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8 de octubre de 2011

Macri insiste con las pistolas Taser prohibidas por la Justicia


Domingo, 09 de Octubre de 2011 18:36


Macri insiste con las pistolas Taser aunque esten prohibidas por la Justicia


Macri insiste con el uso de las pistolas Taser aunque su uso este prohibido por la Justicia de la Ciudad. El 14 de julio del año pasado la Justicia de la Ciudad prohibió a la Policía Metropolitana el uso de pistolas eléctricas “por consistir las mismas en un elemento de tortura”. El macrismo también busca aplicar otras leyes y toma un nuevo prestamo.



Luego de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, desde el Gobierno porteño quieren implementar el uso de las polémicas pistolas Taser antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, la iniciativa  está incluida en un paquete de 30 leyes.

La Ley de Seguridad Pública plantea poder incluir el uso de las pistolas "Taser". Cabe destacarse que el Gobierno  reincide en esa iniciativa aunque la misma ya haya sido descartada a fines del 2010, cuando Justicia prohibio el uso de las armas TASER


Taser Prohibidas por la Justicia de la Ciudad

El 14 de julio ddel año pasado la Justicia de la Ciudad prohibió a la Policía Metropolitana el uso de pistolas eléctricas. La jueza Andre Danas, titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº9, hizo lugar a una acción de amparo. Señaló que las armas Taser pueden causar la muerte o graves daños en la salud de una persona.
La causa había sido iniciada por una persona, en su carácter de ciudadano y de miembro del Observatorio de Derechos Humanos, contra el Gobierno de la Ciudad, a fin de que se impida la utilización de las armas "no letales" Taser X26, por parte de las fuerzas de seguridad, específicamente por parte de la Policía Metropolitana, "por consistir las mismas en un elemento de tortura".

En su fallo, la magistrada aseguró que aún “bien utilizadas” por personal idóneo y altamente capacitado, "las armas Taser X 26 pueden causar la muerte o graves daños en la salud de una persona, pues ello no depende del arma en sí, ni de la pericia de la mano que la porte, sino de una situación previa y anterior al estado de cosas que un agente de seguridad debe enfrentar. Frente a la ignorancia de esas cuestiones, será inevitable que se cause un daño no previsto que puede desembocar fatalmente en la muerte de la persona".
La jueza resuelve: "En consecuencia ordeno al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se abstenga de usar las armas Taser X 26, dejándose sin efecto los actos administrativos que se hayan dictado a tales fines, tendientes a la adquisición de las mismas".

En el fallo

V. Las normas jurídicas que regulan el caso. Corresponde recordar las normas involucradas en el caso.

El artículo 34 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Estado y es ofrecido con equidad a todos los habitantes. Añade que el comportamiento del personal policial debe responder a las reglas éticas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, establecidas por la Organización de las Naciones Unidas.


Por su parte el artículo 20 garantiza el derecho a la salud integral, y varios instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 CN) contienen cláusulas específicas que resguardan la vida y la salud de las personas, según surge de los arts. 3 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los arts. I y XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


El señalado artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional ha otorgado jerarquía constitucional a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes (Ley 23.338), cuyo artículo 1 define “tortura” como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basado en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.


El artículo 2 punto 1 de la misma Convención, señala que todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción. Por su parte la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura (Ley 23.652), si bien no tiene jerarquía constitucional, tiene rango supra legal, y establece en su artículo 2 que se entenderá por tortura “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.


En cumplimiento de la manda constitucional, el legislador local ha sancionado la ley 2894 de Seguridad Pública, (B.O.C.B.A. 3063, 24/11/2008), cuyos artículos pertinentes se transcriben a continuación, y cuyos párrafos principales se resaltan:

Artículo 2°.- A los fines de la presente Ley se define como seguridad pública a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establecen la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.


Artículo 5°.La seguridad pública es deber propio e irrenunciable del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que debe arbitrar los medios para salvaguardar la libertad, la integridad y derechos de las personas, así como preservar el orden público, implementando políticas públicas tendientes a asegurar la convivencia y fortalecer la cohesión social, dentro del estado de derecho, posibilitando el goce y pleno ejercicio, por parte de las personas, de las libertades, derechos y garantías constitucionalmente consagrados.


Artículo 8°.- Son objetivos del Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad: … c. Proteger la integridad física de las personas, así como sus derechos y bienes.


Otras Leyes que desde el macrismo buscan aprobar:

Prohibición definitiva de los "trapitos".

Creación de un registro porteño de ADN de "Huellas Genéticas Digitalizadas”

El ingreso a la Metropolitana de policías “provenientes de otras fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, hasta tanto se produzca el traspaso de los efectivos de la Policía Federal a la Metro”.

¿Con el aumento del ABL no alcanza?
La Ciudad proyecta tomar nuevos préstamos por 500 millones de dólares, a través de los bonos “Tango”, así como modificar la Ley Orgánica del Banco Ciudad para poder utilizar los $ 810 millones de ganancias que registró el banco durante el 2010.


LaPistaOculta/GN

http://www.lapistaoculta.com.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=1273:taser&Itemid=164

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