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13 de enero de 2013

Socma y Sevel, entre más de 70 firmas beneficiadas por la dictadura militar


13.01.2013 | La presidenta reveló esa nómina cuando respondió críticas del PRO sobre la pulseada con los fondos buitre
Socma y Sevel, entre más de 70 firmas beneficiadas por la dictadura militar
Las empresas que pertenecían a Franco Macri, padre del jefe de gobierno porteño, forman parte de un extenso listado de compañías favorecidas con la estatización de su deuda privada. Cifras de un negocio vil y millonario.


Por:
Manuel Alfieri


Si tu papá era empresario y se hicieron cargo de su deuda, por lo menos hay que guardar respetuoso silencio." Las palabras pronunciadas por la presidenta Cristina Fernández el pasado jueves desde la Casa Rosada y dirigidas al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, hacían alusión al oscuro prontuario financiero de las empresas Socma y Sevel. Ambas firmas fueron beneficiadas durante la dictadura con la estatización de su deuda privada, y todavía eran propiedad del empresario Franco Macri.
Sin embargo, no fueron las únicas favorecidas en los años de plomo. Socma y Sevel forman parte de un extenso listado de más de 70 empresas que traspasaron sus pasivos hacia las arcas del Estado entre 1979 y 1983. La disposición, tomada por los sucesivos presidentes dictatoriales, benefició a grandes corporaciones y grupos económicos que, hasta hoy, y pese a la intervención de la justicia, nunca fueron llamados para dar explicaciones en los Tribunales.
Según consta en la causa que investigó esta espuria maniobra, entre las firmas nacionales más importantes se encuentran la mencionada Sevel, que a fines de 1983 adeudaba 124 millones de dólares; Acindar, del ex ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz, con 649 millones; Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc, con 211 millones; y Loma Negra, de los Fortabat, con 62 millones. También hay corporaciones multinacionales como Techint, IBM, Ford y Fiat. Y, por supuesto, el listado incluye al sector financiero: Banco Río, Francés, Citibank y Supervielle, entre otros.
Algunas de las empresas favorecidas estaban vinculadas a la Fundación Mediterránea, un think tank liberal nacido al calor del menemismo, que tuvo como líder a Domingo Cavallo, el orquestador de la estatización de la deuda externa (ver aparte). Allí aparecen Astra, Alto Paraná SA, Banco Galicia, Grupo SADE e Industrias Metalúrgicas Pescarmona, entre otras.
El perjuicio que las compañías asociadas a la dictadura ocasionaron al Estado fue calculado en 1983: 23 mil millones de dólares, más de la mitad de la deuda externa de esos años, que alcanzaba los 45.100 millones de dólares.
"Fue una de las mayores estafas al pueblo argentino. El Estado fue usado para negocios privados y para innumerable cantidad de operaciones turbias", aseguró a Tiempo Argentino uno de los más rigurosos investigadores del tema, el ex diputado nacional Mario Cafiero.
Pero, ¿cómo fue posible que estos privados transfirieran sus pasivos en el exterior a las cuentas públicas? Según el historiador Alejandro Olmos Gaona, que demandó a un centenar de firmas favorecidas con la estatización de sus deudas en la dictadura, la respuesta está en los llamados seguros de cambio. "Permitían que una empresa se endeudara con el exterior a un dólar uno a uno. Cuando el dólar subía y la empresa debía pagar su deuda, el Estado se hacía cargo de la diferencia", explicó Olmos Gaona.
Mediante este régimen, el Banco Central les garantizó a estos deudores el tipo de cambio vigente en aquel momento, con el objetivo de protegerlos en caso de que hubiera una devaluación que incrementara el valor de estos pasivos. Eso, justamente, fue lo que sucedió.
"El tipo de cambio aumentó diez veces en un año, con lo cual el Central les cobró a los privados en pesos y a la tasa inicial, lo que produjo un descomunal subsidio estatal para los deudores externos privados. Fue una estafa, pero una estafa legal", sostuvo el historiador y economista Eduardo Basualdo, autor del libro Deuda externa y poder económico en la Argentina.
La trama de esta operación fue investigada por el juez Jorge Ballesteros. "Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguros de cambio", afirmó el magistrado en la causa Nº 14.467, donde pesquisó el crecimiento de la deuda bajo el gobierno militar.
Además, Ballesteros determinó que en muchos casos las empresas ni siquiera pagaron los créditos obtenidos, pero los funcionarios estatales jamás reclamaron el dinero. Así, según las pericias, "con fondos del Tesoro Nacional se cancelaron obligaciones de varias empresas privadas en distintas monedas". Pero ni el Central ni el Banco Nacional de Desarrollo "iniciaron actuaciones judiciales para el recupero de las sumas".
El empresariado no sólo fue favorecido con lo dispuesto por el Central durante los años de plomo, sino también con los escasos controles sobre la actividad financiera. El juez Ballesteros detectó infracciones a la ley penal cambiaria, confusión entre deudor y acreedor, sumas no ingresadas al país, anomalías en la concertación de seguros de cambio, aportes de capital encubiertos como préstamos financieros, subfacturaciones y autopréstamos. Entre las entidades acusadas de realizar esta última maniobra estaba Socma, del Grupo Macri.
También fueron señaladas Cargill, Selva Oil, Sideco Americana, Suchard Argentina, Celulosa Jujuy, Ford Motors Argentina, Sudamtex, Textil Sudamericana y Renault.
Otras irregularidades fueron atribuidas a Cementos NOA SA que, de acuerdo con la causa, de los 50 millones de dólares que acusaba en concepto de deuda con bancos en el exterior, "sólo ingresaron al país 6.169.086, es decir, el 12,20%, entregado por el Banco Exterior de España para la compra de maquinarias. El resto adeudado, más de 44 millones de dólares, jamás ingresó y debió ser asumido por el Estado."
Pese a los intentos por condenar a los políticos y empresarios que participaron de esta oscura operación, la causa judicial se cerró en 2000, sin condenas. Apenas hubo, por un tiempo, un procesado: Martínez de Hoz. Después de su contundente fallo, Ballesteros se limitó a enviar una recomendación al Congreso de la Nación para que determine a los posibles culpables, algo que nunca sucedió.
A fines de 2011, en el marco de un nuevo expediente abierto en 2005, el fiscal Federico Delgado presentó un escrito para volver a investigar la estatización de la deuda privada. Allí planteó la evaluación del inicio de acciones de reparación, no sólo contra funcionarios públicos sino también contra empresas. Pero, hasta el momento, el pedido del fiscal no fue considerado.
En su discurso del pasado jueves, la presidenta Cristina Fernández dijo: "Tengo el listado de las empresas en las cuales el gobierno argentino se hizo cargo de la deuda privada." Si el Estado Nacional decidiera tomar las acciones necesarias para condenar a los responsables de esta gran estafa, al menos una deuda quedaría saldada: la de la justicia. «


Al pueblo
Estafa
"Fue una de las mayores estafas al pueblo argentino", dijo el ex diputado Mario Cafiero.


La cifra
23
mil millones de dólares es el perjuicio que, según se calculó en 1983, las empresas asociadas a la dictadura ocasionaron al Estado Nacional.


Principales beneficiados
01 - Cogasco SA 1.348.000.000
02 - Autopistas Urbanas SA 951.000.000
03 - Celulosa Argentina SA 836.000.000
04 - Acindar SA 649.000.000
05 - Banco Río 520.000.000
06 - Alto Parana SA 425.000.000
07 - Banco de Italia 388.000.000
08 - Banco de Galicia 293.000.000
09 - Bridas SA 238.000.000
10 - Alpargatas SA 228.000.000
11 - CitiBank 213.000.000
12 - Cía. Naviera Perez Companc 211.000.000
13 - Dalmine Siderca 186.000.000
14 - Banco Francés 184.000.000
15 - Papel De Tucumán 176.000.000
16 - Juan Minetti SA 173.000.000
17 - Banco Mercantil 167.000.000
18 - Aluar SA 163.000.000
19 - Banco Ganadero 157.000.000
20 - Celulosa Puerto Piray 156.000.000
21 - Banco Crédito Argentino 153.000.000
22 - Banco Comercial del Norte 137.000.000
23 - Banco de Londres 135.000.000
24 - Banco Tornquist 134.000.000
25 - Banco Español 134.000.000
26 - Sade 125.000.000
27 - Sevel 124.000.000
28 - Banco de Quilmes 123.000.000
29 - Parques Interama 119.000.000
30 - Cía. De Perforaciones Río Colorado 119.000.000
31 - Swift Armour 115.000.000
32 - IBM 109.000.000
33 - Banco Sudameris 107.000.000
34 - First National Bank Of Boston 103.000.000
35 - Astra A Evangelista SA 103.000.000
36 - Mercedes Benz 92.000.000
37 - Banco De Crédito Rural 92.000.000
38 - Deutsche Bank 90.000.000
39 - Industrias Metalúrgicas Pescarmona 89.000.000
40 - Banco Roberts 89.000.000
41 - Banco General de Negocios 87.000.000
42 - Alianza Naviera Argentina 82.000.000
43 - Propulsora Siderúrgica 81.000.000
44 - Ford 80.000.000
45 - Astilleros Alianza SA de Construc. 80.000.000
46 - Masuh SA 80.000.000
47 - Continental Illinois National Bank 76.000.000
48 - Banco Shaw 73.000.000
49 - Pirelli 70.000.000
50 - Deere and Company 69.000.000
51 - Cemento Noa 67.000.000
52 - Banco Supervielle 65.000.000
53 - Alimentaria San Luis 65.000.000
54 - Loma Negra 62 .000.000
55 - Selva Oil Incorporated 61.000.000
56 - Macrosa 61.000.000
57 - Sideco Argentina 61.000.000
58 - Chase Manhattan Bank 61.000.000
59 - Bank Of America 59.000.000
60 - Astra Cía. Argentina de Petroleo 59.000.000
61 - Deminex Argentina 57.000.000
62 - Industrias Pirelli 56.000.000
63 - Esso 55 La Penice S A 53.000.000
64 - Manufactures Hanover Trust 53.000.000
65 - Petroquímica Comodoro Rivadavia 52.000.000
66 - Cia General Fabril Financiera 52.000.000
67 - Panedile Argentina 51.000.000
68 - Fiat 51.000.000
69 - Banco Pcia. de Buenos Aires 50.000.000
Otros 11.116.000.000
TOTAL: u$s 23.000.000.000

http://tiempo.infonews.com/2013/01/13/argentina-94502-socma-y-sevel-entre-mas-de-70-firmas-beneficiadas-por-la-dictadura-militar.php
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La Historia del Grupo Macri o el Estado en función de los grupos económicos.

El Grupo Socma (Sociedad Macri) nace mucho antes de la dictadura militar y como parte del poder económico prebendario hizo negocios con todos los gobiernos sucesivos, inclusive con el de Néstor Kirchner. Mauricio, hijo de Franco –el jefe- fue su vicepresidente hasta el 2003. Contratista eterno del Estado, comenzó siendo una empresa ligada a la construcción. Pero su despegue definitivo para pasar a formar parte de las grandes ligas fue a partir de la asunción de la dictadura de Videla y Cía.
De su infancia en medio de la segunda guerra, Franco Macri tiene en la retina la imagen su padre, Giorgio, pugnand por repartir entre sus siete hijos y sus sobrinos un pequeño trozo de queso conseguido en los mercados clandestinos de la Roma ocupada por los nazis. Así supo de las miserias de la guerra y de los sacrificios, marca que lleva hasta estos días de abundancia. Así también aprendió que los negocios son una guerra: contra viento y marea, cueste lo que cueste. De esos días le quedo como herencia perdurable el motivo que llevó a don Giorgio padre primero a viajar por África como ingeniero y luego a Buenos Aires: la ambición, aunque le costara el fin de la familia.
Franco, siempre pegado a los negocios con el estad, supo ejercitar una inalterable condición de oficialista en forma ininterrumpida desde el Gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, en la década de 1960 hasta la actualidad. Incluso hoy, con su hijo como Jefe de Gobierno de la ciudad y acérrimo opositor del modelo kirchnerista, aseguró que “…el de Cristina Fernández es el proyecto de país que tienen todos, en especial vecinos como Brasil".
Desde la asunción de las dictaduras latinoamericanas bajo la tutela de EEUU, América Latina fue el escenario del desarrollo óptimo de la ideología neoliberal con su política neoconservadora. Fruto de este plan, se construyó el debilitamiento del Estado, cada vez más sometido a las clases dominantes y a su burguesía transnacionalizada. Al compás de este debilitamiento, el Estado multiplicó las prácticas clientelísticas corruptas y el vaciamiento económico con el drenaje de fondos al exterior como pago de intereses de deuda. Con un discurso mediático enarbolado por los voceros del neoliberalismo, se asoció a la figura del Estado con la ineficacia y la corrupción, mientras que todo lo privado aparecía como eficaz y transparente.
Para 1975 los Macri poseían siete empresas. Al concluir la dictadura militar tenían cuarenta y seis. La familia es parte de lo que se conoce como la “patria contratista”: genera sus ganancias a partir de negocios con el Estado, al que poco a poco van exprimiendo. Socma se benefició con la licuación de los pasivos empresarios –e hizo un intenso lobby para lograrlo-. Esa estatización de la deuda externa privada, realizada por Domingo Cavallo al asumir en el Banco Central en 1982, permitió que la deuda que las empresas tenían por haber pedido dólares a la banca internacional, pasase a ser considerada como deuda externa pública, es decir de todos. Los Macri fueron uno de los grupos económicos más beneficiados con esa medida.En 1979, e grupo se alzó Manliba, la empresa de recolección de residuos que había privatizado el gobierno militar. El contrato inicial fue por cinco años, renovables automáticamente por otros cinco. Pero todo finalizó en un gran escándalo cuando las intendencias de los radicales Julio Saguier y Facundo Suárez Lastra, ya avenida la democracia, quisieron aplicarle el 16 por ciento de desagio, mecanismo aplicado con el Plan Austral en forma generalizada. La empresa resistió la aplicación del descuento, y el litigio entre Macri y la intendencia se prolongó hasta que el Gobierno de la Ciudad dirimió a favor de Manliba.
Además, la nacionalización de la deuda de los privados a través de los sistemas de seguros de cambio implementados durante la dictadura fue un gran beneficio para las empresas vinculadas con Macri.
Según el conocido informe de Jorge Argüello, "la deuda de Fiat, de 170 millones de pesos, terminó transformándose en bonos del Estado, lo que le permitió a Macri pagar su deuda a un valor que en términos reales equivalió a menos de un 10 por ciento del original".
El actual diputado Claudio Lozano, gestor de otro informe en el Congreso, sostiene que "importantes empresas controladas y/o vinculadas al Grupo (Sideco Americana, Pluspetrol, Socma, Dragados y Obras Portuarias, R.S.Z. y A. Producciones, Iecsa y Manliba) acumulaban un endeudamiento con el exterior cercano a los 180 millones de dólares, que fue transferido a la sociedad a través de los seguros de cambio".

Con la llegada del menemismo, Macri logra meter una astilla de su palo con el nombramiento de un antiguo Gerente del grupo: Carlos Grosso. Con él en la gestión Manliba logra la prorroga del contrato, a pesar de los sucesivos incumplimientos de la empresa en cuanto a la renovación de la flota de camiones, al cambio del barrido mecánico por el barrido manual con el consecuente y desmesurado incremento de la factura, o lo más oneroso del servicio comparado con el prestado por la empresa Cliba".La otra empresa de grupo que se filtra en la ciudad en la gestión Grosso fue Intron, con la que logró alzarse con la contratación de la facturación de ABL y del impuesto automotor, en un contrato de 10 millones de pesos. Según el informe de Argüello los pliegos de a licitación fueron objetados debido a “un bajo nivel de exigencia técnica, operativa y jurídica para los concesionarios, situación que no fue corregida en las sucesivas negociaciones y prórrogas pactadas".También a través de Intron maneja una de las dos empresas de Control fotográfico de vehículos. La licitación es por cinco años, y la facturación promedio, al licitarse, fue estimada en 5 millones de pesos por año.Dentro de Socma, Intron formaba parte de una especie de sub holding que también integraban SEPSA y Sistemas Catastrales. A través de esta última manejaba la detección de infracciones en obras y se ocupaba de fiscalizar la construcción de edificios, las ampliaciones no declaradas en viviendas y también la aprobación de planos dentro de la jurisdicción porteña. Se trataba de un contrato por 20 años.SEPSA, más conocida como Pago Fácil, fue contratada por el Banco Ciudad para el cobro de impuestos. Su facturación promedia los 4 millones de pesos anuales. El Banco Ciudad le pagaba una comisión de cobranza a la empresa de Macri de un peso por boleta.IECSA es una empresa especializada en ingeniería en construcciones. La firma se presentó y ganó en dos licitaciones, una por 70 millones de dólares, para la construcción de los denominados “reservorios”, a través de los cuales se espera mitigar las inundaciones en la Ciudad, la otra fue por 22 millones de dólares para construir a nuevo la Casa Cuna. También hace poco, se le otorgó la construcción de los pasos bajo nivel del FF.CC. Urquiza. A su vez, el brazo inmobiliario de grupo, CREURBAN, realizó múltiples desarrollos inmobiliarios en la ciudad, en especial en Puerto Madero. Una vez que Mauricio Macri alcanzó el Gobierno de la Ciudad, el directorio de Sideco Americana (o más bien papá Franco) formalizó la venta de Iecsa a Calcaterra Sociedad Anónima, propiedad de Angelo Calcaterra, sobrino de Franco Macri. De esta manera, el holding local se desprendió absolutamente del segmento dedicado a la construcción, aquel que le dio origen al imperio construido durante más de cincuenta años. La venta de Iecsa y Creaurbán que Franco Macri promocionó a los cuatro vientos, amén de ser en favor de su sobrino Angelo Calcaterra, fue pactada en cuotas a pagar hasta 2014. En la historia de Sociedades Macri (Socma) hay más de un registro de transferencias que se firman con la mano y se borran con el codo. Pero, además, existen conexiones entre varios funcionarios porteños y las compañías del grupo. Sin ir más lejos, el secretario Legal y Técnico –es decir, quien analiza el aspecto jurídico de cada papel que Macri firma–, Pablo Clusellas, aparece como síndico de Creaurbán en el último balance de esa empresa disponible en la Comisión Nacional de Valores.
La Constitución de la ciudad establece para el titular del Ejecutivo, su vice y sus ministros las mismas incompatibilidades que para los legisladores. No se puede ocupar ninguno de esos cargos y, al mismo tiempo, ser “propietario, directivo, gerente, patrocinante o desempeñar cualquier otra función rectora, de asesoramiento o el mandato de empresa que contrate con la Ciudad o sus entes autárquicos o descentralizados”. La prohibición pesa hasta dos años después del alejamiento de la función y su incumplimiento es castigado con inhabilitación para ocupar cargos públicos en la Ciudad por diez años.
No es casual que Macri padre haya puesto tanto empeño en promocionar la venta de Iecsa y Creaurbán. La vinculación de ambas empresas con Socma dejaba a su delfín expuesto a las incompatibilidades que prevé la Constitución local para el jefe de Gobierno.
En Socma aseguraron al anunciarla que “la venta estaba prevista desde hace meses”. De la lectura de la Memoria 2006 de Iecsa se desprende que esa previsión no tenía tanto tiempo. En la página 57 de ese informe se detalla que “con fecha 20 de julio de 2006 se llevó a cabo la firma del contrato de compra-venta de acciones mediante el cual Iecsa adquirió el 10 por ciento de las acciones de Calcaterra SA, posteriormente con fecha 25 de agosto de 2006 se adquirió el 40 por ciento de las acciones de Calcaterra SA, la nueva participación accionaria de Iecsa SA es del 50 por ciento”. Dicho en otras palabras: en siete meses Macri pasó de comprarle la mitad de la empresa a su sobrino a transferirle la totalidad de las suyas que tienen negocios en la ciudad.
La Corporación Puerto Madero está bajo la órbita del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain. Ese funcionario de Macri, como tantos otros, trabajó para Socma hasta que el heredero de Franco decidió incursionar en la política: fue gerente de Sideco. De Chain depende también el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, financista –a través de la operatoria “Vivienda porteña”– en la comercialización de las 160 viviendas del complejo Las Fresias II, desarrollado por Creaurban en Villa del Parque.
Los vínculos de los actuales funcionarios porteños con las compañías de la familia Macri están bajo la lupa de varios legisladores. Por caso, Gabriela Cerruti armó un equipo para que investigue la nómina de accionistas de las empresas contratistas de la Ciudad. En ese marco, la ex ministra de Derechos Humanos y Sociales local –vinculada ahora como legisladora al kirchnerismo– presentó esta misma semana junto al vicepresidente del bloque K, Pablo Failde, un proyecto de Ley de Ética Pública para imponer restricciones en los casos de conflictos de intereses. También el ex jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, está siguiendo desde la Legislatura los pasos de aquellos funcionarios que pasaron por el grupo Socma.
Similar a la de Chain es la situación del ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, aunque en su caso no fue gerente sino justamente director de Iecsa y vicepresidente de Creaurban, cargo que también ocupó en Sideco. No se trata de una diferencia menor: la ley de sociedades anónimas exige para los miembros del directorio de las empresas ser accionistas de las mismas. Lo que se preguntan los legisladores es por qué si Grindetti tuvo en su momento acciones de Socma, se habría desprendido de ellas. La respuesta hay que buscarla en su declaración jurada y si la tuviera, estaría incurriendo en la incompatibilidad que la Constitución establece para los ministros.
Clusellas no podría haber firmado tampoco como síndico el balance 2006 de Creaurban sin ser accionista de esa empresa. El secretario Legal y Técnico también está ligado a otras once empresas, siete de ellas creadas en los últimos tiempos. Lo suyo no es incompatible porque no tiene rango de ministro, pero puede cuestionarse desde el punto de vista ético.
El interés de los legisladores de la oposición en determinar si hay colaboradores de Macri de los dos lados del mostrador está dado en función de la magnitud de los negocios que Iecsa y Creaurban tienen en la Ciudad. El jugoso contrato de la construcción de los dos canales aliviadores en el arroyo Maldonado en los que Iecsa se asoció para su realización a la italiana Ghella y ganó la licitación con una oferta de 150 millones de dólares contra los 210 y 280 millones que ofertaron sus competidores. Después de las últimas inundaciones, Macri dijo que la obra costaría 200 millones de dólares. La firma de los ajustes por mayores costos la tiene Grindetti, quien fue directivo de la empresa.
Iecsa también tiene a su cargo la construcción de dos pasos bajo nivel del ferrocarril Urquiza: los de la avenida San Martín en su cruce con Mosconi y Punta Arenas. Son obras acordadas en unos 26 y 22 millones de pesos, respectivamente.

En otro orden, el Grupo Macri, con el Banco Galicia como socio minoritario, se adjudicó en 1997 la privatización del servicio postal, en una de las últimas operaciones que consumó el menemismo. En aquel momento se logró la concesión por 30 años con la promesa de pagarle al Estado un canon semestral de 51,6 millones de pesos/dólares. El estudio de Lozano detalla otras irregularidades, entre las que se destaca "la reducción del plantel de trabajadores en más de 10.000 personas con la particularidad que el costo de tales retiros (casi 100 millones de pesos) fue considerado como una inversión de la empresa".
A pesar de todo, en 1999 Macri dejó de abonar el canon. En septiembre de 2001, Correo Argentina SA entró en concurso preventivo cuando debía $ 900 millones. La deuda del Grupo Macri con el Estado se eleva a los 659 millones de dólares (en el 1 a 1), hoy más de dos mil millones de pesos (según el 3 a 1 actual) y sin tener en cuenta los intereses. El Gobierno de Néstor Kirchner le quitó la concesión por el canon atrasado pero la deuda sigue impaga.

El crecimiento de Sevel, la automotriz de los Macri, está directamente asociado a los mecanismos de protección. "Si bien favoreció a las terminales, destruyó la integración del sector afectando a los autopartistas y promovió un fuerte déficit en intercambio comercial con el exterior que indujo mayores niveles de endeudamiento", sostiene el informe de Lozano. La DGI a cargo de Carlos Tacchi denunció en 1993 a Sevel por 360 millones de dólares imputándole mala liquidación del IVA. Mauricio Macri era director de Socma y le tocó negociar con Domingo Cavallo cómo eludir esa denuncia impositiva. "Estos problemas no van a tener solución hasta que se vaya el loco de Tacchi", manifestó a la salida de esa reunión (Daniel Santoro, "Los Intocables", pág. 137).
A la vez, en el escándalo más grande de la historia empresarial de los Macri, conocido como caso Opalsen (por ser esta una de las empresas que se utilizó para realizar la maniobra), Sevel -según denunció entonces la DGI, hoy AFIP- evadió unos 55 millones de pesos del 93 al 95 durante la presidencia de Mauricio Macri en la empresa. En 1993 Sevel de Argentina exportaba autopartes a Sevel Uruguay, lo que le permitía cobrar reintegros por exportaciones. Pero, a su vez, esas piezas, eran ensambladas allí y luego importadas a la Argentina en forma de automóviles terminados. De este modo, Sevel cobraba reembolsos por exportaciones y realizaba las importaciones con un arancel diferencial del 2 por ciento. Así, se beneficiaba con el sistema de importación compensada a partir de los automotores exportados. Tras comparar números de chasis y de motor de 1300 vehículos, se determinó que las mismas partes que salían de la Argentina a su vez eran reingresadas en el país, luego de ser compradas y vendidas por Sevel Uruguay y Drago SA, supuestamente controladas por Sevel. Un cálculo aproximado realizado por los investigadores concluyó que el monto de lo percibido como reintegro sólo en 1993 asciende a unos 7.000.000 de pesos. Se estima que estas exportaciones continuaron hasta 1995.
Por todo esto Mauricio fue embargado por 4,9 millones de pesos, y PROcesado por “contrabando”, pero posteriormente la corte menemista con la famosa mayoría automática con Julio Nazareno a la Cabeza declaró inocentes a los Macri rechazando la apelación de la causa a pesar de no tener argumentos para hacerlo. Esta caso fue uno de los cargos que se le imputaron a los jueces de aquella Corte en los juicios políticos que se le iniciaron por sospechas de corrupción y por su dudoso desempeño, y que implicó el fin de la corte adicta a Menem.Durante su mandato como presidente de Boca se efectuaron terribles denuncias sobre los manejos financieros de Macri. ´Cometas´ sobre las ventas y las compras de jugadores la “recompra” de los viejos jugadores de Boca que emigraron a Europa, que Macri negocia personalmente, no de club a club, a cambio de una parte de las transacciones (como los casos de Delgado y Bermúdez, que alcanzaron una gran resonancia).Después de doce años en Boca, Macri se va con muchos títulos futbolísticos y con un pasivo escandaloso… a pesar de ser el club argentino que más jugadores vendió a Europa de los últimos diez años. El endeudamiento de Boca es un tema judicial: hay compras y cuentas fantasmas que no aparecen en los balances (Ver Página/12, 31/12/06).

Tanto el informe de Argüello como el de Lozano, incluyen una denuncia de la Oficina Anticorrupción contra Fernando De la Rúa y varios de sus ministros por fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública, a raíz de dos decretos que favorecieron a los concesionarios de las principales rutas nacionales, de las que en épocas de Carlos Menem el grupo Macri se había alzado a través de Servicios Viales S.A. con la friolera de 1080,51 km. de rutas. Entre los denunciados figura el subsecretario de Obras Públicas, Edgardo Gastón Plá, quien elaboró el acuerdo impugnado. Un mes y medio antes de ser designado, Plá se desempeñaba en la empresa Civilia Engenheria de Brasil, y antes en Sideco Americana de Chile, dos firmas que forman parte del conglomerado empresario de los Macri.
"El Grupo contó con personas allegadas a sus intereses en la Secretaría de Obras Públicas en los momentos estratégicos del desarrollo de estos contratos, tanto al redactarse los pliegos como al acercarse el fin de la concesión", sostiene el informe de Lozano, citando la denuncia de la OA.

Durante la gestión de Eduardo Duhalde en la presidencia, la pesificación de las deudas de las grandes empresas privadas, la mayoría de las cuales ya habían trasladado sus activos financieros al exterior, fue una de las primeras medidas de gobierno. El estudio de Lozano señala que algunas empresas del Grupo Macri (Correo Argentino, Sideco y Socma) resultaron favorecidas por el proceso.
"La transferencia de ingresos desde el conjunto de la sociedad argentina hacia estas tres compañías que integran el grupo fue del orden de los 200 millones de dólares", señala el informe.

Luego de una exitosa experiencia como presidente de Boca (en la que no faltaron jugosas denuncias de corrupción en la compra y venta de jugadores, ni de maltratos por parte de la patota a cargo de la seguridad del club del hoy caído en desgracia Comisario Palacios), el empresario lanzó su candidatura para la jefatura de gobierno.
"Es un intento de un grupo parásito del Estado por mantener o profundizar sus políticas", sostiene Argüello.
"No hay que marearse con los discursos de eficiencia, porque la trayectoria del Grupo demuestra que no hubo ni innovación ni riesgo, sino la cooptación sistemática del Estado. La candidatura de Macri busca llevar esto al máximo, diluyendo totalmente los límites entre lo público y lo privado", concluye Lozano.

Los estudios revelan cómo el conglomerado de empresas de los Macri se fue amoldando con astucia a cada etapa política y económica de la Argentina. Aunque el jefe económico siempre fue Franco, su hijo Mauricio ocupó cargos de relevancia en las diferentes firmas y fue ganando un lugar cada vez más protagónico.

Sería sano para la Argentina que de una vez y para siempre, los empresarios “exitosos” no fueran en su mayoría verdaderos parásitos que viven de los dineros públicos, a través de la corrupción, los “favores políticos” y el apriete como modus operandi para hacer su dinero. Aquí se revela claramente, la forma en que los Macri construyeron su poder y fortuna mediante las contrataciones del Estado, cambiando las reglas económicas y financieras para licuar sus deudas sin riesgo empresario alguno (dejando de lado esta regla de oro del capitalismo liberal a que dicen representar), y obtener de ello beneficios sin dudar (tal como el mismo Franco concibe como legado paterno en cuanto al vale todo por la empresa) en ejecutar acciones reñidas con la ética y legalidad, con el consentimiento de una gran parte de la clase política y judicial.

Como bien los definió Gabriela Cerruti, autora del libro “El Pibe” -sobre la vida de Mauricio Macri-, “(los Macri) … son los Corleone en su versión argentina”.


FUENTES:

- Diario Página 12, 22 de marzo de 2008, nota firmada por Santiago Rodríguez.
- Diario Página 12, 28 de septiembre de 1999, página 14.
- Claudio Lozano, economista, titular del Centro de Estudios de la CTA , “Concentración Económica Riesgo Democrático”, mayo de 2003.
- Informe para la oficina Anticorrupción de Jorge Argüello (no confundir con el diputado del bloque macrista).
- Carlos Forte; http://www.seprin.com.ar; julio 30 de 2003
- Daniel Santoro, "Los Intocables”, Ed. Planeta, 1996.


http://elhuecodelosmedios.blogspot.com.ar/2010/04/la-historia-del-grupo-macri-o-el-estado.html

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