Lo que circula por los medios

17 de abril de 2012

Repsol no es España


Repsol no es España
17abr 2012

Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla

La única manera de entender las razones que provocan el furor con que el gobierno español, los medios de comunicación y tantos tertulianos de toda laya defienden a Repsol no puede ser otra que comprobar el amplio listado de ex autoridades del Estado, incluyendo actuales ministros, que han estado en su nómina, las miles de páginas y horas de su publicidad que financian a los medios y quién sabe qué otro tipo de influencias más inconfensables e inconfesadas.

Defender la españolidad de Repsol es algo demasiado forzado y olvidar que los que ahora lo hacen con tanto ímpetu fueron, en su gran mayoría, los que promovieron y llevaron a cabo la privatización de empresas que entonces sí que eran efectivamente españolas, no solo porque la totalidad o la inmensa mayoría de su capital era español, lo que quizá incluso sea lo de menos, sino porque la estrategia empresarial que perseguían respondía a intereses nacionales y no globales que apenas si repercuten en el progreso de España y en el bienestar de sus ciudadanos.

Desde que fue privatizada, Repsol tiene su cerebro y su alma puestos en otros lugares e intereses y no se puede decir que haya sido España en su conjunto quien se haya beneficiado de su actividad empresarial. Utiliza paraísos fiscales para tratar de tener aquí la menor carga fiscal posible, ha destruido empleo y a docenas de pequeñas y medianas empresas española al someterlas a condiciones de pagos draconianas a pesar de que cuenta con abundantes recursos financieros y liquidez suficientes.

Es por ello una perversión inaudita que el gobierno y ex políticos en su nómina salgan a defenderla y que no dijeran nada cuando Repsol actuaba de esa manera lesiva para la economía nacional.

Y si la actuación en España de Repsol ha resultado tan escasamente beneficiosa para nuestros intereses nacionales su comportamiento en el exterior resulta sencillamente vergonzoso y justifica que los españoles “de bien y como Dios manda”, por utilizar la expresión que tanto le gusta a Mariano Rajoy, hubieran condenado hace tiempo sus desmanes y tropelías, especialmente, por cierto, en las tierras que en los discursos oficiales tanto alabamos considerándolas como nuestras hermanas. En Ecuador, Bolivia y otras latitudes ha provocado grandes daños medioambientales y sociales y vulnera constantemente los derechos humanos de pueblos enteros, generando una ingente deuda ecológica allí donde actúa. Como otras multinacionales, que en realidad no tienen Patria alguna, Repsol ha promovido gobiernos totalitarios con los que poder llegar a acuerdos que la exonerasen de pagar impuestos y cuando otros dignos y con vergüenza se lo han exigido ha puesto el grito en el cielo y recurrido a su españolidad, como ahora, para recabar el apoyo de gobiernos y medios de comunicación.

¿Dónde estaban entonces los defensores del libre mercado y la competencia, de la justicia, la libertad y los derechos humanos?

En Argentina, como en otros países, Repsol utiliza las respectivas filiales nacionales, como hacen todas las empresas multinacionales, para fijar los llamados “precios de transferencia” (artificialmente bajos para hacer que aparezcan pérdidas allí donde conviene y beneficios en donde pueden conseguir tratamiento fiscal y condiciones políticas más favorables). Y en lugar de orientar la explotación de los recursos nacionales hacia el abastecimiento interno que cubra las necesidades de la población y satisfaga los respectivos intereses nacionales, se utiliza como parte de una estrategia de maximización de beneficios global que, entre otras cosas, pasa por considerar al petróleo, y al resto de las materias primas, como una commodity, es decir, no solo un bien orientado a la producción y el consumo sino, sobre todo, a su utilización como activo financiero para especular con él en los mercados.

Confundir los intereses de Repsol con los de España es un insulto a la inteligencia de los españoles. Ni es española por la composición de su capital -mayoritariamente en manos de intereses extranjeros-, ni por la estrategia empresarial que persigue ni, como he dicho, porque beneficie principal o sustancialmente a las familias o empresas españolas. Más bien todo lo contrario.

Y la defensa numantina que ahora quiere hacer de Repsol el gobierno resulta verdaderamente patética y vergonzosa cuando día a día se somete sin más a los mercados, a los bancos que han provocado la crisis, a los grandes grupos empresariales y al gobierno alemán que impone medidas totalmente lesivas para los intereses españoles. ¡Eso sí que merecería una respuesta valiente y patriota por parte de nuestro gobierno y de los medios de comunicación!

Lo que está haciendo el gobierno es patético y se debe decir claramente: no está defendiendo los intereses de España y de sus ciudadanos, como dice, sino de una gran empresa a la que España, el bienestar de su población o la situación de las empresas que verdaderamente están aquí tratando de sacar adelante la actividad y el empleo sin gozar del apoyo y los privilegios de Repsol, le importan un rábano en el día a día de sus actuaciones

Ya está bien de tanto teatro y de tanta sumisión ante los grandes. Lo que necesitamos en España no son precisamente repsoles que se dediquen a ganar dinero a espuertas en Argentina y otros países a base de mal explotar sus recursos, de evadir impuestos y expatriar beneficios a paraísos fiscales, sino un gobierno digno que se plante ante quienes de verdad están llevando a la ruina a la economía española.


http://blogs.publico.es/dominiopublico/5101/repsol-no-es-espana/

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La nacionalización de YPF - Repsol Argentina
Artículos de Opinión | Alberto Garzón Espinosa | 17-04-2012 |

El gobierno de Argentina, presidido por Cristina Fernández de Kirchner, ha confirmado los rumores de los últimos días y ha anunciado la nacionalización de la empresa YPF, filial de la multinacional REPSOL. En este post recopilamos la información más relevante que hemos publicado estos días sobre esta cuestión.

En primer lugar conviene hacer algunas aclaraciones acerca de la propia medida, pues de momento las informaciones son imprecisas. Se habla tanto de “expropiación” como de “nacionalización” y de “compra”, sin precisar mucho más. Las definiciones son importantes y deben acompañar a los conceptos, pero hasta el momento la información disponible nos indica que se trata, efectivamente, de una nacionalización –por lo tanto pagada, pero sin precio asignado hasta el momento- por parte del gobierno argentino. No se trata de una decisión voluntaria por parte de las dos partes, sino de una decisión unilateral que, no obstante, asigna un precio a la entidad por adquirir[1].

En segundo lugar, YPF es una entidad que no es propiedad al cien por cien de la multinacional Repsol. Enrealidad Repsol controla en torno al 57% de YPF, lo que la convierte en el socio mayoritario y el que tiene poder de control y gestión, pero no es el beneficiario pleno de la actividad de YPF. El resto de la empresa es propiedad de capital privado argentino y de capital flotante (propiedad de capital argentino y extranjero).

En tercer lugar, la historia es importante. YPF fue fundada en 1922 por el Estado argentino y fue de titularidad pública hasta 1992, cuando comenzó el proceso de privatización auspiciado por los organismos internacionales –especialmente el Fondo Monetario Internacional- en el marco de los llamados planes de ajuste. La empresa terminó de privatizarse en 1999 cuando Repsol –otra empresa que fue en otro tiempo pública, en este caso española- se hizo con la mayoría de las acciones de YPF.

Durante la etapa de la “sustitución de importaciones” -a partir años treinta- YPF jugó un rol fundamental en la reestructuración de la economía argentina. La influencia de los autores dependentistas y neomarxistas llevó a Argentina a una estructura económica que la situó entre los países más avanzados del mundo en la época de posguerra, atrayendo a gran parte de los refugiados por la II Guerra Mundial. Su modelo de exportación de materias primas fue progresivamente sustituido por uno en el que la industria jugaba un rol crucial, proporcionando un modelo de crecimiento más sólido que permitió unas condiciones laborales estables y un incipiente sistema de protección social.

Tras la dictadura militar y la crisis estructural de los años setenta y ochenta, el gobierno argentino de Carlos Menem fue el responsable de la privatización, si bien fueron las políticas del Consenso de Washington las que inspiraron dicho proceso. Junto a esa privatización se dieron reformas estructurales que llevaron a la privatización de los planes de pensiones, reformas en el mercado de trabajo que precarizaron las condiciones laborales y otras reformas que llevaron a la gravísima crisis de 2000. Sólo después de que Argentina se rebelara contra el FMI y sus planes de ajuste, incluso acometiendo una quita de la deuda –no pagar parte de la deuda externa-, pudo el país volver a remontar aquella situación.

En cuarto lugar, Repsol no es técnicamente una empresa española, y en absoluto es propiedad de todos los españoles. Más del 50% de la multinacional es propiedad del capital extranjero (el 42% pertenece a fondos de inversión extranjeros –gestionados habitualmente por grandes bancos- y el 9’5% pertenece a la empresa mexicana PEMEX). El resto de la empresa es propiedad del grupo de capital privado español Sacyr (10%), de una entidad financiera española como Caixabank (12’83%) y de más capital privado español.

En quinto lugar, Repsol proporciona beneficios a la economía española que podrían considerarse nimios. Repsol declara en España el 25% de sus beneficios totales por todo el mundo, y en 2010 pagó impuestos aquí por valor de 949 millones de euros a un tipo impositivo efectivo del 26’8%. Ello quiere decir que ni siquiera paga el 30% que corresponde como tipo nominal por tributar en España. Repsol paga otro tipo de impuestos en los países donde opera, como Argentina o Libia, pero también tiene operaciones en paraísos fiscales. Y su operativa financiera muy probablemente no se contabilice en España.

En sexto lugar, el crecimiento y desarrollo de Repsol –que debe mucho a la privatización argentina de YPF- no es igual de beneficioso para todas las partes que conforman la multinacional. Mientras los beneficios contables han crecido un 11’97% entre 1998 y 2007, el salario medio de sus empleados sólo ha crecido un 1’71%. Eso quiere decir que los mayores beneficiados han sido los accionistas privados –fundamentalmente grandes empresas extranjeras y otras españolas- y no sus trabajadores.

En séptimo lugar, Repsol-YPF en tanto que empresa privada sólo persigue maximizar el beneficio en el corto plazo –para sus accionistas, además-, de modo que su estrategia empresarial no tiene por qué alinearse necesariamente con la estrategia de desarrollo de la economía argentina. Esta es precisamente una de las razones que aduce el gobierno argentino, que desea recuperar la empresa para poder usarla como instrumento efectivo de desarrollo.

En definitiva, hablamos de un fenómeno económico que debe analizarse desde un enfoque adecuado. No están enfrentados los intereses de dos naciones distintas, sino los intereses nacionales de Argentina y los intereses económicos de sujetos privados de distintas nacionalidades –y entre ellas, en menor grado, españoles-. Por lo tanto, es una falacia considerar esta medida económica como un ataque a España. Es una compra legal, que en todo caso podría estar minusvalorada –ya veremos-, y que afecta a los intereses de unos sujetos económicos –grandes empresas y bancos- que no comparten beneficios con el resto de la sociedad.

Esta no es la guerra de los trabajadores españoles. En todo caso queda pendiente ver si la gestión de YPF, a partir de ahora en poder del Estado argentino, será beneficiosa para los trabajadores argentinos o si, por el contrario, será YPF un instrumento al servicio de las oligarquías argentinas. No obstante, no es ese el tema que ahora nos ocupa.

Es una vergüenza que el gobierno español salga en defensa de los intereses de las grandes empresas españolas que poseen un capital minoritario de Repsol, en perjuicio de los intereses nacionales de un país soberano como Argentina. Más aún cuando mientras eso ocurre el gobierno está efectuando políticas de recortes que hacen recaer el peso de la crisis sobre la población española más desfavorecida.

Para el gobierno del PP el grado de atención y ayuda prestada depende del tamaño del bolsillo. Lo que debería hacer el PP, en vez de proteger los intereses de los más ricos, es replantearse su política económica y reflexionar acerca de si no es mejor opción de política económica imitar a Argentina y proceder a la recuperación de determinados instrumentos políticos. Instrumentos que deberían ponerse al servicio de los españoles en su conjunto, y no de unos pocos adinerados con capacidad para especular en distintos mercados financieros –entre ellos el de acciones.

[1] La ventaja más obvia que conlleva la nacionalización de una empresa rentable es que más allá del coste de adquisición los beneficios de su actividad pasan a engordar las finanzas públicas. Se trata de una socialización de las ganancias, en oposición con las socializaciones de las pérdidas a las que nos tienen acostumbrados los gobiernos europeos y estadounidenses con respecto a las entidades financieras en tiempos
 de crisis.
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article36289


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Alberto Garzón: “Repsol tan sólo declara en España el 25% de sus beneficios totales”
Martes, abril 17, 2012, 1:06 

El Gobierno español mostró su malestar por la decisión de las autoridades argentinas de expropiar YPF, la filial de la petrolera Repsol en el país latinomericano, y anunció que adoptará medidas “claras y contundentes” en defensa de los intereses de la empresa privada.



Estas declaraciones se realizaron durante una comparecencia ante la prensa en el Ministerio español de Asuntos Exteriores. Según el ministro de esta cartera, José Manuel García Margallo, con la expropiación de YPF se “rompe el clima de cordialidad y amistad” que tradicionalmente han unido a España y Argentina.

Asimismo, el titular de Exteriores catalogó la expropiación como “pésima decisión”.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que se trata de una “decisión hostil” contra Repsol y, por tanto, contra España y contra el Gobierno español y anunció que las medidas que adoptará el Gobierno en los próximos días serán “claras y contundentes”.

Margallo ha considerado “extravagante” que tras anunciar la expropiación, el Gobierno argentino haya ordenado desalojar a los directivos españoles de Repsol de la sede de YPF en Buenos Aires.

La oposición socialdemócrata cierra filas junto al Gobierno
El secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, expresó su apoyo al Gobierno derechista de Mariano Rajoy (Partido Popular, PP) ante las decisiones que adopte tras la intervención de YPF y habló con el presidente de Repsol, Antonio Brufau, para trasladarle también su apoyo a la empresa privada.

“Como ya ha dejado claro en los últimos días, el PSOE respalda al Gobierno en las medidas que tenga que tomar en defensa de los intereses de las empresas españolas”, han añadido fuentes socialdemócratas.

Izquierda Unida ve una vergüenza que el Gobierno defienda a Repsol
Izquierda Unida (IU) consideró que la expropiación de YPF no es un “ataque a España” pues Repsol es una entidad privada “de distintas nacionalidades” y cree “una vergüenza” que el Gobierno español haya salido en defensa de la compañía petrolera.

El diputado de IU, Alberto Garzón, señaló que Repsol no es técnicamente una empresa española, pues más del 50% de la multinacional es propiedad del capital extranjero, y además “proporciona beneficios a la economía española que podrían considerarse nimios”, ya que en nuestro país declara el 25% de sus beneficios totales por todo el mundo.

Por ello, sostiene que en este conflicto “no están enfrentados los intereses de dos naciones distintas, sino los intereses nacionales de Argentina y los intereses económicos de sujetos privados de distintas nacionalidades -y entre ellas, en menor grado, españoles-”.

“Por lo tanto, es una falacia considerar esta medida económica como un ataque a España -escribe en un artículo publicado en su página personal-. Es una compra legal, que en todo caso podría estar minusvalorada, y que afecta a los intereses de unos sujetos económicos -grandes empresas y bancos- que no comparten beneficios con el resto de la sociedad”.

A su juicio, la expropiación “no es la guerra de los trabajadores españoles” y por ello “es una vergüenza que el gobierno español salga en defensa de los intereses de las grandes empresas españolas que poseen un capital minoritario de Repsol, en perjuicio de los intereses nacionales de un país soberano como Argentina”. “Más aún cuando mientras eso ocurre el gobierno está efectuando políticas de recortes que hacen recaer el peso de la crisis sobre la población española más desfavorecida”, añade.

Según Garzón, “lo que debería hacer el Partido Popular (PP), en vez de proteger los intereses de los más ricos es replantearse su política económica y reflexionar acerca de si no es mejor opción de política económica imitar a Argentina y proceder a la recuperación de determinados instrumentos políticos: Instrumentos que deberían ponerse al servicio de los españoles en su conjunto, y no de unos pocos adinerados con capacidad para especular en distintos mercados financieros -entre ellos el de acciones”.

LibreRed.net

http://www.librered.net/?p=17269


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