Lo que circula por los medios

19 de noviembre de 2011

SUBSIDIOS - POLITICA Y ECONOMIA


Sábado, 19 de noviembre de 2011
Subsidios y subtextos


Por Luis Bruschtein



Los que tanto hablaron contra los subsidios festejaron ahora con la idea de que su retiro se fundamenta en sus críticas y deducen por eso que se acabó el modelo. Para ellos, el levantamiento de los subsidios sería una demostración de que no se puede ir contra el mercado: si alguien necesita algo, un servicio, agua o electricidad, debe pagar lo que estipula el mercado, y si no, abstenerse.

En realidad, es todo lo contrario: el levantamiento de los subsidios es posible ahora porque antes estuvieron durante ocho años. Esos ocho años de subsidios permitieron llegar a una situación de la economía en que ahora se los pueda retirar sin producir injusticias ni disrupciones. Si no se aplicaban en 2003, hubieran quedado millones de personas sin agua, sin gas ni electricidad y las empresas hubieran terminado por colapsar. Eso hubiera sido seguir las leyes del mercado. La intervención del Estado, en cambio, a través de los subsidios, frenó esa escalada de terror.

Habrá que ver cómo se aplica la salida y las turbulencias que produce, pero en principio una salida relativamente limpia confirmaría el famoso modelo económico del kirchnerismo en vez de negarlo. Porque la única regla inamovible es que la economía sirva a la comunidad (y no al revés) y por lo tanto debe estar subordinada a la política (y no al revés). En ese contexto, cuando los subsidios sirven, se aplican, y cuando no, se los retira.

El retiro de los subsidios fue visualizado como un movimiento donde el Estado tomó distancia y por eso despertó cierta alegría en sectores del neoliberalismo. Pero días anteriores, el Gobierno había generado otro movimiento donde el Estado intervino ante la estimulación del “síndrome dólar”. En el país hay una cultura del dólar. Es como un arma cargada. Pero alguien o algo la tiene que disparar. En este caso, ni el tipo de cambio está tan desfasado ni existen condiciones en la economía que podrían haber funcionado como disparadores.

En cambio, el síndrome fue activado entre otras cosas por una campaña de mails que fue amplificada con información forzada por los grandes medios. Frente a una intervención con sentido especulativo, el Estado intervino a su vez en sentido inverso y dispuso varias normas para los que quisieran comprar dólares. Fue criticado esta vez por “intervencionista” o “estatista”, pero al no haber condiciones reales que justificaran ese vuelco al dólar, con esas medidas en pocos días el tipo de cambio se estabilizó en donde estaba al principio. Al finalizar esta semana, algunas de esas medidas ya se estaban flexibilizando.

El tono de los titulares y de los columnistas en los grandes medios ante estas dos situaciones fue el de una alarma casi festiva imaginando, por un lado, la catástrofe y, por el otro, la forma en que podía descender el capital político que obtuvo Cristina Kirchner, con el 54 por ciento.

Ni siquiera había tenido tiempo de reasumir la nueva gestión y ya se la imaginaban haciendo agua dando el brazo a torcer, supuestamente, con el levantamiento de los subsidios, o debiendo intervenir en forma agónica ante una inquietante disparada del dólar.

A esta altura ya no se entiende si se trata de un tono obligado, casi burocrático, que deben usar como si pusieran piloto automático cada vez que se refieren al Gobierno, o si realmente creen en esos análisis apocalípticos que se disipan siempre al poco tiempo. Fueron dos situaciones que de alguna manera todavía no han terminado de transcurrir, pero en las que el Gobierno nunca perdió el control y a las que fue arreando, más o menos en función de sus estrategias. El abuso del tono profético terminal hundió la carrera de Elisa Carrió y en alguna medida también la de Eduardo Duhalde. Es un registro que no tiene buena recepción en la sociedad, en la que crece el rechazo cada vez que esas profecías se anuncian escandalosamente y encima no se cumplen. A esta altura es un tono que solamente busca la complicidad del contrera convencido y rabioso que constituye un sector bastante minoritario, enquistado sobre todo en la Capital Federal.

El conflicto en Aerolíneas también cuadra en este escenario poco común en una etapa de transición entre el final de un gobierno y su reasunción con el mayor respaldo electoral desde 1983. Aerolíneas se disparó en forma inesperada, primero con una carta muy dura del sindicato de pilotos contra la dirección de la empresa y después con un conflicto no declarado que obstaculizó la salida de los aviones protagonizado por el sindicato de los técnicos aeronáuticos.

Son tres situaciones: una disparada por el poder económico que trató de marcar territorio al Gobierno con un golpecito de mercado; otra, lanzada por iniciativa del oficialismo aprovechando las características de esta transición para quitar los subsidios, y la tercera en Aerolíneas, que tomó la forma de confrontación interna, además de la repercusión externa.

El conflicto de Aerolíneas puso en juego otra vez valores laboriosamente instalados por el neoliberalismo, como la desconfianza a cualquier asunto que administre el Estado y otro más desagradable, que es el desprecio a los jóvenes.

La carta del jefe de los pilotos, Jorge Pérez Tamayo, que se asume como kirchnerista, busca complicidad en esa rémora antiestatista, la que le otorga visos de realidad para los grandes medios. En realidad sus denuncias contradicen hechos concretos que han sido constatados por los usuarios de Aerolíneas. Si no fuera por los retrasos a los que son sometidos sus vuelos por estos gremios (sólo son dos de los siete involucrados en la aeronáutica), es evidente que han crecido mucho la flota de aviones, las rutas y las frecuencias. La empresa sería muy competitiva si no tuviera esos retrasos.

También le otorga credibilidad el prejuicio contra los jóvenes, ya que la dirección de la empresa está conformada por militantes de La Cámpora. Hay un cierto regodeo en algunos comentarios para exagerar el supuesto fracaso de la gestión pública de una Aerolíneas a cargo de jóvenes. Se da por descontado que si está el Estado y además pibes que hacen política, todo tiene que ser un desastre.

En realidad, a los prejuicios antiestatistas y contra los jóvenes se les suma el del viejo gorilismo. Esas tres patas hicieron que un personaje rocambolesco y mediático llevara la voz cantante contra la gestión pública en Aerolíneas. Si Enrique Piñeyro sabe del negocio aeronáutico como sabe de política, le hizo un gran bien al país al dedicarse al cine y a las apariciones mediáticas escandalosas.

Hubo derroche de críticas y desprecios para la agrupación juvenil. La carta de Pérez Tamayo describió a la gestión kirchnerista al borde del disparate, con decisiones desopilantes y de una ineficiencia absoluta. No hay problemas menores, todos los que se describen tienen el dramatismo de una tragedia final. Fue un error darle ese tono destituyente a la carta, porque sonó de la misma forma como la oposición se refirió al gobierno nacional durante el conflicto por la 125, ese tono de columnista del diario La Nación. Esa frecuencia sin matices no tiene credibilidad porque demostró que es exagerada, manipuladora y, en muchos casos, engañosa. De las críticas que se hicieron en ese entonces y de las consecuencias terribles que se anunciaron, no pasó nada y la carta de Pérez Tamayo produce la misma impresión. Solamente puede sensibilizar en algún sector porque genera cierta complicidad con esos prejuicios antiestatistas, antijuveniles y antiperonistas.

Más allá de la imagen externa que asume el conflicto, lo que se puede ver es que no hay un reclamo gremial y lo que sí aparece es una embestida muy fuerte contra la dirección de Aerolíneas. Lo que hay entonces es una disputa de poder y cada quien se cuelga de ella según le conviene. El problema que se le plantea al Gobierno es hasta qué punto una disputa de poder interna puede llevar a ese nivel de desgaste externo.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-181573-2011-11-19.html

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Sábado, 19 de noviembre de 2011
ECONOMIA › PANORAMA ECONOMICO
“Renuncia voluntaria”


Por Alfredo Zaiat
Los subsidios al consumo de electricidad, gas, agua y al transporte público tienen un objetivo económico y un componente político ineludible para su análisis. No son gastos que el Estado debe ahorrar para no generar distorsiones, como han insistido en los últimos años representantes de la corriente ortodoxa, y que, de acuerdo con las reacciones de estos días, han tomado la delantera en esa disputa sobre el sentido común. En ese batallar contra los subsidios han contado de aliados a no pocos heterodoxos, que han adaptado ese discurso con la bandera de la equidad distributiva. Unos y otros recortan el significado central de los subsidios como una importante herramienta de la gestión económica, para incentivar el consumo masivo, la producción y la competitividad de la economía.

Las medidas de recortes anunciados y por venir apuntan a esos dos componentes (gasto público y altruismo ciudadano), aunque sólo está explicitado el segundo en las declaraciones de los ministros. Esto último se instrumentará con un recurso que apela a la sensibilidad social: la “renuncia voluntaria” del subsidio. El Estado no es una ONG que requiere de comportamientos solidarios de la población, sino que debe definir normas generales con criterios determinados para su cumplimiento. Algunas podrán ser observadas como progresivas y otras como regresivas, sin trasladar su responsabilidad de decisión. En esa línea de solidaridad social se podrían establecer también precios diferenciados para la carga de nafta hasta terminar con un carnet de pobres o de clase media baja para ser acreedor de subsidios al combustible. O proponer a los ahorristas de plazo fijo la opción de pagar el Impuesto a las Ganancias sobre los intereses, hoy injustamente exentos. Se establecería así la implacable ley del mercado: “Quien puede pagar, que pague”. ¿Los padres de familias acomodadas en la pirámide de ingresos, que envían sus hijos a escuelas privadas que reciben subsidio estatal, también deberían hacer un acto de contrición y renunciar a ese aporte? Sólo en el área de la Ciudad de Buenos Aires, de un total de 789 establecimientos educativos de gestión privada que existen, 441 reciben aportes estatales para el pago de los salarios de los docentes, totalizando recursos por más de 800 millones de pesos anuales.

Es notable cómo han calado hondo concepciones de vida neoliberal, individualista, de dádiva del rico al pobre, incluso en analistas que no se reconocen como conservadores. Un mecanismo opuesto al de la “renuncia voluntaria” de subsidios es el sistema de fiscalización de compra de divisas, que el mismo gobierno implementó hace veinte días. Quien quiere adquirir dólares en la ventanilla de un banco no se presenta y dice que tiene una estructura patrimonial aceptable para concretar la operación. Es la AFIP la que determina si es posible efectivizar la transacción al establecer ciertas reglas de aceptabilidad, con criterios que pueden ser criticables, pero la decisión no queda en manos de la persona, sino en las del Estado.

Los subsidios son una potente herramienta de política económica utilizada por diversos países para consolidar su desarrollo. No son malos per se, como deja traslucir el discurso de la ortodoxia, que comienzan con los subsidios y luego lo extiende a todo el gasto público. Desde la perspectiva de la teoría neoclásica, suele atribuirse a este tipo de políticas una excesiva intervención en la economía con efectos “distorsivos”, que inhiben el libre funcionamiento del mercado y el despilfarro de recursos en gastos “superfluos”. Resulta fundamental entonces precisar conceptualmente el carácter de los subsidios para eludir definiciones morales sobre quienes son los beneficiarios, y conservadores sobre el papel del gasto público. Al rescate de ese objetivo, la economista Eugenia Aruguete ofrece una explicación oportuna en “La actual política de promoción económica, subsidios y préstamos del Estado Nacional. Gastos tributarios y directos en el marco de una estrategia fiscal expansiva”. Señala que “varios son los fines que motivan la aplicación de subsidios. Los principales son mantener estable el precio y las tarifas de ciertos bienes y servicios”. Apunta que ésta es, predominantemente, la razón de los subsidios al transporte, al sector energético y a la industria agroalimentaria. También, la de atender el funcionamiento de empresas públicas, como Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa). Otro objetivo es el de impulsar el desarrollo de determinados sectores productivos. “Estos subsidios han tenido como una de sus principales finalidades contener el alza de precios y tarifas”, indica. Aruguete destaca que esa estrategia tiene un impacto directo sobre el ingreso real de la población, especialmente de aquellos sectores en los que los bienes y servicios subsidiados tienen un peso relevante en sus canastas de consumo. Y un efecto indirecto sobre el Producto, en la medida en que mejores ingresos posibilitan un mayor consumo, operando sobre la demanda agregada.

En el sector productivo, los subsidios a empresas pueden mejorar las condiciones de producción, estimulando una mayor inversión y favoreciendo el desarrollo de actividades que no se hubieran realizado sin incentivos. La concesión de subsidios, especialmente si se destinan a financiar actividades proveedoras de bienes y/o servicios industriales, como la energía, puede disminuir los costos empresarios y mejorar la competitividad de las firmas, promoviendo inversiones industriales y generando empleo. Esto implica que una empresa puede ganar mucho dinero y a la vez recibir subsidios, porque sería una decisión del Estado fomentar esa actividad en función de un objetivo de desarrollo. Es lo que hacen otros países estableciendo compromisos de inversiones, creación de puestos de trabajo, metas de exportación de las compañías beneficiadas. Esto significa que los subsidios no son un gasto público indiscriminado y que debe ser eliminado totalmente porque genera distorsiones, sino que es una herramienta de política económica a la que el Estado no debe renunciar en el altar de la ortodoxia.

Los subsidios son un factor relevante de una política fiscal expansiva, que tiene efectos positivos sobre la economía a través de múltiples mecanismos. De manera directa, alimentan el nivel de actividad vía la expansión del gasto público, componente central de la demanda agregada. Indirectamente, inciden sobre el crecimiento económico en virtud de su capacidad potencial de estimular la demanda de inversión (pública y privada) y el consumo. Por lo tanto, eliminarlos o reducirlos implica una contracción fiscal con el consiguiente resultado opuesto al de la expansión. Además, se presenta el riesgo de sumar tensiones inflacionarias. Si el Gobierno eligió ese camino porque prevé un 2012 apretado por la crisis internacional, puede terminar por confirmarlo debido a que se trata de una medida procíclica: para los usuarios, un menor consumo; para las empresas, una merma de competitividad.

Se sabe que las medidas económicas no están escindidas de la política y, por lo tanto, ese componente debe considerarse para un análisis abarcador, aunque incorporando una base conceptual de los subsidios en términos económicos lejos de las ideas de la ortodoxia. Por eso es una pregunta que no contempla las etapas históricas de un proceso ni los componentes políticos la pregunta “¿por qué no lo hicieron antes?”. La decisión del Gobierno de impulsar la “renuncia voluntaria” al subsidio tiene su explicación en el objetivo de evitar en forma inmediata el costo social de modificar el sistema de distribución de recursos luego del intento fallido de 2008, por resistencia de organizaciones de consumidores y de la oposición política con el apoyo de gran parte de los medios de comunicación. Habrá que esperar el momento de la recepción de las facturas para evaluar si la nueva estrategia logra superar ese costo. Además, resulta obvio que ahora existe un escenario político amigable para el Gobierno luego de las elecciones presidenciales.

Por otro lado, el frente fiscal de esta medida apunta a consolidar la recuperación de los superávit gemelos (cuenta corriente y fiscal). Esto no es una decisión económica, sino fundamentalmente política. Se sabe que una economía puede mantener su estabilidad con los actuales saldos de esas dos variables, que incluso registran mejores resultados que varios países. Pero por las características políticas y del poder económico de Argentina, desde un comienzo la administración kirchnerista estableció como norma para gobernar una sobreexigencia del saldo de esas cuentas para que la legitimidad política en las urnas pueda ser ejercida con cierta autonomía frente a diversas corporaciones, que ante algún signo de debilidad arremeten, como se observó en los últimos años en diferentes frentes, y más reciente en el mercado cambiario.

azaiat@pagina12.com.ar

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-181591-2011-11-19.html

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