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25 de noviembre de 2012

Clarín denuncia a periodistas y a legisladores (videos)


Domingo, 25 de Noviembre de 2012 13:03 Rate this item1 2 3 4 5 (0 votes)
Clarín denuncia a periodistas y a legisladores (videos)


Clarín denunció a los periodistas Roberto Caballero,   Sandra Russo y Javier Vicente. La demanda incluye a funcionarios del gobierno y legisladores del oficialismo. La denuncia es por incitación a la violencia



Clarín denunció a los periodistas Roberto Caballero -editor y fundador de Tiempo Argentino-  Sandra Russo -panelista de 678- y a Javier Vicente periodista de Fútbol para Todos. La denuncia es por incitación a la violencia y fue radicada el jueves 22 de noviembre en el Juzgado Federal 9. La demanda incluye a funcionarios del gobierno y legisladores del oficialismo.

Gustavo Cirelli periodista de Tiempo Argentino registra que "la denuncia criminal de Clarín también son mencionados los otros integrantes del ciclo 6,7,8 Nora Veiras, Orlando Barone y Edgardo Mocca, y un invitado eventual al programa, el director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Eduardo Jozami".

La denuncia fue presentada por el abogado del Grupo Clarín S.A., José María Sáenz Valiente, "juntamente con sus letrados patrocinantes Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada"detalla Cirelli.

■¿Quienes tienen derecho a opinar?

Spot Clarín: "A ver si se puede opinar" 19/10/2012



Noticia en Tiempo Argentino



La demanda incluye a funcionarios del gobierno y legisladores del oficialismo Clarín denunció a Caballero y a otros periodistas por incitación a la violencia En un escrito de 35 páginas, los abogados del Grupo acusaron por sus opiniones al fundador de Tiempo Argentino y a los colegas Sandra Russo y Javier Vicente de un delito que implica penas de tres a seis años de prisión.

24.11.2012 |
Por: Gustavo Cirelli Aconfesión de parte, relevo de pruebas.

La desmesura de lo que sigue revela, una vez más, el verdadero rostro de Héctor Magnetto y de sus socios. En sólo 35 páginas, una denuncia criminal presentada por el abogado del Grupo Clarín S.A., José María Sáenz Valiente, "juntamente con sus letrados patrocinantes Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada", derrumba la profusa y reciente estrategia propagandística del magnettismo. Una campaña que durante las últimas semanas ha pretendido internalizar en la sociedad, de cara el 7D, que la misión del multimedios en el mundo consiste en defender la libertad de expresión y la pluralidad de voces frente al embate despiadado de un sistema (democrático) que intenta imponerle la descabellada idea de adecuarse a lo que dicta una ley (de la democracia). Falso.

Clarín miente.
Miente y, además, persigue a periodistas.
Miente y, además, quiere meter presos a periodistas por el sólo hecho de opinar distinto al Grupo. Así de claro. Así de grave.

La última (hasta el momento) bravata judicial del multimedios consistió en denunciar penalmente al periodista Roberto Caballero, director-fundador de Tiempo Argentino, a quien acusa de ser uno de los "instigadores y determinadores del delito de incitación a la violencia colectiva en perjuicio tanto del Grupo Clarín como sus directivos en particular". ¿Qué dice el Código Penal en su artículo 212 sobre el delito de instigación a la violencia? A saber: "Será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación." Léase: lo quiere preso.

Pero hay más.
En el mismo escrito, los "mandantes" de Magnetto estiman que "los hechos denunciados podrían encuadrar en la figura de coacción agravada", prevista en el artículo 149 bis del Código Penal, segundo apartado. ¿Qué señala este artículo? Que "será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad". Por si no quedó explícitamente claro: al fundador de Tiempo Argentino lo quieren ver en cana, o en su defecto –más atenuado–, acorralado en el silencio, con un bozal judicial. Un disparate.

En qué basan la acusación criminal contra Caballero: en el siguiente textual extraído de su participación en el programa 6,7,8 de la Televisión Pública del 4 de octubre último en el contexto de la agitada y amplificada (ver p. 4-5) protesta de Prefectos y Gendarmes que, según adujeron los voceros de los uniformados, se originó en los graves errores que sufrieron en la liquidación de sus haberes. Dijo Caballero: "¿Qué creo yo, digamos, que es lo que está sucediendo? Obviamente esto es un intento de desestabilización, cuando vos a la gente le mostrás por televisión que las fuerzas que están para ocuparse de la seguridad, y de la tranquilidad, y de la paz de los ciudadanos de un país, en realidad toman posturas o deciden situaciones que alteran esa paz, la gente se agarra la cabeza y dice 'en qué país estamos'. Y la verdad que me parece que esto forma parte de una estrategia de incendio de la calle, que tienen ciertos grupos concentrados, básicamente el Grupo Clarín, de aquí al 7 de diciembre, que obviamente conecta muy bien con la antipolítica, conecta muy bien con los sectores de derecha que hay en la sociedad reaccionaria, un núcleo reaccionario muy duro de la sociedad argentina, pero también provoca quizá que vuelvan los peores fantasmas, ¿no? Digo, cuando uno ve un uniformado haciendo lo que no es su función específica, a cualquier argentino se le eriza la piel."

Y a cualquier argentino debería erizársele la piel cuando es testigo a casi 29 años de recuperada la democracia de que a un periodista se lo persiga, se lo acuse y se pretenda encarcelarlo por el "delito" de opinión. Parece demencial. Y lo es. Más aun si se tiene en cuenta –y cómo obviarlo– que la persecución la impulsa la corporación económico-mediática más poderosa del país; un holding que consolidó y expandió su base de negocios asociándose a las Fuerzas Armadas en plena dictadura cívico-militar, para beneficiarse con la apropiación de la empresa Papel Prensa, junto a sus socios del diario La Nación, cuando la compañía le fue arrancada en las mazmorras a la familia Graiver. Esos mismos personajes que fueron activos oficialistas durante el terrorismo de Estado, hoy no sólo mienten y no se adecuan a la ley sino que quieren encerrar o amordazar a periodistas. Y no sólo a Caballero.

La denuncia penal (causa 12383/2012) radicada el jueves 22 de noviembre en el Juzgado Federal 9, a cargo del magistrado Luis Rodríguez, también alcanza a la periodista de Página/12 y panelista de 6,7,8, Sandra Russo. Su presunto delito es idéntico al de Caballero: opinar. En la página 11 del escrito se lee: "Concretamente, la periodista Sandra Russo, luego de los conocidos ‘cacerolazos’ del día 13 de septiembre de 2012, expuso en el programa televisivo 6,7,8 emitido por TV Pública, Canal 7, las siguientes expresiones: 'Son las cacerolas de Clarín' y agregó 'en este núcleo de veneno, es difícil que pueda salir algo bueno'. Luego continuó diciendo 'en los noventa hemos salido innumerables veces, pero en estas marchas hay veneno, y además si logran la destitución, ¿qué pasaría el día después?'" Sólo a modo de ejemplo, cabe recordar que en aquella marcha se agitaron consignas destituyentes, se clamó por el fin de la "dictadura K", y hasta algunos manifestantes hicieron público su deseo de muerte hacia la presidenta. No fueron todos, obviamente, pero miles de ciudadanos caminaron junto a carteles con simbología nazi u ofensas, por caso, a las Madres de Plaza de Mayo, sin inmutarse ni apartarse de los energúmenos. Ese fue el contexto.

Qué fantasea Magnetto con respecto a Russo: que reciba una pena similar que Caballero. Lo mismo sucede con el periodista deportivo y relator de Fútbol para Todos, Javier Vicente. En su caso, el escrito permite imaginar la minuciosidad del trabajo de quienes realizaron el informe previo a la confección de la presentación judicial que, cronómetro en mano, observaron y apuntaron, por ejemplo, que el sábado 6 de octubre, a las 18:28 horas, Vicente dijo: "Esto es Fútbol para Todos, para el parcial Estudiantes 0 - Quilmes 0. Fútbol para todos, el mejor antídoto a la cadena del miedo y del desánimo: Cadena con fecha de vencimiento, 7 de diciembre." Una expresión, la de Vicente, que para los abogados del multimedios podría encuadrase en "incitación a la violencia colectiva". Y se silencia con calabozo.

En la denuncia criminal de Clarín también son mencionados los otros integrantes del ciclo 6,7,8 Nora Veiras, Orlando Barone y Edgardo Mocca, y un invitado eventual al programa, el director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Eduardo Jozami. Aunque en el caso de ellos, luego son omitidos en la denuncia en la página 29, cuando se detalla "hasta el momento y sin pretensión de taxatividad" los nombres de quienes según los abogados del holding "han desempeñado el rol de principales propaladores del mensaje gubernamental contra el Grupo Clarín". En el listado, a modo de síntesis del escrito, se incluye al legislador porteño del Frente para la Victoria Juan Cabandié; al diputado nacional del mismo partido, Edgardo Depetri; al ministro de Justicia, Julio Alak; al secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; y al titular de la AFSCA, Martín Sabbatella; "recientemente nombrado para la ejecución de la Ley de Medios". Cada uno de ellos, previamente, fue mencionado en la denuncia, tomando extractos de sus declaraciones críticas contra el multimedios (ver recuadro).

La lectura del texto, a la vez, permite comprender cómo los jerarcas de Clarín despliegan a diario su estrategia comunicacional de agitación sobre esa mesa de arena que suprimió ya hace tiempo los principios del periodismo para digitar la construcción de una realidad afín a la defensa rabiosa de sus intereses y privilegios. El escrito deja en claro también –por si sólo no bastara con ojear las primeras 15 páginas del matutino– el rol que cumple el pelotón de abogados del Grupo en la elaboración cotidiana de ese relato. Otro ejemplo que viene a confirmar que ante la confesión de parte, la prueba queda relevada. Aunque aún restan casi dos semanas para el 7 de diciembre, plazo que le impuso la Corte Suprema para adecuarse a la ley. Habrá que estar atentos.

En el ítem III.A. "Antecedentes" de la presentación, interpretan a su modo "el contexto actual que hace a la relación entre el Grupo Clarín y el gobierno nacional", para supuestamente enmarcar los hechos denunciados. Ahí definen que "el diario Clarín es el de mayor circulación y cantidad de lectores a nivel nacional. De allí, que su voz tenga un alto impacto a la hora de comunicar los principales sucesos del quehacer nacional". A esta altura del devenir político, económico y social de la Argentina, ya no quedan dudas del alto impacto que ha tenido Clarín durante décadas en la intervención de los principales sucesos del quehacer nacional.

En el párrafo siguiente apuntan que "en los últimos años se ha desatado una verdadera campaña tendiente a desprestigiar no sólo a los medios que forman parte del Grupo Clarín, sino a todos aquellos medios cuya línea editorial no resulta afín al partido de gobierno (…) este accionar evidenciado por el partido oficialista conlleva una seria afectación de la libertad de opinión y de expresión, garantías reconocidas tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en nuestra propia Constitución Nacional". Lo insólito –que podría resultar hasta irónico si no fuese por la gravedad del caso– es que quienes invocan las garantías constitucionales y los Derechos Humanos –que obviamente y como corresponde no les son vulnerados– son los mismos que ahora pretenden encarcelar a Caballero y a otros periodistas por expresar libremente sus ideas.

Y no sólo eso: el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, y su socio, el director del diario La Nación Bartolomé Mitre –quien declaró hace unos días a la revista brasileña Veja que en la Argentina existe una "dictadura de los votos", entre otras afirmaciones temerarias– están imputados por la justicia de la democracia real, la del sufragio universal y la independencia de los poderes del Estado. Se investiga si fueron partícipes necesarios o no de delitos de lesa humanidad. Para más precisión, la justicia señaló que "debe investigarse si existió un conjunto de acciones ilegales diversas y articuladas entre sí que, con intervención de la estructura del aparato represivo estatal, habría tenido por finalidad lograr la transferencia compulsiva de acciones de Papel Prensa SA, que eran propiedad del Grupo Graiver, a favor de las empresas La Nación SA, Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA) y La Razón SA". La causa se mantuvo frenada por más de un año. Una investigación clave para la vida democrática que no logra avanzar como debiera. Situación de la que no son ajenas las constantes presentaciones realizada por el abogado de Magnetto, Wortman Jofré, y de Mitre, Pérez Chada. No casualmente los mismos letrados que firman junto a Sáenz Valiente la demanda contra Caballero y el resto de los acusados.

La denuncia con la que Magnetto quiere amordazar a periodistas continúa, con una clase magistral de cinismo: cita tratados, artículos y declaraciones sobre la defensa de la Libertad de Expresión. Un texto que sin dudas será de lectura ineludible para estudiantes de Derecho y Periodismo en un futuro no tan lejano.

Un texto envenenado mediante el cual Clarín pretende desnaturalizar el rol esencial del periodismo para avanzar en una resignificación tramposa del ejercicio del oficio, en principio, en relación a Caballero, Russo, Vicente y a todos aquellos que no opinan como a Magnetto y a sus adláteres se les antoja que debe ser. Calificar a los periodistas que se expresan libremente de acuerdo a sus convicciones y principios como "propaladores del mensaje gubernamental", en este caso, conlleva implícito múltiples connotaciones. Una, la obvia, es procurar desacreditar sus palabras para sumergirlos en un supuesto dispositivo comunicacional que tiene por finalidad "atacar" al Grupo Clarín. Falso.

A quien esto escribe le consta, por ejemplo, cómo pensaba Caballero sobre la concentración monopólica en los medios y la imperiosa necesidad de sepultar la Ley de Radiodifusión de la dictadura, muchos años antes de que el propio kirchnerismo impulsara una nueva norma. Por sólo citar un caso. Ese desplazamiento de sentido que intenta provocar Clarín con su nueva argucia legal, paradójicamente o no, refleja la concepción real que tienen Noble, Magnetto, Aranda, y demás popes del multimedios sobre el oficio: un periodista, para ellos, sería algo así como un sujeto que propala conceptos en función de intereses ajenos; un sujeto sin principios que alquila su palabra. El texto judicial, por cierto, no deja muy bien parados a los cientos de trabajadores de prensa que cumplen sus tareas en el holding. No respeta ni a sus propios periodistas. Es más: los compromete a tener que pronunciarse ante la persecución criminal contra colegas en plena democracia.

Ahora sí la libertad de expresión está en juego: un grupo empresario pide cárcel para quien opina distinto. Y lo hace en el marco de una campaña de autovictimización a días del 7D. Para el multimedio, por lo visto, la libertad de expresión es sólo un buen slogan para explotar en sus avisos propagandísticos: "María Laura no opina necesariamente como Santo. Zlotogwiazda y Tenembaum no son iguales a Bonelli y Edgardo Alfano. Chiche. ¿Hay otro igual a Chiche? Pettinato no va a coincidir con Joaquín Morales Solá, o sí. (…) Roa opina sobre lo que él piensa y el pensamiento del colorado Kirschbaum no tiene por qué hacerte reír, como se ríen con Borensztein, que es muy distinto a Nelson Castro. Coinciden en su verdad, pero son muy distintos. Julio Blanck y Eduardo Van der Kooy, tal vez tengan otro código. Que quizás no se parezca al de Pepe Eliaschev. Y si los ponemos a todos a discutir sobre algún tema de la actualidad, la polémica podría durar años. Eso es porque pueden opinar, y tienen un lugar donde hacerlo. El mismo lugar donde opinan Suar y Tinelli. Y donde lo pueden hacer Susana Viau y Débora Pérez Volpin. (…) Todas estas voces, por ser tantas y tan diversas acreditan la libertad y la elección. Lanata es único, como todos los periodistas del grupo. Un Grupo Clarín que también tiene opinión. Independiente, incluso de sus periodistas. Independiente como vos cuando nadie te convoca y salís a opinar a la calle y pedís que te escuchen y te respeten (…) Un grupo que piensa que es un momento muy especial del país. Un momento donde no hay que tenerle miedo, ni siquiera al miedo. Si peligra la libertad de prensa, que no peligre la libertad de pensar."

Cada uno de ellos seguirá opinando libremente mañana, después del 7D y siempre. Así debe ser. Incluso a pesar de que sus jefes quieran amordazar a otros periodistas que no opinan como María Laura o Santo y el resto de los mencionados por los publicistas de Magnetto.

La denuncia criminal contra Caballero y los demás periodistas fue presentada el jueves. Hoy, se hace pública.
La peor opinión es el silencio.

Antecedente
Apenas la Junta Militar usurpó el gobierno, Videla, Massera y Agosti impusieron la pena de muerte y los Consejos de Guerra en todo el país. Se trató de la Ley 21.264, que en su artículo primero establecía: "El que públicamente por cualquier medio, incitare a la violencia colectiva y / o alterare el orden público, será reprimido por sola incitación, con reclusión hasta diez años." Casualidades de la historia, o no tanto, el ex socio de las Fuerzas Armadas, Magnetto y su staff de abogados emplean el mismo argumento para intentar coartar la libertad de expresión de Caballero, Russo y otros periodistas.

Funcionarios y legisladores también
En su denuncia penal por incitación a la violencia y coacción agravada, el Grupo Clarín acusa a funcionarios y legisladores del oficialismo. En el escrito recorta declaraciones públicas del jefe de bloque de legisladores porteños, Juan Cabandié; del diputado nacional Edgardo Depetri; del ministro de Justicia, Julio Alak; del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; y del titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, de quien afirman que fue "recientemente nombrado para la ejecución de la Ley de Medios". La acusación incluye a "los integrantes de las agrupaciones de La Cámpora, el Frente Transversal y el Movimiento Evita".

La nueva estrategia judicial de Clarín sorprende por obvia y denota su nerviosismo ante el inevitable 7D. Su finalidad evidente es invertir la carga. Para eso apunta directamente contra Sabbatella. Sólo a modo de síntesis se destaca lo que afirma el escrito en la página 30: "Resulta aun más peligrosa la actitud de gobierno y de algunos funcionarios mencionados, que insisten en la fijación de un verdadero punto de inflexión o 'deadline' en este conjunto de acciones intimidantes contra la empresa y sus directivos: el 7 de diciembre próximo, según ellos es el día –tomando como referencia una decisión judicial– en el cual hay que vencer al enemigo sin ahorrar violencia para lograrlo." Parágrafo siguiente, citan un textual de Sabbatella: "La AFSCA va a actuar de oficio después del 7 de diciembre." Cómo Magnetto traduce esa definición en un acto que incite a la violencia es un misterio. Algo que intentan revelar unos párrafos más adelante: "El funcionario, en la misma línea trazada por el gobierno, soslaya el derecho constitucional del grupo Clarín de peticionar a las autoridades y aguardar una decisión del Poder Judicial de la Nación. De esta forma el funcionario pretende convertir una conducta lícita, en un acto ilegal merecedor de la desaprobación popular y generadora de graves riesgos personales para sus directivos." Magnetto no sólo no quiere adecuarse a la ley sino que aspira a que el funcionario que deberá hacérsela cumplir sea procesado.

Para Saber

Leopoldo Moreau relata el accionar de Clarín durante el Alfonsinismo




LaPistaOculta GN



8.11.09
No más calumnias e injurias
El Senado convirtió en ley la derogación de las penas de prisión para esos delitos pero mantuvo las sanciones económicas contra particulares. Quedaron a salvo las expresiones contra funcionarios porque en ningún caso se podrá condenar las “referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”. La CIDH había condenado al Estado Nacional a adecuar su legislación. TEXTO COMPLETO
El Senado de la Nación convirtió este miércoles en ley la derogación de las penas de prisión para los delitos de calumnias e injurias y, así, adecuó la legislación a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó al Estado argentino a modificar sus normas de libertad de expresión.
La reforma al Código Penal mantiene multas de dinero para las injurias (de tres a 30 mil pesos) y para las calumnias (de 1.500 a 20 mil) pero establece que no serán sancionadas cuando se trate de “las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”. “Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos al honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público”, completó la reforma.

Así, quedan a salvo las expresiones y opiniones sobre los funcionarios públicos, un constante reclamo de los periodistas por considerar que las figuras de calumnias e injurias amenazaban la libertad de expresión, y solo se mantienen como pasibles de llevar a la Justicia los dichos sobre particulares.

El Senado aprobó por unanimidad, 51 votos a favor, el proyecto de ley que había enviado al Congreso en septiembre pasado la presidenta Cristina Kirchner y que a fines de octubre había contado con la media sanción de la Cámara de Diputados.

La iniciativa se basada en el fallo “Kimel” de la CIDH del 2 de mayo de 2008 que ordenó al Estado adecuar sus normas a la Convención Americana de Derechos Humanos. Eduardo Kimel fue condenado por un libro en el que cuestionó a un juez en la masacre de los padres palotinos, ocurrida durante la última dictadura militar, por lo que fue querellado.

El Código establecía en su artículo 109 que la calumnia o imputación falsa de un delito era penado con un mes a tres años de prisión, y el 110 que la injuria se castigaba con multa de 1.500 a 90 mil pesos o cárcel de un mes a un año.

“Para que la conducta no sea imputable, sólo se requiere no actuar con real malicia, conforme lo determina ya la jurisprudencia. Es decir, no reconocer la falsedad o, por lo menos, haber sido lo suficientemente diligente como para proporcionar información real”, explicó el senador por La Pampa Rubén Marín, presidente de la Comisión de Justicia.

“La finalidad y el eje central de esta modificación al Código Penal radica en adecuar nuestra legislación a los parámetros internacionales y constitucionales en materia de libertad de expresión, satisfaciendo así nuestra seguridad jurídica, cumpliendo con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, agregó Marín.

También se reformaron otros artículos del Código. En el 117 se estableció que retractarse públicamente de una calumnia o injuria “no importará para el acusado la aceptación de su culpabilidad” y el 113 que condenaba también a quien reprodujera los delitos contra el honor. Ahora quedará exento de pena cuando el contenido de los dichos “no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente”.

Por último, se derogó el artículo 112 que condenaba a las personas acusadas de calumnias o injurias que se negarán a dar explicaciones en el juicio y se modificó el 111 en el que ahora se fijó que el acusado de injuria, excepto en los casos de interés público, deberá probar sus dichos cuando en el caso se hubiera iniciado una causa penal o si el querellante pidiere la prueba de la imputación dirigida contra él.

http://www.diariojudicial.com/contenidos/2009/11/19/noticia_0006.html

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Jueves 19 de noviembre de 2009 | Publicado en edición impresa
Es ley la eliminación de las calumnias e injurias
La Cámara alta aprobó el proyecto por unanimidad y sin debate
Ver comentarios

La bancada oficialista del Senado logró ayer aprobar la ley de extracción compulsiva de ADN. Foto: LA NACION / Fernando Massobrio
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El Senado sancionó ayer una ley que elimina del Código Penal los delitos de calumnias e injurias, respondiendo así a un viejo reclamo de las organizaciones periodísticas y a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le había reclamado a la Argentina que adecuara su legislación a los preceptos de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La ley fue sancionada por unanimidad de los 52 senadores presentes y pasó sin debate en la Cámara alta.

La mayoría de los bloques prefirieron insertar sus exposiciones para agilizar la continuidad de la sesión celebrada ayer en el Senado.

El proyecto fue presentado por la presidenta Cristina Kirchner 12 de septiembre pasado, mientras en el Congreso se debatía el controvertido proyecto oficialista de radiodifusión y al día siguiente de que un batallón de inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizaran un operativo fiscal sorpresivo en las instalaciones del diario Clarín .

La norma sancionada ayer ajusta los delitos de calumnias e injurias a la figura de la real malicia, doctrina fijada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Sullivan versus The New York Times , en la década del 60.

En ese sentido, elimina la pena de prisión por la comisión de esos delitos, reemplazándola por una multa pecuniaria que la ley fija entre los 3000 y los 30.000 pesos.

En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o a las que no sean asertivas, se establece en la norma.

En el caso de las injurias, se aclara además que no configurarán ese delito "los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público".

Una de las razones esgrimidas por el Gobierno para enviar el proyecto al Congreso fue un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, advirtiéndole que estos delitos tal como estaban configurados atentaban contra la libertad de expresión.

Fue en el caso Kimel, cuya sentencia se conoció en mayo del año pasado. El caso involucró al periodista Eduardo Kimel, quien fue querellado y condenado por calumnias por un juez de la dictadura militar, que había sido cuestionado por el autor de un libro sobre la masacre de los padres palotinos, ocurrida durante el último régimen de facto.

Según explicó al presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Rubén Marín (La Pampa), con este cambio "sólo se requiere no actuar con real malicia, es decir no reconocer la falsedad de las expresiones" para cometer los delitos de calumnias e injurias.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

"La finalidad y el eje central de esta modificación al Código Penal radica en adecuar nuestra legislación a parámetros internacionales en materia de libertad de expresión", agregó el senador por la provincia de La Pampa.

La iniciativa fue aprobada casi sin debate y la única objeción que se escuchó fue de parte de la peronista disidente Sonia Escudero, quien cuestionó que la ley estableciera de manera taxativa el monto de las penas pecuniarias.

"Al expresar la multa en pesos, con la inflación quedará desactualizada en poco tiempo, con lo cual estaría desapareciendo cualquier tipo de sanción", afirmó Escudero, quien pidió que se reemplazara el texto por alguna unidad más permanente, como la de cierta cantidad de sueldos mínimos. Apurado por obtener la sanción del proyecto, el oficialismo rechazó esa pretensión. .


http://www.lanacion.com.ar/1201576-es-ley-la-eliminacion-de-las-calumnias-e-injurias


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