Lo que circula por los medios

26 de diciembre de 2012

La seguridad jurídica y la recuperación del predio de Palermo


Miércoles, 26 de diciembre de 2012

La seguridad jurídica y la recuperación del predio de Palermo






Por Norma Giarracca * y Enrique Viale **
De las entidades corporativas del agro, la Sociedad Rural Argentina (SRA) es la que se ha ganado el peor prestigio por las conductas económicas y políticas que desarrolló a lo largo de su historia. Sin embargo, pocos saben que sus fundadores tuvieron objetivos de tecnificación del ganado ovino, que se sentían productores de “punta” y que el primer socio honorario fue Domingo Faustino Sarmiento, quien profesaba una gran admiración por el espíritu “tecnológico emprendedor” de este grupo de ganaderos.

Por esta admiración que sentían los gobiernos liberales de la época, entre las presidencias de Sarmiento y Avellaneda se le entregó temporariamente el predio de Palermo –que era parte del Parque 3 de Febrero– para “celebrar exposiciones y ferias”, según enuncia el contrato de cesión temporaria. Las sucesivas prórrogas de esta cesión fueron llevadas a cabo por el Congreso de la Nación o por los gobiernos dictatoriales dando cumplimiento a la medida donde se subrayaba un lugar “situado en el parque de Palermo”.

El poder económico y político que fueron capaces de generar estas pocas miles de familias ganaderas, que obtuvieron fundacionalmente sus territorios de manera espuria en el saqueo iniciado por Julio A. Roca, se enfrentó con los gobiernos democráticos y terminaron culpando de su propia decadencia relativa a la intervención del Estado a partir de las primeras décadas del siglo XX. La agricultura había encontrado su lugar tanto en el mercado internacional como en el interno a medida que se lograba la industrialización sustitutiva de importaciones. Los ganaderos se comportaron siempre como una elite que podían marcar las políticas públicas mientras que los agricultores –inmigrantes y criollos– reclamaban por la tierra que les arrendaban.

La SRA mantuvo una conducta antidemocrática durante toda su existencia y eso queda registrado en su intervención en los grupos golpistas que derrocaron el gobierno del tercer peronismo, por ejemplo. Se habían sentido amenazados por las políticas del presidente Perón y el secretario de Agricultura ingeniero Giberti y prepararon la política para mantener sus privilegios con uno de sus mayores representantes, José Martínez de Hoz, como ministro de Economía en los primeros años de la ominosa dictadura militar de 1976-1983.

No regresaron a la democracia en 1983 con el fervor y alegría de casi todo el país. La relación con el presidente Alfonsín fue tensa, con momentos de mucha gravedad. Pero con Carlos Menem y el “ex procesista” Domingo Cavallo, sus problemas se fueron solucionando poco a poco. El gobierno de Menem, desconociendo todos los antecedentes, procedió a efectuar una “venta” por decreto; es decir un parque público de 12 hectáreas lo vendió como un “inmueble de dominio privado del Estado Nacional innecesario para su gestión”. Fue el 20 de diciembre de 1991 –poco tiempo después del decreto nacional de desregulación económica que tanto complicó a los agricultores argentinos– cuando “vendió” ese predio a un precio ridículo de 30 millones de dólares y en cuotas, gran parte de las cuales siguen impagas. La resistencia a este acto de corrupción vino de la mano de la Asociación Amigos del Lago de Palermo, que denunció penalmente esta acción que derivó en un proceso penal, que aún subsiste, contra directivos de la SRA y decenas de funcionario públicos, incluyendo al ex presidente de la década de los ‘90 y su ministro de Economía Domingo Cavallo. El fiscal de la causa consideró que la operación era un “vergonzoso fraude”.

Mientras tanto, la SRA se apuró en sus negocios violando el Código de Planeamiento Urbano que zonifica al predio en Urbanización Parque (UP); es decir, “destinada a espacios verdes y parquización de uso público”. En 1997/1998 el GCBA autorizó obras prohibidas y en el año 2004 se firmó un convenio con la SRA mediante el cual se pretendía autorizar nuevas obras también en franca contradicción del Código de Planeamiento Urbano. Como señala el abogado Pedro Kesselman, pionero en esta lucha, los sucesivos gobiernos porteños convirtieron al predio de La Rural en una suerte de territorio extranjero que manejaba sus propias normas, sin respetar ninguna de las normativas de uso del suelo. Allí se hicieron recitales, carreras de autos, fiestas, casamientos, en suma toda clase de eventos, ninguno de ellos permitidos por la zonificación que el predio posee.

Seguridad jurídica no es sólo para las grandes empresas o para los que detentan el poder, también lo es para la ciudadanía en general de no ver consolidado en el tiempo una situación jurídica irregular, con un grave perjuicio colectivo al patrimonio público y al interés general. Su recuperación es una reivindicación histórica del país digno, trabajador, agricultor, campesino, de pueblos indígenas, estudiantes, etcétera. Por ello es que, sin perjuicio de la conservación de sus pabellones históricos, deben eliminarse las construcciones y actividades ilegales, integrando este predio al Parque 3 de Febrero –como nunca debió dejar de serlo– con una real, activa y amplia participación de quienes lucharon durante estos más de veinte años por la defensa del patrimonio público.

* Titular de Sociología Rural de UBA.

** Abogado ambientalista.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-210622-2012-12-26.html

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Domingo, 23 de diciembre de 2012 | Hoy
15:56 › DESALOJO VIP
La Sociedad Rural, con una denuncia entre manos
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, anticipó que acudirán a la justicia para detener la aplicación del decreto 2552, con el que el Gobierno declaró la nulidad de la venta del predio ferial de Palermo, al considerar que “había sido sustraído del patrimonio nacional”. Además, Etchevehere informó que el miércoles próximo se realizará un "contundente" paro ganadero de venta de hacienda en todo el país.



El ruralista consideró que "un atropello a la propiedad privada y a los derechos adquiridos" el decreto del gobierno nacional y aseguró que la SRA "cumplió con creces los cargos de la venta, y por eso, nos sentimos con la firmeza de poder reclamar esto y llegar a buen puerto".

El jueves pasado, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, dio a conocer el decreto que declaró nula la entrega de ese terreno realizada por el ex presidente Carlos Menem y el ministro Domingo Felipe Cavallo a la Sociedad Rural, en 1991. Abal Medina destacó que en los fundamentos del decreto se considera que el inmueble fue "sustraído del patrimonio del Estado nacional mediante la maniobra de asignarle un menor valor".

Etchevehere señaló que "los abogados ya están trabajando para presentarse a la Justicia en estos días" con el objetivo de que "este decreto directamente no se aplique". El dirigente ruralista consideró que la medida del gobierno se debe a "una venganza contra el campo por la 125 porque el campo ganó en la calle, ganó en el Congreso".

El decreto de restitución, que basa sus argumentos en el fallo del juez federal Sergio Torres y en un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación de 2010, señala que la Sociedad Rural se había comprometido a pagar 30 millones de dólares –financiado en diez cuotas anuales de dos millones de dólares cada una y un primer pago en efectivo– cuando la propiedad tenía en aquel momento un valor real de 60 millones de dólares, según lo había determinado el Tribunal de Tasación de la Nación. Además de recuperar el predio, el Estado podrá reclamarle a la SRA una deuda por 157 millones de pesos.


http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-210506-2012-12-23.html

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Viernes, 21 de diciembre de 2012 | Hoy
ECONOMIA › EL GOBIERNO ANULO POR DECRETO LA CESION DEL PREDIO DE PALERMO A LA SOCIEDAD RURAL, QUE VUELVE AL ESTADO



“Había sido sustraído del patrimonio nacional”
Juan Abal Medina, jefe de Gabinete, señaló que se trataba de un acto de recuperación patrimonial, sustraído por un hecho delictivo, del cual responsabilizó a Carlos Menem, Domingo Cavallo y otras nueve personas que fueron denunciadas.



Por Sebastián Premici
El Estado nacional recuperó el Predio Ferial de Palermo, conocido como la Rural. A través del decreto 2552, el Gobierno declaró nula la entrega de ese terreno realizada por el ex presidente Carlos Menem y el ministro Domingo Felipe Cavallo a la Sociedad Rural, en 1991. Según los fundamentos del decreto, leídos por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, dicho inmueble “fue sustraído del patrimonio del Estado nacional mediante la maniobra de asignarle un menor valor”. La Sociedad Rural se había comprometido a pagar 30 millones de dólares –financiado en diez cuotas anuales de dos millones de dólares cada una y un primer pago en efectivo– cuando la propiedad tenía en aquel momento un valor real de 60 millones de dólares, según determinó el Tribunal de Tasación de la Nación. Además de recuperar el predio, el Estado podrá reclamarle a la SRA una deuda por 157 millones de pesos. Para tomar esta decisión, el Gobierno se basó en un fallo del juez federal Sergio Torres y en un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación de 2010. A partir de hoy, la Agencia de Administración de Bienes del Estado deberá tomar posesión del predio y, a posteriori, definir cuál será su nueva utilidad.

El predio de la Rural es conocido por realizar anualmente la exposición ganadera organizada por la Sociedad Rural, entre otra vasta cantidad de eventos y ferias. En 2003, la SRA vendió una parte de la empresa que había creado para gestionar el predio al actual diputado Francisco de Narváez. Recientemente, el diputado le vendió su parte al Fenix Entertainment Group. La entidad patronal nunca quitó sus patas de la Feria, ya que Daniel Pelegrina, actual vicepresidente de la SRA, también es el vicepresidente del predio Ferial.

“Que al existir en la compraventa analizada una desproporción sustancial en relación con el precio de venta estipulado sobre la base de la cual tampoco encontraría justificación económica la financiación de la operación, el decreto 2699/91 se encuentra viciado en sus elementos, causas, objetivo, finalidad y motivación”, puede leerse en los fundamentos del decreto.

La venta del predio se inscribió en la ley de reforma del Estado, a partir de la cual el gobierno de Menem privatizó (o mal vendió) todas las empresas del Estado –Aerolíneas Argentinas, YPF, Entel, Canal 13 y el resto de los canales de televisión abierta, entre otras compañías–. Las tierras fiscales actualmente conocidas como “La Rural” fueron parte de esa entrega, en connivencia con la patronal agropecuaria.

“Este no es un hecho aislado, sino que se inscribe claramente en la política de recuperación del Estado, de sus capacidades, de sus propiedades, y sus condiciones (...). Esta es la recuperación de un Estado que había sido prácticamente destruido a partir del año ’76, con las consignas del neoliberalismo, con la destrucción del Estado”, manifestó Abal Medina.

Por dicha operación, el Estado nacional inició una causa penal (Menem, Carlos Saúl y otros s/Delito de Acción Pública) a cargo del juez Sergio Torres, en la que fueron procesados Cavallo, Eduardo de Zavalía (ex presidente de la SRA), Juan Alberto Ravagnan (ex secretario de la SRA); los ex funcionarios del Banco Ciudad Raúl Orestes Angelini, Ricardo Isidoro Schapiro, Juan Manuel Insúa; junto a los funcionarios del ex Banco Hipotecario Nacional Jorge Frost, Carlos Alberto Ratto, Daniel Ivakhoff y Matías Lucas Ordóñez. Torres consideró que “quienes resultaron procesados, mediante la maniobra de asignarle un menor valor (al predio en cuestión), sustrajeron del patrimonio del Estado Nacional el inmueble en el cual se ubica el Predio Ferial de Palermo”.

A partir de las distintas irregularidades encontradas, avaladas por el juez Torres, la Procuración del Tesoro Nacional y la Sindicatura General de la Nación, el Estado procedió a revocar el decreto que originó la venta a la Sociedad Rural. Es decir, la recuperación del predio no será a través de una “expropiación”, sino que se revocó –por ser nulo de nulidad absoluta– el trámite administrativo que dio origen a la operación. “La declaración de nulidad que se instrumenta por el presente debe contemplar la restitución recíproca de las prestaciones cumplidas generadas a partir del dictado del acto que ahora se deja sin efecto”, sostiene el decreto 2552.

Por otro lado, la Agencia de Administración de Bienes del Estado podrá “determinar las compensaciones que pudieran resultar de la revocación dispuesta y adoptará las medidas que, en su caso, pudieran corresponder”. Esto no incluiría a la SRA y sí a otras empresas que fueron sumándose a la gestión del predio.

“La medida anunciada por el Poder Ejecutivo constituye un claro ataque a la propiedad privada, un avasallamiento a los derechos plasmados en nuestra Constitución nacional y es también una fuerte agresión al campo en su conjunto”, sostuvo la Sociedad Rural a través de un comunicado, donde además manifestaron que “ocupan legítimamente” ese predio desde 1875. La sola mención de esa fecha remite a la historia de la oligarquía ganadera en el país. El presidente de la entidad en aquella época era José María Jurado, que junto a José Martínez de Hoz y Eduardo Olivera arreglaron los primeros embarques de carne hacia la corona británica.

“Esta política tiene que ver con recuperar para todos los argentinos sus propiedades, sus capacidades, su decisión de autonomía y es el compromiso profundo de este Estado de continuar encaminándonos por esta senda”, concluyó Abal Medina.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-210365-2012-12-21.html

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Viernes, 21 de diciembre de 2012 | Hoy
ECONOMIA › RAUL MONETA, JAMES CHEEK Y DE NARVAEZ, LOS GESTORES
Socios y negocios del pasado
El sueño era convertir el privilegiado predio de doce hectáreas en un gigantesco emprendimiento comercial y de diversión. La obra siempre enfrentó el rechazo de los vecinos, pero tuvo mucho respaldo político en los ’90. Aun así, no pudo ser.



Por Raúl Dellatorre
Quienes defendieron su cesión a la Sociedad Rural sostenían que el predio enclavado en el corazón de Palermo podría convertirse en uno de los centros de exposiciones y convenciones más atractivos del mundo, más allá de la caracterizada muestra del campo que los cabañeros organizaban en cada mes de julio. Bastó que se concretara la cesión para que aparecieran quienes soñaban con convertirlo en un gigantesco emprendimiento inmobiliario. Poco tiempo después, el proyecto tomaba forma: un shopping de tres pisos, 18 cines, un parque de diversiones, un teatro para 2500 personas y un estadio deportivo para 7000. El favor de varios intendentes de la Ciudad para rezonificar el predio no alcanzó. La férrea oposición de agrupaciones vecinales frustró el negocio. No obstante, todavía en estos días seguían apareciendo firmas dedicadas a la explotación de espectáculos masivos deseosos de montar allí sus negocios.

El predio de doce hectáreas lindero a la Embajada de Estados Unidos –lo que da una idea de su privilegiada ubicación– tuvo un recorrido en los últimos 25 años paralelo a los acontecimientos políticos que se sucedieron en el país en ese mismo período. No sólo porque sus tribunas fueron testigo de hechos convertidos en emblemáticos de esta corta historia política –el contrapunto de Raúl Alfonsín con los representantes de la oligarquía y las clases acomodadas en 1988, el alineamiento de Federación Agraria y Coninagro con la Rural en la Mesa de Enlace en 2008–, sino porque la misma sucesión de acuerdos para su explotación marca la secuencia de una relación perversa entre política y negocios en esos años. El decreto que ayer anuló el Gobierno le había cedido la titularidad del terreno a la Sociedad Rural a un precio irrisorio para los valores inmobiliarios de la época. El hecho, innegable, era justificado en 1991 como una transacción “en favor de una asociación sin fines de lucro que, en los hechos, ya está a cargo del predio”. Se aludía, claro, a la Sociedad Rural. Pero eran tiempos de menemismo y la realidad no tardaba en salir a la luz, para quien quisiera verla.

Inmediatamente después de recibir la cesión del predio, la Sociedad Rural buscó conformar una firma comercial que se ocupara de la explotación del predio, es decir que lucrara con éste. El socio elegido fue Raúl Juan Pedro Moneta, a través de dos de sus empresas, Banco República y CEI. El escribano y banquero organizó la tradicional exposición rural anual y otros eventos durante corto tiempo, pero las complicaciones que atravesó en el sector bancario lo alejaron de la Rural. El espacio vacío fue ocupado por Ogden Argentina.

Ogden tenía como representante e impulsor en Argentina a James Cheek, que acababa de dejar su marca como embajador estadounidense en Buenos Aires por su particular estilo. Muchos lo recordarán con la camiseta de San Lorenzo alentando al Cuervo desde las plateas del Bajo Flores o en sus frecuentes encuentros con Menem, a quien no le iba en zaga en cuanto a salidas irónicas y desenfadadas. El simpático y pintoresco gringo dejó la diplomacia para pasar a ser el hombre fuerte de la filial de Ogden Entertainment, firma instalada en Delaware, paraíso o guarida fiscal en territorio estadounidense. En 1995, Sociedad Rural Argentina, entidad sin fines de lucro, concedió el usufructo del predio de doce hectáreas a la unión transitoria de empresas (UTE) constituida, en partes iguales, por La Rural de Palermo SA (de Sociedad Rural en su totalidad) y Ogden Argentina SA, por 30 años. Hasta el 2025.

Un dato no menor quizás, a esta altura de los acontecimientos, es que la UTE se comprometía a hacerse cargo de la deuda con el Estado por el saldo pendiente de la cesión de 1991. Además, asumía la responsabilidad por las obras que debían dar origen a un gigantesco shopping de tres pisos, 18 cines, un teatro, centros de recreación y deportes, parque de diversiones y un estadio deportivo.

La trama de relaciones entre negocios y política se fue poblando, en los años posteriores, de tantos elementos como sospechas. Según la minuciosa descripción de Horacio Verbitsky (“La política de los negocios”, Página/12, 14 de junio de 2009), pese al generoso crédito sin garantía real que obtuvo Ogden Rural del Banco Provincia en 1998, el megaemprendimiento no pudo concretarse. La oposición de vecinos pudo más que los favores de intendentes que, como De la Rúa, buscaron desafectar los terrenos de la Rural de su zonificación como espacio verde. El fin del proyecto prologó el fin de la participación de Ogden. Su reemplazante fue Francisco de Narváez.

El ex heredero de Casa Tía ingresó a la sociedad en 2003 comprando el 50 por ciento de la UTE mediante un vidrioso entramado de operaciones, que Verbitsky describe en la nota aludida. De Narváez habría pagado apenas 500 mil dólares por la transferencia, pero también se hizo cargo de las deudas de Sociedad Rural con el Estado y con Ogden Rural, que había adelantado dos millones de dólares para el pago de cuotas anteriores por la cesión del predio. De Narváez se obligó al pago de 60 mil dólares mensuales como adelanto de utilidades de explotación del predio a la Rural, pero sólo cumplió durante dos años. Además, estaba la deuda con el Banco Provincia. Pero no era su patrimonio personal y pool de empresas lo que De Narváez pensaba poner en juego en el emprendimiento, sino su capital político, que creía para entonces en franco crecimiento.

En 2004, Boulevard Norte, una de las firmas del Grupo De Narváez que intervino en la arquitectura de la operación, compró la participación de La Rural de Palermo SA en la UTE, quedándose así con el total del usufructo del predio. Uno de los compromisos que asumió entonces fue extender hasta el fin de la concesión del usufructo, 2025, el pago del canon de 60 mil dólares mensuales.

Con apoyo de los sucesivos gobiernos municipales (Jorge Telerman primero, Mauricio Macri después), De Narváez confiaba en conseguir la rezonificación que le permitiera retomar el proyecto del gigantesco emprendimiento comercial y de espectáculos. Había convocado para sumarse al proyecto a la mexicana CIE, Corporación Internacional de Entretenimientos, y contaba entre los futuros participantes en el negocio con la desarrolladora CreUrban, originalmente perteneciente al Grupo Macri pero desde hacía pocos años cedida a Angelo Calcaterra, sobrino de Franco y primo hermano de Mauricio. Pero, como en el caso de Ogden, las condiciones económicas y políticas no resultaron como De Narváez esperaba. El proyecto político y el comercial iban de la mano. Las sociedades y alianzas, también. De Narváez empezó a ver, desde hace un tiempo, que su barca hacía agua. Empezó a alivianar carga, como el intento apresurado de deshacerse del predio de La Rural. ¿Sabría lo que se venía? ¿Lo habrá logrado?


http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-210367-2012-12-21.html

16 de diciembre de 2012

LOS FALLOS DEL JUEZ ALFONSO, LA CAMARA DE NUEVA YORK Y EL TRIBUNAL DEL MAR


Domingo, 16 de diciembre de 2012

EL PAIS › LOS FALLOS DEL JUEZ ALFONSO, LA CAMARA DE NUEVA YORK Y EL TRIBUNAL DEL MAR
El centro del ring
Tres fallos que ratifican la centralidad política de CFK. El caso Clarín tiene gran valor simbólico, porque es la única empresa que rechaza la regulación estatal y discute quién gobierna. Kirchner subió al ring a los medios, Cristina a la Justicia. Marita Verón y Candela Rodríguez, dos casos de connivencia institucional con el crimen, pero con distinta valoración por parte del gobierno nacional. La ley Scioli-Casal reforzará esas redes de ilegalidad con participación policial y judicial.



Por Horacio Verbitsky
El fallo de fondo del juez Horacio Alfonso en respaldo de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual redujo la interpretación del 7D como un fracaso del gobierno nacional a una mera expresión de deseos de políticos y medios de la oposición. Pero aun antes de la sentencia de Alfonso, que coincide con el fiscal Fernando Uriarte en que no hay afectación de derechos constitucionales, ni de libertad de expresión ni de propiedad, esa lectura no se compadecía con lo sucedido hace una semana. Por el contrario, CFK volvió a mostrar una capacidad de interpelación a sectores diversos de la sociedad que nadie más posee en la Argentina de esta década. El nuevo fallo dilatorio de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial para la aplicación plena de la ley no empañó la convocatoria masiva que reprodujo el clima del Bicentenario, contra todos los vaticinios sobre declinación de las respuestas positivas que la presidente suscita. Su número fue igual o mayor que el de la concentración adversa del 8N, pero su composición y su tono la diferenciaron por completo. La convocatoria a una fiesta popular fue honrada por una multitud donde el núcleo duro que responde a Cristina en cualquier circunstancia fue acolchonado por sectores medios que no desertan del frente policlasista plebiscitado en los comicios de 2011. Aun los contestatarios más enconados saben que si hoy hubiera elecciones, tal vez la diferencia se ampliaría, porque la oferta electoral opositora se ha diversificado. Por eso, precisamente, han encontrado su único punto de unidad en la negativa a facilitar una reforma constitucional que habilite una tercera candidatura de Cristina. Los sucesivos intentos de unir el aceite radical-socialista con el vinagre del macrismo y el Peornismo Opositor, a las patronales agropecuarias con la política que te gusta, son desbarres al estilo de los que cometieron en 2010 cuando con el Grupo Ahhh... controlaron el Congreso. Lejos de fortalecer a la oposición muestran su desconcierto. Por el contrario, el gobierno termina el año con una seguidilla de buenas noticias, que confirman la justeza de las firmes posiciones asumidas contra todas las presiones, internas y externas. El temple con que Cristina las resistió es un dato que nadie puede soslayar. A este fallo se suman los de la Cámara de Apelaciones de Nueva York contra los fondos buitre y la liberación de la Fragata Libertad ordenada por el Tribunal del Mar.

Ni la letra ni el espíritu

Ahora que el juez Alfonso ha removido el obstáculo cautelar vale la pena preguntarse qué ocurrirá con el Grupo Clarín, que ya anunció que apelará y que considera que la cautelar sigue en vigencia hasta que la revoque la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial. A pocas horas del fallo, comenzó a interpretarlo en su portal, bajo el título panglosiano “Los constitucionalistas cuestionan el fallo”, aduciendo que no era una sentencia “definitiva y firme”, cuando la Cámara sólo había hablado de sentencia definitiva como límite a la vigencia de la cautelar. Es dudoso que la mera apelación vuelva a congelar la ley sabiendo la Cámara que el 22 de mayo la propia Corte Suprema adelantó una opinión coincidente con la de Alfonso. Lo único probable es que intente concederle al Grupo un año más, con vencimiento el 7D de 2013, aunque tampoco esta argucia parece viable ante la Corte. En el mismo estilo de esa nota de Clarín, las interpretaciones sobre la ley de medios y políticos de la oposición no surgen de su texto ni de su espíritu:

- Joaquín Morales Solá pretende que el propósito oficial es “la liquidación del Grupo Clarín”;

- Su colega Carlos Pagni añade que se trata de “liquidar a Clarín” o que “ese holding sea silenciado”.

- Fernando Laborda alega que “el objetivo final es herir de muerte al Grupo Clarín”, y

- Nelson Castro, que “el Gobierno quiere destruir Clarín”.

- Luis Majul, que la presidente procura hacerlo desaparecer.

- José Eliaschev, que el objetivo es “la muerte del Grupo Clarín”.

- El editor responsable del diario Clarín, Ricardo Kirschbaum, que la obsesión oficial “es hundir a Clarín”.

- Ya sin adjetivos que modulen su exasperación, la columnista Susana Viau acudió al léxico bélico: dijo que había una “operación de acoso y derribo del Grupo Clarín”.

- Otros columnistas y editoriales hablaron de desguazar, desarticular, desmantelar, castigar, derrotar, quebrantar, doblegar o condicionar al mayor grupo mediático del país.

- En la misma cuerda, el dirigente radical Ernesto Sanz y el socialista Roy Cortina sostuvieron que el plan es “destruir” a Clarín.

- Para el Peornista Opositor Enrique Thomas, se procura “la destrucción del Grupo Clarín”.

- Federico Pinedo opina que el gobierno quiere “matar” a Clarín.

- Para la indefinible Patricia Bullrich el gobierno quiere que “por lo menos Clarín y La Nación desaparezcan” 1.

Esta confusión entre el diario y el Grupo Clarín no es inocente: la ley no se refiere a medios gráficos sino audiovisuales, lo cual excluye de cualquier riesgo a ambos diarios. Si el Grupo Clarín admitiera adecuarse a la ley podría conservar todas sus bocas de infundio político: nada le impediría mantener el canal 13 de televisión abierta, la radio Mitre y la señal de cable Todo Noticias, con sus tenembaums, lanatas y alfanos. También podría dividirse en varias sociedades encabezadas por sus accionistas principales, siempre que se tratara de compañías reales, independientes, con sede social, administración y equipos diferentes. Así ocurrió en Estados Unidos en 1911, cuando la Corte Suprema ordenó que la compañía petrolera Standard Oil se dividiera en 34 unidades independientes y en 1984 cuando el viejo monopolio telefónico Ma Bell debió alumbrar las siete Baby Bell. Lo que cambió allí y cambiará aquí es la posibilidad del ingreso de nuevos actores que hoy tienen cerradas las puertas por la posición dominante de quien controla el mercado. Si en aquellos casos esa obstrucción afectaba la competencia en los mercados del petróleo y las comunicaciones, aquí está en juego la posibilidad del pueblo de escuchar una pluralidad de voces antes de elegir a sus gobernantes. Las declaraciones públicas y privadas del presidente de la Afsca, Martín Sabbatella, no descartan que la desinversión de oficio siga esas mismas líneas, que en nada afectarían la posibilidad del Grupo Clarín de ventilar, por los mismos medios que ha usado hasta ahora, su despecho con el proceso popular abierto en 2003.

Un caso testigo

Una pregunta repetida es si un objetivo tan moderado justifica una batalla tan áspera. Uno de los iconos del entretenimiento ligero, Mario Pergolini, ironizó sobre la propuesta de las familias Vila y Manzano para dividir su holding. Una inquietud similar se eleva desde varias organizaciones sociales. La respuesta sólo puede ser afirmativa, porque la disputa tiene una dimensión simbólica trascendente para la democracia argentina. En los mismos términos en que lo planteó Juan D. Perón hace siete décadas, cuando no regula el Estado, que defiende el bien público y el interés general, lo hacen los monopolios que sólo buscan el lucro privado. Por supuesto esta pugna de poder se reproduce en otros sectores, como lo muestran estos diez ejemplos:

1. La expropiación de Aerolíneas Argentinas, Aguas Argentinas, Correo Argentino e YPF,

2. Las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que incrementaron el componente directo de la recaudación impositiva y mejoraron la distribución del ingreso,

3. La recuperación del sistema previsional, que sólo aprovechaban los bancos y algunos de sus socios privilegiados,

4. Las multas millonarias a las cementeras por cartelizar el mercado y subir los precios,

5. Las sanciones a las traders cerealeras que triangulan con subsidiarias en otros países para eludir impuestos,

6. Las regulaciones del Banco Central sobre el tipo y las condiciones de los préstamos que están obligados a otorgar los bancos,

7. El fraccionamiento de la licitación para el gasoducto del Noreste, de modo de impedir que Techint realice la obra y provea los tubos,

8. El control estatal del mercado de valores para asegurar la transparencia de sus colocaciones.

9. La obligación para las entidades de atender sin costo la bancarización de quienes perciben la Asignación Universal por Hijo o una jubilación,

10. La regulación estatal de todas las variables del negocio hidrocarburífero dispuesta por el decreto 1277.

La particularidad es que Clarín resiste la aplicación de la ley y lo hace no sólo mediante recursos judiciales, sino comprando jueces, sugiriendo líneas de actuación a los partidos políticos opositores, ocultando cualquier logro del gobierno. El jueves, apenas dedicó 72 palabras al Premio Internacional de la Diversidad Sexual, entregado a Cristina en Estocolmo con beneplácito del gobierno sueco, por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA). Lo hizo en un párrafo escondido al final de una nota nueve veces más larga, titulada “Cristina reclamó que haya control sobre los jueces”. La inconstitucionalidad reclamada por el Grupo Clarín era una cuestión de puro derecho y es imposible justificar que haya insumido tres años de demora, mientras la medida cautelar más extensa de la historia impedía aplicarla, pese a que tanto la Corte Suprema como el fiscal sostuvieron que la ley no afecta la libertad de expresión. Por el contrario, cumple con el mandato del sistema interamericano de protección a los derechos humanos de impedir la formación de monopolios (públicos o privados). Lo que se debate es si gobiernan las autoridades electas a través de las leyes sancionadas por el Congreso o los poderes económicos.

Entre las cuerdas

Otra cuestión que se ha suscitado esta semana es si valía la pena extender esa pugna, del Grupo Clarín a la Justicia. Como era previsible, los recursos oficiales de nulidad por superintendencia y de salto de instancia fueron rechazados por la Corte Suprema y el gobierno debió seguir el camino habitual del recurso extraordinario ante la misma Cámara domeñada por el Grupo Clarín. El fallo definitivo de primera instancia abrevió ese camino. Podría decirse entonces que nada de lo que hizo el gobierno era necesario. Pero es más probable que el dramatismo de la actitud oficial haya incidido en la felicidad con que Alfonso apuró el paso (según el curioso par binario de Ricardo Lorenzetti en su mensaje grabado a los jueces). Esto sugiere que para el gobierno el embrollo no es judicial sino político y que Cristina intenta hacer con la Justicia lo mismo que Néstor Kirchner le hizo a Clarín, con las ya famosas preguntas: “¿Qué te pasa?” y “¿Estás nervioso?” La figura es la de una lona en la que el gobierno se defiende del ataque del poder económicomediático mientras en el ringside un juez displicente, de impecable traje blanco, anota en su tarjeta los puntos que favorecen al adversario, cualquiera haya sido el desarrollo de cada round. Hasta que el Estado toma de la solapa al elegante y lo arroja al centro del ring para que al ayudar a su adversario también pueda comerse una réplica. Sin duda, es una salvajada que rompe las reglas del juego. Pero ese juego era tramposo y ahora cualquiera puede advertirlo. El ciclo kirchnerista ha hecho más que cualquier otro por modificar la composición y las prácticas de la Justicia, con reformas en los procedimientos de designación de magistrados que implicaron resignar facultades constitucionales a favor de una mayor transparencia y participación. Sin embargo, ahora por primera vez el dilema de la Justicia entre ser una corporación o un poder del Estado es puesto de relieve con absoluta claridad, lo cual no equivale a decir que su resolución correcta esté asegurada.

De qué se trata

El dirigente de la UCR Oscar Aguad llegó a decir en la señal noticiosa del Grupo Clarín que el fallo absolutorio a los acusados por la desaparición y esclavitud de Marita Verón podría ser una maniobra oficialista para cuestionar a la Justicia y propiciar la reforma constitucional. Esta presunción sólo revela el nivel injurioso y ramplón del sector radical que intenta torcer el rumbo hacia una alianza con Maurizio Macrì. Pero es cierto que CFK captó con una notable sensibilidad para los temas populares la repercusión de ese veredicto y lo vinculó en forma inobjetable con el desempeño que le preocupa de la Justicia en lo cautelar federal civil y comercial. Se comunicó de inmediato con Susana Trimarco, le prometió acompañarla en su reclamo e incluyó en sesiones extraordinarias del Congreso la reforma a ley de trata, que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores. Esta saludable reacción toma nota de la vinculación de la Justicia con las redes de ilegalidad de las que también participan las instituciones de seguridad y un sector de la política. En ese sentido el gobierno provincial se colocó a la defensiva: José Alperovich, cuando se difundió una foto suya con La Chancha Alé, sindicado como el máximo jefe de la cosa nostra tucumana; su esposa Beatriz Rojkés, al referirse en forma complaciente o al menos resignada a gravísimos delitos que, dijo, siempre existieron y seguirán existiendo. Ante la ira presidencial ambos tuvieron que retroceder: el gobernador visitó a Susana Trimarco y aceptó su solicitud de relevar al ministro de gobierno y la incomprensible vicepresidente del Senado debió disculparse ante la madre de la víctima. Opinar sobre el fallo es difícil, cuando sólo se ha difundido el veredicto absolutorio. Pero la instrucción policial y judicial fue desastrosa, esa etapa había concluido en 2004 y desde entonces la causa podría haber pasado al juicio oral. Algunas víctimas tuvieron que declarar a lo largo de tres días, algo que ni siquiera ocurrió en el juicio a los ex comandantes de 1985. El maltrato incluyó la interrupción de sus dramáticos testimonios porque los jueces querían irse a almorzar. El día de la lectura, la madre de Marita debió esperar afuera cuatro horas mientras los acusados festejaban su absolución antes de la lectura del veredicto. Sería comprensible que entre los trece imputados hubiera varias absoluciones, pero por lo menos ocho testimonios de otras víctimas demostraron que Marita había pasado contra su voluntad por varios prostíbulos de esa organización, por lo que el fallo parece más bien una absolución eclesiástica. La actitud de ambas Cámaras tiene un punto decisivo en común: en ambos casos se trata de una justicia cómplice de los poderosos.

Cárcel para todxs

Opuesto es el caso de los jueces a quienes Cristina fustigó desde la Plaza de Mayo por dejar en libertad a detenidos que luego vuelven a delinquir. Coherente con ese discurso, el kirchnerismo bonaerense le dio los votos a Daniel Scioli y al alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal para maniatar a los jueces de garantías y transferir a la policía la decisión sobre quien queda detenido en las abarrotadas cárceles provinciales, al prohibir la excarcelación de quienes la policía diga que portaba armas al ser detenido. Junto con los partidarios de renovar el añejo pacto políticopolicial levantaron la mano los mismos senadores que en septiembre aprobaron el informe de la comisión investigadora del asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez. Su texto cuestionó en forma severa la connivencia entre los organismos encargados de aplicar la ley y grupos organizados para violarla, lo cual incluye el plantado de pruebas para desviar una investigación hacia sectores sin poder preservando las redes de ilegalidad que no podrían funcionar sin un componente policial y judicial. La comisión recomendó al Poder Ejecutivo que exonerara, separara de sus cargos e iniciara acciones penales contra el jefe de policía, Hugo Matzkin, y otros cincuenta oficiales de los más altos rangos, incluyendo varios catalogados como “narcopolicías” y que “asuma la responsabilidad de conducir la agencia policial evitando el autogobierno de la misma”. Pero Scioli ratificó su confianza en Matzkin y apenas tres meses después le amplió las facultades para falsificar procedimientos y seleccionar en forma arbitraria a los nuevos huéspedes de la tenebrosa Hotelería Casal.

1 Ediciones de La Nación de los días 21 de octubre, 8 de noviembre, 4, 10 y 13 de diciembre de 2012; de Clarín de los días 10 de octubre, 9, 12 de diciembre de 2012; de Perfil de los días 8 de diciembre de 2012; de La Prensa del 12 de diciembre de 2012; 10 de octubre de 2012; de El Parlamentario de los días 25 de diciembre de 2011, 22 de noviembre y 25 de diciembre de 2012; de la señal TN del 5 de julio y el 12 de octubre de 2012 y del diario español El Mundo, del 7 de diciembre de este año.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-209971-2012-12-16.html

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Domingo, 16 de diciembre de 2012
EL PAIS › ALDO FERRER RECLAMO LEYES QUE REDUZCAN EL PODER DE LOS BUITRES
“No pueden digerir que exista el Estado”
Para el actual embajador en Francia, el ataque de los fondos buitre contra Argentina es parte de “la resistencia externa porque reapareció el Estado, que demostró que es posible salir adelante dando por tierra con las teorías neoliberales”.




Por Raúl Dellatorre
Aldo Ferrer es actualmente embajador argentino en Francia, pero a lo largo de varias décadas de coherente y lúcida defensa de la economía nacional –con la producción y el empleo como objetivos centrales– se ha convertido un referente de quienes se opusieron al modelo neoliberal. Respecto de la forma en la que el gobierno nacional resolvió el problema de la deuda a partir de 2005 y los factores de poder que hoy debe enfrentar en el exterior, como los fondos buitre y el apoyo que éstos reciben en algunos círculos financieros, incluso domésticos, Ferrer opina: “En realidad, la resistencia que viene de afuera es por la reaparición del Estado, y las críticas se basan en las creencias viejas que dicen que un país periférico como el nuestro tiene que hacer lo que le dicen”. El economista y embajador apuntó, respecto del fallo del Tribunal de Hamburgo y la forma en que Argentina va logrando superar los escollos que le presentan los grupos financieros especulativos, su esperanza de que “pueda aparecer legislación en algún lugar donde modifique este sistema enfermo, en el que los fondos buitre aparecen como infectando aun más la situación”.

En una entrevista que concedió a la agencia Télam, señaló que ese protagonismo estatal “va más allá de cumplir con los pagos de la deuda, hemos demostrado que un país puede salir adelante solo, con políticas acertadas de producción y de empleo, y eso es muy difícil de digerir”. El economista, autor de libros que están entre los más estudiados y citados sobre economía argentina, sostuvo que la imagen que tiene hoy Argentina, después de haber cancelado el último compromiso de pago de deuda del año, “es la de un país que cumple y lo hace con recuperación de soberanía interna, reestructurando deuda, con la pesificación del sistema financiero, nacionalizando el sistema jubilatorio, YPF, en síntesis, recuperando el Estado”.

“Esto –agregó– es lo que caracterizó la situación posterior a la crisis del 2001, la reaparición de un Estado con capacidad de hacer política económica sobre la solidez del modelo, y eso, para los intereses de algunos, es inaceptable.” Agregó que “por eso, más allá del barullo que arman, lo importante es lo que hacemos fronteras para adentro. Nos estamos ubicando en el mundo de forma dinámica, la relación con Brasil, la posición en América latina, y esto hay que consolidarlo”.

Según el actual embajador en París, “nosotros hemos dado por tierra con todas las teorías neoliberales, hemos demostrado que un país puede salir adelante solo, con políticas acertadas de producción y empleo. Argentina escribió una historia distinta y esto genera un recelo porque hizo lo contrario de lo que se dice que hay que hacer. Argentina desmontó este andamiaje del neoliberalismo y esto es muy difícil de digerir”.

Ferrer postula que “las malas políticas son inducidas en parte por el mismo sistema financiero porque, por ejemplo, cuando se creó el euro, muchos entraron en una senda de endeudamiento y terminaron con burbujas especulativas que los dejaron sumidos en la crisis que viven ahora. Lo sorprendente es que en la Unión Europea no terminen de ver cuál es el verdadero origen del problema. Todo eso que se dice de salvatajes, paquetes de ayuda, en realidad consiste en seguir tomando créditos sabiendo que no van a ser pagados. Es como un casino, donde ponen la plata y, bueno, el casino estalló con esos refinanciamientos que no resuelven el problema”.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-209989-2012-12-16.html

12 de diciembre de 2012

Ley de trata - El poder Judicial


Miércoles, 31 de agosto de 2011 | Hoy

19:42 › CONTEMPLA PENAS DE 2 A 15 AÑOS DE PRISION

El Senado dio media sanción a la Ley de trata

La Cámara alta aprobó por unanimidad un proyecto para aumentar las penas a los implicados en trata de personas y ampliar la protección de las víctimas, que ahora deberá ser aprobado por Diputados. El proyecto, que modifica la ley 26.364, incluye como principal cambio la eliminación del consentimiento de la víctima, si es mayor de edad, como atenuante de la responsabilidad de un acusado de trata de personas.


El texto define la trata como el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países. Prevé, además, castigos cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad; cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados y cuando se promoviere la prostitución ajena o la prostitución infantil.

De acuerdo con el proyecto, el proxenetismo simple será condeando con penas que entre los 2 y 4 años de prisión, y con 5 a 15 años en el caso de que las víctimas queden embarazadas o sean menores. La iniciativa contempla también crear organismos específicos para la asistencia y la reparación del daño a las víctimas y determina que deben recibir información sobre los derechos que le asisten, en su idioma y en forma accesible a su edad y madurez, y dispone la asistencia psicológica y médica gratuitas.

Además, obliga al Estado a brindar alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente y elementos de higiene personal a las personas que sufrieron este tipo de delitos. También plantea la creación del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas que funcionará dentro de la Jefatura de Gabinete con el fin de constituir un ámbito permanente de acción y coordinación institucional para el seguimiento de este tema. Entre otras tareas, deberá diseñar estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que contribuyan a prevenir y combatir el delito de trata, y a proteger y asistir a las víctimas y sus familias.

También se crea en el ámbito del Ministerio Público Fiscal el Sistema Sincronizado de Denuncias sobre el Delito de Trata de Personas, y se le asigna el número telefónico 145 en todo el territorio nacional. El proyecto final que esta tarde aprobó el Senado se elaboró sobre la base de iniciativas de los legisladores Beatriz Rojkés de Alperovich, Sergio Mansilla, Adriana Bortolozzi, Liliana Negre de Alonso, Roy Nikish y Juan Carlos Romero.

El proyecto fue presentado por la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, la salteña Sonia Escudero, quien manifestó que "lo único que hace el Senado con esta modificación es cumplir con el mandato constitucional del artículo 15 que desde 1853 establece que 'en la Nación Argentina no hay esclavos'".


http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-175767-2011-08-31.html


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http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/140100/norma.htm
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Ley 26.364 - Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.
29 de abril de 2008.
BO 30/4/2008
PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS
LEY 26.364
Disposiciones Generales. Derechos de las Víctimas. Disposiciones Penales y Procesales. Disposiciones Finales. Sancionada: Abril 9 de 2008 Promulgada: Abril 29 de 2008

Ley 26.364
DERECHOS HUMANOS
DELITOS
Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

sanc. 09/04/2008; promul. 29/04/2008; publ. 30/04/2008
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. Sancionan con fuerza de Ley:
PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1. - Objeto. La presente ley tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas.
Art. 2. - Trata de mayores de DIECIOCHO (18) años. Se entiende por trata de mayores la captación, el transporte y/o traslado -ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior-, la acogida o la recepción de personas mayores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta.
Art. 3. - Trata de menores de DIECIOCHO (18) años. Se entiende por trata de menores el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado -ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior-, la acogida o la recepción de personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación.
Existe trata de menores aun cuando no mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.
El asentimiento de la víctima de trata de personas menores de DIECIOCHO (18) años no tendrá efecto alguno.
Art. 4. - Explotación. A los efectos de la presente ley, existe explotación en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas;
b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados;
c) Cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual;
d) Cuando se practicare extracción ilícita de órganos o tejidos humanos.
Art. 5. - No punibilidad. Las víctimas de la trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata.
Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que las damnificara.
TITULO II
DERECHOS DE LAS VICTIMAS
Art. 6. - Derechos. Las víctimas de la trata de personas tienen derecho a:
a) Recibir información sobre sus derechos en un idioma que comprendan, y en forma accesible a su edad y madurez;
b) Recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente e higiene personal adecuada;
c) Contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas;
d) Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado;
e) La protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, pudiéndose incorporar al programa nacional de protección de testigos en las condiciones previstas en la Ley Nº 25.764.
f) La adopción de las medidas necesarias para garantizar su integridad física y psicológica;
g) Ser informadas del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso;
h) Ser oídas en todas las etapas del proceso;
i) La protección de su identidad e intimidad;
j) Permanecer en el país, de conformidad con la legislación vigente, y a recibir la documentación o constancia que acredite tal circunstancia;
k) Que se les facilite el retorno al lugar en el que estuviera asentado su domicilio;
l) Acceder de manera voluntaria y gratuita a los recursos de asistencia.
En el caso de niños, niñas y adolescentes, además de los derechos precedentemente enunciados, se garantizará que los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales que implican la condición de ser un sujeto en pleno desarrollo de la personalidad. En ningún caso podrán ser sometidos a careos. Las medidas de protección de derechos aplicables no podrán restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación de su libertad. Se procurará la reintegración a su familia nuclear o ampliada o a su comunidad.
Art. 7. - Alojamiento de las víctimas. En ningún caso se alojará a las víctimas de la trata de personas en cárceles, establecimientos penitenciarios, policiales o destinados al alojamiento de personas detenidas, procesadas o condenadas.
Art. 8. - Derecho a la privacidad y reserva de identidad. En ningún caso se dictarán normas que dispongan la inscripción de las víctimas de la trata de personas en un registro especial, o que les obligue a poseer un documento especial, o a cumplir algún requisito con fines de vigilancia o notificación.
Se protegerá la privacidad e identidad de las víctimas de la trata de personas. Las actuaciones judiciales serán confidenciales. Los funcionarios intervinientes deberán preservar la reserva de la identidad de aquéllas.
Art. 9. - Representantes diplomáticos y consulares. Es obligación de los representantes diplomáticos y consulares de la Nación en el extranjero proveer a la asistencia de los ciudadanos argentinos que, hallándose fuera del país, resultaren víctimas de los delitos descriptos en la presente ley, y facilitar su retorno al país, si así lo pidieren.
TITULO III
DISPOSICIONES PENALES Y PROCESALES
Art. 10. - Incorpórase como artículo 145 bis del Código Penal, el siguiente:
Artículo 145 bis: El que captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de dieciocho años de edad, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, con fines de explotación, será reprimido con prisión de TRES (3) a SEIS (6) años.
La pena será de CUATRO (4) a DIEZ (10) años de prisión cuando:
1. El autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, ministro de algún culto reconocido o no, o funcionario público;
2. El hecho fuere cometido por TRES (3) o más personas en forma organizada;
3. Las víctimas fueren TRES (3) o más.
Art. 11. - Incorpórase como artículo 145 ter del Código Penal, el siguiente:
Artículo 145 ter: El que ofreciere, captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación, será reprimido con prisión de CUATRO (4) a DIEZ (10) años.
La pena será de SEIS (6) a QUINCE (15) años de prisión cuando la víctima fuere menor de TRECE (13) años.
En cualquiera de los supuestos anteriores, la pena será de DIEZ (10) a QUINCE (15) años de prisión, cuando:
1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima;
2. El autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, ministro de algún culto reconocido o no, o funcionario público;
3. El hecho fuere cometido por TRES (3) o más personas en forma organizada;
4. Las víctimas fueren TRES (3) o más.
Art. 12. - Sustitúyese el artículo 41 ter del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 41 ter: Las escalas penales previstas en los artículos 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este Código podrán reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los partícipes o encubridores que, durante la sustanciación del proceso o antes de su iniciación, proporcionen información que permita conocer el lugar donde la víctima se encuentra privada de su libertad, o la identidad de otros partícipes o encubridores del hecho, o cualquier otro dato que posibilite su esclarecimiento.
En caso de corresponder prisión o reclusión perpetua, podrá aplicarse prisión o reclusión de OCHO (8) a QUINCE (15) años.
Sólo podrán gozar de este beneficio quienes tengan una responsabilidad penal inferior a la de las personas a quienes identificasen.
Art. 13. - Sustitúyese el inciso e) del apartado 1) del artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente:
e) Los previstos por los artículos 142 bis, 145 bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 212 y 213 bis del Código Penal.
Art. 14. - Serán aplicables las disposiciones de los artículos 132 bis, 250 bis y 250 ter del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 15. - Sustitúyese el artículo 119 de la Ley Nº 25.871, por el siguiente:
Artículo 119: Será reprimido con prisión o reclusión de DOS (2) a OCHO (8) años el que realice las conductas descriptas en el presente capítulo empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de la necesidad o inexperiencia de la víctima.
Art. 16. - Sustitúyese el artículo 121 de la Ley Nº 25.871, por el siguiente:
Artículo 121: Las penas establecidas en el presente capítulo se agravarán de CINCO (5) a QUINCE (15) años cuando se hubiere puesto en peligro la vida, la salud o la integridad de los migrantes o cuando la víctima sea menor de edad; y de OCHO (8) a VEINTE (20) años cuando el tráfico de personas se hubiere efectuado con el objeto de cometer actos de terrorismo, actividades de narcotráfico o lavado de dinero.
Art. 17. - Deróganse los artículos 127 bis y 127 ter del Código Penal.
TITULO IV
DISPOSICIONES FINALES
Art. 18. - Presupuesto. El Presupuesto General de la Nación incluirá las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
Art. 19. - Reglamentación. Esta ley será reglamentada en un plazo máximo de SESENTA (60) días contados a partir de su promulgación.
Art. 20. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL DIA NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL OCHO. - REGISTRADO BAJO EL Nº 26.364 - EDUARDO A. FELLNER. - JULIO CESAR C. COBOS. - Marta A. Luchetta. - Juan J. Canals

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Domingo, 18 de noviembre de 2012 | Hoy
EL PAIS
Carteles


Por Horacio Verbitsky
Envuelto en la bandera argentina, el camarista federal de Bahía Blanca Augusto Enrique Fernández exhibió un cartel casero muy al tono en la marcha del jueves 8. Fernández se jubiló en abril, con un haber mensual de 45.000 pesos, pero antes excarceló a 36 represores procesados por crímenes de lesa humanidad. Culminó así una carrera iniciada en 1990, cuando su designación para disciplinar a la única Cámara del país que había declarado la inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida fue impulsada por el entonces vicepresidente Eduardo Duhalde, padrino de su casamiento y de uno de sus hijos. Como secretaria, designó a Stella Maris Suppicich Speroni de Ramos, hija de uno de los máximos jefes de la ESMA. Ese año apartó al fiscal Hugo Cañón de las causas contra media docena de oficiales de la Armada y aceptó en su reemplazo al fiscal designado ad hoc por el gobierno, Norberto Quintín, quien apoyó la constitucionalidad del indulto presidencial. La jubilación de Fernández se produjo cuando el consejo de la magistratura lo convocó en un expediente por persecución a empleados, por denuncia del Sindicato de Judiciales.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/208059-61195-2012-11-18.html


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Domingo, 18 de noviembre de 2012 | Hoy

EL PAIS
Carreras



Por Horacio Verbitsky
El camarista federal en lo civil y comercial de la Capital Francisco Horacio De las Carreras fue condenado al pago de 2400 pesos de multa por manejar 23 veces a excesiva velocidad su auto con patente EVR-447. Lo más interesante fue el descargo que De las Carreras intentó ante su colega porteño, Norberto Luis Circo. Como atiende su despacho en la Capital pero vive en San Isidro, utiliza la Autopista Arturo Illia y la Avenida Lugones, donde la circulación “resulta altamente peligrosa por la proliferación de hechos delictivos realizados por los ocupantes de los terrenos del ferrocarril (denominada villa de emergencia nº 31). En virtud de ello, consideró que no es posible circular libremente sin temor de ser víctima de algún hecho de violencia o robo con agresión física”. Circo sostuvo que esos argumentos “no resisten el menor análisis” y señaló que como juez debía respetar las normas “con mayor apego que el resto de la ciudadanía”. De las Carreras es el camarista imputado por el fiscal federal Eduardo Taiano por haber asistido a un encuentro de Medios de Comunicación en Miami, auspiciado por Cablevisión, mientras tenía a resolución una causa que interesa al Grupo Clarín.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/208059-61194-2012-11-18.html

10 de diciembre de 2012

Latifundios mediáticos


Latifundios mediáticos

Año 5. Edición número 236. Domingo 25 de noviembre de 2012


Por Fernando Arellano Ortiz.

Contrainjerencia.comcontacto@miradasalsur.com

El prestigioso analista internacional Ignacio Ramonet, director de la edición española de Le Monde Diplomatique, explica en esta entrevista por qué los grandes pool de medios regionales han decidido ponerle punto final a la continuidad política de los gobiernos progresistas latinoamericanos. Además, el escritor español advierte que internet está sepultando definitivamente la forma tradicional de hacer periodismo y que dicho fenómeno no tiene vuelta atrás.Cómo se explica la actitud de manipulación y mentira de los monopolios mediáticos en América latina?, se pregunta el especialista español en ciencias de la comunicación Ignacio Ramonet, al referirse sobre el fenómeno de lo que muchos analistas han calificado como “la canalla mediática”.

Su respuesta es contundente: los que él denomina “latifundios mediáticos” privados en Latinoamérica, porque concentran canales de televisión, estaciones de radio, periódicos y revistas, han declarado una guerra a muerte a los gobiernos progresistas de la región debido a que en su lucha por pagar la deuda social mediante un Estado redistributivo, pretenden desconcentrar el poder de la palabra impulsando una información pluralista que afecta sus intereses corporativos.
Lo paradójico, explica, es que por buscar ampliar la oferta informativa a través de fortalecimiento de canales públicos, los grandes dueños de los monopolios mediáticos que quieren seguir conservando su privilegio, no sólo distorsionan la realidad, sino que aducen que dichos gobiernos están atentando contra la libertad de prensa. Por el contrario, recalca Ramonet, de lo que se trata es de que haya más libertad de expresión mediante la pluralidad y diversidad de expresión.

Este destacado científico social, doctor en Semiología e Historia de la Cultura, con una amplia experiencia tanto periodística como docente, y uno de los analistas más agudos internacionalmente sobre el fenómeno de las comunicaciones, director actualmente de la edición en español de Le Monde Diplomatique, estuvo en Bogotá y Medellín cumpliendo una serie de compromisos académicos.

Al estar empeñados los gobiernos de países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Venezuela en democratizar el acceso a los medios de comunicación a través de una legislación que permita diversificar la oferta informativa, impulsando y fortaleciendo los canales de radio y televisión públicos y comunitarios, están tocando en forma directa los intereses de los dueños de los grandes medios de comunicación que por años han tenido posición dominante. Ello explica en buena medida, señala Ramonet, la guerra mediática descarada que han desatado los empresarios de los medios privados contra mandatarios progresistas como Cristina Fernández de Kirchner, Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, para traer a colación los casos más recurrentes.

En la actualidad, explica “los medios de comunicación se utilizan como arma de combate y su propósito es el de defender sus intereses de casta. Ya no actúan como medios, sino como auténticos partidos políticos. Si antaño se exigía la reforma agraria porque la tierra era un elemento de poder, ahora se hace necesario una reforma a la concentración de los medios, los denominados latifundios mediáticos”, por cuanto que de “la calidad de la información depende la calidad de la democracia. No puede haber opinión pública si no hay medios de masas”, afirmó el científico social.

En ese sentido, Ramonet señaló al Grupo Clarín de estar detrás de la organización e impulso de la manifestación del pasado 8 de noviembre contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández. La impudicia llegó a tanto, agregó Ramonet, que la CNN en español, “en un caso de intromisión de una cadena internacional pocas veces visto en un debate nacional como el argentino, hacía llamados a la insurrección publicitando el 8N”. Y todo lo presentan como si fuera información, en una actitud caricatural de periodismo, recalcó.

Lo mismo ha ocurrido, dijo, con el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, país en que los grandes medios han estado tradicionalmente en manos de banqueros corruptos que estafaron a millones de ciudadanos o de grupos económicos reducidos, los cuales han pretendido seguir ostentando la propiedad de los mismos. Como se resisten a perder el control de la información, han montado toda una matriz mediática para hacer aparecer al mandatario ecuatoriano como autócrata, contrario a la libertad de prensa y reacio a la crítica.
Afortunadamente, agregó, “poco a poco los ciudadanos van tomando conciencia y empiezan a mostrar gran desconfianza de la manipulación mediática. Temen encontrarse en un estado de inseguridad informativa”.
Además, Ramonet explica que en todas las reformas a los sistemas de medios en la región se adoptó la pauta norteamericana en el sentido de que los medios fueran manejados por el sector privado a través de concesión de espacios del espectro radioeléctrico que, como se sabe, es de propiedad de los Estados.
Por lo general, recuerda, las licencias para operar canales de televisión y las emisoras de radio fueron entregadas a familias prominentes del establecimiento o a determinados grupos empresariales por favoritismo político o por conveniencias económicas. Dichas licencias se otorgaban para que esos medios fueran explotados durante 15 ó 20 años. Lo que ocurre, dice Ramonet, es que los favorecidos se consideraron “dueños de los espacios por siempre jamás”.

Al tiempo que la canalla mediática en América latina defiende a rabiar sus intereses corporativos mediante estrategias de desprestigio contra los gobiernos progresistas, hasta tal punto que logró dar un golpe de Estado como el de Venezuela en abril de 2002 cuando fue derrocado por 48 horas el presidente Hugo Chávez, simultáneamente se ha convertido en partido político, explica Ramonet. En efecto, afirma, “ante el derrumbe de los partidos corruptos de derecha que ya no tienen apoyo popular, en varios países latinoamericanos, los grandes medios que están en manos del establecimiento, han asumido el rol de oposición y desestabilización política”, lo cual se observa no sólo en Venezuela, sino en Honduras y Paraguay, en donde contribuyeron a tumbar a los presidentes José Manuel Zelaya, en junio de 2009, y Fernando Lugo, en 2012, respectivamente, así como en Ecuador, cuando trataron de derribar del poder a Rafael Correa en septiembre de 2010, y actualmente en Argentina, en que el Grupo Clarín y el ultraconservador diario La Nación buscan torpedear por todos los flancos a la mandataria Fernández de Kirchner.

No obstante la guerra mediática contra los líderes de izquierda y progresistas de la región, Ramonet resalta que paulatinamente varios países latinoamericanos están implementando legislaciones que permitan la pluralidad de la información, lo que como es obvio, va a posibilitar diversidad de miradas y voces sobre la realidad.

En ese sentido, hace un comparativo con lo que ocurre en Europa, en donde los Estados desarrollan canales de comunicación pública, cuyo trabajo responsable y profesional han posicionado a emisoras como la BBC de Londres, RTVE de España, Deutsche Welle de Alemania, la RAI de Italia, Radio Francia, entre otras, al tiempo que el sector privado explota como negocio sus propios medios. No sería justo, afirma Ramonet, que el Estado sólo manejara la totalidad de los medios de comunicación, por el contrario, lo necesario y lo importante es la diversidad. “Hay que defender la pluralidad informativa, pero infortunadamente, en América latina se oponen los privados, porque tienen concentrado todo el pastel comunicacional y publicitario”. De allí, colige, es imperativo desarrollar los canales públicos y el sector comunitario, dándoles espacios radioeléctricos y brindándoles financiación.

Nuevas tecnologías y el impulso de medios alternativos. Como bien lo señala en su último libro La explosión del periodismo, Ramonet recalca que internet ha puesto en jaque a los medios tradicionales, pero al mismo tiempo está impulsando la generación de medios alternativos y comunitarios. “Las nuevas tecnologías han transformado la comunicación y han permitido el apoderamiento de la sociedad frente a los monopolios mediáticos”, hasta tal punto, agrega, que “nunca había sido tan fácil ser periodista como hoy”. Destaca experiencias comunicacionales como la radio La Colifata, de Argentina, que emite desde un sanatorio psiquiátrico y sobre la cual Ramonet tuvo conocimiento gracias a la información que le suministró el cantautor francés de origen español Manu Chau.

Las posibilidades que ofrecen no sólo la internet sino la computadora, el celular, el iPad, las cámaras digitales, para procesar información han producido la crisis de los medios tradicionales, sostiene el director de la versión española de Le Monde Diplomatique. Por ello, no duda en aseverar que “la democratización de la información es relativamente posible” gracias a estas tecnologías que han permitido la irrupción de medios alternativos, pero asimismo es evidente que “el modelo tradicional de los medios está en crisis, y eso que la revolución en internet apenas está empezando”.

Ramonet explica que esta crisis se refleja en tres aspectos: la mayor parte de los medios de prensa escrita están perdiendo dinero o están ganando menos o están en quiebra. Puso como ejemplo, el hecho de que en Estados Unidos más de 120 periódicos en los últimos años han cerrado y 35 mil periodistas han perdido su trabajo. O el caso de ´El País, de España, adquirido recientemente por el fondo financiero Liberty que acaba de despedir a 129 trabajadores. Es más, se atrevió a afirmar que “nadie puede asegurar que la CNN pueda llegar al final del próximo año”.

Frente a este panorama desolador dijo que la alternativa son los medios independientes que por sus innovadores esquemas funcionales están posibilitando hacer buen periodismo. Trajo a colación el caso de la web norteamericana de noticias on line Politico.com, especializada en noticias sobre la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos. “Su modelo económico se basa en la gratuidad, pero este diario on line a lanzado a principios de 2011 una web de pago: Político Pro con una suscripción anual que cuesta 1.49 dólares”.


http://sur.infonews.com/notas/latifundios-mediaticos


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Alfonsín Clarín y la ley de Medios

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Héctor Magnetto definió a la ley de medios como fachada (video) - 02 Nov




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Lunes, 10 de Diciembre de 2012 11:50 Rate this item1 2 3 4 5 (0 votes)
Moreau solicitó a Clarín derecho a réplica y le respondió a Susana Viau


El dirigente radical Leopoldo Moreau envió una carta a Clarín para solicitarle derecho a réplica. Moreau respondió a la nota de la columnista Susana Viau, quien pidió a la UCR un "ajuste cuentas" con el ex diputado por sus opiniones a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.





El dirigente radical Leopoldo Moreau envió una carta a Clarín para solicitarle derecho a réplica. Moreau respondió a un artículo del domingo pasado de la columnista Susana Viau, quien pidió a la UCR un "ajuste cuentas" con el ex diputado por sus opiniones a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Moreau solicitó al diario que publique su "réplica a lo que considero una grave afirmación –y a la vez incitación- de la periodista Susana Viau".

El dirigente Radical señaló que sobre el final de su artículo la columnista afirma “En casa, el radicalismo debería “ajustar cuentas” con Leopoldo Moreau”, porque según ella colaboro con la campaña que pretende ligar al referente máximo del partido con el operativo de acoso y derribo del Grupo Clarín. Viau debería saber que ya en el año 1988 los radicales, con Raúl Alfonsín a la cabeza, propiciábamos un proyecto de ley para evitar la formación de concentraciones mediáticas de carácter oligopólico".

Y agregó "Con toda franqueza, cuando leí la incitación a “ajustar cuentas” contra mi persona, no pude dejar de asociar ese llamamiento a otros de igual tenor que, en la década del 70, hacía Felipe Romeo desde su revista El Caudillo, cuando también proponía “ajustar cuentas” contra peronistas de izquierda, partidos de izquierda, la juventud radical de entonces, judíos o todo aquel que se oponía a su ideología facista".

"Todos sabemos la connotación que ha tenido en la política argentina esa nefasta frase y, por supuesto, la que tiene también en el mundo de la mafia", dijo Moreau.

Para finalizar expresó que "los radicales estamos acostumbrados a lidiar con los extremos y nada nos apartará de la defensa de la democracia, el estado de derecho y la tolerancia frente a las opiniones de otros".


Texto Completo carta


SUSANA VIAU Y EL AJUSTE DE CUENTAS
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2012

Sr. Director y/o Secretario de Redacción Del Diario CLARIN
Presente

Me dirijo a Uds. para solicitarles tengan a bien publicar, en el lugar que estimen conveniente, esta réplica a lo que considero una grave afirmación –y a la vez incitación- de la periodista Susana Viau. En efecto, en su columna habitual de los domingos, la periodista hace referencia a una declaración del Comité Nacional de mi partido respecto a expresiones que, en el pasado, tuvo el Dr. Raúl Alfonsín en relación a la política de medios y en particular a alguno de ellos. Sobre el final de esas reflexiones, la columnista afirma “En casa, el radicalismo debería “ajustar cuentas” con Leopoldo Moreau”, porque según ella colaboro con la campaña que pretende ligar al referente máximo del partido con el operativo de acoso y derribo del Grupo Clarín. Viau debería saber que ya en el año 1988 los radicales, con Raúl Alfonsín a la cabeza, propiciábamos un proyecto de ley para evitar la formación de concentraciones mediáticas de carácter oligopólico.

Con toda franqueza, cuando leí la incitación a “ajustar cuentas” contra mi persona, no pude dejar de asociar ese llamamiento a otros de igual tenor que, en la década del 70, hacía Felipe Romeo desde su revista El Caudillo, cuando también proponía “ajustar cuentas” contra peronistas de izquierda, partidos de izquierda, la juventud radical de entonces, judíos o todo aquel que se oponía a su ideología facista.

Tampoco pude dejar de evocar la figura de López Rega, el ejecutor de esos “ajustes de cuentas”.

Todos sabemos la connotación que ha tenido en la política argentina esa nefasta frase y, por supuesto,la que tiene también en el mundo de la mafia.

Seguramente la columnista que, en el pasado y en el presente, se mueve en estructuras donde se practica el “centralismo democrático”, nunca va a poder entender el carácter horizontal, crítico y democrático del radicalismo. En el seno de mi partido no se censura la libertad de expresión ni se practica el delito de opinión.

Días atrás un allegado me decía, respecto a mi posición sobre la Ley de Medios: “Leopoldo, no tenés espalda para sostener esta pelea. Te van a hacer de todo”. Me pareció que exageraba. Sigo creyendo lo mismo, pero ahora no tanto.

Otra paradoja: El mismo día que Susana Viau –que debería informarse mejor porque jamás estuve en el piso del programa 6 7 8- propiciaba este “ajuste de cuentas”, llegaba a la redacción de Clarín mi repudio por los ataques que sufrió el frente del edificio de Canal 13. Parece que los intolerantes no estaban sólo en la calle, ya que, al otro lado de la pared –a juzgar por lo que escribió Viau- también había intolerantes.

Los radicales estamos acostumbrados a lidiar con los extremos y nada nos apartará de la defensa de la democracia, el estado de derecho y la tolerancia frente a las opiniones de otros.

DNI 5.616.606
*las negritas son nuestras.



Reflexiones de Leopoldo Moreau en entrevista con Victor Hugo Morales

10 12 2012



Video Leopoldo Moreau relata las presiones que recibió Alfonsín durante su gobierno por parte del Grupo Clarín


12 11 2012 Bajada de Línea programa 116
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Artículo Susana Viau

POLÍTICA EN PERSPECTIVA
El error del Gobierno: creer que sólo podía ganar

POR SUSANA VIAU

En perspectiva 09/12/12

La sanción de la ley de medios propuesta por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, fue una respuesta a la derrota electoral de junio de 2009, una cuerda lanzada al futuro para maniatar cualquier atisbo de independencia informativa y periodística que minara el proyecto a veinte años concebido en los conciliábulos de pareja. En mayo de 2012, una resolución de la Corte mencionó, entre muchas otras cosas, una fecha: el 7 de diciembre. El Gobierno se apropió de ella, la resignificó y se consagró en cuerpo y alma a esperar su llegada . Si la pobreza épica del kirchnerismo tuvo que cifrar el mito del Kirchner combatiente en el descuelgue de una foto de Videla, la viuda de aquel hombre fundaría en el 7D una nueva era. La del descuelgue simbólico de otro cuadro, el del CEO del Grupo Clarín Héctor Magnetto. Así, al menos, sintetizaba la magnitud de la fecha el dibujo de tapa de Orilla Sur , una revista lanzada esta semana como parte del cotillón celebratorio de esta nueva vuelta de tuerca de la historia. La publicación tiene un enlace directo con Ni a Palos, el blog fogoneado por los camporistas Franco Vitali, conchabado en la Jefatura de Gabinete, y Santiago “Patucho” Alvarez, actual director de la agencia Télam . “Ni a palos” es el suplemento joven de Miradas al Sur , el periódico de Sergio Szpolski.

Sin embargo, el Gobierno cometió un error fatal . Acostumbrado a jugar a todo o nada pero con cartas marcadas, creyó que había una sola posibilidad: ganar. Al contrario de John Oakhurst, el sublime tahúr del cuento de Francis Bret Harte (que iba a morir un 7 de diciembre alcanzado por una “racha de mala suerte”), ni la Presidenta ni sus asesores advirtieron que, desde hacía un tiempo, “la atmósfera moral del pueblo había cambiado” y, por lo tanto, las órdenes emanadas del poder habían dejado de ir a misa. No fue la soga la que buscó la cabeza del Gobierno, fue el Gobierno el que la puso en el dogal del verdugo. La afición a la grandilocuencia y los efectos teatrales convirtió una simple medida cautelar en una catástrofe política . El tiempo pasa y la jefa del Estado continúa creyendo que su suerte en los comicios del 2013 se dirimirá en los medios.

En un año de ejercicio, el cristinismo ha perdido el apoyo de buena parte del peronismo territorial (que guarda un estruendoso silencio por estas horas), del sindicalismo de la CGT, de una importantísima porción de la opinión pública. Y a esa lista acaba de agregarse el Poder Judicial, que, como nunca, reaccionó en bloque contra las invectivas del ministro de Justicia Julio Alak. Haber compactado tantas voluntades en su contra es el mayor mérito del ex alcalde de La Plata, un hombre que al asumir su cargo en el Gobierno nacional y en plena feria realizó una visita a la Corte. Obtuvo la foto protocolar pero aspiraba a más. Sugirió un comunicado que dejara constancia de los buenos vínculos que unían a los dos poderes.

El tribunal se negó a tanto .

Los allegados a los supremos vaticinan que estos, llamados a expedirse, tirarán por el camino del medio: quizá digan que la Cámara Civil y Comercial se excedió; tal vez blanqueen su participación en la dura declaración del Poder Judicial y llamen al Poder Ejecutivo a no perturbar las tareas de los magistrados; puede que insistan en pedirle celeridad al juez Horacio Alfonso, que debe resolver sobre la cuestión de fondo, es decir, la constitucionalidad del artículo 161 (de desinversión) de la ley. También se augura que Alfonso no se expedirá en diciembre y postergará su fallo hasta enero , cuando la feria dificulte el accionar de unos y les dé a otros el margen necesario para actuar “de oficio”. De todos modos, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales domina la sensación de que, si bien allí se libra una pulseada por la supremacía de la libertad de criterio, esa batalla es apenas una pelea de semifondo y el combate decisivo se dará en torno de la reforma constitucional y la re-reelección.

Aún cuando la atención se concentre en los pasos que de aquí en más se den en la franja delimitada por la Corte y el fuero Civil y Comercial, existe la impresión de que luego de estos últimos dos meses el Poder Judicial no volverá a ser el mismo . Los conocedores de ese mundo, de su pensamiento mayoritario, de sus hábitos, sus tradiciones, sus prejuicios y sus narcisismos prevén que lo hecho por los camaristas del fuero Civil y Comercial impactará en los despachos de los jueces penales de Comodoro Py, donde se desarrolla una especial sensibilidad para percibir el calor de las armas. La crema de la magistratura (no por sus méritos académicos sino por su relación con el poder) no querrá quedar por detrás de las muestras de independencia dadas por sus colegas de más bajo perfil. “Nunca son los primeros, afirma un profundo conocedor del paño, pero siempre son los que se reubican con las medidas más aparatosas. Hay muchos temas candentes en esas oficinas y muchas denuncias en puerta: crecimientos patrimoniales inexplicables, los manejos discrecionales de Aerolíneas y de ANSeS. Claro que no todos tienen una biografía impecable y Héctor Icazuriaga y Francisco ‘Paco’ Larcher saben presionar con esos pecados”. El propio Ricardo Lorenzetti, se comenta, ha sido monitoreado por la Secretaría de Inteligencia y por la AFIP en relación a su vida personal y a sus fallos.

En su cruzada por la ley de medios, la Presidenta no ha reparado en costos. El uso y abuso de la figura de Raúl Alfonsín en los spots propagandísticos emitidos en Fútbol para Todos acabó con la casi infinita paciencia radical. Sus principales dirigentes acaban de firmar un documento que denuncia “el desvergonzado y malicioso intento del oficialismo para desvirtuar la militancia de Raúl Alfonsín a favor de la democratización de los medios de comunicación (…) El enfrentamiento del presidente Alfonsín con grupos mediáticos fue para impulsar una mayor variedad de opiniones. Jamás para censurar, atemorizar y perseguir a los que opinaban distinto (…) El Comité Nacional y los presidentes de los bloques parlamentarios de la UCR exigen al Gobierno nacional y a las autoridades de Canal 7 el inmediato cese de la utilización del líder de la UCR y de la lucha antidictatorial, en un nuevo intento por tergiversar la historia y el presente de los argentinos”. En casa, el radicalismo deberá ajustar cuentas con Leopoldo Moreau, abonado a los actos del Gobierno y a los elogios y las invitaciones de 6 7 8 para colaborar con la campaña que pretende ligar al referente máximo de su partido con la operación de acoso y derribo del Grupo Clarín.

Tras el fracaso del 7D, Cristina Fernández apenas ha mencionado el tema. En su discurso de Brasilia prefirió dedicarse a la ictiología y al elogio del salmón patagónico que, para desovar, nada contra la corriente y muere en la empresa pero deja “hijos, ideas, legados” (¿?). Un campeón de la trascendencia, el salmón patagónico. De inmediato y ante la sonrisa asombrada de Dilma Rousseff aclaró que, “por allí, me gustaría hacer algunas cosas, pero como tenemos las inhibiciones de los educados y de los civilizados y los democráticos reprimimos algunos deseos y nos sometemos a esas inhibiciones”. ¿A qué deseos se refería la Presidenta? ¿Qué tentaciones debía ahogar en nombre de su cargo? ¿Insultar? ¿Golpear? ¿Matar? No lo explicitó. Los que no tienen esos frenos, esos límites ni esas responsabilidades, procedieron y esa misma noche atacaron las instalaciones de Canal 13 y TN . Los gustos hay que dárselos en vida.

LaPistaOculta/GN

http://www.lapistaoculta.com.ar/3/2/c/la-falsa-pista/item/3713-moreau-susana-viau.html
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Viernes, 07 de Diciembre de 2012 12:48 Rate this item1 2 3 4 5 (0 votes)
Lanata "Me preocupa poder hablar, porque esto es la excepción y no la regla"


Lanata se presentó hoy en el Congreso ante la SIP. Allí expresó "me preocupa poder hablar, porque esto es la excepción y no la regla"




■Por Galnei

"Lo que calló Lanata"


La Sociedad Interamericana de Prensa visita hoy el Congreso de la Nación para reunirse con legisladores y periodistas.

Jorge Lanata periodista de Radio Mitre y Canal 13 fue una de las voces que se presentó en el Senado para dar testimonio ante la SIP, y como si estuviera frente a las cámaras en su programa PPT haciendo su monólogo, criticó al gobierno y fue contradictorio.
"Yo estuve de acuerdo con la ley de medios conceptualmente, y todavía estoy de acuerdo con la ley de medios con respecto a lo que significa desmonopolizar la información y lo que me parece es que la ley debe ser equitativa para todos, y que así como está hoy y como se trata de implementar está hecha básicamente para perjudicar a Clarín y de todos los demás se olvidan; el Gobierno ha dado la cara con argumentos insólitos como que Telefónica de Argentina, no tiene que ver con Telefónica de España, que digan ese argumento sin reirse es increíble".

Lanata acto seguido pasó a criticar al Presidente de Ecuador, como si los dichos de Rafael Correa, fueran los dichos del Gobierno nacional.

Lanata expresó a título personal “hoy, de los 5 canales de aire que existen, puedo trabajar solo en uno".

"Cuando la SIP denunció a la dictadura militar, los Kirchner estaban vendiendo departamentos en el sur". Y agregó "estamos defendiendo la democracia".

Lanata en ningún momento avanzó sobre cómo los monopolios atentan contra la libertad de expresión.

Y como si él no tuviera libertad para expresarse, manifestó "este tipo de reuniones son marginales". "Me preocupa poder hablar, porque esto es la excepción y no la regla".La gente tiene miedo que el aparato de propaganda del gobierno se le tire encima" "Tienen muchos medios, que son intrascedentes, pero son muchos" .Y al finalizar siguiendo la misma línea sentenció "lo que demuestra la existencia de Dios, es que ellos tienen muchos medios, pero no talento".

Más allá de su referencia a Dios, Lanata fue previsible, nada dijo sobre la cantidad de licencias en manos de Clarín... más de 200... En esa reunión eso fue lo que calló.

La visita de la SIP estaba prevista. La misión, se realiza en cumplimiento de una resolución aprobada en la pasada asamblea general de la SIP y por solicitud de algunos socios argentinos, según informó la Asociación días pasados por medio de un comunicado.




Telefé no es de Telefónica

30/11/2012


Lanata 2009 sobre la ley de medios





LaPistaOculta/GN


http://www.lapistaoculta.com.ar/3/2/c/item/3700-lanata-me-preocupa-poder-hablar.html

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