trabajar la tierra, mejorar las industrias e introducir las ciencias y las artes, trabajar, y en definitiva, ayudarnos a construir un país grande. Para ello se les ha garantizado la igualdad en el ejercicio de derechos civiles. Por lo tanto, dictar normas que pudieran afectar dicha igualdad, podría se contrario a los designios de quienes, hace ciento cincuenta y ocho años, ejercieron el poder constituyente originario en nuestro país.
http://www.cronista.com/contenidos/2011/09/06/noticia_0023.html



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Miércoles 07 de septiembre de 2011
Freno al proyecto de ley de tierras que reclama el Gobierno
La oposición en Diputados no irá a la reunión promovida por el kirchnerismo para emitir dictamen; Camaño y Gil Lavedra criticaron la iniciativa

Graciela Camaño y Ricardo Gil Lavedra. Foto: Archivo El tratamiento del proyecto de ley que restringe la venta de tierras a los extranjeros, reclamado en los últimos días por la Presidenta, se frenó hoy en la Cámara de Diputados. Hoy, los legisladores de la oposición que presiden las comisiones encargadas de abordar la iniciativa, mostraron desacuerdo en avanzar.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Agricultura, presididas por diputados de la oposición, resolvieron no concurrir mañana a la reunión conjunta que convocó la Comisión de Legislación General para apurar un dictamen sobre la iniciativa.

Tras una prolongada reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la duhaldista Graciela Camaño, señaló que le solicitará a la presidenta de Legislación General, Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro) "más tiempo" para analizar el proyecto que impulsa el Gobierno ya que "no pasaría el test de constitucionalidad".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Agricultura, el radical Juan Casañas, confirmó que tampoco será parte por ahora de ningún plenario para tratar el tema.

En tanto, Ibarra, promotora de la iniciativa oficialista, resolvió frente a la resistencia de sus colegas, citar para el jueves sólo a su comisión para considerar el tema tierras.

CRÍTICAS AL PROYECTO

Camaño lanzó que el proyecto "debería cambiar de nombre" y denominarse "ley para la extranjerización de tierras" ya que indicó que de acuerdo a la exposición del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, "menos del 3 por ciento de la tierra está en manos de extranjeros y el proyecto pone como límite el 20 por ciento".

Ricardo Gil Lavedra, titular del bloque radical, manifestó que la posición de la bancada es que el proyecto del Gobierno es "groseramente inconstitucional", y criticó que, además, "desconoce el derecho de las provincias y es de imposible cumplimiento porque desconoce los sistemas registrales de cada provincia".

Al inicio de la reunión estaban presentes por el oficialismo Alejandro Rossi y Patricia Fadel pero se retiraron cuando no tuvieron respuesta afirmativa a su pedido de que se levantara la audiencia y directamente se pasara a tratar el tema mañana con la comisión de Legislación General.

Antes de irse, Rossi acusó a Camaño de "plantear un esquema dilatorio" para entorpecer el tratamiento de una ley que interesa al Poder Ejecutivo..
http://www.lanacion.com.ar/1404178-se-frena-el-proyecto-de-ley-de-tierras-que-reclama-la-presidenta

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