Lo que circula por los medios

30 de marzo de 2014

el Gran Adminsitrador: Macri dejará una deuda tres veces mayor de la que recibió



POLÍTICA • Domingo 30 de Marzo de 2014 | 03:35
◄ Por Claudio Mardones
Macri dejará al futuro alcalde tres veces más deuda de la que recibió
El 96,3% de los compromisos está en moneda extranjera o atada a su valor. En siete años de gestión, el PRO incrementó la deuda externa pública de la Ciudad de 574 millones de dólares a 1794 millones. Con intereses crecientes, el próximo gobierno porteño deberá afrontar el mayor peso de los pagos.

Tiempo Argentino "Macri quiere dividir a los porteños del resto del país" Tiempo Argentino ¿A quién favorece el endeudamiento?
Nota de Tiempo Argentino

El próximo 10 de diciembre Mauricio Macri cumplirá su séptimo año al frente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los mayores distritos electorales del país, pero también el tercer presupuesto más importante de las cuentas públicas argentinas. Será su penúltima celebración como jefe de gobierno en funciones antes de entregarle el sillón, por mandato constitucional, a un sucesor electo por el voto directo de los porteños. Ese futuro alcalde recibirá una deuda externa pública tres veces más grande que la asumida por el gobierno del PRO en 2007. Por aquél entonces, cuando Jorge Telerman le entregó un lujoso bastón de mando a Macri, la deuda externa de la ciudad era de 574 millones de dólares. A finales de 2013, en el comienzo del séptimo año, el pasivo público con organismos internacionales y bancos del exterior es de 1794 millones de dólares y el mayor peso de sus pagos, con intereses atados al valor del dólar, comenzarán a correr en manos del próximo alcalde de la ciudad.

La conclusión pertenece a La Fábrica Porteña, un observatorio socioeconómico dedicado a la Ciudad, que preside el ministro de Trabajo de la Nación Carlos Tomada. Los investigadores de su área económica analizaron la evolución de la deuda externa del área, revisaron los plazos de toda su canasta de compromisos desde 2007, y –entre otros datos– demuestra que el año pasado y este serán los años de mayor incremento, "con un aumento del 300% en cinco años". El año pasado, durante las últimas autorizaciones de la Legislatura para que el Ejecutivo obtuviera nuevos compromisos, "el stock de la deuda aumentó un 20%, con un incremento de 360 millones de dólares".

Si la comparación es en pesos, esa diferencia significa que la deuda ya alcanzó los 11.700,4 millones, "cuando en 2007 era de 1807 millones de pesos, es decir, con un crecimiento del 650 por ciento." Esas enormes diferencias porcentuales se explican por "un problema adicional", advierte el informe, en referencia a su composición: "El 96,3% de la deuda porteña está en moneda extranjera o atada a su valor, mientras que en 2007 representaba un 60 por ciento." La variación del volumen de la deuda en moneda extranjera "torna más vulnerable la situación financiera de la Ciudad", porque "si aumenta el dólar un centavo la deuda crece".

El caso más sensible sucedió hace dos meses, en enero, cuando el gobierno porteño volvió a endeudarse por 147 millones de dólares, en títulos que se ajustan por el valor del dólar, más conocidos como dollar linked, "consistentes en una obligación nominada en dólares, pagadera en pesos al tipo de cambio oficial". El documento advierte que la gestión PRO "se transformó en el mayor emisor de deuda con ajuste dollar linked, con 760 millones de dólares lanzados desde octubre de 2012".

La Ciudad se endeuda cada vez más, a pesar de que recauda cada vez más a partir de impuestos. En el último trimestre de 2013, la recaudación tributaria creció casi un 50 por ciento.
Ante las consultas de este diario, un funcionario que integra el Gabinete porteño confirmó que "la deuda ha crecido desde 2007, pero en relación a la recaudación de cada provincia, la tasa de endeudamiento es una de las más bajas", se defendió la fuente para relativizar el incremento del endeudamiento ejecutado por Macri, con reiteradas autorizaciones de la Legislatura porteña. En el Ministerio de Hacienda, conducido por Néstor Grindetti, se comprometieron a contestar y aportar su lectura sobre la estructura de la deuda porteña, y anticiparon que "todos los organismos multilaterales de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo o la Corporación Andina de Fomento (CAF) consideran a la ciudad como una de las mejores plazas".

En el macrismo no descartan nuevos acercamientos con el gobierno nacional para conseguir mejores tasas de endeudamiento. La expectativa del PRO, dicen en la Legislatura, para justificar el deseo de tomar nuevos créditos también está puesta en el desenlace del litigio judicial que mantiene la Nación con los fondos buitre en Estados Unidos, y la negociación con el Club de París. "Nos interesa el reingreso del país a los mercados de crédito y nos interesa obtener nueva deuda con tasas más bajas", contraatacaron desde otra cartera política porteña en respuesta al informe, pero tampoco negaron el incremento de los pasivos externos desde 2007.

A contramano de esas expectativas, el informe de La Fábrica sostiene que la CABA no tiene razones para sumar deuda externa. "Mientras la Ciudad es la mayor emisora de deuda atada al dólar, al mismo tiempo es una de las provincias más superavitarias, un dato que quita justificativo a la necesidad de constante endeudamiento" y se remite al texto de presentación del Presupuesto 2014 para demostrarlo. "El gobierno se jacta de haber logrado al primer semestre de 2013 un resultado económico primario de 5157 millones, de 3080 millones cuando se incorporan recursos y gastos de capital, y un resultado financiero superavitario de 2765,5 millones de pesos", señala el paper. Esos números fueron repasados a finales de noviembre del año pasado dentro del viejo Concejo Deliberante, cuando el PRO logró la sanción de un Presupuesto de 59.500 millones de pesos para este año con 29 votos positivos, 24 negativos y siete abstenciones, un equilibrio similar a los números que cosecharon las aprobaciones de endeudamiento en los últimos años.

El capítulo 98 del Presupuesto 2014, "Servicio de la Deuda Pública", confirma el incremento señalado por el informe de La Fábrica y prevé operaciones de "crédito público" por 3151 millones de pesos: 70 millones de créditos otorgados por proveedores del Estado porteño para el Plan de Equipamiento Hospitalario; nuevas Letras del Tesoro en el mercado local por 550 millones; "nuevos préstamos y/o colocación de deuda" por otros 690 millones, gracias a la ley de transferencia del subte (4472) y 1471 millones provenientes de nuevas colocaciones "locales e internacionales" para renovar los vencimientos de 2014.

A esa lista se suman las obras para el control de inundaciones en la Cuenca del Arroyo Vega, con un "préstamo financiero" de 370 millones. Además de esas nuevas obligaciones, el stock a noviembre de 2013 incluía el pago de intereses al 12,5% anual para los 50 millones de dólares obtenidos con los títulos "serie 7", otra cancelación al 7,95% anual para los 100 millones de verdes cosechados por el "clase 1" y una tercera tanda de intereses, al 6,75% anual, para otros 85 millones de dólares, embolsados con los bonos "clase 2". La lista incluye cifras no precisadas para "amortizar" los intereses que fijen los proveedores hospitalarios, los provenientes de la deuda previsional por ajustes jubilatorios y las deudas judiciales.

Del otro lado del mostrador, el mercado financiero recibirá pagos porteños por 1963,4 millones de pesos y "pagos por intereses y comisiones y gastos" de la deuda por 1396 millones de pesos en 2014. En este punto, los analistas de La Fabrica lanzan una advertencia final. "El pago de intereses también es mayor año tras año: en 2007 y 2008 los pagos en concepto de intereses representaban carca del 1% del Presupuesto, luego y de manera progresiva avanzó al 2,35% en 2013, y la perspectiva a futuro es que continúe en ascenso." La cifra también aparece intacta en el Presupuesto que envió Macri el año pasado y confirma el peso de una herencia que el PRO prefiere eludir.

El Dato

Para arriba. La Ciudad se endeuda cada vez más, a pesar de que recauda cada vez más a partir de impuestos. En el último trimestre de 2013, la recaudación tributaria creció casi un 50 por ciento.

De campaña por el interior

Las aspiraciones del jefe de Gobierno Mauricio Macri son pelear las elecciones presidenciales de 2015. Pero sabe que para llegar con posibilidades necesita moverse más allá del territorio porteño. Por eso, en las próximas semanas el alcalde visitará diferentes ciudades del interior, no sólo capitales provinciales, sino también pueblos más pequeños. La idea, según reveló un miembro del equipo de campaña del PRO a la agencia Télam, es "mejorar la llegada a la gente".

Mientras el macrismo espera con optimismo los resultados de las elecciones municipales de Mendoza, proyecta viajes y encuentros con la gente, e incluso visitas a hogares particulares. El primero en la agenda está previsto para el próximo sábado, a la localidad de Sunchales, en el norte de Santa Fe. Como parte de esa campaña, el PRO avisará a través de su página de Facebook qué ciudades recorrerá en cada ocasión.

Ingresos

En la CABA. El 90% de los ingresos porteños son propios, y sólo el 10% proviene de la coparticipación federal, pero, según la DGEyC, "el tercer trimestre de 2013 presentó una suba del 30,3% sobre 2012", con crecimientos del 32,6% del IVA y 33,2% los ingresos por Ganancias.

Crece la recaudación

A pesar de la reticencia de las autoridades económicas de la Ciudad para hablar sobre el endeudamiento externo, existen abundantes datos oficiales del gobierno porteño sobre el poderoso crecimiento de la recaudación tributaria en el último trimestre de 2013, un elemento que, para sus críticos más fervientes, le resta argumentos al interés del PRO para obtener nueva deuda en el exterior. El informe de resultados 655 de la Dirección de Estadística y Censos (DGEyC), dependiente del Ministerio de Hacienda porteño (publicado hace diez días), revela que "en el tercer trimestre de 2013 los ingresos tributarios totales de la Ciudad alcanzaron los 11.543,5 millones de pesos", una cifra que implica un crecimiento del "49,1% y de 3799 millones respecto al mismo trimestre de 2012".

El documento de 30 páginas aporta una detallada geografía sobre los dineros públicos que ingresan a las arcas que administra la comuna. Por ejemplo, los impuestos que gravan al consumo, como los Ingresos Brutos, cosecharon entre octubre, noviembre y diciembre del año pasado 8141,8 millones de pesos, es decir "un 52,4% más que en el mismo período de 2012". En el caso de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), cuya suba anual siempre desató polémicas entre los porteños, "hubo un incremento interanual total en la recaudación de 261 millones", es decir, "del 45,1 por ciento".

Para las patentes, el crecimiento recaudatorio presentó una suba "del 32,8%, con 421 millones más que en el último trimestre de 2012". En el capítulo destinado al Impuesto a los Sellos (aprobado por la Legislatura durante las reformas a la Ley Tarifaria a fines de 2012), la DGEyC relevó "un incremento del 67,8%" sobre los ingresos del último trimestre de 2012, con nuevos ingresos por 789,7 millones de pesos. En comparación con las otras diez provincias con mayores dimensiones económicas, y sin tener presente a la provincia de Buenos Aires, el informe concluye que la Capital "es la primera jurisdicción en valores nominales de recaudación" y representa, con sólo 203 kilómetros cuadrados, "el 44,3% del total de la recaudación propia" de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Neuquén, Entre Ríos, Salta, Río Negro y San Luis.

http://www.infonews.com/2014/03/30/politica-131984-macri-dejara-al-futuro-alcalde-tres-veces-mas-deuda-de-la-que-recibio.php

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INFORME
La Ciudad triplicó su deuda en dólares desde la llegada del macrismo al poder

La deuda pública de la ciudad de Buenos Aires en moneda extranjera se triplicó durante la administración de Mauricio Macri, iniciada en 2007, llegando a los 1.794 millones de dólares, según un informe realizado por el observatorio La Fábrica Porteña.

El trabajo, publicado hoy en el diario Tiempo Argentino, analiza la evolución de la deuda pública porteña, concluyendo que actualmente el 96,3 por ciento de los compromisos financieros fueron tomados en moneda extranjera o en títulos atados a su valor.

Este porcentaje, en 2007, representaba menos del 60 por ciento.

El análisis afirma que al momento de la asunción de Mauricio Macri en la Jefatura de Gobierno porteño, la deuda externa pública ascendía a 574 millones de dólares.

Durante la administración del PRO, los compromisos con bancos y organismos internacionales de crédito se triplicó, ascendiendo a 1.794 millones de dólares, un 312 por ciento más que en 2007, lo que "torna más vulnerable la situación financiera de la Ciudad", según afirma el documento.

Si esa deuda fuera analizada en moneda nacional, la diferencia entre la gestión macrista y sus antecesores sería aún más notoria, ya que los recursos públicos comprometidos aumentaron un 647 por ciento, moviéndose de 1.807 millones de pesos en 2007 a 11.700 millones en 2013.

Según el informe realizado por el centro de estudios sociales y políticos que orienta el Ministro de Trabajo Carlos Tomada, el proceso de endeudamiento externo porteño se acrecentó durante los últimos dos años, período en el que se pautaron compromisos para los próximos cinco años que redundarán en un nuevo crecimiento de la deuda del 300 por ciento.

En este sentido, remarcaron que durante 2013 la Legislatura porteña aprobó a pedido del PRO la obtención de nuevos compromisos financieros por 360 millones de dólares, elevando así un 20 por ciento más el stock de deuda.

En enero último, el ejecutivo porteño volvió a tomar deuda en moneda estranjera, esta vez a través de títulos conocidos como "dollar linked", que ajustan su valor según la evolución de la divisa norteamericana.

El informe concluye que el hecho de que la ciudad es un distrito superavitario, e incluso maneja uno de los tres presupuestos públicos más elevados detrás de la provincia de Buenos Aires y la Nación, "quita el justificativo de la necesidad constante de endeudarse" y definió a la Capital Federal como "la mayor emisora de deuda atada al dólar" del país.

http://www.telam.com.ar/notas/201403/57283-la-ciudad-triplico-su-deuda-en-dolares-desde-la-llegada-del-macrismo-al-poder.html

28 de marzo de 2014

Massa prometió en EE.UU. un nuevo rumbo "dejar de mirar para atrás"


Jueves, 27 de Marzo de 2014 09:59

El diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, de gira por EE.UU., pasó el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el Departamento de Estado de ese país. También concedió una entrevista a la CNN en la que dio claros indicios que bajo su proyecto, Argentina volvería a tener una relación muy estrecha con Washington.





Las señales de Massa desde la CNN

El diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, de gira por EE.UU., pasó el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el Departamento de Estado de ese país con la intención de reunirse con tres funcionarios del gobierno de Obama. También concedió una entrevista a la CNN, en la que se abordó temas relacionados con la situación actual del país, la memoria,  la política exterior y la posición regional.

■Los temas:

"Dejar de costado las discusiones del pasado"

"Argentina a lo largo de su historia, a perdido mucho tiempo en discusiones del pasado, en discusiones de su historia, en contradicciones; el Interior y la Ciudad contradictorios, los empresarios y los trabajadores contradictorios. Creo que viene un tiempo en el que tenemos que dejar de costado sin por ello perder la memoria, pero dejar de costado las discusiones del pasado y concentrarnos en darle desarrollo más allá del crecimiento en la Argentina". "El centro tienen que estar puesto en el país a futuro, en pensar como mejoramos y desarrollamos nuestro país".

Con Washington una relación profunda

Con respecto a la relación con Washington, señaló: "Yo creo que los países cuando son parte de la misma región deben tener una relación bilateral seria, una relación profunda; una relación de colaboración en aquellos tema que son centrales, lucha contra el narcotráfico, temas nucleares, temas de derechos humanos, temas que tienen que ver con la sustentabilidad ambiental; en esos tenemos que tenemos que tener una estrecha colaboración y un trabajo conjunto y coordinado".

"Una relación seria madura responsable que no signifique de ninguna manera resignar los intereses nacionales de cada uno".

Massa denuncia "violaciones constantes a los derechos humanos" en Venezuela

"Nosotros lo hemos hecho público ya hace tiempo, nuestra posición con Venezuela, tiene que ver con las violaciones constantes a los derechos humanos, tienen que ver con detenciones explicitadas y denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que son más de carácter político que por otras razones, y con violaciones a la libertad de expresión y sobre todo con la utilización del poder del Estado en la represión de jóvenes, de estudiantes", afirmó Massa.

Además agregó "Creemos que es importante que todos los países de la región apelemos a exigirle la aplicación de la Carta Democrática a la Organización de Estados Americanos, de la Carta interamericana democratica, de manera de entender y trasmitir que todos tenemos la obligación de cuidar obviamente la paz, de cuidar que exista un marco de dialogo, pero cuidar el respeto a los derechos humanos y el derecho de los venezolanos que piensan distinto al gobierno"

Desde el Frente Renovador, el 24 de marzo, habían señalado "No venimos a buscar nada, porque no se nos perdió nada. A los Estados Unidos se vino con el objetivo de conocer un poco más de distintos enfoques y a dar indicios de cuál será y es nuestra política de relaciones internacionales".

¿Está lista Argentina para un cambio de gobierno, un cambio de rumbo?, preguntó el periodista de la CNN.

"Tiene por delante la posibilidad de construir un cambio, un cambio que signifique sobre todas las cosas, dejar de mirar para atrás y empezar a mirar hacia adelante", así concedió Massa, señales claras.


completo abajo




Completo




LaPistaOculta/GN



http://www.lapistaoculta.com.ar/3/2/c/politica/item/5260-massa-prometi%C3%B3-en-eeuu-un-nuevo-rumbo.html

FAO: La Argentina alcanzó la meta de Hambre Cero


Jueves, 27 de Marzo de 2014 14:13

Un informe de la FAO destaca que la Argentina alcanzó la meta de Hambre Cero, merced a estrategias de inclusión social adoptadas por el Gobierno, entre ellas la Asignación Universal por Hijo, destacó hoy el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.






La Argentina se encuentra dentro de los países que ha alcanzado la meta Hambre Cero en América latina, según el Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

De ello dio cuenta esta mañana el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en la habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, oportunidad brindó detalles sobre la valoración que ha hecho la FAO sobre el programa de seguridad alimentaria 2011-2013, en el que expresa que la prevalencia de subalimentación en Argentina fue menor al 5%.

La FAO, dijo Capitanich, reconoce que se ha erradicado el flagelo y la Argentina está dentro de los países que han alcanzado la meta de hambre Cero, de acuerdo al indicador de la FAO.

Es una muy buena noticia, dijo y agregó que se destacan las estrategias de inclusión social adoptadas por el Gobierno, entre ellas la Asignación Universal por Hijo, que permite un esquema de transferencia con metas de escolarización y sanidad y protección de madres embarazadas. “Tenemos 80 mil madres embarazadas con la Asignación Universal por Hijo, dentro del sistema de administración de la operatoria por parte del Anses”, dijo Capitanich.

Agregó que la FAO también destaca el avance que significa el nuevo estatuto del peón rural, que es la regulación del trabajo agrario, sancionada en 2011 y agregó que lo mismo que destaca FIEL es el incremento del 2,8% en el bimestre enero-febrero respecto al mismo bimestre del año anterior, en materia de crecimiento industrial en siderurgia, insumos textiles, etc.

El informe de la FAO subtitulado "Hambre en América Latina y el Caribe: acercándose a los objetivos del milenio", brinda datos que demuestran un mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos en sus necesidades más básicas.

El informe estudia los períodos que van entre 1990/1993 y 2011/2013 donde se concluye que Argentina, Venezuela y Chile alcanzaron la meta deseada con niveles inferiores al 5%. En tanto, la Asignación Universal por Hijo, incluyendo la Asignación por Mujer Embarazada, son señaladas como eventos fundamentales para la reducción del hambre en el país, en el capítulo `Programas de Transferencias Condicionadas vigentes, población cubierta, gasto, montos de transferencias y condicionalidades`.

El item cita que para el 2012 había cubiertas por este programa en el país unas "3.540.717 personas", con un gasto medido en "1.903.815 dólares".

La medida encabeza las acciones de gobierno de América latina para combatir la pobreza y es seguida -a nivel nacional- por el Programa de Transferencias Condicionadas de Brasil, que alcanzaba en el mismo período a 8.600 personas.

El informe explica que "en términos prácticos, estos hogares reciben, en el caso de que existan menores de edad, una transferencia en efectivo normalmente otorgada a las madres porque se entiende que son más responsables y comprometidas con el bien familiar, a condición de recibir ciertas prestaciones".

"Normalmente, están normalmente referidas a un uso programado de servicios sociales básicos, en especial de salud (controles de niño sano, pre y post natales, institucionalización del parto) y educación, asistencia del niño a la escuela", consigna el informe.

"En comparación con políticas antecesoras, este tipo de programas constituye una aproximación más completa al fenómeno de la pobreza", indica la FAO.

Los especialistas en el tema consideraron que estas acciones "aportan un complemento a los ingresos familiares para garantizar niveles básicos de consumo". Sala de Prensa





FAO - Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2013





VER PDF


Fuente FAO



LaPistaoculta GN

Un informe de la FAO destaca que la Argentina alcanzó la meta de Hambre Cero, merced a estrategias de inclusión social adoptadas por el Gobierno, entre ellas la Asignación Universal por Hijo, destacó hoy el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.






La Argentina se encuentra dentro de los países que ha alcanzado la meta Hambre Cero en América latina, según el Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

De ello dio cuenta esta mañana el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en la habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, oportunidad brindó detalles sobre la valoración que ha hecho la FAO sobre el programa de seguridad alimentaria 2011-2013, en el que expresa que la prevalencia de subalimentación en Argentina fue menor al 5%.

La FAO, dijo Capitanich, reconoce que se ha erradicado el flagelo y la Argentina está dentro de los países que han alcanzado la meta de hambre Cero, de acuerdo al indicador de la FAO.

Es una muy buena noticia, dijo y agregó que se destacan las estrategias de inclusión social adoptadas por el Gobierno, entre ellas la Asignación Universal por Hijo, que permite un esquema de transferencia con metas de escolarización y sanidad y protección de madres embarazadas. “Tenemos 80 mil madres embarazadas con la Asignación Universal por Hijo, dentro del sistema de administración de la operatoria por parte del Anses”, dijo Capitanich.

Agregó que la FAO también destaca el avance que significa el nuevo estatuto del peón rural, que es la regulación del trabajo agrario, sancionada en 2011 y agregó que lo mismo que destaca FIEL es el incremento del 2,8% en el bimestre enero-febrero respecto al mismo bimestre del año anterior, en materia de crecimiento industrial en siderurgia, insumos textiles, etc.

El informe de la FAO subtitulado "Hambre en América Latina y el Caribe: acercándose a los objetivos del milenio", brinda datos que demuestran un mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos en sus necesidades más básicas.

El informe estudia los períodos que van entre 1990/1993 y 2011/2013 donde se concluye que Argentina, Venezuela y Chile alcanzaron la meta deseada con niveles inferiores al 5%. En tanto, la Asignación Universal por Hijo, incluyendo la Asignación por Mujer Embarazada, son señaladas como eventos fundamentales para la reducción del hambre en el país, en el capítulo `Programas de Transferencias Condicionadas vigentes, población cubierta, gasto, montos de transferencias y condicionalidades`.

El item cita que para el 2012 había cubiertas por este programa en el país unas "3.540.717 personas", con un gasto medido en "1.903.815 dólares".

La medida encabeza las acciones de gobierno de América latina para combatir la pobreza y es seguida -a nivel nacional- por el Programa de Transferencias Condicionadas de Brasil, que alcanzaba en el mismo período a 8.600 personas.

El informe explica que "en términos prácticos, estos hogares reciben, en el caso de que existan menores de edad, una transferencia en efectivo normalmente otorgada a las madres porque se entiende que son más responsables y comprometidas con el bien familiar, a condición de recibir ciertas prestaciones".

"Normalmente, están normalmente referidas a un uso programado de servicios sociales básicos, en especial de salud (controles de niño sano, pre y post natales, institucionalización del parto) y educación, asistencia del niño a la escuela", consigna el informe.

"En comparación con políticas antecesoras, este tipo de programas constituye una aproximación más completa al fenómeno de la pobreza", indica la FAO.

Los especialistas en el tema consideraron que estas acciones "aportan un complemento a los ingresos familiares para garantizar niveles básicos de consumo". Sala de Prensa





FAO - Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2013





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Fuente FAO



LaPistaoculta GN
http://www.lapistaoculta.com.ar/3/2/c/politica/item/5261-fao-la-argentina-alcanz%C3%B3-la-meta-de-hambre-cero.html

27 de marzo de 2014

DANIEL SCIOLI ES La esperanza blanca


Domingo, 17 de agosto de 2003 | Hoy

CONTRATAPA
EL PAIS › EN SERIO, DANIEL SCIOLI ES

La esperanza blanca
Daniel Scioli rompió lanzas con Néstor Kirchner, al parafrasear el slogan de la campaña de ambos para criticar decisiones del Presidente. El vicepresidente tiene una agenda distinta de la del Gobierno. Es el puente entre Menem y Duhalde y la gran esperanza blanca de quienes no se resignan al divorcio entre política y negocios. Se confirma que el hombre es el lobby del Lupo.


Por Horacio Verbitsky

Una cosa es lo que dijo y otra cómo lo dijo. Y ambas se potencian. El vicepresidente Daniel Scioli golpeó sobre los dos temas emblemáticos del gobierno de Néstor Kirchner. Y el golpe fue duro y bajo. El primer tema es la revisión de los crímenes de la dictadura militar de la década de 1970. El otro, la revisión de los contratos con las empresas privatizadas en la década de 1990. La suma de ambos es explicación suficiente y necesaria para el tránsito que padeció la Argentina, de ser una sociedad próspera y equitativa como ninguna otra en América Latina a otra pauperizada, corrompida y violenta como pocas. Y esos son los frentes principales que Kirchner ha elegido para llegar a un resultado que desde su campaña sintetizó en esta frase: construir un país en serio. “En un país en serio el Congreso no anula sus leyes”, declaró Scioli en uno de los medios más próximos al ex presidente Carlos Menem y a aquellos intereses que se sienten agredidos por Kirchner. También anunció que luego de las elecciones aumentarían las facturas de los servicios públicos privatizados. Es decir, eligió la confrontación abierta con el presidente. Habrá que ver si, en serio, tiene con qué soportarla.
Réplicas
Muchos medios han dicho que el gobierno intentó minimizar la controversia, pero eso no se sustenta en la información que ellos mismos publican. Kirchner replicó de inmediato y con vehemencia al vicepresidente. La de Scioli es una opinión personal sobre un tema en el que no hay decisiones tomadas, en un país serio no hay desaparecidos ni leyes y decretos de impunidad, dijeron su vocero Miguel Núñez y el jefe del gabinete, Alberto Fernández. Y el ministro de Servicios Públicos, Julio De Vido, anunció la postergación hasta mediados de noviembre de la audiencia pública en la que se discutirá el caso del gas natural. “Y lo que dijo sobre la nulidad de las leyes es una grosería agresiva. Sólo le faltó decir que somos derechos y humanos”, llegó a escucharse en presencia del presidente.
En el gobierno, nadie atribuye lo sucedido a incontinencia verbal de Scioli. “No podemos ser ingenuos. A este muchacho lo están operando las empresas privatizadas y algunos embajadores”, dicen. Hasta se llega a mencionar el expresivo sustantivo valijas. Si se inquiere a esos funcionarios por los viajes de Scioli a Estados Unidos y Europa, el apoyo a Miami como capital del ALCA, que el hermano presidencial Jeff Bush agradeció en forma efusiva, los reiterados encuentros públicos y reservados con las cúpulas empresariales que presionan por todos los medios a su alcance para que el gobierno “hable de la economía y no de la Corte Suprema y los militares”, la visita a la Sociedad Rural el día en que
Kirchner tuvo un repentino problema de agenda, responden que fueron decisiones personales del vicepresidente. Tampoco consideran que la elección del momento para esas agresiones haya sido casual. Cuando Scioli habló para los medios en los que figura como directivo Daniel Hadad, el ministro de Economía Roberto Lavagna estaba concluyendo con los delegados del FMI el borrador de acuerdo que esta semana será puesto a consideración del directorio. “Cuando estamos cerrando el borrador, esas declaraciones son una traición a la Patria”, califican en los despachos próximos al Salón Blanco. Como decía Plauto, “Homo homini Lupus”, que traducido al argentino contemporáneo significa “El hombre es el lobby del hombre”.
Las tarifas
El tema de los precios que las empresas privatizadas cobran a los usuarios de sus servicios es uno de los puntos en discusión. Durante la reunión que sostuvo en Buenos Aires con entidades de la sociedad civil, el director gerente del Fondo, Horst Köhler, debió escuchar críticas severas al rol del organismo como lobbysta de los intereses de esas compañías. Incluso, el Centro de Estudios Legales y Sociales y organizaciones de usuarios y consumidores llevaron el caso a la Oficina de Evaluación Independiente del FMI, con un documento en el que afirman que la presión por aumentos en esos precios es violatoria del convenio constitutivo del organismo y del código ético que prohíbe a sus funcionarios abogar por intereses de empresas o de países. De regreso a Washington, Köhler escribió una carta a uno de los asistentes a la reunión. “Me gustaría aclararle que mi interés respecto de las compañías privatizadas de servicios públicos es que la actual renegociación de los contratos de concesión conduzca a un oportuno acuerdo de todas las partes en un marco regulatorio transparente y predecible, que tenga firme bases legales e incluya cambios en las tarifas. Como mencioné durante la reunión en Buenos Aires, creo que cualquier aumento necesario en las tarifas debería implementarse en una forma que asegure que los servicios esenciales sean accesibles para los grupos de menores ingresos en la Argentina y que las redes de seguridad social se fortalezcan con este objeto”, dijo Köhler.
En las oficinas del gobierno se afirma que esos términos son congruentes con los del borrador de acuerdo con el Fondo, en el que no se especificarían ni montos ni plazos. “Lavagna lo quería fusilar a Scioli cuando leyó sus declaraciones”, dicen. Del borrador se había suprimido cualquier referencia a aumentos, por indicación personal de Kirchner. Cada vez que ha debido responder sobre el tema, el ministro de Economía se ha encerrado en una definición elaborada con el hermetismo y la concisión y sin la belleza de un haiku: se tendrán en cuenta “el derecho de los inversores a recibir utilidades, la financiación de las inversiones con parte de esas utilidades y la prestación de un servicio eficiente acorde con la capacidad de pago de los usuarios”. Al mismo tiempo lo dice todo y no dice nada.
El riesgo
Tanto Lavagna como De Vido están reuniendo información sobre los contratos a renegociar. Sus conclusiones son categóricas: además de los incumplimientos pasados, todas las empresas privatizadas con contadas excepciones están obteniendo ahora mismo ganancias operativas. A medida que se van difundiendo sus balances, se debilitan los argumentos en pro de tarifas más altas. El problema de algunas empresas es el costo financiero de su endeudamiento. En este punto la posición estatal es inflexible: tomar créditos en dólares en el exterior fue una decisión empresarial, no del Estado ni de los usuarios. Además, en muchos casos, esos créditos financiaron una desproporcionada distribución de dividendos entre los accionistas, en detrimento de la inversión. Un documento reciente difundido en la página de Internet del Banco Mundial (“Asignando el riesgo cambiario en contratos de infraestructura privada”) sostiene que son las empresas concesionarias y no los gobiernos ni los usuarios quienes deben asumir el riesgo de una devaluación como la ocurrida en la Argentina, porque están en mejores condiciones para administrarlo. En referencia explícita a la Argentina, el economista senior Timothy Irwin y el especialista en desarrollo social Philip Gray aducen que las empresas privatizadas pueden diversificar y minimizar los riesgos invirtiendo en diferentes países o industrias, contratando seguros o financiando sus proyectos sin ignorar la posibilidad de una devaluación. Por el contrario, en la Argentina los contratos fueron renegociados de modo de endosar a los clientes o al Estado el riesgo cambiario, dice el documento.
Caso por caso
Descartada la hipótesis de un aumento general, se ingresa en el terreno de la discriminación caso por caso. En un extremo, las compañías telefónicas podrían seguir operando con las mismas tarifas durante cinco años, calculan los expertos oficiales. Si bien admiten que ello implicaría que se resintiera la inversión, no les preocupa demasiado porque en los últimos años hubo una sobreinversión en el sector. El otro extremo es el sector energético. El secretario del ramo, el también santracruceño Daniel Cameron, sostiene que hay un atraso real en el precio del gas en boca de pozo que debería ser corregido en un 8 por ciento, aproximadamente. Cuando otros funcionarios cuestionan esa idea, Cameron responde que sin tal corrección el sector no podría responder al eventual crecimiento de la demanda. Algo similar ocurriría con la generación eléctrica. “Si la economía crece, la provisión energética colapsa”, dice Cameron. Un compañero que lo conoce y lo quiere bien considera que es un profundo conocedor técnico carente de cualquier comprensión política. “Si le preguntan si el petróleo es un recurso estratégico o un commodity que debe regirse por el precio del mercado, dirá que es un commodity. Y argumentará que eso sostienen los brasileños. Cierto, pero no toma en cuenta que los brasileños tienen su empresa estatal, Petrobras, que controla sus reservas y ahora también parte de las nuestras. A ellos les cierra bien, pero para nosotros, que liquidamos YPF, es un disparate”, sostiene. De todos modos, aun cuando se impusiera la opinión de Cameron, gas y electricidad serían la excepción y no la regla.
“Casi normal”
Aun así, durante el encuentro de la semana pasada con Kirchner, Oscar Vicente, de Petrobras, aceptó los argumentos oficiales acerca de la imposibilidad de cualquier aumento inmediato. “Tuvo una actitud casi normal. dijo un funcionario del gobierno, creyendo que lo elogiaba. .Por eso es más indignante lo de Scioli”, agregó. Sin nombrarlo, el propio Kirchner descalificó al navegante cuando fustigó a los funcionarios que prefieren servir a intereses particulares y no a los del pueblo. Quienes lo escucharon en privado antes de su viaje a Paraguay dicen que usó vocablos como “olfas, desnacionalizados y lobbystas” para referirse a los dirigentes empresariales cuya letra detecta en la melodía que entona Scioli.
El lobby infernal que las empresas prestadoras están ejerciendo desde la prensa y los despachos políticos no es una novedad para Lavagna, que lo padeció desde un año antes de la victoria electoral de Kirchner. “Durante todo 2002 se anunciaron aumentos inminentes que el gobierno no concedió”, dijo Lavagna en la reunión de la semana pasada en Olivos en la que se discutió el borrador de acuerdo con el Fondo. En diálogos con periodistas, afirma que antes de ser ministro creía que el 80 por ciento de lo que se publicaba en los diarios era cierto. Ahora, menos del 50. “Ustedes lo que no saben lo inventan”, dice. Y en un reportaje objetó la “compulsión al desastre” de la prensa. Esa generalización injusta refleja bien lo que ocurre en algunos ámbitos. Como es lógico Lavagna no dice que durante la gestión del ex Senador Duhalde se dispusieron aumentos de tarifas que no se aplicaron porque la justicia lo impidió, se pagaron subsidios al transporte por la Hidrovía, los peajes, los ferrocarriles y los servicios postales y se renegoció en condiciones escandalosas el contrato de Aeropuertos Argentina 2000. Es cierto que él era el ministro de Economía de otro presidente. De modo que ahora tiene la oportunidad de aportar a la modifición de esas decisiones.
Al G7
Otros puntos críticos en las negociaciones con el Fondo son el nivel de superávit fiscal y la renegociación de la deuda pública en default. La relación entre uno y otro es directa. A mayor superávit, mayor transferencia. El gobierno sostiene que no aceptará más del 3 por ciento, que ya es un porcentaje del Producto Interno Bruto muy superior al promedio de la década pasada. El FMI no opone reparos a esta cifra para el 2004, porque será suficiente para cumplir con los compromisos inviolables, con los propios organismos multilaterales, pero propone una escala creciente en los años siguientes, que el gobierno se resiste a aceptar. Respecto de los tenedores privados de bonos argentinos, la exposición del secretario de finanzas Guillermo Nielsen contemplaba una quita del 60 por ciento y una proyección creciente de pagos, que más avanzada la década obligaría a contraer endeudamiento adicional. Kirchner no aceptó esa hipótesis, con la tranquilidad de las señales recibidas del Departamento de Estado norteamericano: mientras el país cumpla con los organismos multilaterales, no habrá problemas si posterga o rebaja las aspiraciones de los acreedores privados. Respecto de la compensación que reclaman los bancos, el gobierno reconocerá la diferencia entre los coeficientes CER y CVS, pero no la que emane de los amparos judiciales. De los otros puntos discutidos con el Fondo, ni el envío al Congreso el año próximo de una nueva ley de coparticipación federal que se aprobaría en 2005, ni el nuevo paquete contra la evasión o las reformas a la Carta Orgánica del Banco Central preocupan en exceso al gobierno. Junto con la firma del compromiso se creará un grupo de trabajo que elaborará los respectivos proyectos, y ese será el ámbito del tironeo.
En cambio celebra como una victoria que el borrador no exija un nuevo ajuste del Estado ni un aumento de la presión impositiva. Mañana John Thornton y John Dodsworth llegarán a Washington con el borrador, que presentarán al directorio y a la gerencia. El gobierno prevé que en ese nivel, donde reina Anne Krueger, surgirán los problemas y que por último laudará el Grupo de los Siete, es decir los poderosos del Norte de América, Europa y Japón. “Ahí se verá de qué sirvieron los viajes presidenciales y todo lo que hicimos en estos meses, reconstruyendo el poder del Estado”, afirman en la Casa Rosada. “Cuando Kirchner asumió sólo le dieron el bastón presidencial y le dijeron tomá y hacéte cargo”, concluyen, con satisfacción por lo logrado en 84 días.
Portador sano
Aníbal Fernández, quien se autodefine como “duhaldista portador sano”, dijo que el presidente y su antecesor están de acuerdo en todo y “sólo discrepan respecto de la política militar y los candidatos a gobernador de Misiones” (sic). Duhalde y su señora defendieron las leyes de impunidad y los diputados del justicialismo se rehusaron a seguir la línea reclamada por Kirchner. El bloque había acordado un proyecto que en vez de anular las leyes las consideraba no oponibles en los delitos cometidos durante la guerra sucia militar contra la sociedad argentina. No sólo apelaba a un concepto del derecho civil en causas penales sino que, igual que la obediencia debida, más que una ley parecía una sentencia judicial. La diputada Patricia Walsh (IU, Capital) y quienes apoyaban su proyecto de nulidad no aceptaron esa enmienda. El jefe del bloque justicialista, José María Díaz Bancalari pidió una semana para consensuar un texto aceptable por todos. Con una percepción aguda de la oportunidad, Kirchner no concedió esa riesgosa semana y apuró la definición. Destrabó la impasse el martes, al firmar dos instrumentos complementarios. Un decreto, ordena comunicar a las Naciones Unidas que en 1995 el Congreso ratificó la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, firmada por el Poder Ejecutivo en 1970, antes de los hechos en debate. Un proyecto de ley incluye ese mismo tratado entre los que tienen rango superior al de las leyes.
Paso de comedia
En la reunión decisiva del bloque justicialista se produjo un paso de comedia. Dos diputados dijeron que habían hablado con Duhalde y transmitieron su mensaje: Daniel Basile en contra del proyecto de nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, el presidente de la Cámara, Eduardo Camaño, todo lo contrario. La versión de Camaño fue confirmada por Díaz Bancalari. Todos decían la verdad, pero no hizo falta cotejar los horarios de las respectivas reuniones con el mayor estadista que ha dado Lomas de Zamora, para saber quiénes eran los heraldos de la revelación. Antes, Camaño se había reunido en la Casa de Gobierno con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, quien también ejerció su persuasión sobre el legislador. Duhalde evaluó las consecuencias y varió su dispositivo. La ratificación por unanimidad del proyecto de ley que asigna jerarquía constitucional a la Convención seguirá el mismo destino en el Senado. La nulidad de las leyes, no es seguro todavía. En Balcarce 50 se festejó lo sucedido y, sobre todo, lo evitado. Una derrota en este tema hubiera abierto un capítulo tan inquietante para Kirchner como lo fue para Alfonsín el fracaso en imponer la ley de obediencia debida la primera vez que lo intentó y la reforma sindical, ambas a poco de asumir la presidencia.
La Corte Suprema dirá la última palabra dentro del país sobre la validez de las leyes, tanto las de impunidad como la que las anule. Los tres ministros actuales que en 1987 convalidaron la ley de obediencia debida (Carlos Fayt, Augusto Belluscio y Enrique Petracchi) argumentaron su respeto por la voluntad popular expresada a través de sus representantes en el Congreso. Esa voluntad ha cambiado junto con las circunstancias históricas y la Corte no podrá ignorarlo. Además, en el caso peruano de Barrios Altos la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que tan graves violaciones de los derechos humanos no pueden ser amnistiadas. La justicia de Lima revocó decisiones previas y procesó a los responsables de la masacre denunciada. Aquellos tres jueces, más el recién llegado Juan Carlos Maqueda y el internacionalista Antonio Boggiano deberían tomar nota más temprano que tarde de que el Congreso considera aquellas normas incompatibles con la Constitución y con los tratados de derechos humanos incorporados a ella. Salvo que prefieran que todos los laureles coronen a Raúl Zaffaroni cuando se incorpore al cuerpo e impulse su nulidad. Las órdenes de detención de los ex jefes montoneros, a 48 horas de la votación en contra de las leyes de impunidad, sugiere que no sólo el gobierno está dispuesto a jugar fuerte.
¿Quién es Scioli?
La duda secreta que roe el alma de algunos pingüinos es si detrás de la provocación de Scioli no está la mano de Duhalde, cuyas relaciones con Kirchner son sutiles y ambiguas. Tal como acaba de narrarse, es tan claro que se necesitan como que compiten. De aquí al 28 de setiembre medirán fuerzas en un terreno novedoso para ambos: el electoral. Mientras Kirchner busca darle dimensión institucional a su popularidad, Duhalde cumple compromisos de otra índole. En la Capital Federal, Catamarca y Misiones, Kirchner apoya a los actuales jefes de gobierno, Aníbal Ibarra, Oscar Castillo y Carlos Rovira, mientras el Partido Justicialista que responde a Duhalde respalda a sus adversarios, Mauricio Macri, Liliana Barrionuevo y Ramón Puerta. Los resultados en esos distritos se proyectarán mucho más allá. En el caso de la Capital, el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, respalda al concesionario de obras y servicios públicos –Mauricio Macri–. Se reunió dos veces con él en plena campaña y ha colocado en la lista de Macri a uno de sus hombres: el denominado “Embajador de Solá en la ciudad de Buenos Aires”, Julio Balbi. En un acto de Macri se leyó un mensaje de Solá quien envió “un caluroso saludo al peronismo de la Capital, que está de pie y no claudica sus banderas”. Balbi ratificó ese respaldo y dijo que “el peronismo siempre elige lo mejor para gobernar”. Además de ese dato tan conocido ofreció una primicia sensacional: “Macri y Solá van a luchar juntos contra la pobreza en el área metropolitana” (sic). También firmó un denominado “Compromiso con el Cambio”, que incluye la derogación del Código de Convivencia Urbana. Los allegados a Duhalde dicen que la decisión de la comisión política justicialista de apoyar sólo a los candidatos elegidos por el partido en cada distrito está hecha a la medida de un apellido que no es el de Macri sino el de Luis Barrionuevo. Luego de salvar al sindicalista gastronómico de la expulsión del Senado, que promovía Cristina Fernández de Kirchner, Duhalde incluyó a su esposa, Graciela C. de Barrionuevo, en la lista de diputados nacionales del justicialismo bonaerense. “No será por su tracción de votos”, comentan con sorna los duhaldistas. Barrionuevo compartía con los hombres de Duhalde la conducción del PAMI, hasta que Kirchner lo intervino.
En Misiones no se trata sólo del apoyo institucional a los candidatos elegidos por el partido en el distrito, sino del compromiso personal de Duhalde con Puerta. Su gratitud es comprensible: Puerta era el candidato del justicialismo a la sucesión de De la Rúa, pero renunció para que el bonaerense quebrara el maleficio y fuera el primer gobernador de su provincia en llegar a la Casa Rosada. Menemista desde la primera hasta la última hora, Puerta es también uno de los puntos de confluencia más ostensibles entre política y negocios, asociado en distintas actividades con Enrique Nosiglia, Macri y el banquero Jorge Brito. El grupo de banqueros que capitanea Brito, denostado por Kirchner y Lavagna por su menemismo militante, también fue beneficiario de una audiencia con Scioli. Las fotos del acto que Duhalde obsequió a Puerta muestran también un rostro poco conocido por el público: el del empresario chileno Francisco De Narvaez, otro de los financistas de la última campaña de Carlos Menem. A todo esto se refería Kirchner en su último discurso de campaña, horas antes de que se conociera la deserción de Menem, cuando habló de cooptación del Estado y corrupción de los dirigentes. Scioli es el puente imprevisto entre Menem y Duhalde y la gran esperanza blanca de quienes no se resignan al divorcio entre política y negocios y ven con fastidio cómo por primera vez en muchos años la agenda oficial se ha vuelto receptiva a los anhelos defraudados de una sociedad que se ha desgañitado gritando su hartazgo de todos ellos.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-24229-2003-08-17.html

25 de marzo de 2014

Massa en el Departamento de Estado de EE.UU. en el Día de la Memoria


Lunes, 24 Marzo 2014 11:36

Sergio Massa de cara al Departamento de Estado de EE.UU. El lider del Frente Renovador pasará en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, reunido con tres funcionarios del gobierno de Obama con la finalidad de dar indicios de su política de relaciones internacionales.





El diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa,  pasará el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el Departamento de Estado de EE.UU.

Massa se encuentra de gira por ese país con la intención de reunirse con tres funcionarios del gobierno de Obama. La secretaria de Estado Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, y luego por el director de Asuntos del Hemisferio Occidental, Ricardo Zuñiga. Más tarde mantendrá un encuentro con Luis Arreaga, miembro de la Oficina Antinarcóticos y Leyes Especiales, e integrantes de la DEA. Luego tiene reunirse legisladores, inversores de Wall Street y entidades financieras como el Banco Mundial(BM).

"Acá no se vino a buscar ninguna foto, se vino a trabajar", aseguraron desde el Frente Renovador, según informó el portal de Noticias Infobae. "No somos especuladores. No venimos a buscar nada, porque no se nos perdió nada. A los Estados Unidos se vino con el objetivo de conocer un poco más de distintos enfoques y a dar indicios de cuál será y es nuestra política de relaciones internacionales".


LaPistaOculta GN
http://www.lapistaoculta.com.ar/3/2/c/politica/item/5252-massa-en-el-departamento-de-estado-de-eeuu-en-el-d%C3%ADa-de-la-memoria.html

11 de marzo de 2014

Volvieron los ornitorrincos


Lunes, 10 de marzo de 2014 | Hoy

EL PAIS › OPINION
Volvieron los ornitorrincos


Por Eduardo Aliverti
Cuando hay enfrentamiento político fuerte, como el que vive Argentina hace ya tiempo y siendo que esa tirantez se expresa sobre todo en los medios de comunicación, lo que desciende de un lado nunca tiene que ser una baja completa: debe mantenerse la ofensiva de alguna manera.

En estos últimos días hubo dos temas centrales. Primero es el conflicto, serio, en la paritaria docente nacional. La oferta gubernamental y las aspiraciones salariales de los sindicatos están lejos. Y se le suma que no sólo hay en danza el porcentaje de aumento, sino su carácter constitutivo. Presentismo sí o no como recompensa; forma de estimarlo con justeza, en un esquema de dispersión salarial balcanizado gracias al inolvidable menemato que dejó a la Nación sin escuelas ni hospitales; especulaciones electorales de los distritos, según sea que estén en manos oficialistas u opositoras. Una mirada pretenciosamente objetiva diría que hay “durezas”, altamente polémicas, de ambas partes. El Gobierno arrancó con una propuesta insostenible en cuanto al monto ofrecido, después lo subió, aunque en unas cómodas cuotas que terminarían en junio del año que viene (lo cual tampoco es muy serio que digamos). Y los sindicatos remiten la paritaria al único criterio del sueldo, derivando hacia otras instancias de discusión ítem que enojan a la sociedad con el gremio docente. Entre ellos y a la cabeza, los abusos en licencias y ausencias que –por favor– están muy lejos de ser una característica exclusiva de maestros y profesores. Sin embargo, está claro que hasta aquí hay vocación de diálogo y que nadie quiere terminar de pudrirla. El propio periodismo opositor, en su construcción de sentido para la clase media, trabaja el conflicto echándole la culpa al Gobierno porque, al no arreglar de primera movida o en plazos razonables, deja a los padres con problemas para saber qué hacer con los pibes si las clases no empiezan o los paros serán recurrentes. Pero no le da para ignorar que jamás hubo una escalada de inversión presupuestaria y recomposición salarial como la de esta etapa, sin que esto signifique que los docentes están bien pagos. Son comparaciones. Los gremios lo saben y reconocen, y de allí la disposición a continuar negociando y la improbabilidad de que el oficialismo sea atacado a diestra y siniestra por ese costado. La oposición también lo admite, de forma que no es por ahí donde resulta mejor sostener embestidas. Ergo, apareció como agenda que la reforma del Código Penal es un mamarracho indefendible.

El juez Eugenio Zaffaroni, quien presidió la comisión redactora del anteproyecto, se mostró ofendido y difamado –y extendió esa sensación a sus pares del cuerpo– en la destacable entrevista que la periodista Irina Hauser le realizó para Página/12, publicada el miércoles pasado. Y ayer se abundó en igual dirección, no sólo en este medio. Desde ya, mucho más que el estado de ánimo del juez cuentan las razones técnicas, demoledoras, con que contesta, uno por uno, todos los cuestionamientos insolentes que el alcalde de Tigre, algunos radicales, Eduardo Duhalde y las cohortes mediáticas desplegaron sobre el tema. Vaya una rápida síntesis para ilustrar. Se dispara contra la cantidad de delitos excarcelables, cuando la prisión preventiva y las excarcelaciones son aspectos que regulan los códigos procesales de las provincias. No el Código Penal. Los delitos de orden común los juzgan las Justicias provinciales, no la federal. Massa propuso juntar firmas o hacer una consulta popular para frenar el proyecto, y el último párrafo del artículo 39 de la Constitución establece que están prohibidas las iniciativas populares en materia penal. Se critica que en el anteproyecto no hay prisión perpetua posible sino un tope de 30 años, que es “el límite que responde más o menos a la mejor legislación comparada del mundo civilizado”. La pena de reclusión perpetua, que en Argentina debe entenderse como “prisión” desde la ley de adecuación del estatuto de Roma, desapareció en los hechos desde 1958. No se evapora ningún registro de reincidencia. Lo que desaparece es justamente la libertad condicional, que suelta al preso “para que no se lo vea más porque sólo tiene que ir a firmar una vez por mes”, y se la reemplaza por penas sustitutivas convenientemente controladas. Y lo único que tiene el texto de “revolucionario” es que suplanta al caos total vigente porque, en sí mismo, es en realidad conservador, ¡dice el propio Zaffaroni. ¿Cuánto nivel de impudicia se necesita para desconocer tan brutalmente materias legales y transformar eso en el brulote de que nadie va a ir preso? Como también dice el juez de la Corte, el hombre común que oye las barbaridades que se dicen piensa que cualquier sujeto que mató a toda la familia será indagado y mandado a la casa mientras se hace el proceso. El “ciudadano zapatero” que lo registra tiene todo el derecho a creer que se juntaron a modificar el Código Penal “cinco dementes irresponsables”, de proveniencia ideológica plural, incluida la mismísima derecha a través de Federico Pinedo, diputado nacional del PRO que también debió salir a retrucar los disparates de Massa y compañía (para luego, eso sí, quedar desautorizado por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal; le aprobaron formar parte de la comisión evaluadora de un asunto que atañe a la mentadísima inseguridad, y de pronto se les ocurre que no es momento para abordar la cuestión).

Hacia fines de mayo del año pasado, días después de la advertencia editorial de un periodista de La Nación –sin precisiones de índole alguna– acerca de que el Gobierno se aprestaba a intervenir al Grupo Clarín, el escritor William Scholl publicó en su Facebook un relato paródico sobre las operaciones de prensa a partir de noticias falsas. Muchos lo recordarán, porque fue todo un suceso en las redes y más allá también. Scholl utilizó la figura del ornitorrinco, mamífero de lejanas tierras que no habita la nuestra. Se valió de la información apócrifa real, sirva la figura. Y desde allí tejió un encadenamiento en el que lo inverosímil avanza hacia lo ridículo, pero concretando la impresión buscada: la parodia es tan obvia como la certeza de que sus graderíos son más o menos del mismo modo efectivamente, respecto de la impunidad con que suele manejarse cierto periodismo. En la noche del domingo de la falsedad noticiosa, acerca de que el Gobierno tendría listo un plan para eliminar a todos los ornitorrincos de Argentina, un monologuista televisivo ruega a sus consumidores que hagan algo para parar el exterminio, y que no lo hagan por él, sino por los ornitorrincos. Al otro día, el diario del grupo involucrado titula que hay una feroz embestida gubernamental contra los ornitorrincos. Con amenaza de extinción incluida. Y sigue con una serie de periodistas y dirigentes políticos, quienes se suman al delirio parido por el invento de base, llegando a una ONG con sede en Washington que llama a parar la matanza de la dictadura argentina. Todo termina a la semana siguiente, con el editorialista original diciendo que un funcionario del Gobierno, al que tampoco identifica, confesó la decisión de dar marcha atrás con la masacre de ornitorrincos, gracias a la determinación de la prensa independiente.

Si en su momento no lo leyeron, estimados lectores, háganlo porque es formidable la similitud entre haber artificiado que se pensaba intervenir a Clarín, el invento de que habrá un nuevo Código Penal capaz de convertir al país en una orgía delincuencial sin precedentes y las bolas de nieve armadas alrededor de ambas manipulaciones. Sin embargo, y nobleza obliga, en algún sentido esto es peor que aquello porque el invento de que se pensaba entrar a Clarín manu militari, o muy poco menos, arrancó en una operación periodístico-corporativa que contó con el apoyo dirigencial opositor. Ahora, en cambio, la alucinación operada nace en la dirigencia política, o concretamente en la necesidad de Massa de ganar espacio desde la demagogia del falso sentido común. Podrá decirse que en el fondo de los fondos es lo mismo y podríamos estar de acuerdo, pero hay ciertas diferencias que, tal vez, no sean tan sutiles. Una cosa serían medios de comunicación privados que juegan a sus intereses para que, de última, los clientes “compren” o no de acuerdo con la escala de valores que manejan. Y otra cosa vendrían a ser dirigentes partidarios –con aspiraciones presidenciales, para más– capaces de fabular desde una ignorancia explícita y/o maniobrada a sabiendas. ¿Es lo mismo la responsabilidad política y social exigible a un Magnetto –para el punto, o pongámosle– que la requerida en torno de un o unos dirigentes aspirantes a conducir la dichosa República? ¿Son lo mismo un “particular” fantasioso u operador, periodista o medio, por más poderoso que fuere, y un candidato a representar mayorías o minorías populares que no tiene idea de la Constitución nacional, ni de un borrador de proyecto de ley consensuado por especialistas? También, nobleza obliga, el artículo del colega Ignacio Miri, en Clarín del jueves, admite que este año habremos de acostumbrarnos a que las leyes, antes de escribirse, traerán consigo que gente como Massa, “sin pergaminos conocidos en el análisis jurídico pero con un olfato político que le reconocen hasta sus adversarios”, se dé cuenta de las oportunidades servidas. Lo único que le preocupa a Massa, dice directamente Miri para agregar al intendente de Tigre confesando en la intimidad que le “dejaron el hueco”, es no habilitarle la iniciativa al kirchnerismo, aunque en la confección de la reforma del Código Penal hayan intervenido “prestigiosos expertos”. La Gran Carrió, lo denomina asimismo el colega. No importa o no sé pero me opongo, con cuanta más virulencia mejor.

En resumidas cuentas: si el dólar quedó planchado y las catástrofes anunciadas no se produjeron, mejor que vuelva la masacre de ornitorrincos.


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-241475-2014-03-10.html

9 de marzo de 2014

Reforma Código Penal: "Hablemos sin saber"


Domingo, 09 de Marzo de 2014 12:38 Rate this item1 2 3 4 5 (0 votes)
Reforma Código Penal: "Hablemos sin saber"
por La Pista Oculta

Sergio Massa desde los medios se pronunció contra del anteproyecto de reforma del Código Penal y una encuesta reveló que "el 83% de los argentinos cree que el nuevo Código Penal debería tener penas más duras". ¿En base a qué se opina? y ¿cuál es el lugar de debate de las leyes?






Una comisión integrada por juristas de diferentes expresiones políticas elaboraron el anteproyecto de reforma del Código Penal. Entre ellos Federico Pinedo (PRO), María Elena Barbagelata (FAP), el ex diputado nacional Ricardo Gil Lavedra (UCR) el ex ministro de Justicia bonaerense y también ex camarista León Arslanián, y el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni (que presidió el grupo).

La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recibió el anteproyecto el 13 de febrero, de manos de la comisión y en su discurso ante la Asamblea Legislativa con motivo de la apertura de sesiones ordinarias que el Poder Ejecutivo expresó que podría remitir el proyecto de ley al Congreso “en las próximas semanas”, una vez que haya concluido su análisis y eventuales modificaciones.


En ese marco el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, ex intendente de Tigre y ahora diputado nacional, salió al cruce y se pronunció en contra de ese texto, que aún no fue publicado oficialmente ya que el anteproyecto aún está siendo analizado por el Poder Ejecutivo. "Con este Código Penal ocho de cada diez delitos en la Argentina son excarcelables. Cuatro mil pesos pueden quedar libres gracias a esto. Quienes redactaron el nuevo código tienen que explicar por qué bajan las penas", afirmó Massa en entrevista en el canal de noticias TN.

Massa se anticipa y clausura un debate que debe darse en el Congreso, entre los legisladores elegidos democráticamente, ya que además llamó a la ciudadanía a pronunciarse contra el anteproyecto mediante un plebiscito, aunque el artículo 39 de la Constitución Nacional es claro en ese punto.

Artículo 39.- Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses.
El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa.
No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.

Aún así Massa, usando de trampolín a los medios se lanzó a juntar firmas. Dio de alta una página de internet "no al nuevo código penal" para juntar 5 millones de firmas en rechazo al anteproyecto de ley elaborado por una comisión de especialistas.

En ese escenario la consultora Hugo Haime & Asociados revela la existencia de una encuesta sobre el tema y con sus datos el sitio web de noticias Infobae titula "El 83% de los argentinos cree que el nuevo Código Penal debería tener penas más duras".

Y en la nota INFOBAE consigna En cuanto al nivel de conocimiento de la iniciativa que la presidente Cristina Kirchner encargó a una comisión de especialistas, un 77% de los encuestados dijo que "escuchó hablar" sobre el tema, contra un 21% que no".

"Al ser consultados sobre el contenido, casi la mitad, el 51%, señaló que el anteproyecto contempla sanciones más blandas, como asegura Massa y rechaza el oficialismo". "El 73% está de acuerdo con Massa y sólo el 18% piensa que está equivocado".


"Sobre el proyecto del ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner de juntar 5 millones de firmas contra el nuevo Código Penal, el 73% se mostró a favor –contra un 20% que rechazó la propuesta–, pero sólo el 43% cree que podrá evitar que la reforma sea aprobada como está".



De hecho, sólo un 20% opinó que el objetivo de la campaña de firmas debería ser que la iniciativa no se trate en el Congreso, contra un 53% que piensa que la meta debería ser la modificación del anteproyecto".



Cabe destacar que la encuesta revela además que la mayoría de los encuestados han opinado sobre el tema sin un conocimiento cabal sobre el anteproyecto..."un 77% de los encuestados dijo que "escuchó hablar sobre el tema".



¿Cuál es el sustento entonces?



Otra vez la realidad supera la ficción, como si fuera un copia tragicómica de sketch "hablemos sin saber" del programa humorísitico "Peligro Sin  Codificar"...



Pero hay otro dato que se revela al pasar. Leemos en Infobae... "Apenas habían pasado unas horas de su publicación en los medios cuando el diputado comenzó a manifestar su rechazo. Según una encuesta de Hugo Haime, la estrategia le valió un alto nivel de respaldo: un 70% de los consultados opinó que el desempeño del ex intendente de Tigre es ``positivo´´"...



VIDEOS


Pinedo "no hay reducción de penas" se crea la "categoría de delitos gravísimos"



04/03/2014 Emisión "La mañana" Víctor Hugo Morales Publicado el 03/03/2014


Relacionada: Hablemos sin saber

La PistaOculta/GN http://www.lapistaoculta.com.ar/3/2/c/la-falsa-pista/item/5204-reforma-c%C3%B3digo-penal-sin-saber.html

ANTEPROYECTO DEL NUEVO CODIGO PENAL Lo que dicen y lo que en verdad dice


mingo, 09 de marzo de 2014

EL PAIS › LA DISTANCIA ENTRE EL TEXTO DEL ANTEPROYECTO DEL NUEVO CODIGO PENAL Y LAS CRITICAS QUE RECIBE
Lo que dicen y lo que en verdad dice
El repaso punto por punto de los cambios que se proponen para el Código Penal deja al descubierto que las afirmaciones de Sergio Massa y aquellos que lo siguen en su rechazo a la reforma son tramposas, imprecisas en ciertos casos y falsas en otros.



Por Irina Hauser
Como parte de su campaña política focalizada en el miedo al delito, Sergio Massa armó un blog y difundió un decálogo de las supuestas verdades acerca del anteproyecto de reforma del Código Penal que es analizado por el Poder Ejecutivo. Massa utiliza eslóganes que están estructurados con afirmaciones tramposas, imprecisas en ciertos casos y falsas en otros, y que buscan dejar como mensaje que el paquete legal está pensado para favorecer a quienes cometen delitos. Se basan en una deducción rudimentaria según la cual con más castigos, con más venganza, habrá menos delincuencia. El contenido del texto que elaboró la comisión multipartidaria de juristas no tiene nada que ver con las verdades de Massa, según ayuda a desentrañar en esta nota el coordinador de ese equipo, Roberto Carlés. Punto por punto, los altos contrastes.

- “Se reducirán las penas de 20 de los delitos más graves del Código Penal, y muchos se transformarían en excarcelables.” Massa dixit

Es una afirmación engañosa, no están claros los 20 delitos ni el criterio de gravedad. La reducción o aumento de algunas penas en forma aislada no dice nada, el Código Penal es un sistema donde los delitos y su castigo se definen en relación con los demás. La comisión ha calibrado las penas teniendo en cuenta qué se lesiona en cada caso, estableciendo que la vida de las personas es lo que más valioso. El Código actual, fruto de las reformas Blumberg, genera situaciones disparatadas: encubrir el robo de una vaca tiene más pena que encubrir un homicidio. Massa, además, sigue hablando de delitos “excarcelables” a pesar de que el Código Penal no es el que define si alguien va a la cárcel, sino los códigos procesales de cada jurisdicción y los jueces. Alguien puede cometer un delito menor, pero igual ir preso por riesgo de fuga. Y suponiendo que se fugue para evitar un juicio, Massa no dice que el Código se vuelve más estricto: para esa persona no hay prescripción, cuando lo atrapen será juzgado.

- “Se eliminaría la reincidencia: robar una o cien veces sería lo mismo según el nuevo Código”, sostiene el líder del Frente Renovador.

No es cierto. Robar una o cien veces nunca es lo mismo porque el que roba cien veces tendrá cien penas que se acumulan. La reincidencia es otra cosa: un agravante que los jueces tienen en cuenta al momento de establecer la cuantía de la pena para quienes ya pasaron por la cárcel con condena firme. En la actualidad se usa, a la vez, para negarles la libertad condicional a los reincidentes. “Quizá se le niega la libertad condicional a una persona que cometió dos delitos leves, pero la consigue un homicida”, grafica Carlés. Hay jueces, como la Sala II de la Cámara de Casación Penal, que han declarado inconstitucional la reincidencia: consideran que es juzgar dos veces por lo mismo. En la comisión reformadora, el tema generó disidencias. Federico Pinedo (PRO) planteó que había que mantenerla. Al final, se quitó pero se amplió el espectro de agravantes en el hecho, como la cantidad de personas intervinientes o la indefensión de la víctima. El registro de antecedentes sigue existiendo, no desaparece. Si alguien en los diez años previos ya tuvo una probation, no tendrá otra, irá a juicio. El juez hará una evaluación de cada caso antes de poner la pena.

- “Los delincuentes podrían cumplir condena en su casa en el 86 por ciento de los delitos según el nuevo Código”, afirma Massa.

El anteproyecto propone un sistema de penas alternativas (trabajos comunitarios, detención domiciliciaria, multa, entre otras) a la prisión en lugar de la libertad condicional. Es para que la pena se cumpla completa, con un control efectivo. Para las penas menores a tres años, siempre podrá haber una sustitutiva; para las que prevén de tres a diez años de prisión, se deberá cumplir la mitad en la cárcel; para las que tienen un máximo mayor a diez años, hay que cumplir dos tercios. Nadie que hoy no se beneficie con la libertad condicional se va a beneficiar con una pena alternativa. En la actualidad, quien recibió una pena de prisión perpetua puede salir a los 18 o 20 años. El que fuera condenado a la pena máxima prevista por el anteproyecto (30 años) va a tener que cumplir por lo menos 20. No es claro de dónde surge el 86 por ciento. Más allá de los montos los jueces evalúan cada caso. En los delitos graves (de lesa humanidad o contra la vida, o la integridad corporal o la integridad sexual), deberán requerir un informe a tres peritos (del tribunal, del Ministerio Público y universitario) antes de decidir una pena alternativa

- El blog antirreforma insiste: “De aprobarse el nuevo Código Penal, 17 mil delincuentes que hoy están presos podrían salir a la calle”.

Es una deducción arbitraria y no se entiende de dónde surge el número de 17 mil. Debería salir de conocer por qué delito está preso cada interno y hace cuánto. Suena bien difícil. La población penitenciara es de unas 60 mil personas, de las cuales el 70 por ciento no tiene condena. La libertad de los procesados depende del Código Procesal, no del Código Penal, y del riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación que evalúa el juez. Es cierto que los detenidos podrán pedir revisión si el código cambia las penas del delito que les adjudicaron.

- “El nuevo Código es un premio para los delincuentes: el 82 por ciento de los delitos sería excarcelable”, reitera.

Otra vez, no hay delitos excarcelables, sólo cuantías que permiten prever penas de cumplimiento efectivo. Tampoco Massa explica por qué sería bueno saturar las cárceles de gente ni cómo garantizar que se cumpla con el mandato constitucional de que sean “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo”.

- Massa dixit: “Bajarían las penas de 146 delitos”.

No es cierto. Carlés señaló que el texto entregado a Cristina Kirchner reduce penas de 116 delitos, incluye 85 tipos penales nuevos, despenaliza 17 conductas, pero aumenta las penas de 159 delitos.

- “El nuevo Código es un premio para los narcotraficantes: el tráfico y la venta de drogas serían excarcelables”, decreta el ex intendente de Tigre.

En el anteproyecto, el contrabando de estupefacientes (narcotráfico) tiene la misma pena que ahora: tres a doce años de prisión. El tráfico de drogas (sembrar, producir, comerciar) prevé una baja en la pena máxima, de 15 años de prisión pasaría a diez, y la mínima, de cuatro a tres años de prisión. Ningún miembro de la comisión se opuso esto. El “tráfico” es amplio, abarca desde el “transa”, que vende pequeñas cantidades, hasta el que comercializa un gran cargamento. También se despenaliza la tenencia de droga para consumo personal, según la doctrina de la Corte Suprema.

- “El nuevo Código es un premio para los asesinos: se bajaría la pena para los homicidios agravados”, afirma Ma-ssa.

Es inexacto. Hoy un homicidio agravado tiene prisión perpetua, una pena que no existe en la realidad, considerada inconstitucional. Perpetua en la práctica son 18 a 20 años. Al establecerse una pena tope de 30 años, y la obligación de cumplir los dos tercios en prisión, nunca la pena a cumplir será menor a 20 años. Incluso puede ser mayor en casos de máxima gravedad.

- “Es un premio para los violadores: se bajaría la pena para la violación agravada”, según el diputado.

La pena de violación es igual a la del Código vigente: seis a 15 años. Y sube a 18 si la víctima es menor de trece años. Es cierto que baja para la violación agravada: de 20 años la máxima pasa a 18. La intención fue establecer una diferencia respecto del homicidio, que tiene una pena de 25 años. También se reconoce como tal la violación en el matrimonio.

- “El nuevo Código es un premio para los secuestradores: el secuestro seguido de muerte intencional ya no será penado con prisión o reclusión perpetua”, sentencia.

La prisión perpetua no existe en los hechos. La comisión puso la pena máxima en 30 años para adoptar los estándares del Estatuto de Roma, que lo establece para el genocidio. La ley antisecuestros establece que un secuestro se agrava por el resultado, como la muerte. Se propone volver a la modalidad donde las penas se acumulan: el secuestro, más el homicidio. El secuestro prevé de cuatro a 15 años de cárcel si es extorsivo, de seis a 20 si es agravado. Un secuestro seguido de muerte seguramente tendrá la pena máxima y un cumplimiento de 20 años.

- “Premia a los torturadores: también se bajaría la pena”, advierte Massa.

La tortura es imprescriptible de acuerdo con el derecho internacional. Ahora tiene la misma pena que el homicidio, de ocho a 25 años; seguida de muerte tiene perpetua. El anteproyecto baja el máximo a 20 años, que es el que se suele cumplir en efecto. Si es seguida de muerte, se acumula con homicidio. Un dato novedoso: se castiga en el código al funcionario que no actúa para evitar la tortura (tortura por omisión) con cinco a 15 años.

- “El nuevo Código es un premio para los abusadores de menores: se bajaría la pena para la figura de corrupción de menores”, alerta.

Massa mezcla dos delitos distintos: el abuso de menores es la intrusión en el ámbito de la integridad sexual de la víctima (siempre requiere que exista el contacto físico), en cambio, corrupción de menores son aquellos actos que por prematuros (a edad temprana), perversos o por su extensión pueden afectar el normal desarrollo de la psicosexualidad. Para el abuso de menores, la pena se eleva de 15 años a 18 años. La “corrupción de menores” es redefinida. Hasta ahora el código habla genéricamente sin decir qué es. El anteproyecto identifica conductas consideradas corruptoras continuadas en el tiempo: exhibiciones obscenas (uno a seis años) y pornografía infantil (tres a diez años de pena). En el grooming (acciones, por ejemplo vía Internet, para ganarse la confianza de un menor para abusar de él) eleva la pena de máxima de cuatro a cinco años de cárcel.

- “El nuevo Código es un premio para los delincuentes de guante blanco: se bajaría la pena para los que participen de una asociación ilícita”, afirma Massa.

Lo que Massa no dice es que para los delitos de corrupción se endurecen varias penas y se incluye la responsabilidad penal (hoy inexistente) de las personas jurídicas, como empresas, a menudo utilizadas para amparar a las personas físicas que delinquen. La violación de deberes de funcionario público eleva la pena mínima de un mes a seis y la máxima de dos a tres años; el nombramiento ilegal de una persona pasa de una multa de 750 a 12.500 pesos a 30 a 120 días de multa. El cohecho (coima) pasa de uno a seis años de prisión a un rango de dos a ocho años y multa (al margen del decomiso), el tráfico de influencias eleva la pena mínima de uno a dos años y la máxima de seis a ocho; el cohecho internacional pasa de la pena de uno a seis años a dos a ocho años y multa; en las dádivas se eleva el mínimo a seis meses. Se amplía el peculado (robarse dinero público a cargo) al uso de bienes propios de la función (como un auto), con penas de dos a diez años de cárcel. La asociación ilícita no siempre es para cometer delitos de guante blanco. Hoy tiene penas altas cualquiera sea el delito al que se dedique la banda. La comisión propuso diferenciar según la gravedad de los delitos que se cometen (de dos a seis años o de tres aa diez).

- Massa dice que “las entraderas y salideras con armas serán excarcelables”.

Las salideras y entraderas no se llaman así en el Código, son robos como cualquier otro, que puede ser a la salida o entrada del banco, del cine, de la casa. El robo con arma de fuego hoy prevé una pena mínima seis años y ocho meses y un máximo 20 años. Baja a tres años de piso y doce de techo. La reducción es para diferenciarlo de los delitos graves (la mínima del homicidio simple es de ocho años). Las excarcelaciones, ya se dijo, dependen de los códigos procesales. El bonaerense, por ejemplo, no permite excarcelar los delitos con penas máximas de ocho años.

- “El nuevo Código es un premio para los que se dedican a la trata de menores: la pena mínima baja de diez a cuatro años de prisión”, alarma Ma-ssa.

Es cierto que la pena mínima baja de diez a cuatro años, aunque se mantiene el máximo de 15. Carlés dice que se usó esa fórmula porque el abanico de conductas es grande: desde el que transporta a un menor para explotación laboral hasta el que promueve o facilita la entrada o salida del país para la extracción forzada de órganos o tejidos. El mínimo se eleva a ocho años cuando la víctima es menor de trece años. La responsabilidad de personas jurídicas es clave en los talleres clandestinos.

- “Robarle al campo también se castiga menos: la pena mínima para el abigeato baja a seis meses”, define Massa.

El robo de ganado prevé hoy de dos a seis años de prisión. Se baja la pena mínima a seis meses. Pero si es agravado eleva la máxima, que pasa de diez a doce años. Aun así, cualquier robo tiene una pena mínima de un mes de prisión hoy en día. No es claro por qué el abigeato tiene pena mayor. Seis meses es la pena mínima del anteproyecto, no existen penas inferiores.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-241425-2014-03-09.html

6 de marzo de 2014

Cruces entre ZAFFARONI, MASSA y PINEDO por el debate del anteproyecto del CODIGO PENAL





Publicado el 04/03/2014

Visión 7: Pinedo criticó a Massa por su campaña contra la reforma del Código Penal




Publicado el 04/03/2014


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"Quienes dicen abrazar la política como herramienta de transformación de los pueblos... ¿tendrán plena conciencia?
Si tienen esa conciencia: ¿por qué piensan en marketing y no en política? ¿Por qué dicen burradas como verdades reveladas y ni se inmutan?
Así vemos al abogado y líder (Juan Domingo) Massa, amo de Tigre, repetir divagues inadmisibles ¿Por qué no estudiará algo de derecho?
Leo absorto en Clarín “8 de 10 delitos son excarcelables, con lo cual se consagra el principio de puerta giratoria que culpábamos a jueces” El Instituto de la excarcelación, abogado Massa, pertenece al Derecho Procesal y el Derecho procesal, es materia que legislan las provincias ¿Por qué el abogado Massa no instruyó a su comité asesor para instar la modificación de Código Procesal Penal de la Provincia Buenos Aires?
Como verdadero numen, sentenció que desde el próximo sábado lanzará una campaña para juntar firmas para "concientizar y frenar esta locura"
¿Sabrá el abogado Massa que el 3º párrafo del Artículo 39 de la Constitución Nacional y el Artículo 3º de Ley 24747 no permiten la iniciativa popular en materia penal? Pareciera que el único objetivo (marketing) sea que lo publique Clarín, sin importar que lo que diga sea una burrada superlativa".
Aníbal Fernández - 4 de marzo de 2014 - Sitio web


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Artículo 39 de la Constitución Nacional

Artículo 39.- Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses.

El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa.

No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.


CAPÍTULO SEGUNDO

Nuevos derechos y garantías

Artículo 36.- Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.

Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas.

Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles.

Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo.

Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.

El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.

Artículo 37.- Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio.

La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.

Artículo 38.- Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.

Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas.

El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes.

Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio.

Artículo 39.- Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses.

El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa.

No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.

Artículo 40.- El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática.

El Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio.

El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular.

Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

Artículo 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.


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