Lo que circula por los medios

23 de junio de 2013

El milagro brasileño


Domingo, 23 de junio de 2013

ECONOMIA › OPINION
Transporte público






Por Alfredo Zaiat
Emir Sader advierte que quien quiera captar de inmediato todas las dimensiones y proyecciones futuras de las masivas movilizaciones en Brasil tendrá una visión reduccionista del fenómeno, forzando la realidad para defender planteos previamente elaborados, para confirmar sus argumentos, sin dar cuenta del carácter multifacético y sorprendente de este acontecimiento. En un artículo publicado en su blog alojado en Carta Maior, Sader, cientista político y miembro de Clacso (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), ofrece diez reflexiones para iniciar el análisis de las movilizaciones de miles de brasileños en decenas de ciudades. Una de ellas es que el movimiento “puso en discusión una cuestión esencial en la lucha contra el neoliberalismo: la polarización entre intereses públicos y privados, y el tema de quién debe financiar los costos de un servicio público esencial que, como tal, no debería estar sometido a los intereses de las empresas privadas, movidas por el lucro”. Este tema alude a la calidad, el precio del boleto, el rol del Estado y de los privados y, por consiguiente, los fondos necesarios para mantener el servicio de transporte público de pasajeros en los centros urbanos. La cuestión deriva entonces en la magnitud del gasto público destinado a los subsidios para el transporte.

En San Pablo, ciudad donde comenzó la protesta por el aumento de veinte centavos de real, al subir de 3,00 a 3,20 el boleto de colectivo, el alcalde, Fernando Haddad, afirmó que dar marcha atrás con el ajuste –lo que ya sucedió– y mantenerlo sin variación demandaría un gasto equivalente a más de 3720 millones de dólares hasta 2016. Lo que significa aumentar los subsidios, afirmó con sesgo crítico.

El pensamiento económico convencional asocia subsidios con medidas populistas y, por lo tanto, nocivas de la estabilidad fiscal. Desgravaciones impositivas millonarias a grandes empresas o inmensos paquetes financieros de rescate a bancos y banqueros son, en cambio, políticas para garantizar el mejor funcionamiento de la economía. Involucran también muchos recursos pero no están demonizados como los subsidios. Mientras los subsidios al consumo de energía eléctrica, gas, agua y al transporte público beneficia a millones de personas, lo que define el carácter de populista en términos estrictos sin (des)calificación, los fondos para empresas y bancos son para unos pocos.

Los subsidios tienen un objetivo económico y un componente político. No son gastos que el Estado debe ahorrar para no generar distorsiones, como insiste la ortodoxia y no pocos miembros considerados heterodoxos. Unos y otros recortan el significado central de los subsidios. Estos son una herramienta importante de la gestión económica para incentivar el consumo masivo, la producción y la distribución del ingreso.

El Movimiento Passe Livre fue el impulsor de las movilizaciones en San Pablo contra el aumento del boleto. Reclama desde sus inicios en 2003 boletos subsidiados para estudiantes y se define como una organización política, un movimiento social autónomo, horizontal, independiente y apartidario que lucha por un transporte público gratuito. El pedido tiene su origen en que el costo del boleto en Brasil es muy caro absorbiendo una porción importante del presupuesto de los grupos sociales más vulnerables. La diferencia del costo del transporte entre San Pablo y Buenos Aires es muy importante.

El boleto de colectivo en San Pablo sin el ajuste es de 3,00 reales, equivalente a 7,30 pesos, que hubiera sido de 7,80 en caso de haberse mantenido la pretensión inicial de elevarlo a 3,20 reales (el mínimo en Buenos Aires es de 1,50 pesos pero el pago usual es 1,60 o 1,70 pesos, con la tarjeta SUBE. En el conurbano y en otras ciudades como Rosario y Córdoba es como mínimo el doble). El costo del transporte en relación al ingreso de los trabajadores es muy elevado en el caso brasileño. El salario mínimo de 678 reales (unos 310 dólares a la paridad de 2,20 reales) es equivalente a 1660 pesos, mientras el salario mínimo vital y móvil argentino es de 2875 pesos (538 dólares, estimado a un tipo de cambio de 5,35). En un par de meses ese piso subirá por lo menos un 20 por ciento, a 3450 pesos, ¿cuánto representa el boleto de colectivo en el ingreso mínimo de los trabajadores? En Brasil, 0,442 por ciento, mientras que en Argentina, 0,052 por ciento (boleto a 1,50 pesos). Esto significa que el costo del transporte en San Pablo es 8,5 veces más caro que en Capital Federal en términos del salario mínimo de los trabajadores.

Los subsidios en el transporte público son transferencias de ingresos monetarios, o sea salarios indirectos, a trabajadores. Sader lo refleja cuando dice que “la conquista de la anulación del aumento se traduce en un beneficio para las capas más pobres de la población, que son las que usualmente utilizan el transporte público”. La política de subsidios tiene impacto sobre el ingreso real de la población, especialmente de aquellos sectores en los que bienes y servicios subsidiados tienen un peso relevante en la canasta de consumo. El presupuesto destinado a transporte en San Pablo (40 viajes mensuales) representa casi el 19 por ciento del monto del salario mínimo; en tanto, en Buenos Aires involucra apenas el 2,2 por ciento del salario mínimo vital y móvil.

Los subsidios a servicios públicos tienen también un efecto indirecto sobre el crecimiento de la economía, en la medida en que mejores ingresos posibilitan un mayor consumo dinamizando la demanda agregada. Los subsidios son un factor relevante de una política fiscal expansiva, que tiene efectos positivos sobre la economía a través de múltiples mecanismos. De manera directa, alimentan el nivel de actividad vía la expansión del gasto público, componente central de la demanda agregada. Indirectamente, inciden sobre el crecimiento económico en virtud de su capacidad potencial de estimular la demanda de inversión (pública y privada) y el consumo. Por lo tanto, eliminar o reducirlos implica una contracción fiscal con el consiguiente resultado opuesto al de esa expansión.

En Brasil predomina una política económica de rasgos ortodoxos en materia fiscal y monetaria, provocando elogios del mundo financiero. En los últimos años, esa estrategia tuvo como saldo un desempeño económico mediocre. En 2011 y 2012 las tasas de crecimiento fueron del 2,4 por ciento y 0,8 por ciento, respectivamente, y la evolución de las variables macroeconómicas en lo que va de este año muestran también un pobre rendimiento. La economía brasileña crece menos que el promedio mundial y tiene una de las tasas de aumento del PBI más bajas de América del Sur.

Las movilizaciones que nacieron en San Pablo y se extendieron a las principales ciudades brasileñas abren el debate sobre el desempeño económico de la principal potencia de la región, pero, como advierte Sader, evitando la visión reduccionista tan común en corrientes conservadores que durante años han puesto a Brasil como modelo a imitar. Es indudable que ha mejorado la distribución del ingreso por los aumentos del salario mínimo y la expansión del programa Bolsa Familia. Millones de brasileños pudieron salir de la pobreza extrema. Ha habido una mejora sustancial en la calidad de vida de grupos sociales históricamente postergados. El salario promedio real en Brasil en el período 2006-2011 creció un 3,0 por ciento por año, con un pico de 4,0 por ciento en 2006 y un piso de 2,7 por ciento en 2011, según el último informe mundial sobre salarios de la Organización Internacional del Trabajo.

La evolución positiva en materia de distribución del ingreso y salarial, teniendo en cuenta que Brasil aún registra uno de los peores índices de reparto de riqueza de la región, ha provocado la definición marketinera de haberse convertido en un país de clase media. “El milagro brasileño” merece precisiones para comprender, al menos una faceta del actual estado de movilización social. Las estadísticas oficiales (de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República) consideran una familia de clase media cuando el ingreso familiar per cápita es de 291 reales (708 pesos) como mínimo y 1019 reales (2478 pesos) como máximo. Con esa base, según un documento divulgado por el Instituto Data Favela, en 2011 el 65 por ciento de las favelas brasileñas podrían considerarse económicamente integrantes de la clase media.

Si el cuadro social es definido de esa forma tan amplia, entonces la vieja y nueva clase media salió a protestar por las ciudades brasileñas.

azaiat@pagina12.com.ar


http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-222879-2013-06-23.html

CASO DE ANGELES RAWSON La hora de las pericias


Domingo, 23 de junio de 2013

SOCIEDAD › MAÑANA COMENZARIA A HABER CERTEZAS EN EL CASO DE ANGELES RAWSON
La hora de las pericias
Por un lado, se esperan los resultados de los peritajes del sótano del edificio y del departamento del principal sospechoso, el portero. Por otro lado, un fallo sobre el origen de las lesiones que exhibe Mangeri.




A partir de mañana, la ciencia se empezará a pronunciar sobre el asesinato de Angeles Rawson. El caso no está cerrado y el peso de la prueba está del lado pericial. La clave son los distintos estudios que se mandaron a hacer sobre las uñas de la chica, el subsuelo del edificio, el departamento y el auto del encargado. Hay algunas cuestiones decisivas: por ejemplo, se dice que en el subsuelo había restos de la soga, bastante gruesa, que había alrededor del cuello de Angeles y que las bolsas de consorcio son exactamente las mismas –igual marca, igual partida– que la que se usó para meter el cuerpo de la joven. Serían pruebas lapidarias, pero todavía no están. El otro dictamen vital es el de la junta médica que el juez formó para estudiar las lesiones del encargado del edificio, Jorge Mangeri.

El primer análisis del equipo médico forense fue que Mangeri tenía rastros de rasguños posiblemente producidos por Angeles y que no existieron torturas, sino lesiones que él mismo se habría producido para tapar aquellos arañazos. Al mismo tiempo, la División Homicidios de la Policía Federal busca algunas otras pruebas, como por ejemplo alguna cámara que haya detectado imágenes del momento en que se sacó el cuerpo del edificio. La defensa de Mangeri, que mañana asumiría Miguel Angel Pierri, ya adelantó que el encargado no va a declarar de inmediato –tal vez lo haga el miércoles– y que tampoco pedirán la excarcelación por ahora, pero ellos también insisten en que esto no está cerrado para nada.

Estas son las claves del caso

- ¿Cuál es la base de la acusación de la fiscal Paula Asaro?

La fiscalía tiene una cámara en la que se ve a Angeles frente al edificio, sacando las llaves para abrir la puerta. Por el ángulo, no se ve exactamente el momento en que entra, pero –para la fiscal– está claro que lo hizo porque en las imágenes no se ve que vuelva sobre sus pasos. Al mismo tiempo, Asaro tiene el testimonio de la doméstica, Dominga, que dice que estuvo trabajando allí toda la mañana y que la chica no llegó al departamento familiar. De manera que esos dos elementos definen para la fiscal el ámbito en el que ocurrieron los hechos: el edificio. Lo que volcó las cosas contra el portero son sus contradicciones al declarar y, sobre todo, las lesiones en su cuerpo. La revisión en aquella noche del viernes la hizo el equipo del doctor Alfredo Sapag, jefe de la Unidad Forense de la Policía Federal y titular de la materia en la UBA. El juez ordenó una junta médica, en la que se incluyen médicos de la Corte Suprema, que revisó al encargado en la semana que pasó y se supone que el informe estará mañana o pasado. Si la junta médica coincide en que hay lesiones que pueden provenir de arañazos defensivos, la situación de Mangeri se complicará.

- ¿Otras evidencias?

Los investigadores de la División Homicidios de la Policía Federal dicen que en el subsuelo del edificio, es decir el lugar al que tenía acceso Mangeri, había soga, hilo sisal, que se corresponde con el encontrado alrededor del cuerpo de Angeles. Y que también se corresponden las bolsas almacenadas con la que se usó para meter a la chica y tirarla después en algún container. Si los peritos demuestran que efectivamente existe correspondencia entre esos elementos, también el cuadro será muy difícil para el encargado. Pero esto tampoco está terminado.

Hay versiones que hablan también de pelo de mujer en el subsuelo y en un zapato de Mangeri. Todo eso requiere confirmación.

- La autoincriminación

Desde un punto de vista legal, no tiene valor para acusar a Mangeri. Aquella frase “mi esposa no tuvo nada que ver, fui yo el responsable de lo ocurrido en Ravignani 2360” está asentada en el acta que firmaron la fiscal y el secretario de la fiscalía, que –a primera vista– no tienen ninguna razón para mentir. La razón por la que Mangeri habría dicho que su esposa no tuvo nada que ver es que primero entró a declarar la mujer. La fiscal advirtió contradicciones entre la versión de los dos y el encargado percibió que Asaro podría acusar de algo a la esposa. Por ello Mangeri habría usado la frase exculpatoria. Más allá de todo, se repite que la confesión no tiene peso probatorio, pero era obligatorio que la fiscal y el secretario lo consignaran en el acta.

- Torturas, aprietes, “vio algo que no tendría que haber visto”

Mangeri le dijo el viernes 14 a la fiscal Asaro que lo habían secuestrado y picaneado. En presencia del defensor oficial, Carlos Garay, fueron convocados cuatro especialistas del equipo del doctor Sapag. Tras la revisión y el dictamen de que no había lesiones provenientes de torturas, la fiscal no sacó testimonio para que se investiguen posibles apremios ilegales. El defensor oficial tampoco hizo una denuncia esa noche del viernes. Al día siguiente, cuando trascendieron los dichos de Mangeri sobre las torturas, hubo una consulta telefónica con el defensor oficial para ver si quería realizar la denuncia. Dijo que no. El lunes 17 fue el propio juez el que tomó contacto con el encargado y con su abogado defensor. Tampoco en esa ocasión se hizo una denuncia por supuestos apremios ilegales. El propio Pierri dijo que no cree que haya sido torturado, pero dejó abierta la posibilidad de hacer la denuncia después de ver la causa.

En los últimos días, Diana, la esposa de Mangeri, dijo en Canal 9 que “él vio algo que no tenía que ver. El momento en que alguien le estaba haciendo daño a la Mumi (Angeles). Por eso después fue amenazado, secuestrado, torturado”. Es una versión difícil de entender: no hay ninguna razón para que Mangeri no lo haya declarado hasta el momento. Tampoco se entiende que un grupo comando lo haya secuestrado y torturado: ¿para defender a quién? En cualquier caso, habrá que ver qué dice la junta médica este lunes o martes.

- ¿Por qué no declara?

Por supuesto que Mangeri está en todo su derecho legal de no declarar, pero llama la atención que se haya negado hasta ahora. Podría perfectamente explicar qué hizo, dónde estuvo, qué vio, si es que vio algo.

- Una contradicción difícil de explicar hasta el momento

Según la autopsia, Angeles murió por asfixia debido a la compresión –casi seguro– del camión de la basura. Esto plantea un problema que no se entiende. La chica entró al edificio cerca de las 10 de la mañana, allí se habría producido –según la fiscal Asaro– el desenlace. Pero el proceso posterior implica que la tiraron a un container y que pasó el camión de la basura, todos hechos que supuestamente ocurrieron al anochecer. ¿Estuvo viva ocho horas o más? No parece demasiado probable. Criminalistas y forenses consultados por este diario –que tuvieron acceso a imágenes del cuerpo de Angeles– creen que la chica murió casi seguro por la asfixia de la bolsa verde que le pusieron en la cabeza. Hubo también un intento de estrangulamiento, con una cuerda, bastante gruesa, que le da dos vueltas en el cuello. Pero todo esto no es lo que dice la autopsia. De manera que allí hay una contradicción inexplicada hasta ahora.

- ¿Ataque y crimen planificado?

Hay coincidencia en que no. Los elementos con los que el homicida tiró el cuerpo, la soga sisal, la bolsa del supermercado de la otra cuadra, la bolsa de residuos, la presunta cercanía del lugar –aunque todavía no se sabe– hablan de improvisación, de elementos que el atacante tenía a mano. Es una de las razones de la imputación: todo ocurrió en el edificio y Mangeri tenía acceso al manejo de la basura. Difícil que otra persona hubiera podido sacar un cuerpo de Ravignani 2360. También el testimonio del encargado suplente, Fernando, puso bastante sombra sobre Mangeri: que lo vio mal, demacrado, pálido, que se contradijo.

Por otra parte, esa improvisación que se ve claramente contrasta con un supuesto comando que lo secuestró y lo picaneó, y luego lo hizo una segunda vez y tiró un cuaderno de calificaciones a diez kilómetros. O sea, por un lado un ataque atropellado a la chica; un rápido armado de cosas para deshacerse del cuerpo, con un único protagonista porque hay convencimiento de que el homicida no tuvo cómplice. Y por el otro lado una organización aceitada, mafiosa, que secuestra y tiene capacidad operativa. Algo no cierra en esta contradicción que también hay que terminar de despejar.

- La familia

Por ahora, dejaron de estar en el centro de las sospechas. En su momento, las miradas apuntaron a ellos por razones muy subjetivas: la mala impresión que causó el marido de la madre, Sergio, o aquella frase “estoy en paz” de la propia Jimena Adúriz, la madre.

- Evidencias decisivas

Si en las uñas de Angeles se encuentra material genético de Mangeri el caso estará esclarecido. Si aparecen evidencias –ADN, sangre, pelos– en el vehículo del encargado, en el subsuelo, en su departamento o en la soga que tiene alrededor del cuello. Si se confirman las versiones del pelo en el subsuelo –debe determinarse que sea de Angeles, por supuesto– o en el zapato del encargado o si hay correspondencia absoluta entre las cuerdas y las bolsas del subsuelo y las del cuerpo de la chica, también quedaría muy comprometido.

Al mismo tiempo, se están revisando otra vez las cámaras de seguridad para ver si se puede detectar el momento en que se sacó el cuerpo del edificio. Y también las cámaras de la zona para ver si el Mégane de Mangeri se movió o no se movió y qué se percibe en las imágenes.

Habrá que verificar si el informe de la empresa de telefonía confirma los movimientos del celular de Mangeri y si éstos tienen coherencia con lo que dijo en la declaración testimonial. Todo este cuerpo de pruebas, junto con el dictamen de la junta médica sobre los arañazos, parecen decisivos. Pero si nada de lo anterior confirma las afirmaciones de la fiscal, habrá que empezar de cero. O, peor, reencaminar la investigación de un hecho ocurrido hace dos semanas, con pruebas que posiblemente se hayan perdido por el camino.

raulkollmann@hotmail.com

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-222877-2013-06-23.html

19 de junio de 2013

Victor Hugo sobre artículo de Gil Lavedra - Papel Prensa


Editorial VHM 19062013






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Martes 18 de junio de 2013 | Publicado en edición impresa
Categoría excepcional
No banalizar los delitos de lesa humanidad

Los crímenes aberrantes que se cometieron durante la última dictadura dentro de un plan sistemático deben ser castigados con todo rigor, pero siempre observando las garantías que la Constitución y los tratados establecen
Por Ricardo Gil Lavedra |


Hace poco se ha hecho pública la opinión de un importante dirigente del peronismo -enfrentado políticamente con el actual gobierno- acerca de la supuesta conveniencia de encarar alguna forma de negociación con los imputados de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar que consista, por ejemplo, en el canje de alguna ventaja relativa a las penas por información sobre los hechos investigados y el destino de las víctimas del terrorismo de Estado.

Desde luego, no hay fórmulas preestablecidas acerca de la mejor manera de enfrentar estos crímenes horrendos, cometidos desde el aparato estatal y en la clandestinidad. Algunas sociedades han privilegiado la búsqueda de la verdad por sobre cualquier otra cuestión, aun resignando, total o parcialmente, el castigo. En mi opinión, resulta necesario en nuestro país terminar la actual etapa con el pronunciamiento de los tribunales de justicia, recogiendo el consenso existente, tanto político como social, respecto de que tales delitos aberrantes deben ser castigados con el máximo rigor, tratando de esclarecer los hechos con el mayor detalle posible, sancionando a los responsables en el marco de las reglas del debido proceso y de los principios del Estado de Derecho. Luego de que eso concluya, podrá pensarse o no en alguna solución que intente reparar de mejor manera la búsqueda de la verdad.

Ahora bien, la obligatoriedad e irrenunciabilidad de tales procesos, así como la necesidad de arribar a una sentencia final en todos y cada uno de los casos, y la de penar con el máximo rigor a los que resulten condenados, de acuerdo con la ley y en la medida de la responsabilidad comprobada, no puede llevar a consentir que, en las investigaciones y los juicios referidos a delitos de lesa humanidad, no se observen estrictamente todas las garantías procesales que la Constitución nacional y los tratados internacionales aseguran a los imputados, sin distinción alguna. Tampoco puede admitirse que se efectúen imputaciones por presuntos delitos de lesa humanidad de un modo ligero, sin una correcta verificación de la alta probabilidad de que concurran los requisitos que caracterizan a tales delitos.

Cabe recordar que la Procuración General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia han coincidido en que la categoría de crímenes de lesa humanidad es el producto de una evolución histórica que, al menos desde la Segunda Guerra Mundial, ha comprendido graves violaciones de los derechos humanos cometidas a través de la actuación estatal y, si bien todo crimen de lesa humanidad, al igual que los delitos comunes en contra de las personas (el homicidio, la reducción a servidumbre, la violación, etcétera), implica un ataque en contra de la víctima o las víctimas de la agresión, aquél, además de afectar a la víctima directa, se considera cometido en contra de la humanidad porque ha sido llevado a cabo como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido a una población civil, de conformidad con una política de un Estado o de una organización o para promover esa política.

Se trata, entonces, de una categoría especialmente restringida de delitos. Para ser autor o partícipe de un delito en contra de la humanidad no es necesario ser un funcionario estatal, pero nadie puede ser considerado tal, sea un funcionario, sea un particular, si no se prueba de manera fehaciente que ha ejecutado o prestado cooperación al ejecutor o determinado al ejecutor a cometer un hecho que reúna aquellas características excepcionales. Es necesario probar también que, en el momento de actuar, y no posteriormente, el acusado ha tenido conocimiento de que su acto era parte de un ataque generalizado o sistemático perpetrado contra la población conforme a una política estatal de tal naturaleza.

Al respecto, hace algunos meses ha sido publicada una nota editorial que daba cuenta de la pauta probatoria que debe observarse también en tales procesos, en la que se señaló que conforme a un fallo de la Corte Penal Internacional una persona acusada por un delito de lesa humanidad no puede ser condenada si no se prueban en un proceso justo, más allá de toda duda razonable, tanto su participación en los hechos juzgados como el conocimiento de la inserción de su conducta dentro de un plan criminal sistemático guiado por los propósitos inhumanos que caracterizan a esos aberrantes delitos (LA NACION, edición del miércoles 26/12/2012). Tal posición es correcta, pues el principio de inocencia y su correlato consistente en que el acusador debe probar con certeza la culpabilidad y no el acusado su inocencia, así como el corolario de aquel principio conforme al cual la duda debe favorecer al imputado, rigen sin atenuante alguno en todos los procesos, incluyendo los que tienen por objeto el terrorismo de Estado y los crímenes en contra de la humanidad.

Pero, además del estándar probatorio riguroso que debe respetarse para condenar, es claro que antes, ya para someter a proceso a una persona por un delito de lesa humanidad, es necesario acreditar al menos la alta probabilidad de que haya realizado el acto que se le imputa como parte de un ataque sistemático o generalizado a la población civil y su vinculación con la política de la índole especial ya descripta. No basta, entonces, que supiera al momento del hecho, por ejemplo, que el acto era lesivo de un derecho humano fundamental de una o más personas ni que lo perpetrase junto con funcionarios estatales o que les prestara ayuda para ejecutarlos.

Al respecto, si bien han existido grupos económicos o civiles que promovieron o apoyaron en nuestro país el último golpe de Estado, o las políticas económicas o sociales de la dictadura, o a los que éstas beneficiaron, la mera adscripción, fundada o no, de una persona a esos grupos, vinculada incluso con la afirmación de que hipotéticamente ha cometido o colaborado en un delito o delitos perpetrados en la época en que se ejecutó el plan estatal de violación sistemática de los derechos humanos, no basta por sí sola para someterla a juicio por un delito de lesa humanidad (y mucho menos para condenarla por ello).

Es importante definir que aquella "alta probabilidad" debe estar no sólo afirmada, sino debidamente justificada para el sometimiento al proceso por crímenes en contra de la humanidad, porque si bien las personas que afrontan tales juicios no están excluidas de las garantías fundamentales que deben asegurarse a cualquiera en un proceso penal, existen otros principios (como el de jurisdicción universal o el de imprescriptibilidad de la acción, entre otros) que no rigen para las causas por delitos comunes, aun si se trata de delitos gravísimos y lesivos de derechos humanos básicos, y sí, en cambio, deben aplicarse a los procesos por aquellos delitos especialísimos.

Debe desecharse la aplicación inapropiada, sea voluntaria o negligente, del mote de delito de lesa humanidad a cualquier delito, aunque sea grave, basada en vagas afirmaciones de afinidad del imputado con la dictadura o con sus políticas, si no se trata de una imputación fundada en la alta probabilidad de la concurrencia respecto de su acto y el conocimiento por su parte de aquellos requisitos excepcionales mencionados.

En buena medida el esclarecimiento de las características y los alcances del plan sistemático estatal de violación generalizada de los derechos humanos básicos desarrollado y ejecutado durante la última dictadura militar tuvo lugar una vez restablecida la democracia, especialmente a partir de la acción de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas y, posteriormente, en el plano judicial, como resultado del proceso seguido a los ex integrantes de las juntas de la dictadura y otros que le siguieron. Hoy pocos ignoran en qué consistió tal plan y los hechos perpetrados, pero no cabe sin más trasladar anacrónicamente ese conocimiento al pasado, máxime cuando el secreto, la clandestinidad, el ocultamiento y la negación fueron características del plan criminal y de la violación sistemática de los derechos humanos perpetrada por el Proceso, cuyos responsables ejercieron además un férreo control sobre los medios de difusión de entonces, que dificultó la información o la difusión de noticias verdaderas, en nuestro país, acerca de lo que estaba ocurriendo (o, al menos, del carácter sistemático, planificado en detalle, incluyendo el destino de los desaparecidos).

Es muy importante lo que ha hecho Argentina frente al mundo con relación a la persecución de esos delitos atroces. La actitud de los tribunales intervinientes y la voluntad política plasmada por las autoridades, en diferentes períodos o contextos históricos, es un motivo de legítimo orgullo. Por eso mismo, debemos cuidar celosamente la categoría excepcional de delito de lesa humanidad y los procesos en los que se aplica. Vigilemos que no sean bastardeados o convertidos en un mero instrumento de la conveniencia política del relato oficial.

http://www.lanacion.com.ar/1593039-no-banalizar-los-delitos-de-lesa-humanidad

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18 de junio de 2013

Ejemplos de elección de los jueces por voto popular


Ejemplos de elección de los jueces por voto popular
20 diciembre, 2012


Bolivia. La reforma constitucional de 2009 incluyó el voto popular para elegir jueces. Primero, la Asamblea Legislativa elige una lista de precandidatos entre los de mayor mérito profesional; el 50% deben ser mujeres y debe haber candidatos de los pueblos originarios. Una vez aprobados por dos tercios de la Cámara, los candidatos hacen una «campaña» informativa que excluye todo compromiso ideológico o partidario. Luego se someten al voto ciudadano. Así se eligieron los miembros del Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia, los de mayor relevancia política. Este mecanismo no incluye a los jueces penales y de primera instancia.

Estados Unidos. La mayoría de los Estados tiene algún tipo de selección popular de jueces, incluidos los de la Corte Suprema en 12 casos. En 7 Estados los jueces se votan en elecciones partidarias, junto con las de presidente o diputados. En otros 14, la elección es separada y los candidatos no exponen su pertenencia política. Otros 16 Estados aplican las elecciones de retención: a los jueces los nombran el gobernador o la Cámara legislativa y cada tantos años (en general 12) la población vota en un referéndum si el juez sigue o no. Además, como se ve en las películas, existen los jurados formados por vecinos sorteados: el jurado popular resuelve si el procesado es culpable o inocente y luego el juez dicta la pena.

Otros casos. En Japón, los jueces de la Corte son sometidos a plebiscito para ratificarlos o no. En la mayoría de los países de la ex URSS se votan los jueces de los tribunales inferiores, así como en algunos cantones de Suiza y municipios de Francia. En Colombia, Perú y Venezuela la población vota a los jueces de paz. También hay jurados populares o mixtos (escabinados) en Inglaterra, España, Francia, Alemania, Italia, Austria, Portugal, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Noruega, Suiza, Brasil, Bulgaria, Rumania, Grecia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Ceilán, México, Honduras, Malta, Costa Rica, Puerto Rico y Cuba, entre otros. Todo modelo tiene sus falencias, pero aun en países tan distintos la justicia es mucho más democrática que en la Argentina.
http://as.mst.org.ar/2012/12/20/ejemplos-de-eleccion-de-los-jueces-por-voto-popular

CFK ¿Se dan cuenta de que hablamos, cuando hablamos de Democratización de la Justicia?


Martes, 18 de Junio de 2013 14:48 Rate this item1 2 3 4 5 (0 votes)
CFK ¿Se dan cuenta de que hablamos, cuando hablamos de Democratización de la Justicia?


A través de las redes sociales de Facebbok y Twitter, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó su sorpresa ante una noticia publicada por el diario Tiempo Argentino "No lo puedo creer. Cierran causa por polo gastronómico en la SRA”




Cristina Fernández de Kirchner se refirió en las redes sociales de Facebook y Twitter a un artículo publicado por el diario Tiempo Argentino. "No lo puedo creer. Cierran causa por polo gastronómico en la SRA”.

Y fiel a su estilo de comunicación la presidenta pasó a detallar y explicar la cuestión en torno al préstamo que recibió La Rural del Banco BAPRO (Banco Provincia de Buenos Aires) de 106 millones.
En ese marco también se refirió al vínculo entre La Rural y la empresa Odgen, del actual diputado Francisco De Narváez.

Texto Facebook
No lo puedo creer. What? Acabo de leer Tiempo Argentino pag. 5: “Cierran causa por polo gastronómico en la SRA” (Sociedad Rural Argentina).

¿Y eso qué es? Les cuento:

Año 1999 el BAPRO (Banco Provincia de Buenos Aires) le presta $106 millones a la Sociedad Rural Argentina.

¿Para qué? Si la entidad en sí no es productora de nada. No vayas a creer. Las apariencias engañan. Ya se van a dar cuenta…

El crédito se lo dan para la construcción de 5 pabellones feriales. Casi 50.000 mts 2, cines, restaurantes, etc, etc.

¿Y dónde iban a construir algo tan grande? Adivinen! Si, acertaron!

En el predio de Palermo que el Gobierno Nacional les “vendió”, en los años 90, a precio vil. Precio vil que además nunca pagaron.

Ahora se acuerdan? Es la venta que revoqué por decreto ordenando la recuperación del predio por constituir una estafa al patrimonio estatal…

Menos mal! Bueno, no. La verdad que muy mal. Porque al decreto lo paró una cautelar de la Cámara Federal en lo Clarín y Rural, y todo sigue igual. Francisco de las Carreras, Graciela Medina y Ricardo Guarinoni. Los conocidos de siempre.

O sea, la Provincia de Buenos Aires puso $106 millones para que se construyeran obras que nunca se hicieron, la Nación les “vendió” a precio vil un terreno que nunca pagaron, y el terreno, patrimonio de todos los argentinos, no se recupera.

Cómo puede ser? Y nadie hizo nada?

Cómo que nadie hizo nada? Faltaba más. Para que están algunos jueces?

La Sala 7ma de la Cámara del Crimen (jueces Mauro Divito, Juan Cicciaro y Mariano Scotto) que intervenían en la causa penal del préstamo, declararon prescripta la causa y sobreseyeron a todos los imputados. Lo acabo de leer como te decía al principio.

Qué a quiénes sobreseyeron? Jaime Bernasconi, Juan Ravagnan, Eduardo de Zavalía, Luciano Miguens, Horacio Lavalle, Enrique Crotto y Juan María de Anchorena, entre otros.

¿Y quién se queda con TODO? La Rural y Ogden. Qué quién es Ogden? Ahí viene lo mejor…

¿Se acuerdan de un señor medio coloradito que decía que tenía un plan y que vos nunca supiste cuál era? Bueno me parece que se develó el misterio.

Vieron que todos tienen planes! Madre de Dios, no se puede creer. Y si, la verdad que tienen razón. Indigna.

Sobre todo porque seguro conocen a alguien que no podía pagar un alquiler y lo desalojaron, o le ejecutaron la hipoteca que no pudo pagar de su casa, o nunca consiguió un préstamo ni para comprarse una bicicleta. El “País del no me acuerdo” (según qué) y del “No te pago” (según quién).

¿Se dan cuenta de que hablamos, cuando hablamos de Democratización de la Justicia?



http://www.lapistaoculta.com.ar/3/2/c/politica/item/4328-cfk-%C2%BFse-dan-cuenta-de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-democratizaci%C3%B3n-de-la-justicia?.html

17 de junio de 2013

Lanata y sus ataques mediáticos... de Víctor Hugo a Rial


Lunes, 17 de Junio de 2013 16:36 Rate this item1 2 3 4 5 (1 vote)
Lanata y sus ataques mediáticos... de Víctor Hugo a Rial

Jorge Lanata ataca ahora a Jorge Rial. Ayer mostró los twits del conductor de Intrusos y de Ciudad GotiK sobre la gestión del ministro Florencio Randazzo "desde el año pasado hasta lo de Castelar" y expresó "Un chivo de Randazzo uno detrás de otro".




Periodismo para todos y todas con contradicciones internas


Jorge Lanata en su programa de ayer, Periodismo para todos y todas, señaló que una tuitera ( @imaarg) "descubrió todos los twits de Jorge Rial" hablando a favor del ministro Florencio Randazzo "desde el año pasado hasta lo de Castelar".

En su monólogo Lanata aseveró "un chivo de Randazzo uno detrás de otro" (...) "Hay gente que paga en twitter, que garpan para eso, es una forma de hacer publicidad encubierta". ( video abajo)

Por su parte Rial expresó por twitter "Nobleza obliga. Me acaba de llamar Lanata pidiendo disculpas y reconociendo q los tuit eran extractos de notas hechas en @radiolared". Rial se refiere a su programa Ciudad GotiK

En la mañana de hoy, Lanata desmintió por Radio Mitre el pedido de disculpas. “Rial a la 1:32 dice que lo llamé para pedirle perdón. Nunca lo llame, Nunca llamé a Rial, me llama la atención que mienta de esa manera. Nunca lo llame y no le voy a pedir disculpas”.

También agregó "Rial no me cae mal, una vez le dimos laburo, cuando no lo tenía en la revista 23"

Y en ese contexto Lanata señaló que no aceptará la invitación al programa de Mirtha Legrand en el canal América. "No voy a ir a un canal que se encolumna para cagarme a mi"

Luego prosiguió "aunque resulte aburrido le voy a leer todos los twits de Rial sobre Randazzo" y acto seguido comenzó a leer uno por uno. ( video abajo)

Rial hoy volvió a decir "Sigo confirmando lo mismo. Aunque ahora el hombre arrugue".


De Víctor Hugo Morales a Jorge Rial. Lanata parece que ahora le declaró la guerra a Jorge Rial, al mismo tiempo que se ubica como el destinatario de un complot por parte del Canal América para perjudicarlo.

Cabe recordar que igual posición tuvo con Víctor Hugo Morales a quien hace unos años atrás definía como una persona admirable y luego lo defenestró. ( ver abajo video Lanata con Leuco - Lanata habla de Victor Hugo Morales y de sus reuniones con Héctor Magnetto)

Y justamente en entrevista con Víctor Hugo Morales en el año 2009, Lanata criticaba la victimización de Clarín y afirmaba que Clarín debía callarse la boca porque "justamente cuando más creció fue durante la dictadura y jamás habló de desaparecidos en esa época".

Victimización en la que ahora se ubica como cuando dijo desde la pantalla de Canal 13 "Les quiero pedir a todos: si algo así pasa, si nos sacan, hagan algo" o con lo que hoy dijo por Radio Mitre "No voy a ir a un canal que se encolumna para cagarme a mi".


Lanata contra Clarín


"Usar la palabra desaparecer es muy fuerte en la Argentina, porque Clarín justamente cuando más creció fue durante la dictadura y jamás habló de desaparecidos en esa época. ¡Por lo menos, callate la boca! Es de un gran cinismo, su publicidad”





Relacionada:

Lanata militante confeso: "Hay que lograr en las urnas que esta gente se vaya"


VIDEOS

Lanata sobre Jorge Rial





Lanata por Radio Mitre sobre Rial






Lanata con Leuco hablando sobre la integridad de Víctor Hugo Morales y sus reuniones con Héctor Magnetto





LaPistaOculta/GN


http://www.lapistaoculta.com.ar/3/2/c/los-medios/item/4319-lanata-rial.html

16 de junio de 2013

Corte Suprema


Domingo, 16 de junio de 2013

EL PAIS › OPINION
Micro y macrofísica del poder
La Corte, un cuerpo colegiado ma non troppo. Sus integrantes, historia e historias. Su presidente inesperado, cómo y por qué llegó. Internas, que las hay. Cómo se debate. Las brasas ardientes que tiene por resolver. Y varios detalles más.



Por Mario Wainfeld
La Corte Suprema tiene siete integrantes, dos son mujeres. Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco fueron las primeras designadas por un gobierno democrático, el del presidente Néstor Kirchner. Margarita Argúas las precedió pero fue designada por el presidente de facto y dictador Roberto Marcelo Levingston.

Kirchner nombró a otros dos miembros del Tribunal, Eugenio Raúl Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti. Carlos Fayt y Enrique Petracchi llegaron a sus cargos nombrados en 1983 por el presidente Raúl Alfonsín. A Juan Carlos Maqueda lo propuso el ex presidente Eduardo Duhalde.

Jueces de “la familia”, consagrados toda su vida a la carrera judicial, hay dos: Petracchi y Highton de Nolasco. Zaffaroni y Argibay lo fueron en anteriores ocasiones pero no durante toda su trayectoria. Fayt, Lorenzetti y Maqueda ejercen la Magistratura por primera vez.

Una opinión muy extendida aunque no unánime (que este cronista comparte) les reconoce a todos un buen nivel jurídico, compatible con su investidura, poder y responsabilidad. Solo uno, Zaffaroni, es un jurista y académico de primer nivel nacional e internacional, con obras consideradas clásicas, versación inusual y formador de algo así como una escuela y una cantidad relevante de discípulos y émulos. Esa condición no es imprescindible para ser juez, cree el cronista, pero es un plus si se sabe hacer compatible con la función.

Fayt, Maqueda y Zaffaroni hicieron “carrera política”, incluidas definiciones partidarias e ideológicas precisas. El que llegó más alto en rango institucional fue Maqueda que supo ser presidente del Senado tras la caída del ex presidente Fernando de la Rúa. Incluso, por un día o dos quedó a cargo de la presidencia por algún viaje de Duhalde. El cronista recuerda el hecho por un avatar casual: esa vez lo vio entrar a la Casa Rosada y ser saludado en regla y con esa designación por los Granaderos.

Cinco de los supremos tienen más de setenta años; dos, más de 75; uno, 95. Maqueda y el presidente Lorenzetti son bastante más jóvenes.

Argibay, Fayt y Petracchi padecen significativos achaques de salud. Los dos varones, sinceran sus colegas, sólo van al Palacio los días de Acuerdo (menos de una vez por semana, en promedio) y en alguna ocasión muy especial. Para precaver potenciales contagios, Fayt rehúye reuniones nutridas, incluso los tradicionales brindis de la Corte, a los que el presidente dota de una liturgia cuidadosa y atribuye mucha importancia en el rubro relaciones públicas.

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Bloques e individualidades: Durante la era menemista, las sentencias de la Corte se caracterizaron por la existencia de una ajustada “mayoría automática” que apoyaba a libro cerrado las iniciativas del Ejecutivo, abarcando (o priorizando) las más atrabiliarias. Cuatro cortesanos solían oponerse, de modo tan consecuente cuan infructuoso. Ante otros asuntos, los dos bloques se mezclaban.

La composición ulterior no replica ese esquema. Siete individualidades la componen, los bloques no son estáticos. Hay un fuerte espíritu de cuerpo pero las resoluciones se plasman por siete personas, que tampoco arman camarillas o grupos (muy) estables. Es un avance, comparado con el precedente del tren fantasma menemista pero es también una lógica peculiar en un cuerpo colegiado en el que (mayormente) no hay grupos internos de pertenencia.

La dinámica interna –sobre la que poco se devela, se conoce y menos se escribe– es sugestiva. A diferencia de quienes componen los otros poderes del Estado, los jueces son vitalicios (con el tope constitucional de los 75 años). No están supeditados a ningún veredicto popular y su accionar colectivo está muy teñido de personalismo. Así lo pensaron los constituyentes, se supone... lo que no significa que sea ideal ni nefasto.

El estamento estatal más aristocrático, más alejado del escrutinio popular, más conservador tiene en su cima a siete individualidades que, en alguna medida, manejan premisas propias en cada caso.

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Bloques de ayer, internas de hoy: Julio Nazareno presidía la Corte noventista, a la que el gobierno de la Alianza no molestó ni cuestionó. Era coherente porque el hombre era un vasallo de Menem. La llegada de Ricardo Lorenzetti en la actual etapa fue relativamente sorprendente, por su condición de recién llegado, el último designado por Kirchner, lo que sugiere una (relativa y mínima) escala valorativa en relación con los otros tres “nuevos”. La explicación ulterior es sencilla: él es quien combina más muñeca y ambición de poder dentro del Tribunal.

Su posición es aceptada por el resto, con excepción de Petracchi: ambos se detestan amablemente, si se permite el oxímoron. Petracchi recusa el afán reeleccionista de su colega, entre otras críticas. No chocan en la labor cotidiana, cuentan sus pares, pero se hablan el mínimo indispensable, que es muuuy poco.

Ya que de internas hablamos: hay una vieja y asordinada tirria de Argibay contra Zaffaroni. Ambos comparten la misma especialidad: el Derecho Penal. Argibay rezonga contra lo que cree un afán excesivo de Zaffaroni por lucirse, acudiendo a citas de doctrina o jurisprudencia sofisticadas que, le parece a la jueza, constituyen un alarde y dificultan firmar en conjunto con él, si no se tiene el mismo saber. Ideológicamente son posiblemente los dos extremos de un cuerpo no tan polarizado. Argibay se volcó a una visión conservadora y hasta ritualista del derecho. Zaffaroni encarna dentro del elenco la visión más progresista e innovadora del derecho.

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El presidente inesperado: Lorenzetti es, como fue Kirchner, un presidente inesperado. Las comparaciones son tentadoras, aunque hay que evitar el riesgo de engolosinarse y llevarlas muy lejos. Esto asumido, hay parentescos entre sus dos modos de consolidar poder. Básicamente ayudó a mejorar el prestigio del cuerpo, su “caja” y acrecentó su peso relativo. Creció el volumen de la Corte, su presupuesto y se construyó un liderazgo.

Lorenzetti lo consolidó con recursos y manejos convencionales, hasta clásicos. Es defensor firme de los ingresos, privilegios y hasta prebendas (exenciones impositivas odiosas entre otros) de todos los jueces. En los hechos, funge como una suerte de secretario general de un gremio empinado. Como ya se comentó en esta columna, también acrecentó su poder con arbitrios típicos en la burocracia estatal. Uno de ellos es el espacio físico: el Tribunal amplió el territorio que ocupan sus oficinas en Tribunales. Otro son los nombramientos, que vienen creciendo desde el ’90 pero que se potenciaron en los últimos años. Hablamos de cargos, de una miríada de secretarios letrados que tienen rango altísimo (a menudo equiparable a jueces) y sueldos a la altura.

He ahí parte de la explicación de por qué un protagonista ajeno a la familia judicial llegó tan alto y goza de su aquiescencia.

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Acuerdos y debates: La Corte trata una cantidad exagerada de recursos extraordinarios. Muchos los mocha por cuestiones formales, a través del artículo 280 del Código Procesal. Estas decisiones no se fundan, apenas se expresa que el planteo no reúne los requisitos exigidos por la ley. En jerga, se apoda “plancha” a ese modo de terminar el proceso. “Plancha” es sinónimo de “sello” en el dialecto forense. En su libro La Corte Suprema en escena, la abogada e investigadora Leticia Barrera recoge cuestionamientos al método. Con toda razón, esgrime que es una sentencia sin fundamentos. Una violación del derecho de defensa en juicio, consagrada por la mala costumbre y justificada por el cúmulo de tareas, agrega el cronista. Argibay es quien más planchas ha firmado haciendo mayoría, según el blogger Gustavo Arballo. Entre las cuestiones formales, detalla Barrera, aunque a usted le cueste creerlo, está la extensión máxima de los escritos y el tipo de papel en que están presentados.

Todo modo, la actual Corte ha decidido importantes juicios, con notable desempeño en materia de derechos humanos, interesante en la apertura de audiencias públicas y bastante creatividad para ampliar la esfera de las cuestiones a abordar. La producción de diez años combina sentencias memorables, mediocres y deplorables, con un promedio más que aceptable en las causas más resonantes. En general se mostró más firme contra los otros poderes del Estado que contra las corporaciones económicas o las falencias chocantes del Poder Judicial.

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Entre memos y conversas: Las sentencias se van elaborando con distintos intercambios entre los Supremos. La primera lectura de los expedientes suele recaer en subordinados de buena calificación, que pueden resumirlos o señalarle los puntos más salientes. También hay intercambios de comentarios escritos relativamente formales, incluidos los llamados “memos” que son el background de los fallos y que luego se archivan.

Todos los votos valen uno, pero Lorenzetti se precia de ser el articulador de las tratativas y las búsquedas de arrimar posiciones. Esa tarea, comenta en confidencia, es ardua: suele jactarse de ser quien consigue a pulso “armar mayorías”. Al presidente le place, con buena lógica, que en los asuntos muy relevantes haya mayorías holgadas o unanimidad. Hace un rato largo que le cuesta cada vez más conseguir ese objetivo. Según su escrutinio, en las decisiones más duras contra el Grupo Clarín, coincidieron cuatro vocales: él mismo, Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni.

En este año fragoroso la Corte debe dictar sentencia definitiva en ese litigio, una cuestión de Estado de la que depende la posibilidad de cambiar virtuosamente la concentración de medios en la Argentina. Ganándole de mano, en la semana que empieza mañana seguramente se resolverá sobre la constitucionalidad de la ley que reforma al Consejo de la Magistratura creando la elección popular de parte de sus miembros.

Son dos cuestiones de Estado, sendas brasas ardientes, que enfrentan al Gobierno con sendas corporaciones, a las que se pliega la oposición.

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Acuerdos y tensiones:Se ahorran especulaciones sobre el contenido de las sentencias, que generan una tensión política llamativa. Lorenzetti ha tratado de mostrarse independiente, mundano y en varias ocasiones se ingenió para que coincidieran en el tiempo sentencias que complacían alternativamente a las dos trincheras.

En “la previa” hubo un acuerdo entre el Ejecutivo y la Corte. Fue devolverle al Tribunal el manejo del presupuesto del Consejo de la Magistratura, una violación flagrante del artículo 114 de la Constitución nacional. El oficialismo la justificó como “política constitucional”, esto es como un modo de interpretar la Carta Magna en función de consideraciones pragmáticas. La Corte nada dijo, porque su discurso no suele ser hospitalario con la lógica de la política. La parva de amparos y demandas interpuestos contra la ley tampoco se interesaron en el punto.

De modo menos estridente, el Tribunal falló en un reclamo de embargo contra la empresa Chevron, pedido por los Tribunales de Ecuador. El litigio tiene mucha relevancia para YPF, que se apresta a celebrar acuerdos con la mencionada multinacional. La decisión rechazó el pedido internacional de la cautelar, lo que objetivamente favorece al Estado nacional. Desde la Corte se habló poco sobre el punto, pero de modo informal se deslizó que la sentencia es ajustada a derecho pero también prueba que no hay un encono ciego ni ánimo de fallar contra legem contra el Gobierno.

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En la dulce espera: Es muy sencillo mejorar la sintaxis y la calidad argumental de la sentencia de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría que la Corte revisará a través del per saltum, con trámite acelerado. Pero las reacciones ante los fallos son determinadas por su parte resolutiva.

Servini barrió con la parte esencial de la ley tras hacer alarde de arrogancia corporativa y de escaso conocimiento (y respeto) por la representación política. A la hora de la verdad, la Corte enfrenta un dilema severo, que ha puesto en estado de asamblea al poder que conduce. No es un dato menor que las simpatías del presidente-conductor del cuerpo y de la mayoría de sus vocales se inclinan por el sector más reaccionario y más intransigente de la mal apodada “Justicia”. La incidencia de ese sesgo se medirá cuando se conozca la resolución.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-222389-2013-06-16.html

14 de junio de 2013

Federico Storani denunció que dentro de su partido algunos dirigentes buscan la perpetuidad


Jueves, 13 de Junio de 2013 12:57 Rate this item1 2 3 4 5 (0 votes)
Federico Storani denunció que dentro de su partido algunos dirigentes buscan la perpetuidad

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El dirigente radical Federico Storani denunció que "el oficialismo partidario" ha ido "poniendo obstáculos" para "garantizar la reelección de dirigentes a perpetuidad". "No dejan renovar los partidos"




Storani en entrevista radial con Víctor Hugo Morales, señaló que su espacio buscó “la conformación de un espacio progresista, socialdemócrata”, pero, en las negociaciones con las demás fuerzas, “se han ido poniendo cada vez más obstáculos, hasta prácticamente establecer proscripciones y da la sensación que es solamente con el objetivo de establecer un club de las reelecciones".


Audio La Mañana - Radio Continental

13 de junio 2013


"En la lista que encabeza Margarita Stolbizer son todos, todos para la reelección;  ella a la reeleción, Ricardo Alfonsín a la reelección, ( Gerardo ) Milman a la reelección, ( Juan Pedro) Tunessi a la reelección, todos reelección y no estamos ante actuaciones descollantes para que tengan que estar elegidos a perpetuidad", subrayó Storani.

Además señaló que esa "actitud le resta autoridad cuando cuestionan otras reelecciones pero la práctica que llevan dentro del partido es a perpetuidad para establecer el mantenimiento ciertos privilegios como la posición pública que ostentan".



LaPistaOculta/GN
http://www.lapistaoculta.com.ar/3/2/c/la-falsa-pista/item/4305-federico-storani-denunci%C3%B3-que-dentro-de-su-partido-buscan-la-reeleci%C3%B3n.html

12 de junio de 2013

Papel Prensa - La causa


09.06.2013 | El juez Ercolini y el fiscal Stornelli valoraron como prueba las notas publicadas por Tiempo Argentino sobre la apropiación de la empresa
Papel Prensa: la justicia aceptó como querellante a Lidia Papaleo
La viuda de Graiver será parte acusadora contra los dueños de Clarín, La Nación y La Razón. Las reuniones entre el represor Gallino, Magnetto, Mitre y Peralta Ramos, claves en la investigación, fueron reveladas por este diario.


Por:

Juan Alonso
Todo llega.
Luego de tres años desde que el Estado Nacional denunció penalmente a los dueños y directivos de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, la Junta Militar y sus instigadores civiles, por la apropiación ilegal de empresa Papel Prensa el 2 de noviembre de 1976, configurando el delito imprescriptible de lesa humanidad, hacia el final del jueves 6 de junio –el mismo día que este diario publicó en exclusiva una entrevista a Lidia Papaleo– el juez federal Julián Ercolini aceptó como parte querellante a la viuda de David Graiver. Lidia fue secuestrada por un grupo de tareas del Ejército el 14 de marzo de 1977, y padeció cárcel y torturas durante seis años en manos de Ramón Camps y su troupe de nazis de la picana. Además de no recibir un solo peso de la primera cuota irrisoria de 7000 dólares por el traspaso que tuvo que firmar, según declaró, "presionada" en las oficinas de La Nación, bajo amenaza de muerte por parte de Héctor Magnetto, que le soltó: "Firme o le costará la vida de su hija y la suya."
La Argentina es tan generosa que este empresario actúa como ejecutor de los intereses de las corporaciones. Él y Bartolomé Mitre fueron socios de la dictadura genocida y hoy pretenden representar desde sus páginas al "periodismo independiente". Acorralados, montan campañas de desgaste y desprestigio contra la democracia a través de sus programas de bricolaje. Fueron y son oficialistas del terror. Y no habrá forma de que se quiten la sangre con la que amasaron fortunas con Papel Prensa.
En Tiempo Argentino no publicamos cotillón. Damos testimonio y nos basamos en documentos considerados por la justicia.
En su escrito, Ercolini pone el acento en las notas que el autor de esta crónica realizó junto a Cynthia Ottaviano el 6 y el 26 de septiembre de 2010. Más precisamente en los artículos sobre las reuniones del general de brigada Bartolomé Gallino, con los directivos de los tres diarios en momentos en que Lidia Papaleo era brutalmente torturada en Puesto Vasco. Golpes y vejaciones que le produjeron un tumor cerebral.
Los cuatro documentos clave del Ejército que se publicaron en estas páginas fueron producidos el 7 de abril de 1977, a las 10:30 y a las 16:30; y el 9 de abril del mismo año, a las 8:40 y a las 20. El 7 de abril de 1977, con la firma del "oficial superior preventor Oscar Gallino". El militar estaba a cargo de la "investigación": un eufemismo para referirse a la sucesión de tormentos que se le practicó a toda la familia Graiver. El acta refrenda que Gallino recibió "a los Directores y Asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo 'Fundador' de Papel Prensa".
El hombre con quien Magnetto y Mitre bebieron café, Gallino, fue subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno de la zona 4 de Campo de Mayo. Entre sus galardones de dudoso honor, se contaba la ejecución de los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que habían intentado copar el Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo.
En otro documento del 9 de abril de 1977, dos días después de la reunión antes mencionada, Gallino volvió a dejar asentado que recibió a "el secretario de Industria, Raymundo Podestá, los presidentes de los directorios de La Nación, Clarín y La Razón, que son los adquirentes del paquete accionario del 'Grupo Fundador' de Papel Prensa, que representa el 26 por ciento del total del paquete accionario".
Y tal como se dejó escrito en la burocracia de aquel Ejército criminal, el motivo de las reuniones con Magnetto, Mitre y Peralta Ramos era "producir sendos informes" para después ordenar: "Se preparan los interrogatorios a tomar el once de abril de 1977."
Es decir: Gallino se "informaba" a través de estos recientes adherentes al republicanismo que apoyaron todos los golpes de Estado desde 1955 hasta aquí y luego "interrogaba" a los Graiver y a Lidia Papaleo, por entonces detenida-desaparecida.
Así de claro.
Valorando el complejo expediente, el juez Ercolini citó a Lidia Papaleo (una vez más) para el próximo jueves 13 de junio y la instó a "unificar la personería", o sea la querella, con Rafael Ianover, ex mano derecha de "Dudi" Graiver y ex integrante del directorio de Papel Prensa, que fuera secuestrado el 12 de abril de 1977. El 28 de agosto de 2010 entrevistamos a Ianover y esa nota también forma parte del aporte documental que este diario aportó a la causa.
El juez tiene elementos suficientes para llamar a indagatoria a Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre.
¿Lo hará?

LOS ARGUMENTOS DEL FISCAL. En su resolución de siete carillas, el fiscal Carlos Stornelli realizó un análisis pormenorizado de la documentación de la causa. Si bien hacia el final de su escrito pide excusarse por su relación personal de "más de 30 años" con el ex ministro del Interior de la dictadura, Llamil Reston, familiar de su mujer –quien no está imputado en el expediente que investiga la apropiación de Papel Prensa–, aclara: "Más allá de las imputaciones concretas que en autos se han delineado a través de las distintas presentaciones formuladas por la Secretaría de Derechos Humanos en su rol de parte querellante, son numerosas las referencias que constan en autos respecto de un especial interés del gobierno de entonces, manifestado en sus más altas cúpulas, en que así los hechos se sucedieran. Es decir, a juzgar de numerosos testimonios reunidos hasta el momento y las propias afirmaciones de la parte querellante, más allá de las voluntades particulares de quienes integraban el gobierno de facto y de quienes pudieran resultar imputados en esta causa, puede deducirse que esto se trataba de una cuestión de particular interés para la Junta de Gobierno entonces conformada."
En un párrafo anterior, Stornelli sopesó lo que cree sucederá: "(…) del detenido análisis del plexo probatorio hasta el momento reunido, no puede soslayarse que con el devenir de la instrucción y especialmente de las resultas de las diligencias propuestas por esta parte, pueden sobrevenir en el proceso razones que aconsejarían la excusación del suscripto".
¿A qué se refiere concretamente el fiscal?
Es que ciertos amigos de Reston, su compañero de asados domingueros, podrían resultar procesados en el expediente, y él, Stornelli, prefiere proponer medidas de prueba antes que acusarlos directamente como funcionario que está en ese lugar para representar los intereses del Estado en nombre de todos los argentinos. Es un argumento entendible, claro. Razonable viniendo de una justicia que le esquiva la jeringa a los poderes fácticos que se llevaron puesto a Roberto Marquevich, en 2004, luego de haber encarcelado a Ernestina Herrera de Noble por el presunto trámite irregular en la adopción de sus hijos y herederos adoptivos Felipe y Marcela Noble Herrera.
Al margen de estas diligencias propias de la conciencia humana, el representante del Ministerio Público también puso en valor la nota que publicó este diario con la firma de Cynthia Ottaviano el pasado 12 de junio de 2010 sobre "los documentos desclasificados de los EE UU sobre Papel Prensa", hasta entonces, "archivos secretos e inéditos".
Todo ese material ya fue aportado por este medio al expediente. Al igual que la entrevista que le realizamos a Isidoro Graiver, otra víctima de la dictadura genocida, que nos dijo que el traspaso de las acciones a favor de Clarín, La Nación y La Razón había sido "a todas luces un afano, un afano".
Por medio de Isidoro fuimos a buscar los archivos en donde se ve cómo los tres diarios presionaron a los Graiver desde sus tapas con campañas de acoso, antes de la firma del traspaso a fines de 1976. En eso no han cambiado.
Por esos caminos de la conciencia terrenal, Isidoro se plegó a los intereses de Magnetto y estaría viviendo en Londres con sus hijos. En el medio hubo, dicen los que lo conocen, más de 2 millones y medio de razones que lo llevaron a tomar semejante decisión extrasensorial. Y es que a veces, la conciencia de los hombres toma senderos insospechados.
Pese a quien le pese, la verdad triunfará. Por aquello de: "Justicia, justicia perseguirás." «

Para stornelli no existió la dictadura

Puede parecer raro, pero 30 años después del período más oscuro de la historia nacional, para el fiscal Carlos Stornelli no existió la dictadura militar.
Stornelli se excusó de continuar como fiscal de la causa que investiga la apropiación por parte de Clarín y La Nación de las acciones de Papel Prensa por la relación que mantiene con el último ministro del Interior de la dictadura, Llamil Reston, que es familiar de su mujer.
En la argumentación con la que defiende esa decisión, Stornelli sostiene que Reston fue "funcionario militar en el marco del gobierno de ese entonces". El "gobierno de ese entonces" fue la más sangrienta dictadura cívico-militar de que tenga memoria la historia argentina, responsable de la desaparición de 30 mil ciudadanos y ejecutora de un Plan Sistemático para el robo de bebés.
En otro párrafo, el fiscal se refiere a la dictadura como gobierno de facto, pero en su extenso escrito nunca la llama por su nombre: "dictadura".


http://tiempo.infonews.com/2013/06/09/argentina-103467-papel-prensa-la-justicia-acepto-como-querellante-a-lidia-papaleo.php

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Miércoles, 12 de Junio de 2013 11:21 Rate this item1 2 3 4 5 (0 votes)
Lidia Papaleo declarará por Papel Prensa (Audio - videos)


Lidia Papaleo declarará mañana en la causa que investiga delitos de lesa humanidad con la apropiación ilícita de la empresa Papel Prensa durante la última dictadura cívico-militar.




En entrevista con Víctor Hugo Morales, Lidia Papaleo confirmó que mañana declarará ante el juez Julián Ercolini en la causa Papel Prensa.


Audio entrevista
La Mañana 13 de junio de 2013
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"Durante todos estos años pienso que esto es un procedimiento fundamental de esclarecimiento del país, saber la verdad de papel pensa y sobre todo el Sr. Magnetto y la gente que colaboró en este despojo. Acá hubo cosas tremendas que se hicieron",expresó Papeleo
Sobre las dilaciones en la causa, Lidia Papaleo señaló "Yo lo que espero que el Juez encare esto, y lo digo con mucha humildad, que se deje de preguntar por el tema del precio, que es irrisorio en esta historia"  (...) "Hay gente que evaluó eso años atrás. Ese no es el tema. El tema es cómo se llegó al despojo de Papel Prensa"
La causa judicial fue iniciada el 30 de marzo de 2010, en el Juzgado Federal Nº 10 a cargo de Ercolini, quien investiga delitos de lesa humanidad en la apropiación ilícita de la empresa Papel Prensa durante la última dictadura cívico-militar.
Los querellantes en la causa son Lidia Papaelo, viuda de David Graiver, y la Secretaría de Derechos Humanos.
La Justicia analiza la tasación de la empresa Papel Prensa desde sus orígenes, sus balances “históricos” así como la evolución del precio de sus acciones. Se busca comprobar si hubo “precio vil” en su venta durante la última dictadura cívico militar.
A principios de diciembre de 2012, el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, presentó un pedido de pronto despacho, junto con el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén y el patrocinio de la directora nacional de Asuntos Jurídicos, Andrea Gualde, y del abogado Claudio Orosz.
En ese requerimiento judicial, se solicitaba al juez Ercolini la citación de testigos y la incorporación de pruebas a la causa que se encontraba paralizada.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió citar a declaración indagatoria a quienes figuran como imputados en la causa: Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Sergio Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos, Hugo Peralta Ramos, y el ex dictador Jorge Rafael Videla, fallecido recientemente.
También se había requerido la del ex ministro de Economía de la última dictadura cívico militar José Alfredo Martínez de Hoz, también fallecido.
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Declaraciones de Osvaldo Papaleo
10062013 - Radio Cooperativa - Alicia Muzio
El juez Ercolini acepta como querelllante de la causa a Lidia Papaleo




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Videos >>>Papel Prensa informe

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Audio >>> Cruce entre Cabandié y Zlotowiazda sobre la causa Noble Herrera

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La Causa

La causa iniciada en el 2010 estuvo frenada por un conflicto de competencia entre la Justicia federal porteña y la de La Plata, que quedó superado cuando la Cámara Federal porteña resolvió que Ercolini quedase a cargo del caso.
En febrero de este año Osvaldo Papaleo señaló "Esta causa pasó por las manos del Juez (Daniel) Rafecas quien entendió que las torturas que sufriera Lidia Papaleo en el Puesto Vasco estaban relacionadas con Papel Prensa y por ello la envió a La Plata para que forme parte del Circuito Camps pero el juzgado de Arnaldo Corazza entendió que el delito de lesa humanidad sucedió "en el viejo edificio de La Nación, donde (el CEO de Clarín) Héctor Magnetto amenazó a Lidia Papaleo". "No fue mala voluntad ni de Corazza ni de Rafecas, después vinieron las recusaciones de Clarín a Ercolini y las operaciones de prensa a los integrantes de la Cámara"", explicó.
El juez federal Julián Ercolini, a cargo de la causa, requirió el envío de todos los balances y un informe sobre la tasación y la evolución del precio de sus acciones “desde sus orígenes” para determinar si hubo “precio vil” en la venta. “Se comparará el precio de las acciones en esa época y a cuánto se vendió”, explicaron fuentes judiciales. Esta etapa ya finaliza y ahora empieza la fase de citación de testigos, comenzando por las víctimas de la operatoria. Así prestarán declaración Lidia y Osvaldo Papaleo, y Rafael Ianover, quien era vicepresidente de Papel Prensa.
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