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30 de junio de 2014

MEGACANJE - Cavallo firmó junto a De la Rúa el decreto 648/01


Martes, 4 de septiembre de 2012 | Hoy
EL PAIS › MEGACANJE, LA OPERACION QUE PRECEDIO AL ESTALLIDO
Las comisiones de la despedida



Por Sebastián Premici
El Megacanje de bonos de la deuda pública de 2001 fue la operación financiera (y un negocio para los bancos) previa al estallido de la convertibilidad. Tras el fracaso del llamado blindaje y las renuncias consecutivas de José Luis Machinea y Ricardo López Murphy como ministros de Economía, el gobierno de Fernando de la Rúa convocó a Domingo Felipe Cavallo como titular de la cartera de Hacienda. Lo primero que hizo el padre de la convertibilidad fue acercarle a De la Rúa una idea de su amigo David Mulford, ex secretario del Tesoro norteamericano y vicepresidente del Credit Suisse First Boston: el megacanje de títulos públicos. La operación implicó un aumento de la deuda externa argentina en 53.700 millones de dólares en términos de capital e intereses. Los siete bancos que participaron de la operación embolsaron 150 millones de dólares en comisiones. De ese total, Mulford recibió 20 millones. Las abultadas comisiones se pagaron a pesar de que los bancos realizaron “autocanjes”.

No bien llegó al gobierno de la Alianza, , que habilitó la operación del megacanje. Era el 16 de mayo de 2001. Entre enero y marzo de ese año se habían fugado del sistema financiero 5 mil millones de dólares. Para realizar la operación de canje, Cavallo contrató a Mulford. El gobierno necesitaba reducir sus vencimientos entre 2001 y 2005, para evitar una inminente caída en default. De ahí la idea de la megaoperación, que en realidad terminó por ser una gran bomba de tiempo. Los servicios de la deuda pública representaban antes del canje 60.504 millones de dólares (período 2001–2031). Después de la operación, los intereses se dispararon a 98.414 millones, un incremento de 63 por ciento.

Con la llegada de Cavallo y Mulford, hubo siete bancos que hicieron del megacanje un gran negocio: Francés, Santander Central Hispano, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan y el Credit Suisse First Boston. En total aportaron al canje 27.700 millones de dólares. De ese total, aproximadamente 20 mil millones en títulos ya estaban dentro de sus carteras o en las de las ex AFJP asociadas a los bancos. De esta manera, los 150 millones de dólares de comisiones fueron cobrados por hacer de intermediarios de sí mismos. Además, los bancos públicos fueron obligados a canalizar títulos a través de las entidades privadas, que así se quedaban con la parte correspondiente a aquéllos en comisión.

Según un informe de la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP, 2001), la deuda pública total pasó de 124.358 millones a 126.606 millones después del canje. Es decir, un incremento de 2248 millones de dólares. En cuanto a los intereses, se pasó de 82.246 millones a 120.650 millones, un incremento de 40.649 millones. A esto se le sumó una capitalización de intereses por 13.052 millones.

Los banqueros no sólo acordaron las cuantiosas comisiones para los autocanjes, sino que acordaron con los funcionarios de Economía (Cavallo y Daniel Marx, secretario de Finanzas de la Alianza, procesado y sobreseído en la causa del Megacanje) los precios de los bonos Brady, Par y Discount. Esto también fue determinado por la ONCP. Según la ONCP, ese “acuerdo” trajo pérdidas para el Estado por 108 millones de dólares.

Al Megacanje le siguieron otras medidas, que terminaron de sellar la suerte de la Alianza. En julio de 2001 se aprobó la ley 25.453 (déficit cero) y en agosto, la ley 25.466 (intangibilidad de los depósitos). No pocos gurúes de la city (de aquellos años y actuales), entre ellos Miguel Angel Broda u Orlando Ferreres, veían en el Megacanje y las otras medidas “la salvación” para la crisis económica del país. Hasta que llegó el 19 y 20 de diciembre de 2001.

spremici@pagina12.com.ar


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-202536-2012-09-04.html

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investigación de la instrumentación y ejecución de la operación financiera durante el gobierno de De la Rua
Solicitaron a Casación que revoque los sobreseimientos a los responsables del Megacanje

25.06.2014
El fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal Germán Moldes presentó un recurso de Casación para que se continúe investigando a de los responsables del Megacanje de 2001.
El fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal Germán Moldes presentó un recurso para que la Cámara de Casación Penal revoque los sobreseimientos dictados el 5 de junio pasado a favor de varios de los responsables del megacanje de 2001. Aquella operación financiera consistió en el cambio de títulos públicos de la deuda por 50 mil millones de dólares para postergar vencimientos.

Para Moldes, el decreto 648/01 del 16 de mayo de 2001 tuvo un proceso de "gestación muy particular". Los responsables sobreseídos por los jueces de la Sala II Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah son: el diputado por el PRO Federico Sturzenegger, el ex secretario de Hacienda Jorge Amadeo Baldrich; el ex subdirector de Financiamiento Julio Dreizzen; el ex asesor de Cavallo, Horacio Tomás Liendo; el ex director Financiación Externa de la Oficina Nacional de Crédito PúblicoNorberto López Isnardi; el ex procurador del Tesoro de la Nación Ernesto Alberto Marcer; el ex Director Nacional de Crédito Público Carlos Federico Molina, y el ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministro de Economía Guillermo Mondino. Además, los camaristas consideraron que en el caso del banquero estadounidense David Mulford, la acción penal "se encuentra prescripta".

Los nombrados están acusados de haber incrementado los valores de la deuda y de haber favorecido a varios bancos en el proceso. En su recurso, el representante del Ministerio Público explicó lo que denominó como "la trastienda de la operación". "Existió una tramoya que tendió a favorecer a ciertos amigos de quines llevaban adelante esa operación en nombre del Estado", describió el fiscal.

Todos los nombrados "han tenido intervención en los hechos" ya sea desde que dieron amparo hasta que colaboraron con darle visibilidad a la maniobra. Para Moldes, la resolución de la Cámara no atendió a que esto se trata de "actos de corrupción" así como parcializó las responsabilidades de los funcionarios.

La "idea del megacanje"

El fiscal detalló, en base a testimonios que constan en el expediente, que nunca se había utilizado para la redacción de esta clase de decretos un asesor externo, en referencia a Liendo. También, explicó, en base a las publicaciones de los diarios de aquelos años, que Cavallo, a poco días de haber asumido el cargo de ministro de Economía, acudió en busca de ayuda a Muldorf.

Por otra parte, el fiscal describió la maniobra como una "tercerización" de la tarea, así como describió a las charlas y negociaciones con los bancos intervinientes como "inéditas". Luego, recordó que desde marzo de 2001 que las entidades bancarias habían presentado sus proyectos al respecto de la renegociación de la deuda y sus posibles variantes.

En abril de ese año, las autoridades oficializaron la decisión de llevar adelante el canje y realizaron vía telefónica contacto con ciertas entidades bancarias para que en tres días le mandaran propuestas sobre el tema. Cuatro fueron las presentaciones realizadas a término: CSFB, JP Morgan, Morgan Stanley y Lehman Brothers. Además, se reunieron con los funcionarios del Ministerio de Economía los responsables de la propuesta 1: Banco Galicia y Buenos Aires S.A; Banco Santander Central Hispano, BBVA Banco Francés, Credit Suisse First Boston Corporation, HSBC Bank Argentina, Jp Morgan Securities Inc y Salomón Smith Barney.

Proceso de implementación

Luego, el decreto 648/01 aprobó la operación del canje, designó al sindicato de bancos y estableció las comisiones. El Ministerio de Economía convalidó el mecanismo de esa operación para el tramo internacional. Para dar cumplimento a la operación, debía intervenir Molina (procurador del Tesoro) aunque según se detalló en el escrito, su actitud fue "meramente formal" en lugar de realizar una "fiscalización meditada del proceso".

Para Moldes, durante la estipulación de precios mínimos, el Estado realizó una "subordinación del interés público al privado", llevando las conversaciones con los bancos "a un extremo nunca antes visto". No obstante, los valores "no fueron del agrado de las entidades" por lo que el domingo 3 de junio de 2001 se realizó una reunión donde se discutieron los escenarios tras el cierre de ofertas.

"Con posterioridad al cierre del período de recepción de ofertas, se recibieron notas solicitando la modificación de los datos de las posturas", algo que Moldes calificó irónicamente como una "nueva originalidad":

Prescripción de la causa para Muldorf

En otro escrito presentando ante la Sala II, Moldes cuestionó la decisión de declarar prescripta la acción penal en la causa, lo que ocasionó el sobreseimiento del banquero. Muldorf nunca compareció ante el juez, pese a haber sido correctamente notificado y citado. Moldes explicó que Cavallo ("el otro gran responsable") no sólo compareció sino que fue procesado y actualmente su causa está radicada en el Tribunal Oral Federal N°4.

El representante del MPF sostuvo que a Muldorf se le puede imputar la "malversación de caudales públicos", cuya sanción máxima es de 10 años y dado que Isnardi ejerció la función pública hasta agosto de 2010, "la acción criminal contra Muldorf está vigente hasta agosto de 2020".

Todos los funcionarios públicos y asociaciones de privados que intervinieron "deben responder penalmente por sus ilícitas acciones", sostuvo Moldes. Además, relató en el escrito que, a pesar de la captura internacional que el juez solicitó en 2012 para que se presentara a declarar, "a Muldorf nunca llegamos a conocerle la cara".

"Es impropio disponer el sobreseimiento de Muldorf ya que no están dadas las condiciones sustanciales para hacerlo". Es decir, no transcurrió el plazo necesario de prescripción y además, la resolución se basa en único argumento que no es hábil para sustentar.

Para Moldes, "necesitamos con urgencia un renovado Código de Procedimientos que realmente sea una herramienta apta para combatir la delincuencia". Y siguió: "toda la delicuencia, desde la que viste trajes cortados por maestros sastres de Savile Row y corbatas de Place Vendôme hasta la que duerme en ranchadas bajo la utopista y come de la olla popular":


http://fiscales.gob.ar/fiscalias/solicitan-a-casacion-que-revoque-los-sobreseimientos-a-los-responsables-del-megacanje/

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