Lo que circula por los medios

16 de junio de 2014

Campagnoli responde por sus actos


Domingo, 15 de junio de 2014 | Hoy

EL PAIS › EMPIEZA MAÑANA EL JUICIO POLITICO CONTRA EL FISCAL JOSE MARIA CAMPAGNOLI
Tiempo de responder por sus actos
Campagnoli será enjuiciado por mal desempeño en sus funciones por su actuación en el llamado caso Báez. Se le imputa, entre otras cosas, haber modificado “el objeto procesal” del expediente y filtrado información “capaz de frustrar medidas”.

Por Irina Hauser

“Hemos notado en (José María) Campagnoli una actitud sumamente antirrepublicana y antidemocrática en su forma de conducirse y de violar las normas.” Lo dice Adolfo Villate, uno de los fiscales que se ocuparán de ejercer la acusación en el juicio político por mal desempeño que se inicia mañana contra el fiscal de Saavedra. El enjuiciamiento estará centrado en su actuación en el llamado caso Lázaro Báez donde, según explica Villate, “modificó el objeto procesal, no investigó lo que debía, duplicó la investigación sobre lavado de dinero y filtró información capaz de frustrar medidas”. “Creemos que lo hizo por afán mediático y también por interés político”, enfatiza. Pero Campagnoli arrastra una veintena de otras denuncias por hacer procedimientos, pesquisas y allanamientos con sus propios métodos, de dudosa legalidad, entre los que cuentan el armado de álbumes de fotos de niños de barrios humildes, como una zona del Barrio Mitre, usados para inducir a las víctimas de delitos a acusarlos.

“En una entrevista en el diario La Nación, Campagnoli dijo que no es importante el camino, sino el descubrimiento de la verdad. Eso es como decir que el fin justifica los medios. Para nosotros el respeto de la legalidad es sustancial en todo Estado de Derecho”, dice Villate en diálogo con Página/12. “Campagnoli asumió su cargo de fiscal durante el menemismo, sin haber concursado, es decir, sin que nadie le preguntara y lo evaluara en función de su vocación democrática. Lo que venimos a descubrir es que no tiene vocación democrática y que para él, el proceso penal es un estorbo que hay que dejar de lado y se atribuye la potestad de investigar por fuera del Código Procesal Penal. Sin embargo, el Código es una herramienta que da garantías a los ciudadanos y que debe ser respetado, cualquiera sea la investigación”, sostiene. En el caso Báez, dice Villate, “ya había un fiscal y un juez competentes investigando el tema sin que nadie les pusiera trabas o los persiguiera, pero apareció Campagnoli y duplicó el expediente, arrogándose una competencia que no tiene”.

En el juicio político que está por comenzar, Villate –que es fiscal general en Rosario– será acusador junto con su colega Marcelo García Berro, fiscal general de San Martín. Ellos consideran que Campagnoli recurrió a una serie de artilugios para meterse en el caso Báez. “Para eso modificó el objeto procesal de una causa que ya tenía a su cargo, convirtió al imputado en víctima, no investigó lo que sí tenía que investigar, duplicó una investigación de lavado de dinero que ya tramitaba en el fuero federal y reveló medidas de prueba antes de que se produjeran, como si no le interesara que se concreten”, enumeró Villate.

Mundo de espectáculos

Las maniobras que se le atribuyen a Campagnoli en el caso por el que será juzgado empezaron después de una emisión de Periodismo para Todos, donde Jorge Lanata exhibió una entrevista con el financista Federico Elaskar, que tenía una cueva conocida como La Rosadita, y otra con Leonardo Fariña, el ex marido Karina Jelinek: ambos aparecían contando, autoincriminándose, que habían participado de operaciones para sacar del país unos 55 millones de euros que vinculaban con Báez. A raíz del programa, políticos y denunciantes habituales hicieron presentaciones en tribunales, donde se abrió una causa por supuesto lavado de dinero que quedó en manos de Sebastián Casanello y Guillermo Marijuán.

En el ínterin Campagnoli también hizo su propia denuncia de oficio por el tema, pero el juez de instrucción que la recibió dijo que era incompetente, porque todo apuntaba a lavado, que es un delito federal. Así fue como el fiscal reflotó de la fiscalía 10 (donde subrogaba) una causa en la que justo Elaskar había sido denunciado por sus socios de La Rosadita (la financiera SGI) por defraudación. En ese momento ese expediente da un giro casi total sorpresivamente: Elaskar pasa de ser investigado a tener el papel de víctima de una extorsión. Para esto, Campagnoli trasladó el expediente de su fiscalía a la Secretaría de Investigaciones Penales, por entonces bajo su mando, y que se caracteriza por investigar delitos de autor desconocido. En apenas un mes, según explica Villate, la causa juntó 17 cuerpos. Incluso la jueza María Gabriela Lanz, hizo notar como una rareza esa actividad repentina.

Así, Campagnoli se puso a investigar una posible red de lavado que incluiría a los supuestos extorsionadores de Elaskar, y empezó a apuntar entre ellos a quienes habían denunciado al financista, como Gustavo Fernández y hasta el empresario Báez y su entorno. Mientras Campagnoli expandía su actividad investigativa, también investigaban lavado Casanello y Marijuán, a quienes incluso les iba pidiendo copias de sus actuaciones. La acusación de Villate y García Berro hará también hincapié en que Campagnoli ordenó allanamientos sin fundamento, sin investigación previa, e intervenciones telefónicas “por las dudas”.

El programa de Lanata siguió con la cobertura del tema. Un hombre, Edgardo Levita, mencionado con insistencia por el conductor, presentó un amparo diciendo que él no tiene nada que ver y pidiendo que dejaran de mencionarlo. De ese amparo se le dio traslado a Artear (Grupo Clarín), y entre la documentación que presentó el abogado apareció casualmente un dictamen de Campagnoli. Era un borrador, que se supone que fue entregado por el fiscal antes o en simultáneo a su presentación, donde se mencionaba a muchas personas supuestamente involucradas y que le habrían servido a Canal 13 para justificar la mención de Levita. El dictamen, además, apuntaba contra Báez y su entorno, por la alegada extorsión a Elaskar y en el que se pedía una lista de medidas, incluso allanamientos.

Ese dictamen es una de las pruebas de los acusadores de Campaganoli. La discusión por la competencia para investigar el supuesto lavado e incluso la supuesta extorsión a Elaskar llegó a la Cámara del Crimen y la sala IV definió que debía quedar en la Justicia federal. El fiscal Marijuán dictaminó que no existió la extorsión y el juez Casanello terminó sobreseyendo a Elaskar. Ante Casanello, Elaskar y Fariña se desdijeron de lo que habían afirmado en televisión. El juzgado los procesó por lavado de activos por voluminosas operaciones económicas y financieras. Báez, su hijo Martín, el contador Peréz Gadin, entre otros, siguen investigados.

“Tenemos la convicción de que Campagnoli quería seguir investigando el lavado de dinero, que no era de su competencia y que lo hizo por afán mediático y también por interés político”, señala Villate. “Suponemos que esos son sus móviles. Su hermana fue concejal del ARI, es amiga de Elisa Carrió, quien ya había mostrado interés en investigar a los Kirchner, a Báez y a su empresa Austral Construcciones en otra causa, y justo parece haber un interés de Campagnoli en esto, además con ansia de poner en conocimiento público lo que hace. Ningún fiscal anda repartiendo medidas de prueba antes de ser ordenadas por el juez; es paradójico porque su argumento era que si las medidas fracasaban era porque las personas involucradas tienen vinculación con el poder, no porque él las había hecho públicas. Todo era ganancia para una construcción mediática, ese el trasfondo”, sostiene el fiscal de Rosario.

Pruebas y testigos

Otra de las imputaciones contra Campagnoli es por haber contestado con desmesura y exabruptos ante la decisión de la procuradora general Alejandra Gils Carbó de quitarle la subrogancia de la fiscalía 10. Campagnoli ha denunciado que lo sacaron de allí como represalia por su investigación, pero la decisión de Gils Carbó fue posterior a que la Cámara le ordenara mandar el expediente al fuero federal.

Esta semana del juicio político estará signado por la declaración de testigos. Campagnoli puede declarar en cualquier momento. El primer día desfilarán testigos de la fiscalía. El martes habrá “show”, ya que declararán como testigos de Campagnoli, Lanata, los periodistas Nicolás Wiñazky y Daniel Santoro, los jueces Ricardo Recondo y Luis Cabral (de la Asociación de Magistrados, que ha expedido comunicados en defensa del fiscal), Graciela Ocaña y Manuel Garrido. El miércoles será el turno de un grupo de fiscales y abogados que también hicieron pronunciamientos pro Campagnoli y también serán incluidos el fiscal Oscar Ciruzzi y los abogados Alberto Bovino y Maximiliano Rusconi. Marijuán declaró por escrito y tienen pendiente hacerlo las juezas Lanz y Wilma López.

Como reveló este diario, en una nota de Raúl Kollmann, Campagnoli arrastra unas 20 denuncias en su contra, en la Procuración, lo que es un record. Una de ellas, por su actuación en el Barrio Mitre, donde los vecinos dicen que allanaba al grito de “te voy a matar, negro de mierda” y sus propios empleados revelaron que tenía un álbum con fotos, en su mayoría de niños humildes, tomadas de manera irregular, y con cámaras ocultas, que era utilizado para inducir a las víctimas que denunciaban delitos a acusarlos. Esas actuaciones motivaron la intervención de la Procuraduría de Violencia Institucional, pero todavía faltaba producir pruebas cuando se impulsó el juicio político, por eso no fue incorporado a las acusaciones. De todos modos, los fiscales Villate y García Berro evalúan pedir también testimonios de los empleados que relataron ese modo de proceder, así como del hostigamiento a empleadas, y que solía tomar medidas sin orden del juez y que espiaba, con filmaciones ilegales, a su propio personal.


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-248647-2014-06-15.html

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Domingo, 15 de junio de 2014 | Hoy

EL PAIS › LOS MOVIMIENTOS DEL JUEZ LIJO EN LA CAUSA EN QUE ACUSA AL VICEPRESIDENTE
Con las cartas marcadas
En tribunales se descuenta que el juez quiere procesar a Boudou con o sin pruebas firmes en una causa donde toda versión contra el vicepresidente es aceptada con agrado. Las declaratorias para esta semana, las contradicciones.

Por Irina Hauser y
Raúl Kollmann

“Cuando redactó la llamada a indagatoria, el juez Ariel Lijo ya tenía virtualmente redactado el procesamiento. Eso se ve en que no acepta ni razonamientos ni documentación que vaya en otro sentido.” Ese es el pensamiento casi unánime instalado en los tribunales de Comodoro Py. Ayer, hasta el vicepresidente también lo dio por descontado: “Es un escándalo. Me van a procesar sin llamar a declarar a ningún empresario”, sostuvo. Sucede que hay un choque frontal entre lo que sostiene el juez, quien acepta la versión de la familia Ciccone, y lo que responden Amado Boudou y Alejandro Vandenbroele. Como se sabe, Lijo afirma que Ciccone fue propiedad de Boudou y que el vicepresidente –entonces ministro de Economía– hizo gestiones para que se levantara la quiebra de la calcográfica y que el Estado la contratara para imprimir billetes. Boudou y Vandenbroele, en cambio, afirman que la imprenta siempre fue de los Ciccone –sobre todo de Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone– y que el rescate se hizo con unos cincuenta millones de pesos que aportó el financista Raúl Moneta, tal vez junto con otros empresarios. Boudou, además, dice que no tuvo nada que ver en todo el proceso. Esta semana declararán ante el juez y el fiscal Jorge Di Lello, Nicolás Ciccone, uno de los dueños y fundadores de la imprenta; el ex funcionario de Economía vinculado con el vicepresidente Guido Forgieri y José María Núñez Carmona, amigo de Boudou.

El dueño

El gran punto de confrontación es quién terminó de dueño de Ciccone después de que la empresa quebrara y fuera rescatada por el fondo The Old Fund. Una asombrosa decisión del juez comercial Javier Cosentino había puesto a la sofisticada imprenta –la única privada que imprimía billetes en América latina– en manos de su competidor, Boldt, una compañía con dominio de buena parte del juego en la provincia de Buenos Aires.

Según el juez, la quiebra de Ciccone la levantó Boudou junto a su amigo Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele. Lijo atribuye a este último un conocimiento, una amistad, con Boudou que éste niega categóricamente: “No lo conozco, no lo vi en mi vida, jamás hablé”, afirma el vicepresidente. Y lo cierto es que el juez consiguió pruebas muy laterales, muy menores para probar esa relación. En cualquier caso, para Lijo, Vandenbroele es Boudou y debe tenerse en cuenta que Vandenbroele fue el titular y director tanto de Ciccone como de The Old Fund.

En el texto de su declaración indagatoria, que presentó Vandenbroele esta semana –su abogado es Germán Soria–, incluyó varios adjuntos. Dos de ellos son escritos firmados ante escribano. En el primero, el yerno de los Ciccone, Reinwick, conviene con Vandenbroele cómo se haría el salvataje de la empresa. El segundo es una evaluación de la gestión de Vandenbroele de cómo se rescató Ciccone. Es decir, ambos textos –según Boudou– prueban que la empresa es de los Ciccone, en especial de Reinwick. A esto se suma una solicitada, en febrero de 2012, en la que el yerno de Nicolás Ciccone afirma que la empresa y The Old Fund son suyos.

Hay un elemento de máxima importancia que señala Boudou: los términos del acuerdo por el que se salvó la calcográfica. El dinero lo aportó Moneta. En caso de que el préstamo, al tres por ciento mensual, le fuera devuelto, la totalidad de la imprenta volvía a Reinwick. En caso de no devolverse el dinero, Moneta se quedaría con Ciccone o tendría la opción de vender la empresa.

Pero Lijo le cree a Reinwick, que dice que firmó todo porque estaba amenazado de muerte. “Si me decían que firme la venta de la Casa Rosada, la firmaba”, alegó en su declaración indagatoria. Reinwick nunca hizo la denuncia. Ni siquiera ante un escribano. Nunca lo declaró en el expediente hasta diciembre pasado. La defensa de Boudou –los abogados Diego Pirota, Eduardo Durañona y Déborah Lichtman– obviamente advierte que el argumento de que firmó bajo amenaza es insostenible: “A nadie lo aprietan para que firme que es dueño de una empresa. En todo caso lo aprietan por lo contrario, para sacársela. No tiene la menor credibilidad la versión de Reinwick”, afirman.

El dinero

El magistrado aceptó esta semana el planteo de la Cámara Federal y de la defensa de Boudou en el sentido de que si la clave de la causa es de quién es la empresa y cómo se rescató, la base es esclarecer la ruta del dinero. Esto ya fue planteado hace un año por Vandenbroele a Lijo, a quien inclusive le adjuntó los certificados de depósito y, sobre todo, los títulos que luego se convirtieron en el dinero que se usó para rescatar la imprenta. Vandenbroele dice que es claro que esos títulos fueron aportados por Moneta. Boudou, por su parte, agrega que la gestión de la empresa pasó a un gerente del Banco Macro, es decir a la empresa del banquero Jorge Brito.

El camarista Eduardo Farah directamente planteó que debían ser llamados a declarar tanto Moneta como Brito. En una causa judicial que tiene que ver con conflictos por radios que adquirió, Moneta fue declarado insano, por gravísimos problemas de salud que padece. Pero seguramente sus allegados tendrán que decir. En su momento, hace también hace un año, la Unidad de Información Financiera (UIF), que conduce José Sbattella, presentó un informe al juez en el que ya se mencionaba a Moneta y a Brito.

Ahora, Lijo ordenó que se averigüe cómo fue la ruta del dinero y también de las empresas que intervinieron, Dusbel y European Advisory, que –según el vicepresidente– son de Reinwick y que son las beneficiarias del acuerdo de salvataje.

Plan de pagos

Uno de los elementos de importancia en la causa es la evaluación de las gestiones que se hicieron para levantar la quiebra de Ciccone y que se concretaron en un plan de pagos de sus enormes deudas impositivas. Boudou ha dicho que no tuvo nada que ver, que la AFIP lo consultó y que su respuesta fue la adecuada: que debía decidir la misma AFIP y que la política general del Gobierno era no perder puestos de trabajo.

Esta semana se produjo un cimbronazo en ese aspecto. El juez había imputado al ex jefe de asesores de la AFIP Rafael Riesnik Brenner. Con esa movida, el magistrado daba a entender que Riesnik era el hombre de Boudou en el ente recaudador. Le hizo esa imputación porque el funcionario fue el que dio el visto bueno a un plan de pagos para Ciccone que el juez considera ilegal. Riesnik, de la mano de su abogado Francisco Castex, se quiso sacar de encima la imputación de dos maneras, una de ellas claramente destinada a darle a Lijo lo que éste quería.

n Dijo que el plan de pagos que propuso no era ilegal, que se habían otorgado planes de pagos con quitas a otros, aunque no con quita de honorarios. Pero que eso no era ilegal. Eso sí: admitió que él propuso que se le consultara a Economía porque la imprenta era una empresa estratégica y con muchos empleados.

n Contó que fue convocado al Ministerio de Economía y que allí se reunió con el jefe de Gabinete de Boudou, Guido Forcieri, y que éste le presentó a Núñez Carmona. Riesnik afirmó que le dijeron que para ellos Ciccone era una prioridad y que Núñez Carmona (que no era funcionario de Economía) seguiría el trámite de cerca. Eso fue música para los oídos de Lijo, que de inmediato citó a Forcieri a indagatoria para la semana que empieza mañana. En un comunicado, Forcieri negó que hubiera existido esa reunión, dijo que nunca habló con Riesnik sobre Ciccone y que el funcionario de la AFIP vino a pedirle que lo ayudara en un juicio de su padre contra Economía. Como hasta ahora, el juez optó por creerles a los que están en la otra vereda del vicepresidente.

Hay un dato adicional: existen llamadas entre teléfonos a nombre de Riesnik y Núñez Carmona. Este explica que nunca habló con Riesnik, pero que uno de los hermanos del funcionario lo llamó para participar de aquella famosa misión comercial a Angola.

Delitos

El fiscal de Cámara, Javier De Luca, ya planteó uno de los aspectos polémicos del caso: ¿Por qué imputar a Boudou si éste no tenía firma en ninguno de los momentos clave del caso Ciccone? Por ejemplo, dice De Luca, si la imprenta se salvó por un plan de pagos de la AFIP, ¿cómo se va a imputar a Boudou si éste no tenía firma para otorgar el plan de pagos? La que otorgó el plan de pagos, que Boudou afirma que no era ilegal, fue la AFIP. Y, seguidamente, si a Ciccone se le encargó la impresión de billetes para el Estado, ¿cómo se va a imputar a Boudou si quien decidía y firmaba las órdenes era el Banco Central y no Economía?

Aun así, Lijo considera que haber hecho las gestiones constituye el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y, además, ha hecho trascender que podría inclinarse por la figura del cohecho: Boudou les habría pedido el setenta por ciento (¿una coima?) de la imprenta a los Ciccone por salvarles la empresa.

Como se ve, es una guerra sin tregua. Lijo sólo cree la versión de los Ciccone y reafirma que Boudou fue dueño de la imprenta y de The Old Fund. El vicepresidente y Vandenbroele muestran lo firmado por Reinwick en nombre de los Ciccone, pero el magistrado contesta que no es suficiente, que cree en la versión de las amenazas. Boudou dice que la causa sólo se basa en la política. El juez lo niega.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-248646-2014-06-15.html

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