Lo que circula por los medios

21 de julio de 2013

MorganLeaks: la información secreta de la trama del lavado de dinero


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21.07.2013 | En exclusiva, Tiempo Argentino publica los 117 correos electrónicos del Blackberry del arrepentido del JP Morgan.
MorganLeaks: la información secreta de la trama del lavado de dinero
El material, que ya está en manos de la Justicia Federal, prueba los vínculos de Hernán Arbizu con los jefes del banco y clientes argentinos como Clarín. Además, confirman una operación de lavado y el uso de un paraíso fiscal.

Por:
Leandro Renou e Ignacio Chausis


Tengo el Blackberry que me había entregado el banco en 2006, que no tiene batería –porque es viejo y no la pude conseguir– pero ahí hay mails que confirman las relaciones y todos los temas de los que estamos hablando", comentó Hernán Arbizu, el ex banquero que lavó dinero para las fortunas de la Argentina y estafó al propio banco con triangulaciones entre cuentas.

Ante semejante afirmación, y en el marco de una indagatoria en la que el imputado daba cuenta de cómo esa entidad tenía una estructura para facilitar la evasión y el lavado a sus clientes de Banca Privada, el juez Sebastián Casanello le consultó sobre si era posible aportar el teléfono celular para la instrucción. "Sí", respondió, categórico, Arbizu.

Hoy, Tiempo Argentino publica en exclusiva una parte del material de carácter confidencial contenido en ese aparato y que, desde el viernes está en manos de la justicia. 

Se trata de 117 correos electrónicos internos circulados entre el 1 y el 6 de mayo de 2008, que blanquean nombres de empresas que operaban en el Morgan (Clarín, Constantini, Hyatt, etc), transacciones de lavado vía back to back, guerras entre ejecutivos por captar nuevos clientes, y detalles sobre negocios realizados usando paraísos fiscales. El material devela además el contacto fluido de Arbizu con clientes de la Argentina y con sus jefes en Buenos Aires y el exterior; y hasta otorga información vital que confirma cómo fue la estafa de Arbizu con clientes argentinos y paraguayos, pudiendo reactivar esa causa que está congelada desde hace cinco años por dilaciones judiciales y la negación de EE UU a colaborar con la investigación. Por otra parte, hay correos que dejan al descubierto cómo el Morgan operaba negativamente con contrainformación directa a sus clientes, para perjudicar a sus competidores.
El 6 de mayo de 2008 –último en que Arbizu tuvo en su poder el celular ya que ese mismo día se descubrió la estafa y se judicializó el caso– Luke Palacio, jefe del Morgan para Cono Sur, envió un correo al grupo de ejecutivos de la región bajo el asunto "Caduceus roadshow organization –Wishlist". El Cadeceus era un instrumento financiero nuevo, y Palacio pedía a sus súbditos que sugirieran clientes interesados en esa operatoria, para hacer reuniones privadas, sólo en el caso de que invirtieran más de 750 K, lo que en la jerga banquera representan más de U$S 750 mil. Así, en otro correo, Hernán van Waveren, banquero junior y gestor de trámites de los jefes, le otorga a Palacio el listado de las firmas interesadas y de los ejecutivos de cuenta. Adrián Garate, que compartía con Arbizu el manejo de cuentas, puso como número uno en su lista a Clarín, que era desde hacía años cliente de la entidad y que hoy está investigado por el juez Sergio Torres por presunto lavado de activos con ayuda del Morgan. Garate nombró también a las firmas Pacífica y a Sarita Smith Estrada, mujer de la alta sociedad porteña, cultora del arte y propietaria de Agropecuaria La Oración SA y Estancia La Elisa SA. Otros de los ejecutivos que sumaron firmas fueron María Elena Vergara, Giorgio Chiesa y Federico Rousillón (similares a Arbizu pero radicados en Ginebra y Suiza), Ernesto Grijalva, Alexandra Preite, Javier Gallego, Agustín de Estrada y María Laura Tramezzani. Todos estos nombres habían sido denunciados por la UIF por asociación ilícita, y Tramezzani y De Estrada habían sido reconocidos por Arbizu como "hunters" del Morgan, quienes les llevaban a él los clientes. Además, en los correos aparece Carolina Rivas, secretaria del Morgan en Buenos Aires, desde donde coordinaba los diálogos entre Arbizu y Andrés Rodríguez Lubary, número dos del banco en el país. También hay correos para Norma Caba, una persona de la que Arbizu declaró que trabajaba para él, y uno de los nombres que aparecen en las instrucciones de transferencia de lavado de dinero que publicó Tiempo. En pocas palabras, los correos muestran que efectivamente es real la estructura política y de responsabilidades del banco detrás de los delitos cometidos por Arbizu.
Cabe destacar que todos los nombres mencionados trabajaban en la división Banca Privada, que captaba fondos de clientes y los ayudaba a eludir impuestos locales para fugar el dinero al exterior y reingresarlo en forma legal, es decir, lavar dinero.
Otro de los que aparece en mails es Roberto Zorgno, ex gerente financiero de Clarín y actual ejecutivo del Morgan, quien en uno de los correos aparece difundiendo artículos del diario La Nación sobre exámenes de ADN a hijos de desaparecidos y circula informes del periodista Joaquín Morales Solá (ver página 4).
En el cruce de correos –muchos de los cuales cuentan con archivos adjuntos encriptados– aparecen otras empresas que operaban en el Morgan. Agustín de Estrada le envió el 6 de mayo un correo Arbizu con el asunto "Compañía Argentina de Granos SA." El titular de la firma es el reconocido empresario Aldo Navilli y la gestión por la empresa la realizó el gerente, Sergio Sosa. La idea era captarlos para que inviertan en el banco, con recomendaciones de Fernando Balmaceda, de banca de inversión del Morgan.



Es curioso otro correo que demuestra cómo dos hunters, Tramezzani y De Estrada, se pelean por tener como cliente al dueño de la alimenticia Quickfood. Bajo el asunto "Se están cagando a puteadas MLT y ADE", Adrían Garate le cuenta a Arbizu que "no hay discusión que valga, (Luis)Bameule nos gambeteó a mil a todos y la única que lo penetró fue María Laura (Tramezzani), así que hay que sacarse la galera en esta". Arbizu le responde que es por "Quickfood", y Garate concluye que "lo peor es que debe ser por un prospect que debería ser el número 1500 en cualquier lista sensata". El prospect es la carta de dinero que tiene el cliente, es decir, lo estaban tildando de cuenta chica. En otro mail, Isabela Rizo, consejera del Morgan, le habla al arrepentido el 5 de mayo del 2008: "¿Te has visto con Daytona? Le llevaron los statements?", pregunta la mujer que trabaja en la sede Nueva York. Daytona, la fábrica de neumáticos de la familia Manoukian, está entre los investigados y denunciados por Arbizu. Lisa Erf, la curadora de Arte del Morgan vino de visita a la Argentina para reunirse con clientes el 27 de mayo de 2008. La reunión, según los mails, se realizaba en ARTE BA, muestra donde Facundo Gómez Minujin, uno del Morgan, es presidente. Casualmente, se alojó en su visita en el Hotel Hyatt. Y, no casualmente, uno de los clientes del Morgan que asistió a la reunión fue Juan Scalesciani, el dueño del hotel. Además, estuvieron como clientes del Morgan Eduardo Constantini, el curador de arte Ignacio Gutiérrez Saldivar, y Eduardo Gruneisen, de la ex petrolera Astra. Todos vinculados a maniobras de supuesto lavado.

Entre los correos que Arbizu recibió en el sistema interno que Blackberry armó para el JP Morgan, es clave uno que prueba que el banco estaba al tanto de la estafa que Arbizu armó triangulando dinero entre cuentas. 

Para no perder como cliente al supermercadista argentino Carlos López, Arbizu le ofreció mayor comisión de la permitida por el banco para administrar y sacar el dinero del país en forma ilegal. Cuando López le pidió los intereses, Arbizu echó mano a la cuenta de los políticos-narcos paraguayos Acevedo Quevedo, y para el faltante en esa cuenta, echó mano a la cuenta del ex Musimundo Natalio Garber. Emitido el 6 de mayo de 2008, con el asunto de "Transferencias del 15.04.2008. MARVER LTD", Wilhem Isenring, asesor de Garber, le confirma a Arbizu un faltante de dinero. "Estimado Hernán: de acuerdo a la conversación telefónica de esta mañana con el señor Palacios, me permito reconfirmar que los siguientes pagos debitados por error en la cuenta de nuestro amigo en común serán ratificados y los intereses compensados." Los giros fueron, según el correo, de U$S 1 millón a la cuenta Dorian SA, U$S 757.500 a la de Zunilda Castanjera; U$S 570 mil a la de Osvaldo Portioli y U$S 370 mil a la de Nimia Brítez de Arenas. Cuando el cliente blanqueó la maniobra, que el banco intentó disfrazar como un error, Arbizu cayó en desgracia. El banco lo denunció por estafa en los Estados Unidos. Se lo comunicaron vía telefónica el mismo 6 de mayo. Se enteró de la noticia y apagó el Blackberry, que volvió a encenderse cinco años después. «


Estrada, editorial en cuestión
En su declaración ante Casanello, Arbizu explicó que una de las formas de lavar dinero es vía una operación denominada back to back. Y citó la historia de Editorial Ángel Estrada, cuya propiedad estaba en manos del empresario Zsolt Agardy y su hijo Federico. Según Arbizu, el propio Agardy era beneficiario de una cuenta cuyo titular era una empresa off shore denominada “Argentine Develope Investiment” (ADI), en la cual mantenía un saldo promedio de U$S 35 a 40 millones, obviamente por fuera de la órbita del fisco. En 2008, Estrada necesitaba inyectar U$S 10 millones como capital de trabajo, pero una transferencia directa desde su sociedad offshore a una cuenta corriente en Argentina despertaría alarmas entre los organismos de control. ¿Qué es lo que hizo el banco? "Congeló" de la cuenta de ADI en Nueva York en alrededor de U$S 12 millones a través de la gestión de Norma Caba y Jeannette Bueno, del área Banca Privada. Luego emitió una "carta de crédito" al Banco Patagonia donde le solicita que le presten a Estrada los U$S 10 millones que necesita, bajo la garantía de que si esta no devuelve el monto, el propio Morgan pasa a hacerse cargo de esa deuda. En resumen, el dinero no declarado en la sociedad offshore (ADI) reingresa al país bajo la forma de un "préstamo" dirigido al propio beneficiario de la sociedad offshore (una especie de autopréstamo), constituyendo un ejemplo de lavado de dinero. Además, el hecho de que reingrese como un crédito para capital de trabajo le permite deducir impuestos a los intereses, cerrando así un combo ideal. Entre los mails que publica Tiempo quedó un registro de la operación. Se trata del mail enviado el 1 de mayo de 2008 -"Ángel Estrada– Copia del Mensaje SWIFT". El SWIFT es una red internacional que facilita la comunicación financiera entre bancos. No conforme con la tajada del negocio, una vez consumada la operación el número 2 del Morgan en Argentina, Rodríguez Lubary le comentó a Arbizu la necesidad de que el JP sea la entidad que dá el crédito, en lugar del banco Patagonia. "Nos estamos perdiendo la mitad del negocio", le dijo.


Isla de man: el paraíso fiscal que aparece en mails
La Isla de Man es un pequeño territorio de ultramar de 572 kilómetros cuadrados, que pertenece a la corona británica. Ubicada entre Irlanda y Gran Bretaña, la isla es un paraíso fiscal.
En el material de correos, hay uno enviado el 2 de mayo de 2008 por la banquera Laura O'Sullivan –a cargo de la administración de fideicomisos para la firma International Trust & Wealth Structuring (ITWS) con sede en Isla de Man– a sus colegas de la oficina del Morgan Buenos Aires.
El Morgan usa paraísos fiscales porque allí se radican las sociedades offshore, y sirven para ocultar la titularidad de activos no declarados.
Dicho esto, el sugestivo mail, que ya en el "subject" tiene el nombre de una compañía y un fondo de inversión –Agimi Ltd-Carlyle Asia Partners II, L.P., respectivamente– encierra a todas las luces este tipo de operatoria.
"He notado en nuestros registros que no tenemos ningún pedido de capital para la compañía y el fondo mencionado. ¿Podría revisar a qué dirección han sido enviados?", pregunta la ejecutiva de la Isla de Man. Y agrega el texto dirigido a los banqueros en Buenos Aires, entre ellos Arbizu, Vergara y Rocío Ortega, una ex Morgan que trabajó hasta 2005: "Además, para mantener sus datos actualizados, sería muy útil si usted pudiera proporcionar los montos pendientes actualizados". Cabe recordar que en diciembre del año pasado la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que encabeza Ricardo Echegaray firmó en Londres un acuerdo de intercambio de información tributaria con las autoridades de Isla de Man, de tal forma de poder acceder a reportes fiscales del territorio británico.

http://tiempo.infonews.com/2013/07/21/argentina-105989-morganleaks-la-informacion-secreta-de-la-trama-del-lavado-de-dinero.php

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21.07.2013 | el banquero criticó en mails las pruebas de adn a hijos de desaparecidos
Zorgno, el hombre que tiene Clarín en el interior del JP Morgan
Correos del banco develan cómo un ex gerente del holding de Magnetto criticó la extracción de sangre en un caso similar al de Noble Herrera.

Por:
L.R e I.Ch


La pregunta más común luego de leer estos correos que se verán a continuación es por qué un banquero debería interesarse tanto por los conflictos que siguen, que no tienen que ver directamente con la actividad económica. La respuesta es que los ejecutivos de Banca Privada no son simples economistas o banqueros convencionales. Son voraces captadores de clientes, operadores que fugan fortunas al exterior y con los cuales llegan a mimetizarse ideológica y políticamente. Los estudian, tratan de entender sus objetivos y necesidades. El caso de Clarín es paradigmático: investigado por lavado a través de sus directores, tiene un operador interno en el Morgan: Roberto Zorgno, ex gerente financiero del holding y actual Morgan. El 5 mayo de 2008, Adrián Garate, ejecutivo de Banca Privada del JP envió un correo electrónico a Hernán Arbizu y a Zorgno. Bajo el asunto "Articulito de La Nación", Garate hizo circular una nota del matutino titulada "Inminente fallo de la Corte en un caso de apropiación de menores." El artículo lo firma de Adrián Ventura –de aceitados vínculos con miembros de la Corte– y cuenta la historia de Emiliano Gualtieri, uno de los 95 niños que nacieron en cautiverio durante la dictadura, muchos de los cuales fueron apropiados e inscriptos como hijos biológicos por jerarcas militares. "Más allá de todo el drama cotidiano, que si el dólar, la inflación o las retenciones, son este tipo de cosas las que me parecen espeluznantes. Hay que darles las gracias a (Eduardo) Duhalde por el nombramiento de la luminaria del derecho Juan Carlos Maqueda. Abrazo", opinó Garate como comentario del artículo enviado a Zorgno y Arbizu.

Garate fue y es, junto a Arbizu y Zorgno, uno de los encargados de manejar las cuentas de Clarín en el JP Morgan. Zorgno maneja los lazos más políticos con el grupo, y en su respuesta a Garate por el tema Prieto Gualtieri, tendría una conducta calcada a la posición de Clarín respecto al caso de supuesta apropiación de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. "Es jodidísimo y siendo mayor de edad es una barbaridad que lo obliguen a hacerse un ADN. Gracias por la nota", fue la devolución de Zorgno a Garate, desde su dirección de mail (Roberto.j.zorgno@jpmorgan.com) en el edificio de Park Avenue del banco en Nueva York. La sorna con que en los mails se hace referencia al magistrado Maqueda tiene que ver con sus antecedentes en casos similares en los que se intenta recuperar a hijos de padres desaparecidos. De hecho, la opinión sobre la conducta de Maqueda es similar en los mails y en la nota de La Nación. "Hasta esta semana, la mayoría de los jueces se inclinaría por considerar que el Estado no puede exigirle a una persona que se someta a un examen compulsivo de sangre para usar esa prueba en contra de los padres apropiadores, pero los ministros están divididos sobre la posibilidad de obtener esas pruebas a partir de un allanamiento y el secuestro de ropa, cabellos y cepillos de dientes", dice la nota de La Nación y se mete de lleno en las razones de Maqueda, citando su actuar en el caso de Evelyn Vázquez Ferrá. "En este expediente, la Corte rechazó la posibilidad de que el Estado pueda obligar a una persona a entregar sangre, para hacer un estudio de ADN que puede ser usado como prueba contra sus padres, aun cuando no sean los biológicos sino los apropiadores, pero que, a la postre, son los padres de crianza. De los jueces que conformaron esa mayoría sólo quedan en funciones Enrique Petracchi y Carlos Fayt: ambos magistrados mantienen igual posición en el caso Prieto-Gualtieri. En cambio, otros dos jueces, Ricardo Lorenzetti y Raúl Zaffaroni, no terminarían de suscribir los mismos argumentos que los dos primeros. La Corte no logró formar en los últimos días la mayoría necesaria para dictar el fallo." Ventura, en ambio, abre el paraguas al igual que los Morgan, con la posibilidad de que Maqueda vaya a favor de la extracción sanguínea. "En cambio en el caso Vázquez Ferrá, decidido hace cinco años, el ministro Juan Carlos Maqueda defendió la competencia del Estado para exigirle a la mujer que se sometiera a un examen compulsivo de sangre. Para Maqueda, el Estado no puede obligar a una persona a declarar si ella prefiere guardar silencio, pero sí puede someterla compulsivamente a un examen de sangre, porque es una molestia mínima." Y concluye: "Naturalmente Maqueda, partiendo de ese criterio, no encontraría problema alguno en respaldar la validez de un allanamiento donde se secuestró material genético, porque sería menos intrusivo aún que el examen de sangre. En las últimas semanas, Elena Highton, vicepresidente de la Corte, se habría sumado a esta posición." Un año después de este acontecimiento, en agosto del 2009, la Corte votó en contra de la extracción compulsiva de sangre, sin sorpresas, el voto de Maqueda fue contrario. Ahí la razón de la preocupación en los mails.

http://tiempo.infonews.com/2013/07/21/argentina-105988-zorgno-el-hombre-que-tiene-clarin-en-el-interior-del-jp-morgan.php

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12.07.2013 | Comenzó a destaparse una olla que llevaba cinco años sin avances en otras causas
Justicia: Arbizu admitió haber lavado dinero de grandes corporaciones
El ex banquero del JP Morgan declaró durante más de ocho horas frente al juez Sebastián Casanello y explicó en detalle las maniobras millonarias que implican, entre otras firmas, a Ausol, Petrobras, Carlos Ávila, Ricardo Fort y Emilio Cárdenas.


Por:
Leandro Renou e Ignacio Chausis

Tras ocho horas de indagatoria frente al titular del Juzgado Federal y Correccional 12 a cargo de Sebastián Casanello, Hernán Arbizu, el ex banquero del JP Morgan, confirmó su rol de colaborador y gestor del delito de presunto lavado de dinero de las grandes corporaciones de la Argentina, y apuntó a la vez a la estructura política macro de la entidad, en la que se sostuvo para sacar del país dinero sin declarar hacia paraísos fiscales. Asimismo, presentó un escrito detallando otros casos de empresas vinculadas a delitos, como el Grupo Clarín, y confesó tener en su poder un celular que le dio el banco, que devela cómo las empresas "lavadoras" acordaban reuniones con él para hacer negocios (ver aparte).


Subió las escalinatas de Comodoro Py a las 9:45 de la mañana, y a las 10 ya estaba respondiendo a una serie de preguntas del magistrado, centradas en la causa 4334, denominada "Autopistas del Sol S.A. sobre averiguación de delito", en la que están sospechados de comisión de delitos económicos Ausol, Petrobras, los ex ejecutivos del Exxel Group, los empresarios Carlos Ávila y Ricardo Fort, y el ex embajador Emilio Cárdenas, entre otras personas y firmas.

Esta investigación se inició luego de que Tiempo Argentino publicara una serie de órdenes de transferencias de estos clientes del Morgan hacia el exterior y sin declarar en el país. Casanello empezó la indagatoria repasando en detalle estos documentos, con números de cuenta y sus titulares, y Arbizu aclaró que, en los casos antes mencionados, él no formó parte de esas operaciones directamente, pero sí supo reconocer y confirmar la validez de los documentos y la gravedad del delito: "Yo sí hacía este tipo de operaciones. Este es el típico servicio de banca privada que brindan los bancos. En las operaciones que usted describió (le dice al juez), puedo identificar operaciones de lavado de dinero como es el back to back, constitución de sociedades off shore –como es el caso de Petrópolis LTD– y operaciones "overnight", como es la de Petrobras.

Overnight y back to back son maniobras típicas en los negociados de lavado: la primera es una especie de transferencia-préstamo en dinero que una persona o empresa utiliza en una sola noche, como explicó Arbizu, "un depósito a plazo fijo por una noche", que puede utilizarse para fraguar balances de empresas. 
El segundo se grafica con un ejemplo. Una firma contrata a un banco para reestructurar una obligación negociable según las necesidades del contratante. El banco de origen luego vende una porción grande de dicha emisión a sus clientes de banca privada y, en algunos casos, compra la misma empresa emisora con activos que esta tiene depositados en el extranjero.

Asimismo, y en el marco de la causa "Ausol", el banquero que se definió como economista aseguró ante el juez que las administrativas Jeanette Bueno y Norma Caba, que aparecen por el Morgan en las órdenes de transferencia de una empresa de Castex del Exxel y de la firma Norep, "trabajaban directamente para mí".
Minutos antes del receso del mediodía, el ex Morgan recordó que en 2008 se autodenunció ante el Juzgado Penal y Correccional 12, a cargo de Sergio Torres, por haber cometido un fraude con transferencias entre tres cuentas de sus clientes, y que en aquel momento aportó un listado de 469 empresas y personas físicas, entre ellas Clarín y sus directores, Ledesma, Edenor, Blaquier, Consultatio, Los Melhem y los Priú. "Es importante destacar que mi información aportada hace cinco años confirma estos documentos y viceversa", declaró Arbizu, y agregó que "hay una estructura armada por los bancos, particularmente en este caso el JP Morgan, para ayudar a sujetos pasibles de pagar impuestos en Argentina, a evadir impuestos y, en segundo paso, un posible lavado de dinero. JP Morgan sólo para Argentina tenía asignado, entre banqueros y asistentes, a más de 20 personas, y manejan más de U$S 6000 millones".

Después del receso, Casanello salió de la sala y prosiguieron sus secretarios. El magistrado volvió hacia el final de la declaración y luego volvió al cierre. El que estuvo ausente y estaba apuntado para realizar preguntas fue el fiscal de la causa, Guillermo Marijuan. "Quiero aclarar que todas las operaciones de las que hablé hasta ahora involucran dinero que está fuera del país. Que son parte, digamos, de los U$S 150 mil millones que tienen sin declarar los argentinos en el exterior", relató el ex Morgan, y aclaró que "estoy seguro de que los números de cuenta que yo aporté hace cinco años no existen; lo que no quita que se puedan rastrear el destino de los fondos.” Es que, usualmente, en estos casos de escándalo, los bancos suelen proceder borrando evidencias. Arbizu confirmó que Castex, del Exxel, Ávila, de TyC Sports y el Estudio Cárdenas, del ex funcionario menemista Emilio Cárdenas, eran clientes del Morgan y develó que Cárdenas integraba el Estudio de abogados Cassagne Beccar Varela, que tenía un vínculo directo con María Laura Tramezzani, una de las cazadoras de clientes que reportaban a Arbizu en Buenos Aires. En la declaratoria confesó además que mantuvo reuniones con Alejandro Urricelqui y Alejandro Scanavino, por las cuentas de Clarín que el Morgan manejaba en el exterior. "Sí, Constantini en particular y sus empresas eran clientes de mucha relevancia. Tal es así que en su museo hicimos un evento privado para nuevos y futuros clientes que se llamó Industria Argentina y que estaba vinculado a artistas argentinos", aseveró en relación a uno de los empresarios investigados en la causa.

En esta línea, Arbizu testificó que "el equipo de trabajo" que le daba estructura del Morgan "empieza con Jamie Dimon, el CEO" y "la jefa de Banca Privada, Mary Erdoes". También apuntó a Álvaro Martínez Fonts, jefe para Latinoamérica, y Luke Palacio, jefe para el cono sur (hoy en el Citibank). María Laura Tramezzani y Hernán Agote, en tanto, era sus "hunters", que sondeaban nuevos clientes para que Arbizu trabajara. Asimismo, aclaró que había una especie de estatuto del banco, el Rol de Funciones, que especificaba qué tarea hacía cada uno. Entre ellos señaló además a Facundo Gómez Minujin y Andrés Rodríguez Lubary, uno y dos del Morgan en Argentina.

Consultado por Casanello, Arbizu relató algunas de las vías para sacar dinero del país y mostró cómo se fugan valores pequeños. "Montos chicos se sacan simplemente a través de una casa de cambio: uno se va con el dinero, lo deja, sin ningún recibo ni nada, y espera que al otro día le aparezca en sus cuentas, según las instrucciones que dio en la casa de cambio. El precio que se cobra en estas operaciones es absolutamente variable", dijo, y agregó que en el caso de los grandes, contrataban al banco para que hiciera una emisión de acciones, vender parte de la empresa. Recordó que con este esquema Clarín "estafó a las AFJP". "Ese negocio es responsabilidad directa de la oficina del Morgan Argentina", confirmó, y afirmó que "a través de back to back ese dinero entró en Argentina". «


siete bancos fugaron u$s 72 mil millones
Hacia el final de la declaración, Arbizu pidió la palabra para agregar datos: "Me gustaría decir, más o menos, cuáles son los montos que cada banco maneja en el exterior, de los argentinos", dijo y adelantó que "el Citibank, unos 20 mil millones de dólares. El UBS, unos 15 mil millones; el Credit Suisse, 10 mil millones; el Santander, 8 mil millones; el Bilbao Viscaya, unos 8 mil millones; Goldman Sachs, unos 5 mil millones; y el JP Morgan, unos 6000 millones de dólares".
Asimismo, Arbizu aclaró que "no sé si se habrá dado de baja este servicio de banca privada para clientes argentinos, pero estos eran los números aproximados". Hace un tiempo corrió fuerte el rumor de que luego del escándalo de Arbizu, la entidad había cerrado su división de banca privada, pidiéndole a los clientes que retiren el dinero allí depositado. "Por más que no me crean yo di documentación, nombres, números de cuenta. Cometí un fraude en el cual me incriminé. Es un fraude que perjudica a toda la sociedad argentina. Ayudé a los principales grupos económicos a lavar dinero", dijo Arbizu en diálogo con radio Vorterix.


la causa, paso a paso
El origen : investigado por la justicia de EE UU, que pedía su extradición por una estafa realizada en cuentas que administraba para el JP Morgan, Arbizu se presentó ante el juez Sergio Torres en junio de 2008.
La autodenuncia: allí reconoció su responsabilidad en el hecho, pidió ser juzgado en Argentina y brindó detalles del esquema de banca privada utilizado por el JP Morgan en el país para capturar y administrar activos no declarados de residentes argentinos en el exterior.


FBI y medida cautelar: apenas salió a la luz el escándalo, el FBI se presentó ante Torres e hizo gestiones para proceder a la detención y extradición irregular. Inmediatamente, el JP Morgan obtuvo una cautelar para que Arbizu no hable con los medios, la cual el propio juez dejó sin efecto días atrás.
La causa, paralizada: Arbizu dio detalles acerca de cuentas, montos y operatoria de los fondos sin declarar de grandes grupos económicos. A pesar de ello, la causa no registró movimiento alguno y estuvo paralizada prácticamente cinco años. Ni siquiera se le tomó indagatoria a Arbizu.
Nuevas pruebas: este diario publicó las "instrucciones de transferencia", una serie de transacciones detalladas con cuentas offshore –muchas en paraísos fiscales– de personajes públicos y empresas. El fiscal Marijuan pidió investigarlas, pero Torres entendió que se trataba de un hecho nuevo, se creó un nuevo expediente y el sorteo lo derivó al Juzgado Federal Nº 7 a cargo de Casanello.
Avances: el magistrado tomó la causa, aceptó a la UIF como querellante y, como primera medida, llamó a declarar a Arbizu.


http://tiempo.infonews.com/2013/07/12/argentina-105401-justicia-arbizu-admitio-haber-lavado-dinero-de-grandes-corporaciones.php

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06.05.2013 | la investigación del lavado de dinero del Grupo Clarín, denunciada por el ex ejecutivo del jp morgan
El fiscal no impulsa la causa Arbizu
Aunque lleva cinco años de trámite, Marijuan sólo presentó dos escritos y no solicitó indagatorias. Su rol en el caso Báez.

Por:
Tiempo Argentino

Aunque lleva casi cinco años de trámite, la causa judicial que investiga el presunto lavado de dinero por parte de 469 empresas –entre ellas el Grupo Clarín, su primera línea ejecutiva a título personal, y otras empresas satélites del holding– no recibió impulso del fiscal Guillermo Marijuan, y todavía se encuentra en una etapa primaria de la instrucción. La semana pasada, el juez federal Sergio Torres envió un exhorto a Suiza para tratar de indagar en la denuncia hecha por un ex ejecutivo de la banca JP Morgan por movimientos de divisas a paraísos fiscales. El titular de la Fiscalía Nº9 solo presentó dos escritos en la Causa Nº9232/08, pero no solicitó ninguna indagatoria.
Marijuan, apenas dos días después de haberse hecho cargo del expediente que involucra al empresario cercano al kichnerismo, Lázaro Báez decidió su imputación en el expediente que investiga presunto lavado de activos. Su requerimiento no ahorró críticas a la unidad especializada creada por la Procuración General para criminalidad económica –PROCELAC– y para la Unidad de Información Financiera (UIF) por el enfoque inicial que habían dado a la investigación, que solo tuvo por imputados a los financistas Federico Elaskar y Lenardo Fariña. En el mismo movimiento sumó a la lista de imputados a Báez, su hijo Martín, el contador Daniel Pérez Gadín y Fabián Rossi, todos ellos mencionados por los dos financistas que se autoincrminaron en un informe emitido por el programa Periodismo Para Todos en maniobras para lavar dinero, presuntamente vinculado a la obra pública del empresario santacruceño.


Pero en la causa “Arbizu, Hernán y otros sobre delito de acción pública” –que según la UIF tiene prioridad 1– nunca fueron analizadas las 40 cajas con documentación agregadas al expediente, y el fiscal Marijuan solicitó una sola medida de prueba, de rigor. En dos oportunidades el organismo de monitoreo del lavado fue rechazado como parte querellante, hasta que la Cámara de Casación revirtió la negativa judicial para entrar en la causa. En este caso, hasta el momento no está implicado ningún funcionario del Estado Nacional y el monto aproximado de fondos que se presume salieron ilegalmente del país, asciende a más de 5 mil millones de dólares.

Marijuan elevó un requerimiento en el que menciona tangencialmente a las 469 empresas y personas que habrían movido fondos para evadir impuestos, pero siempre sobre la base del testimonio de Arbizu, y nunca solicitó que se indague a ninguno de los mencionados. No se hizo lugar a ninguna de las medidas de prueba pedidas por la UIF ni por el Banco Central y hasta que Torres decidió reimpulsar el expediente, no había sido trazada por la justicia una hipótesis delictual para orientar la instrucción. De acuerdo con el procedimiento que se sigue para investigar blanqueo de capitales, la fiscalía cuenta con 60 días hábiles para determinar si los datos que aportó la UF son suficientes para impulsar la acción penal. «

seminario sobre lavado

El titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Daniel Reposo, y el de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, participarán mañana de un seminario de actualización para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Del encuentro, que se realizará en el Auditorio de la SIGEN, en avenida Corrientes 381, también formarán parte Patricio Griffin, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); Marcelo Paz, decano de la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM; y Fernando Whpei, presidente de Federación Instituto de Ayuda Económica Mutual (IAEM).

http://tiempo.infonews.com/2013/05/06/argentina-101349-el-fiscal-no-impulsa-la-causa-arbizu.php


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17.06.2013 | Por el caso de la red del JP Morgan para facilitar la fuga de divisas y el lavado de dinero
Lavado de dinero: la justicia pidió a EE UU información de cuentas de Noble y Magnetto
El juez Sergio Torres libró nuevos exhortos de carácter urgente al Departamento de Justicia de los EE UU. Además de los socios de Clarín, también investiga los movimientos de fondos de cuentas de los empresarios Constantini y Blaquier.

Por:
Leandro Renou e Ignacio Chausis

En medio de presiones corporativas y mediáticas para ocultar las maniobras, la causa de lavado de dinero que denunció el ex directivo del banco JP Morgan Hernán Arbizu empezó a caminar luego de su cajoneo durante cinco años. El juez Sergio Torres, titular del Juzgado Nacional en los Criminal y Correccional Federal Nº 12, emitió una resolución en la cual le solicita a Estados Unidos que proporcione información sobre 16 operaciones sospechosas de lavado y evasión que vinculan a empresas y personas físicas de la Argentina, entre ellas el Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, el empresario del azúcar Carlos Pedro Blaquier, la firma Nordelta y la familia Melhem, muy cercana al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
En un escrito de ocho páginas al que tuvo acceso Tiempo Argentino, el magistrado requirió que se libre un "exhorto diplomático al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través del Ministerio de Justicia de la Nación", para que "a la mayor brevedad posible" se brinde información respecto del movimiento, titularidad y destino de los fondos de 16 operaciones de clientes argentinos de la banca Morgan.

El pedido de Torres es muy detallado, a diferencia del anterior exhorto, de finales de abril pasado dirigido a las autoridades de Suiza, y surge tanto del reciente pedido del fiscal de la causa, Guillermo Marijuan, como del listado de 469 empresas a las que Arbizu les lavaba dinero, además de los recientes artículos periodísticos que viene publicando este diario.

El primer pedido de prueba es de la cuenta "0739240633 en el JP Morgan Chase Private Bank New York a nombre de Marcel Melhem", en relación a "una operación de transferencia realizada el 12 de marzo de 2008 desde la cuenta antes mencionada, a la cuenta destino 0739225855 por la suma de U$S 3.045.000 (SPN 2371510)". Melhem, ex dueño de la cervecería Bieckert, licenciatario de la marca deportiva Reebok y titular de la firma inmobiliaria TYAX, aparece en el listado de los 469 denunciados por Arbizu y está vinculado a Mauricio Macri. En febrero de 2011, el jefe de gobierno porteño celebró su cumpleaños 52 en una mansión en Villa La Angostura propiedad de Melhem. Si bien la requisitoria es sobre Marcel, también Arbizu denunció operaciones sospechosas por parte de sus familiares, Mónica Melhem, Miguel Melhem, Martha Susana Espejo de Melhem y Miguel Alberto Melhem.


Torres también pidió datos sobre un giro de dinero de Ernestina Herrera de Noble, la dueña de Clarín, a un banco en Uruguay, caso denunciado en la edición del 16 de mayo del corriente en las páginas de Tiempo Argentino. "Se determine la existencia de una cuenta en el JP Morgan Chase Bank New York Nº C88312-00-1 cuya titular sería Ernestina L. Herrera de Noble", apuntó el magistrado y agregó que "asimismo, deberá requerirse y acompañar a este Tribunal toda la documentación que acredite la existencia de una transferencia por la suma de U$S 30.000 al Banco Itaú Uruguay S.A. para la cuenta 137643 de Sirenetta S.A." Esta no es la única cuenta del holding de Noble que investiga Torres: en el documento le apunta además a la firma Luarán, una de las once empresas que Clarín y sus directores tendrían en Panamá sin declarar, y cuyas existencias fueron dadas a conocer por Tiempo en las ediciones del 4 y 5 de mayo. Torres pide chequear "la existencia de una cuenta en el JP Morgan Chase de New York registrada a nombre de LUARÁN S.A. Deberá requerirse y adjuntarse al tribunal la documentación relativa a la transferencia operada a favor de esa cuenta, por la suma de U$S 1 millón procedente desde el HSBC BANK USA FMR Marine Midland (SPN 844446)".
En la misma línea, hacia el final del escrito –en el que además Torres esboza una polémica argumentación para negarse al pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) de citar a Arbizu a declaración indagatoria–, el magistrado pide que "a través del Sistema de Gestión de Oficios a los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal del 1 al 11 de la Ciudad de Buenos Aires, que informen si se encuentra radicada en su Tribunal denuncia alguna que involucre a las siguientes empresas: LEXSOL S.A., NOIRLAND S.A., LAFONE INTERNATIONAL CORP., HAZEL INTERNATIONAL S.A., HARLAND INVESTMENTS S.A., TAYBEN CONSULTANTS, RUTLAND INTERNATIONAL INC E INMOBILIARIA VALDIVIA S.A." Junto a Luarán, estas son las firmas del Grupo Clarín en Panamá que mostró Tiempo y que están dirigidas, entre otros, por Noble, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro, los hombres fuertes del holding. La diputada oficialista Juliana Di Tulio las denunció ante la Procelac.
Torres también pone la lupa en las operaciones de la familia Blaquier, involucrada en causas por delitos de lesa humanidad. Arbizu aseguró que les ayudaba a lavar dinero, de ahí que el juez Torres pidiera datos sobre "una cuenta en el JP Morgan identificada bajo el Nº 0739193732 a nombre de la empresa Onyx Financial Services Corporatorion. También deberá requerirse y remitirse a este juzgado toda documentación relativa a la transacción que se hubiera realizado por el importe de U$S 30.000 (SPN 5326729) vinculado con la siguiente referencia 'Fed Wire vía Bank of Boston International /066008004 B/O: Carlos Pedro Tadeo Blaquier Argentin. Ref: Chase NYC/CTR/BNF: ONYX Financial Services Corp. Buenos Aires 1043 ARGENTINA/ AC 0739193732'". También requiere información de la firma Blasker Investments INC "que estaría registrada bajo el Nº 0739176145 en el JP Morgan de NY. También deberá requerirse y obtenerse toda la documentación relacionada con una transferencia por la suma de U$S 30.000 procedente de Bank Boston de Carlos P.T Blaquier Arg. (SPN 5364647)". Cabe destacar que Onyx, Blasker y el propio Blaquier estaban en la lista de los 469 lavadores de dinero denunciados por Arbizu.
El 14 de mayo, Tiempo Argentino publicó una nota sobre las presuntas maniobras de lavado por parte del country Nordelta y sus dueños, la familia Constantini. "Requerimos datos de la existencia de una cuenta en el JP Morgan NY de la cuenta a nombre de Nordelta S.A. 0739026402" y "obtenerse toda la documentación que dé cuenta del depósito en aquella cuenta, de la suma de U$S 30.000 procedente de Paulo Víctor Broukh", fue el pedido de Torres. Y agregó otro detalle de la cuenta en el Morgan Nº 00739403346 a nombre de Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours, propiedad de Constantini. Pide información de "transferencias efectuadas desde esa cuenta, a la cuenta de destino 0739403354 por un importe de U$S 399.960 y U$S 1.400.000 (SPN 7409095)". Otra de las cuentas de Nordelta develadas por Tiempo, la Nº 739026402, "cuyo titular sería Nordelta S.A., a la cual fue girada la suma de U$S 420.000 desde la cuenta 655054916 del Banco Comercial en Bank of America en el período comprendido entre diciembre de 2001 y junio de 2008".
Fuera de estos detalles, y también con números de cuenta y montos, Torres pide a los Estados Unidos datos de firmas tales como Fundacion Corp Group Centro Cultural, Las Cumbres SA, AMM Invest LTD, Classic Liberalism Irrevocable Trust (sobre esta firma el juez pidió datos que nunca fueron enviados) y CGIS Inc, todas denunciadas en 2008 por Arbizu ante el propio Torres, quien recientemente descongeló una causa que supone una fuga y lavado por U$S 5000 millones, luego del impacto mediático de las denuncias sobre el presunto lavado de dinero por parte del empresario kirchnerista Lázaro Báez. De hecho, Marijuan es el fiscal de ambas causas.
Cabe destacar que Torres ya había pedido colaboración a los Estados Unidos, cuyas autoridades nunca respondieron los exhortos anteriores. Pero en este caso se trata de un pedido mucho más detallado y con una particularidad: "A los fines de obtener un resultado satisfactorio del requerimiento diplomático, las autoridades competentes en la materia deberán procurar la información y la documentación sin que el JP Morgan Chase Bank y/o sus autoridades y/o empleados y/o funcionarios, los proporcionen o suministren en forma directa", dice el texto y agrega que todo "debe obtenerse sin colaboración o participación alguna del JP Morgan, sus autoridades locales, empleados o funcionarios locales, sino a través de bases de datos de organismos que fiscalicen o controlen las cuentas o movimientos de las cuentas registradas en el JP Morgan de NY". Una lectura simple de lo anterior permite ver que, para el juez de la causa, el Morgan empezó a ser sospechoso de encubrir más que de colaborar con el avance de las pesquisas. Razón por la cual pide datos a otros organismos y esquiva al banco estadounidense. «

El juez Torres pidió a las autoridades de los Estados Unidos información sobre movimientos en cuentas de las empresas Onyx y Blasker. Carlos Pedro Blaquier

Torres investiga dos cuentas de Nordelta y una de la Inmobiliaria San Martín de Tours, por movimientos que suman unos U$S 2,25 millones. Eduardo Constantini

El juez también sigue una transferencia por 1 millón de dólares a la cuenta de la firma Luarán, con sede en Panamá junto con otras diez sociedades. Héctor Magnetto

Las pesquisas apuntan a un giro por 30 mil dólares al Banco Itaú de Uruguay desde una cuenta del banco JP Morgan Chase de Nueva York. Ernestina Herrera de Noble

http://tiempo.infonews.com/2013/06/17/argentina-103946-lavado-de-dinero-la-justicia-pidio-a-ee-uu-informacion-de-cuentas-de-noble-y-magnetto.php

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16.05.2013 | Documentos exclusivos:
Las cuentas de Ernestina Herrera y el Grupo Clarín en el JP Morgan
Tiempo Argentino muestra las pruebas que confirman la existencia de cuentas bancarias de directivos del multimedios en el banco con sede en Nueva York. Hernán Arbizu denunció que se usaban para lavar dinero.

Por:Gustavo Cirelli

El documento es contundente. Dice así:
"Señores JP Morgan Chase/New York
Presente
At: Sra. Norma Caba y/o Walter Gómez
De mi consideración: Por la presente solicito a ustedes se sirvan transferir, al banco intermediario: Bank of America New York, Swift Code BOFAUS3N; ABA 026009593, para el banco beneficiario Banco Itaú Uruguay SA, Swift Code ITAUUYMM, cuenta 6550245101, la suma de U$S 30.000 (dólares estadounidenses treinta mil), para la cuenta N° 137643 de Sirenetta SA. Referencia Ernestina L. Herrera de Noble.
Asimismo, autorizo a ustedes a debitar dicho importe de mi cuenta corriente N° c88312-00-1. Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente."
Cierra el texto, la firma: Ernestina L. Herrera de Noble.
En pocas líneas, el documento que acompaña esta nota confirma la existencia de cuentas a nombre de la dueña del Grupo Clarín en el JP Morgan Chase de Nueva York.

La empresaria figura, al igual que otras de sus compañías –como se verá más adelante– en el listado que el ex banquero responsable del Cono Sur de esa entidad financiera internacional, Hernán Arbizu, presentó, a mediados de 2008, en la Unidad de Información Financiera (UIF) y ante la justicia argentina en el juzgado federal a cargo del magistrado Sergio Torres.

El fiscal de la causa –que lleva cinco años sin mayores avances– es Guillermo Marijuan. Arbizu se autoincriminó. Dijo que manejó el dinero de 469 empresas y personas físicas. Que sus clientes de la Argentina le pidieron girar montos al exterior. En el escrito, Arbizu denunció maniobras de presunto lavado y fuga de divisas al extranjero.
Recientemente, José Aranda, directivo de Clarín, calificó a Arbizu de "loco" y de "delincuente". Dijo desconocer al ex banquero.

Ernestina Herrera, viuda de Roberto Noble, figura en el lugar 161 de la lista que entregó Arbizu. El lugar 162 lo comparte con su heredera Marcela; en el 163, está junto a Felipe Noble Herrera.
La carta de Ernestina Herrera al JP Morgan no es el único documento al que, en exclusiva, accedió Tiempo Argentino, que confirma los dichos de Arbizu.

La firma de Saturnino Lorenzo Herrero Mitjans, director de Asuntos Corporativos del multimedios –figura clave en el pool de empresas del Grupo Clarín, que va de Papel Prensa a representante del multimedios de Héctor Magnetto ante la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP (ver pág. 4)– también se ve nítida en la solicitud de apertura de una cuenta que el Grupo realiza ante JP Morgan: es para su empresa Artes Gráficas Rioplatense –52 en la lista de Arbizu–.
En la solicitud, a la que se adjunta un acta de directorio de AGR, se inscribe como autorizados para efectuar movimientos en esa cuenta a los directivos Héctor Aranda, Julio Trapes, Juan Caldumbide y Raúl Scialabba. Además, en el documento se deja constancia de que para efectuar algún movimiento en la cuenta bancaria se debe contar con la firma de al menos dos de los cuatro autorizados. Caldumbide figuraba como gerente administrativo de AGR. Falleció.
Julio Trapes pertenece al área de Tesorería, el sector encargado de mantener contacto con Arbizu, Roberto Zorgno o Adrián Garate, en el JP Morgan. Ingresó a AGEA en 1975 y su nombre se muestra en varias empresas en las que comparte el directorio con otros accionistas de Clarín. Por ejemplo, en el Boletín Oficial se lo encuentra como gerente de Cisca Comercial Industrial SRL, o como presidente de Meker SA, o Decio SA, o de Inversora ELHN SA. En esta última aparece como director suplente Ignacio José María Sáenz Valiente, que registra un cargo similar en CG Dominio SA, la sociedad madre del Grupo Clarín, donde en los papeles está la plana mayor del multimedios: Herrera Noble (presidenta), Héctor Magnetto (vice), directores José Aranda, Pagliaro, Pablo César Casey y José María Sáenz Valiente (h).
Para dar un marco de referencia adicional sobre quiénes son las personas mencionadas en este informe es válido recordar que, por ejemplo, desde el influyente buffet de abogados de Sáenz Valiente, con Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada como letrados patrocinantes, Clarín realizó una demanda penal contra varios periodistas por opinar libremente y distinto –muy distinto– a los intereses destituyentes de Magnetto y sus socios.
Entre los acusados criminalmente en ese disparatado escrito –que de tan alarmante como delirante sometió a la vergüenza a los más encumbrados escribas del magnettismo por lo que el propio holding debió retirarlo de la justicia–, se encontraba el director fundador de Tiempo Argentino, Roberto Caballero. Valen estas líneas para destacar que Tiempo hoy cumple tres años. Aquel 16 de mayo de 2010 llegó a los lectores con una premisa que no defraudó a lo largo de estos 36 meses: la tapa de hoy lo confirma.
En estos días en los que un sector del periodismo borró todo los límites del oficio, para incurrir en la purpurina de una suerte de neoperiodismo mágico, conjetural y escenográfico, este diario vuelve a demostrar, más allá del coro de negadores a sueldo, que Clarín miente. Ejemplos abundan.
Que a pesar de lo que escriban sus editorialistas amigos: la causa Papel Prensa en la que se investiga si existió delito de lesa humanidad en la apropiación de las acciones de la empresa de la familia Graiver sigue abierta. Que Magnetto y su socio Bartolomé Mitre del diario La Nación están imputados y algún día deberán dar explicaciones ante la justicia.


Detrás de cada estrategia del holding hay responsables de sus actos. Como Héctor Aranda –hermano de José, socio de Noble, Magnetto y Pagliaro– que tiene su propia cuenta denunciada por Arbizu.
Comparte el lugar 212 con Claudia Felicitas Martín de Aranda. Pero también figura en otras empresas que están en el listado denunciado por presunto lavado y fuga de divisas al exterior. Sociedades en las que se cruza en sus directorios con Magnetto y otros ejecutivos del Grupo.
Raúl Scialabba –otro de los ejecutivos del Grupo al que Herrero Mitjans incluyó entre los autorizados en la solicitud a la JP Morgan– es vicepresidente de Artes Gráficas del Litoral, la planta impresora que el multimedios tiene en Santa Fe. Tuvo a su cargo por contratación directa la impresión de las boletas para las elecciones provinciales del 24 de julio de 2011 durante el gobierno del titular del Frente Amplio Progresista (FAP), el socialista Hermes Binner.
Scialabba está inscripto en el directorio de Cúspide Libros SA, entre otras firmas del Grupo. Es presidente de la Asociación Bautista Argentina e integrante de las comisiones de Libertad Religiosa y Promoción y Desarrollo del organismo, vicepresidente del CALIR (Consejo Argentino para la Libertad Religiosa) y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Bíblica Argentina. Pero en la justicia argentina su nombre surge vinculado a paraísos bien terrenales.
Arbizu no olvida los nombres de las personas con quien debía tratar las cuentas del Grupo; entre los mencionados, faltan el ex directivo de Finanzas de Clarín Alejandro Urricelqui –otro miembro clave en la mesas chica de las sociedad del holding de Noble-Magnetto– y Alejandro Scanavino.
Una vez más, en la saga de notas que publicó Tiempo Argentino sobre la operatoria del JP Morgan en el país, y en la región, vuelven a surgir los nombres de Norma Caba y Walter Gómez, los asesores del cuenta de la banca internacional que tienen sus oficinas en el 345 de Park Avenue de Nueva York, la misma sede en la que el propio Arbizu trabajaba.
A Caba y a Gómez, Ernestina Laura Herrera de Noble envió la minuta con instrucciones sobre las transferencias que debían realizar de sus cuentas. Quizá José Antonio Aranda –que ocupa tres lugares en la lista que el ex banquero entregó al juez Torres y de la que dispone el fiscal Marijuan: 244, 245 y 246– insista en desconocer al ex banquero.
Debería preguntarle sobre Arbizu, por ejemplo, a Norma Caba y a Walter Gómez. A ellos, la señora Ernestina sabe cómo ubicarlos. «

http://tiempo.infonews.com/2013/05/16/argentina-101994-las-cuentas-de-ernestina-herrera-y-el-grupo-clarin-en-el-jp-morgan.php



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04.05.2013 | Por posibles maniobras de evasión y lavado de dinero en otras firmas del multimedios
La justicia argentina investiga a cuatro empresas del Grupo Clarín en Panamá
Son firmas creadas en ese paraíso fiscal y en las que figuran como directores Héctor Magnetto, Lucio Pagliaro y José Aranda. El holding ya era investigado por maniobras con empresas off shore en Delaware, Estados Unidos.


Por: Gustavo Cirelli

El Grupo Clarín, actualmente investigado en varias causas de lavado de activos y evasión tributaria –la mayoría denunciadas por el "arrepentido" ejecutivo del JP Morgan, Hernán Arbizu– también deberá explicar por qué no declaró en la Argentina la radicación de sociedades en Panamá.
Según confiaron a Tiempo Argentino fuentes judiciales, las sociedades no figuran en las declaraciones juradas de sus titulares, todos altos directivos del holding que conduce Héctor Magnetto.
Serían al menos cuatro las sociedades anónimas en Panamá. Algunas de ellas habrían sido cerradas incluso antes de ser declaradas, sin embargo todas fueron y son dirigidas por Héctor Magnetto, CEO de Clarín, en sociedad con los directores José Antonio Aranda, y Lucio Rafael Pagliaro.
Las firmas mencionadas son AGEA Inversora SA; Semar Inversora SA, Lexsol SA y Noirland SA. Cabe destacar que AGEA y Semar fueron parte de las firmas denunciadas por Hernán Arbizu en un paquete de 469 compañías y, sobre la cual el juez Sergio Torres pidió información a Suiza la semana pasada.
La titularidad de las empresas se probaría incluso con los números de CUIT de Héctor Magnetto, de Lucio Pagliaro y de José Aranda. En todos los casos, la información de las cuatro sociedades, según fuentes judiciales, figura en el Registro Público de Panamá. Lo llamativo es que datos de la investigación confirman que el propio Magnetto ha reconocido tener sociedades en Uruguay y Antillas Holandesas, pero jamás en Panamá.
Sin embargo, junto al nombre de Héctor Magnetto y de su función de director en dos de las sociedades, figuran los nombres de dos personas responsables de la creación de más de 2000 empresas en paraísos fiscales. Ellos son Vasco Rafael Wendehake Fabrega y el abogado en ejercicio Juan Eduardo Lombardi Tribaldos, ambos de nacionalidad panameña. La justicia ahora deberá investigar su relación con las sociedades no declaradas. Con el estudio de abogados que habría gestionado la creación de las sociedades anónimas no declaradas ante la AFIP su relación está probada. El estudio Icaza, González-Ruiz y Alemán es muy reconocido en Panamá. Juan Eduardo Lombardi Tribaldos es socio del buffet y Vasco Rafael Wendehake Fabrega es consultor en la misma firma.
El estudio es a la vez un buffet de abogados y una suerte de facilitador de negocios privados en paraísos fiscales, un gestor de operaciones al margen de la ley. El estudio sería el soporte para generar toda la estructura de "presta nombres" que permite eludir y gestionar capitales en el exterior. En su sitio de Internet, la firma reconoce que opera en diferentes paraísos fiscales, incluido Panamá (ver aparte). Pero además fue clave en otras operaciones tales como la privatización de empresas de energía en Rusia y en uno de los mayores hechos de corrupción de España (ver aparte).
Las cuatro empresas radicadas en Panamá y no declaradas en la Argentina son una muestra de la operatoria del Grupo Clarín que actualmente también es investigado por albergar casi todas sus sociedades en Delaware, una pequeña ciudad de los Estados Unidos que tiene 850 mil empresas y 800 milhabitantes.
De hecho, el banco JP Morgan, tal como revelara Arbizu, le recomendó a Clarín establecer allí casi todas sus firmas. Todas ellas quedaron vinculadas con la entidad financiera por medio de contratos crediticios por millonarias cantidades de dólares.
Destacan fuentes judiciales que además de las cuatro compañías podría haber otars tantas más ya que que Clarín no sólo tenía como banco gestor de negocios al JP Morgan (de donde salieron los datos denunciados por Hernán Arbizu) sino que también tiene cuentas manejadas por la Unión de Bancos Suizos (UBS) y Goldman Sachs, otro banco de inversión con participación minoritaria en el entramado directivo y societario del holding de Héctor Magnetto. Pero para el avance de este tipo de causas, el panorama es complejo ya que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), no considera lavado de activos al dinero que se deriva de la evasión impositiva sino sólo a aquellos montos que surgen del narcotráfico y el terrorismo. «

Informe: Equipo de Economía


un buffet de expertos en paraísos fiscales
En su sitio de Internet, el buffet de abogados Icaza, González-Ruiz & Alemán se reconoce sin ponerse colorado como un gestor de negocios legales e individuales, que opera en todo el mundo, pero preferentemente en paraísos fiscales.
La página detalla que la empresa presta servicios y tiene oficinas en lugares tales como Suiza, Luxemburgo, las británicas Islas Vírgenes, Bahamas, Antillas, Belize, Uruguay, Seychelles y Singapur, además de Panamá, lugar en el que gestionaron las cuatro compañías de los directores de Clarín.
Según consigna en sus investigaciones el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al menos 17 de los países miembro del organismo poseen centros offshore, es decir, centros financieros considerados paraísos fiscales.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Austria, Canadá, Dinamarca, Hong Kong, Islandia e Irlanda tienen empresas offshore, es decir, centros financieros con un nivel impositivo muy bajo, los cuales son usados para ocultar al propietario o beneficiario de determinados bienes por varios motivos, como el blanqueo de dinero.
En esta lista también se incluyen Japón, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Países Bajos, Singapur, Suecia y Turquía, y de los 41 países considerados por España como paraísos fiscales. En base a la lista gris de la OCDE, no menos de 14 forman parte del Reino Unido o dependen de él, como Gibraltar y las islas Anguila, Bahamas, Bermudas, Caimán, Guernesey, Jersey, Del Man, Monserrat, Salomón, San Vicente y las Granadinas, Turcas y Caicos, además de las Vírgenes.
Esta nación del Caribe es uno de los paraísos fiscales más reconocidos, y actúa como caja negra del manejo de dinero de grandes grupos por sus condiciones de libertad de manejo. Concretamente, Panamá no tiene acuerdo de intercambio de información, lo cual traba cualquier avance que se intente en materia de confirmación de cuentas bancarias o transferencias, pistas que podrían clarificar el panorama de un presunto delito de lavado de activos.



http://tiempo.infonews.com/2013/05/04/argentina-101236-la-justicia-argentina-investiga-a-cuatro-empresas-del-grupo-clarin-en-panama.php


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15.04.2012 | presentación de la unidad de información financiera
Denunciaron por lavado a directivos del Grupo Clarín
Un reporte advierte por la venta de acciones de CIMECO, supervisadas por JP Morgan, a una empresa sin capital ni actividad, radicada en Delaware y propiedad del Grupo.

Por:
Hernán Dearriba.



Operaciones de ida y vuelta con fondos sin justificación entre empresas del Grupo. Compra y venta de acciones. Un presunto crédito del Banco Credit Suisse Internacional por 6 millones de dólares a una compañía sin actividad reconocida y con un capital de apenas 100 dólares radicada en Delaware, un distrito reconocido en el mundo financiero como una suerte de paraíso fiscal dentro de los Estados Unidos. Todo en un plazo de cinco meses, sin documentación que respalde las transacciones y coordinado por una oficina de la JP Morgan en Buenos Aires investigada por operaciones de lavado de dinero de ricos y famosos.
Esa es la trama que develó la Unidad de Información Financiera (UIF) y por la que presentó una ampliación de denuncia el viernes pasado contra los directivos del Grupo Clarín ante el juzgado en lo Criminal Correccional Número 12, a cargo de Sergio Torres por el presunto delito de lavado de dinero.
La ampliación se anexó a la causa “9232/08 NN sobre delito de acción pública” originada en 2008 por la presentación de Hernán Arbizu sobre la existencia de cuentas bancarias no declaradas que tendrían en el exterior diferentes directivos del Grupo Clarín, entre ellos Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y José Aranda.
Fuentes judiciales revelaron a Tiempo Argentino que las alarmas se dispararon a partir de un reporte de operaciones financieras en relación a transacciones entre el Grupo Clarín y una sociedad constituida en el estado de Delaware denominada GCSA Investment LLC, con un capital accionario de 100 dólares y propiedad del mismo grupo.
El reporte da cuenta de “la existencia de préstamos o ingresos de dinero por otros conceptos, provenientes de entidades (bancarias o comerciales) con países de nula o baja tributación, obstaculizando las posibilidades de fiscalización”. El objetivo de la acusación es demostrar los vínculos entre esas operaciones sospechosas y la banca de inversión JP Morgan, lo que probaría que esa banca de inversión fue la responsable de administrar los fondos irregulares de los directivos del Grupo Clarín en el exterior.
La misma entidad financiera aparece en otra causa en la que se investiga el presunto fraude del Grupo Clarín a las AFJP que compraron con dinero de los futuros jubilados acciones de la empresa cuyo precio podría haber sido manipulado.

DENUNCIA. El Grupo informó que es titular de distintas cuentas bancarias en el JP Morgan Chase Bank de Nueva York y en el First Overseas Bank Limited en Nassau en las Islas Bahamas y justificó el saldo existente en esas cuentas a partir de dos contratos celebrados con GCSA, el primero el 13 de junio de 2008, tanto sólo 20 días después de que se constituyera la sociedad radicada en Delaware.
En esa operación, el Grupo Clarín transfirió a GCSA el 4,9% de las acciones de Compañía Inversora en Medios de Comunicación (CIMECO) –propietaria de los diarios La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza y de parte de las acciones de Papel Prensa–, a un precio de 6 millones de dólares. Esa transferencia fue pagada con la cancelación de una deuda que el Grupo Clarín mantenía con una de sus controladas, Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA). Pero la UIF señaló en su presentación ante la justicia que de la documentación aportada por la empresa no pudo verificarse el ingreso de los montos indicados.
En el segundo contrato, con fecha 8 de octubre de 2008, el Grupo transfiere a GCSA el 1,7% de las acciones de CIMECO por 2.047.097 dólares, que se pagó a través de una transferencia en el First Overseas de Bahamas. Así, la empresa radicada en Delaware se hizo con el 6,6% de CIMECO por cerca de 9 millones de dólares.
De acuerdo con los relevamientos incluidos en la causa, las transacciones se desarrollaron en un período de cinco meses en el que la empresa GCSA no registró actividad y fueron supervisadas por JP Morgan, según la denuncia presentada ante el juzgado de Torres.
“Existe conexión entre las maniobras involucradas en la causa judicial y el reporte recibido recientemente que permite observar que los sujetos involucrados operan con JP Morgan y otras entidades bancarias, con fondos de dudoso origen”, resalta la presentación.
Para la UIF quedó acreditado que AGEA “no recibió en Argentina transferencia alguna que tenga como ordenante a GCSA Investment y que tampoco recibió transferencia de terceros por una suma similar a la involucrada en la operatoria”.
La presunción de la investigación es que se trataba de dinero negro que el Grupo Clarín o sus accionistas tenían en el exterior y buscaron blanquear con beneficios impositivos adicionales por la vía de un crédito del Credit Suisse Internacional con sede en Londres en lo que se conoce en el mundo financiero como operaciones back to back.
Ahora, el magistrado debería enviar exhortos a las Bahamas, los Estados Unidos y Londres para determinar el origen de los fondos que se emplearon en las transacciones; y pedir la ampliación documental ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que trabajó también en la investigación junto a la UIF.
Además, debería requerir información al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), el organismo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos encargado de reunir información para combatir el lavado de dinero y que hasta ahora mantuvo silencio sobre estas transacciones frente a los requerimientos de la UIF.
Fuentes judiciales anticiparon además a Tiempo Argentino que esta semana podría haber novedades adicionales en la causa que tramita el juez Torres. <


Antecedentes


GCSA Investment LLC compró el 6,6% de las acciones de CIMECO en casi 9 millones de dólares en dos operaciones registradas en un plazo de cinco meses, período en la empresa que no registra actividad comercial.
GCSA es una empresa del Grupo Clarín constituida con un capital accionario de 100 dólares a la que el Banco Credit Suisse Internacional con sede en Londres le otorgó un préstamo millonario.
Para la Unidad de Investigación Financiera (UIF) quedó acreditado que Arte Gráfico Editorial Argentino no recibió en el país transferencia bancaria alguna que tenga como ordenante a GCSA y que tampoco recibió transferencias de terceros por una suma similar a la involucrada en la transacción.
GCSA está radicada en el estado de Delaware, un distrito de baja o nula tributación, comparable a los paraísos fiscales por la carencia de adopción de medidas de “debida diligencia” referidas al requisito de “conozca a su cliente”.
El FinCEN, organismo responsable por la recolección de información para detectar acciones de lavado de dinero no respondió a las requisitorias de la UIF para determinar si hubo maniobras delictivas en la operación.


Cómo es el back to back


Las operaciones de back to back son habituales mecanismos de lavado de dinero irregular y se configuran cuando una sociedad “A”, que generó ingresos en negro, tiene la necesidad de utilizarlos y no los puede blanquear en su país de origen.
Por lo tanto constituye una sociedad “B” con testaferros en un paraíso fiscal. Esa sociedad “B” deposita entonces los fondos no declarados en un banco del país en el que se radicó, y la entidad bancaria le presta contra el depósito y transfiere los fondos.
A su vez, le permite a la sociedad deducir impositivamente los intereses que le pague a la entidad bancaria por el préstamo recibido. Con lo cual no sólo evada impuestos sino que tiene beneficios adicionales.

http://tiempo.infonews.com/2012/04/15/argentina-73161-denunciaron-por-lavado-a-directivos-del-grupo-clarin.php

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20 de julio de 2013

Caso Ángeles: la vinculación del testigo falso con un legislador de la UCR


Sábado, 20 de julio de 2013
SOCIEDAD › EL MINISTRO DE JUSTICIA PEDIRA QUE SE INVESTIGUE UNA FALSA DENUNCIA EN EL CASO ANGELES

“Pueden ser delitos muy graves”
El caso involucra al diputado Eduardo Costa (UCR-Santa Cruz), mencionado por una testigo que aportó datos falsos, como reveló Página/12. Según Alak, la maniobra podría constituir “encubrimiento y obstrucción de justicia”.


Por Raúl Kollmann
El juez de instrucción Jorge De Santo quedó a cargo del expediente en el que se investigará la maniobra por la cual se plantó una testigo falsa en el caso del crimen de Angeles Rawson. Página/12 adelantó en forma exclusiva que la mujer, Beatriz Fuentes, introdujo una versión plagada de mentiras tras hablar –según reconoció ante el juez Javier Ríos– con la oficina del diputado nacional santacruceño, de la UCR, Eduardo Costa. El ministro de Justicia, Julio Alak, a raíz de lo publicado en este diario, anunció que pedirá “que se investigue un intento de obstrucción de justicia por parte de Fuentes y del diputado Costa. Los detalles que hemos leído en Página/12 pueden configurar delitos muy graves como encubrimiento, falsa denuncia y entorpecimiento de las funciones de funcionario público. La presentación ante la Justicia se hará el lunes”.

Este diario reveló ayer los tramos principales del testimonio de Beatriz Fuentes ante el juez Ríos, la fiscal Paula Asaro y el abogado querellante, Pablo Lanusse. La mujer llamó al periodista de TN Ricardo Canaletti y le dio una versión descabellada de los hechos, acusando al padrastro pero, sobre todo, politizando la causa con un relato delirante: que el mismo día del asesinato, o sea antes de que se supiera que a Angeles la habían matado, apareció el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y le ofreció 25.000 pesos a ella y a otros vecinos para que mantuvieran silencio. Todo fue desmentido por los habitantes del edificio, que el juez tuvo que convocar a declarar en la noche del 26 de junio pasado. Ante la mentira, Ríos llamó de inmediato a Fuentes, que tuvo que viajar desde Caleta Olivia a Tribunales para prestar declaración testimonial. Allí dijo que había hablado con la oficina de Costa antes de dar la versión que resultó falsa. “Estos hechos, de confirmarse, son muy graves –dijo Alak en declaraciones a la prensa–, porque se obstruye el normal y pleno funcionamiento de un juez que está investigando un lamentable suceso. Es más grave aún que un miembro del Congreso Nacional sea parte de una maniobra de estas características, recomendando, en el mejor de los casos, a un testigo ir a un medio de comunicación en lugar de presentarlo de inmediato ante las autoridades judiciales. Y, en el peor de los casos, debe investigarse si no formó parte del armado de esta burda maniobra y con qué intereses.”

Costa es el referente más importante del radicalismo en Santa Cruz y un opositor tradicional al kirchnerismo. Es un empresario muy poderoso, cuya familia es dueña de una enorme cadena de supermercados, Híper-Tehuelche, una gran empresa de construcción y concesionarias de autos. Su esposa es la conocida denunciante en numerosas causas y titular de la Coalición Cívica-ARI, Marian Zuvic. Costa fue el mayor comprador de tierras a 7,50 pesos por metro cuadrado en El Calafate –algo que tuvo poca difusión– con 29.900 metros cuadrados y acaba de realizar una controvertida compra de un terreno en el centro de Caleta Olivia, lo que motivó que dirigentes de la propia UCR le pidan que lo devuelva al municipio como “gesto ético”.

Toda la trama del testimonio falso llama mucho la atención:

- La testigo trucha, Beatriz Fuentes, se comunicó por teléfono desde Caleta Olivia, Santa Cruz, con el periodista de TN Ricardo Canaletti con una versión evidentemente burda de los hechos.

- Dijo que se llamaba Andrea y que su hermana Beatriz vivía en el segundo piso, departamento A, del edificio de Ravignani 2360. Que aquel lunes 10 de junio, ambas escucharon una fuerte discusión, que se dio en un pasillo, entre Angeles y su padrastro. La chica le habría recriminado a Sergio Opatowski por supuestos abusos sexuales.

- La falsa Andrea le dijo a Canaletti que no sólo ella y su hermana escucharon la discusión, sino también el encargado y otros vecinos.

- Que ese mismo día, el del asesinato, llegó al edificio el secretario de Seguridad, Sergio Berni, que le ofreció a las hermanas 25.000 pesos para que no contaran lo que escucharon. Lo mismo le ofreció a otros vecinos.

El CD con la grabación de los dichos de Fuentes fue entregado por Canaletti, no a la Justicia sino al abogado querellante, Pablo Lanusse. Este se lo hizo llegar al juez, aunque manifestó sus dudas. El magistrado tomó las cosas muy en serio y ordenó un operativo de la Policía Metropolitana para llevar a todos los habitantes del edificio a declarar en la misma noche. El juez, la fiscal Asaro y Lanusse se quedaron toda la noche sin dormir y lo mismo le pasó a buena parte de los vecinos del edificio.

El resultado fue el siguiente:

- El 2º A, donde decía vivir Fuentes, estaba desocupado desde hacía cinco años.

- Nadie conocía ni a una tal Andrea ni a una tal Beatriz.

- Nadie vio a Berni en el edificio el lunes 10 de junio.

- Nadie escuchó ninguna discusión en la familia de Angeles. Ni ese día ni nunca: no era una familia conflictiva.

- Por supuesto, nadie recibió una oferta de Berni para silenciar una discusión que no ocurrió.

Ríos hizo viajar a Fuentes a Buenos Aires y, ante él, la mujer prácticamente admitió la mentira. Al final de su declaración dijo: “Hagan de cuenta que esta mentira la dije yo”, dejando entrever que le pagaron para falsear la verdad. Minutos antes sostuvo que llamó a la oficina del diputado Costa y que la secretaria del legislador le dio el teléfono de Canal 13. Todo tiene un tufillo muy fuerte a maniobra política, dicen en Tribunales: ninguna secretaria hubiera derivado a un testigo sin el visto bueno de su jefe.


http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-224887-2013-07-20.html

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Viernes, 19 de julio de 2013 | Hoy
SOCIEDAD › INVESTIGAN A UN DIPUTADO RADICAL POR LA TESTIGO PLANTADA EN EL CASO ANGELES QUE PRETENDIO INVOLUCRAR AL GOBIERNO

Un testimonio trucho con dudas políticas
La testigo admitió que se comunicó con la oficina del diputado Eduardo Costa (UCR-Santa Cruz) antes de dar a conocer su descabellada versión a un periodista de Canal 13 y TN, que la llevó a la Justicia. Los investigan por falso testimonio.



Por Raúl Kollmann
El juez que investiga a la testigo falsa que fue plantada en el caso Angeles está poniendo la mirada sobre el diputado opositor de Santa Cruz Eduardo Costa, a cuya oficina la mujer admite haber hablado antes de su intento de intoxicar el expediente. Beatriz Nicolaza Fuentes –la testigo falsa– vive en Caleta Olivia, Santa Cruz, y tiene seis causas por estafas y defraudaciones. En su declaración ante el magistrado reconoció que habló con la oficina de Costa –ex candidato a gobernador por el radicalismo y principal referente de la oposición santacruceña– y que la secretaria del legislador le dio el teléfono de Canal 13, donde habló con el periodista Ricardo Canale-tti. Por esa vía, la descabellada versión de Fuentes, que se advertía falsa a primera vista, llegó a la causa judicial. El juez Ríos cortó la maniobra, imputó a Fuentes por falso testimonio y ahora todo el artilugio es investigado por un nuevo magistrado. Al final de su declaración testimonial, cuando ya había quedado desnudada la falsedad, Fuentes deslizó una frase llamativa: “Hagan de cuenta que esta mentira la dije yo”, sostuvo ante el juez Ríos, la fiscal Paula Asaro y el abogado querellante Pablo Lanusse. O sea, dejó entrever que le pagaron para mentir.

Beatriz Fuentes grabó con Canaletti una declaración en la que dijo llamarse Andrea y que su hermana Beatriz vivía en Ravignani 2360, el edificio en el que asesinaron a Angeles, en el segundo piso, departamento A. Que las hermanas escucharon una discusión entre la joven víctima y su padrastro en la que Angeles le recriminaba porque él la abusaba sexualmente. La discusión habría tenido lugar en el pasillo y –según Fuentes– no sólo la escucharon las hermanas, sino también el encargado del edificio, Jorge Mangeri, que venía bajando las escaleras. Que ese mismo día del asesinato de Angeles –o sea el lunes 10 de junio– apareció en el edificio el secretario de Seguridad, Sergio Berni, que le ofreció a ella 25.000 pesos para que no contara nada de lo que había escuchado y que el ofrecimiento también fue para otros vecinos que oyeron lo que pasaba.

La versión chorreaba falsedad por todos lados y, de entrada nomás, parecía tener una clara intencionalidad política: involucrar a Berni y, por esa vía, al gobierno nacional. También sabotear la investigación, el trabajo de la fiscal y el juez y, sobre todo, enlodar al padrastro. Canaletti introdujo la grabación en la causa a través de Lanusse, aunque éste fue muy cuidadoso y manifestó sus dudas.

Para el juez, la cuestión fue de máxima importancia. La declaración de Fuentes lo llevó a ordenar la declaración inmediata de todos los vecinos del edificio de Ravignani, quienes fueron llevados al juzgado a la noche en camionetas de la Policía Metropolitana. Se usó esa fuerza justamente porque se investigaba –por la testigo falsa– a Berni, quien tiene a su cargo a la Policía Federal. Cuando el tercer vecino contó que en el segundo piso, departamento A, no vive nadie desde hace cinco años, todos los presentes –el juez, la fiscal y Lanusse– confirmaron que Fuentes era parte de una maniobra grotesca. Por supuesto que ningún otro vecino había escuchado ninguna discusión. Hoy se sabe que la madre de Angeles no estaba en el edificio, ningún vecino conocía ni a la tal Beatriz ni a una Andrea y, como era obvio, tampoco ningún vecino recibió una oferta de Berni ni lo vieron aquel día del asesinato de Angeles.

El juez ordenó la convocatoria inmediata de Fuentes y la testigo terminó imputada por falso testimonio. En su declaración la mujer empezó admitiendo que ella nunca estuvo en el edificio de Ravignani, que su hermana no es Andrea, sino María, que tampoco vive allí y que la historia tuvo que ver con una persona de edad a la que supuestamente encontró en la terminal de micros de Comodoro Rivadavia y que le contó lo de la discusión y lo de Berni. Pero lo llamativo es que Fuentes reveló cómo fue el camino para introducir sus mentiras en el expediente. Dijo, textualmente, que “llamó al diputado de su provincia, Eduardo Costa y le dieron para llamar a Canal 13. Que a Costa lo conoce de su provincia, lo ha visto y él la conoce. Que la secretaria le dio el teléfono de Canal 13. “No fue el diputado el que me dio el teléfono, fue la secretaria privada. El no atiende nunca”, precisó.

El relato es llamativo, parece improbable que una secretaria no haya, como mínimo, consultado con su jefe, en especial tratándose de un caso de máxima repercusión en el país. Además, estaba involucrando en una maniobra grave a un funcionario nacional.

Ante el juez Ríos, el relato de Fuentes estalló en pedazos. Dijo que aquel llamado con Canaletti fue el único que hizo, pero quedó probado que antes de la grabación ya habían hablado. En la cinta hablaba en plural, en nombre de ella y su supuesta hermana, ante el juez todo eso se cayó: la mujer admitió que ni ella ni su hermana tienen nada que ver con el edificio de Ravignani, que nunca estuvieron allí y que no tiene la identidad ni sabe nada de la anciana que le contó lo que ella dice que le contaron.

La grabación fue entregada por Canaletti a Pablo Lanusse quien la incorporó a la causa, con muchas dudas. Varias veces, durante la declaración de Fuentes, Lanusse dejó constancia de que la mujer faltaba a la verdad.

Acorralada por todos los presentes, la testigo falsa se despachó con la frase que dejó a los que estaban allí con la boca abierta: “Hagan de cuenta que esta mentira la dije yo, si no queda otra”. La impresión que quedó es que la testigo había sido colocada y que hubo dinero de por medio.

El juez Ríos vio la gravedad de la maniobra y lo que había implicado: entre otras cosas, la convocatoria de noche a todos los vecinos. Remitió una copia de la declaración de Fuentes a la oficina de sorteos de la Cámara del Crimen para que otro juez intervenga ante “la eventual comisión del delito de falso testimonio”.


http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-224832-2013-07-19.html

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Sábado, 29 de Junio de 2013 18:55 Rate this item1 2 3 4 5 (0 votes)
Caso Ángeles: "el audio quedó desvirtuado"
por La Pista Oculta font size disminuir tamaño fuentes aumentar tamaño fuentes Imprimir E-mail

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Recorrido de un audio que quedo desvirtuado. El miércoles el abogado del padre de Ángeles Rawson presentó en el juzgado un audio que le hizo llegar el periodista de TN Ricardo Canaletti con una declaración de una supuesta vecina que involucraba al Gobierno nacional. Los vecinos del edificio citados por el juez no confirmaron la versión.




El miércoles pasado el Dr. Pablo Lanusse, abogado del padre de Ángeles Rawson, presentó en el juzgado que investiga que lleva adelante la causa, un audio que le hizo llegar el periodista de TN Ricardo Canaletti.

A partir de la presentación el Juez llamó en la noche del miércoles a declarar a todos los vecinos que fueron trasladados en combis a los Tribunales.

El audio que quedó incorporado al expediente de la causa, fue grabado por el periodista de TN Ricardo Canaletti.
Canaletti expresó que recibió una llamada de una mujer que se identificó como Andrea, una vecina del edificio de Ravignani. La conversación fue grabada por el periodista.

La mujer señaló que Mangeri escuchó esa discusión porque estaba en las escaleras y tanto ella como una supuesta hermana suya llamada Beatriz también la escucharon y que luego apareció en el edificio un importante funcionario del gobierno nacional que les ofreció a ella, y también a otros vecinos, 25 mil pesos para que no contaran nada, que no incriminaran a la familia y acusaran al encargado.

El periodista de TN no aportó la grabación de la entrevista al juzgado ni a la fiscalía como elemento a considerar, sino que optó por entregársela al abogado del padre de Ángeles, el Dr Lanusse quien fue el que entregó el audio en el Juzgado.

El viernes el Dr. Pablo Lanusse comunicó a los medios que el audio “quedó desvirtuado” con la declaración de 26 testigos porque ninguno confirmó un solo dato.

Además señaló que "el juez tenía que conocerlo, para que tenga esa prueba a disposición" y que las declaraciones de los testigos permitieron "incorporar otros datos de interés para la investigación".

De las declaraciones surgió que el día del crimen, el portero - Jorge Mangeri - pidió a los vecinos sacar la basura a las 17 horas antes del horario habitual. Incluso, una fuente judicial explicó que algunos de los testigos contaron que Mangeri les hizo este pedido a través del portero eléctrico.

Otra vecina aportó que vio al portero el día 10 de junio - el día del crimen - en la terraza y que "estaba llamativamente nervioso, no la trató con la cordialidad de costumbre e intentó que se fuera rápido de allí, ofreciéndole cerrar él mismo la terraza. Por otro lado, le resultó extraño que el portero estuviese vestido con remera de manga corta y bermudas, porque hacía frío y él nunca se viste así”.









Fuente Télam - Página12
LaPistaOculta GN


http://www.lapistaoculta.com.ar/3/2/c/los-medios/item/4365-caso-%C3%A1ngeles-el-audio-qued%C3%B3-desvirtuado.html

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18 de julio de 2013

“Cobos es un cachafaz”, dijo el radical Fayad, y volvió a cuestionarlo por el cobro de jubilación de privilegio


Cobos es un cachafaz”, dijo el radical Fayad, y volvió a cuestionarlo por el cobro de jubilación de privilegio


Fayad“Va a cobrar de $700.000 de retroactivo y a partir de que se le otorgue serán más de $60.000 (mensuales)”, dijo el intendente de la ciudad de Mendoza en Mañana Sylvestre sobre la jubilación de privilegio que gestionó el ex vicepresidente Julio Cobos. “Traicionó al radicalismo, traiciónó a Kirchner y ahora va por el Papa, porque esta persona es así”, sostuvo.
“A 3 meses de haber dejado el cargo, en marzo de 2012 inició el trámite para su jubilación de privilegio. Ahora dio los argumentos más insólitos. Que lo fueron a ver de la ANSES, y le hicieron firmar unos papeles que no sabía bien qué eran… ¡Eso es de un caradurismo!”, dijo el intendente de la ciudad de Mendoza, Víctor Fayad, quien reveló la jubilación de privilegio que tramitó el ex vicepresidente Julio Cobos.
“Es un retroactivo que va a cobrar de $700.000 y a partir de que se le otorgue (la jubilación) será más de $60.000 (mensuales) que se ajustan según el sueldo de un ministro de la Suprema Corte”, indicó quien es candidato a diputado nacional por el Partido Federal.
“Ahora dice que el retroactivo lo va a donar a 3 instituciones de bien público. Y yo voy a pedir a las instituciones que se lo rechacen, porque es inmoral ese dinero, se sustrae de todos los argentinos y de los jubilados”, cuestionó Fayad.
“Yo he blanqueado una situación que me parece de una absoluta inmoralidad. Primero que la haga, y después que la mantenga cubierta”, agregó y señaló más adelante: “Cobos como siempre, se victimiza, dice que lo agreden, que el kirchnerismo lo persigue”.
“Ya hay una ONG que le rechazó el dinero porque el origen es inmoral. Más allá de que corresponda o no, porque eso no está en discusión. Sino que él de manera amañada hizo aparecer frente a la sociedad que iba a ser custodio de las instituciones, que se iba a mantener en el cargo. Con razón se bancaba tantas cosas, claro, con un retroactivo de $700.000, más $60.000 de por vida.. Se quedó porque aspiraba a la jubilación de vicepresidente. No quería que le pase como a Chacho Álvarez que renunció, y perdió esa jubilación de privilegio que tienen el presidente y el vice de la República”, fustigó.
“Él dice que sigue los consejo del Papa, con un caradurismo involucra al Papa. Traicionó al radicalismo, traiciónó a Kirchner y ahora va por el Papa, porque esta persona es así”, sentenció el jefe municipal mendocino.
Audio completo de la entrevista
Miércoles 17 de julio de 2013

http://www.gustavosylvestre.com/noticias/cobos-es-un-cachafaz-dijo-el-radical-fayad-y-volvio-a-cuestionarlo-por-el-cobro-de-jubilacion-de-privilegio/

8 de julio de 2013

Metrobús sobreprecios


Lunes, 08 de julio de 2013
EL PAIS › RELEVAMIENTO DE LA AUDITORIA PORTEÑA SOBRE LAS OBRAS DEL METROBUS EN LA 9 DE JULIO Y EL CORREDOR SUR
“Hay un altísimo nivel de sobreprecios”


Según un relevamiento del auditor Eduardo Epszteyn, hay diferencias de precios abismales entre lo que se paga por la construcción de uno y otro Metrobús. En el gobierno porteño dicen que tiene que ver con cada contratista.


Por Werner Pertot
Hay diferencias de precios de hasta el ciento por ciento entre los materiales comprados para el Metrobús de la 9 de Julio y el Metrobús que irá de Constitución hasta Puente La Noria. Según un relevamiento que hizo el auditor porteño Eduardo Epszteyn, las baldosas o las vigas que se consiguen para las obras centrales de la campaña de Mauricio Macri puede costar hasta el doble según si son para la 9 de Julio o para el corredor sur. “Si en lo poco que se puede ver aparecen estas diferencias, es de imaginar que hay un altísimo nivel de sobreprecios”, advirtió el auditor kirchnerista. Desde la subsecretaría de Transporte porteña respondieron que se trata de arreglos que hacen cada una de las empresas contratadas y que todo el proceso es absolutamente legal.

Durante este mes, Macri tiene planeado inaugurar el Metrobús de la 9 de Julio, su principal obra de la campaña porteña. La gestión PRO estima que tendrá 200 mil pasajeros por día, con diez líneas de colectivos circulando y que reducirá el tiempo a la mitad. Para las obras del Metrobús de la 9 de Julio y del Metrobús Sur se hicieron dos licitaciones. La primera la ganó la empresa Riva; la segunda, Bricons. Epszteyn hizo una comparación de los costos que figuran en los presupuestos oficiales y se encontró con diferencias de precios de hasta el doble:

- Una viga en el Metrobús 9 de Julio cuesta 2.262 pesos. En cambio, en el Metrobús Sur, tiene un costo de 3.613 pesos.

- Una baldosa guía de 40 x 40 centímetros sale en el Metrobús 9 de Julio 176 pesos. En el del Sur, 364 pesos.

- Otra baldosa de alerta amarillo texturado en el Metrobús 9 de Julio tiene el precio de 179 pesos. En el del Sur, 426 pesos.

- Una tercera baldosa de advertencia peltre: 179 pesos en el Metrobús 9 de Julio y 464 en el Metrobús Sur.

- Un cuarto tipo de baldosa (de precaución amarilla) sale 232 en el Metrobús 9 de Julio y 424 en el del sur.

- Las juntas de dilación cuestan 35 pesos en el Metrobús 9 de Julio y 46 en el del Sur.

“Hay un nivel de sobreprecios escandalosos. Se ve en la diferencia de precios en un mismo ítem en ambas ofertas. Además, la forma de contratación es opaca. Se gastaron el dinero de mantenimiento de red en la 9 de Julio. Cualquiera que notó problemas en los semáforos en la Ciudad, es por eso”, indicó el auditor. Desde el Gobierno porteño, negaron la existencia de sobreprecios. “Todo el proceso de obra pública se basa en una ley nacional de obra pública. Nosotros les pedimos que construyan la infraestructura y se lo adjudicamos al que ofertó el menor valor total. Si Epszteyn cree que hay una estafa, que vaya a la Justicia”, indicó Juan José Méndez, jefe de Gabinete del subsecretario de Transporte, Guillermo Dietrich. “¿Por qué hay diferencias de precios? Cada uno tiene acuerdos con los proveedores distintos, A veces, tienen acuerdos con un fabricante para que se la vendan más baratos”, indicó Méndez, quien propuso una serie de contraejemplos: “Algunos item como el botazo (paragolpe en el borde de la estación), que es más caro en el de la 9 de Julio: 2.026 y en el Sur 1.800. Los asientos con respaldo en la 9 de Julio cuestan 3.850 y en el sur, en tres mil, a la inversa de lo que dice Epszteyn”.

Improvisación

Epszteyn observó que la propaganda del Metrobús indica que el circuito conectará Retiro con Constitución, pero en la traza los colectivos van de la calle arroyo a Avenida San Juan. No hay indicación de cuanto tardan en hacer el resto del recorrido (de San Juan a Constitución o de Arroyo a Retiro). Indicó que no resolvieron la conexión de Avenida Libertador con Retiro, ni tampoco el que va de San Juan al acceso a la autopista 25 de Mayo y 9 de Julio sur. “Se lanzan a una ejecución desmesurada sin tener un análisis o un proyecto completo. Son todas obras que están basadas en marketing político. No son decisiones que tengan que ver con el planteamiento urbano ni con el transporte de la Ciudad, sino con la necesidad electoral de Macri”, afirmó Epszteyn.

“El solo hecho de integrar el Metrobús en contramano y retirarlo también en contramano en los dos extremos complica aún más en endemoniado caos existente”, indicó el auditor porteño. La gestión PRO pensó en dos túneles como una solución. La empresa AUSA lanzó una licitación para la construcción de esos túneles en la 9 de Julio y San Juan cuando ya está por concluir la obra central, que tiene un presupuesto total de 115 millones de pesos. “El Metrobús del Sur es necesario, el otro, no. El Metrobús es una buena idea, pero en el lugar incorrecto se transforma en un problema”, sostiene Epszteyn.

Epszteyn advirtió que no se hicieron estudios sobre si las islas del Metrobús podrán albergar a todos los pasajeros en las horas pico. Epszteyn indicó que en el caso del Metrobús de Juan B. Justo tampoco se hicieron los estudios de impacto ambiental, ni del impacto de la obra sobre el arroyo Maldonado, ni el impacto social y económico sobre el entorno. “¿Se conoce la estimación de pasajeros que por línea circulante pueden concentrarse en los horarios pico? ¿Cuántas personas como máximo puede albergar cada parador? ¿Cuál es la frecuencia de las líneas proyectadas para el corredor? ¿Qué pasa con las líneas que circulan por Maipú y Esmeralda y no están incluidas en la traza del Metrobús (por ejemplo, la línea 111 y la 7)?”, enumeró los interrogantes Epszteyn. Desde la gestión PRO, Méndez indicó: “Todo lo contrario, las estaciones se diseñaron del tamaño para albergar la demanda de la hora pico y teniendo en cuenta el crecimiento de la demanda con el corredor de la 9 de Julio”.

Según señala Epszteyn, los estudios que se hicieron en la 9 de Julio no dicen nada sobre qué impacto tendrá la obra en el subsuelo, donde pasan las líneas de subte y hay caños que no relevaron. “La falta de preparación es tal que la otra vez rompieron un caño maestro. –insistió– Es todo una gran improvisación”.


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-223961-2013-07-08.html

7 de julio de 2013

Lavado de dinero: los cerebros de la estructura del JP Morgan


07.07.2013 | La cúpula organizativa en la cual se apoyó el arrepentido Hernán Arbizu para cometer presuntos delitos económicos
Lavado de dinero: los cerebros de la estructura del JP Morgan en el país
A días de que el juez Casanello indague al ex banquero Arbizu, Tiempo Argentino muestra cómo la filial local –con órdenes de los Estados Unidos– puso a disposición la maquinaria para ayudar a lavar dinero a las principales fortunas del país.


Por:
Leandro Renou e Ignacio Chausis


El próximo jueves, Hernán Arbizu, ex banquero del JP Morgan que se autodenunció como corresponsable de haber ayudado a las principales fortunas de la Argentina a lavar dinero, se sentará a declarar ante el juez federal Sebastián Casanello para clarificar cómo el banco operaba con cuentas en el exterior de clientes argentinos. Quien fuera uno de los ejecutivos de Banca Privada para el Cono Sur está imputado en la causa "Autopistas del Sol S.A. sobre averiguación de delito", investigación que se abrió luego de que Tiempo Argentino mostrara documentación de transferencias en el Morgan de distintas corporaciones locales.
Sin embargo, el reo Arbizu es sólo un eslabón de la cadena de responsabilidades políticas de la estructura irregular del JP Morgan, un ángel caído del sistema que, obligado por su propia codicia y las presiones para conseguir activos líquidos de nuevos clientes, terminó develando en primera persona cómo el banco de especulación opera colaborando en la evasión impositiva de sus clientes. Por primera vez, Tiempo devela el organigrama y las funciones de los jefes y súbditos de Arbizu en la Argentina, que otorgaron las órdenes y la logística para la comisión de presuntos delitos económicos.
Las oficinas del JP Morgan en Buenos Aires, citas en Avenida Madero 900 en los pisos 22, 24 y 25, tienen básicamente dos jefes centrales. El principal es Facundo Gómez Minujin, hijo de la artista plástica Marta Minujin, y el economista Juan Carlos Gómez Sabaini. De profesión abogado, Gómez Minujin es además presidente de ArteBa, función en la que se hizo conocido accidentalmente en 2010, cuando en una recorrida por la muestra junto a Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño destruyó bromeando una obra del artista y activista estadounidense Seth Wulsin. El número uno del Morgan en Argentina contó en 2011 en una entrevista con el diario El Cronista que llegó a trabajar en el banco de la mano del abogado y lobbista de las privatizaciones de Carlos Menem, Emilio Cárdenas, quien tenía de cliente al Morgan. Paradójicamente, Cárdenas es uno de los investigados por Casanello por cuentas de supuesta irregularidad en el exterior, gestionadas por el Morgan.
El segundo en el escalafón local es Andrés Rodríguez Lubary, quien según fuentes vinculadas a la causa se encargaba junto a Minujin de aprobar o rechazar los clientes que acercaban banqueros como Arbizu, y digitaban la política de manejo de activos de clientes argentinos. Lubary y Minujin fueron quienes, en persona, y luego de que Arbizu se autodenunciara ante el juez Sergio Torres en 2008, visitaron las oficinas del estudio Argibay Molina para decirle al abogado de Arbizu que el Morgan iría a fondo para extraditarlo, y que contrataba a los fines el servicio del estudio de Roberto Durrieux, hombre fuerte de la dictadura que comandó Jorge Rafael Videla. Ambos presidentes del banco en la Argentina son además el nexo con la casa matriz en los Estados Unidos y con los intereses de la embajada en Argentina. Lubary y Minujin fueron quienes mantuvieron reuniones con representantes del FBI cuando el bureau de investigaciones intentó llevarse a Arbizu del país para juzgarlo por la estafa al banco, con certificados de extradición falsos.
Por debajo de ellos, y de contacto fluido y diario con el arrepentido aparecen Esteban Benegas Lynch, jefe de Operaciones de Bolsa del Morgan Argentina; y Fernando Balmaceda y Carlos De Marcos, los jefes del área de asesoría en compra y venta de empresa en Argentina. De allí salían los datos de nuevos clientes que captaba Arbizu.
El juez podrá enterarse el próximo jueves que toda la cúpula nacional aplicaba los lineamientos impuestos por Álvaro Martínez Fonts y Luke Palacio, jefes de Banca Privada para Latinoamérica y el Cono Sur, respectivamente. Fonts es quien contrató a Arbizu en noviembre del 2006, luego de que este dejara UBS; y junto a Palacio son hombres clave en la gran estafa cometida por Arbizu. Cuando el arrepentido confesó, estando en la Argentina, que había triangulado dinero entre tres cuentas de sus propios clientes (el supermercadista Carlos López, los políticos paraguayos con vínculos narcos Acevedo Quevedo y el ex Musimundo Garber), estafando al banco, el primero en saberlo fue Palacio. Y luego, Fonts, quien residía en los Estados Unidos, fue quien visitó a la entonces esposa de Arbizu y la puso en autos de la estafa. De hecho, Fonts fue quien le trabó a Arbizu todo acceso a dinero en bancos, lo privó de sus bienes y le pidió que volviera a los Estados Unidos, con la clara intención de que fuera preso allí sin divulgar más secretos de los manejos del Morgan. Luke Palacio era un hombre que mantenía un importante vínculo con el diputado y ex Morgan Alfonso Prat-Gay, a quien intentó seducir con comisiones para llevar al exterior el dinero de la venta de Loma Negra. Prat-Gay era y es el family agent de la fortuna de Amalita Fortabat (ver aparte). Actualmente, y luego del misterioso cierre del negocio de banca privada del Morgan en la Argentina, Palacio empezó a trabajar en el mismo metier, pero para el Citibank, entidad a la que arrió la mayoría de las cuentas que quedaron huérfanas del Morgan. En Internet, distintos artículos destacan su pase entre bancos, como una especie de Lionel Messi de los grandes negociados.
Tanto los popes de la Argentina como de la región, y tal como declaró el propio Arbizu, responden en forma directa a James Dimon y Mary Erdoes, uno y dos del Morgan en el mundo, y quienes disponían las metas de ingreso de dinero al banco según las regiones. Reunían a sus ejecutivos de cada continente y establecían prioridades. Toda esta estructura es la que intenta preservar los secretos mejor guardados por Arbizu, como las empresas lavadoras y el rol del Morgan en la crisis de las hipotecas. Erdoes fue apuntada como una de las responsables de que el Morgan operara para llevar a la quiebra a Lehman Brothers, sacándoles sus propios clientes bajo un alerta de crisis.
Arbizu, en su rol de banquero privado, pasaba tres semanas en Nueva York y una en la Argentina. Sus funciones en el Morgan tenían que ver con la captación y administración de activos de argentinos depositados en el exterior. Daba servicios de banca privada a clientes individuales en lo que internamente se denominaba JP Morgan Latin America Private Bank en la región Cono Sur. Un 90% en Argentina y un 10% en Uruguay. En pocas palabras, y según consta en la causa, ayudaba a los clientes "en la constitución de estructuras con las cuales ocultar la verdadera titularidad de los activos, esto se debe a que en muchos casos los activos no son declarados en el país donde residen los clientes". Pero no estaba solo en semejante empresa: había por lo menos otros seis banqueros con su mismo rol en el país y la región. Alexandra Preite, estadounidense, trabajaba con clientes en la Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay; al igual que la colombiana María Elena Vergara. Adrián Garate, argentino residente en los Estados Unidos, compartía cartera con Arbizu; mientras que Roberto Zorgno se encargaba en Buenos Aires del servicio financiero para los clientes, es decir, mientras los banqueros como Arbizu estaban fuera del país, llevaba el día a día de las cuentas. El caso de Zorgno es particular: hasta el año 2001, fue gerente de Inversiones Financieras del Grupo Clarín, y de allí pasó al Morgan. Zorgno manejaba, junto a Garate y otros banqueros, un contacto fluido con los gerentes de Clarín, empresa con innumerables cuentas en el Morgan, todas investigadas por presunto lavado de activos. Las reuniones las mantenía con Alejandro Urricelqui y Alejandro Scanavino, los hombres fuertes del plano económico del holding de Noble-Magnetto.
Capítulo aparte merecen los colaboradores de los banqueros como Arbizu y los antes nombrados. En la jerga del Morgan los llaman "hunters", cazadores que rastrean posibles nuevos negocios de clientes deseosos de fugar y evadir impuestos, que luego derivan a los grandes banqueros. Entre ellos figuran Hernán Agote, Agustín de Estrada, María Laura Tramezzani y Ernesto Grijalba. Todos operaban desde la Argentina. Cuando Arbizu se autodenunció, Tramezzani se fue a trabajar para el Morgan en Chile. De Estrada era el encargado de prometerles a los nuevos clientes futuras visitas de banqueros "que vendrán de Nueva York", como Arbizu. Es decir, hacía el trabajo sucio de seducir con promesas de futuro estatus. Grijalba, ecuatoriano, era una especie de pasante: buscaba en diarios e Internet los anuncios de ventas de empresas, chequeaba quiénes eran los dueños y pasaba la información. Mientras que Carolina Sánchez Rivas era la secretaria de la oficina de Buenos Aires, quien llevaba la agenda de visitas de los banqueros como Arbizu cuando venían al país, reservaba los restaurantes de lujo y pedía taxis y remises.
Si bien no trabajaban en la Argentina, Arbizu relató también haber conocido en su labor a Jeanette Bueno y Norma Caba, administrativas de operaciones en Nueva York (aparece como vinculada y contacto en la cuenta off shore de Juan Navarro Castex, ex Exxel Group). Además de Javier Gallego (español) y Federico Rousillón (argentino), que cumplían la misma tarea que Arbizu pero en Ginebra, ciudad que junto a Nueva York eran para el banco booking centers, plazas a las que había que derivar el dinero de los clientes.





FUTUROS NUEVOS IMPUTADOS. "Se trata además de un caso de criminalidad organizada, donde existe una división y profesionalización del trabajo, una vocación de permanencia de sus miembros, una internacionalización de las actividades, una conexidad entre sus redes criminales, y una actuación en los confines de la legalidad", apuntó la Unidad de Información Financiera (UIF), en su reciente pedido de ser querellante en la causa que lleva Casanello, y apuntó a buena parte de los nombres que hoy publica este diario. Y agrega: "A estos directivos se les deben imputar los siguientes episodios: haber integrado una asociación ilícita destinada al lavado de activos de procedencia delictiva e infringir el régimen penal cambiario. En consecuencia, se debe imputar, al menos, los delitos previstos en los artículos 210 y 278 inc. B del Código Penal." El primero establece penas de entre tres y diez años por asociación ilícita; y el segundo estipula cinco años de prisión "cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza". La imputación de Arbizu, en este orden de cosas, sería la punta del iceberg de una serie de citaciones a declaratoria, ya que en la causa consta un esquema de responsabilidades políticas de las maniobras de lavado, que pone al descubierto un actuar conjunto con órdenes claras desde los Estados Unidos hasta la Argentina, sin escalas. «


Fuga
Dinero argentino
Según el Tax Justice, organismo internacional que aborda la problemática del lavado de activos, hay en el exterior más de U$S 150 mil millones de ciudadanos argentinos. El Morgan y otros bancos, como UBS y el Crédit Suisse, son apuntados por fomentar estas expatriaciones.


Bajo la lupa
Las denuncias de Arbizu generaron tres causas de lavado de dinero: dos tramitan en el Juzgado Criminal 12, a cargo de Sergio Torres. La primera tiene que ver con la autodenuncia de Arbizu, que estafó al Morgan con transferencias entre tres cuentas que él manejaba; y la segunda corresponde al listado de 469 firmas y personas físicas de Argentina a las cuales Arbizu les ayudó a lavar dinero. Allí figuran el Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda, Ledesma y la familia Blaquier, Nordelta, Constantini, Bunge, los Melhem, Priú y Edenor, entre muchos otros. Entre las 469 empresas, se fugaron del país más de U$S 5000 millones, siendo la causa de lavado más grande del país.
La tercera causa, que se derivó de investigaciones de Tiempo Argentino (que coinciden en algunos puntos con lo denunciado por Arbizu), tramita en el Juzgado en lo Criminal 7, de Sebastián Casanello. Allí figuran Ausol, el ex TyC Carlos Ávila, el chocolatero Ricardo Fort, el ex Exxel Navarro Castex, TNS Gallup, Dycasa, entre otros.

http://tiempo.infonews.com/2013/07/07/argentina-105146-lavado-de-dinero-los-cerebros-de-la-estructura-del-jp-morgan-en-el-pais.php

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