Lo que circula por los medios

15 de octubre de 2012

Más de la SIP ¿Quién es quién?


Domingo, 6 de marzo de 2005 | Hoy
EL PAIS › DEL EXITO EN LA CIDH A LA PELEA CON LA SIP

Quién es quién

A falta de sólida oposición política, el gobierno actúa como su propio enemigo. Sin dar tiempo a la repercusión internacional por el canje de bonos en mora y por el acuerdo con las víctimas del atentado a la AMIA, Kirchner inventó un problema donde no lo había. El gobierno desconoce hechos elementales, como la absoluta falta de afinidad entre los maltratados emisarios de la SIP y el hombre fuerte de Adepa, a quien ellos mismos criticaron con más dureza que el propio Kirchner ahora.


Por Horacio Verbitsky
Desde Washington y Nueva York

Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que asistieron a la audiencia del viernes en el viejo edificio de la Unión Panamericana, tan parecido al palacio de un dictador centroamericano de siglos pasados, rindieron un inflamado homenaje al gobierno argentino. Esto es tan atípico en la CIDH como lo fue que el gobierno pidiera perdón a las víctimas del atentado contra la mutual judía de Buenos Aires y se comprometiera a adoptar una serie de medidas reparatorias de lo sucedido y previsoras de su repetición. Diana Malamud y Adriana Reinsfeld, que perdieron a su esposo y a su hermana en el atentado, lloraban, consoladas por sus abogados, Pablo Jacoby y Alberto Zuppi. Quien presidió la audiencia, la comisionada peruana Susana Villarán, dijo con los ojos húmedos que ella también se había emocionado. Todos los presentes estuvieron de acuerdo. El comisionado brasileño Paulo Sergio Pinheiro dijo que otros países deberían seguir el ejemplo argentino y abrir sus archivos secretos para que se conozca toda la verdad. El comisionado salvadoreño y relator sobre Argentina, Florentín Meléndez, destacó al país como modelo a seguir en América Latina.
En la audiencia siguiente los encomios se reiteraron cuando el representante de la Cancillería, Horacio Méndez Carreras, asumió el compromiso de impulsar el proyecto de despenalización de los delitos de calumnias e injurias contra funcionarios, redactado por la extinta asociación Periodistas y ahora seguido por el Centro de Estudios Legales y Sociales. Consiste en la incorporación al Código Penal argentino de la norma de la real malicia. Según esa doctrina, que aquí rige desde hace cuatro décadas por decisión de la Corte Suprema de Justicia en un caso que afectaba al diario New York Times, si un funcionario o una figura pública se consideran ofendidos por una nota periodística, se invierte la carga de la prueba. Ellos deben probar que la información era falsa y que el periodista la publicó de mala fe, a sabiendas de su falsedad. El episodio me concierne, ya que en ambas audiencias el CELS representó a las víctimas del atentado contra la AMIA y de varios fallos judiciales adversos a la libertad de expresión: Tomás Sanz (condenado por un artículo sobre el Hermano Eduardo); Eduardo Kimel, quien investigó la masacre impune de los sacerdotes y seminaristas de la Iglesia de San Patricio y resultó el único castigado del caso, y la actriz Gabriela Acher, condenada por un programa humorístico sobre la discriminación contra la mujer en el sistema judicial argentino. El cuarto caso de libertad de expresión lleva mi nombre y se inició porque la Corte Suprema de Justicia mantuvo abierto durante más de diez años un juicio del ex ministro Carlos Corach, con la esperanza de que se murieran los testigos que me permitieran demostrar la verdad de mis afirmaciones sobre su acción sobre la justicia.

Loas e incienso

En el vuelo de regreso a Nueva York, leí un notable trabajo del economista Nouriel Roubini, encomiando la salida del default lograda por el gobierno argentino y denunciando a los economistas y los medios de prensa (como Adam Lerrick y The Financial Times) cuyos vaticinios pesimistas sobre el canje de títulos encubrían un conflicto de intereses. También tuve tiempo de comenzar la lectura de un improbable best-seller financiero, Y el dinero siguió entrando (y saliendo), escrito por el periodista del diario The Washington Post Paul Blustein. El título, tomado, cuando no, de la ópera Evita, lleva como subtítulo explicativo: “Wall Street, el FMI y la quiebra de la Argentina”. Dice Blustein: “Los errores de la Argentina fueron consentidos por las elites políticas de Washington y financieras de Wall Street. El FMI puede ser acusado con justicia de lo que podría llamarse el síndrome del niño modelo, dado el entusiasmo que manifestó por la adopción por el país de las reformas que el propio Fondo había propiciado. La invitación a Menem para que hablara en la reunión conjunta del FMI y el Banco Mundial de 1998 es apenas una ilustración de ese síndrome”. Es decir, la misma visión que difunde el actual gobierno argentino, que recibe por ello loas e incienso.
Ya en Nueva York, mientras se endurecen los restos de la última nevada del invierno, leo también los ecos de la incomprensible confrontación entre el gobierno argentino y la Sociedad Interamericana de Prensa. A esta distancia, cuesta entender cómo se las ingenió el gobierno (y dentro de él muy especialmente el presidente Néstor Kirchner y su jefe de gabinete Alberto Fernández) para crear un problema allí donde no lo había. Sobre todo, asombra el desconocimiento sobre personas y acontecimientos, que nadie se tomó el trabajo de explicarle a Kirchner, probablemente porque nadie estaba al tanto. Esa ignorancia es ostensible en las declaraciones del secretario de Medios Enrique Albistur, quien reprochó a la SIP no haber alzado la voz por los desaparecidos, cuando en realidad ocurrió exactamente lo contrario. Sólo un desconocimiento profundo de los hechos pudo llevar a emparentar la actitud que entonces tuvo la SIP con la del eterno hombre fuerte de la asociación argentina de dueños de diarios, Claudio Escribano, y a colocarlo en la misma bolsa con dos miembros de la misión de la SIP, que están en sus antípodas. Robert Cox y Edward Seaton son dos personas honestas y valientes que se animaron a decir la verdad de lo que ocurría entonces en la Argentina, por lo cual corrieron todos los riesgos y, en el primer caso, al precio de la cárcel, la amenaza de muerte y el exilio. Al asociarlos caprichosamente con uno de los grandes apologistas de la dictadura, Kirchner se dispara en el pie e instala con alta prioridad en la agenda nacional e internacional un tema que sus adversarios venían pugnando por imponerle con escaso éxito hasta la semana pasada.
Seaton, propietario y editor del diario Mercury de Kansas, ya había integrado una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa en 1978, junto con Ignacio Lozano, quien entonces era propietario del diario La Opinión, de Los Angeles. El escandalizado informe que publicaron constató que los principales editores argentinos, con Escribano a la cabeza:
- Priorizaban la seguridad nacional sobre la libertad de expresión;
- Justificaban la censura porque se declaraban de acuerdo con la dictadura militar (dentro de la cual distinguían entre duros y moderados y con la cual decían que deseaban cooperar);
- Se negaban a informar sobre la desaparición de personas y
- Se beneficiaban de tal comportamiento al asociarse con el Estado para la producción de papel.

Las reglas de la censura

La prensa argentina ocultó ese documento y varios de sus representantes expresaron su desacuerdo con él rechazando un premio que la SIP confirió a los periodistas argentinos con la intención de ayudarlos en una lucha por la libertad de expresión, que los editores no estaban interesados en librar. Seaton y Lozano se sorprendieron de que los editores de periódicos aceptaran “las reglas de la censura”. Entre el 18 y el 25 de agosto de 1978 la misión entrevistó a más de cinco docenas de personas. La mayoría dijo que sin la intervención militar el país hubiera sucumbido a la guerrilla. El ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, les dijo que “unos 1500 desaparecidos estaban detenidos sin proceso por las autoridades militares” como “prisioneros de guerra”. La misión citó un informe de Amnesty International acerca de 39 periodistas desaparecidos hasta enero de 1978, 40 detenidos y otros 22 asesinados, la clausura o suspensión temporaria de más de 60 publicaciones y la clausura permanente de otras tres docenas.
Cuatro diarios fueron intervenidos, La Opinión de Buenos Aires, La Opinión de Trenque Lauquen, El Independiente de La Rioja y El Norte de Resistencia. “Esas cuatro publicaciones dirigidas ahora por autoridades militares y las publicaciones privadas que sobreviven enfrentan una situación de ‘posguerra’ dominada por el miedo y la autocensura.”
Según la SIP, “no rigen las garantías constitucionales y el gobierno tiene amplias facultades para confiscar tiradas completas, cerrar publicaciones y disponer arrestos”. Sin embargo, más que la censura los enviados señalaron “la extendida autocensura que practica la prensa del país”, en la atmósfera “de una sociedad totalitaria”. La misión se refirió al secuestro de Rodolfo Walsh, “uno de los más conocidos periodistas investigativos del país y un abierto y activo partidario del peronismo de izquierda” quien, el día anterior a su secuestro, “difundió una Carta Abierta a la Junta Militar denunciando, en el primer aniversario del golpe, las violaciones a los derechos humanos y deplorando el impacto de su gobierno sobre la Argentina. La carta fue la más poderosa y detallada denuncia del gobierno aparecida desde el golpe”. Añadió que “la mayoría de los diarios ignoran la mayoría de los secuestros. Por ejemplo, pocos quisieron cubrir la desaparición de diez dirigentes de las llamadas Madres Locas que se reúnen los jueves frente a la sede presidencial”. Otros editores y directores “dijeron que no le dan espacio a la violencia porque están de acuerdo con la campaña del gobierno en contra del terrorismo y que ‘van a cooperar’. La extensión de esta actitud quedó demostrada en mayo [de 1978] cuando La Prensa publicó la lista de 2500 personas que habían "desaparecido". De acuerdo con un vocero del organismo de derechos humanos que pagó la solicitada, la lista había sido rechazada antes por lo menos en otros tres diarios de Buenos Aires. Y pocos diarios de BuenosAires informaron de que se hubiera publicado semejante lista”. Durante el campeonato mundial de fútbol “fue colocada una bomba en la planta fabril de un gran diario de Buenos Aires, que no publicó la noticia. Cuando explotó otra en el edificio del Buenos Aires Herald, el único diario que lo cubrió fue el propio Herald”. Según Seaton y Lozano “es difícil que los observadores externos puedan sentirse bien en un país cuyos principales editores de diarios dicen que la seguridad nacional tiene prioridad sobre la libertad de expresión”.

Socios

El informe añade que “otro aspecto de la situación que perturbó a la misión es el crédito a largo plazo que el gobierno concedió a los diarios para una planta de papel”. Seaton y Lozano expresaron “graves reservas sobre el proyecto emprendido por tres grandes diarios de Buenos Aires. La Nación, La Razón y Clarín compraron acciones en la nueva planta” mediante un “generoso crédito ofrecido por el gobierno militar. Semejante situación encierra muchos peligros. No es el menor de ellos que esto casi imponga no antagonizar con el gobierno”. El informe dedica dos de sus 18 hojas al caso de Jacobo Timerman, “un propietario y director de diario arrancado de su casa en medio de la noche, torturado, privado de su propiedad, juzgado y absuelto por la justicia militar, que sigue prisionero pese a que la Corte Suprema ordenó su libertad” mientras su diario La Opinión es dirigido por un militar. “Muchos otros periodistas están presos sin proceso, porque se considera que tienen conexiones con los terroristas, como se pensaba que Timerman las tenía. La diferencia es que Timerman fue juzgado y absuelto por un tribunal militar por delitos subversivos, y sin embargo sigue bajo arresto.” Aunque las acusaciones de conexión con los subversivos han sido refutadas “su diario no le fue devuelto”. Timerman “está desilusionado por lo que siente como falta de apoyo de los demás editores argentinos”.
El informe fue presentado a la 34ª Asamblea de la SIP, que sesionó en Miami entre el 9 y el 13 de octubre de 1978. Ese último día, La Nación tituló su crónica “Firme posición de la Argentina ante la asamblea de la SIP”, en la que informó que Adepa había rechazado el premio SIP Mergenthaler, ofrecido en forma colectiva “a los periodistas argentinos que por defender la libertad de prensa han muerto, desaparecido o sufrido encarcelamiento y persecución”. La delegación argentina propuso que se cambiara aquel texto por éste: “A los periodistas argentinos en la figura de Alberto Gainza Paz, quien nunca claudicó en la lucha por los principios que sostiene la SIP”. La SIP no aceptó y nadie retiró la plaqueta, que quedó colocada en la sede central de la organización, en Miami. Para La Nación “parecería que en vez de ir a la Argentina a cerciorarse de si existe libertad de prensa, la SIP se ocupó esencialmente del caso de Jacobo Timerman, quien se encuentra a disposición de la Justicia (sic) por hallarse supuestamente mezclado en el ‘affaire Graiver’”. El diario dedicó más espacio a su diatriba que al documento, que recién se conoció en la Argentina veinte años después, cuando Escribano se atrevió a decir que no había sido bastante recio “en la crítica contra los hombres que se excedieron en el ejercicio del poder. Debemos lamentar no haber alzado más la voz, porque hubiéramos contribuido a la salud de la República”, convirtiendo su abierta complicidad en un pecado de omisión.

La excepción a la regla

El informe señaló que la única “notable excepción” a la ausencia de cobertura de los crímenes del gobierno militar “es el Buenos Aires Herald, el valiente David que recibió el premio Mergenthaler en nuestra última reunión, que se publica en inglés y cuyo director, Robert Cox, fue arrestado y detenido durante 24 horas bajo acusación de violar una ley de seguridad por informar en la tapa acerca de una conferencia de prensa de extremistas argentinos en Roma. Luego del retiro de la misión, Cox marchó al exilio”. Mucho más que eso: en 1993, en respuesta a una entrevista de Uki Goñi, Cox recordó que “La Nación (el principal periódico en la Argentina) no informó sobre los secuestros”. En el Herald, en cambio, “rápidamente descubrimos, y no puedo creer que los otros periódicos no lo hayan hecho, que se estaba secuestrando, torturando y asesinando a un gran número de personas”. Cox cree que “si sólo hubiésemos tenido una prensa decente, no podría haber pasado lo que pasó”. También recordó varias reuniones del dictador Jorge Videla con periodistas. El sólo fue invitado a la primera. “Nos encontramos con Videla en una antecámara pequeña antes de la imponente oficina presidencial. Videla estaba nervioso y bastante tímido. Traté de sacar a luz en esa reunión lo qué yo ya sabía que estaba pasando. Su reacción me hizo dar cuenta de que él estaba muy al tanto de todo. Mi impresión era que pensaba que esto era una triste realidad que duraría un corto tiempo, pero que se controlaría rápidamente. Pero no me contestaba directamente. Trató de indicar que no pasaba nada. Pero lo que realmente me inquietó fue que los otros periodistas no se interesaron en seguir con este tema. Cuando el gobierno lo llama a uno, entonces uno ya está en un problema. Lo llaman a uno para una reunión pequeña, donde todos se comportan simpáticamente y el periodista hace preguntas inofensivas y le dan las respuestas más inocentes y todos terminan bellamente felices. Y es esto lo que los otros periodistas hacían. No insistieron, y era de tremenda urgencia expresar una preocupación enorme.”
Los periodistas, sigue Cox, no iban a esas reuniones a buscar información sino a “ser seducidos, para sentir que estaban entre los elegidos, y esto presuponía que debíamos apoyar al gobierno”. El ex director del Herald sostuvo que estaba “muy orgulloso de lo que el Herald pudo hacer. Trataba de salvar la vida de personas, y creo que logramos salvar algunas vidas. Y me acuerdo cómo todo el tiempo se acercaban toda clase de personas a ofrecer información, porque el Herald había llegado a ser la fuente más importante para los derechos humanos. Las cosas que hacíamos eran sólo lo básico, normal, cosas naturales, honradas, que cualquier prensa decente habría hecho. Las primeras notas que escribí acerca de lo que estaba verdaderamente ocurriendo se publicaron en el extranjero. Si las hubiera escrito para el Herald el clima era tal que se habría cerrado el Herald, o explotado, o se habría matado a alguien.”
En cambio, “La Nación verdaderamente me enfurece, porque podrían haber hecho algo. Podrían decir del Herald que éramos extranjeros, que estábamos metidos en algo. Y lo dijeron, que éramos comunistas. Pero no podían decir eso de La Nación. Una de las grandes vergüenzas de La Nación era que alentaba a sus reporteros a trabajar para el gobierno, porque de esa manera no tenía que pagarles tanto dinero y conseguían información”.

Vil, pero falso

Dos años después, en 1981, Escribano protagonizó un escándalo durante la asamblea de la SIP, al pronunciarse en favor de la dictadura militar y en contra de uno de los emblemas de la persecución que padecían los periodistas argentinos, Jacobo Timerman. Escribano fue uno de los editores que devolvieron el premio Marìa Moors Cabot cuando la SIP y la Universidad de Columbia se lo confirieron a Timerman. Escribano pronunció además un discurso descalificatorio del colega perseguido y despojado por la dictadura militar. “No te pedían tanto, Claudio”, lo increpó Timerman. En la columna política de mitad de esa semana, Escribano afirmó el 9 de julio de 1981 que el general Ramón Camps estaba preparando un libro para contrarrestar la conmoción internacional que había causado el libro de Timerman Prisionero sin nombre, celda sin número que acaba de editarse en Nueva York. Añadía que colaboraban con Camps los directores de La Prensa, Máximo Gainza, y de El Día de La Plata, Raúl Kraiselburd. La participación de Kraiselburd, decía, “es un golpe de doble efecto para el Sr. Timerman: lo alcanza en su propio terreno, el del periodismo, y termina rematándolo en la lona de su propia raza”. Ocurre que Kraiselburd es judío. La información era vil, pero falsa: Gainza colaboró con Camps, que se lo agradece en el prólogo, pero Kraiselburd (cuyo padre fue secuestrado y asesinado por un grupo de montoneros) no. Héctor Timerman, el hijo de Jacobo, está haciendo un excelente trabajo como cónsul en Nueva York. Pero tal vez le sería más útil a Kirchner en el área de la relación con los medios, donde el torpe episodio con la SIP hizo sentir la desesperante necesidad de una persona que entienda de qué se trata y cuáles son las fortalezas, vulnerabilidades y conveniencias del gobierno. Para empezar, alguien que conozca el más elemental quién es quién del métier.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-48103-2005-03-06.html
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VER OTRAS

CLARIN Y LA SIP - Una voz al servicio de las dictaduras - Nov 08

LA SIP POR FONTEVECCHIA Y OTRAS VOCES - Dec 28





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Domingo, 29 de agosto de 2010 | Hoy
La opinión de la SIP



El facsímil que se reproduce corresponde al informe de la SIP sobre la situación de la prensa en la Argentina en 1978, elaborado por los propietarios de dos diarios estadounidenses, Edward Seaton, del Mercury de Kansas, e Ignacio Lozano, de La Opinión de Los Angeles, quienes visitaron el país entre el 18 y el 25 de agosto de ese año. Lo publiqué por primera vez aquí, al cumplirse veinte años de la misión, en el Día del Periodista de 1998. Seaton y Lozano escribieron que los directores y jefes de redacción de los principales diarios del país priorizaban la seguridad nacional sobre la libertad de expresión; justificaban la censura porque deseaban cooperar con la dictadura; se negaban a informar sobre la desaparición de personas, incluyendo periodistas, y se beneficiaban de tal comportamiento al asociarse con el Estado para la producción de papel: “Otro aspecto de la situación que perturbó a la misión fue el otorgamiento por el gobierno de créditos a largo plazo a los diarios para una fábrica de papel. Aunque la misión puede comprender el deseo de los diarios de desarrollar su propia provisión de papel para no estar sujetos a los caprichos de la importación controlada por el Estado, como ocurrió durante el primer régimen de Perón, tenemos graves reservas sobre el proyecto que han emprendido tres grandes diarios de Buenos Aires.
La Nación, La Razón y Clarín adquirieron acciones por un total de 8 millones de dólares en la nueva planta que ahora ha entrado en producción. El gobierno y el público también participan como accionistas. Otros diarios del país tuvieron la oportunidad de ingresar en la empresa, pero ninguno eligió hacerlo. A plena capacidad la fábrica puede abastecer el 80 por ciento de las necesidades de los diarios del país. El costo total del proyecto es de 180 millones de dólares y aunque los diarios que participan pusieron otros 25 millones en costos de puesta en marcha, la mayor parte del proyecto se financia con un generoso crédito del gobierno militar. Tal situación encierra muchos peligros. No es el menor de ellos que esto casi imponga no antagonizar con el gobierno durante el período de endeudamiento”. [Los enviados de la SIP ignoraban entonces que la Junta de Comandantes exigió que Clarín, La Nación y La Razón vendieran a los otros diarios del país el 49 por ciento de sus acciones de control, pero que éstos se negaron, lo cual demuestra un grado de autonomía superior al que por lo general se les atribuye].


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-48907-2010-08-29.html

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Domingo, 8 de noviembre de 2009 | Hoy

Otra desaparición


Por Horacio Verbitsky

La SIP realiza su asamblea anual en Buenos Aires, con pronunciamientos contra la ley audiovisual y el gobierno que la elaboró. Hace 31 años una misión de la entidad investigó la situación de la prensa y de los periodistas bajo la dictadura militar. El informe de Edward Seaton e Ignacio Lozano, propietarios del Mercury de Kansas y La Opinión de Los Angeles, constató que en 1978 los principales medios y editores argentinos:

- priorizaban la seguridad nacional sobre la libertad de expresión;

- justificaban la censura porque se declaraban de acuerdo con la dictadura, con la cual dijeron que deseaban cooperar;

- se negaban a informar sobre la desaparición de personas y

- se beneficiaban de tal comportamiento al asociarse con el Estado para la producción de papel, lo cual imponía a los diarios “no antagonizar con el gobierno”.

El informe mencionó los casos de Jacobo Timerman, “torturado, privado de su propiedad” que seguía preso aunque lo había juzgado y absuelto la justicia militar, mientras su diario era dirigido por un general del Ejército; Rodolfo J. Walsh, secuestrado al día siguiente de difundir una Carta Abierta que constituye “la más poderosa y detallada denuncia del gobierno aparecida desde el golpe”; y el secuestro de diez madres de Plaza de Mayo en la iglesia de la Santa Cruz, que “pocos medios quisieron cubrir”. El 13 de octubre de 1978, cuando el informe fue presentado a la asamblea de la organización en Miami, La Nación anunció que ADEPA había rechazado el premio SIP Mergenthaler, ofrecido en forma colectiva “a los periodistas argentinos que por defender la libertad de prensa han muerto, desaparecido o sufrido encarcelamiento y persecución”. Según Clarín, los asistentes argentinos dijeron que su aceptación “contribuiría a la campaña lanzada por ciertos elementos de la prensa internacional para denigrar” a la Argentina. El artículo destacó un párrafo del documento sobre algunos “signos alentadores”. Entre ellos mencionó “la concesión a las empresas periodísticas de créditos a largo plazo para la adquisición de papel”, convirtiendo en positivo lo que el documento había calificado como motivo de “graves reservas”. Dos años después, en 1981, cuando la SIP y la Universidad de Columbia confirieron a Timerman el premio María Moors Cabot, los directores de Clarín y La Nación, Ernestina Noble y Bartolomé Mitre, devolvieron los suyos. 

En la Asamblea de la SIP de ese año, el ideólogo pro dictatorial José Claudio Escribano pronunció un discurso descalificatorio del colega perseguido y despojado. “No te pedían tanto, Claudio”, le dijo Timerman. Como ningún medio ni entidad de la Argentina retiró la placa de homenaje a los periodistas desaparecidos, la SIP la colocó en su sede central, en Miami. En 2000, cuando se trasladó a un nuevo edificio, en la misma ciudad, también la placa desapareció.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/134906-43501-2009-11-08.html

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Horacio Verbitsky ofreció una conferencia titulada “La prensa en tiempos de cólera”, ayer, en el teatro El Círculo, con motivo de analizar la situación actual del periodismo argentino. Fue organizada por el Sindicato de Prensa Rosario (SPR) en conmemoración a la semana del periodista y el trabajador de prensa.

La entrada fue gratuita y asistieron periodistas, docentes, y estudiantes de Periodismo y Comunicación Social de la región.

Verbitsky aseguró que, para comprender esta “prensa en tiempos de cólera” era necesario analizar el trayecto del periodismo en las diferentes etapas históricas desde el Golpe de Estado de 1976. Para comenzar con esto leyó fragmentos de un Informe publicado por la SIP entre el 3 y el 9 de octubre de 1978 (Miami), en el que José Claudio Escribano aseguró que el diario La Nación priorizaba la seguridadnacional por sobre la libertad de expresión. Recordó también que, antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia, Escribano le presentó una serie de condiciones que debía cumplir si quería que su gobierno durara “un año”. Algunas de ellas eran: terminar con los juicios a los militares, alinearse incondicionalmente con Estados Unidos “sin necesidad de establecer relaciones carnales”, y romper relación con Cuba.

“Kirchner se cagó prolijamente en cada una de las cinco condiciones que le puso Escribano”, exclamó Verbitsky, y afirmó que, desde entonces, el diario La Nación comenzó a atentar contra el gobierno de Kirchner esperando que se cumpliera “la profecía” o, simplemente, que se terminara lo antes posible. Sostuvo también que, hoy en día, el gobierno sufre una “denigración constante” por parte de la prensa.

Para cerrar, el periodista exclamó: “Brindo con ustedes por el día del periodista. Muchas gracias”, y puso fin a la conferencia. Luego procedió a responder las preguntas planteadas por su público.

http://enredaccion.bligoo.com.ar/horacio-verbitsky-en-rosario-la-prensa-en-tiempos-de-colera

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Una voz al servicio de las dictaduras

Una voz al servicio de las dictaduras
La palabra oficiosa del terrorismo de Estado
Natalia Brite
Desde sus inicios, la SIP fue la punta de lanza de los intereses estadounidenses en la región. El gendarme de la “libertad de expresión” avaló dictaduras y atacó a gobiernos populares y democráticos.
En 1951 se llevó adelante una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Montevideo. El periodista José Steinsleger retrata pasajes de ese encuentro en su artículo “SIP: mordaza de libre presión”. Allí recuerda que Miguel Otero Silva, entonces propietario del diario El Nacional de Caracas, calificó de "tendencioso" un informe de la entidad en el que el dictador nicaragüense Anastasio Somoza aparece casi "como un ángel tutelar de la libertad de pensamiento, a la vez que se ponen como arquetipos de la democracia al chileno González Videla y a los dictadores bolivianos”. Otero Silva también admitió que le “daba vergüenza ver en aquella asamblea de Montevideo a los esbirros intelectuales de Rafael Leónidas Trujillo bramando en la tribuna para decir que Perón era un tirano y que en su país, en cambio, se disfrutaba de una absoluta libertad de pensar."

A efectos de desarrollar el núcleo duro del ideario de la SIP, repasemos cuál era el contexto de aquel cónclave de 1951 en relación con los gobiernos a los cuales hizo referencia ese informe.

En Nicaragua detentaba el poder el golpista Anastasio Somoza, quien mantuvo su dictadura desde 1937 hasta 1956. Antes fue Jefe Director de la Guardia Nacional desde donde, en momentos de la ocupación norteamericana, luchó junto a los marines contra las fuerzas del líder guerrillero Augusto César Sandino, cuyo asesinato finalmente planeó y ordenó.

Cuando las fuerzas estadounidenses evacuaron el país, dejaron al general Somoza como encargado de la defensa. Luego de esto, su ascenso en el poder siguió hasta que, en 1934, encabezó la revuelta que derrocó al presidente Juan Bautista Sacasa. El dictador era elogiado por la SIP.

En
 Chile gobernaba el liberal Gabriel González Videla quien llegó al gobierno con el aval de radicales, comunistas y demócratas en 1946. Pero durante su mandato traicionó su alianza política con el Partido Comunista y fue un aliado de la política norteamericana.

Dictó la Ley de Defensa de la Democracia, mediante la cual se prohibía la existencia de la orgánica comunista, y reprimió violentamente las protestas sociales (en particular, las de los mineros). También rompió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y los demás países del llamado "bloque oriental". Años más tarde, ya fuera de la órbita del gobierno, en 1973 tomó un papel activo en la oposición al gobierno socialista de Salvador Allende y hasta su muerte (en 1980) colaboró con la dictadura militar de Augusto Pinochet como vicepresidente del Consejo de Estado. 
La SIP avaló a todos los golpistas y violadores de la Constitución.

Desde
 1935, Bolivia estaba gobernada por militares nacionalistas que habían protagonizado la Guerra del Chaco. En 1951 tomó el poder una junta militar con el general Hugo Ballivián a la cabeza, luego de que la elite política-minera impidiera la asunción del líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario, Víctor Paz Estenssoro, electo en las elecciones presidenciales de 1951. Empresarios y golpistas fueron aplaudidos por la SIP.

República
 Dominicana estaba, a mitad de siglo, bajo la sombra del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien llegó al poder luego del golpe de Estado a Horacio Vásquez en febrero de 1930. Trujillo, en 1952 fue recibido por el tirano español Francisco Franco. Su política fue de franca connivencia con los intereses norteamericanos, de frontal anticomunismo y, en los 31 años que se mantuvo en el poder, toda tortura o condena era borrada y negada. Una muerte era encubierta en un accidente o sus supuestos autores encarcelados. En 1961, Trujillo mandó a asesinar a las reconocidas hermanas Mirabal (Patria Mercedes Mirabal, Minerva Mirabal, y María Teresa Mirabal) férreas activistas opositoras a la dictadura. La dictadura, en todas sus etapas, fue saludada por la SIP.

Juan
 Domingo Perón cursaba aún la primera presidencia en 1951. Su gobierno se caracterizó por la organización y desarrollo del movimiento obrero y por la industrialización del país a partir de la gestación de una burguesía nacional, en el marco del modelo keynesiano. Su gestión fue fuertemente repudiada por la SIP, sobre todo cuando, con discusión parlamentaria mediante, expropió el diario La Prensa
, histórico vocero de los sectores conservadores y difusor del liberalismo económico. El diario pasó a manos de la central obrera.

El trabajo de la SIP en el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, ocurrido en 1954, puede también observarse en documentos de la CIA, desclasificados en 1999, y recogidos en el libro “La CIA en Uruguay” del historiador Roberto García (Doc. Nº 135875, 12 November 1953 y Doc. Nº 913376, 16 February 1954), que detalla los apoyos hemisféricos para el plan de desinformación.

En la época de las dictaduras en el Cono Sur, entre las décadas de 1960 y 1970, descubrimos nuevos capítulos del terrorismo informativo a cago de la SIP. Tienen que ver con su papel en la oposición a la Unidad Popular de Chile que llevó a Salvador Allende a la presidencia en 1970. La acción estuvo encabezada por el diario El Mercurio, cuyo director y propietario, Agustín Edwards, era el vicepresidente de la SIP. Al respecto puede revisarse el documental “El diario de Agustín”, realizado por estudiantes de la Universidad de Chile y estrenado hace dos años.

Tal como lo relata Steinsleger, “según investigaciones del Senado de Estados Unidos, el llamado Comité de los 40 autorizó a la CIA a una operación secreta de propaganda el 14 de septiembre de 1970. Menos de una semana después, la SIP emitió en Washington un comunicado que denunciaba las amenazas a la ‘libertad de prensa’ en Chile por los comunistas y sus aliados marxistas". Edwards, en 1970, llegó a reunirse con Richard M. Helms, director de la CIA. El periodista chileno Hernán Uribe señala que “la CIA manejó la gran prensa local y a los afiliados de la SIP. El Mercurio recibió millones de dólares para librar una campaña mediática de descrédito contra el gobierno de Allende”.

En 1974, la sociedad de patrones mediáticos decretó que el peor enemigo de la libertad de prensa en el continente era el gobierno nacionalista peruano de Juan Velasco Alvarado. Esa administración les había hincado el dedo en el ojo con algunas medidas de expropiación de la gran prensa. Pero mientras se preocupaban desde Miami en hacer estas denuncias, la brutal represión y el amordazamiento en las dictaduras de Chile y Uruguay eran prácticamente ignorados por los amos de la prensa.
Aunque a simple vista resulte contradictorio, en 1978 la SIP realizó una visita a Argentina con el objetivo de relevar la situación de la prensa en la dictadura (1976-1983), e hizo públicas sus críticas. De aquella actitud podrían inferirse valores democráticos por parte de la SIP.

Sin embargo, esa actitud de la gremial patronal mediática respondía al dictado del Departamento de Estado y de la CIA, toda vez que había sido instruida en el sentido de respaldar la posición adoptada un año antes por la administración estadounidense de Jimmy Carter, quien dio un vuelco a la política exterior que había promovido el golpismo en la región. Por su parte, los principales animadores de la SIP en este país, como el diario La Nación, entre otras empresas mediáticas se encolumnaron detrás de la dictadura y avalaron las practicas terroristas de Estado de la misma.

La vinculación de los amos de la prensa con los golpes militares del Cono Sur dejó sus huellas. En el año 2000, Danilo Arbilla Frachia asumió la presidencia de la SIP. Este personaje fue, nada más y nada menos, que director del Centro de Difusión e Información de la Presidencia de Uruguay durante la dictadura de Juan María Bordaberry.

Durante la estadía de Arbilla en el gobierno de facto se produjeron clausuras de medios, allanamientos de redacciones y se encarceló y torturó a decenas de periodistas, entre ellos al histórico dirigente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, Rubén Acasuso, y al periodista y dirigente sindical Héctor Rodríguez.

En abril de 2002, en ocasión del golpe de Estado contra el presidente de Venezuela Hugo Chávez, la SIP se sumó a fenomenal acción mediática contra la democracia en ese país.

Lejos de repudiar al golpe, en las resoluciones de su Asamblea Anual, la SIP no hizo mención alguna a los episodios de abril de aquél año. Sin embargo sí se encargó de seguir descargando su odio contra gobierno popular repuesto: “en un clima de hostigamiento continuo a la prensa en Venezuela se gesta ahora un proyecto de la denominada Ley Orgánica de Participación Ciudadana que contiene la creación de un Consejo Nacional de Vigilancia de los Medios de Comunicación Social integrado por asociaciones vecinales que tendrían facultades para imponer multas o decretar el cierre de cualquier medio de comunicación que infrinja sus presuntas disposiciones”.

Luego, durante el sabotaje petrolero contra el gobierno venezolano, los medios privados no hicieron más que transmitir mensajes de división y odio para derrocar a Chávez.La SIP guardó cómplice silencio. Sí hizo una férrea defensa de Radio Caracas Televisión (RCTV) cuando el Ejecutivo Nacional decidió, en 2007, no renovar la concesión a esa empresa, haciendo uso de sus facultades legales y constitucionales, acordes con el derecho internacional.

En 2003, la consejera de Seguridad Nacional estadounidense,Condoleezza Rice, ordenó a la Asamblea General de la SIP, apoyar al gobierno boliviano de Gonzalo Sánchez de Losada. En ese momento, Bolivia estaba envuelta en un gran estallido social, en el cual su pueblo exigía la renuncia del presidente tras el asesinato de más de 80 personas por la represión policial. Sin embargo, en el año 2006, la SIP señaló que en Bolivia estaba en peligro la libertad de prensa. El pecado que hizo merecer estas denuncias fue el propósito del presidente Evo Morales de apoyar la formación de una red de medios comunitarias.

Respecto del golpe de Estado que vive Honduras desde hace cuatro meses, la SIP simplemente ha emitido expresiones del tipo “lamentamos las limitaciones a la libertad de prensa que sufren los medios de comunicación opuestos al golpe de Estado”. Asimismo, en sus comunicados se refiere al gobierno de facto de Roberto Micheletti como “nuevas autoridades” o “nuevo gobierno”.

A esto se suman diversas denuncias, por parte de periodistas que resisten el golpe, respecto de actuaciones de socios de la SIP en el derrocamiento de Manuel Zelaya. Se trata de Carlos Roberto Flores Facussé, ex presidente de Honduras y dueño del periódico La Tribuna, y Jorge Canahuati Larach, el multimillonario dueño de los diarios La Prensa y El Heraldo.Ambos aparecen entre los conspiradores que han iniciado el proceso golpista.
Natalia Brite es integrante de APM
Agencia Periodística del Mercosur |www.prensamercosur.com.ar
http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=4508


http://alainet.org/active/34101〈=es

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Lunes, 15 de Octubre de 2012 12:35Rate this item12345(0 votes)
Reynaldo Sietecase recibe el Martín Fierro
por La Pista Oculta font size Imprimir E-mail


El Coleccionista -  En mayo de este año Reinaldo Sietecases recibe el Martín Fierro. "Este laburo no es para ser funcional a los grupos de poder"


Reynaldo Sietecase fue premiado con un Martín Fierro por su labor periodística en Radio del Plata, y así lo agradeció anoche, en el Hilton.

Sietecase afirmó  "a mí me dejaron fuera de la televisión por preguntar. Quiero dedicarle a este premio a todos los periodistas que no se creen fiscales de la patria. Este laburo tampoco es para ser funcional a los grupos de poder, ni siquiera a esos grupos que nos contratan. El periodismo es un compromiso ético de contar lo que pasa"


Video 27 de mayo de 2012
LaPistaOculta/GN

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