Lo que circula por los medios

29 de enero de 2012

La Metropolitana y la seguridad en la CABA


28-01-12 | POLÍTICA "La Metropolitana no tiene los agentes suficientes para custodiar los subtes"


Lo aseguró el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a pocos días de concretarse el retiro de la Policía Federal. Renovó el reclamo para que esa fuerza de seguridad se traspase a la órbita de la Ciudad. Pidió al gobierno nacional "aclare lo antes posible" los cambios en las tarifas del transporte público

El jefe de Gabinete del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recordó hoy que "la seguridad en la ciudad de Buenos Aires en su conjunto es responsabilidad de la Policía Federal más allá de la red de subtes" y dijo que la decisión nacional de retirar la custodia de efectivos en el servicio de transporte "perjudica a la gente".

Por otra parte, destacó que "hay un diálogo en marcha" con las autoridades del Gobierno central para mantener al menos bajo costo de la Ciudad el servicio adicional de agentes federales en la vigilancia de estaciones de subte aunque la Nación solo quiere delegar a 40 efectivos para ello.
Rodríguez Larreta señaló que "esto se soluciona muy fácil si de una vez por todas nos traspasan la Policía Federal" en el distrito.

La administración que conduce Mauricio Macri ya había advertido ayer que la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de retirar a los agentes constituye un daño a los usuarios y reclamó el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña, con los recursos correspondientes.

Sin embargo, el Ministerio de Seguridad nacional dijo que por un pedido del Gobierno porteño limitó el retiro de los agentes de la Policía Federal de la custodia de los subtes a 40 efectivos de servicio ordinario, y no 250, cantidad que incluye el sistema adicional, como era el plan inicial que se completará el 1ro de marzo.
"Ellos anunciaron sorpresivamente (la decisión de retirar efectivos), nos enteramos por los medios", se quejó esta mañana Rodríguez Larreta.

El funcionario recalcó que "hay que garantizar la seguridad en los subtes", pero insistió que la administración macrista "no tiene la cantidad suficientes de efectivos en la Policía Metropolitana" para suplir a los agentes de las Federal.

"El que vaya al subte hay que sacarlo de la calle, y hoy todavía tenemos en pocos barrios funcionando a la Metropolitana", expresó.

Luego apuntó: "El subte requiere una importante cantidad de policías, yo no entiendo bien si el Gobierno nacional quiere retirarse de la Ciudad en la seguridad, porque sino no se explica esto, pero esperamos discutir esto en los noventa días".

"Hay un diálogo en marcha", aseveró el jefe de Gabinete porteño con relación a conversaciones y equipos de trabajo con gente de la Secretaría de Transporte de la Nación en lo relacionado a todos los temas del traspaso del subterráneo.

Al respecto, Rodríguez Larreta puntualizó que "la gente se quede tranquila que la seguridad será garantizada".
Sin embargo, el funcionario insistió que "la seguridad en la ciudad de Buenos Aires en su conjunto es responsabilidad de la Policía Federal más allá de la red de subtes".

"Está decisión de la Nación es para perjudicar a la gente, la gente que viaja hoy en subte es mucha e históricamente la seguridad la viene garantizando la Policía Federal", aseveró.

Ayer, el ministerio que conduce Nilda Garré explicó en un comunicado que "se decidió comenzar un proceso ordenado de traspaso de las responsabilidades de vigilancia que allí cumple la Policía Federal Argentina", por lo cual a los 40 agentes del servicio ordinario se sumarán desde el 1ro de marzo 210 del servicio adicional.
Larreta además le reclamó a la administración central que "aclare lo antes posible" sí después del 10 de febrero se aplicarán aumentos en las tarifas de colectivos y trenes porque "está generando mucha incertidumbre" en la sociedad.

Además, dijo que todavía el Gobierno nacional "no le contestó" la carta que envío ofreciendo colaboración para que en los CGP de la ciudad de Buenos Aires se distribuyan las tarjetas del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

"El Gobierno todavía no nos contestó. Envié una carta el jueves pasado porque queremos colaborar con la Nación en este tema del SUBE, ya que hay mucha gente preocupada", señaló Rodríguez Larreta.
Al ser consultado si conocía precisiones de un posible incremento en las tarifas de los servicios de transporte público, el funcionario macrista respondió: "No tengo ningún detalle, sería bueno que el Gobierno lo aclare lo antes posible, porque está generando mucha incertidumbre".



Viernes, 14 de octubre de 2011

EL PAIS › MONTENEGRO DEFENDIO LA COMPRA DE RELOJES PARA LOS METROPOLITANOS

Cual pulsera de Mujer Maravilla

Cada uno costó más de 1500 pesos. El ministro de Justicia justificó ante los legisladores su adquisición con el argumento de que son antibalas. También tuvo que dar cuenta por la compra de pistolas a una empresa que ya había entregado una partida defectuosa.

Por Werner Pertot

Los metropolitanos tienen relojes “como los del agente 86”, según bromearon los propios macristas.



Las compras de relojes a más de 1500 pesos cada uno para la Policía Metropolitana y de pistolas a una empresa que ya entregó material defectuoso formaron parte del menú en la audiencia en la Legislatura a la que asistió el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. El funcionario macrista defendió el incremento de presupuesto y sostuvo que los relojes cuestan eso porque son antibalas. Los legisladores de la oposición cuestionaron “el despilfarro de la Metropolitana”.

Casi completamente rapado, Montenegro hizo su entrada a la Comisión de Presupuesto al mediodía. “Para mí, Montenegro se mimetizó con el personal policial a cargo”, lo gastó por Twitter el legislador Diego Kravetz. El ministro no tuvo una visita complicada, si se la compara con las que le tocó pasar con la designación de Jorge “Fino” Palacios y la comisión investigadora de las escuchas ilegales. Montenegro detalló que para finales del año que viene el 40 por ciento de los agentes de la Metropolitana serán egresados de su academia y bajará el ingreso de policías de otras fuerzas. También anunció que la Metropolitana empezará a patrullar la Comuna 4 el año próximo con camionetas.

Luego de su exposición vinieron las preguntas y las críticas por los manejos presupuestarios. El legislador de Nuevo Encuentro Gonzalo Ruanova quiso saber por qué “pasamos de 38 a 50 millones para seguridad privada”. Montenegro retrucó que está cubriendo objetivos que dejó la Policía Federal. “Felicito al ministro por lograr incrementar sus recursos y ser su ministerio el quinto en importancia, con una incidencia del 6 por ciento”, ironizó Julio Raffo, de Proyecto Sur. “Representa un 4,96 por ciento”, le aclaró Montenegro. “Ha aumentado y seguirá aumentando”, avisó.

Luego llegó el turno del ibarrista Eduardo Epszteyn, quien desplegó sus dudas sobre una serie de compras de la Metropolitana. Empezó por la adquisición de 33 relojes por 59.994 pesos. “¿Para qué compran relojes por 1500 pesos cada uno?”, preguntó Epszteyn. “Son relojes especiales, antibalísticos”, le contestó Montenegro. A la discusión se sumó el macrista Alvaro González, que preside la Comisión de Presupuesto: “Son relojes como los del agente 86”, lanzó. La kirchnerista María José Lubertino aportó lo suyo entre las risas: hizo el gesto de juntar los brazos para protegerse como los brazaletes de la Mujer Maravilla.

Epszteyn volvió a la carga con otras compras: advirtió que la empresa Trompia, a la que le habían comprado las primeras 850 pistolas Beretta Px4 Storm había tenido problemas con los cargadores. Según un informe de la Auditoría que recordó Epszteyn, “el 13 de enero de 2010 el comisionado general de la Policía Metropolitana eleva una nota a la Jefatura Policial notificando la devolución de 385 cargadores sobre un total de 450, que presentaban fisuras en el lateral derecho. Conjuntamente se devuelven cuatro pistolas”. El 80 por ciento de los cargadores era defectuoso.

El mismo informe de la auditoría señala que “el precio abonado por el bien supera al primer precio de referencia en un 96 por ciento”. De 2500 pesos de referencia a 4635 pesos. Por ley, no debería superar el 5 por ciento. A pesar de esto –advirtió Epszteyn– volvieron a comprarle a Trompia este año. Esta vez, mil pistolas Beretta por 910 mil euros.

Montenegro quedó en responderle sobre éste y otros temas: los 120 mil pesos en “consultoría en materia de comunicación institucional” a la firma AR y Asociados, de Alejandra Rafuls, junto a otros dos millones ochocientos mil pesos en consultorías, una resolución que permite que la empresa Froilán-Taraborelli Automobile S.A. “promocione los beneficios en cuestión entre el personal de la fuerza” en las distintas dependencias de la Metropolitana, del inolvidable camión hidrante (ver aparte).

“La presentación del ministro Montenegro fue una vez más sumamente desprolija: no puede fundamentar un incremento del presupuesto del 90 por ciento y con un informe de Auditoría que señala las irregularidades”, indicó Epszteyn a Página/12. En tanto, el kirchnerista Francisco “Tito” Nenna estimó que “el PRO despilfarra recursos públicos en seguridad”.


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Jueves, 07 de Abril de 2011 15:20

Macri había rechazado el servicio de 500 efectivos de la Federal. ¿"Billetera mata seguridad"?

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, firmó el 14 de febrero el decreto 85/11 mediante el cual rechazó el servicio de 500 agentes de la Policía Federal.

El decreto fue publicado en el Boletín Oficial el 3 de marzo y fue refrendado por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y por el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.

El decreto 85/11 da por finalizado tres convenios firmados en 2004. El primero de esos convenios, con fecha de 7 de enero de 2004 firmado por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (representado por el ministro, Dr. Gustavo Béliz) y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (representado el señor Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra)contemplaba creación de "la Dirección General de Policia Comunitaria en el ámbito de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, con la misión de concentrar, analizar, coordinar e instrumentar programas de seguridad ciudadana que se establezcan consensuadamente entre las Partes en materia contravencional, tránsito, seguridad en parques, plazas, espacios verdes u otros lugares que se determinen y en todas aquellas acciones y programas que resulten de la ejecución del Plan de Prevención del Delito".

Las funciones detalladas consistian: "La Dirección General de Policía Comunitaria, prestará el auxilio de la fuerza pública a los funcionarios del GCABA, actuará como auxiliar del Poder Judicial y del Ministerio Público de dicha jurisdicción, sin perjuicio de la competencia que corresponde por Ley Orgánica a otras dependencias de la PFA y coordinará los servicios que requieran el apoyo de otras áreas de la PFA"

En cuanto a los recursos se acordaba la incorporación de quinientos (500) agentes de policía para ser destinados específicamente a la Dirección General de Policia Comunitaria de la PFA.

El convenio fijaba que el Gobierno de la CABA se obligaba "a tomar las previsiones presupuestarias y a transferir al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (MJSDH) los fondos necesarios para el financiamiento requerido que demanden los gastos de personal y equipamiento destinados a la ejecución de los programas aprobados" y que el Ministerio Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos se comprometía a afectar "dichos recursos exclusivamente a su cumplimiento".

El presente Convenio fue remitido a la Legislatura de la C.A.B.A. mediante Mensaje N° 6 de fecha 24 de febrero de 2004.

Sin embargo, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, mediante el decreto 85/11 con fecha de el 14 de febrero, dio por finalizado los tres convenios firmados en 2004 rechazando así el servicio de 500 agentes de la Policía Federal.

Como fundamento de tal decisión el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, detalla que "en la actual Gestión de Gobierno se sancionó la Ley N° 2.894, por la cual se creó la Policía Metropolitana, contándose para tal fin sólo con el financiamiento que aporta el erario público de la Ciudad y que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha visto así obligado a realizar enormes esfuerzos para financiar la creación de una Fuerza Policial desde su inicio, sin contar con ayuda externa alguna" agregando "que si bien actualmente la Policía Metropolitana no dispone de la cantidad de efectivos necesarios para cubrir el amplio ámbito geográfico de esta Ciudad, debe destacarse la actividad que despliega en la Comuna 12, zona base de sus operaciones, donde realiza tareas de prevención general y que no obstante ello, la citada Fuerza de Seguridad, se encuentra en pleno proceso de expansión, tanto en lo que respecta a sus recursos humanos como a su ámbito de actuación contando a la fecha con 1693 efectivos."

En el decreto se señala también que la Policia Metropolitana "ha ampliado su rango de cobertura a la Comuna 15 y próximamente lo hará en la Comuna 4" y que en reiteradas oportunidades, ante requerimientos puntuales de las autoridades del Gobierno de la Ciudad la Policía Comunitaria no brindó la colaboración debida" y que "resulta procedente a efectuar la denuncia de los Convenios N° 1/SJYSU/04, N° 30/AJG/04 y N° 31/AJG/04, dejando vigente la solicitud de policía adicional que en razón de necesidad de la Ciudad, deba requerirse a la Policía Federal".

Cabe señalar, entonces la contradicción resultante. Mientras el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri decidía mediante el decreto 85/11 dar por finalizado el convenio con el Gobierno Nacional (que ponía a 500 federales en las calles de la Ciudad para prevención del delito) en el mismo decreto señalaba que dejaba “vigente la solicitud de policía adicional que en razón de necesidad de la Ciudad, deba requerirse a la Policía Federal".

La contradición devuelve un mensaje: el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri con tal decisión lograba un ahorro de costos de personal y equipamiento. Las tareas de "policia adicional" implican funciones administrativas y de custodia de lugares públicos.

Es decir, con la firma del decreto (que rechazaba el servicio de 500 policias en las calles de la Ciudad) desde el Gobierno de la Ciudad se había decidido ahorrar los costos que demanda contar con esos efectivos para "la seguridad" de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Con esa decisión, allí entre las líneas del decreto 85/11 firmado por Macri, "la demanda de seguridad" y los ciudadanos de la CABA se convirtieron "en la variable de ajuste".

LaPistaOculta/GN


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Sábado, 12 de Marzo de 2011 15:48 Macri niega competencias de la Policia Metropolitana

El viernes 11 en declaraciones a Radio 10, Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dijo sobre la toma de terrenos:

"La (Policía) Metropolitana no puede desalojar el lugar, no está preparada, no tiene una Infantería".

"No se desaloja a la gente. Y a los violentos les decimos que le saquen la vivienda a quien se les ocurra, total el Estado Nacional no va a hacer nada".

"La Argentina tiene futuro, se puede progresar si hacemos las cosas con lógica. El primer paso es entender que lo que nos define como una sociedad civilizada es respetar la ley"

"El Gobierno deja que grupos minoritarios violentos se aprovechen de las mayorías".



"Si no quieren hacerse cargo de la seguridad, que nos transfieran la Policía. Estamos haciendo un esfuerzo gigantesco de armar una Policía desde cero, y el avance de la Metropolitana es un éxito"

"Nosotros vamos a seguir insistiendo para que el juez obligue al Gobierno Nacional a que mande a la Policía Federal"

"Es tan pasiva la actitud de la Policía Federal que delante de ellos se llevaban calefones, cocinas, computadoras del obrador y no hacían nada".

Algo distinto leemos en la Página del Gobierno de la Ciudad al referirse a la Policia Metropolitana

Se trata de una institución civil armada que ejerce la fuerza pública del Estado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los límites territoriales determinados por el art. 8º de la Constitución local, con excepción de los espacios sujetos a jurisdicción federal.

Las funciones de la Policía Metropolitana, establecidas en el artículo 33 de la ley 2894, son, entre otras:

* Prevenir la comisión de delitos, contravenciones y faltas.

* Conjurar e investigar los delitos, contravenciones y faltas, de jurisdicción del Poder Judicial de la Ciudad.

* Mantener el orden y la seguridad pública.

* Auxiliar a las autoridades en materia de controles de seguridad vial.

* Colaborar con las autoridades públicas ante una situación de emergencia.

* Actuar como auxiliar de la Justicia cuando sea expresamente requerido.

* Asegurar el orden público en ocasión de los eventos deportivos o artísticos masivos.

Por medio de convenios con la Nación, fueron transferidas además a la Ciudad las siguientes competencias que habilitan la intervención de la Policía Metropolitana:

* Hechos de tenencia y portación de armas de uso civil y su suministro a quien no fuera legítimo usuario, sancionados en el art. 42 bis de la Ley N ° 20.429 y en los arts. 189 bis, ter. párrafo y 189 ter. del Código Penal, todos según ley N°25.086; y en los arts. 3°, 4° y 38 de la Ley N ° 24.192

* Lesiones en riña (artículos 95 y 96, Código Penal).

* Abandono de personas (artículos 106 y 107, Código Penal).

* Exhibiciones obscenas (artículos 128 y 129, Código Penal).

* Matrimonios ilegales (artículos 134 a 137, Código Penal).

* Amenazas (artículo 149 bis primer párrafo, Código Penal).

* Violación de domicilio (artículo 150, Código Penal).

* Usurpación (artículo 181, Código Penal).

* Daños (artículos 183 y 184, Código Penal). * Ejercicio ilegal de la medicina (artículo 208 Código Penal).

* Hechos tipificados en las Leyes Nº 13.944, 14.346 y artículo 3º de la Ley 23.592.

* Omisión de Auxilio (articulo 108 del Código Penal) Protección de malos tratos contra animales (Ley Nº 14.346) Actos discriminatorios (Ley 23.592)


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 Jueves, 7 de abril de 2011
EN FEBRERO, DIO DE BAJA EN FORMA UNILATERAL UN CONVENIO POR EL CUAL TENIA A QUINIENTOS EFECTIVOS DE LA POLICIA FEDERAL 
Macri había rechazado lo que ahora reclama


Se trata de la Policía Comunitaria, integrada por federales y financiada por la Ciudad, que trabajaba desde 2004 a las órdenes de las autoridades porteñas. En 2009, Nación ya había cortado el servicio de policía adicional por falta de pago.


 Por Eduardo Videla


Antes de que el gobierno nacional le sacara a la ciudad de Buenos Aires el servicio de policía adicional, el gobierno porteño había dado de baja otro convenio con la Nación y renunciaba a seguir sosteniendo la Policía Comunitaria, un cuerpo integrado por unos 500 efectivos de la Policía Federal que prestaba servicio a las órdenes de las autoridades porteñas. La decisión, adoptada en febrero último, pasó prácticamente inadvertida, lo cual revela la naturaleza política de la actual disputa: nadie en el gobierno porteño se rasgó en ese momento las vestiduras por la pérdida de esos efectivos, que probablemente hubieran reforzado las tareas de la Policía Metropolitana. El actual conflicto por el cese de los servicios adicionales tiene un antecedente no muy lejano: a fines de 2009, la Policía Federal le había cortado la prestación a la Ciudad, que mantenía una deuda de 40 millones de pesos. Lo reclamado en la actualidad es de al menos 20 millones, correspondientes a siete meses de servicios impagos.



“Macri prescindió del servicio de 500 efectivos de la Policía Federal porque consideraba que le bastaba con la Metropolitana, y ahora reclama lo que antes descartó”, denunció el legislador Francisco “Tito” Nenna (Encuentro Popular para la Victoria). De hecho, los 500 efectivos de la Comunitaria trabajaban ocho horas, mientras que los 1400 que prestaban servicios adicionales lo hacían en módulos de cuatro horas.



El servicio de Policía Comunitaria estaba vigente desde enero de 2004, a partir de un acuerdo entre el entonces jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y quien era ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, Gustavo Beliz. En virtud de ese convenio, se creaba la Dirección General de Policía Comunitaria, integrada por efectivos de la Policía Federal, cuya misión era “instrumentar programas de seguridad ciudadana” previamente consensuados con la Ciudad. Esta mínima fuerza tenía atribuciones para actuar en materia contravencional, en tránsito, seguridad en parques, plazas y espacios verdes y como auxiliar del Poder Judicial de la Ciudad.



“Como regía la ley Cafiero y no podíamos tener policía propia, la idea era crear un cuerpo al que se incorporaran 500 efectivos por año, a los que la Ciudad les pagaba el sueldo, pero seguían perteneciendo a la estructura de la Federal, y los equipaba comprando patrulleros”, recordó Aníbal Ibarra, hoy legislador porteño.



La baja del convenio que sostenía la Policía Comunitaria fue decidida el 14 de febrero de este año por un decreto que firmaron el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro; el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y el jefe de Gobierno a cargo, Oscar Moscariello (Mauricio Macri estaba entonces de vacaciones). La norma, publicada en el Boletín Oficial el 3 de marzo último, argumenta que la Ciudad había creado la Policía Metropolitana, que “si bien no dispone de la cantidad de efectivos para cubrir el amplio ámbito geográfico” de la Ciudad –hoy son alrededor de 1900 efectivos–, se encuentra en pleno proceso de expansión”. El decreto fundamenta la denuncia del convenio en que “en reiteradas oportunidades, ante requerimientos puntuales” de las autoridades porteñas, “la Policía Comunitaria no brindó la colaboración debida”.



Dos años después, en septiembre de 2006, el entonces jefe de Gobierno, Jorge Telerman, suscribió con el jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, un acuerdo para la prestación del servicio de policía adicional en puntos fijos dependientes de la administración porteña. Ese servicio se cumplió a través de módulos de cuatro horas diarias, que los policías federales realizan después (o antes) de cumplir con su horario de servicio regular, a manera de horas extra.



Ese convenio colapsó en noviembre de 2009, cuando la Ciudad acumuló una deuda de 40,1 millones de pesos con la Policía Federal, que cortó el servicio de adicionales. En ese momento, después del correspondiente cruce mediático, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro Montenegro llegaron a un acuerdo que no sólo incluía un cronograma de pago, sino el compromiso de establecer reglas de convivencia entre la Federal y la Metropolitana. Después de ese acuerdo, se restablecieron los servicios adicionales.



Ahora la situación es diferente. Existe la decisión política de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, de reforzar la presencia policial en las calles, como manera de apostar a la prevención del delito. Para eso, resolvió sacar a policías de tareas administrativas y de actividades de custodia de edificios, tareas que –se interpreta– podrían ser cumplidas por personal de seguridad privada o agentes de la Metropolitana.



El anuncio del retiro de los servicios adicionales se hizo el lunes último y se puso en vigencia 24 horas después. Ayer, la sobreactuación por parte del gobierno porteño sobre una posible desprotección en edificios públicos derivó en medidas de fuerza en algunos hospitales porteños (ver aparte). Para la diputada porteña Gabriela Alegre, “si bien la presencia policial en los efectores de salud es necesaria”, las situaciones de violencia que se viven en esos servicios “tiene que ver con la falta de respuestas del sistema, como carencia de insumos, suspensión de cirugías o tardanza de las ambulancias”.



La Policía Federal dio el correspondiente preaviso de 30 días para anunciar que el convenio se dará de baja el 6 de mayo. Pero el servicio dejó de prestarse ese mismo día por falta de pago. Según la Nación, el gobierno de Macri le adeuda 27 millones de pesos. La Ciudad admite que son 20,5 millones, a razón de tres millones por mes.
La Federal presta servicios adicionales en unos ochocientos puntos. El plan de retiro de ese servicio empezó, justamente, por los contratados por el gobierno porteño, que cubren 114 de esos objetivos. El resto se cumple en empresas estatales y otros organismos públicos. En el gobierno nacional argumentan que se empezó por ahí porque “la Ciudad cuenta con una fuerza policial, no está desprotegida”. En Bolívar 1, en cambio, interpretan que la intención es “provocar un daño a la gestión de Macri”. Sea como fuere, la pelea no parece tener una resolución a la vista.



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Jueves, 7 de abril de 2011 
Una línea por la seguridad
 
Ambos ministros fijaron sus disidencias, pero también se comprometieron en que harán “todo lo necesario”, cada uno desde su ámbito, para mejorar la seguridad de los vecinos. De las 833 escuelas en la Capital, sólo nueve tenían custodia de la Federal.

Por Carlos Rodríguez
La controversia entre el gobierno nacional y el porteño por la decisión de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, de rescindir los servicios adicionales que prestaba la Policía Federal, tuvo ayer un nuevo capítulo. Desde la Nación se afirmó anoche que en una comunicación telefónica mantenida durante la tarde, la ministra Garré y su par de la Ciudad, Guillermo Montenegro, “establecieron las disidencias en torno del mecanismo de refuerzo de la seguridad pública establecido por el gobierno nacional en la jurisdicción”, dado que se ratificó la decisión de sumar dos mil efectivos en las calles para prevención del delito, manteniendo a rajatabla su decisión de suspender los servicios adicionales que brindaba la Policía Federal. Al mismo tiempo, se dijo desde la Nación que los dos funcionarios “coincidieron (...) en que harán todo lo necesario para mejorar la seguridad”. En el comunicado del ministerio nacional, se minimizó el supuesto problema que se plantearía en las escuelas públicas, dado que “de los 833 establecimientos” existentes en la Capital Federal “sólo nueve” tenían custodia de la Federal. Por esa razón, se advirtió que la ciudadanía “no se debe dejar alarmar”.
Antes de la difusión del comunicado del Ministerio de Seguridad, Montenegro había salido a decir públicamente que no hubo “ningún tipo de acuerdo” con Garré, durante una conversación telefónica que habían mantenido ayer por la tarde. Desde la Nación, en el comunicado conocido anoche, se aseguró que “no obstante” las diferencias respecto del tema de los adicionales, “ambos funcionarios coincidieron en que cada uno, en el ámbito de su competencia, hará todo lo necesario para mejorar la seguridad de los vecinos” y se resaltó que ése es el “objetivo del plan integral de seguridad del gobierno nacional”.
En respuesta a declaraciones realizadas por funcionarios porteños, el Ministerio de Seguridad dijo en relación con las escuelas públicas porteñas que la ciudadanía “no debe dejarse alarmar”. Aseguró en tal sentido que “de los 833 establecimientos públicos que dependen” del gobierno porteño “sólo nueve estaban custodiados por el servicio de ‘policía adicional’ contratado con la Policía Federal Argentina, y deberá ser reemplazado por la Policía Metropolitana en lo sucesivo”.
Respecto del sistema de “corredores de seguridad” en el ingreso y egreso de alumnos de todas las escuelas de la ciudad, se informó que “será cubierto como hasta ahora por las comisarías de cada jurisdicción, sin perjuicio de la contribución que pueda hacer la Policía Metropolitana. En esto nada ha cambiado”. En los hospitales “se mantendrá la presencia del servicio de prevención contra incendios (a cargo del cuerpo de Bomberos de la Policía Federal), ya que la Policía Metropolitana no dispone” de un cuerpo propio en la especialidad. El mismo servicio seguirá vigente en el Teatro Colón y en la Reserva Ecológica.
Fuentes del Ministerio de Seguridad nacional dijeron a Página/12 que el aporte de bomberos no se brindará como adicionales sino como “servicio regular”, de manera que la ciudad no pagaría nada a cambio de la prestación. Por otro lado, se reivindicó la facultad de la ministro Garré de formular las estrategias de la Policía Federal. Por eso se decidió volcar “un total de dos mil efectivos a las calles” para realizar tareas de prevención del delito. Para cumplir con ese objetivo se rescindió el contrato de servicios adicionales con la ciudad.
Como ya informó este diario, la Federal presta adicionales en 800 objetivos de la ciudad de Buenos Aires. El martes dejó de hacerlo en 114 de ellos que involucraban a 1400 efectivos. Una razón adicional de la medida fue que el municipio porteño arrastra una deuda de 20,5 millones de pesos porque adeuda siete meses de servicios. En el ministerio nacional se afirma que los puestos clave de la ciudad se pueden cubrir con apenas 300 efectivos de la Metropolitana. Aunque nadie lo mencionó, al parecer Garré y Montenegro se habrían puesto de acuerdo en algo: en los lugares donde se instalarán más cámaras de seguridad.
Hacia adentro de la fuerza, el ministerio nacional dispuso, para que los efectivos policiales mantengan sus ingresos actuales, abonar un suplemento de mil pesos para todo el que cumpla servicios de calle. Además, se aplicará una asignación extraordinaria para todos los que hacían adicionales. A ellos se les va a pagar lo que cobraban por los adicionales que hacían para la Ciudad y a empresas privadas. Para ello podrán trabajar extras, a razón de seis horas cada 48 horas de servicio. Esto significará una reducción en la cantidad de horas de trabajo. Antes cumplían turnos de diez y doce horas en los adicionales.
Desde la Ciudad, los voceros de Montenegro expresaron su malestar. El ministro Guillermo Montenegro le envió una carta a su par de Nación, por la mañana, solicitando una reunión. Esto fue reforzado por una primera llamada telefónica. Cerca de las cuatro de la tarde de ayer conversaron por esa vía y Montenegro reiteró el pedido de audiencia. “Prometieron una respuesta para la seis o siete de la tarde, pero todavía no llegó.”
El punto en el que insistió Montenegro es que “la responsabilidad primigenia, en la Ciudad de Buenos Aires, es de la Policía Federal”. El vocero informó que desde ayer la Metropolitana asumió la custodia de los hospitales de las comunas 12 y 15. Se trata de los hospitales Tornú y Pirovano. Además, a partir de una orden judicial, pusieron una consigna de la misma fuerza en el Hospital Penna. La función de la custodia en ese lugar es la de “acompañar a las ambulancias que tienen que entrar a la Villa 21”. Los voceros del gobierno porteño confirmaron que el Pirovano tiene custodia de la Metropolitana, pero hoy seguiría el paro convocado por los médicos municipales.


 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/165752-52938-2011-04-07.html
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