Lo que circula por los medios

15 de abril de 2013

La Justicia corporativa - Democratizar la justicia


Sábado, 13 de abril de 2013 | Hoy
EL PAIS › PANORAMA POLITICO
Justicia corporativa



Por Luis Bruschtein
Les resulta revulsivo imaginar a un juez en campaña electoral y los escandaliza un abogado elegido por neófitos no abogados. Y para ellos no puede haber nada más absurdo que una sociedad ignorante y plebeya intervenga en la gestión de uno de los tres poderes que deciden sobre las vidas de todos los que la integran. Ese ha sido el credo dominante. Si estas situaciones generan esas reacciones, significa más que nunca que la Justicia necesita ser reformulada. La imagen del juez que desayuna con bronce, del abogado en su pedestal de mármol y del Poder Judicial como un country de élites forjó una Justicia cerrada, de espaldas a la sociedad y poco accesible para el vulgo de a pie. Lo anacrónico de esas imágenes queda más demostrado porque son pocos los jueces o abogados que hoy se animen a defenderlas en público. Pero en la intimidad muchos de ellos se regocijan porque esa cultura fosilizada les garantiza estatus y privilegios. Uno de ellos ha sido controlar en gran parte la gestión del Poder Judicial.

De los tres poderes de la República, el único donde la sociedad no tiene casi ninguna injerencia es en el Judicial. El Poder Ejecutivo y el Legislativo son elegidos por el voto de millones de ciudadanos, pero los integrantes del Consejo de la Magistratura son elegidos en buena parte por el voto de no más de 20 o 25 mil abogados y jueces. Para cambiar esa estructura tan corporativa, el Poder Ejecutivo propuso que tanto los abogados como los jueces que aspiran a ingresar al Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular, porque es una forma de democratizar esa institución al abrirla a la decisión ciudadana. Parte de los afectados, afiliados a Colegios de Abogados y Asociaciones de Juristas, en alianza con la mayoría de la oposición y los grandes medios, criticó furiosamente la propuesta. Podría decirse que fue la que más los enojó.

Dicho en voz alta suena gracioso: “Es más democrática una elección donde participan 25 o 30 mil personas, que una en la que votan millones”. En realidad, el argumento es al revés aunque exprese lo mismo: se dice que es antidemocrático que millones de personas elijan a los candidatos al Consejo de la Magistratura. ¿Por qué razón extraña sería más democrática una elección arreglada entre pequeñas agrupaciones profesionales que una abierta en la que participen todos los ciudadanos?

Los principales argumentos para sostener esa paradoja son tres: que el ámbito de la Justicia requiere un conocimiento técnico que el vulgo no tiene, que de esa manera se politiza el Poder Judicial, y que así se equipara la mayoría nacional electoral con la mayoría en la parte de la gestión del Poder Judicial que está a cargo del Consejo de la Magistratura, lo cual llevaría a que el Poder Judicial pierda independencia frente a los otros poderes, los que estarían expresando a su vez esa misma correlación de fuerzas. En general, el argumento más extendido es que, de esa manera, la Justicia se alinearía con el poder político de turno. Aunque sea obvio, habría que aclarar que no se está hablando de toda la Justicia, porque la mayor parte de la gestión del Poder Judicial corresponde a la Corte Suprema.

El argumento en contra de ese alineamiento político tendría algún asidero si, en verdad, el Poder Judicial estuviera aislado completamente de la política y no sufriera ninguna influencia por parte de ella. Tendría que estar dentro de una burbuja de vidrio. Porque de lo contrario, si hubiera la más mínima influencia de la política, lo más democrático sería canalizarla para evitar que esa influencia se produjera a través de pequeñas roscas y grupos de presión. En ese caso, las roscas políticas entre abogados o entre jueces son menos democráticas que la expresión de la soberanía popular expresada en el voto de todo el pueblo.

El consejero Alejandro Fargosi, por ejemplo, fue uno de los que más explotó esta idea en contra de este supuesto alineamiento y de la consecuente pérdida de independencia. Pero su propio derrotero para llegar al Consejo de la Magistratura y la actividad que desarrolló en ella no tienen nada de técnico ni de aséptico, sino que fueron esencialmente políticos, lo cual contradice sus argumentos. Fargosi fue elegido para su cargo en el Consejo de la Magistratura por el acuerdo de dos listas de abogados a partir de la coincidencia en la oposición al Gobierno. El centro de esa alianza fue la política nacional. Una lista era esencialmente conservadora y la otra respondía al ex juez Ricardo Gil Lavedra, uno de los principales dirigentes del radicalismo porteño. Y cuando asumió, Fargosi se afilió al PRO de Mauricio Macri lo que motivó las críticas de sus aliados originales. ¿Por qué puede creer Fargosi que su posición política tiene más valor que la de millones de personas?

El caso de Fargosi no es la excepción sino la regla general. Todas las elecciones en los Colegios de Abogados y entre los jueces tienen una fuerte connotación con la política nacional y sin embargo abogados como Fargosi y jueces como Ricardo Recondo, también consejero en la Magistratura y ex secretario de Estado radical, prefieren mantener la hipocresía de que se trata de un Poder Judicial aislado de la política. En todo caso, el poder que defienden es independiente de la política que respaldan las mayorías, pero absolutamente atravesado por las políticas de roscas y minorías. Entonces no se está defendiendo un Poder Judicial aséptico frente a otro que estaría muy politizado, sino que se está defendiendo un Poder Judicial de rosca política pequeña. Están defendiendo prebendas corporativas, que son opuestas a las prácticas democráticas.

Conclusión: la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura no politiza algo que ya está politizado, sino que democratiza esa politización. Algún opinador en la televisión mostró escandalizado una papeleta electoral que tenía una hoja agregada para la Magistratura. Era una hoja para los candidatos a presidente y vice, otra para senadores y diputados y una tercera para la Magistratura. El hombre hacía todo lo posible para verse escandalizado pero no se daba cuenta de que estaba mostrando algo que tendría que haberse hecho hace mucho tiempo: una hoja para los cargos del Poder Ejecutivo, otra hoja para el Poder Legislativo y una tercera hoja para los cargos electivos del Poder Judicial.

La elección de los cargos del Poder Ejecutivo ha ido siempre unida a los del Poder Legislativo. Siempre se votó a presidente, a senador y a diputados y a nadie se le ocurrió que el Congreso perdía independencia ante el Poder Ejecutivo por esa razón. Entonces ¿por qué se piensa que el Poder Judicial sí lo perdería? No parece que hubiera un motivo particular que distinguiera una cosa de la otra. Los candidatos que resulten elegidos responderán o no a corrientes políticas nacionales –igual que ahora, donde muchas veces hay independientes en las listas– y como hacen los senadores y diputados, deberán preservar la independencia de poderes, igual que lo deberán hacer los que sean elegidos para la Magistratura.

La propuesta amiga al Poder Judicial con la sociedad, o sea que lo democratiza y lo mejora y, al hacerlo, mejora también a la República. En contrapartida, anunciar la muerte de la República, como hizo la mayoría de la oposición, suena a exagerado y es tan desmedido que pone en evidencia que afecta a intereses importantes, lo cual habla también a favor de la propuesta.

Si la propuesta favorece al Gobierno o a la oposición, es otra discusión. El eje de fondo apunta a cuál es la forma más democrática, la que aporta más desde el punto de vista institucional. Para la oposición es más democrático que el Poder Judicial mantenga un orden corporativo y menos democrático, porque de esa manera lo controlaría la oposición y funcionaría como contrapeso del Poder Ejecutivo. Pero mañana eso puede cambiar y la oposición podría ser gobierno y se mantendría la estructura corporativa de la Magistratura y no sería contrapeso ni democrática. El eje de la discusión no es a quién favorece en forma circunstancial, porque eso puede cambiar. El eje es la Magistratura misma y el aporte de más democracia que le pueda significar la elección de sus miembros por el voto popular.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-217944-2013-04-13.html

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Dip Nac Roberto Feletti en Mil Voces 10-4-2013




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Miércoles, 10 de Abril de 2013 - 16:02 hs
"En muchos casos, la Justicia funciona como reaseguro del establishment"

El diputado Roberto Feletti dijo que "hasta ahora el Poder Judicial funcionaba como un estamento cerrado, autocentrado y con capacidad de veto del poder popular".


El diputado nacional porteño del Frente para la Victoria, Roberto Feletti, se refirió al paquete de leyes enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso con el objetivo de democratizar el Poder Judicial.

En declaraciones televisivas, manifestó que se trata de “otro paso adelante por parte de un gobierno que lleva una década construyendo mejor ciudadanía y mejor democracia”. En ese sentido, indicó que “este es un paso clave en la construcción de democracia, porque hasta ahora el Poder Judicial funcionaba como un estamento cerrado, autocentrado y con capacidad de veto del poder popular a través de diversos mecanismos, como el de las medidas cautelares”.

Feletti argumentó que no sólo “en la Argentina, en muchos casos, el Poder Judicial funciona como un reaseguro del establishment frente ante un avance del Estado”. En este sentido, recordó la presión sufrida por Franklin D. Roosvelt, presidente de los Estados Unidos (1933-1945), por parte de la Corte Suprema y los juzgados de ese país, para frenar la implementación del New Deal, y con él, la llegada del Estado de Bienestar.

En el plano local, explicó que “el caso más emblemático es la cautelar sobre la Ley de Medios”, agregando que “efectivamente puede haber un amparo para proteger un derecho que puede estar en duda, pero ese amparo no puede ser indefinido”.

Para el Diputado, “en un Estado de derecho, donde la forma de cercenamiento del poder popular no se hace ya por la vía del golpe de Estado y por la anulación de instituciones, el Poder Judicial se ha convertido en un reaseguro de los intereses del mercado”.

En la misma línea, opinó que “el Poder Judicial, como poder del Estado, muchas veces obra en respuesta a intereses que no son los que expresa el pueblo argentino con su voto” y destacó que frente a este escenario, el Gobierno paulatinamente va poniendo en discusión “obstáculos que impiden que la Argentina sea una democracia masiva, popular, donde realmente el que gobierna es aquel que ha sido elegido por el pueblo para hacerlo”.http://www.robertofeletti.com.ar/feletti-defendio-la-democratizacion-de-la-justicia-aid9066.html

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15.04.2013 | EL PRO también EVALÚA UNA INICIATIVA PARA REGULAR LAS MEDIDAS CAUTELARES
Macri critica la reforma pero impulsa proyectos similares en la Ciudad

El alcalde convocó a la marcha del 18 de abril, mientras sus legisladores estudian propuestas para cambiar el Consejo de la Magistratura local.


Por:
G. M.

El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, hizo ayer un llamado público a la ciudadanía para que rechace el paquete de leyes sobre reforma del Poder Judicial impulsadas por el Ejecutivo Nacional, y pidió "que nadie se quede callado" ante lo que denominó la intención del gobierno de "llevarse puestas las reglas del juego". A su vez, utilizó la red social Facebook para difundir la marcha convocada para el próximo jueves en contra del kirchnerismo, con lo que se sumó a la lista de dirigentes opositores que vienen arengando el denominado "18A". Pero, puertas adentro del macrismo, se sigue debatiendo la idea de reflotar algunos proyectos para restringir medidas cautelares en la justicia porteña y cambiar las mayorías en el Consejo de la Magistratura local, en idéntico sentido que lo propuso el gobierno nacional.
"Si la justicia pasa a ser dependiente del poderoso de turno deja de ser justicia", expresó Macri en un comunicado. "Esta semana no es como cualquier otra en nuestro país. Se pone en juego la justicia, y cuando ella está en juego muchas cosas entran en crisis. Se pone en juego nuestra libertad, nuestro futuro", agregó. El mensaje apuntó contra los seis proyectos para la "democratización de la justicia" enviados al Congreso, que tiene previsto sesionar miércoles y jueves para darles media sanción.
"El gobierno ahora va por una reforma que pretende llevarse puestas las reglas de juego", aseguró Macri. Y llamó a no ser indiferentes "si queremos evitar que esto ocurra". "Los que somos dirigentes políticos y creemos en la institucionalidad, la democracia, la libertad, tenemos que alzar nuestra voz y demostrar unidad para defender estos valores", planteó, en un explícito llamado a movilizarse.
Pero el PRO había hecho su propia intentona de reforma en la justicia local, que ahora un sector identificado con el vicepresidente 1º de la Legislatura, Cristian Ritondo, y con el poderoso empresario del juego y vértice judicial del macrismo, Daniel "El Tano" Angelici, propone reflotar. Ya en 2008, el legislador Martín Borrelli había redactado el proyecto 1003-D en el que restringía la aplicación de cautelares para el fuero contencioso administrativo, el que más dolores de cabeza le ha causado a Macri por detener medidas de su gobierno. Allí –en apenas tres artículos– se proponía limitar a 90 días hábiles el plazo del amparista para judicializar el reclamo y resaltaba que "no procederá el dictado de medidas cautelares" cuando se afecte la prestación de servicios públicos o se perjudicaran funciones de la administración pública. "Tampoco procederán medidas cautelares contra el Gobierno de la Ciudad o cualquiera de sus organismos o reparticiones, centralizadas o descentralizadas cuando los eventuales perjuicios afectaren derechos de contenido patrimonial", afirmaba el proyecto, con idéntico argumento al que hoy esgrime el gobierno nacional. Dar vista a la contraparte y resolver con efecto suspensivo eran también parte de su articulado.
Esa propuesta para poner "plazo razonable" a las cautelares también se trató de instalar en 2011, de la mano de Ritondo y del legislador michettista Martín Ocampo. El eje central descansaba en la caducidad del amparo tras veinte días sin impulso por parte del demandante, algo que en la mayoría de los procesos se hubiera cumplido. Según denunció la oposición, ya desde fines de 2012, el PRO redactó otro proyecto que buscaba disminuir las mayorías para acusar jueces en el Consejo de la Magistratura local. «

http://tiempo.infonews.com/2013/04/15/argentina-100140-macri-critica-la-reforma-pero-impulsa-proyectos-similares-en-la-ciudad.php

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