Lo que circula por los medios

27 de mayo de 2014

La acusación contra Campagnoli


Sábado, 24 de mayo de 2014

House of cards

Por Luis Bruschtein

El primer capítulo de la serie favorita de Barack Obama, House of cards, comienza con una operación mediática que le hace el político villano Francis Underwood a uno de sus adversarios. Le filtra a un periodista un proyecto progresista de reforma educativa. El terrorismo mediático destroza el proyecto calificándolo de izquierdista y denunciando que se financiará con aumentos de impuestos. El resultado es una reforma educativa conservadora. Las operaciones mediáticas, la manipulación de la información en función de disputas de poder político o económico están absolutamente visualizadas por la sociedad, no se puede decir que se practican en forma clandestina o ante la ingenuidad pasiva de la comunidad. Lo extraño es que al mismo tiempo que se visualizan esos mecanismos, se ha podido construir una especie de religión mediática, de mito urbano, que se basa sobre la fe en la palabra de los medios y en sus sacerdotes o periodistas, que resultan más creíbles cuanto más ocultan lo que es tan visible: que los medios son grandes empresas con intereses políticos y económicos, y que en ese sistema, la información circula como una moneda de poder. Si un periodista que no profesa esa religión dice que las cosas son así, que son como son, entonces es rápidamente calificado de “periodista militante”, una especie de apóstata que ha perdido el cielo. Lo del cielo es discutible. Lo que sí perderá ese periodista son muchas posibilidades de trabajo.

En esa serie sobre la política en Estados Unidos, capítulo por medio está dedicado a operaciones mediáticas: la fotografía desnuda de la esposa del vicepresidente, la militancia juvenil izquierdista de un aspirante a secretario de Estado, la hija extramatrimonial de un jefe de bancada. Algunas son ciertas, otras falsas y otras exageradas, pero todas tienen un objetivo político o económico. Para que una serie popular como House of cards describa con tanto desparpajo estos mecanismos es porque todo el mundo ya sabe que existen y que se trata de una práctica extendida.

En Argentina no hay una serie de televisión de ese tipo, pero en cambio en la vida real se produjo una saga todavía más reveladora, un escenario que dejó expuestos casi con obscenidad estos mecanismos. La guerra entre los grupos de medios más importantes y el gobierno nacional arrasó hasta con los mínimos resortes profesionales de resguardo de la credibilidad. Desde antagonismos ideológicos hasta disputas de poder y diferencias por la pauta publicitaria llevaron a estos grupos de medios a salirse de su Iglesia, ese lugar “independiente” y “aséptico” que habían construido como parte del mito sistémico, para ocupar un espacio en la tribuna política y conformar una oposición abierta y expuesta. El Gobierno no debate con ellos como si todavía fueran aquella “Iglesia mediática”, sino como con una oposición política.

La serie de televisión no existe aquí, pero sí esta saga de varios capítulos de la política de los últimos años, que se polarizó aún más con el debate por la ley de medios. Los medios opositores ocuparon un espacio tan claro que es muy difícil negarlo desde un lugar racional. La información aparece en ese cuadro subordinada absolutamente a este antagonismo y la credibilidad quedó restringida a una pura creencia por afinidad ideológica. Todos los resguardos profesionales o de oficio quedaron a un lado. Ni siquiera dejaron en pie al famoso dicho “dos de cal y una de arena”. Todo lo que publican es contra el Gobierno y no hay la mínima concesión a su favor. Se sabe que todo lo que se publica es para eso. Se trastrocaron funciones que siempre existieron, pero en otro orden: La prioridad no es “informar”, sino desgastar y destruir al Gobierno.

No es difícil coincidir con un cuadro de situación tan evidente. En ese contexto se involucra la Justicia, que en las últimas décadas se fue haciendo cada vez más sensible a los medios que pueden levantar o destruir la carrera de los funcionarios judiciales. La convergencia de esos dos procesos –la polarización mediática como partido de oposición y la mayor proximidad de la Justicia con los medios– es letal para la Justicia. En esa confluencia se produjo la acusación contra el fiscal José María Campagnoli. Una de las acusaciones más graves es que el borrador de un dictamen de Campagnoli, relacionado con casos que estaba ventilando Clarín, había sido parte de la presentación de los abogados de Clarín en otra causa previa. Una de dos: o Campagnoli presentó después, como propio, un dictamen que le habían confeccionado los abogados de Clarín; o antes de presentarlo, Campagnoli les había dado el borrador a esos abogados. En ambos casos se plantea una relación problemática entre un fiscal y una empresa de medios. Por otra parte, ese borrador fue leído en uno de los programas de Canal 13 al mismo tiempo que era presentado en la causa, por lo que se presume que Clarín lo tenía antes de que eso sucediera. En un cuadro de guerra contra el Gobierno por parte de ese grupo mediático cuya credibilidad ya sólo es aceptada por afinidad ideológica, esa relación del fiscal no parece ingenua. Y menos si se tiene en cuenta que su hermana, Marcela Campagnoli, es dirigente bonaerense del partido político de Elisa Carrió, que defendió la posición de Clarín contra la ley de medios y que ha sido la encargada de presentar denuncias judiciales con las denuncias mediáticas que hace el Grupo Clarín contra funcionarios del Gobierno. El móvil de un fiscal no puede ser que el investigado se relacione o piense políticamente distinto que él.

Es un capítulo del House of cards argentino. Otro fue la aparición repentina de un testigo de la causa Ciccone, otra de las que fogonean los grupos de medios opositores. Sospechosamente, apareció una entrevista en Clarín, pero por Skype, a José Capdevila, ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. Misteriosamente, Capdevila aseguró que se había tenido que escapar de la Argentina porque lo amenazaban. Pero Capdevila es testigo de la defensa. Respaldó el consejo que envió Amado Boudou desde Economía a la AFIP para que no cierren Ciccone. “¿Usted va a cambiar su declaración?” “Por ahora no.” “¿Entonces no fue gente del Gobierno la que lo amenazó?” “Tampoco se puede descartar, las cosas han cambiado mucho.” “¿Si usted no cambiará la declaración, qué es lo que cambió?” “Yo antes era empleado del ministerio, después me echaron, ahora estoy en banda.” Es un diálogo que publicó el diario La Nación. Capdevila dice que va a pensar si cambia su declaración. No dice que la va a cambiar. Y en todo caso dice que si lo hace será porque lo trataron mal. Es todo muy oscuro, lo suficiente como para ensuciar mediáticamente a Boudou sin necesidad de acciones judiciales que podrían comprometer al prófugo Capdevila.

La culpabilidad o la inocencia de Lázaro Báez y de Amado Boudou no tienen nada que ver con estas movidas protagonizadas por Campagnoli y Capdevila como si siguieran un guión escrito previamente por los medios. Con ese material se podrían hacer algunos capítulos de House of cards: la confrontación entre un gobierno con una poderosa corporación mediática que, a pesar de haber perdido la puja por la desmonopolización del grupo a partir de la aplicación de la ley de medios, mantiene una ofensiva capítulo tras capítulo. En la primera temporada perdió la puja después de dar batalla no solamente en el plano mediático sino también usando jueces y políticos amigos que defendían sus intereses. Y con esos respaldos logró retrasar cuatro años la aplicación de una ley que había sido aprobada en forma democrática y que planteaba la democratización de la información al cuestionar la posición dominante del Grupo Clarín y de otros grupos de medios en el mercado.

En la segunda temporada está usando las mismas influencias judiciales y políticas en un momento que tiene como horizonte el 2015 y es esencialmente electoral.

El papel determinante que han comenzado a jugar los medios de comunicación en el mundo está pasando por su cenit. Es un momento en el que se producen desequilibrios profundos en las sociedades a partir de los cuales los gobiernos deberán intervenir para regular, democratizar, equilibrar y establecer nuevos consensos para el flujo democrático de la información. La herramienta más fuerte para consolidar ese proceso será garantizar la diversidad y al mismo tiempo es la condición más difícil de preservar en un sistema donde el medio más fuerte tiende a hacer desaparecer a los más chic

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-246994-2014-05-24.htm

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2-10-2013|12:33|JUSTICIANACIONALES

El juez delegó la instrucción en el fiscal

Imputaron al fiscal Campagnoli

El fiscal Jorge Di Lello pidió la imputación de su par por una denuncia donde se lo acusa de haber recibido un supuesto dictamen elaborado por abogados del Grupo Clarín, en una investigación que involucra a Lázaro Báez.

Por: Infojus Noticias

El fiscal Jorge Di Lello pidió la imputación de su par José María Campagnoli. Y anoche a última hora el juez Rodolfo Canicoba Corral decidió delegarle la instrucción de la causa. Es por una denuncia donde se acusa a Campagnoli de haber recibido un dictamen elaborado por abogados del Grupo Clarín, en una investigación por extorsión que involucra al empresario patagónico Lázaro Báez. La presentación de Di Lello también apunta al abogado Hernán Miguel Frisone, del estudio jurídico Sáenz Valiente & Asociados, que representa al Multimedios Clarín" y a quien lo haya acompañado" en la maniobra.

La denuncia que dio inicio a la investigación fue presentada por el abogado Jorge Chueco –imputado en una supuesta maniobra de extorsión contra el financista Federico Elaskar por la venta de la empresa SGI Argentina SA a Helvetic Services Group –, y quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 6. El objetivo de la medida, elevada al Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 6, es corroborar la denuncia presentada en la Justicia Federal el 12 de septiembre pasado por Jorge Chueco. Chueco es el abogado que instrumentó la venta de SGI a Helvetic Services Group, por la que el financista Federico Elaskar afirmó en televisión que había sido extorsionado y luego se desdijo.

La causa tiene como fin investigar si Hernán Miguel Frisone, uno de los abogados del estudio jurídico Sáenz Valiente & Asociados que representa al multimedios, redactó el borrador del dictamen que Campagnoli emitió el 22 de mayo en el marco de la causa por supuesta extorsión en perjuicio de Elaskar. El fiscal Di Lello también pidió la imputación del abogado del Grupo Clarín.

Como medidas de prueba el fiscal pidió que le remitan el expediente que se tramita en la Justicia Civil por un amparo que promovió Edgardo Raúl Levita contra la firma Artear, del Grupo Clarín, en el que Frisone aportó una "copia del dictamen emitido por el fiscal Campagnoli e Ignacio Rodríguez Varela". “En realidad, se trató de un borrador, sin valor oficial, que no contaba con las firmas de los funcionarios judiciales ni con el membrete del Ministerio Público Fiscal de la Nación”, detalló el diario Tiempo Argentino. Según Chueco, ese documento "fue un antecedente del dictamen que luego de hacerle unos pequeños cambios, el fiscal Campagnoli suscribió y presentó en la causa".

http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/imputaron-al-fiscal-campagnoli-1737.html

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Edición: 27 de Mayo de 2014 | Principio del formulario

Final del formulario

27 de Mayo de 2014

+Buenos Aires

T10° H100%

13.09.2013 | La causa penal contra el fiscal y el estudio Sáenz Valiente busca determinar si el grupo empresario originó el caso contra Lázaro Báez

Un abogado denuncia que Clarín le redactó un dictamen a Campagnoli

El planteo corresponde a Jorge Chueco, acusado de supuesta extorsión al financista Federico Elaskar. Un borrador del pronunciamiento que el fiscal formuló el 22 de mayo estaba en poder de un letrado del multimedios.



1

Por:

Gabriel A. Morini

La Justicia Federal ya tramita una causa penal contra el fiscal José María Campagnoli y contra uno de los abogados del estudio Sáenz Valiente con el objetivo de determinar si parte de la investigación que surgió de su fiscalía en la causa que involucra al empresario Lázaro Báez tuvo como origen al propio Grupo Clarín. Como evidencia de esta supuesta maniobra se aportó una prueba documental que supone una situación irregular: el borrador del dictamen que Campagnoli emitió el 22 de mayo en el marco de la causa que encabeza por supuesta extorsión en perjuicio del financista Federico Elaskar estaba en poder de uno de los abogados del multimedios que lo presentó, incompleto, como prueba oficial en el marco de un juicio civil.

La denuncia fue interpuesta el pasado miércoles por el abogado Jorge Chueco –imputado en una supuesta maniobra de extorsión contra Elaskar por la venta de la empresa SGI Argentina SA–, y quedó radicada bajo el expediente CFP 8701/2013 en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº3, a cargo de Daniel Rafecas. El juez convocará la semana próxima al denunciante para su ratificación, y luego le dará intervención al fiscal Jorge Di Lello para que confirme si le da impulso a la investigación, que tiene como carátula provisoria, "averiguación de delito". Mientras tanto, la denuncia también fue ingresada ante la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó. En paralelo se abrirá un procedimiento para establecer si la irregularidad amerita un proceso disciplinario que podría derivar, incluso, en la destitución del titular de la fiscalía de Saavedra y Núñez.

Chueco ya había intentado, sin éxito, apartar a Campagnoli de la causa, acusándolo de haber direccionado la pesquisa y de actuar fuera de su competencia, ya que su investigación avanzó en paralelo a la que se tramita en el fuero federal y que está a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuan.

En ambas oportunidades, la jueza María Gabriela Lanz había rechazado sus planteos. Chueco es amigo del contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, asesoró a Austral Construcciones, y también fue quien instrumentó la venta de SGI a Helvetic Services Group, por la que Elaskar afirmó en televisión que había sido extorsionado y luego se desdijo.

Pero ahora, Chueco apuntó contra el abogado Hernán Miguel Frisone, asociado del estudio jurídico Sáenz Valiente y Asociados, la espada jurídica del Grupo Clarín.

Y también pidió que se investiguen como "partícipes y/o instigadores" a la diputada Elisa Carrió a quien acusó de formar parte de un "entramado criminal" a través de su amiga personal y dirigente de su agrupación, Marcela Campagnoli, que a su vez es hermana del fiscal. Sostuvo que se trata de una maniobra orquestada con el fin de perjudicar por elevación al gobierno nacional en un año electoral, y para favorecer los intereses del holding.

DENUNCIA.

El eje de la presentación de Chueco giró en torno a la supuesta intervención "ilegal" de Campagnoli por abuso de autoridad en el expediente en el que, según afirmó, "debió pervertir el objeto procesal de la causa transformando una investigación por el delito de administración infiel en una causa por extorsión", y a Elaskar, de acusado a víctima. Pero agregó que la prueba que confirmaría la hipótesis de que existió una "confabulación" quedó plasmada en un expediente que obra en la Justicia Civil por un amparo que promovió Edgardo Raúl Levita contra ARTEAR, empresa del multimedios que controla Canal 13, el canal de noticias TN y el resto de las señales de cable de Clarín. Levita fue acusado de formar parte de la maniobra por presunto lavado de dinero que involucra a Báez y a su entorno, pero también fue mencionado dentro de la causa Schoklender por haber tenido relación con la financiera Monetización, investigada en la trama por desvío de fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Ante el Juzgado Civil Nº 105, Levita solicitó no ser mencionado periodísticamente por ningún medio del Grupo Clarín. El que contestó la demanda por parte del holding fue Frisone que justificó las publicaciones y además adjuntó como documento probatorio la "copia del dictamen emitido por el fiscal Campagnoli e Ignacio Rodríguez Varela, Secretario de Cámara de la Secretaría de Investigaciones Penales" en la causa por extorsión donde se lo menciona. Pero esa copia, lejos de ser el original que obra en la causa, es un borrador, sin firmas, con partes de su redacción incompletos y varios puntos con información sensible en blanco.

EL DICTAMEN.

Según pudo confirmar Tiempo Argentino, el "borrador" que presentó el abogado de Clarín como auténtico no tiene el encabezado del Ministerio Público Fiscal de la Nación ni las firmas de Campagnoli y de Rodríguez Varela en cada una de las páginas. También están incompletas las partes dispositivas de la investigación del fiscal que detalla un entramado empresario que vincula a Báez y al resto de los imputados con maniobras financieras ilícitas. En blanco aparecen los pedidos de secuestro de archivos y documentación; los allanamientos; el requerimiento de listado de llamadas entrantes y salientes de 28 líneas telefónicas; las constancias de cartas documento con origen o destino en SGI; y el secuestro de material de una escribanía por una hipoteca sobre un departamento en el Hotel Faena. Según Chueco ese documento "fue un antecedente del dictamen que luego de hacerle unos pequeños cambios, el fiscal Campagnoli suscribió y presentó en la causa."

CLARÍN.

Pero Chueco fue más allá y postuló una hipótesis más grave: que los abogados del Estudio Sáenz Valiente o bien remitieron el borrador que enviaron ellos mismos al fiscal Campagnoli para su firma, o directamente fueron quienes redactaron ese dictamen. "Ambas conductas serían ilegales y demostrativas de la manipulación de la justicia por parte del Grupo Clarín", afirma el escrito. Para ello también se menciona la lectura al aire por parte del periodista Jorge Lanata del dictamen en la misma fecha en que se presentó lo que, afirman, "permite inferir que el Grupo Clarín contaba desde antes con ese dictamen". El núcleo central de la presentación se basa en pedir que se investigue "si en el curso de la brutal campaña en contra del gobierno nacional encabezada por el Grupo Clarín (que al efecto contrató a Jorge Lanata), en la que colabora activamente la diputada nacional Elisa Carrió (socia política y amiga de Marcela Campagnoli, hermana del aquí denunciado), se determinó de un modo directo la confección de un dictamen redactado por personas vinculadas al mencionado grupo, con el claro objetivo de favorecer sus intereses políticos y económicos e influir, falseando los hechos, en el resultado de una elección nacional."

PRUEBAS.

Chueco solicitó –además de ser tenido como querellante– una batería de medidas para confirmar el vínculo entre el fiscal y el multimedios, muchas de las cuales, según fuentes judiciales, difícilmente serán autorizadas. Entre ellas el entrecruzamiento de llamados entre Campagnoli, su hermana Marcela, el abogado Frisone y ARTEAR, así como los mensajes de texto u otro tipo de mensajería instantánea y correos electrónicos. También allanamientos simultáneos en las fiscalías donde se desempeña Campagnoli, en Canal 13 y en el Estudio Sáenz Valiente, además del secuestro de documentos y computadoras. «

vínculos políticos y denuncias periodísticas

La jueza María Gabriela Lanz desestimó sin mayor trámite los planteos de la defensa del Directorio de SGI y rechazó apartar al fiscal José María Campagnoli de la causa por supuesta extorsión. Reafirmó su competencia pero no hizo referencia a la denuncia revelada por Tiempo Argentino sobre el vínculo entre la principal denunciante del clan Báez, la diputada Elisa Carrió y el fiscal, a través de su hermana Marcela, dirigente bonaerense de la Coalición Cívica y amiga íntima de la candidata de UNEN.

La ex concejal de la CC en la localidad de Pilar reconoció el vínculo en una entrevista radial que fue incorporada al expediente que, apelaciones mediante, fue remitido nuevamente a la Sala V de la Cámara del Crimen a la espera de una resolución. El tribunal tendrá que tomar una definición sobre la continuidad de Campagnoli al frente de la investigación pese a los nexos que fueron puestos en evidencia y sobre la validez de su actuación, que tiene muchos puntos en común con la que se tramita en el fuero federal. Aquella denuncia mencionaba una presunta motivación política de Campagnoli para llevar adelante la causa contra Báez, apoyada en el beneficio de una facción política que su hermana y Carrió compartían y con el objetivo de perjudicar electoralmente al gobierno nacional. En aquel momento se había insinuado como parte de la maniobra al Grupo Clarín a través del periodista Jorge Lanata, que basó la mayoría de los informes periodísticos que presentó al aire con entrevistas a Campagnoli. El periodista, a su vez, fue uno de los primeros citados por el fiscal para ratificar el rumbo de su investigación.

G. M.

secretario con historia

El abogado del Grupo Clarín Hernán Frisone mencionó en la documentación aportada en el amparo solicitado por Edgardo Levita la "copia del dictamen emitido por el fiscal Campagnoli e Ignacio Rodríguez Varela, secretario de Cámara de la Secretaría de Investigaciones Penales". Rodríguez Varela es, en rigor, secretario de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, y es quien firma, junto a Campagnoli, cada una de las páginas del voluminoso dictamen emitido el 22 de mayo contra Lázaro Báez y su entorno. Pero el funcionario, además, mantiene un enfrentamiento desde hace años con el Poder Ejecutivo a quien acusa de haberlo relegado en 27 ternas para concursos de magistrados, sin que se lo designe para un ascenso a pesar de obtener buenas puntuaciones en seis concursos múltiples. Señaló al gobierno por haber realizado una constante "discriminación" en su contra, ya que nunca se lo eligió para ocupar una vacante en la Cámara del Crimen, una de sus aspiraciones. A su favor, hasta se presentó un amicus curiae que suscribió el propio Campagnoli. Casualmente ayer, el diario La Nación le dedicó su editorial y afirmó que su caso "obedece a una única circunstancia, jurídica y éticamente inaceptable: portación de apellido". Su padre es Alberto Rodríguez Varela, ministro de Justicia del extinto dictador Jorge Rafael Videla, de quien fue abogado defensor en la causa por el Plan Sistemático de Robo de Bebés, por la que fue condenado. Su hijo afirma que el motivo por el que su pliego nunca es seleccionado es "arbitrario", e incluso recurrió ante la Corte Suprema. El 7 de agosto de 2012, el máximo tribunal se expidió y consideró "inadmisible" su planteo para que la Corte terciara sobre los concursos del Consejo de la Magistratura y lo calificó de improcedente.

http://tiempo.infonews.com/2013/09/13/argentina-109273-un-abogado-denuncia-que-clarin-le-redacto-un-dictamen-a-campagnoli.php
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Martes, 21 de Enero de 2014 12:57

La Cámara
rechazó el planteo de Campagnoli contra su suspensión (Audios)

La Sala
“de feria” de la Cámara
en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó un planteo del fiscal de
instrucción José María Campagnoli contra la resolución que dispuso su
suspensión y envío a juicio político.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que la medida fue
tomada en voto unánime por los camaristas Carlos Grecco, Jorge Argento y Sergio
Fernández, quienes acogieron favorablemente un dictamen del fiscal Miguel Angel
Gilligan en ese sentido.

En una resolución de 6 carillas, a la que Télam tuvo acceso,
los magistrados resolvieron “desestimar el recurso de apelación y, en
consecuencia, confirmar la resolución de primera instancia” que había
rechazado la medida cautelar contra la suspensión.

Los jueces recordaron que el 23 de diciembre el juez Pablo
Cayssials denegó una medida cautelar solicitada por Campagnoli contra la medida
del Tribunal de Enjuiciamiento que lo suspendió y en la que solicitaba que el
jury “se abstuviera de proseguir con el proceso llevado en su contra”.

“De los dichos del acto y de las probanzas aportadas a la
causa, no surgía con nitidez la alegada arbitrariedad del Tribunal de
Enjuiciamiento, en orden a suspenderlo en sus funciones”, fue la respuesta que
recibió Campagnoli y que ahora pretendió, sin éxito, revertir.

Los camaristas volvieron a rechazar la medida cautelar por
la que el fiscal quería que se lo restituyese en el cargo hasta el juicio
político por estar “de cara a la situación de inminente dictado de la
sentencia definitiva del amparo”.

“No aparece verificada la posibilidad de que se produzcan
perjuicios graves como consecuencia del rechazo de la medida cautelar que
motiva el recurso”, sostuvieron los magistrados.

En esa línea, los jueces añadieron que confirman el rechazo
a la medida cautelar “sin avanzar en el análisis del recaudo correspondiente a
la verosimilitud del derecho invocado por la parte actora”.

En este expediente la semana anterior los mismos jueces
habían habilitado la “feria” judicial para “acelerar los tiempos” ya que son
ellos mismos los que tendrán que resolver eventuales apelaciones a la cuestión
de fondo y al resultado del jury.

Campagnoli fue suspendido en su cargo por el jury de
enjuiciamiento, en el mes de diciembre último, por irregularidades en el
trámite de un expediente en el que está involucrado el empresario Lázaro Báez y
presentó un amparo con medida cautelar para que la suspensión fuera dejada sin
efecto, pero el juez Cayssials lo rechazó.Télam


Repercusiones en los medios
■Análisis de Víctor Hugo Morales
Emsión La Mañana 21 de enero





■Fernando Bravo entrevista al Dr. Ricardo Gil Lavedra defensor del fiscal Campagnoli
21 de enero de 2014
"Hay una fortísima decisión de parte del gobierno que quiere remover a Campagnoli", expresa Gil Lavedra durante la entrevista como si el fallo fuera decisión del gobierno nacional cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal es la que rechazó la medida cautelar presentada.





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El Explicador¿Cómo y por qué suspendieron a Campagnoli?

Por Olivia Sohr (@olisohr) y Manuel Tarricone (@ManuelTarricone))


Jueves 26 de Diciembre de 2013

La suspensión del fiscal puso en el centro del debate cómo se decide la remoción de un fiscal y cuáles son los antecedentes.

El fiscal nacional José María Campagnoli fue suspendido por un jurado de enjuiciamiento, a pedido de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El proceso se inició por un pedido de la defensa del empresario Lázaro Báez, que denunció irregularidades en la investigación en su contra. El pedido pasó por la Comisión Evaluadora, que votó cuatro a uno la elevación al Tribunal de Enjuiciamiento, y la procuradora lo elevó con el pedido de suspensión, que se aprobó por cuatro votos contra tres el pasado 12 de diciembre. Qué llevó a Campagnoli a este estado, qué pasos se cumplieron y cuáles son los antecedentes del caso.

La causa de la discordia

Las denuncias que involucran a Báez se tramitaban, hasta hace poco, en dos juzgados. Por un lado, Campagnoli tenía un expediente en la Fiscalía número 10, en el que investigaba a Federico Elaskar como presidente de la empresa “SGI Argentina Sociedad Anónima” por supuestas irregularidades en su funcionamiento. Esta causa fue transformada en una por extorsión de Elaskar, en la que éste pasó a ser víctima, luego de declaraciones que hizo en el programa Periodismo para Todos, en el que contó cómo lo habían amenazado y presionado para que vendiera la financiera.

Por otro lado hay una causa por lavado de dinero, radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo del juez Sebastián Casanello, en la que se investigan también los delitos de encubrimiento y asociación ilícita, que se inició luego de las denuncias presentadas en el programa Periodismo para Todos. La investigación está en manos de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo de Guillermo Marijuan.

La defensa de Báez pidió que se unificaran las causas, que se declarara la nulidad de las pruebas recolectadas por Campagnoli y su recusación. La jueza de instrucción María Gabriela Lanz rechazó este pedido y avaló la investigación del fiscal. En octubre último, tras la apelación de Gabriel Gandolfo, abogado de Báez y varios otros acusados, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional también rechazó los planteos de nulidad. Sin embargo, en el mismo fallo unificó las dos causas en el juzgado de Casanello y la fiscalía de Marijuán por una razón de competencia.

A mediados de noviembre último, Gils Carbó desplazó a Campagnoli de la Fiscalía N° 10, en la que se desempeñaba como fiscal subrogante. Campagnoli seguía estando como titular al frente de la Fiscalía de Instrucción de Distrito de los barrios Saavedra y Núñez y de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos con Autor Desconocido (UFIDAD).

A partir de varias denuncias de los abogados de Báez en contra del fiscal, la Procuración convocó al Consejo Evaluador (CE) a emitir una opinión sobre supuestas irregularidades que se le imputaban. Este órgano elevó su dictamen a la procuradora Gils Carbó, quien resolvió abrir la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento para que se determinara si los hechos atribuidos a Campagnoli ameritaban su remoción.

El Tribunal, por cuatro votos contra tres, resolvió la suspensión del fiscal hasta que el mismo Jury dicte la sentencia definitiva.

Los antecedentes

Desde que Gils Carbó está al frente de la Procuración, hubo dos casos de fiscales que llegaron a la instancia del Tribunal de Enjuiciamiento, por no avanzar en las investigaciones, el caso contrario a lo que se le cuestiona a Campagnoli.

Uno fue Sergio Alejandro Franco, fiscal Federal N° 1 de La Plata, a quien se leatribuía no haber investigado seriamente una causa penal en la que se imputaba a un juez federal por favorecer causas del corralito.

El otro caso es el de Domingo José Batule, fiscal Federal N° 1 de Jujuy, quien fuedenunciado por irregularidades en la investigación de diversos funcionarios judiciales, sospechados de haber intercedido y frustrado el allanamiento de la casa de un imputado por causas de lesa humanidad en Bahía Blanca, que residía en Jujuy.

En ambos casos, el Tribunal de Enjuiciamiento dispuso la suspensión de los magistrados, con votaciones unánimes, según asegura uno de sus integrantes, el fiscal Daniel Adler. En el caso de Campagnoli, en cambio, la votación fue cuatro a tres, con estos tres miembros asegurando que no era necesaria su suspensión. Lo que se le cuestiona a Campagnoli es haber realizado medidas de investigación pese a no ser el fiscal competente en la investigación del caso “Báez” y haber difundido medidas e información del expediente.

El proceso

El proceso para remover a un fiscal está regulado por la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esta norma establece en su artículo 18 que un fiscal puede ser removido por “mal desempeño, grave negligencia o por la comisión de delitos de delitos dolosos de cualquier especie”. La denuncia contra un fiscal debe ser presentada ante la Procuración General de la Nación. Posteriormente la denuncia es evaluada por el Consejo Evaluador de la Procuración, órgano creado en 2004, cuando Esteban Righi estaba al frente del Ministerio Público Fiscal.

El Consejo Evaluador (CE) sólo tiene la responsabilidad de emitir una opinión por mayoría simple y enviar la denuncia al procurador. El procurador analiza las denuncias y la opinión del CE y decide si les dá curso o las desestima.

Si el procurador acepta la denuncia, la decisión pasa al Tribunal de Enjuiciamiento o Jury. Este órgano está integrado por siete miembros:

-Un vocal designado por el Poder Ejecutivo

-Un vocal designado por el Senado

-Un vocal designado por la Corte Suprema de Justicia

-Un abogado de la matrícula federal designado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados

http://chequeado.com/el-explicador/1885-icomo-y-por-que-suspendieron-a-campagnoli.html

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tropello a la Justicia
“Abogados de Clarín redactan los dictámenes del fiscal Campagnolli”

Mientras la Ley de Medios llega a la instancia final de su discusión, salta a la luz una maniobra vil del Grupo Clarín para manipular la Justicia y a la opinión pública.


Según el matutino porteño Tiempo Argentino, el abogado Jorge Chueco, quien fuera involucrado por el fiscal José María Campagnoli en una supuesta maniobra de extorsión por la compra de la financiera SGI, denunció que el fiscal asociado a Lilita Carrió dejó en manos de abogados del multimedio la confección de sus escritos judiciales.
La denuncia se presentó esta semana en la Cámara Federal, quien tras el sorteo le asignó al Juzgado Federal Nº 3, a cargo del Dr. Daniel Rafecas, y a la Fiscalía Nº 1, a cargo del Dr. Jorge Di Lello, la responsabilidad de investigar la maniobra que hizo pública el día de ayer el matutino.
En esta causa, donde el fiscal jamás escuchó a la supuesta víctima -Federico Elaskar- en declaración testimonial y, más aún, a pesar de que esta persona se manifestó en los estrados judiciales (en el Juzgado Federal de Casanello y en el Juzgado Correccional que intervino en la querella por calumnias que inició Lázaro Báez) negando enfáticamente haber sido extorsionado, puso al descubierto cómo maneja el Grupo Clarín los hilos de la Justicia para que ésta termine diciendo lo que le conviene.

Distracción fatal
Fue así que por una distracción de un abogado que integra y es socio del estudio jurídico de renombre Sáenz Valiente, que es de la máxima confianza del Grupo Clarín y en particular de Héctor Magnetto, al contestar una amparo que interpuso un tercero en otra causa, pretendió demostrar la veracidad de lo que publicaba ese grupo, acompañando el dictamen que el 22 de mayo de 2013 había suscripto el fiscal Campagnoli.
Pero resultó ser que no se trataba del dictamen firmado por aquel, sino del proyecto del dictamen que luego terminó firmando Campagnoli.
¿Cómo es que los abogados de Clarín tenían un borrador de las resoluciones del fiscal? ¿O sería que este estudio tendría ese escrito preparado y fue Campagnolli quien simplemente llenó los espacios en blanco y cambió la tipografía antes de firmarlo finalmente?

El estudio de abogados de Clarín le redactó los escritos a Campagnolli
Así lo denunció Jorge Chueco y, como evidencia de esta supuesta maniobra, aportó varios anexos de prueba documental en los que se destaca el borrador del dictamen que Campagnoli emitió el 22 de mayo, en el marco de la causa que encabeza por supuesta extorsión que estaba en poder de uno de los abogados del multimedio que lo presentó, incompleto, como prueba oficial en el marco de un juicio civil.
Chueco ya había intentado apartar a Campagnoli de la causa, por haber intentado direccionado la pesquisa y por actuar fuera de su competencia, ya que su investigación avanzó de manera paralela a la que se tramita en el fuero federal, que está a cargo del juez Sebastián Casanello. En ambas oportunidades, la jueza María Gabriela Lanz había rechazado sus planteos.
Lanz es la misma jueza que se hizo famosa tras saltar a la luz una causa judicial en trámite, donde se juzgara a su pareja por el delito de tráfico de drogas. El concubino de la jueza -quien intentó sin éxito ser garante de su excarcelación- fue detenido y procesado, acusado de haber traficado a España 3.000 kilos de cocaína y espera su juicio en la cárcel de Ezeiza.

La maniobra
Según publica Tiempo Argentino, el «borrador» que presentó el abogado de Clarín, Hernán Miguel Frisone, como auténtico no tiene el encabezado del Ministerio Público Fiscal de la Nación, ni las firmas de Campagnoli y de su secretario, Rodríguez Varela, en cada una de las páginas. Agrega que están incompletas las partes dispositivas de la investigación del fiscal, que detalla un entramado empresario que vincula a Báez y al resto de los imputados con maniobras financieras ilícitas. En blanco, aparecen los pedidos de secuestro de archivos y documentación; los allana-mientos; el requerimiento de listado de llamadas entrantes y salientes de 28 líneas telefónicas; las constancias de cartas documento con origen o destino en SGI, y el secuestro de material de una escribanía por una hipoteca sobre un departamento en el Hotel Faena.
Según Chueco, ese documento «fue un antecedente del dictamen que luego de hacerle unos pequeños cambios, el fiscal Campag-noli suscribió y presentó en la causa.»

En su escrito presentado el miércoles, Chueco fue más allá y postuló una hipótesis más grave: que los abogados del Estudio Sáenz Valiente, o bien remitieron el borrador que enviaron ellos mismos al fiscal Campagnoli para su firma, o directamente fueron quienes redactaron ese dictamen. «Ambas conductas serían ilegales y demostrativas de la manipulación de la Justicia por parte del Grupo Clarín», afirma el escrito.
También se menciona en la presentación la lectura al aire por parte del periodista Jorge Lanata del dictamen en la misma fecha, en que se presentó lo que, afirman, «permite inferir que el Grupo Clarín contaba desde antes con ese dictamen». El núcleo central de la presentación, se basa en pedir que se investigue «si en el curso de la brutal campaña en contra del Gobierno nacional, encabezada por el Grupo Clarín (que al efecto contrató a Jorge Lanata), en la que colabora activamente la diputada nacional Elisa Carrió (socia política y amiga de Marcela Campagnoli, hermana del aquí denunciado), se determinó de un modo directo la confección de un dictamen redactado por personas vinculadas al mencionado grupo, con el claro objetivo de favorecer sus intereses políticos y económicos e influir, falseando los hechos, en el resultado de una elección nacional.»

Clarín-Lanata-Lilita-Campagnolli-Lanata-Clarín-Lilita…
Días atrás, se hizo público en varios medios del país el vínculo entre la principal denunciante del Grupo Clarín, la diputada Elisa Carrió, y el fiscal que lleva la causa paralela, José María Campagnolli. La hermana del fiscal , Marcela, es dirigente bonaerense de la Coalición Cívica -CC- (fue concejal y candidata a intendente de Pilar) y amiga íntima de la candidata de UNEN, tal es así que el día de las elecciones, el propio diario Clarín publicó una foto de ambas caminando tomadas del brazo en un rélax de la campaña.
La ex concejal de la CC, Marcela Campag-nolli, reconoció el vínculo en una entrevista radial que fue incorporada al expediente, que apelaciones mediante fue remitido nuevamente a la sala V de la Cámara del Crimen a la espera de una resolución. El tribunal tendrá que tomar una definición sobre la continuidad de Campagnoli al frente de la investigación, pese a los nexos que fueron puestos en evidencia y sobre la validez de su actuación, que tiene muchos puntos en común con la que se tramita en el fuero federal.
En ese fuero se insinúa como parte de la maniobra del Grupo Clarín al periodista Jorge Lanata, que basó la mayoría de los informes periodísticos que presentó al aire con entrevistas a Campagnoli.
El periodista, a su vez, fue uno de los primeros citados por el fiscal para ratificar el rumbo de su investigación.

Medidas para demostrar la relación de Campagnolli y Clarín
Chueco solicitó -además de ser tenido como querellante- una batería de medidas para confirmar el vínculo entre el fiscal y el multimedio, muchas de las cuales, según fuentes judiciales, difícilmente serán autorizadas. Entre ellas, el entrecruzamiento de llamados entre Campagnoli, su hermana Marcela, el abogado Frisone y ARTEAR, así como los mensajes de texto u otro tipo de mensajería instantánea y correos electrónicos. También allanamientos simultáneos en las fiscalías donde se desempeña Campagnoli, en Canal 13 y en el Estudio Sáenz Valiente, además del secuestro de documentos y computadoras.

http://www.prensalibreonline.com.ar/dblog/noticia.asp?id=29248


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