Lo que circula por los medios

25 de noviembre de 2012

Clarín denuncia a periodistas y a legisladores (videos)


Domingo, 25 de Noviembre de 2012 13:03 Rate this item1 2 3 4 5 (0 votes)
Clarín denuncia a periodistas y a legisladores (videos)


Clarín denunció a los periodistas Roberto Caballero,   Sandra Russo y Javier Vicente. La demanda incluye a funcionarios del gobierno y legisladores del oficialismo. La denuncia es por incitación a la violencia



Clarín denunció a los periodistas Roberto Caballero -editor y fundador de Tiempo Argentino-  Sandra Russo -panelista de 678- y a Javier Vicente periodista de Fútbol para Todos. La denuncia es por incitación a la violencia y fue radicada el jueves 22 de noviembre en el Juzgado Federal 9. La demanda incluye a funcionarios del gobierno y legisladores del oficialismo.

Gustavo Cirelli periodista de Tiempo Argentino registra que "la denuncia criminal de Clarín también son mencionados los otros integrantes del ciclo 6,7,8 Nora Veiras, Orlando Barone y Edgardo Mocca, y un invitado eventual al programa, el director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Eduardo Jozami".

La denuncia fue presentada por el abogado del Grupo Clarín S.A., José María Sáenz Valiente, "juntamente con sus letrados patrocinantes Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada"detalla Cirelli.

■¿Quienes tienen derecho a opinar?

Spot Clarín: "A ver si se puede opinar" 19/10/2012



Noticia en Tiempo Argentino



La demanda incluye a funcionarios del gobierno y legisladores del oficialismo Clarín denunció a Caballero y a otros periodistas por incitación a la violencia En un escrito de 35 páginas, los abogados del Grupo acusaron por sus opiniones al fundador de Tiempo Argentino y a los colegas Sandra Russo y Javier Vicente de un delito que implica penas de tres a seis años de prisión.

24.11.2012 |
Por: Gustavo Cirelli Aconfesión de parte, relevo de pruebas.

La desmesura de lo que sigue revela, una vez más, el verdadero rostro de Héctor Magnetto y de sus socios. En sólo 35 páginas, una denuncia criminal presentada por el abogado del Grupo Clarín S.A., José María Sáenz Valiente, "juntamente con sus letrados patrocinantes Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada", derrumba la profusa y reciente estrategia propagandística del magnettismo. Una campaña que durante las últimas semanas ha pretendido internalizar en la sociedad, de cara el 7D, que la misión del multimedios en el mundo consiste en defender la libertad de expresión y la pluralidad de voces frente al embate despiadado de un sistema (democrático) que intenta imponerle la descabellada idea de adecuarse a lo que dicta una ley (de la democracia). Falso.

Clarín miente.
Miente y, además, persigue a periodistas.
Miente y, además, quiere meter presos a periodistas por el sólo hecho de opinar distinto al Grupo. Así de claro. Así de grave.

La última (hasta el momento) bravata judicial del multimedios consistió en denunciar penalmente al periodista Roberto Caballero, director-fundador de Tiempo Argentino, a quien acusa de ser uno de los "instigadores y determinadores del delito de incitación a la violencia colectiva en perjuicio tanto del Grupo Clarín como sus directivos en particular". ¿Qué dice el Código Penal en su artículo 212 sobre el delito de instigación a la violencia? A saber: "Será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación." Léase: lo quiere preso.

Pero hay más.
En el mismo escrito, los "mandantes" de Magnetto estiman que "los hechos denunciados podrían encuadrar en la figura de coacción agravada", prevista en el artículo 149 bis del Código Penal, segundo apartado. ¿Qué señala este artículo? Que "será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad". Por si no quedó explícitamente claro: al fundador de Tiempo Argentino lo quieren ver en cana, o en su defecto –más atenuado–, acorralado en el silencio, con un bozal judicial. Un disparate.

En qué basan la acusación criminal contra Caballero: en el siguiente textual extraído de su participación en el programa 6,7,8 de la Televisión Pública del 4 de octubre último en el contexto de la agitada y amplificada (ver p. 4-5) protesta de Prefectos y Gendarmes que, según adujeron los voceros de los uniformados, se originó en los graves errores que sufrieron en la liquidación de sus haberes. Dijo Caballero: "¿Qué creo yo, digamos, que es lo que está sucediendo? Obviamente esto es un intento de desestabilización, cuando vos a la gente le mostrás por televisión que las fuerzas que están para ocuparse de la seguridad, y de la tranquilidad, y de la paz de los ciudadanos de un país, en realidad toman posturas o deciden situaciones que alteran esa paz, la gente se agarra la cabeza y dice 'en qué país estamos'. Y la verdad que me parece que esto forma parte de una estrategia de incendio de la calle, que tienen ciertos grupos concentrados, básicamente el Grupo Clarín, de aquí al 7 de diciembre, que obviamente conecta muy bien con la antipolítica, conecta muy bien con los sectores de derecha que hay en la sociedad reaccionaria, un núcleo reaccionario muy duro de la sociedad argentina, pero también provoca quizá que vuelvan los peores fantasmas, ¿no? Digo, cuando uno ve un uniformado haciendo lo que no es su función específica, a cualquier argentino se le eriza la piel."

Y a cualquier argentino debería erizársele la piel cuando es testigo a casi 29 años de recuperada la democracia de que a un periodista se lo persiga, se lo acuse y se pretenda encarcelarlo por el "delito" de opinión. Parece demencial. Y lo es. Más aun si se tiene en cuenta –y cómo obviarlo– que la persecución la impulsa la corporación económico-mediática más poderosa del país; un holding que consolidó y expandió su base de negocios asociándose a las Fuerzas Armadas en plena dictadura cívico-militar, para beneficiarse con la apropiación de la empresa Papel Prensa, junto a sus socios del diario La Nación, cuando la compañía le fue arrancada en las mazmorras a la familia Graiver. Esos mismos personajes que fueron activos oficialistas durante el terrorismo de Estado, hoy no sólo mienten y no se adecuan a la ley sino que quieren encerrar o amordazar a periodistas. Y no sólo a Caballero.

La denuncia penal (causa 12383/2012) radicada el jueves 22 de noviembre en el Juzgado Federal 9, a cargo del magistrado Luis Rodríguez, también alcanza a la periodista de Página/12 y panelista de 6,7,8, Sandra Russo. Su presunto delito es idéntico al de Caballero: opinar. En la página 11 del escrito se lee: "Concretamente, la periodista Sandra Russo, luego de los conocidos ‘cacerolazos’ del día 13 de septiembre de 2012, expuso en el programa televisivo 6,7,8 emitido por TV Pública, Canal 7, las siguientes expresiones: 'Son las cacerolas de Clarín' y agregó 'en este núcleo de veneno, es difícil que pueda salir algo bueno'. Luego continuó diciendo 'en los noventa hemos salido innumerables veces, pero en estas marchas hay veneno, y además si logran la destitución, ¿qué pasaría el día después?'" Sólo a modo de ejemplo, cabe recordar que en aquella marcha se agitaron consignas destituyentes, se clamó por el fin de la "dictadura K", y hasta algunos manifestantes hicieron público su deseo de muerte hacia la presidenta. No fueron todos, obviamente, pero miles de ciudadanos caminaron junto a carteles con simbología nazi u ofensas, por caso, a las Madres de Plaza de Mayo, sin inmutarse ni apartarse de los energúmenos. Ese fue el contexto.

Qué fantasea Magnetto con respecto a Russo: que reciba una pena similar que Caballero. Lo mismo sucede con el periodista deportivo y relator de Fútbol para Todos, Javier Vicente. En su caso, el escrito permite imaginar la minuciosidad del trabajo de quienes realizaron el informe previo a la confección de la presentación judicial que, cronómetro en mano, observaron y apuntaron, por ejemplo, que el sábado 6 de octubre, a las 18:28 horas, Vicente dijo: "Esto es Fútbol para Todos, para el parcial Estudiantes 0 - Quilmes 0. Fútbol para todos, el mejor antídoto a la cadena del miedo y del desánimo: Cadena con fecha de vencimiento, 7 de diciembre." Una expresión, la de Vicente, que para los abogados del multimedios podría encuadrase en "incitación a la violencia colectiva". Y se silencia con calabozo.

En la denuncia criminal de Clarín también son mencionados los otros integrantes del ciclo 6,7,8 Nora Veiras, Orlando Barone y Edgardo Mocca, y un invitado eventual al programa, el director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Eduardo Jozami. Aunque en el caso de ellos, luego son omitidos en la denuncia en la página 29, cuando se detalla "hasta el momento y sin pretensión de taxatividad" los nombres de quienes según los abogados del holding "han desempeñado el rol de principales propaladores del mensaje gubernamental contra el Grupo Clarín". En el listado, a modo de síntesis del escrito, se incluye al legislador porteño del Frente para la Victoria Juan Cabandié; al diputado nacional del mismo partido, Edgardo Depetri; al ministro de Justicia, Julio Alak; al secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; y al titular de la AFSCA, Martín Sabbatella; "recientemente nombrado para la ejecución de la Ley de Medios". Cada uno de ellos, previamente, fue mencionado en la denuncia, tomando extractos de sus declaraciones críticas contra el multimedios (ver recuadro).

La lectura del texto, a la vez, permite comprender cómo los jerarcas de Clarín despliegan a diario su estrategia comunicacional de agitación sobre esa mesa de arena que suprimió ya hace tiempo los principios del periodismo para digitar la construcción de una realidad afín a la defensa rabiosa de sus intereses y privilegios. El escrito deja en claro también –por si sólo no bastara con ojear las primeras 15 páginas del matutino– el rol que cumple el pelotón de abogados del Grupo en la elaboración cotidiana de ese relato. Otro ejemplo que viene a confirmar que ante la confesión de parte, la prueba queda relevada. Aunque aún restan casi dos semanas para el 7 de diciembre, plazo que le impuso la Corte Suprema para adecuarse a la ley. Habrá que estar atentos.

En el ítem III.A. "Antecedentes" de la presentación, interpretan a su modo "el contexto actual que hace a la relación entre el Grupo Clarín y el gobierno nacional", para supuestamente enmarcar los hechos denunciados. Ahí definen que "el diario Clarín es el de mayor circulación y cantidad de lectores a nivel nacional. De allí, que su voz tenga un alto impacto a la hora de comunicar los principales sucesos del quehacer nacional". A esta altura del devenir político, económico y social de la Argentina, ya no quedan dudas del alto impacto que ha tenido Clarín durante décadas en la intervención de los principales sucesos del quehacer nacional.

En el párrafo siguiente apuntan que "en los últimos años se ha desatado una verdadera campaña tendiente a desprestigiar no sólo a los medios que forman parte del Grupo Clarín, sino a todos aquellos medios cuya línea editorial no resulta afín al partido de gobierno (…) este accionar evidenciado por el partido oficialista conlleva una seria afectación de la libertad de opinión y de expresión, garantías reconocidas tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en nuestra propia Constitución Nacional". Lo insólito –que podría resultar hasta irónico si no fuese por la gravedad del caso– es que quienes invocan las garantías constitucionales y los Derechos Humanos –que obviamente y como corresponde no les son vulnerados– son los mismos que ahora pretenden encarcelar a Caballero y a otros periodistas por expresar libremente sus ideas.

Y no sólo eso: el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, y su socio, el director del diario La Nación Bartolomé Mitre –quien declaró hace unos días a la revista brasileña Veja que en la Argentina existe una "dictadura de los votos", entre otras afirmaciones temerarias– están imputados por la justicia de la democracia real, la del sufragio universal y la independencia de los poderes del Estado. Se investiga si fueron partícipes necesarios o no de delitos de lesa humanidad. Para más precisión, la justicia señaló que "debe investigarse si existió un conjunto de acciones ilegales diversas y articuladas entre sí que, con intervención de la estructura del aparato represivo estatal, habría tenido por finalidad lograr la transferencia compulsiva de acciones de Papel Prensa SA, que eran propiedad del Grupo Graiver, a favor de las empresas La Nación SA, Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA) y La Razón SA". La causa se mantuvo frenada por más de un año. Una investigación clave para la vida democrática que no logra avanzar como debiera. Situación de la que no son ajenas las constantes presentaciones realizada por el abogado de Magnetto, Wortman Jofré, y de Mitre, Pérez Chada. No casualmente los mismos letrados que firman junto a Sáenz Valiente la demanda contra Caballero y el resto de los acusados.

La denuncia con la que Magnetto quiere amordazar a periodistas continúa, con una clase magistral de cinismo: cita tratados, artículos y declaraciones sobre la defensa de la Libertad de Expresión. Un texto que sin dudas será de lectura ineludible para estudiantes de Derecho y Periodismo en un futuro no tan lejano.

Un texto envenenado mediante el cual Clarín pretende desnaturalizar el rol esencial del periodismo para avanzar en una resignificación tramposa del ejercicio del oficio, en principio, en relación a Caballero, Russo, Vicente y a todos aquellos que no opinan como a Magnetto y a sus adláteres se les antoja que debe ser. Calificar a los periodistas que se expresan libremente de acuerdo a sus convicciones y principios como "propaladores del mensaje gubernamental", en este caso, conlleva implícito múltiples connotaciones. Una, la obvia, es procurar desacreditar sus palabras para sumergirlos en un supuesto dispositivo comunicacional que tiene por finalidad "atacar" al Grupo Clarín. Falso.

A quien esto escribe le consta, por ejemplo, cómo pensaba Caballero sobre la concentración monopólica en los medios y la imperiosa necesidad de sepultar la Ley de Radiodifusión de la dictadura, muchos años antes de que el propio kirchnerismo impulsara una nueva norma. Por sólo citar un caso. Ese desplazamiento de sentido que intenta provocar Clarín con su nueva argucia legal, paradójicamente o no, refleja la concepción real que tienen Noble, Magnetto, Aranda, y demás popes del multimedios sobre el oficio: un periodista, para ellos, sería algo así como un sujeto que propala conceptos en función de intereses ajenos; un sujeto sin principios que alquila su palabra. El texto judicial, por cierto, no deja muy bien parados a los cientos de trabajadores de prensa que cumplen sus tareas en el holding. No respeta ni a sus propios periodistas. Es más: los compromete a tener que pronunciarse ante la persecución criminal contra colegas en plena democracia.

Ahora sí la libertad de expresión está en juego: un grupo empresario pide cárcel para quien opina distinto. Y lo hace en el marco de una campaña de autovictimización a días del 7D. Para el multimedio, por lo visto, la libertad de expresión es sólo un buen slogan para explotar en sus avisos propagandísticos: "María Laura no opina necesariamente como Santo. Zlotogwiazda y Tenembaum no son iguales a Bonelli y Edgardo Alfano. Chiche. ¿Hay otro igual a Chiche? Pettinato no va a coincidir con Joaquín Morales Solá, o sí. (…) Roa opina sobre lo que él piensa y el pensamiento del colorado Kirschbaum no tiene por qué hacerte reír, como se ríen con Borensztein, que es muy distinto a Nelson Castro. Coinciden en su verdad, pero son muy distintos. Julio Blanck y Eduardo Van der Kooy, tal vez tengan otro código. Que quizás no se parezca al de Pepe Eliaschev. Y si los ponemos a todos a discutir sobre algún tema de la actualidad, la polémica podría durar años. Eso es porque pueden opinar, y tienen un lugar donde hacerlo. El mismo lugar donde opinan Suar y Tinelli. Y donde lo pueden hacer Susana Viau y Débora Pérez Volpin. (…) Todas estas voces, por ser tantas y tan diversas acreditan la libertad y la elección. Lanata es único, como todos los periodistas del grupo. Un Grupo Clarín que también tiene opinión. Independiente, incluso de sus periodistas. Independiente como vos cuando nadie te convoca y salís a opinar a la calle y pedís que te escuchen y te respeten (…) Un grupo que piensa que es un momento muy especial del país. Un momento donde no hay que tenerle miedo, ni siquiera al miedo. Si peligra la libertad de prensa, que no peligre la libertad de pensar."

Cada uno de ellos seguirá opinando libremente mañana, después del 7D y siempre. Así debe ser. Incluso a pesar de que sus jefes quieran amordazar a otros periodistas que no opinan como María Laura o Santo y el resto de los mencionados por los publicistas de Magnetto.

La denuncia criminal contra Caballero y los demás periodistas fue presentada el jueves. Hoy, se hace pública.
La peor opinión es el silencio.

Antecedente
Apenas la Junta Militar usurpó el gobierno, Videla, Massera y Agosti impusieron la pena de muerte y los Consejos de Guerra en todo el país. Se trató de la Ley 21.264, que en su artículo primero establecía: "El que públicamente por cualquier medio, incitare a la violencia colectiva y / o alterare el orden público, será reprimido por sola incitación, con reclusión hasta diez años." Casualidades de la historia, o no tanto, el ex socio de las Fuerzas Armadas, Magnetto y su staff de abogados emplean el mismo argumento para intentar coartar la libertad de expresión de Caballero, Russo y otros periodistas.

Funcionarios y legisladores también
En su denuncia penal por incitación a la violencia y coacción agravada, el Grupo Clarín acusa a funcionarios y legisladores del oficialismo. En el escrito recorta declaraciones públicas del jefe de bloque de legisladores porteños, Juan Cabandié; del diputado nacional Edgardo Depetri; del ministro de Justicia, Julio Alak; del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; y del titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, de quien afirman que fue "recientemente nombrado para la ejecución de la Ley de Medios". La acusación incluye a "los integrantes de las agrupaciones de La Cámpora, el Frente Transversal y el Movimiento Evita".

La nueva estrategia judicial de Clarín sorprende por obvia y denota su nerviosismo ante el inevitable 7D. Su finalidad evidente es invertir la carga. Para eso apunta directamente contra Sabbatella. Sólo a modo de síntesis se destaca lo que afirma el escrito en la página 30: "Resulta aun más peligrosa la actitud de gobierno y de algunos funcionarios mencionados, que insisten en la fijación de un verdadero punto de inflexión o 'deadline' en este conjunto de acciones intimidantes contra la empresa y sus directivos: el 7 de diciembre próximo, según ellos es el día –tomando como referencia una decisión judicial– en el cual hay que vencer al enemigo sin ahorrar violencia para lograrlo." Parágrafo siguiente, citan un textual de Sabbatella: "La AFSCA va a actuar de oficio después del 7 de diciembre." Cómo Magnetto traduce esa definición en un acto que incite a la violencia es un misterio. Algo que intentan revelar unos párrafos más adelante: "El funcionario, en la misma línea trazada por el gobierno, soslaya el derecho constitucional del grupo Clarín de peticionar a las autoridades y aguardar una decisión del Poder Judicial de la Nación. De esta forma el funcionario pretende convertir una conducta lícita, en un acto ilegal merecedor de la desaprobación popular y generadora de graves riesgos personales para sus directivos." Magnetto no sólo no quiere adecuarse a la ley sino que aspira a que el funcionario que deberá hacérsela cumplir sea procesado.

Para Saber

Leopoldo Moreau relata el accionar de Clarín durante el Alfonsinismo




LaPistaOculta GN



8.11.09
No más calumnias e injurias
El Senado convirtió en ley la derogación de las penas de prisión para esos delitos pero mantuvo las sanciones económicas contra particulares. Quedaron a salvo las expresiones contra funcionarios porque en ningún caso se podrá condenar las “referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”. La CIDH había condenado al Estado Nacional a adecuar su legislación. TEXTO COMPLETO
El Senado de la Nación convirtió este miércoles en ley la derogación de las penas de prisión para los delitos de calumnias e injurias y, así, adecuó la legislación a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó al Estado argentino a modificar sus normas de libertad de expresión.
La reforma al Código Penal mantiene multas de dinero para las injurias (de tres a 30 mil pesos) y para las calumnias (de 1.500 a 20 mil) pero establece que no serán sancionadas cuando se trate de “las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”. “Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos al honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público”, completó la reforma.

Así, quedan a salvo las expresiones y opiniones sobre los funcionarios públicos, un constante reclamo de los periodistas por considerar que las figuras de calumnias e injurias amenazaban la libertad de expresión, y solo se mantienen como pasibles de llevar a la Justicia los dichos sobre particulares.

El Senado aprobó por unanimidad, 51 votos a favor, el proyecto de ley que había enviado al Congreso en septiembre pasado la presidenta Cristina Kirchner y que a fines de octubre había contado con la media sanción de la Cámara de Diputados.

La iniciativa se basada en el fallo “Kimel” de la CIDH del 2 de mayo de 2008 que ordenó al Estado adecuar sus normas a la Convención Americana de Derechos Humanos. Eduardo Kimel fue condenado por un libro en el que cuestionó a un juez en la masacre de los padres palotinos, ocurrida durante la última dictadura militar, por lo que fue querellado.

El Código establecía en su artículo 109 que la calumnia o imputación falsa de un delito era penado con un mes a tres años de prisión, y el 110 que la injuria se castigaba con multa de 1.500 a 90 mil pesos o cárcel de un mes a un año.

“Para que la conducta no sea imputable, sólo se requiere no actuar con real malicia, conforme lo determina ya la jurisprudencia. Es decir, no reconocer la falsedad o, por lo menos, haber sido lo suficientemente diligente como para proporcionar información real”, explicó el senador por La Pampa Rubén Marín, presidente de la Comisión de Justicia.

“La finalidad y el eje central de esta modificación al Código Penal radica en adecuar nuestra legislación a los parámetros internacionales y constitucionales en materia de libertad de expresión, satisfaciendo así nuestra seguridad jurídica, cumpliendo con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, agregó Marín.

También se reformaron otros artículos del Código. En el 117 se estableció que retractarse públicamente de una calumnia o injuria “no importará para el acusado la aceptación de su culpabilidad” y el 113 que condenaba también a quien reprodujera los delitos contra el honor. Ahora quedará exento de pena cuando el contenido de los dichos “no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente”.

Por último, se derogó el artículo 112 que condenaba a las personas acusadas de calumnias o injurias que se negarán a dar explicaciones en el juicio y se modificó el 111 en el que ahora se fijó que el acusado de injuria, excepto en los casos de interés público, deberá probar sus dichos cuando en el caso se hubiera iniciado una causa penal o si el querellante pidiere la prueba de la imputación dirigida contra él.

http://www.diariojudicial.com/contenidos/2009/11/19/noticia_0006.html

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Jueves 19 de noviembre de 2009 | Publicado en edición impresa
Es ley la eliminación de las calumnias e injurias
La Cámara alta aprobó el proyecto por unanimidad y sin debate
Ver comentarios

La bancada oficialista del Senado logró ayer aprobar la ley de extracción compulsiva de ADN. Foto: LA NACION / Fernando Massobrio
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El Senado sancionó ayer una ley que elimina del Código Penal los delitos de calumnias e injurias, respondiendo así a un viejo reclamo de las organizaciones periodísticas y a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le había reclamado a la Argentina que adecuara su legislación a los preceptos de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La ley fue sancionada por unanimidad de los 52 senadores presentes y pasó sin debate en la Cámara alta.

La mayoría de los bloques prefirieron insertar sus exposiciones para agilizar la continuidad de la sesión celebrada ayer en el Senado.

El proyecto fue presentado por la presidenta Cristina Kirchner 12 de septiembre pasado, mientras en el Congreso se debatía el controvertido proyecto oficialista de radiodifusión y al día siguiente de que un batallón de inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizaran un operativo fiscal sorpresivo en las instalaciones del diario Clarín .

La norma sancionada ayer ajusta los delitos de calumnias e injurias a la figura de la real malicia, doctrina fijada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Sullivan versus The New York Times , en la década del 60.

En ese sentido, elimina la pena de prisión por la comisión de esos delitos, reemplazándola por una multa pecuniaria que la ley fija entre los 3000 y los 30.000 pesos.

En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o a las que no sean asertivas, se establece en la norma.

En el caso de las injurias, se aclara además que no configurarán ese delito "los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público".

Una de las razones esgrimidas por el Gobierno para enviar el proyecto al Congreso fue un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, advirtiéndole que estos delitos tal como estaban configurados atentaban contra la libertad de expresión.

Fue en el caso Kimel, cuya sentencia se conoció en mayo del año pasado. El caso involucró al periodista Eduardo Kimel, quien fue querellado y condenado por calumnias por un juez de la dictadura militar, que había sido cuestionado por el autor de un libro sobre la masacre de los padres palotinos, ocurrida durante el último régimen de facto.

Según explicó al presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Rubén Marín (La Pampa), con este cambio "sólo se requiere no actuar con real malicia, es decir no reconocer la falsedad de las expresiones" para cometer los delitos de calumnias e injurias.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

"La finalidad y el eje central de esta modificación al Código Penal radica en adecuar nuestra legislación a parámetros internacionales en materia de libertad de expresión", agregó el senador por la provincia de La Pampa.

La iniciativa fue aprobada casi sin debate y la única objeción que se escuchó fue de parte de la peronista disidente Sonia Escudero, quien cuestionó que la ley estableciera de manera taxativa el monto de las penas pecuniarias.

"Al expresar la multa en pesos, con la inflación quedará desactualizada en poco tiempo, con lo cual estaría desapareciendo cualquier tipo de sanción", afirmó Escudero, quien pidió que se reemplazara el texto por alguna unidad más permanente, como la de cierta cantidad de sueldos mínimos. Apurado por obtener la sanción del proyecto, el oficialismo rechazó esa pretensión. .


http://www.lanacion.com.ar/1201576-es-ley-la-eliminacion-de-las-calumnias-e-injurias


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21 de noviembre de 2012

El titular de la AFSCA aclaró que la dueña de los capitales de Telefe es Telefónica de España


Victor Hugo Morales entrevista a Martín sabbatella
21112012



Actualizada

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20.11.2012 | Los dos matutinos habían asegurado que se había excluido al grupo de la lista de aquellos que deben adecuarse a la ley 26.522
Sabbatella desmintió a Clarín y La Nación
El titular de la AFSCA aclaró que la dueña de los capitales de Telefe es Telefónica de España y no Telefónica de Argentina.


Por:

Gustavo Montiel

El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella aclaró ayer aspectos del estado de situación de los grupos de medios que, según el informe que dio a conocer la semana pasada, exceden de una u otra forma los límites de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esta ocasión el funcionario se refirió a la supuesta vinculación de Telefónica de Argentina con Telefe, en función de los artículos de la Ley de Medios que ponen límites a la presencia de capitales extranjeros y a restringen la intervención en el sector de las empresas de servicios públicos . "Para la AFSCA, el titular de las licencias es la empresa Telefe, y Telefe no tiene vínculos con Telefónica de Argentina", afirmó en diálogo con Tiempo Argentino. Además Sabbatella explicó que la dueña de los capitales de Telefe es Telefónica de España y no Telefónica de Argentina, según informaron al organismo autoridades del canal en cuestión. Más allá de que son 20 los grupos mencionados por el organismo en el informe presentado la semana pasada, en los últimos días el énfasis mediático estuvo puesto en Telefe. "Como lo dijimos mil veces, la ley es igual para todos y todas, y se va a aplicar sin excepciones ni privilegios para nadie. En primer lugar, en relación a la extranjerizacion de capitales, Telefónica de España es la dueña de los capitales de Telefe. La Ley 26.522 dice que no se puede tener más del 30% de capitales extranjeros. Lo que ocurre es que Telefe se constituyó como empresa previa a la promulgación de la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales. Por lo tanto, y lo dice específicamente la ley, está fuera de este requisito del límite del 30% a los capitales extranjeros", consignó Sabbatella.
Entre las condiciones de admisibilidad que implican que un grupo mediático se tenga que adecuar, la ley especifica que no se puede ser director o administrador de persona jurídica, ni accionista que posea el 10% o más de las acciones de un servicio público y ser titular de licencias de medios al mismo tiempo. En ese punto, Sabbatella detalló: "En relación al servicio público, a Telefe le solicitamos información y dicen que no tienen vinculación con Telefónica de Argentina. Por lo tanto, para la AFSCA Telefe es una empresa que no tiene vínculo accionario con Telefónica de Argentina, son dos razones sociales absolutamente distintas, por lo tanto son autonómas y en ningún caso se da la relación controlante-controlado. Esto, en los últimos días, aparece absolutamente tergiversado en Clarín y después en La Nación", acusó.
La Ley 26.522 también impide prestar servicios a más del 35% del mercado nacional, entendidos como habitantes o abonados, según corresponda. En este caso, Telefe sí estaría excedido con su cuota de mercado por medio de sus canales de aire y debería readecuarse. "Telefe reconoce que está excedido en su cuota de mercado. Tiene que presentar su plan de adecuación para transferir, desprenderse o vender las licencias que hacen que estén excedidos", concluyó el titular de la AFSCA.
Sabbatella, expuso ayer, junto al canciller Héctor Timerman, los detalles y alcances de la Ley de Medios a representantes del cuerpo diplomático extranjero acreditado en el país. «

http://tiempo.infonews.com/2012/11/20/argentina-91299-sabbatella-desmintio-a-clarin-y-la-nacion.php

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20-11-12 | POLÍTICA
Sabbatella: "Telefe es de Telefónica España, no de Telefónica Argentina"
Por Juan Graña jgrana@infobae.com


El titular de la Afsca explicó a Infobae que la señal de TV pertenece a la compañía ibérica y no a la argentina homónima. En esta situación, y gracias a la Ley de Bienes Culturales, está exceptuada del límite a capitales extranjeros que fija la Ley de Medios

Crédito foto: Charly Díaz Azcué
A menos de 20 días del #7D, se avivan las discusiones en torno a qué grupos no están adecuados aún a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Si bien actualmente son 20 las empresas que deben adaptarse a la normativa, en los últimos días todos los focos apuntaron a la situación de Telefe.

En diálogo con Infobae, el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, aseguró que el canal de televisión pertenece a la empresa Telefónica de España y no a la compañía Telefónica de Argentina.

Ante esta situación, la señal de TV abierta se ve exceptuada de cumplir con el nuevo límite de 30% de participación para capitales extranjeros, debido a que su situación fue habilitada en 2003 por la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales.

"El Estado no viene a expropiar, estatizar ni a confiscar a nadie", aclaró Sabbatella, quien además ratificó que a partir del 8 de diciembre se pondrá en marcha la transferencia de oficio de las licencias que se hallen por fuera de la ley.

-¿Cuál es la relación entre Telefónica y Telefe?

- Todos los datos son datos preliminares, sujetos a revisión del directorio del Afsca y de los propios titulares. En Telefe, en función de la ley y la información que le pedimos, había tres grandes cuestiones para analizar.

Primero, el tema del capital extranjero: Telefónica de España es la dueña de los capitales de Telefe. La ley dice que no se puede tener más de 30% de capitales extranjeros. Lo que sucede es que la constitución de la empresa es previa a la Ley de Bienes Culturales. Eso la exceptuaría del cumplimiento del límite de 30% a los capitales extranjeros.

En segundo lugar está el tema de servicios [NdR: la Ley de Comunicación Audiovisual establece que ninguna empresa puede prestar servicios públicos y poseer medios al mismo tiempo]. Les pedimos información y ellos dicen que no tienen ninguna vinculación con Telefónica de Argentina. Dicen que son empresas distintas, que no tienen ninguna vinculación societaria, que tienen relaciones sociales distintas y que en ningún caso funcionan como controlante y controlada. Por lo tanto, Telefónica de Argentina no tiene medios en el país. Esto es lo que está tergiversado hoy en Clarín y después en La Nación. Si uno ve las declaraciones que salieron hoy, están sacadas de contexto. Confunden cuando yo estoy hablando de Telefónica de España con cuando estoy hablando de Telefónica de Argentina. Hay una intencionalidad de decir que dije algo que no dije.

Por último, está el tema de la cuota del mercado. Telefe reconoce que está excedido en su cuota del mercado. Tiene que presentar su plan de adecuación para transferir, desprenderse o vender las licencias que hacen que estén excedidos.

- ¿Usted sabe que el subsecretario de Presidencia, Gustavo López, señala que en realidad Telefe es subsidiaria de una compañía [Atlántida Comunicaciones S.A.] que a su vez depende de Telefónica de Argentina?

- En la documentación nuestra no figura así. Telefónica de España es dueña de los capitales de Telefe. Por supuesto que esto está sujeto a revisión. Son los datos preliminares.

-¿Los datos definitivos cuándo se van a conocer?

-Ellos tienen que presentar el plan de adecuación y después se analizará.

-A partir del 8 de diciembre, una vez vencido el plazo para el proceso de adecuación, ¿cómo será la puesta a licitación de las licencias de grupos en falta?

-Son alrededor de 20 los grupos que tienen que adecuarse. Clarín quiere instalar que tenemos una vara distinta para cada uno. Eso es absolutamente falso. La ley es pareja para todos. Impacta distinto por las características de cada uno: impacta más en el que tiene más e impacta menos en el que tiene menos.

Tienen que presentarse antes del 7 de diciembre con su plan de adecuación. Diecinueve de los 20 grupos que tienen que adecuarse han mostrado su voluntad de hacerlo, están trabajando para hacerlo o ya han presentado el plan. Después del 8, si hay algún grupo que cree que puede estar por encima de la ley o cree que tiene coronita, el Afsca tiene que actuar de oficio para hacer cumplir la ley y poner en marcha la transferencia de oficio.

Este proceso tiene varios pasos: primero, abrir el registro de oferentes; segundo, iniciar el proceso de tasación de las licencias y los bienes afectados al uso de la misma; tercero, seleccionar las licencias a licitar; cuarto, licitar, y quinto, hacer el traspaso del titular anterior al nuevo. En este procedimiento, el titular anterior debe hacerse cargo de la licencia garantizando el servicio, los bienes y las fuentes de trabajo.

-Considerando que, de los 20 grupos que no están adecuados a la ley, ya 19 mostraron voluntad de adecuarse, ¿la Afsca tiene contemplado qué licencias de Clarín pasarían a licitación de ser necesario?

-No, porque no sabemos quiénes no van a cumplir. Esperamos que todos cumplan. Sería un paso importante para la democracia.

http://www.infobae.com/notas/682295-Sabbatella-Telefe-es-de-Telefonica-Espana-no-de-Telefonica-Argentina.html

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LEY DE MEDIOS
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm


ARTICULO 31. — Condiciones societarias. Además de las condiciones y requisitos establecidos por los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, las personas de existencia ideal licenciatarias de servicios de comunicación audiovisual deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) En caso de tratarse de sociedades por acciones, las acciones deberán ser nominativas no endosables;
b) Se considerará como una misma persona a las sociedades controlantes y controladas, de
conformidad con lo instituido por el artículo 33 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y modificatorias;
c) Tener por objeto social único y exclusivo la prestación y explotación de los servicios contemplados en la presente ley y otras actividades de comunicación salvo: (i) la excepción prevista en el artículo 30; (ii) que la actividad no vinculada a la comunicación audiovisual estuviese autorizada con anterioridad, en cuyo caso excepcionalmente se podrá continuar con dichas actividades, constituyendo a tales fines unidades de negocios separadas entre la actividad como licenciataria de comunicación audiovisual y las otras actividades dentro de una misma sociedad, llevando contabilidades separadas entre ambas actividades.

16 de noviembre de 2012

Calentando las cacerolas - Cacerola anti K


15.11.2012 | 21:46 |
Fracasó un encuentro cacerolero que buscó juntar fuerza anti-K
INFOnews estuvo presente en la anoréxica reunión opositora que convocó apenas a unos pocos caceroleros, arriados a través de las redes sociales y blogs. El debate de los anti kirchneristas, frío y distante, fluyó entre los deseos de derrocamiento, la anti política y la falta de un ideario común.

Por:
INFOnews
Una vez apagado el fuego opositor que se puso en escena el 8 de noviembre pasado en distintos puntos del país, el gran dilema de los caceroleros y los grupos anti-kirchneristas parece ser cómo seguir y lograr poner en marcha algo más que una expresión de protesta en torno al "cepo al dólar" y contra los planes sociales. Para eso parece haberse organizado la reunión que se realizó en la sala Manuel Belgrano de la sede central del Banco Ciudad de Buenos Aires, en pleno microcentro porteño.


Entre consignas que fueron desde "correr por izquierda al gobierno" hasta "hacer una movilización por mes", o las más delirantes, como "festejar el fracaso que va a ser el 7D" y "armar bombas molotov", un grupo de unos 40 caceroleros se reunió en la entidad pública porteña (gentimente cedida por el macrismo) para lanzar propuestas y tratar de encausar lo que por ahora apenas asoma como un gesto de voluntarismo sin cauce.

"Foro de Discusión y Reflexión sobre el futuro de las protestas sociales inorgánicas" fue el pomposo título que eligió el organizador y coordinador del evento, Yamil Santoro, joven que formó parte de las recientes movilizaciones opositoras y que se desnudó frente a la Casa Rosada como forma de protesta.

"A la derecha de la izquierda y a la izquierda de la derecha", es su lema en la red social facebook y tal frase se hizo carne al menos en lo discursivo durante su presentación, en la que intentó calmar las aguas de los participantes más encendidos, a los que buscó apaciguar debido a la presencia de las cámaras del canal CN23 y del programa Duro de Domar.

A lo largo de un discurso moderado y que celebró lo que llamó "un día de fiesta" en relación al denominado "8N", Santoro destacó la concentración opositora y subrayó la necesidad de debate y tolerancia, aunque omitió los numerosos hechos de violencia que vivieron periodistas de todos los canales, incluídos los salvajes ataques sufridos por reporteros de Duro de Domar, C5N, Telefé y hasta canal 13.

"Hay que correrlos por izquierda", se escuchó en algunos "grupos de trabajo" que se armaron luego de lo que fue su exposición y la de Laura Elías, ex esposa del legislador bonaerense José Ottavis. Sobre esta última, su presencia fue un interrogante para quienes asistieron a la reunión anti-K, que vieron en esa exposición algo fuera de contexto y demasiado puntual, si de anti kirchnerismo se habla.

Sin embargo, el foco del debate opositor es la organización o no de una marcha contra la aplicación efectiva de la ley de medios, que gira en torno simbólico alrededor del 7 de diciembre, o "7D". Algunos impulsan un 6D, un 8D o, incluso, los más virulentos, un 7D opositor. Para algunos, incluido el organizador Yamil Santoro, sería inconveniente una marcha anti-7D, aunque adhiere al discurso del grupo Clarín basado en que la ley de medios es contra la libertad de prensa.

"Yo vine a pelear con los kirchneristas", dijo con timidez un autoproclamado militante de una presunta organización llamada Resistencia Argentina. Sin embargo, la falta de participantes y, por supuesto, de alguien que se proclame como oficialista, hizo naufragar el deseo del joven, que se saludó con una integrante de Unión por Todos, el partido de Patricia Bullrich que pareció copar parte de la reunión.

Entre los presentes se distribuyeron hojas en blanco entre los grupos que se armaron para discutir y sacar en limpio alguna propuesta en común, o al menos qué es lo que quieren los que se manifiestan contra el Poder Ejecutivo.

Como era de esperar, la heterogeneidad fue la regla y lo que se escuchó giró en torno al "cepo al dólar", las presuntas "ataduras" del Poder Judicial, "la falta de libertad de expresión", tal como dijo un coqueto participante, "el poco presupuesto para las Fuerzas Armadas" y hasta la supuesta necesidad de "ponerle freno" a Cristina Fernández. Sobre esto último, primó la idea de que realizar muchas movilizaciones sería una buena forma de desgastar al gobierno, lo cual parece ser el fin principal de muchos de los portadores de cacerolas.

Entre los más radicalizados de los presentes a la anoréxica reunión cacerolera se encontraban dos señoras de atildado atuendo, que bromearon sobre "la yegüa" y las formas en las que podría ser sacada del poder. En otro "grupo de debate", se pudo escuchar a un adolescente, apurado por irse a una reunión, que pedía "molotovs para todos y todas".

En el mismo sentido, las mentes más afiebradas del convite soñaban en voz alta con un "fracaso del 7D" que desgastara al gobierno hasta "hacerle meter la cabeza a Cristina bajo tierra" (sic). En esos momentos, el llamado a la bonomía por parte de Santoro naufragaba de forma irremediable. Como la reunión en si, que fue desgranándose a medida que los poco entusiastas participantes se iban del lugar.

http://www.infonews.com/2012/11/15/politica-47673-fracaso-un-encuentro-cacerolero-que-busco-juntar-fuerza-anti-k-cacerolazo-opositor.php

Según un informe del Banco Mundial, Argentina duplicó su clase media


Miércoles, 14 de Noviembre de 2012 16:25 Rate this item1 2 3 4 5 (0 votes)
Según un informe del Banco Mundial, Argentina duplicó su clase media


Un informe realizado por el Banco Mundial (BM) sostiene que en Argentina se duplicó la clase media en el periodo comprendido entre 2006 y 2009: pasó de haber 9,3 millones a 18,6 millones de ciudadanos en esta situación, es decir un aumento del 25% de la población total de nuestro país.



El trabajo, llamado "La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina", fue presentado por el presidente del BM, Jim Ypng Kim, y el economista jefe para la región, Augusto de la Torre, asegura que el crecimiento de este sector se debe a la instrumentación de políticas de desarrollo económico y de la ampliación de oportunidades para sectores más vulnerables.

"Este fuerte incremento en Argentina, está relacionado con una recuperación de la clase media tras la reducción sufrida por ésta durante el período 2001-2002, como consecuencia de la crisis económica", explicó en dialogo con Télam, De la Torre.

A su vez, el informe muestra un crecimiento en toda la región en este aspecto: Brasil, el que se ubica en el segundo lugar dentro de la mejora porcentual, la clase media aumentó un 22%; mientras que Uruguay lo hizo en un 20% y Colombia un 16 por ciento. En general, el documento detalla que en toda América Latina y el Caribe este sector creció de 103 millones de personas en 2003 a 152 millones en 2009, lo que representa un salto del 50 por ciento.

"La experiencia reciente en América Latina y el Caribe le muestra al mundo que se puede brindar prosperidad a millones de personas a través de políticas que encuentran un equilibrio entre el crecimiento económico y la ampliación de oportunidades para los más vulnerables", opinó el titular del BM, y agregó: "Esto representa un cambio estructural histórico". Télam



Ver

LaPistaOculta GN

http://www.lapistaoculta.com.ar/3/2/c/item/3613-argentina-duplic%C3%B3-su-clase-media.html

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Domingo, 11 de noviembre de 2012 | Hoy
ESPECTACULOS DEPORTES PSICOLOGIA UNIVERSIDAD CONTRATAPA PIRULO DE TAPA
ECONOMIA › OPINION
Menos desigualdad






Por Alfredo Zaiat
El documento del Banco Mundial “La disminución de la desigualdad en América latina en la década de 2000. Los casos de Argentina, Brasil y México” ofrece un oportuno análisis para comprender el ciclo político abierto en la región que sectores conservadores combaten con perplejidad, porque tienen el poder económico, los grandes medios de comunicación, ahora también capacidad de movilización y la voluntad de orientar la agenda pública, pero no logran debilitarlo, ni en la gestión diaria ni a la hora del recuento de votos. No lo han conseguido por el momento debido a que, pese a lo que afirman representantes de la derecha y de la izquierda, la mayoría de la población en Latinoamérica, postergada por décadas de neoliberalismo, hoy están mejor que ayer. El trabajo de investigación, presentado el mes pasado por el área de Pobreza, Equidad y Género, América Latina y el Caribe del Banco Mundial, destaca que de los 17 países para los que existen datos comparables, 13 experimentaron un descenso de la desigualdad en términos del coeficiente de Gini, mientras que aumentó en otras partes del mundo, como en China, India, Estados Unidos y Europa.

En el conjunto de los 17 países de la región estudiados, el coeficiente de Gini para los ingresos per cápita de los hogares disminuyó del promedio ponderado 0,530 a finales de 1990 a 0,497 en 2010 (indicador entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad –todos tienen los mismos ingresos– y donde el valor 1 es la máxima desigualdad). Los autores Nora Lustig, Luis F. López-Calva y Eduardo Ortiz-Juárez señalan que la magnitud de esa declinación es muy relevante en un continente marcado por la desigualdad. Mencionan que en 11 de esos países la disminución de la desigualdad en la década de 2000 fue mayor que el aumento en la década de 1990. El caso de Argentina es el de las variaciones más pronunciadas, con empeoramiento del coeficiente de Gini en 8,2 por ciento en el período 1992-2002, y mejora del 9,0 por ciento en el lapso 2002-2010, porcentajes muy por encima del promedio registrado en ese grupo de países. En los años posteriores continuó la mejora, hasta ubicarse en 0,375 en el primer trimestre de este año.

El estudio del BM indica que los motivos de la desigualdad en América latina están relacionados con el comportamiento de “las elites depredadoras (textual en el texto: linked to state-capture on the part of predatory elites), las imperfecciones del mercado de capitales, la desigualdad de oportunidades (en particular, en términos de acceso a la educación de alta calidad), la segmentación del mercado laboral y la discriminación contra las mujeres y los no blancos”.

La región se ha destacado históricamente en la comparación internacional por ser el continente de más alta y persistente desigualdad en el ingreso. Desde el 2000, en coincidencia con la irrupción de gobiernos progresistas –en su más amplia definición–, la desigualdad empezó a caer, según el documento del Banco Mundial. Este proceso permite comprender la adhesión mayoritaria de los sectores postergados a los gobiernos resistidos por las influyentes capas medias y altas.

La explicación de los investigadores de la disminución de la desigualdad es por dos razones principales:

1) la caída en la brecha de ingresos entre los trabajadores calificados y los poco calificados, y

2) el aumento de las trasferencias de dinero del Estado a los pobres.

La reducción de la brecha de ingresos se debió principalmente a la expansión de la cobertura en educación básica que se ha dado durante las últimas dos décadas. Mencionan que también fue por el resultado de la desaparición del efecto generado por el cambio tecnológico de los noventa, el cual demandaba trabajadores con habilidades específicas.

El análisis particular de la Argentina sugiere que la expansión del empleo, por la fuerte recuperación económica, fue un aspecto importante, además de la disminución de la desigualdad en los ingresos laborales. No fue así en Brasil y México.

Las transferencias del Estado a los pobres es el segundo efecto igualador. En México fue la expansión de la cobertura del programa Progresa/Oportunidades que implica giro de dinero en efectivo abarcando a unos 5,8 millones de hogares, equivalente al 19 por ciento del total de hogares en 2012. En Brasil, el plan Bolsa Familia explica la caída de la desigualdad por ingresos, al ampliar a casi el 30 por ciento de la población brasileña la que recibe aportes del sistema de seguridad social. De 1998 a 2009, el coeficiente de Gini disminuyó de 0,592 a 0,537, que representa una mejora de 5,4 por ciento. Por su parte, en Argentina actuó como un potente igualador de ingresos el Plan Jefes y Jefas de Hogar desocupados, luego la Asignación Universal por Hijo y la ampliación de la cobertura provisional a personas en edad de jubilarse sin los aportes correspondientes.

Después de analizar esos dos factores igualadores de ingresos que intervinieron en la primera década del nuevo siglo en Latinoamérica, los investigadores avisan que “el impulso redistributivo puede ser difícil de sostener”. Señalan que si bien el nivel de instrucción se ha vuelto significativamente más equitativo, no puede decirse lo mismo de la distribución de la calidad de la educación. “La experiencia de los Estados Unidos debería servir a América latina como una advertencia”, al explicar que en ese país la desigualdad de ingresos aumentó significativamente desde la década de 1980 debido a esa divergencia entre cobertura y calidad educativa, como credencial de entrada al mundo laboral. La baja calidad de la educación en el nivel secundario derivó en que muchos graduados no estuvieran “listos para la universidad”, estancándose la mejora de las cualidades laborales. Lo que no se detalla en esa investigación es que el ingreso a las universidades estadounidenses es restrictivo por los elevados aranceles, al igual que en varias universidades de la región. No es el caso de la universidad pública en Argentina.

Para sostener la igualdad a través del tiempo se requiere un esfuerzo permanente de redistribución a través del gasto público progresivo y de impuestos a los ingresos altos. La experiencia indica que la política fiscal progresiva es consistente con la prosperidad. Los gobiernos latinoamericanos que lograron romper con la histórica tendencia al aumento de la desigualdad en la década de 2000 tienen entonces el desafío de mantener ese proceso de avance de las condiciones materiales de los pobres con gasto público e impuestos progresivos y con la mejora en la calidad de los servicios públicos, como la educación, clave para continuar en el tránsito hacia sociedades más equitativas.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-207601-2012-11-11.html

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